52010DC0660

ES

Bruselas, 9.11.2010

COM(2010) 660 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL

PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Estrategia de ampliación y principales retos 2010-2011

{SEC(2010) 1326}

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL

PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Estrategia de ampliación y principales retos 2010-2011

1. Introducción

A pesar de los numerosos retos a que se enfrenta la UE, el proceso de ampliación ha cobrado renovado ímpetu tras la adopción, por parte de la Comisión, de los últimos informes intermedios. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa garantiza que la UE prosiga su programa de ampliación, manteniendo al mismo tiempo el impulso de la integración europea.

· [1]. La reconciliación de los pueblos ha avanzado y los propios países han comenzado a asumir mayor responsabilidad en la cooperación regional.

Persisten, no obstante, numerosas dificultades. Las reformas han perdido impulso en algunos de los países de la ampliación. Todos ellos deben centrar su atención en la buena gobernanza, la consolidación del Estado de Derecho, la aceleración de las reformas económicas y la mejora de la capacidad de adopción y aplicación del acervo. En todos los países se debe prestar atención a la defensa de la libertad de expresión. Quedan por resolver algunos problemas espinosos, como la gobernanza de Bosnia y Herzegovina y la cuestión del nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Todavía no se han resuelto algunos conflictos bilaterales, y las diferencias sobre el estatuto de Kosovo han frenado la cooperación regional. Por lo que respecta a la cuestión de Chipre, las negociaciones sobre un acuerdo global han avanzado, pero aún no han concluido.

El compromiso de la UE con el proceso de ampliación refleja el convencimiento de los Estados miembros de que sirve al interés mutuo de la Unión y de los países interesados. Es preciso presentar y explicar claramente a la ciudadanía este mensaje sencillo, con el fin de aumentar su comprensión del proceso y de lograr su apoyo. El proceso de ampliación de la UE contribuye a la estabilidad de Europa y a la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Constituye un incentivo único para la reforma política y económica en los países de la ampliación. Redunda en el interés mutuo de la UE y de los países de la ampliación abrir lo antes posible las negociaciones sobre los capítulos de negociación complicados. El objetivo es aproximar a los países de la ampliación a las normas europeas en todos los ámbitos que abarcan los tratados de la UE y contribuir así a la consecución de los propios objetivos de la UE. Hoy día, esos objetivos incluyen abordar la crisis y la gobernanza económica, retomar la senda del crecimiento generador de empleo a través del programa de reforma 2020, lograr que la UE sea un lugar más seguro y hacer valer su peso en el escenario internacional. El programa de trabajo de la Comisión para 2011 incluye una serie de iniciativas con estos objetivos en mente.

La ampliación debe seguir constituyendo un objetivo creíble para todos los interesados. Los países aspirantes y sus ciudadanos necesitan una perspectiva clara de adhesión, una vez satisfechas las condiciones pertinentes, y deben poder percibir beneficios tangibles a lo largo del proceso. Es necesario que los Estados miembros y la opinión pública de la UE tengan la certeza de que las nuevas adhesiones se han preparado adecuadamente, mediante el establecimiento de condiciones rigurosas. El éxito de la ampliación depende del compromiso político firme de todas las partes interesadas. El consenso renovado sobre la ampliación, acordado en el Consejo Europeo de diciembre de 2006, sigue siendo el marco para la consecución de estos objetivos. Esta política se basa en los principios de consolidación de los compromisos, condiciones justas y rigurosas y buena comunicación con el público, todo ello combinado con la capacidad de la UE para integrar a nuevos miembros.

El proceso de ampliación prevé mecanismos y estímulos (con la propia adhesión como incentivo último) que impulsan a los países interesados a colaborar con la UE en pos de la consecución de objetivos comunes. Al tiempo que se refuerza la gobernanza económica en el seno de la UE, se intensificará también el diálogo económico con los países de la ampliación, lo que nos permitirá sumar esfuerzos y centrarlos en la superación de la crisis y la creación de empleo. La profundización de la integración con países que gozan de una serie de ventajas comparativas redunda en beneficio de la competitividad de la UE. Se trata de uno de los beneficios duraderos de la quinta ampliación, que vio pasar de 15 a 27 el número de Estados miembros entre 2004 y 2007. Los intercambios comerciales entre los «nuevos» y los «antiguos» Estados miembros se triplicaron entre 1998 y 2008, pasando de 150 000 a 450 000 millones EUR. El proceso de ampliación ha aportado los recursos financieros necesarios para que la UE pueda intervenir, donde sea necesario y junto a las instituciones financieras internacionales, para mantener la estabilidad económica en épocas de crisis. Las pequeñas y medianas empresas, que generan dos de cada tres puestos de trabajo en el sector privado de la UE y constituyen un gran estímulo para la innovación, se benefician de la ampliación del mercado interior y son uno de los principales destinatarios de la ayuda de preadhesión.

El incremento de la integración que propicia el proceso de ampliación ayuda a la UE a alcanzar sus objetivos en diversos ámbitos clave para la recuperación económica y el crecimiento sostenible, como la energía, el transporte, la protección del medio ambiente y el cambio climático. Los países de los Balcanes Occidentales están rodeados totalmente por Estados miembros; Turquía comparte fronteras terrestres y marítimas con la Unión Europea. La construcción de corredores transeuropeos de transporte, la diversificación de las fuentes de energía, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la reducción de la contaminación transfronteriza del aire y del agua figuran entre los objetivos de la UE cuya consecución exige el compromiso pleno de los países de la ampliación.

También ellos se benefician de los avances logrados en esos ámbitos; la perspectiva de la adhesión les ofrece incentivos para dar prioridad a los objetivos compartidos con la UE. Las subvenciones del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP) y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otras instituciones financieras internacionales, que el IAP ayuda a obtener, proporcionan medios de apoyo prácticos. Islandia, el último país candidato en abrir negociaciones de adhesión, es uno de los líderes mundiales en distintas fuentes de energía renovable y puede contribuir en gran medida a la labor de innovación desarrollada en la UE en este y otros ámbitos punteros.

Hacer de Europa un lugar más seguro es una de las prioridades definidas para la UE en el Programa de Estocolmo. Los países de la ampliación deben asumir el acervo de la Unión y demostrar su capacidad de aplicarlo íntegramente. Por ello, la Comisión ha redoblado el apoyo que les proporciona en la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y para reforzar su capacidad de garantizar el cumplimiento de la normativa. Jueces, fiscales y expertos de la UE en temas policiales, de gestión de fronteras y de inmigración ayudan actualmente a sus homólogos de los países de la ampliación a intercambiar conocimientos y verificar los avances realizados. El logro de los parámetros que se utilizan en las negociaciones de adhesión para medir el ritmo del avance de los países candidatos hacia la UE exige la presentación de una trayectoria convincente de administración de justicia independiente y eficaz.

La experiencia de la liberalización del régimen de concesión de visados para los Balcanes Occidentales muestra lo mucho que se puede lograr si se combina el establecimiento de condiciones rigurosas con el ofrecimiento de ventajas específicas, vinculadas con pasos hacia la adhesión a la UE. Subraya también la importancia de un esfuerzo constante, por parte de los gobiernos interesados, para garantizar el respeto de los límites y las condiciones relacionados con la libre circulación de personas.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE se ha dotado de los medios necesarios para hacer valer su peso en el escenario internacional. El papel que desempeñó en la aprobación de la Resolución sobre Kosovo de la Asamblea General de las ONU es un ejemplo de ese potencial. En un mundo en el que los poderes emergentes desempeñan cada vez un papel más importante, la ampliación aumenta el peso de la UE y hace más potente su voz en los foros internacionales. La quinta ampliación dio nuevo impulso a las relaciones de la UE con sus vecinos orientales y meridionales y propició que se analizaran diversas maneras de desarrollar iniciativas en las regiones del Mar Báltico y del Mar Negro. El proceso de adhesión de Turquía y los países de los Balcanes Occidentales ofrece a la UE un mayor interés e influencia en la región mediterránea, en el Mar Negro y en la cuenca del Danubio. Siempre que el papel que desempeña Turquía en su propia región se desarrolle de forma complementaria al proceso de adhesión y en coordinación con la UE, dicho proceso puede aumentar la influencia de ambas partes en la esfera internacional, sobre todo en Oriente Medio y en el Cáucaso Meridional. Si aúnan sus esfuerzos, la UE y Turquía pueden reforzar la seguridad energética, abordar los conflictos regionales y prevenir la aparición de divisiones por motivos étnicos o religiosos. Asimismo, sumando sus fuerzas, la UE e Islandia pueden contribuir en gran medida a la resolución de las cuestiones que se plantean en el Ártico, en particular en materia de energía, medio ambiente, recursos marítimos y seguridad. Sin duda, el pleno potencial de tales sinergias solo se puede lograr a través de un compromiso mutuo con una estrategia creíble de ampliación.

El peso de la UE en la escena internacional depende también, en gran medida, del atractivo de su modelo normativo. La vitalidad del mercado interior y la adopción de las normas y modelos de la UE por países de todo el mundo constituyen un gran estímulo para el comercio, la inversión y el crecimiento. El Acta del Mercado Único presentada por la Comisión es un documento que pretende eliminar los problemas que aún existen y potenciar el crecimiento. En el marco del proceso de ampliación, los países interesados irán adoptando gradualmente el acervo, ampliando así el ámbito en el que rige un único conjunto de normas. Ello debería estimular la inversión, la innovación y la cohesión social, e incrementar el atractivo del modelo normativo de la UE en los países vecinos y a escala internacional.

Tanto la UE como los países aspirantes se juegan mucho en el proceso de ampliación. Al mismo tiempo, la percepción de los ciudadanos sobre la importancia del proyecto se ve afectada por preocupaciones cotidianas que con frecuencia parecen más acuciantes. Los distintos informes de este año, junto con las conclusiones y recomendaciones que los acompañan, muestran que el proceso de ampliación forma parte de la solución de muchas de las preocupaciones que afectan a la ciudadanía, ya sea en relación con la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada o en cuanto a la generación de crecimiento y empleo. Las instituciones de la UE y los Estados miembros deben colaborar estrechamente para aumentar la comprensión del proceso de ampliación y el apoyo concedido al mismo, y para explicar cómo nos puede ayudar a alcanzar los objetivos que compartimos. Si culmina con éxito las futuras ampliaciones, la UE podrá abordar mejor las otras muchas dificultades a las que se enfrenta.

2. Retos clave

2.1 Superación de la crisis económica

La crisis económica ha afectado a todos los países de la ampliación, aunque en mayor o menor medida en función de la estructura económica de cada uno de ellos. Albania, Kosovo y la Antigua República Yugoslava de Macedonia han sido los menos afectados, pues su dependencia de las exportaciones es menor y sus mercados nacionales han resistido adecuadamente. Croacia, Serbia y Turquía, que están más integrados en el mercado mundial, se han visto muy afectados. El impacto ha sido también duro en Montenegro, debido a su dependencia de la financiación externa y de un pequeño número de sectores. En Bosnia y Herzegovina el impacto de la crisis se ha visto exacerbado por unas políticas fiscales procíclicas con un porcentaje elevado de subsidios y de transferencias sociales en el presupuesto.

En 2010 se perciben tibias señales de recuperación en los Balcanes Occidentales. La demanda interior sigue siendo débil, a causa de las rigurosas condiciones crediticias y del desempleo persistente. La recuperación, acompañada de una sólida tasa de crecimiento, está más avanzada en Turquía, que ha sacado partido de la consolidación fiscal y de la reestructuración de su sector bancario al comienzo de la década. Islandia padece aún los efectos de la inestabilidad generalizada de los mercados financieros y del colapso de su sistema bancario.

Las finanzas públicas siguen bajo presión en varios países. A pesar de que, en promedio, la deuda pública es relativamente reducida, la expansión fiscal en el periodo de bonanza ha aumentado la vulnerabilidad y la exposición de los países de la ampliación, exceptuada Turquía, a la crisis financiera mundial. La mayoría de los países de los Balcanes Occidentales carecían de la capacidad y del margen de maniobra tributario necesarios para poder dar prioridad al gasto público a efectos de estímulo fiscal en respuesta a la crisis. Aunque en los Balcanes Occidentales se han aplicado medidas de rigor destinadas a reequilibrar los presupuestos, han sido insuficientes para impedir que se amplíen los déficit. Islandia, Serbia, Kosovo, y Bosnia y Herzegovina han recurrido al apoyo del FMI.

La UE ha contribuido a paliar el impacto de la crisis junto con las instituciones financieras internacionales. Se ha reprogramado la ayuda del IAP para fomentar la inversión en competitividad e infraestructuras y algunos países han recibido apoyo presupuestario y asistencia macrofinanciera. El Marco de Inversiones para los Balcanes Occidentales desempeña un papel importante a efectos de la captación de fondos para grandes proyectos de infraestructura (véase la sección 3).

Lograr una convergencia real y tasas de crecimiento sostenibles exigirá reformas estructurales adicionales y políticas fiscales prudentes. Es preciso aprovechar con mayor eficacia las fuentes interiores de crecimiento a fin de mejorar la capacidad productiva, la creación de empleo y la competitividad. Ahora se necesita un mayor volumen de inversión nacional y extranjera en proyectos totalmente nuevos, sobre todo actividades orientadas a la exportación. Ello contribuirá a elevar la producción y la productividad, lo que a su vez propiciará un aumento del empleo y la viabilidad de las balanzas comerciales. Contribuirá asimismo a aliviar los acuciantes problemas sociales de la región.

Los gobiernos deben mejorar el entorno empresarial en aras del incremento de la inversión nacional y extranjera. Ello significa aumentar la eficiencia de la administración pública y la independencia del poder judicial, eliminar las barreras informales que obstaculizan el comercio y reforzar el Estado de Derecho. Un mercado regional funcional en el marco de Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC) y la aproximación constante al acervo son importantes a efectos de la captación de inversiones. La liberalización prevista del comercio de productos agrícolas y servicios en la región y la apertura de los mercados de contratación pública incrementará ulteriormente el potencial de crecimiento.

Velar por la solidez y la sostenibilidad de las finanzas públicas es crucial para los países de la ampliación. También es un aspecto básico de los preparativos para la adhesión a la UE. Experiencias recientes han mostrado la interdependencia de las economías europeas y el potencial de desestabilización que pueden tener los desequilibrios graves incluso en las economías de pequeño tamaño.

La Comisión seguirá haciendo pleno uso de los instrumentos de adhesión y supervisión económica para vigilar los resultados económicos y fiscales de los países de la ampliación. La UE mantiene un diálogo regular con los países candidatos, familiarizándoles con el sistema de supervisión y coordinación de las políticas económicas en el seno de la UE. Se ha establecido un proceso similar con los candidatos potenciales. El diálogo económico que mantienen la Comisión y los distintos países de la ampliación en el marco de los acuerdos de asociación se está utilizando asimismo para supervisar las políticas económicas.

Actualmente se están tomando medidas para reforzar la gobernanza económica en la UE. Una vez plenamente definida y formalizada esta coordinación de las reformas estructurales, presupuestarias y macroeconómicas, la Comisión analizará cómo se podrían extender algunas de sus disposiciones a los países de la ampliación.

