a)

Considerando que la cuestión pretende, en primer lugar, que se dilucide si una normativa referente al Seguro de Enfermedad de los trabajadores y de sus supervivientes, establecida y aplicada por una institución de Derecho privado, puede constituir una legislación conforme a lo dispuesto en el Reglamento no 3.

Considerando que, según la letra b) del artículo 1 del Reglamento no 3 «el término legislación designa las leyes, los Reglamentos y las disposiciones estatutarias […] de cada Estado miembro, que se refieran a los regímenes y ramas de la Seguridad Social contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 del presente Reglamento», o sea, especialmente, los regímenes y ramas referentes a las prestaciones por enfermedad;

que la mención de las «disposiciones estatutarias» pretende expresamente incluir los regímenes y ramas de la Seguridad Social gestionados por instituciones distintas de las autoridades públicas y que gozan de una cierta autonomía con respecto a éstas.

Considerando por otra parte que, según la letra e) del artículo 1 del Reglamento no 3 «el término institución designa […] el organismo o la autoridad encargada de aplicar en todo o en parte la legislación»;

que la yuxtaposición de las expresiones «organismo» y «autoridad» pone de manifiesto que el Reglamento no 3 se refiere también a las disposiciones estatutarias que regulan el funcionamiento de instituciones de Derecho privado, tanto más por cuanto no están expresamente excluidas por ninguna disposición del Reglamento no 3.

Considerando que el concepto de «disposiciones estatutarias» se aplica a normas que, a pesar de haber sido adoptadas y aplicadas con arreglo a las formas y por los organismos de Derecho privado, se integran en el Régimen de Seguridad Social de un Estado miembro porque están destinadas a completar las leyes y reglamentos relativos a la Seguridad Social o a sustituirlos;

que el Reglamento no 3 muestra el cuidado evidente por no excluir del ámbito de aplicación de sus disposiciones a los regímenes gestionados por los organismos no estatales que, al menos en varios Estados miembros, constituyen un sector importante de la Seguridad Social.

Considerando, sin embargo, que el demandado en el litigio principal estima que estas consideraciones no son aplicables, ya que, aunque no existiera la normativa que se discute, los interesados tampoco estarían obligatoriamente afiliados con arreglo al Régimen general de la Seguridad Social;

que, en efecto, por tal motivo no puede considerarse que dicha normativa sustituya al Régimen general;

que, además, el demandado en el litigio principal alega que dichas consideraciones no se aplican a los supervivientes de un trabajador afiliados con carácter meramente facultativo a la institución a la cual dicho trabajador estuvo afiliado de modo obligatorio.

Considerando que la objeción de que el Sr. Vaassen no estaba obligado a afiliarse al Régimen general de la Seguridad Social no es concluyente, ya que la cuestión que indujo al Scheidsgerecht a someter el asunto al Tribunal de Justicia fue evidentemente la de si la normativa controvertida forma parte o no de un Régimen especial en el sentido del párrafo segundo del artículo 2 del Reglamento no 3;

que no hay duda de que existe semejante Régimen cuando un grupo específico de trabajadores queda sujeto a un seguro obligatorio de tipo especial en virtud del Derecho público;

que, además, el demandado en el litigio principal parece haber comprendido bien la esencia de este concepto, cuando expone en su escrito de contestación que por una parte, el seguro obligatorio para todo trabajador de las minas neerlandesas deriva del artículo 33 del Reglamento del Mijnindustrieraad de 8 de septiembre de 1952, relativo a las condiciones de trabajo de los empleados en prácticas y de los empleados de las minas (Nederlandse Staatscourant de 23 de septiembre de 1952, no 185) y, por otra parte, que el mencionado Reglamento promulgado por una autoridad pública competente reviste por esta razón carácter de Derecho público;

que no obstante corresponde al Juez nacional, luego de haber aplicado, en su caso, el artículo 177 del Tratado, como ha sucedido en este supuesto, examinar si se cumplen de hecho las condiciones requeridas para la existencia de un Régimen especial, de modo que las disposiciones estatutarias referidas a él se incorporen al concepto de legislación de la letra b) del artículo 1 del Reglamento no 3.