Además del diálogo y la supervisión, la UE apoya activamente los esfuerzos desarrollados por los países de la ampliación en pos de la recuperación económica, la estabilización macroeconómica y la consolidación fiscal. Se están destinando cuantiosos recursos del IAP a mejorar la gestión de las finanzas públicas, aumentar la calidad de las estadísticas y reforzar la supervisión en el sector bancario.

· [2].

Los países de la ampliación han comenzado a poner en práctica algunas iniciativas en grupos regionales, en los que pueden evaluar conjuntamente los avances y fijar objetivos específicos para cada región. La Ley de la Pequeña Empresa para Europa, una batería de medidas para mejorar el entorno empresarial de las PYME, es un ejemplo de ese tipo de iniciativas. La Comisión propondrá al Consejo de Cooperación Regional que establezca plataformas de diálogo y evaluación inter pares en otros ámbitos en línea con las prioridades de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, la Comisión tendrá en cuenta las prioridades de esa estrategia en la programación de la ayuda del IAP.

2.2 Integración social

La crisis económica ha tenido efectos negativos sobre el bienestar social en los países de la ampliación. Los grupos vulnerables, incluidas las minorías, las comunidades desfavorecidas y las personas con discapacidad, se han visto especialmente afectados. En toda la región se registran tasas de actividad reducidas e índices de pobreza y desempleo elevados, especialmente de desempleo juvenil. Los romaníes constituyen una minoría especialmente vulnerable; sufren pobreza, discriminación y segregación en el acceso a la enseñanza, el empleo, la vivienda, los servicios sociales y la asistencia sanitaria. Numerosos romaníes siguen sin estar inscritos en el registro civil o carecen de documentación personal. Muchos de ellos viven todavía en campamentos, como desplazados internos, a consecuencia de las recientes guerras.

La Comisión se ha comprometido a ayudar a los países de la ampliación a mejorar las condiciones de los grupos vulnerables, en particular la integración económica y social de la población romaní. En el marco del IAP proporciona apoyo considerable a los grupos vulnerables, impulsando iniciativas de educación y refuerzo de los servicios sociales y de empleo, con objeto de propiciar la integración de la población desfavorecida en el mercado de trabajo. También financia la mejora de la infraestructura de los asentamientos de romaníes. Esta previsto aumentar este apoyo, con vistas a mejorar las condiciones de vida en los países más afectados, a los que se ayudará a desarrollar un planteamiento general sobre la integración social. En el caso de Croacia, ya se ha acordado un memorando conjunto que establece un marco estratégico en la materia. Aunque se han tomado algunas medidas para abordar las dificultades señaladas, los países de la ampliación deben intensificar sus esfuerzos. La Comisión les insta a reducir la pobreza y la exclusión social, en línea con las prioridades de la Estrategia Europa 2020, y a utilizar de manera más eficaz las posibilidades que ofrece el programa decenal consagrado a la integración de la población romaní. Los países de la ampliación deberían estudiar el establecimiento de objetivos explícitos y ambiciosos en relación con el empleo, la educación y la reducción de la pobreza de las comunidades desfavorecidas, en particular la población romaní.

2.3. Fortalecimiento del Estado de Derecho y de la administración pública

Reforzar el Estado de Derecho, en particular el poder judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, es un reto esencial para la mayoría de los países de la ampliación. Unos resultados tangibles que aporten mejoras sostenidas al Estado de Derecho son un elemento importante para facilitar el paso a las siguientes etapas del proceso de adhesión a la UE.

Con arreglo al consenso renovado sobre la ampliación, acordado en 2006, las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho se deben abordar cuanto antes en el proceso de adhesión. La Comisión ha dado gran prioridad al tratamiento de estas cuestiones y está empleando todos los instrumentos disponibles. La utilización de parámetros en las negociaciones de adhesión sirve de catalizador importante para las reformas y pone de manifiesto la necesidad de abordar seriamente tales cuestiones antes de la adhesión. El proceso de liberalización del régimen de visados ha demostrado la eficacia de un planteamiento que establece requisitos de reforma específicos y concretos, lo que permite a los países centrar mejor sus esfuerzos. Se han intensificado las misiones de evaluación inter pares y de otro tipo en las que jueces, fiscales y expertos de los Estados miembros en materia de policía, gestión de fronteras y migración entran en contacto con sus homólogos. La intensificación de la cooperación policial y judicial en la región, con los Estados miembros de la UE y con Europol, Eurojust y Frontex, proporciona medios para luchar contra la delincuencia transnacional durante el periodo de preadhesión.

Teniendo en cuenta estas experiencias, la Comisión incrementará su labor e intensificará el diálogo sobre el Estado de Derecho que mantiene con los países candidatos y candidatos potenciales. Los países deberían tratar de obtener resultados concretos y duraderos y de acumular una trayectoria convincente y creíble en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y la reforma del poder judicial. Es esencial lograr un marco jurídico estable y aplicar la normativa. Se extenderá la utilización de parámetros y la realización de misiones de homólogos. En los dictámenes de la Comisión sobre las solicitudes de adhesión de Montenegro y Albania se establecen prioridades en el ámbito del Estado de Derecho.

La Comisión sigue atentamente los avances realizados, en particular a través de misiones de evaluación y mediante los organismos conjuntos previstos en los acuerdos de estabilización y asociación o en los acuerdos interinos. Los resultados de este diálogo se plasman en los informes de evolución. La ayuda IAP presta una especialísima atención al Estado de Derecho. TAIEX organiza anualmente más de 100 cursos de formación en la materia destinados a los países de la ampliación.

En el ámbito de la cooperación judicial se han registrado recientemente avances positivos en varios países de los Balcanes Occidentales. Se han celebrado nuevos acuerdos bilaterales sobre cooperación judicial, en concreto entre Serbia y Albania sobre asistencia judicial mutua y sobre ejecución recíproca de las sentencias en materia penal. Croacia y Serbia han ido más allá, firmando un acuerdo de extradición de nacionales a efectos del enjuiciamiento penal o el cumplimiento de penas de prisión en casos de corrupción o delincuencia organizada. La Comisión insta a los demás países de la región a seguir este ejemplo. La cooperación judicial se mejoraría aún más si la posibilidad de extradición de nacionales se extendiese a todos los delitos graves, incluidos los crímenes de guerra. El Consejo de Cooperación Regional fomenta la cooperación entre la policía, la fiscalía y la judicatura.

· [3].

2.4. Libertad de expresión y medios de comunicación

La libertad de expresión y de los medios de comunicación, parte integral de cualquier sistema democrático, sigue siendo motivo de inquietud en la mayoría de los países de la ampliación. En Turquía el marco jurídico todavía no garantiza suficientemente la libertad de expresión. En varios países de los Balcanes Occidentales algunos periodistas han seguido siendo objeto de amenazas y agresiones físicas. En algunos países la difamación sigue siendo un delito penal o está sancionada con multas desproporcionadas. Las intromisiones políticas contra la independencia de los medios de comunicación, incluidos los organismos públicos de radiodifusión, constituyen un problema en varios países. La independencia editorial es objeto de presiones políticas y económicas injustificadas. Los países afectados deben abordar urgentemente estas cuestiones.

La Comisión seguirá atentamente los avances realizados en este ámbito, prestando especial atención a los siguientes aspectos: el marco jurídico y el respeto de las normas europeas, en particular en relación con la difamación; la responsabilidad de las autoridades de sancionar debidamente todos los casos de agresiones a periodistas; el establecimiento de organismos de autorregulación y su contribución al refuerzo de la profesionalidad; el papel de los organismos públicos de radiodifusión en las democracias pluralistas; unas redes transfronterizas que permitan mejorar el flujo de noticias en toda la región y que contribuyan así a una mayor comprensión mutua. En la primavera de 2011, la Comisión organizará un congreso sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación en los países de la ampliación, en la que se podrá hacer balance sobre los avances en esos ámbitos. Si procede, el IAP facilitará apoyo para materializar los resultados del congreso.

2.5. Reconciliación, cooperación regional y cuestiones bilaterales en los Balcanes Occidentales

A lo largo del último decenio se han registrado avances sustanciales por lo que respecta a la estabilidad y la cooperación regional en los Balcanes Occidentales. No obstante, todavía siguen pendientes una serie de cuestiones relacionadas con los conflictos vividos en la región, las cuales afectan tanto al funcionamiento interno de los Estados como a las relaciones existentes entre ellos. La UE está trabajando con las distintas partes para superar este legado del pasado.

El avance de la reconciliación es un elemento clave para la estabilidad de Kosovo, en donde se ha iniciado una nueva fase tras el Dictamen Consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia. Una vez aprobada la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la UE está dispuesta a facilitar un proceso de diálogo entre Pristina y Belgrado con el fin de fomentar la cooperación, impulsar la aproximación a la UE y mejorar las condiciones de vida de la población. También es esencial que avance la reconciliación en Bosnia y Herzegovina, sobre todo a efectos del funcionamiento del Estado. La plena aplicación del Acuerdo de Ohrid en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el respeto y la protección de las minorías étnicas en toda la región, el regreso de los refugiados y la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), así como el desarrollo adecuado de los juicios internos por crímenes de guerra, son importantes para la reconciliación.

Una reconciliación duradera exige esfuerzos en todos los niveles, por parte de los gobiernos, el poder judicial y la sociedad. Está vinculada asimismo a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Recientemente se han registrado algunas señales positivas. El Parlamento serbio ha adoptado una declaración de condena de los crímenes de Srebrenica en la que hace referencia al fallo pertinente de la Corte Internacional de Justicia. Algunas ONG han puesto en marcha una iniciativa, denominada RECOM, para establecer una comisión regional de esclarecimiento y difusión de la verdad, que ha recibido el apoyo de los presidentes de Serbia y Croacia, del Parlamento de Montenegro y de las comunidades religiosas. Lograr un apoyo regional más amplio contribuiría a la reconciliación. En la Iniciativa Igman participan más de 140 ONG con el objetivo de promover y facilitar la cooperación local y regional; los presidentes de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Montenegro acudieron a la cumbre celebrada en mayo de 2010 en Sarajevo. Estas distintas iniciativas deben ser respaldadas por el enjuiciamiento de los crímenes de guerra, mediante la cooperación plena con el TPIY y la resolución adecuada y rápida de los asuntos de crímenes de guerra en los tribunales nacionales. Sigue siendo fundamental la cooperación plena con el TPIY, en particular por parte de Serbia y Croacia.

Cabe señalar avances por lo que respecta a la cuestión del regreso de los refugiados en el marco del Proceso de Sarajevo. Una conferencia ministerial celebrada en marzo en Belgrado permitió retomar el diálogo entre los gobiernos interesados. La Comisión está dispuesta a considerar contribuciones financieras adicionales de la UE para ese proceso y a apoyar la celebración de una conferencia de donantes una vez que los países hayan logrado un acuerdo sobre medidas concretas para resolver los problemas pendientes. En agosto de 2010 todavía había 14 631 personas desaparecidas en la región a consecuencia de los conflictos armados y el proceso de resolución de los casos pendientes es muy lento. Los países afectados deben redoblar sus esfuerzos para solventar tales casos en un plazo razonable.

La cooperación regional contribuye a la reconciliación, al mantenimiento de buenas relaciones de vecindad y al establecimiento de un clima que propicie la resolución de las cuestiones bilaterales pendientes. En los Balcanes Occidentales, resulta crucial también para impulsar el desarrollo económico y abordar problemas comunes, como la delincuencia organizada, la gestión de las fronteras, el cambio climático o la contaminación del medio ambiente. La cooperación regional es esencial para lograr avances en el programa de integración en la UE en ámbitos tales como la seguridad de los ciudadanos, la energía o el transporte.

La región ha tomado medidas para reforzar las estructuras de ámbito regional. El Consejo de Cooperación Regional (CCR) desempeña un papel clave en la orientación y la supervisión de la cooperación regional. El CCR ya ha adoptado una estrategia y un programa de trabajo ambiciosos para 2011-2013; ahora es preciso aplicarlos centrándose en actividades orientadas a la obtención de resultados comprobables en las que el CCR pueda aportar un valor real. El Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC) es esencial para completar el espacio regional de libre comercio. La Comunidad de la Energía impulsa la configuración de un mercado regional para la energía y prepara la integración en el mercado energético de la UE. El Acuerdo de la Zona Europea Común de Aviación modernizará las normas en los ámbitos de la seguridad física y operativa y la gestión del tráfico aéreo y propiciará condiciones más competitivas para los usuarios del transporte aéreo.

La Comisión proporciona apoyo financiero considerable en favor de la cooperación regional. En 2011 se destinarán fondos del IAP al fomento de la participación de la región en los principales acuerdos internacionales, como el Tratado de Transporte. La Escuela Regional de Administración Pública (ERAP) ya es plenamente operativa y en la actualidad ofrece unos 2 500 días de formación al año. El acuerdo internacional que establece su personalidad jurídica fue ratificado en julio de 2010. Está previsto que la apertura oficial de sus instalaciones en Danilovgrad (Montenegro) tenga lugar el 11 de noviembre de 2010.

La Comisión seguirá apoyando la rehabilitación del patrimonio cultural, en el contexto del Proceso de Liubliana. El CCR establecerá un Grupo Operativo de Cultura y Sociedad, asistido por una Secretaría Permanente que recibirá asistencia financiera de preadhesión de la UE. Su labor será gestionar el Proceso de Liubliana, en cooperación con el Consejo de Europa y la Comisión.

La Comisión está ultimando la Estrategia del Danubio, en la que participan distintos Estados miembros, países de la ampliación y países de la asociación oriental. Para que tenga éxito, es esencial la inclusión y la participación activa de los países de los Balcanes Occidentales que comparten esta cuenca con países vecinos miembros de la UE. La Estrategia impulsará el desarrollo socioeconómico y fomentará la realización de inversiones mutuamente beneficiosas en los sectores del transporte, la energía y el medio ambiente.

Las diferencias sobre Kosovo han frenado la cooperación regional. En particular se han visto afectados el funcionamiento del ACELC, la extensión del sistema paneuromediterráneo de acumulación diagonal y la firma del Acuerdo sobre la Comunidad del Transporte. En ocasiones ha resultado imposible celebrar reuniones en las que participaran todas las instancias regionales. La Comisión insta a todas las Partes interesadas a buscar soluciones prácticas y pragmáticas para garantizar el carácter incluyente de la cooperación regional, sin perjuicio de las distintas posturas que puedan existir sobre el estatuto de Kosovo.

Eslovenia y Croacia han firmado y ratificado un Acuerdo de Arbitraje sobre las Fronteras que sienta las bases de una solución definitiva y muestra que es posible resolver las cuestiones bilaterales desde un planteamiento de buenas relaciones de vecindad. Kosovo y la Antigua República Yugoslava de Macedonia han completado la demarcación de su frontera. Quedan por resolver, no obstante, otras cuestiones bilaterales relacionadas con las fronteras, al igual que la disputa toponímica entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Las cuestiones bilaterales pendientes, incluidas las disputas fronterizas, han de ser resueltas por las partes interesadas adoptando un planteamiento de buenas relaciones de vecindad y teniendo en cuenta los intereses generales de la UE. Su resolución exige una voluntad política renovada de dichas partes. La Comisión espera que redoblen los esfuerzos para resolver las disputas fronterizas pendientes con arreglo al principio de arreglo pacífico de controversias de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, acogiéndose en su caso a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Las cuestiones bilaterales no deberían interrumpir el proceso de adhesión. La UE velará por que se genere el impulso político necesario para la búsqueda de soluciones y apoyará las iniciativas conexas.

3. Instrumentos de preadhesión al servicio de la política de adhesión

Asistencia financiera: planteamiento estratégico

Con la asistencia financiera concedida en virtud del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) se pretende ayudar a los países candidatos y candidatos potenciales en sus esfuerzos para cumplir los criterios de adhesión, aproximarse a las políticas y normas de la UE y fomentar el desarrollo socioeconómico. Esa asistencia concedida con cargo al presupuesto de la UE aporta un valor añadido claro. La ayuda destinada a los países de la ampliación constituye una inversión en el futuro de la UE; al ayudar a sus futuros miembros a prepararse adecuadamente para la adhesión, la propia UE mejorará su posición de cara a la consecución de sus objetivos estratégicos. En el periodo 2007-2013, el IAP cuenta con 11 600 millones EUR para ayudar a los países de la ampliación en sus preparativos de adhesión. En el marco financiero indicativo plurianual revisado para 2011-2013 se ofrece un desglose orientativo.

En el marco del IAP, la ayuda es objeto de planificación estratégica a través de documentos indicativos de planificación plurianual (DIPP) por trienios, que establecen las grandes prioridades de la asistencia durante los años correspondientes y constituyen la base de la programación anual o plurianual. Los DIPP se basan en las necesidades identificadas en los informes de evaluación y en los informes sobre las asociaciones.

La Comisión ha ido tomando una serie de medidas para ampliar el carácter estratégico de este proceso y reforzar el nexo entre las prioridades establecidas en las asociaciones europeas o para la adhesión y los informes de evaluación y la programación de la ayuda, de modo que ahora se presta mayor atención a una serie de ámbitos fundamentales, como la buena gobernanza y el Estado de Derecho. Para ilustrar mejor esta mayor atención e incrementar la asunción de las iniciativas por parte de los países beneficiarios, la Comisión utilizará con mayor frecuencia un planteamiento más sectorial a la hora de planificar la ayuda de preadhesión.

Así pues se insta a los países de la ampliación a desarrollar programas estratégicos detallados en los sectores considerados clave para avanzar hacia la UE. Las prioridades de la adhesión deberían integrarse plenamente en esos programas de titularidad nacional. Los DIPP para el próximo periodo (2011-2013) fijarán los objetivos de la asistencia del IAP en tales sectores.

Otros ámbitos que seguirán considerándose prioritarios en los DIPP serán los vinculados con el desarrollo regional, el desarrollo de los recursos humanos y el desarrollo rural, en particular por lo que respecta a los países candidatos. Aprendiendo a gestionar la ayuda de preadhesión eficazmente y con arreglo a los principios de buena gestión financiera, los gobiernos de los países de la ampliación pueden prepararse para la futura gestión de los fondos de la UE como Estados miembros.

No obstante, siguen planteándose retos para una efectiva aplicación de los programas IAP en determinados países. Los países beneficiarios necesitan intensificar sus esfuerzos para garantizar una capacidad administrativa suficiente y experiencia en el desarrollo y aplicación de proyectos viables y con resultados demostrables, con el fin de optimizar el empleo de los fondos de preadhesión disponibles. La Comisión apoyará a los beneficiarios para mejorar su capacidad y controlará el ciclo financiero del IAP, detectando las deficiencias desde los primeros momentos.

La Comisión utilizará también con mayor frecuencia la programación plurianual, lo que permitirá mejorar el establecimiento de prioridades y la secuenciación de las medidas planificadas e incrementará la previsibilidad de la asistencia financiera otorgada a los países beneficiarios.

La adopción de un planteamiento sectorial facilitará la cooperación entre donantes y beneficiarios, eliminando la duplicación de tareas y propiciando una mayor eficacia y eficiencia. A su vez, ello permitirá a todas las partes interesadas centrarse en mayor medida en los resultados previstos y en la repercusión de los esfuerzos combinados de unos y otros.

La magnitud de las inversiones necesarias en los países de la ampliación para preparar su adhesión y su convergencia real exige lograr contribuciones significativas de los presupuestos nacionales, captar apoyo de otros donantes y contar con la participación de inversores privados y de las instituciones financieras internacionales (IFI). Las asociaciones entre los sectores público y privado resultan especialmente útiles para agregar subvenciones públicas y préstamos de bancos privados. El Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales (MIBO), el Fondo Europeo para Europa Sudoriental (FEES) y el Fondo de Crecimiento por el Medio Ambiente (FCMA) constituyen buenos ejemplos de captación de volúmenes elevados de capital con recursos públicos limitados.

El MIBO se estableció en diciembre de 2009, como una iniciativa conjunta de la Comisión y distintas IFI asociadas. Se trata de un instrumento clave para canalizar la inversión hacia las infraestructuras de la región. Utiliza las subvenciones del IAP para lograr préstamos de mayor cuantía de las IFI. Se han asignado subvenciones por valor de 137 millones EUR, con las que se podrían reunir inversiones por valor de 6 600 millones EUR, aproximadamente. El MIBO se centrará en incrementar el número de proyectos sobre agua y aguas residuales en la región, estimular la eficiencia energética, acelerar las inversiones en la red básica de transporte y en fomentar el desarrollo de PYME y de mecanismos para impulsar el crecimiento económico tras la crisis económica. Los proyectos desarrollados en virtud del MIBO abarcan distintos países de los Balcanes Occidentales y fortalecen la cooperación regional. El MIBO dará prioridad a grandes inversiones de dimensión regional, como la red básica de transporte de la región de Europa Sudoriental, que se puede considerar precursora de la futura Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) en la región.

La asistencia financiera en favor de la cooperación regional en el marco del IAP tiene por objetivo garantizar la estabilidad regional, incrementar los flujos comerciales en la región y apoyar las estructuras e iniciativas de cooperación regional en los Balcanes Occidentales, incluidos el Consejo de Cooperación Regional y la Escuela Regional de Administración Pública. El Consejo de Cooperación Regional desempeña un papel importante para controlar si en el IAP y en la financiación proporcionada por otros donantes se tienen en cuenta las prioridades de la cooperación regional.

Participación en los programas y agencias de la UE

El objetivo de la participación de los países de la ampliación en los programas y agencias de la UE es reforzar su cooperación con los Estados miembros y familiarizarles con las políticas y métodos de trabajo de la UE. Los países candidatos y candidatos potenciales pueden participar en los programas de la UE sobre la base de acuerdos marco; su participación en las agencias de la UE se estudia caso por caso. El coste de la participación se puede sufragar parcialmente con fondos del IAP. Los países deben centrar su participación en aquellos programas o agencias relacionados con sectores básicos objeto de reforma y en los que puedan sacar máximo partido.

Información y comunicación

Para que la política de ampliación tenga éxito se requiere un sólido apoyo de la ciudadanía. Tanto a los Estados miembros como a los países de la ampliación les corresponde un papel esencial en la labor de información y comunicación destinada a mantener ese apoyo público. La Comisión se ha comprometido a mejorar el flujo de información objetiva sobre el proceso de ampliación, que habrá de presentarse de manera sencilla y a través de los distintos medios de comunicación disponibles en la actualidad. Es crucial que la información llegue a los jóvenes, quienes, por su limitada experiencia vital, quizá no sean conscientes de la importancia de reforzar la seguridad y la estabilidad en Europa. Corresponde a los dirigentes políticos a escala local, regional, nacional y de la UE utilizar esa información de la forma más pertinente para sus propios electores.

La experiencia de la quinta ampliación muestra que los datos engañosos colman rápidamente las lagunas informativas. Estas lagunas han de colmarse con información exacta y gratuita. Se trata de un aspecto crucial para que los ciudadanos puedan comprender plenamente lo que está en juego. En 2010 la Unión se enfrenta a nuevos retos, relacionados con la crisis económica, el medio ambiente, el empleo, la seguridad ciudadana, el cambio climático y la migración. Estas son las cuestiones que preocupan a la población en los Estados miembros y en los países de la ampliación. El reto que se plantea a los dirigentes es explicar cómo la prosecución del proceso de ampliación puede ayudar a la UE a lograr sus objetivos en esos ámbitos cruciales y, simultáneamente, acelerar el programa de reforma y mejorar las condiciones de vida en los países de la ampliación. Los resultados reales y tangibles que ofrece el proceso constituyen la mejor publicidad para la ampliación; un ejemplo clarísimo es la liberalización del régimen de visados para los Balcanes Occidentales.

Desarrollo de la sociedad civil

Las actividades de la sociedad civil son esenciales para la madurez de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Tales actividades potencian la responsabilidad de los responsables políticos, amplían el espacio de debate relativo a cuestiones sobre las que la sociedad tiene que definirse, estimulándolo, y refuerzan el consenso en favor de una sociedad pluralista. Al contribuir a una democracia más abierta, participativa y dinámica, una sociedad vital y vibrante propicia también la reconciliación y la tolerancia. La participación de las organizaciones sociales en el proceso de preadhesión contribuye a la calidad de las reformas relacionadas con la adhesión y a lograr el apoyo ciudadano.

Debe existir una cultura de aceptación y valoración del papel desempeñado por la sociedad civil para que las organizaciones que la representan puedan participar en un diálogo político eficaz. Como principio general, las iniciativas políticas y los proyectos legislativos deberían someterse a consulta pública. A menudo, la falta de transparencia y la inadecuación de los criterios de atribución obstaculizan el acceso de la sociedad civil al apoyo público.

El Instrumento para la Sociedad Civil contribuye a mejorar la profesionalidad y las capacidades de las organizaciones sociales de modo que puedan entablar un diálogo eficaz con las instancias públicas y privadas y hacer un seguimiento de los avances en ámbitos tales como el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. El Instrumento financia iniciativas a escala local, el establecimiento de redes regionales y visitas de corta duración a la UE.

La Comisión ha revisado el Instrumento para llegar mejor a las organizaciones de base locales, teniendo en cuenta la información facilitada por las organizaciones sociales. La Comisión prestará más atención a las necesidades de cada país y suministrará financiación a más largo plazo para la constitución de ONG. Las organizaciones más sólidas y mejor asentadas podrían orientar y tutelar a otras organizaciones de menor tamaño.

4. Avances en los países de la ampliación y programa para 2010-2011

4.1. Guiar a los Balcanes Occidentales en su incorporación a la UE

En la cumbre ministerial que la UE y los Balcanes Occidentales celebraron el 2 de junio de 2010 en Sarajevo, la UE reiteró su compromiso inequívoco con la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales. El futuro de los Balcanes Occidentales se halla en la Unión Europea.

La aproximación de los Balcanes Occidentales a la UE progresó a lo largo del pasado año, pues la región ha avanzado, aunque de manera desigual, en las reformas y en el cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos. El avance de Croacia confirma que el Proceso de Estabilización y Asociación es una política que desemboca en la adhesión a la UE. El avance de los demás países de los Balcanes Occidentales en la senda de incorporación a la UE depende igualmente del ritmo de sus reformas políticas y económicas.

En el ámbito de la liberalización del régimen de visados se han hecho avances sustanciales. A lo largo del año pasado la UE ha ido suprimiendo los requisitos de visado para Serbia, Montenegro y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, a medida que estos países han ido demostrando su capacidad de respetar los parámetros establecidos en ámbitos como la seguridad de los documentos de viaje, la gestión de las fronteras, la migración, el asilo, el orden público y la seguridad, y el respeto de los derechos humanos. También está previsto eliminar próximamente los requisitos de visado para Albania y Bosnia y Herzegovina, basándose en pruebas nítidas sobre el cumplimiento de tales parámetros. Es importante que los países afectados intensifiquen su labor de información a los ciudadanos sobre el alcance y los límites del régimen de exención de visado. Kosovo ha adoptado una Ley sobre readmisión y ha intensificado sus esfuerzos de reintegración de las personas repatriadas, sentando así las bases para el diálogo sobre la liberalización del régimen de visados.

Croacia

Por lo que respecta al cumplimiento de los criterios de adhesión, el avance de Croacia ha sido continuo desde el comienzo de las negociaciones correspondientes, en octubre de 2005. El país cumple los criterios políticos de Copenhague. En cuanto a los criterios económicos, Croacia es una economía de mercado en funcionamiento. Debería poder hacer frente a las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión, siempre que aplique con determinación su amplio programa de reforma a fin de reducir las debilidades estructurales.

En cuanto al criterio del acervo, Croacia ha logrado avances notables en las negociaciones de adhesión. Ya se han cerrado provisionalmente 25 de los 33 capítulos abiertos. Los avances también han sido notables en relación con el cumplimiento de las condiciones para el cierre de los capítulos de negociación con implicaciones financieras (agricultura y desarrollo rural; política regional y coordinación de los instrumentos estructurales; disposiciones financieras y presupuestarias). Croacia debe continuar los esfuerzos para completar el establecimiento de las estructuras administrativas necesarias para la gestión y el control de los fondos de la UE.

Croacia debe cumplir las condiciones pendientes en el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales, en particular desarrollar una trayectoria en materia de independencia y eficiencia del poder judicial, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el respeto y la protección de las minorías (incluido el regreso de refugiados), enjuiciamiento de crímenes de guerra y cooperación plena con el TPIY, incluida la cuestión del acceso del TPIY a los documentos. En competencia, Croacia debe aprobar, en línea con el acervo, planes de reestructuración para los astilleros. Se espera que siga desempeñando un papel activo en la cooperación regional en los Balcanes Occidentales y que continúe prestando apoyo a los demás países de la región en su camino hacia la integración en la UE.

Teniendo en cuenta la trayectoria de respeto de las condiciones y compromisos formulados en las negociaciones de adhesión, Croacia está muy avanzada en el cumplimiento de los criterios del acervo. Así queda de manifiesto en los cuadros de supervisión que la Comisión elabora sobre los capítulos cerrados provisionalmente.

La Comisión seguirá vigilando el cumplimiento de los compromisos hasta la adhesión, utilizando todos los instrumentos disponibles, incluidas las evaluaciones inter pares y las estructuras previstas en el Acuerdo de Estabilización y Asociación. La Comisión presentará periódicamente informes de supervisión.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

La Antigua República Yugoslava de Macedonia sigue cumpliendo de manera suficiente los criterios políticos. Tras las reformas sustanciales acometidas en 2009, se han hecho nuevos avances, aunque a un ritmo desigual, por lo que respecta a la reforma del Parlamento, la policía, el poder judicial, la administración pública y el respeto y la protección de las minorías. El país debe seguir avanzado en relación con el diálogo entre los interlocutores políticos, la reforma del poder judicial y de la administración pública, la lucha contra la corrupción, la libertad de expresión y la mejora del entorno empresarial. La aplicación de la legislación es esencial.

El país ha seguido respetando los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación. La Comisión ha propuesto pasar a la segunda fase de la asociación que establece dicho Acuerdo.

El Consejo aún no se ha pronunciado sobre la recomendación de la Comisión, de octubre de 2009, relativa a la apertura de las negociaciones de adhesión.

Todavía no se ha resuelto la disputa toponímica con Grecia. Ambos países están negociando para llegar a un acuerdo al respecto bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Ya se han celebrado varios contactos bilaterales, incluso entre los primeros ministros, aunque todavía no se han obtenido resultados concretos. Es preciso evitar cualesquiera acciones o declaraciones susceptibles de dañar las buenas relaciones de vecindad. Es esencial que se mantengan las buenas relaciones de vecindad, lo que incluye lograr, bajo los auspicios de la ONU, una solución negociada y acordada por ambas partes a la mencionada disputa toponímica.

Montenegro

En paralelo a este documento de estrategia, la Comisión ha aprobado su Dictamen sobre la solicitud de incorporación a la UE presentada por Montenegro. Las conclusiones y recomendaciones del Dictamen figuran en el anexo que acompaña a la presente Comunicación.

Albania

En paralelo a este documento de estrategia, la Comisión ha aprobado su Dictamen sobre la solicitud de incorporación a la UE presentada por Albania. Las conclusiones y recomendaciones del Dictamen figuran en el anexo que acompaña a la presente Comunicación.

Bosnia y Herzegovina

Los avances han sido limitados por lo que respecta a las reformas básicas. En términos generales, las elecciones de octubre de 2010 se ajustaron a las normas internacionales. No se han eliminado las incompatibilidades existentes entre la Constitución croata y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), a pesar de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El respeto de los principios democráticos y el derecho de igualdad de trato sin discriminación, tal como se recogen en el CEDH, constituye un elemento esencial del Acuerdo Interino.

Para seguir avanzado en la senda de la incorporación a la UE, sigue siendo esencial que los dirigentes desarrollen una visión común sobre la dirección general del país y sobre las reformas clave relacionadas con la UE. El país debe redoblar los esfuerzos para demostrar una trayectoria satisfactoria por lo que respecta a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Interino.

Urge que Bosnia y Herzegovina comience a tomar las primeras medidas para aproximar su Constitución al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y para mejorar el funcionamiento y la eficiencia de sus instituciones. El país debe estar en condiciones de adoptar, aplicar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legislativas y normativas de la UE. En cuanto a las obligaciones internacionales, sigue siendo esencial avanzar en pos del cumplimiento de los objetivos y las condiciones que se han establecido para el cierre de la Oficina del Alto Representante. La UE, una vez reforzada su presencia, ayudará a Bosnia y Herzegovina a aplicar los objetivos del programa de la UE.

Serbia

Desde diciembre de 2009, fecha en que solicitó incorporarse a la UE, Serbia ha mostrado un compromiso renovado con el cumplimiento de los criterios de Copenhague. En octubre de 2010, el Consejo pidió a la Comisión que elaborara un Dictamen sobre dicha solicitud. El Acuerdo Interino entró en vigor en febrero de 2010. En junio de 2010, los Estados miembros acordaron presentar el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) a sus parlamentos, para su ratificación.

Serbia ha seguido aplicando su programa de reforma política. En la lucha contra la delincuencia organizada se han alcanzado algunos resultados positivos, pero se necesitan esfuerzos adicionales por lo que respecta a la reforma judicial y de la administración pública y a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Serbia ha seguido su trayectoria de aplicación del Acuerdo Interino y está bien situada para cumplir los requisitos del AEA. Ha tomado medidas importantes para impulsar la reconciliación en la región, en particular con Croacia y Bosnia y Herzegovina. Aunque ha seguido cooperando activamente con el TPIY, aún no han sido capturados los dos últimos prófugos reclamados por ese órgano jurisdiccional. Una de las condiciones esenciales para la adhesión a la UE, tal como se estableció en las conclusiones del Consejo de 25 de octubre de 2010, sigue siendo la plena cooperación con el TPIY.

Serbia debe demostrar una actitud más constructiva en relación con la participación de Kosovo en el comercio y la cooperación regionales. Debería reconocer los sellos fronterizos de Kosovo, que se ajustan a la RCSNU 1244, según ha certificado en dos ocasiones la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). Es preciso reforzar la cooperación con la misión EULEX (Estado de Derecho) con respecto al norte de Kosovo. De conformidad con la Resolución de la Asamblea General de la ONU, la UE está dispuesta a facilitar un proceso de diálogo entre Belgrado y Pristina con objeto de promover la cooperación, avanzar en la senda hacia la UE y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Kosovo

Las elecciones locales celebradas en Kosovo a finales de 2009 tuvieron lugar sin incidentes y en ellas participaron todas las comunidades, aunque la participación electoral fue muy pequeña en el norte de Kosovo. El proceso de descentralización ha avanzado significativamente. La cooperación con EULEX es ahora mayor. El Gobierno ha mejorado su capacidad de aplicar la agenda europea y la política de reformas de Kosovo. No obstante, siguen existiendo grandes obstáculos por lo que respecta a la reforma de la administración pública y el Estado de Derecho, incluida la judicatura. Es preciso intensificar la labor de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero. Entre los aspectos que siguen suscitando preocupación figuran la protección e integración de las minorías (en especial, los serbios de Kosovo) y el diálogo entre las comunidades y su reconciliación. Las autoridades deben adoptar un planteamiento constructivo en cuanto a la participación de Kosovo en los foros de cooperación regional, con el fin de seguir el ritmo de los acontecimientos regionales.

· [4], presentada por la Comisión, y pidió a ésta que tomara las medidas necesarias para apoyar los avances de Kosovo hacia la UE, en línea con la perspectiva europea de la región, y que informara de los avances al respecto. El Consejo subrayó la importancia de las medidas relacionadas con el comercio y los visados, sin perjuicio de las posturas de los Estados miembros sobre el estatuto de Kosovo.

En febrero, la Comisión propuso que se extendieran las medidas comerciales autónomas para Kosovo y en julio organizó una misión de expertos con el fin de evaluar el grado de preparación de Kosovo para cumplir los requisitos pertinentes a efectos de la posible celebración de un acuerdo comercial con la UE. Será necesario desplegar esfuerzos en relación con la regulación técnica de los productos, el control de origen, la propiedad intelectual, las normas sobre competencia y la contratación pública. La Comisión intensificará la labor desarrollada para ayudar a Kosovo a corregir las deficiencias constatadas. Una vez que Kosovo cumpla los requisitos pertinentes, la Comisión propondrá directrices para la negociación de un acuerdo comercial.

La Comisión impulsará la participación de Kosovo en los programas pertinentes de la Unión. En enero, la Comisión puso en marcha, junto con las autoridades kosovares, el diálogo sobre el Proceso de Estabilización y Asociación con Kosovo y ya se ha completado una primera ronda de encuentros.

La Comisión apoya la participación de Kosovo en los programas de cooperación transfronteriza desarrollados en el marco del IAP con la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania. A partir de 2011, el apoyo abarcará asimismo distintos programas con Montenegro.

La Comisión seguirá impulsando las iniciativas que perfiló en su Comunicación sobre Kosovo, siguiendo las conclusiones del Consejo.

4.2. Profundización de las negociaciones de adhesión con Turquía

Turquía ha continuado su proceso de reforma política. Ha modificado su Constitución, introduciendo las siguientes reformas básicas en su sistema político y jurídico para atender distintas prioridades en el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales: limitación de las competencias de los tribunales militares; reestructuración del Tribunal Constitucional; ampliación de la composición del Consejo Superior de la Magistratura y la Fiscalía, para hacerlo más representativo del conjunto del poder judicial; extensión de los derechos sindicales en el sector público; establecimiento de las bases para la adopción de medidas especiales de protección de los derechos de las mujeres y los niños; garantía de la protección de los datos personales; garantía del derecho a recurrir a un Defensor del Pueblo, lo que sienta las bases jurídicas para el establecimiento de tal institución.

Aunque las enmiendas de la Constitución constituyen un paso importante en la dirección adecuada, es necesario llevar a cabo una amplia consulta pública, en la que participen plenamente todos los partidos políticos y la sociedad, a fin de reforzar el apoyo que reciben las reformas constitucionales. También es esencial garantizar la aplicación adecuada de las reformas a través de la legislación pertinente. Una nueva Constitución civil sentaría una base sólida para el ulterior fortalecimiento de la democracia en Turquía, en línea con las normas europeas y los criterios de adhesión de la UE.

En cuanto a los derechos fundamentales, es preciso reforzar la legislación relativa a la libertad de expresión y de los medios de comunicación y su aplicación práctica. Aún existen deficiencias por lo que respecta a la libertad de culto. También se necesitan avances en los ámbitos de los derechos de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres y la garantía plena de los derechos sindicales. La «apertura democrática» en relación con la cuestión kurda tan solo ha logrado resultados limitados. La situación de inseguridad en el sudeste del país ha empeorado y se han reproducido los ataques de la organización terrorista PKK/Kongra-Gel. Se han logrado algunos avances en la lucha contra la corrupción.

Las negociaciones de adhesión han avanzado, aunque con bastante lentitud. Se ha alcanzado una fase exigente, que requiere que Turquía redoble sus esfuerzos para cumplir las condiciones establecidas. Si avanza en el respeto de los parámetros y los requisitos especificados en el Marco de Negociación, Turquía podrá acelerar el ritmo de las negociaciones. Durante los próximos meses debería dar especial prioridad a los capítulos relativos a política de competencia, contratación pública, empleo y política social.

En el marco de su política exterior, Turquía ha comenzado a desplegar una mayor actividad en el conjunto de las aéreas vecinas. Se trata de un activo para la Unión Europea, siempre que se desarrolle a modo de complemento del proceso de adhesión del país y en coordinación con la UE. Turquía ha formulado distintas propuestas para estrechar la cooperación con la UE en el ámbito de la política exterior. También se han hecho avances considerables en las negociaciones relativas a la celebración de un acuerdo de readmisión con el país.

Turquía ha seguido expresando apoyo público en favor de las negociaciones que, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, celebran los líderes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota para alcanzar una solución al problema de Chipre. Sin embargo, no se han registrado avances en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Turquía no ha aplicado plenamente el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación ni ha suprimido todos los obstáculos que impiden la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones que pesan sobre las conexiones directas de transporte con Chipre. Urge que Turquía cumpla su obligación de aplicar de manera íntegra y no discriminatoria el Protocolo Adicional e impulse la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. La UE seguirá controlando y revisando los avances realizados en relación con las cuestiones contempladas en la Declaración de 21 de septiembre de 2005, de conformidad con las Conclusiones del Consejo, en particular las de diciembre de 2006 y diciembre de 2009. Si no se registra ningún avance, la Comisión recomendará que la UE mantenga las medidas que aplica desde 2006, que afectarán constantemente al desarrollo general de las negociaciones.

Turquía debe redoblar los esfuerzos para resolver las cuestiones bilaterales pendientes, incluidas las disputas fronterizas con sus vecinos. La mejora de las relaciones con Grecia ha cobrado nuevo impulso. Grecia ha denunciado en numerosas ocasiones, ante las instancias oficiales, la violación de su espacio aéreo por parte de Turquía, incluidos vuelos sobre las islas griegas. Grecia también presentó quejas por violaciones de sus aguas territoriales. Todavía no se han ratificado los protocolos relativos a la normalización de las relaciones con Armenia firmados en 2009.

4.3. Inicio del proceso de adhesión de Islandia

El proceso de adhesión de Islandia ha comenzado. Siguiendo la recomendación formulada por la Comisión en su dictamen de febrero de 2010 y la decisión del Consejo Europeo de junio, las negociaciones de adhesión se abrieron en julio de 2010 y el escrutinio del acervo comenzará en breve. A partir de ahora, Islandia forma parte de los países que pueden recibir asistencia del IAP para completar los preparativos de cara a la incorporación a la UE.

Se han hecho avances notables en la mejora del marco jurídico relacionado con los conflictos de intereses y la financiación de los partidos políticos. Se han modificado las normas de nombramiento de jueces con objeto de reforzar aún más la independencia del poder judicial. Se han tomado medidas importantes de estabilización económica. Se ha progresado en la consolidación de las finanzas públicas y el restablecimiento del sistema financiero. El programa del FMI avanza adecuadamente. Persisten, no obstante las incertidumbres y las dificultades económicas. Islandia tendrá que cumplir las obligaciones existentes, en particular las citadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC en el marco del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Se necesitan esfuerzos considerables para garantizar que los ciudadanos islandeses estén adecuadamente informados sobre lo que supone la incorporación a la UE.

5. Conclusiones y Recomendaciones

Sobre la base de lo antedicho, la Comisión propone las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. La ampliación refuerza la paz y la estabilidad en Europa. Redunda en el interés estratégico de la UE impulsar el proceso de ampliación sobre la base de los principios y condiciones acordados y del consenso renovado sobre la ampliación aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 2006. Es necesario el firme compromiso político de todos los interesados para conseguir que la ampliación sea un éxito. La ampliación debe seguir siendo creíble para todos los afectados. Los países candidatos tienen que estar bien preparados, respetar unas condiciones rigurosas y contar con una perspectiva europea clara y tangible, una vez que cumplan las condiciones.

2. El proceso de ampliación ayuda a la UE a facilitar la consecución de sus objetivos políticos en diversos ámbitos clave para la recuperación económica y para el crecimiento sostenible, como la convergencia normativa y el mercado interior, la energía, el transporte, la protección del medio ambiente y los esfuerzos para limitar el cambio climático, así como para lograr que la UE sea un lugar más seguro.

3. La Comisión reforzará todavía más el seguimiento de las políticas macroeconómicas de los países de la ampliación, teniendo en cuenta la evolución de la gobernanza económica de la UE. La Comisión espera que los países de la ampliación prosigan sus reformas relacionadas con la UE y que mejoren su entorno empresarial, contribuyendo así a superar la crisis económica y a lograr un crecimiento sostenible. La Comisión asociará a los países de la ampliación a las iniciativas adoptadas en la UE para cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Se invita a los países de la ampliación a reflejar los objetivos de dicha Estrategia en sus prioridades políticas nacionales, a participar en los grupos de política regional con el objetivo de analizar periódicamente los resultados de estas reformas y a establecer objetivos específicos para la región, cuando sea necesario.

4. La Comisión anima a los países de la ampliación a trabajar para mejorar las condiciones de los grupos vulnerables, en particular la integración social y económica de la población romaní. La Comisión se compromete a apoyarles en este esfuerzo.

5. La Comisión dará una constante prioridad a la reforma judicial y de la administración pública, a la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción y al refuerzo del diálogo sobre el Estado de Derecho con los países de la ampliación, la mayoría de los cuales deben hacer progresos sustanciales para consolidar el Estado de Derecho y, en particular, para acumular una trayectoria creíble en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción.

6. La libertad de expresión y de los medios de comunicación sigue siendo una preocupación en la mayor parte de los países de la ampliación y los problemas detectados deben ser abordados prioritariamente. El avance en este ámbito es esencial y será supervisado con atención por la Comisión. La Comisión seguirá apoyando a las organizaciones sociales y para ello hará un uso pleno de sus mecanismos en este ámbito.

7. La cooperación regional es un elemento esencial del Proceso de Estabilización y Asociación. Los Balcanes Occidentales han realizado grandes avances en la cooperación regional, hecho que no debe ser socavado por las divergencias sobre Kosovo. El Consejo de Cooperación Regional tiene que centrarse en la aplicación de su estrategia orientada a la obtención de resultados comprobables.

8. Se ha avanzado considerablemente en la liberalización del régimen de visados y ya no existe obligación de visado para los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. En breve, la exigencia de visado para Bosnia y Herzegovina y Albania será eliminada, siempre que se demuestre claramente que estos países también cumplen las condiciones establecidas. Se precisan esfuerzos adicionales de los países afectados para informar a sus ciudadanos sobre el alcance y los límites del régimen de exención de visados, para seguir de cerca su aplicación y, en su caso, para adoptar las medidas correctivas necesarias.

9. Los asuntos bilaterales deben ser resueltos por las partes interesadas, en un espíritu de buena vecindad y teniendo en cuenta los intereses generales de la UE y sin paralizar el proceso de adhesión. La UE está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones y a apoyar iniciativas con este fin. Ha llegado el momento de que la región supere el legado de los conflictos del pasado, sobre la base del reciente impulso positivo en materia de reconciliación. Unas buenas relaciones de vecindad siguen siendo vitales.

10. La Comisión recuerda que los capítulos de negociación cuyos preparativos técnicos han concluido deben ser abiertos o cerrados provisionalmente sobre la base del acervo, en consonancia con los marcos de negociación, y sin perjuicio de las medidas acordadas por el Consejo. Redunda en interés de la UE abordar cuanto antes, durante las negociaciones, los capítulos difíciles, incluido el relativo al poder judicial y los derechos fundamentales, lo que exige contar con una trayectoria convincente y creíble; por lo tanto, es probable que éste sea uno de los últimos capítulos en cerrarse.

11. La ayuda de preadhesión forma parte integrante de la estrategia de ampliación y está concebida para contribuir a alcanzar las prioridades enumeradas en los informes sobre las asociaciones y en los informes intermedios. Los países beneficiarios deben reforzar su capacidad para utilizar con eficacia los fondos de la UE.

12. La Comisión invita a los Estados miembros a colaborar con las instituciones de la UE para fortalecer la comprensión y el apoyo al proceso de ampliación y para explicar cómo puede ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos comunes. La Comisión se compromete a mejorar el flujo de información objetiva sobre el proceso de ampliación, presentada en un formato de uso fácil, a través de los diferentes medios de comunicación disponibles.

13. Croacia ha logrado avances notables de cara a cumplir los criterios para la adhesión y las negociaciones de adhesión han alcanzado la fase final. La plena cooperación con el TPIY sigue siendo un requisito para que el proceso de adhesión de Croacia pueda avanzar, de conformidad con el Marco de Negociación. La Comisión considera que las negociaciones deben concluir una vez que Croacia haya cumplido los criterios pendientes de cierre, en particular en el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales, sin olvidar la lucha contra la corrupción, eliminando así la necesidad de que la UE considere un mecanismo de cooperación y verificación tras la adhesión. La Comisión seguirá con atención los avances de Croacia en el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales y hará un balance de la situación en el primer trimestre de 2011.

14. Turquía ha continuado su proceso de reforma política, en particular mediante la reforma de su Constitución, aunque se precisan más resultados en materia de derechos fundamentales, apertura democrática y participación de todos los interesados en el proceso de reforma. Garantizar la libertad de expresión en la práctica es particularmente difícil. Las negociaciones de adhesión han avanzado, aunque con bastante lentitud. Al progresar en el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el Marco de Negociación, Turquía podrá acelerar el ritmo de las negociaciones. Ahora es urgente que Turquía cumpla su obligación de aplicar de forma íntegra y no discriminatoria el Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación y de avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. La UE continuará siguiendo de cerca y examinando los avances en los temas cubiertos por la Declaración de 21 de septiembre de 2005, de conformidad con las conclusiones del Consejo, incluidas las conclusiones de diciembre de 2006 y diciembre de 2009. A falta de avances, la Comisión recomienda que la UE mantenga sus medidas de 2006, lo que tendrá un efecto continuo en el avance general de las negociaciones.

15. En cuanto a la cuestión de Chipre, los líderes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota prosiguen las negociaciones para un acuerdo general bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La Comisión apoya tales esfuerzos y facilita asesoramiento técnico sobre cuestiones de competencia de la UE. La Comisión hace un llamamiento a ambos líderes para que redoblen sus esfuerzos con vistas a concluir con éxito y cuanto antes sus conversaciones y reitera su llamamiento a Turquía para que contribuya de forma concreta a una solución al problema de Chipre.

16. El proceso de adhesión de Islandia se ha puesto en marcha. Siguiendo la recomendación de la Comisión en su Dictamen de febrero de 2010 y la decisión del Consejo Europeo de junio, las negociaciones de adhesión se abrieron en julio de 2010 y pronto comenzará el análisis del acervo de la UE con Islandia. Islandia tendrá que hacer frente a las obligaciones existentes, tales como las citadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC en el marco del Acuerdo EEE. Se precisan esfuerzos considerables para garantizar que los ciudadanos islandeses sean bien informados sobre las implicaciones de la adhesión a la UE.

17. La Antigua República Yugoslava de Macedonia sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. Se han registrado avances en ámbitos clave de las reformas, aunque a un ritmo desigual. Es necesario realizar esfuerzos particulares en lo que respecta a la reforma judicial y de la administración pública. La Comisión reitera su recomendación de que se abran las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Resulta esencial el mantenimiento de buenas relaciones de vecindad, incluida una solución negociada y mutuamente aceptada a la cuestión de la denominación, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

18. En sus dictámenes aprobados hoy, la Comisión recomienda abrir las negociaciones de adhesión con Montenegro y Albania una vez que estos países hayan alcanzado el grado necesario de cumplimiento de los criterios de adhesión establecidos en 1993 por el Consejo Europeo de Copenhague. En particular, Montenegro y Albania deben cumplir las prioridades clave específicas establecidas en cada Dictamen. La Comisión recomienda que el Consejo conceda el estatuto de país candidato a Montenegro y urge a Albania a intensificar sus esfuerzos para sacar provecho de los avances logrados hasta la fecha. El informe intermedio de la Comisión sobre la marcha de ambos países con respecto al paquete de ampliación de 2011 se centrará, en particular, en la aplicación de las prioridades clave que deben abordarse con miras a la apertura de las negociaciones de adhesión.

19. Serbia solicitó su adhesión a la UE en diciembre de 2009 y en octubre de 2010 el Consejo invitó a la Comisión a presentar su dictamen. Serbia ha seguido aplicando su programa de reformas políticas y obteniendo resultados en la aplicación del Acuerdo Interino. Se encuentra en una buena posición para cumplir los requisitos establecidos por el AEA. Serbia ha dado pasos importantes en pro de la reconciliación en la región. Se precisan esfuerzos adicionales en materia de reforma judicial y de la administración pública, así como de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Serbia ha continuado su cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Sin embargo, los dos últimos fugitivos del TPIY siguen en libertad. La plena cooperación con el Tribunal sigue siendo una condición esencial para la adhesión a la UE, tal como se establece en las conclusiones del Consejo de 25 de octubre de 2010. Serbia debe demostrar una actitud más constructiva hacia la participación de Kosovo en el comercio y la cooperación regionales y debe reforzar su cooperación con la misión EULEX en pro del Estado de Derecho en el norte de Kosovo.

20. A raíz de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la UE facilitará un proceso de diálogo entre Belgrado y Pristina para promover la cooperación, lograr progresos en la senda hacia la UE y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

21. El proceso de descentralización en Kosovo ha avanzado significativamente y la cooperación con la misión EULEX ha aumentado. El Gobierno ha mejorado su capacidad para ejecutar la agenda europea de Kosovo y la política de reformas. Sin embargo, sigue habiendo importantes retos en materia de Estado de Derecho, como la reforma judicial y de la administración pública, o la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales. El diálogo y la reconciliación entre comunidades y la protección e integración de las minorías, en particular los serbios de Kosovo, siguen siendo campos problemáticos. Las autoridades deben garantizar un enfoque constructivo en pro de la participación de Kosovo en los foros de cooperación regional, con el fin de ajustarse a los avances que se producen a escala regional.

La Comisión prosigue con las iniciativas descritas en su Comunicación de octubre de 2009 sobre Kosovo, en línea con las conclusiones del Consejo de diciembre de 2009. La Comisión acoge con satisfacción los recientes progresos realizados en Kosovo en lo relativo a la adopción de legislación en materia de readmisión y de elaboración de un plan de acción de reintegración de los repatriados al que se han asignado recursos específicos. Siempre que su aplicación continúe, la Comisión se compromete a iniciar un diálogo sobre la liberalización del régimen de visados en breve. La Comisión ayuda a Kosovo a establecer las condiciones necesarias para un posible acuerdo comercial con la UE. Una vez que Kosovo cumpla las condiciones pertinentes, la Comisión propondrá directrices de negociación para un acuerdo comercial. La Comisión propondrá la posibilidad de que Kosovo participe en los programas pertinentes de la Unión, tales como Europa para los Ciudadanos y Cultura. La Comisión propondrá directrices de negociación para un acuerdo marco a dicho efecto.

22. Bosnia y Herzegovina necesitan formar un Gobierno comprometido con el futuro del país en el seno de la UE y acelerar las reformas pertinentes. Bosnia y Herzegovina debería dar urgentemente los primeros pasos para adaptar su Constitución al Convenio Europeo de Derechos Humanos y para mejorar el funcionamiento de sus instituciones. El país debe estar en condiciones de adoptar, aplicar y hacer cumplir las leyes y normas de la UE. En cuanto a las obligaciones internacionales, sigue siendo esencial avanzar en el cumplimiento de los objetivos y condiciones que se han establecido para el cierre de la Oficina del Alto Representante. La UE, a través de su presencia reforzada, ayudará a Bosnia y Herzegovina a aplicar los objetivos de la agenda de la UE.

23. En general, los informes intermedios de 2010 indican que el proceso de ampliación de la UE avanza a un ritmo determinado en gran parte por la capacidad demostrada por los países candidatos para asumir las obligaciones de la adhesión. Esto requiere reformas duraderas así como adaptaciones legislativas e institucionales que sean creíbles y convincentes. Como los países en cuestión cumplen las normas establecidas y en particular las relativas a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales, la UE se compromete a trabajar con ellos para avanzar hacia los siguientes pasos del proceso.

ANEXO 1

Conclusiones y recomendaciones de los Dictámenes de la Comisión sobre las solicitudes de adhesión de Montenegro y Albania

Montenegro

Montenegro ha avanzado en el cumplimiento de los criterios relativos a la estabilidad de las instituciones garantes de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, así como de las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación. No obstante, se precisan esfuerzos adicionales.

Por lo que respecta a los criterios económicos, Montenegro ha logrado un cierto grado de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, para llegar a ser una economía de mercado en funcionamiento, tal como estableció el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, Montenegro debe corregir los desequilibrios internos y externos, así como las deficiencias existentes, sobre todo en el sector financiero y en el funcionamiento de los mercados laborales, y fortalecer el Estado de Derecho. Con el fin de poder hacer frente a medio plazo a la presión competitiva y a las fuerzas de mercado dentro de la Unión, Montenegro tiene que reforzar su infraestructura física y su capital humano y continuar aplicando reformas estructurales.

La trayectoria de Montenegro en la ejecución de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Estabilización y Asociación es generalmente positiva.

A medio plazo, Montenegro estaría en condiciones de asumir las obligaciones de la adhesión en la mayoría de los campos del acervo, a condición de que continúe el proceso de adecuación y de que realice esfuerzos considerables y sostenidos para asegurar la aplicación y el cumplimiento de la legislación. Deberá prestarse una especial atención a los siguientes ámbitos: libre circulación de mercancías, legislación sobre propiedad intelectual, agricultura y desarrollo rural, seguridad alimentaria, política veterinaria y fitosanitaria, pesca, estadísticas, política social y empleo, política regional y coordinación de los instrumentos estructurales, poder judicial y derechos fundamentales, justicia, libertad y seguridad, y control financiero. La plena adecuación al acervo en el ámbito del medio ambiente solo podrá lograrse a largo plazo y requerirá mayores niveles de inversión; los esfuerzos en este ámbito deben acelerarse.

La adhesión de Montenegro tendría un escaso impacto en las políticas de la Unión y no afectaría a la capacidad de la Unión de mantener y profundizar su propio desarrollo.

La Comisión considera que las negociaciones para la adhesión a la UE de Montenegro deberán iniciarse una vez que el país haya alcanzado el necesario grado de cumplimiento de los criterios de adhesión y, en particular, de los criterios políticos de Copenhague, que requieren una estabilidad institucional que garantice especialmente el Estado de Derecho. En este sentido, Montenegro deberá, en concreto, cumplir las siguientes prioridades clave:

- Mejorar el marco legislativo electoral de acuerdo con las recomendaciones de la OIDDH de la OSCE y la Comisión de Venecia; reforzar la función legislativa y de control del Parlamento.

- Completar los pasos esenciales en la reforma de la administración pública, incluidas modificaciones de la ley sobre procedimientos administrativos y de la ley sobre funcionarios y empleados del Estado, y fortalecimiento del Organismo de Gestión de los Recursos Humanos y de la Auditoría del Estado, con el fin de mejorar la profesionalidad, de despolitizar la administración pública y de primar un enfoque transparente para los nombramientos y ascensos, basado en el mérito.

- Fortalecer el Estado de Derecho, en particular a través de nombramientos despolitizados y por méritos de los miembros de los consejos de la judicatura, de la fiscalía y de los fiscales, así como reforzando la independencia, autonomía, eficiencia y responsabilidad de jueces y fiscales.

- Mejorar el marco jurídico para la lucha contra la corrupción y aplicar la estrategia anticorrupción y el plan de acción del Gobierno en la materia, establecer una trayectoria sólida en materia de impulso a las investigaciones preventivas, los enjuiciamientos y las condenas en casos de corrupción en todos los niveles.

- Reforzar la lucha contra la delincuencia organizada basada en investigaciones preventivas sobre la evaluación de amenazas, una mayor cooperación con los socios regionales y de la UE, un tratamiento eficaz de la información sobre delitos penales y una mayor capacidad policial, judicial y de coordinación. Desarrollar una sólida base en este ámbito.

- Consolidar la libertad de prensa, en particular mediante la adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre difamación, y mayor cooperación con la sociedad civil.

- Aplicar el marco jurídico y político en materia de lucha contra la discriminación en consonancia con las normas europeas e internacionales; garantizar el estatuto jurídico de las personas desplazadas, en particular romaníes, asjali y egipcios, y el respeto de sus derechos. Esto incluye la adopción y aplicación de un plan viable para el cierre del campo de Konik.

Se invita a Montenegro a perseverar en su compromiso constructivo en pro de la cooperación regional y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos, aunque todavía quedan cuestiones bilaterales pendientes que deben ser abordadas. El AEA tiene que seguir aplicándose armoniosamente y, en este contexto, debe prestarse atención a las deficiencias detectadas en ámbitos como las ayudas estatales y el tránsito. Además, se insta a Montenegro a seguir mejorando su capacidad administrativa en todos los ámbitos; este esfuerzo es especialmente necesario en materia de eficacia e imparcialidad de la administración del Estado en ámbitos delicados como la protección del medio ambiente. Los casos de violencia e intimidación contra periodistas y activistas de ONG tienen que ser convenientemente enjuiciados y deben abordarse la violencia doméstica, los malos tratos y las deficientes condiciones de las cárceles.

A la luz de los avances realizados hasta la fecha, la Comisión recomienda que el Consejo conceda a Montenegro el estatuto de país candidato.

La Comisión supervisará los avances de las reformas necesarias en el marco institucional del Acuerdo de Estabilización y Asociación y seguirá apoyando los esfuerzos mediante el instrumento financiero IAP. En el paquete de ampliación de 2011 la Comisión presentará un informe sobre los avances de Montenegro que se centrará especialmente en la aplicación de las prioridades clave pendientes con miras a la apertura de las negociaciones de adhesión.

Albania

Albania ha avanzado en el cumplimiento de los criterios relativos a la estabilidad de las instituciones garantes de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, así como de las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación. No obstante, se precisan esfuerzos adicionales.

Por lo que respecta a los criterios económicos, Albania ha logrado un cierto grado de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, para llegar a ser una economía de mercado en funcionamiento, tal como estableció el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, Albania debe fortalecer aún más la gobernabilidad, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, garantizar el reconocimiento de los derechos de propiedad y fortalecer el Estado de Derecho. Con objeto de que pueda hacer frente a medio plazo a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión, Albania tiene que reforzar su infraestructura física y su capital humano y llevar a cabo nuevas reformas estructurales.

Los resultados de Albania en la ejecución de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Estabilización y Asociación son generalmente positivos.

A medio plazo, Albania estaría en condiciones de asumir las obligaciones de la adhesión en la mayoría de los campos del acervo, a condición de que continúe el proceso de adecuación y de que realice esfuerzos considerables y sostenidos para asegurar la aplicación y el cumplimiento de la legislación. Deberá prestarse una especial atención a los siguientes ámbitos: libre circulación de mercancías, derecho de propiedad intelectual, sociedad de la información y medios de comunicación, agricultura y desarrollo rural, seguridad alimentaria, política veterinaria y fitosanitaria, pesca, política de transportes, política social y empleo, política regional y coordinación de los instrumentos estructurales, poder judicial y derechos fundamentales, justicia, libertad y seguridad, y control financiero. El pleno cumplimiento del acervo en el ámbito del medio ambiente solo podrá lograrse a largo plazo y requerirá mayores niveles de inversión; los esfuerzos en este ámbito deben acelerarse.

La adhesión de Albania tendría un escaso impacto en las políticas de la Unión y no afectaría a la capacidad de la Unión de mantener y profundizar su propio desarrollo.

La Comisión considera que las negociaciones para la adhesión a la UE de Albania deberán iniciarse una vez que el país haya alcanzado el necesario grado de cumplimiento de los criterios de adhesión y, en particular, de los criterios políticos de Copenhague, que requieren una estabilidad institucional que garantice especialmente el Estado de Derecho. En este sentido, Albania deberá, en concreto, cumplir las siguientes prioridades clave:

- Garantizar el buen funcionamiento del Parlamento sobre la base de un diálogo político constructivo y continuo entre todos los partidos políticos.

- Adoptar las leyes pendientes que requieren una mayoría cualificada en el Parlamento.

- Nombrar al Defensor del Pueblo y garantizar una adecuada audiencia y la votación en el Parlamento para el nombramiento de los cargos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

- Modificar el marco legislativo electoral de acuerdo con las recomendaciones de la OIDDH de la OSCE.

- Garantizar la celebración de las elecciones de conformidad con las normas europeas e internacionales.

- Completar los pasos esenciales de la reforma de la administración pública, incluida la modificación de la ley de la función pública y el fortalecimiento del Ministerio de Administración Pública, con el fin de mejorar la profesionalidad y la despolitización de la administración pública y de primar un enfoque transparente de los nombramientos y ascensos, basado en el mérito.

- Fortalecer el Estado de Derecho mediante la adopción y aplicación de una estrategia de reforma del poder judicial que garantice la independencia, eficiencia y responsabilidad de las instituciones judiciales.

- Aplicar eficazmente la estrategia y el plan de acción del Gobierno contra la corrupción; eliminar los obstáculos a las investigaciones, en particular las relativas a jueces, ministros y parlamentarios; y establecer una trayectoria sólida en materia de investigaciones preventivas, enjuiciamientos y condenas en casos de corrupción en todos los niveles.

- Reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, basada en la evaluación de amenazas y en investigaciones preventivas, una mayor cooperación con los socios regionales y de la UE y una mejor coordinación de las instancias policiales y judiciales. Obtener resultados demostrables en este ámbito.

- Elaborar, aprobar y aplicar una estrategia nacional y un plan de acción sobre los derechos de propiedad, tras una amplia consulta a los interesados y teniendo en cuenta la jurisprudencia del TEDH; la estrategia debe cubrir la restitución, la indemnización y los procesos de legalización.

- Tomar medidas concretas para reforzar la protección de los derechos humanos, en particular de las mujeres, los niños y los romaníes, y para aplicar eficazmente las políticas de lucha contra la discriminación.

- Adoptar medidas adicionales para mejorar el trato dado a los detenidos en las comisarías de policía, durante la detención preventiva y en las cárceles. Reforzar el seguimiento judicial de los casos de malos tratos y mejorar la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo en este ámbito.

Se invita a Albania a perseverar en su compromiso constructivo en pro de la cooperación regional y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos. El AEA tiene que seguir aplicándose armoniosamente y, en este contexto, debe prestarse atención al respeto de los plazos de los compromisos. Además, se insta a Albania a seguir mejorando su capacidad administrativa en todos los ámbitos. Debe reforzarse la cooperación con la sociedad civil. Albania debe consagrar recursos apropiados para garantizar un funcionamiento efectivo de sus instituciones de derechos humanos y redoblar sus esfuerzos en materia de protección de las minorías. Es necesario consolidar la libertad de los medios de información y su independencia y luchar contra la prevalencia de las influencias políticas.

La Comisión supervisará los avances de las reformas necesarias en el marco institucional del Acuerdo de Estabilización y Asociación y seguirá apoyando los esfuerzos mediante el instrumento financiero IAP. En el paquete de ampliación de 2011 la Comisión presentará un informe sobre los avances de Albania que se centrará especialmente en la aplicación de las prioridades clave pendientes con miras a la apertura de las negociaciones de adhesión.

ANEXO 2

Conclusiones de los informes de evolución sobre Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo, Turquía e Islandia

Croacia

Croacia sigue cumpliendo los criterios políticos. Se han realizado avances en numerosas áreas, por ejemplo en el ámbito del Estado de Derecho. No obstante, es preciso proseguir e intensificar los esfuerzos desplegados, en particular en el ámbito de la reforma judicial y administrativa, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el respeto y la protección de las minorías y el regreso de los refugiados.

Se ha profundizado la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. El Gobierno y el Parlamento han proseguido su labor con eficacia. Sin embargo, es necesario mejorar la capacidad del Parlamento para supervisar el proceso legislativo. Aunque ha proseguido la reforma judicial, persisten escollos significativos, relacionados especialmente con la eficiencia, la independencia y la responsabilidad en el ámbito judicial.

En el ámbito de la reforma de la administración pública se han registrado avances limitados. Ha entrado en vigor la Ley sobre procedimientos administrativos y se han aprobado una estrategia de desarrollo de los recursos humanos y un plan de acción para la función pública. No obstante, la administración pública adolece todavía de algunas deficiencias, como los procedimientos administrativos complejos, la politización y la gestión deficiente de los recursos humanos. Para lograr resultados tangibles, es necesario un compromiso político más firme y una mejor coordinación entre las principales instancias a nivel central, regional y local.

Ha proseguido la reforma judicial. Se ha reducido el número de asuntos pendientes en los tribunales y se ha reforzado la independencia judicial mediante diversas reformas constitucionales. El proceso de reforma no ha materializado todavía, empero, los principales resultados previstos. Persisten algunas dificultades, en particular en relación con la aplicación de criterios transparentes para el nombramiento de jueces y fiscales, la reducción del número de asuntos pendientes, la duración de los procedimientos y la garantía de ejecución de las decisiones. Se han registrado algunos avances por lo que respecta al tratamiento de las causas por crímenes de guerra, incluida la revisión de algunos veredictos cuestionables de los años noventa. No obstante, persiste el problema de la impunidad, especialmente en relación con los delitos cometidos contra personas de etnia serbia, muchos de los cuales no han sido adecuadamente investigados.

Se han registrado avances notables en la lucha contra la corrupción. Ha mejorado la ejecución y la coordinación de las medidas anticorrupción. La Oficina de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada ha proseguido su labor y ha formulado acusaciones en algunos casos destacados. Ha aumentado el número de sentencias judiciales. Se ha incluido en la Constitución el derecho a la obtención de información de organismos públicos. No obstante, la corrupción sigue estando generalizada en numerosos ámbitos. Todavía no se ha comprobado plenamente el funcionamiento práctico de las estructuras jurídicas y administrativas recientemente actualizadas, en particular la capacidad de los tribunales para tratar un número cada vez mayor de asuntos de complejidad creciente. Tampoco se cuenta con resultados demostrables en materia de investigación efectiva, procesamiento y sentencias judiciales, especialmente para los casos de corrupción a alto nivel. Los avances han sido escasos en la prevención de los conflictos de intereses. La mejora ha sido limitada en la aplicación de la legislación sobre acceso a la información. Persisten deficiencias en lo tocante a la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales.

Se han realizado algunos avances en el ámbito de los derechos humanos y protección de las minorías. En general, la protección de los derechos humanos está garantizada, pero persisten algunos obstáculos importantes por lo que respecta a la ejecución de las disposiciones. En cuanto al acceso a la justicia, se ha emprendido una reforma de gran calado del sistema de justicia administrativa. En la actualidad se presta asistencia jurídica gratuita financiada por el Estado, pero los procedimientos son complicados y el nivel general de asistencia prestada es bajo. Por lo que respecta al sistema de prisiones, se han adoptado medidas legislativas para mejorar las condiciones penitenciarias a través de la introducción prevista de un sistema de libertad condicional. No se han corregido las condiciones de hacinamiento ni la inadecuada protección de la salud en las cárceles. En cuanto a los malos tratos, el Defensor del Pueblo ha seguido recibiendo denuncias de uso una fuerza desproporcionada por parte de la policía.

La libertad de expresión, incluidos la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, está garantizada por la ley y en general se respeta. No obstante, algunos directores de periódicos y periodistas siguen denunciando presiones políticas. Persisten los problemas relacionados con la independencia de los medios de comunicación locales.

En el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres los avances han sido limitados. La situación de las mujeres en el mercado de trabajo apenas ha cambiado y el índice de desempleo femenino sigue siendo elevado. El Defensor del Menor ha incrementado su labor de fomento y protección de los derechos de la infancia. No obstante, carece de recursos adecuados para desempeñar plenamente su labor.

Se han registrado algunos avances por lo que respecta a las personas con discapacidad y socialmente vulnerables. Se está reforzando la capacidad de la Oficina del Defensor de las Personas con Discapacidad, sobre todo con vistas a extender su representación en las regiones. Existe, sin embargo, una falta de información sobre los derechos en el ámbito del bienestar social, la asistencia sanitaria y las pensiones. Los criterios de determinación de los derechos no se aplican de manera coherente y las disposiciones legislativas que rigen derechos concretos están fragmentadas. La transición de la asistencia en instituciones a servicios de asistencia locales ha avanzado lentamente.

Aunque se han dado algunos pasos para divulgar la nueva ley de lucha contra la discriminación, su conocimiento entre las autoridades y la ciudadanía es limitado y solo un pequeño número de denuncias de discriminación llegan a los tribunales. Ha habido algunos avances por lo que respecta a la legislación sobre delitos motivados por el odio, aunque la aplicación se encuentra en una fase inicial.

Se han registrado algunos avances por lo que respecta al respeto y la protección de las minorías y los derechos culturales. Cabe señalar la concesión de mayor atención a los aspectos relacionados con las minorías en un contexto de mejora de las relaciones regionales, en particular entre Croacia y Serbia. Se han reforzado las disposiciones constitucionales sobre las minorías. La minoría romaní ha seguido recibiendo atención, destacando especialmente las mejoras en el ámbito de la enseñanza preescolar. A pesar de las medidas de austeridad financiera, apenas se ha reducido la financiación destinada a las organizaciones de las minorías. Aún así, éstas se siguen enfrentando a numerosos problemas. Croacia debe seguir fomentando el espíritu de tolerancia hacia la minoría serbia. También debe adoptar medidas adecuadas para proteger a quienes todavía puedan ser objeto de amenazas o actos de discriminación, hostilidad o violencia. La minoría romaní vive en condiciones penosas y sigue encontrando dificultades en los ámbitos de la educación, la protección social, la asistencia sanitaria, el empleo y el acceso a documentación personal. Las minorías siguen afrontando dificultades en el ámbito del empleo y están infrarrepresentadas en la administración pública, el poder judicial, la policía y en el conjunto del sector público.

En relación con los refugiados se han registrado algunos avances. Los refugiados han seguido regresando a Croacia. En el ámbito de la vivienda se ha seguido prestando asistencia a los antiguos titulares de derechos de ocupación y arrendamiento. Se ha aprobado un plan revisado para agilizar la aplicación de los planes de acceso a la vivienda de 2009, que adolece de cierto retraso, con el objetivo de lograr su plena puesta en práctica en 2011. Se han realizado algunos avances en cuanto a la reconstrucción de edificios deteriorados y ha disminuido el número de recursos pendientes en relación con la denegación de solicitudes de ayuda para la reconstrucción. Ha proseguido la aplicación de la decisión relativa a la validación de los derechos de cobro de una pensión. Aún así, el avance en pos de la consecución de los objetivos de 2009 en el ámbito de la vivienda ha sido lento y aún no ha concluido la tramitación de varios miles de solicitudes de alojamiento ni se han proporcionado viviendas a los refugiados que regresan al país. Quedan pendientes muchos recursos relativos a solicitudes de reconstrucción de viviendas. Es preciso realizar esfuerzos para crear las condiciones necesarias para consolidar el regreso de los refugiados.

En cuanto a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, Croacia sigue cooperando con el TPIY. El grupo operativo especial establecido por el Gobierno ha de proseguir su labor de investigación del destino o paradero de los documentos de artillería desaparecidos que ha solicitado la Fiscalía del TPIY. El proceso de la Declaración de Sarajevo recibió un nuevo impulso tras la reunión ministerial celebrada en marzo de 2010 en Belgrado, en la que participaron Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia, que acordaron colaborar para aclarar las estadísticas sobre refugiados y se comprometieron a solventar una serie de cuestiones pendientes antes de finales de año.

Croacia ha seguido participando activamente en varias iniciativas regionales, como el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental (PCES), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). El Presidente croata ha adoptado un planteamiento dinámico en relación con la cooperación regional. Se siguen desarrollando las relaciones bilaterales con otros países interesados en la ampliación, como Serbia, y con Estados miembros de la UE vecinos. Las relaciones con Eslovenia han mejorado tras la firma del acuerdo de arbitraje internacional relativo a la frontera.

La crisis económica y financiera mundial ha afectado gravemente a la economía croata. El país entró en recesión en el primer trimestre de 2009 y no se registraron señales claras de recuperación hasta mediados de 2010. El desempleo, el déficit público y la deuda han aumentado notablemente; el endeudamiento externo se ha agravado y sigue constituyendo uno de los principales puntos vulnerables de la economía. Las políticas del Banco Central han preservado la estabilidad monetaria y el sector financiero ha atravesado relativamente bien la crisis.

En cuanto a los criterios económicos, Croacia es una economía de mercado en funcionamiento. Debería poder afrontar las presiones de la competencia y las fuerzas de mercado dentro de la Unión, a condición de que aplique con determinación su amplio programa de reformas, a fin de corregir las debilidades estructurales.

Se ha mantenido un amplio consenso político sobre los aspectos fundamentales de una economía de mercado. El Programa de Recuperación Económica ha permitido dar una orientación a medio plazo a la política económica. La contribución del Programa al crecimiento y la competitividad internacional de Croacia depende de su aplicación efectiva. Vistas las limitaciones existentes, la política macroeconómica ha sido, en términos generales, adecuada para paliar las consecuencias de la crisis económica y financiera mundial. La política monetaria ha logrado mantener el tipo de cambio y la estabilidad financiera, aliviando al mismo tiempo las presiones de liquidez. El déficit por cuenta corriente se ha reducido a consecuencia de la recesión y las presiones inflacionistas han seguido disminuyendo. El sector bancario ha soportado las sacudidas.

No obstante, las reformas estructurales han avanzado generalmente a un ritmo muy lento, en particular por lo que respecta a la privatización y la reestructuración de las empresas que generan pérdidas. El mercado de trabajo sigue siendo muy rígido y los bajos índices de empleo y participación han disminuido aún más durante la recesión. En el ámbito fiscal, las autoridades han tomado medidas limitadas para contener el crecimiento del déficit e incrementar la eficiencia del gasto público. Las transferencias sociales siguen siendo elevadas y no están adecuadamente enfocadas, y un gran número de empresas de propiedad estatal ha seguido recibiendo apoyo estatal en forma de subvenciones y garantías directas e indirectas. Un reto clave para lograr la sostenibilidad fiscal a medio plazo sigue siendo mejorar el proceso y la disciplina presupuestarios e incrementar la eficiencia del gasto público. El clima para las inversiones sigue lastrado por un marco reglamentario gravoso y numerosos impuestos parafiscales.

Croacia ha mejorado su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión. Los preparativos para cumplir los requisitos de la UE han seguido progresando adecuadamente y ya se ha logrado un buen grado de adaptación a las normas de la UE en casi todos los sectores. Se han logrado nuevos avances en la mayoría de los ámbitos, incluidos aquellos capítulos en los que el nivel de adaptación ya es alto. Son necesarios esfuerzos adicionales en determinados campos, con el fin reforzar la capacidad administrativa necesaria para la aplicación adecuada del acervo.

En el ámbito de la libre circulación de mercancías se han logrado avances notables y la adaptación al acervo está muy adelantada. Es necesario realizar esfuerzos adicionales, empero, sobre todo en materia de evaluación de la conformidad, metrología y supervisión del mercado. Croacia debe completar la adaptación al acervo y reforzar la capacidad de aplicación. Se han registrado avances notables en el ámbito de la libre circulación de trabajadores, lográndose un nivel satisfactorio de adaptación de la legislación. Se necesitan medidas adicionales dirigidas especialmente a incrementar la coordinación de los sistemas de seguridad social.

En el ámbito del derecho de establecimiento y libertad de prestación de servicios se han realizado avances, en particular por lo que respecta al reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y a los servicios postales. Generalmente, la adaptación al acervo es satisfactoria. Se debe incrementar la labor para completar la adaptación al acervo, sobre todo en el ámbito del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, y transponer la Directiva sobre los servicios. Procede proseguir la labor de mejora de la capacidad administrativa.

En el ámbito de la libre circulación de capitales ha seguido avanzando la adaptación al acervo. Es preciso proseguir los esfuerzos para completar la liberalización de los movimientos de capital y consolidar la garantía del cumplimiento de la legislación de lucha contra el blanqueo de dinero.

Se han registrado avances notables en el ámbito de la contratación pública, en concreto en la mejora de la capacidad de las principales instancias para coordinar y ejecutar la política de contratación pública. Se ha de seguir mejorando la capacidad de aplicar eficientemente la normativa en todos los niveles del sistema de contratación.

Cabe señalar algunos avances en el capítulo relativo al Derecho de sociedades. La adaptación al acervo progresa adecuadamente. Son necesarios esfuerzos adicionales en el ámbito de la auditoría.

Se han registrado avances en el ámbito del Derecho de propiedad intelectual. La adaptación al acervo está sumamente adelantada y también se han realizado avances por lo que respecta a la garantía del cumplimiento de las disposiciones. Se ha de aumentar la sensibilización general en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual.

Se han logrado avances significativos en el ámbito de la política de competencia, en especial de cara a la finalización del procedimiento de licitación para la reestructuración de los astilleros. En general, la adaptación al acervo es satisfactoria, pero todavía es necesario adoptar planes ajustados al acervo sobre ayudas estatales que permitan reestructurar los astilleros en crisis, mejorar la actuación de la Agencia Croata de Defensa de la Competencia frente a los cárteles y perfeccionar su capacidad administrativa, sobre todo en el ámbito de lucha contra los monopolios. Es preciso completar la adaptación de la Ley de radiodifusión de Croacia. También se deben actualizar los planes nacionales de reestructuración de la siderurgia.

Cabe señalar avances sustanciales en el ámbito de los servicios financieros, tanto por lo que respecta a la adaptación de la legislación como en lo tocante al fortalecimiento de los recursos administrativos. Es necesario, empero, seguir reforzando la capacidad administrativa de los organismos reguladores.

Croacia ha avanzado significativamente en el ámbito de sociedad de la información y medios de comunicación, alcanzando un elevado nivel de adaptación al acervo. No obstante, se necesitan esfuerzos constantes para reforzar la capacidad de los dos organismos nacionales de regulación de modo que puedan aplicar correctamente la normativa. Se debe proseguir la liberalización de todos los segmentos de los mercados de las comunicaciones electrónicas.

Cabe señalar avances notables en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, en particular en lo tocante al establecimiento y la entrada en funcionamiento del organismo liquidador y del sistema integrado de administración y control y en cuanto a la organización común de mercados. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos considerables en esos ámbitos básicos de la Política Agrícola Común. Croacia debe también completar la adaptación al acervo del sistema de apoyo agrícola e incrementar la capacidad de absorción de los fondos de desarrollo rural.

La adaptación al acervo también ha avanzado notablemente en el ámbito de la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria, en particular con la adopción y aplicación de legislación secundaria. La transposición del acervo está muy adelantada en todos los sectores. Se han realizado avances significativos mediante la aprobación del programa nacional de modernización de los establecimientos que producen alimentos de origen animal y subproductos animales. Se necesitan esfuerzos constantes en relación con la aplicación de ese programa, el refuerzo de la capacidad administrativa y de control y el establecimiento de puestos de inspección fronteriza.

En el ámbito de la pesca, la adaptación al acervo ha registrado avances notables. Los preparativos para la aplicación de la política de pesca están muy adelantados. Croacia debe mejorar la aplicación de la legislación, en particular por lo que respecta a la política estructural y la gestión, la inspección y el control de la flota.

En el ámbito del transporte se han logrado nuevos avances y, en general, el nivel de adaptación de la normativa es bueno. Sin embargo, se debe completar la adaptación en el sector de la aviación. Todavía se necesitan esfuerzos adicionales para aplicar y garantizar el cumplimiento del acervo.

Se han logrado avances adicionales en el capítulo de la energía, donde el nivel de adaptación al acervo es alto. No obstante, son necesarios esfuerzos significativos para mejorar la actuación de la administración y aumentar la independencia de los organismos reguladores del sector.

Se han realizado avances en el ámbito de la fiscalidad, en particular en lo que hace a la capacidad operativa y la informatización. La legislación croata en materia de impuestos directos e indirectos se ajusta en gran medida al acervo. Es necesario, sin embargo, proseguir la labor de adaptación, sobre todo en los ámbitos del IVA y los impuestos especiales. Debe proseguir la labor desarrollada para reforzar la capacidad administrativa, en particular en el ámbito de la interconectividad informática.

Se han registrado avances adicionales en el ámbito de la política económica y monetaria, en el que, en conjunto, la adaptación al acervo ya se ha completado efectivamente.

En el ámbito de las estadísticas, la modernización de la infraestructura estadística ha avanzado sustancialmente. Se ha logrado un buen nivel de adaptación normativa. Se debe proseguir la labor desarrollada para que las estadísticas croatas se ajusten plenamente a los requisitos de la UE.

En materia de empleo y política social los avances han sido notables. Se ha logrado un buen nivel de adaptación de la legislación, aunque siguen existiendo algunas lagunas, sobre todo por lo que respecta a la transposición de las directivas sobre Derecho de trabajo y en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación. Es preciso seguir reforzando la capacidad administrativa.

Croacia ha avanzado en materia de política empresarial e industrial, sobre todo por lo que respecta a los principios e instrumentos políticos. La adaptación al acervo está muy adelantada. Las medidas adicionales y continuadas se deben centrar en la mejora del entorno empresarial. También se debe proseguir la labor desarrollada para reestructura el sector del acero y, en particular, los astilleros.

Croacia ha logrado avances adicionales en lo que respecta al desarrollo de las redes transeuropeas. Se ha completado la adaptación de la normativa al acervo.

En el ámbito de política regional y coordinación de los instrumentos estructurales se han realizado avances notables, especialmente en la preparación de los documentos de estrategia y la determinación de las instituciones y los mecanismos a efectos de la aplicación de la política de cohesión de la UE y la selección y formación de personal adicional. Los preparativos de Croacia para aplicar la política de cohesión de la UE están relativamente avanzados, pero debe completarlos centrándose en el establecimiento de una reserva de proyectos maduros y en la capacidad de absorción de los fondos.

Croacia ha realizado avances notables en el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales. La reforma del poder judicial ha proseguido, con la adopción de nuevas leyes que incrementan la independencia judicial y una reducción adicional del número de asuntos pendientes. No obstante, la reforma del poder judicial sigue siendo una tarea de gran envergadura y persisten dificultades significativas, relacionadas especialmente con la eficiencia, la independencia y la responsabilidad en el ámbito judicial. Aunque la labor de lucha contra la corrupción se ha intensificado y se han obtenido algunos resultados positivos, la corrupción sigue estando muy extendida en numerosos ámbitos. Deben lograrse resultados demostrables en materia de investigación efectiva, procesamiento y sentencias judiciales, especialmente en el caso de la corrupción a alto nivel. Se deben reforzar las medidas de prevención, por ejemplo el incremento de la transparencia del gasto público. Aunque se ha reforzado la protección de los derechos fundamentales, se debe mejorar su respeto en la práctica, sobre todo por lo que respecta a las minorías y los refugiados.

Croacia ha avanzado sustancialmente en materia de justicia, libertad y seguridad. Aunque se ha mejorado significativamente el sistema de asilo, se debe prestar atención a la integración de las personas que han recibido protección en Croacia y a la defensa de los migrantes irregulares menores de edad. Los avances han sido notables en el ámbito de los visados, en el que debe proseguir, no obstante, la adaptación al acervo. También se ha avanzado en el ámbito de las fronteras exteriores. Sin embargo, es preciso modificar varios aspectos del plan de acción de gestión integrada de las fronteras e intensificar la modernización del equipo. En el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal se han realizado avances significativos. Los avances han proseguido asimismo en el ámbito de la política de lucha contra las drogas.

En el ámbito de la ciencia y la investigación los avances han proseguido, pero se han lentificado a consecuencia de la crisis económica y financiera. Es preciso reforzar adicionalmente la capacidad de investigación, proporcionar formación y aumentar la inversión en investigación de la industria y las PYME. En el ámbito de educación y cultura ha seguido avanzando la adaptación al acervo, que ha alcanzado un nivel adecuado. Croacia debe proseguir sus preparativos para la gestión de los Programas de «Aprendizaje Permanente» y «Juventud en Acción».

Se han realizado avances notables en el capítulo del medio ambiente por lo que respecta a la adaptación al acervo y la aplicación de la legislación. Es preciso completar la adaptación legislativa en el ámbito de la calidad del agua y, en cierta medida, el cambio climático. También se debe mejorar la aplicación del acervo horizontal y la cooperación con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este ámbito. En conjunto, Croacia ya ha completado prácticamente sus preparativos y ahora debe seguir reforzando la capacidad administrativa, especialmente a nivel local.

En el ámbito de la protección de la salud y los consumidores se han registrado avances notables. Se ha logrado un buen nivel de adaptación al acervo. Son necesarios esfuerzos constantes para reforzar aún más la capacidad administrativa.

Por lo que respecta a la unión aduanera, los avances han sido notables. La legislación aduanera de Croacia está adaptada al acervo en gran medida. Croacia ha seguido avanzando en el ámbito de la tecnología de la información, especialmente en cuanto a la interconectividad. Se necesitan avances adicionales en la eliminación de las últimas discrepancias de la legislación croata, la aplicación de la estrategia anticorrupción y la preparación de la interconectividad informática.

En el ámbito de las relaciones exteriores se han logrado algunos avances. La adaptación al acervo es elevada y el país sigue coordinando y armonizando sus posiciones en los foros internacionales. No obstante, se debe prestar atención al respeto pleno de las obligaciones internacionales cuando se recurre a salvaguardias. También se deben destinar recursos adicionales a política de desarrollo y ayuda humanitaria.

Croacia ha logrado nuevos avances en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa y ha seguido participando en distintas misiones civiles y militares de la UE. Globalmente se ha alcanzado un nivel elevado de adaptación al acervo. Debe seguir mejorando la aplicación y la garantía del cumplimiento de la normativa sobre el control de armas, incluida la transparencia de la información relacionada con el armamento.

También cabe señalar avances en el ámbito del control financiero. Se ha reforzado la independencia de la Oficina Pública de Auditoría. Ahora los esfuerzos se deben centrar en consolidar las reformas. Los organismos involucrados en la Estructura de Coordinación de la Lucha contra el Fraude deben velar por la aplicación eficiente de la estrategia de lucha contra el fraude.

Se ha seguido avanzando en el ámbito de las disposiciones financieras y presupuestarias. Se ha mejorado la capacidad institucional para la aplicación de las normas sobre recursos propios. Se ha logrado un nivel adecuado de adaptación al acervo y se dispone de capacidad para garantizar su aplicación, excepto en el caso de las cotizaciones del azúcar. Croacia debe reforzar su capacidad de coordinación.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

La Antigua República Yugoslava de Macedonia sigue cumpliendo de manera suficiente los criterios políticos. Tras las profundas reformas acometidas en 2009 se han logrado nuevos avances, aunque a ritmo desigual. En general la coalición gobernante es estable y existe cooperación entre las fuerzas políticas. Se han hecho algunos avances en cuanto a la reforma del Parlamento, la policía, el poder judicial, la administración pública y el respeto y la protección de las minorías. No obstante, se necesitan esfuerzos adicionales en la mayoría de los ámbitos relacionados con los criterios políticos, en particular se debe prestar especial atención a la independencia del poder judicial, la reforma de la administración pública y la libertad de expresión en los medios de comunicación. Es preciso reforzar el diálogo político.

El Acuerdo Marco de Ohrid sigue siendo un elemento esencial para la democracia y el Estado de Derecho en el país. Se ha avanzado un tanto en la aplicación de la normativa lingüística, la descentralización y la representación equitativa. Se necesita una labor constante de diálogo para alcanzar los objetivos del Acuerdo y garantizar su plena aplicación.

Se han logrado nuevos avances en la reforma del Parlamento. Se han modificado las normas de procedimiento con el fin de salvaguardar los derechos de la oposición. El Parlamento ha tomado medidas para reforzar su capacidad institucional, en particular a través del establecimiento del Instituto Parlamentario. No obstante, la comisión parlamentaria responsable de las relaciones interétnicas no se ha reunido con la periodicidad establecida, lo que ha obstaculizado el diálogo en este ámbito.

Los socios que forman la coalición de Gobierno han seguido cooperando de manera constructiva y se han comprometido a llevar a cabo las reformas necesarias para preparar al país para la adhesión a la Unión Europea. Aún así, se necesita un mayor diálogo sobre las relaciones interétnicas. También se necesitan esfuerzos adicionales para impulsar el proceso de descentralización en línea con el Acuerdo Marco de Ohrid. El marco financiero de la administración local debe ser más equitativo y transparente. Es preciso seguir desarrollando la cooperación gubernamental con el Consejo Nacional de Integración Europea.

Se ha avanzado un tanto en lo que respecta al funcionamiento de la administración pública. Se ha aprobado la Ley de la Función Pública. En relación con la reforma de la policía, ya ha entrado en vigor la Ley sobre asuntos internos y se han aprobado la mayoría de las disposiciones de aplicación. Se necesitan, no obstante, esfuerzos adicionales significativos para garantizar la transparencia, la profesionalidad y la independencia del funcionariado. Ha habido injerencias políticas injustificadas en las contrataciones y los ascensos en todos los niveles de la administración pública. Es preciso mejorar la aplicación del marco jurídico, en particular en lo tocante a la contratación de personal basada en los méritos. En muchos casos, el procedimiento utilizado para convertir en permanentes numerosos puestos temporales no se ha organizado con arreglo a criterios de mérito y competencia entre los candidatos.

En el ámbito de la reforma judicial se han registrado avances limitados. Se ha incrementado la eficiencia de los tribunales mediante la mejora de la gestión del presupuesto. No obstante, se plantean reservas sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial y no se han realizado avances adicionales para garantizar que las disposiciones legales vigentes se apliquen en la práctica. En este contexto es importante que los titulados de la Academia de Formación de Jueces y Fiscales reciban prioridad en las nuevas contrataciones de personal.

En el ámbito de la lucha contra la corrupción también se han realizado avances. Se han desarrollado grandes operaciones policiales en las que se han aplicado medidas de investigación especiales. Aunque ya se ha completado casi todo el marco legislativo e institucional, es preciso reforzar la trayectoria en materia de condenas efectivas en los casos de corrupción a alto nivel. Las disposiciones vigentes sobre declaración de bienes, conflicto de intereses y financiación de partidos políticos no se aplican eficazmente. Es preciso garantizar la financiación de la Comisión Estatal de Lucha contra la Corrupción. La corrupción sigue siendo generalizada en numerosos ámbitos y constituye todavía un problema grave.

Ya se ha establecido el marco jurídico e institucional para los derechos humanos y la protección de las minorías y en general se respetan los derechos civiles y políticos. No obstante, es preciso garantizar la plena observancia de las garantías jurídicas existentes.

Se ha cerrado la nave semiabierta de la prisión de Idrizovo, en la que las condiciones eran inhumanas y degradantes. Aún así, la estrategia de corrección de las graves deficiencias que siguen caracterizando la vida en las prisiones avanza lentamente. La supervisión de los organismos judiciales y policiales sigue siendo incompleta. En cuanto a la libertad de expresión, cada vez es mayor la preocupación sobre las injerencias políticas en los medios de comunicación y las presiones injustificadas sobre los periodistas. La participación de la sociedad civil en el proceso de desarrollo de políticas sigue siendo limitada.

El Defensor del Pueblo ha seguido siendo el eje para la protección y el fomento de los derechos humanos. Aunque vio aumentar su carga de trabajo durante el periodo que abarca el informe, la proporción de recomendaciones aceptadas por organismos públicos disminuyó. Es preciso reforzar la autoridad y los recursos de esta institución.

Las disposiciones jurídicas en materia de protección de los derechos económicos y sociales ya se han establecido en gran parte. Ha proseguido la aplicación de la estrategia contra la violencia doméstica. Se ha acordado la composición del Consejo Económico y Social, facilitándose así el diálogo social. Aunque se ha aprobado una Ley marco de lucha contra la discriminación, se ha omitido la orientación sexual como uno de los posibles motivos. Es preciso desarrollar un planteamiento estratégico en relación con la igualdad de oportunidades y se necesitan esfuerzos adicionales para aplicar la ley de justicia de menores y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

En el ámbito del respeto y la protección de las minorías y los derechos culturales se han logrado avances. Se ha avanzado un tanto en materia de representación equitativa. El Gobierno ha tomado medidas para fomentar la integración interétnica en el sistema educativo. No obstante, la integración de las comunidades étnicas sigue siendo limitada y es necesario un mayor diálogo para desarrollar la confianza, especialmente en los ámbitos de la lengua y la cultura. Por lo que respecta a los derechos de la población romaní, se ha reducido el número de personas sin documentos personales y se han adoptado medidas para evitar el internamiento indebido de niños en escuelas especiales. Aún así, la población romaní sigue viviendo en condiciones penosas y padeciendo discriminación.

En cuanto a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha seguido cooperando plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). El sistema jurídico nacional está tramitando los casos devueltos por el TPIY a las autoridades nacionales.

En lo que hace a la Corte Penal Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad suscrito con los Estados Unidos no se ajusta a los principios rectores y posiciones comunes de la UE. El país debe aproximarse a la posición de la UE.

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha seguido participando activamente en las iniciativas de cooperación regional, por ejemplo en el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental (PCES), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC).

La Antigua República Yugoslava de Macedonia es un socio activo en la región y por lo general mantiene unas buenas relaciones bilaterales con los países vecinos. Una vez completada la demarcación de su frontera con Kosovo, el país ha resuelto su última disputa fronteriza. No obstante, las relaciones con Grecia han seguido viéndose afectadas negativamente por la cuestión toponímica pendiente. El país participa en las conversaciones impulsadas por las Naciones Unidas para resolver esa disputa. Se deberían evitar cualesquiera acciones y declaraciones susceptibles de dañar las buenas relaciones de vecindad. Las reuniones directas al más alto nivel político constituyen un paso positivo, aunque todavía no han dado frutos concretos. El mantenimiento de buenas relaciones de vecindad, incluida una solución negociada y mutuamente aceptable a la disputa toponímica, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, sigue siendo esencial.

La economía de la Antigua República Yugoslava de Macedonia solo se ha contraído ligeramente gracias a la reducida exposición del sector financiero a los activos internacionales tóxicos, la resistencia de los flujos de capital privado y la estabilidad del sector público. Las reformas estructurales han proseguido. Ahora bien, el elevado desempleo estructural, que afecta sobre todo a los jóvenes y a las personas menos cualificadas, sigue constituyendo una grave preocupación. Aunque se han logrado algunas pequeñas mejoras en cuanto a la corrección de las deficiencias institucionales, las lagunas en el Estado de Derecho continúan afectando negativamente al clima empresarial.

Por lo que respecta a los criterios económicos, la Antigua República Yugoslava de Macedonia sigue estando muy adelantada. En algunos ámbitos se ha seguido avanzando en la perspectiva de convertirse en una economía de mercado en funcionamiento, sobre todo reduciendo los obstáculos que impiden incorporarse al mercado y salir del mismo y mejorando la capacidad de los tribunales para resolver los casos relacionados con la economía. El país debería poder afrontar las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión a medio plazo, siempre que aplique con determinación su programa de reforma con el fin de reducir las deficiencias estructurales significativas.

Se ha mantenido un amplio consenso sobre los aspectos esenciales de las políticas económicas. La política monetaria, basada de facto en la vinculación al euro, ha contribuido a la estabilidad macroeconómica. Por lo que respecta a la política fiscal, tras el planteamiento expansivo de 2008, en 2009 se ha adoptado un enfoque que tiende en mayor medida hacia la estabilidad. También ha mejorado el saldo de las balanzas exteriores del país, lo que refleja una ligera recuperación de las exportaciones, un descenso de las importaciones debido a la debilidad de la demanda interna y grandes flujos de capital privado. La privatización se ha completado en gran parte, al igual que la liberalización del comercio y de los precios. Se han logrado avances adicionales en la mejora de los procedimientos de inscripción e incorporación al mercado y en la simplificación del marco normativo. Se ha reducido aún más la duración de los procedimientos concursales y se ha completado en gran parte el registro de la propiedad. El sector financiero ha resistido adecuadamente a la crisis y se ha reforzado la independencia de algunos de los organismos responsables de su supervisión y regulación.

El aumento de los déficit fiscales ha conllevado un aumento de la deuda del sector público. La calidad del gasto público se ha deteriorado, en parte debido a la disminución del gasto de capital orientado al medio plazo. El desempleo ha seguido siendo muy elevado. Los flujos de inversión extranjera directa, que partían de un nivel reducido, han seguido disminuyendo. El funcionamiento de la economía de mercado sigue obstaculizado por las deficiencias institucionales, la falta de estabilidad en la administración y las lagunas en el Estado de Derecho. La ausencia de consultas con las partes interesadas antes de la adopción de decisiones gubernamentales obstaculiza la previsibilidad del entorno empresarial. El poder judicial constituye todavía un problema y en ocasiones los organismos reguladores y supervisores siguen careciendo de la independencia y los recursos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones. El nivel de seguridad jurídica sigue siendo bajo, en detrimento del atractivo del país para la inversión extranjera. El sector informal constituye todavía un reto de gran calado.

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha hecho algunos avances en la mejora de su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, en particular por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, el Derecho de sociedades, la justicia y los servicios financieros, la libertad y la seguridad. Los avances han sido menores en ámbitos tales como la contratación pública, la sociedad de la información, los medios de comunicación, el empleo y la política social. Globalmente se ha seguido avanzando en el cumplimiento de las prioridades de la Asociación para la Adhesión. No obstante, se necesita un esfuerzo constante para reforzar la capacidad administrativa a efectos de la aplicación y el cumplimiento de la legislación. Se han respetado los compromisos asumidos en el Acuerdo de Estabilización y Asociación.

En el ámbito de la libre circulación de mercancías los avances han sido notables. Se ha incorporado parte del acervo horizontal y sectorial, pero la capacidad administrativa de las autoridades de supervisión del mercado es insuficiente para garantizar el cumplimiento de la normativa técnica. Apenas se han registrado avances en el ámbito de la libre circulación de trabajadores. Sí ha habido algunos avances en el ámbito de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, en particular en los servicios postales. Los preparativos para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales están en una fase inicial. Globalmente se ha avanzado en el ámbito de la libre circulación de capitales, aunque los movimientos a corto plazo y las transferencias transfronterizas siguen sometidos a limitaciones. El avance es moderado en cuanto al marco legislativo, la capacidad administrativa y los hechos demostrables en la lucha contra el blanqueo de dinero.

Se han realizado avances en el ámbito de la contratación pública. La Oficina de Contratación Pública ha aprobado una estrategia para el desarrollo del sistema de contratación pública. La legislación sobre concesiones y asociaciones entre los sectores público y privado no está en consonancia con el acervo. No obstante, la capacidad administrativa para aplicar las normas sobre contratación a nivel operativo todavía no es satisfactoria. En el ámbito del Derecho de sociedades los avances han sido notables. No obstante, la adaptación al acervo sobre auditoría sigue en una fase inicial. Se han realizado algunas mejoras en el marco jurídico en el ámbito de la propiedad intelectual. Aunque se está aplicando la Estrategia Nacional sobre Propiedad Intelectual, se necesita un esfuerzo adicional por lo que respecta a la garantía del cumplimiento de las disposiciones.

En el ámbito de la competencia se han hecho algunos avances. En el ámbito de las ayudas estatales se ha registrado un aumento moderado del número de decisiones previas. Sin embargo, es preciso aumentar los recursos humanos y financieros de la Comisión de Defensa de la Competencia en el sector antimonopolio.

Globalmente, los avances han sido notables en el ámbito de los servicios financieros. Se ha tratado de garantizar la regulación y la supervisión del sector de los seguros. Algunos servicios, como el arrendamiento financiero, siguen sin ser objeto de regulación o supervisión.

Los avances han sido desiguales en el ámbito de la sociedad de la información y los medios de comunicación. La adaptación al acervo de la UE y la liberalización del mercado están progresando. No obstante, todavía ha de garantizarse la sostenibilidad del organismo público de radiodifusión. La legislación relativa a los medios de comunicación aún no se ajusta a la Directiva de servicios de medios audiovisuales.

Se han logrado avances en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural. La política de desarrollo rural se está adaptando gradualmente a los requisitos de la UE. También se han reforzado las estructuras operativas de los dispositivos AFSARD e IPARD, pero es preciso mejorar la capacidad de otros organismos administrativos pertenecientes al sector. Se necesita realizar un esfuerzo adicional constante a efectos de la adaptación al acervo. En el ámbito de la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria se han registrado algunos avances, en particular por lo que respecta a la preparación y la aplicación de la legislación por los empresarios del sector de los alimentos. Es preciso reforzar la capacidad administrativa, en particular en lo tocante a los sistemas de supervisión y control.

En el ámbito de la política de transportes cabe señalar algunos avances. El proceso de apertura del mercado del transporte ferroviario se ha enfrentado a dificultades. Se necesitan esfuerzos adicionales para mejorar el funcionamiento de las autoridades responsables de la seguridad, en particular del Comité de Investigación de Accidentes Aéreos.

En el sector de la energía se han realizado algunos avances. Se han adoptado nuevas estrategias energéticas. Aún no se ha promulgado la nueva ley general de regulación del sector. Las tarifas de la electricidad no reflejan totalmente los costes. A pesar de los avances registrados, sigue pendiente la resolución definitiva de la disputa con el operador del sistema de distribución, uno de los principales inversores de la UE. Es preciso garantizar la independencia funcional del organismo regulador del sector de la energía y del consejo de seguridad nuclear.

No se han registrado avances en la aproximación al acervo de la legislación sobre fiscalidad directa e indirecta. Sí cabe señalar algunos avances en el ámbito de la capacidad operativa para la administración fiscal por lo que respecta a los servicios ofrecidos a los contribuyentes y la eficiencia de las auditorías. La capacidad de auditoría e investigación fiscal a efectos de la lucha contra la evasión fiscal sigue siendo deficiente.

Los avances han sido limitados en el ámbito de la política económica y monetaria. La adaptación al acervo es incompleta y existen amplias divergencias por lo que respecta a la capacidad administrativa para la aplicación de las políticas. En el ámbito de las estadísticas los avances han sido notables. No obstante, el Instituto Nacional de Estadística adolece todavía de falta de recursos y se debe garantizar la representación equitativa. Es esencial que se garanticen los recursos para el censo de vivienda y población de 2011. Se debe proseguir la labor de mejora de las estadísticas sectoriales, en particular en lo que hace a las estadísticas sobre la economía.

Los avances han sido pequeños en cuanto la adaptación al acervo en el ámbito de la política social y el empleo. Si bien es cierto que se ha aprobado una Ley marco de lucha contra la discriminación, presenta lagunas sustanciales y no cuenta con el apoyo de los grupos pertinentes de la sociedad civil. El diálogo social bilateral y trilateral sigue siendo