Considerando a continuación que, una vez acreditado que existe un Régimen especial, los Reglamentos nos 3 y 4 se aplican a este Régimen en su totalidad, incluidas las eventuales disposiciones relativas a la afiliación voluntaria y facultativa de los antiguos asegurados y de sus supervivientes.

b)

Considerando que, en la segunda parte de su cuestión, el Scheidsgerecht solicita al Tribunal de Justicia que declare si un Régimen de Seguro de Enfermedad neerlandés establecido en favor de los empleados de las minas y de sus derechohabientes está incluido en la letra i) del Capítulo «Países Bajos» del Anexo B del Reglamento no 3, cuyo texto está redactado así: «el Seguro de Enfermedad de los trabajadores de las minas (prestaciones en metálico y en especie en el caso de enfermedad o de maternidad)».

Considerando que, según el demandado en el litigio principal, procedería responder con una negativa;

que, en efecto, la redacción neerlandesa de la disposición citada utiliza como equivalente del vocablo «trabajadores» la expresión «mijnwerkers» la cual, al contrario de lo que sucede con el término «werknemers», se refiere sólo a los obreros y excluye a los empleados.

Considerando que, aun suponiendo que esta interpretación del término «mijnwerkers» pudiere ser exacta, lo que parece discutible, la tesis del demandado en el litigio principal no podría acogerse de todas formas;

que el Capítulo «Países Bajos» del Anexo B del Reglamento no 3 incluye en la letra a) la mención del Seguro de Enfermedad en general y en la letra i) la del Seguro de Enfermedad de los trabajadores de las minas;

que, por ello, si un Régimen especial de Seguro de Enfermedad, como el definido anteriormente, no se incluyera en la letra i) se incluiría en la letra a), que se aplica sin distinción a todos los «trabajadores» («Arbeitskrafte» y «Arbeitsnehmer»; «lavoratori»; «werknemers») en el sentido de los artículos 48 a 51 del Tratado, expresiones que comprenden también a los empleados;

que el Capítulo «Países Bajos» del Anexo B del Reglamento no 3 incluye tanto el Régimen general como los Regímenes especiales de Seguridad Social relativos al Seguro de Enfermedad.

—

aun cuando resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel del que dependa la institución de Seguro de Enfermedad de que se trata;

—

y aun cuando la legislación aplicada por dicha institución sólo prevea, respecto a dicho superviviente, que se le reconozca «el derecho a ser indemnizado con cargo a la Caja de Enfermedad por los tratamientos médicos, suministro de medicamentos y cuidados».

a)

Considerando, en cuanto a la primera condición enunciada por esta cuestión, que del contexto de la resolución de remisión se desprende que el Scheidsgerecht desea saber en realidad si el Reglamento no 3 se opone a que una institución se niegue admitir al superviviente de un trabajador en el Seguro de Enfermedad facultativo tan sólo porque reside en un Estado miembro distinto de aquel en el que radica la mencionada institución.

Considerando que los apartados 2 y 3 del artículo 22 del Reglamento no 3 regulan el modo de concesión de las prestaciones de enfermedad en favor del «titular de una pensión o de una renta» debida en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros, cuando dicho titular resida en el territorio de un Estado miembro donde no esté establecida ninguna de las instituciones deudoras de su pensión o de su renta;

que, de todos modos, estas disposiciones se refieren al supuesto en que la afiliación al Seguro de Enfermedad es consecuencia obligatoria del derecho a la pensión o a la renta, es decir, cuando constituye, en cierto sentido, un elemento necesario del Régimen de pensión o de renta;

que las mismas disposiciones presuponen lógicamente que esta afiliación a un Régimen de Seguro de Enfermedad no puede suprimirse porque el citado interesado traslade su residencia a un país distinto de aquel en el que radican las instituciones deudoras de las prestaciones de que se trata;

que, por otro lado, esto quede confirmado por el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento no 3, según el cual «las pensiones o rentas […] adquiridas en virtud de las legislaciones de uno o de varios de los Estados miembros no pueden experimentar ninguna reducción ni modificación, ni suspensión, ni supresión, ni confiscación porque el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel donde radique la institución deudora».

Considerando que, por otra parte el artículo 22 no menciona expresamente el supuesto en que la afiliación del titular de la pensión o de la renta a un Régimen de Seguro de Enfermedad se haya previsto sólo con carácter facultativo;

que procede, por tanto, examinar si, a pesar del silencio de dicho artículo, éste se aplica igualmente en tal hipótesis.

Considerando que, conforme a los términos del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento no 3, sus disposiciones se aplican «a los supervivientes de los trabajadores asalariados o asimilados que hayan sido sometidos a la legislación de uno o varios Estados miembros»;

que los términos generales de estas disposiciones demuestran que la aplicación del Reglamento no está limitada a los trabajadores o a los supervivientes de los trabajadores que hayan desempeñado empleos en distintos Estados o que desempeñen o hayan desempeñado un empleo en un Estado a pesar de residir, o haber residido, en otro;

que, por lo tanto, el Reglamento se aplica también cuando quien haya trasladado su residencia a otro Estado miembro no sea por el trabajador mismo, sino uno de sus supervivientes;

que esta interpretación es conforme al espíritu de los artículos 48 a 51 del Tratado, así como al Reglamento no 3, que, además de proteger al trabajador migrante en sentido estricto, trata de impedir que en materia de Seguridad Social puedan ser opuestas a los trabajadores o a sus supervivientes cláusulas de territorialidad.

Considerando que, por otra parte, según el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento no 3, éste se aplica indistintamente «al seguro obligatorio, voluntario o facultativo continuado»;

que, en particular, del apartado 2 del artículo 10 del mismo Reglamento, en relación con el Anexo E de éste, se deduce que, cada vez que el Reglamento pretende salvaguardar las cláusulas de territorialidad consagradas por las legislaciones nacionales, lo dice expresamente;

que por ello, aun cuando la afiliación a un Régimen de Seguro de Enfermedad de un trabajador o de un superviviente, titular de la pensión o de la renta, sólo esté prevista con carácter facultativo, el Reglamento no 3 prohíbe a una institución nacional suprimir esta afiliación en razón de que dicho titular traslade su residencia a un país distinto de aquel del que depende la citada institución.

b)

Considerando que la petición de interpretación solicita también que se dilucide si el artículo 22, que sólo contempla «las prestaciones en especie», es aplicable a las prestaciones por tratamientos y cuidados médicos y suministro de medicamentos concedidas en forma de reembolso de gastos.

Considerando que, el Capítulo 1 del Título III del Reglamento no 3 titulado «Enfermedad, maternidad», que contiene el artículo 22, opone las «prestaciones en especie» y las «prestaciones en metálico», sin definir empero ni unas ni otras;

que, no obstante, está claro que el concepto de «prestaciones en especie» no excluye que dicha prestación consista en pagos efectuados por la institución deudora;

que de hecho, es normal que dicha institución efectúe tales pagos, en los supuestos expresamente cualificados de «prestaciones en especie» por el apartado 5 del artículo 19 del Reglamento no 3, a saber, la concesión de «prótesis» y de «grandes aparatos»;

que, por otra parte, las disposiciones del Capítulo 1 de que se trata no prevén ninguna diferencia según los citados pagos sean efectuados al interesado mismo o a terceros;

que, por último, el artículo 18 del Reglamento permite considerar que las «prestaciones en metálico» están destinadas esencialmente a compensar la pérdida de salario del trabajador enfermo y que se refieren por ello a un supuesto totalmente distinto del que aquí se trata.

Considerando que se desprende de todo lo anterior que el artículo 22 se aplica también cuando las prestaciones a que se refiere el Scheidsgerecht son concedidas en forma de reembolso de gastos;

En virtud de todo lo expuesto;

vistos los autos;

oído el informe del Juez Ponente;

oídas las observaciones orales de la Comisión de la CEE y de la parte demandada en el litigio principal;

oídas las conclusiones del Abogado General;

visto el Tratado constitutivo de la CEE y, especialmente, sus artículos 48 a 51 y 177;

visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia y, especialmente, su artículo 20;

visto el Reglamento no 3 del Consejo de la CEE relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, pp. 561 y ss.) y, especialmente, las letras b) y e) del artículo 1, y los artículos 2, 4, 9, 10, 18, 19 y 22, así como las letras a) e i) del Capítulo «Países Bajos» de su Anexo B;

visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas a título prejudicial por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf conforme a la resolución de dicho Tribunal de 10 de diciembre de 1965, declara:

y decide: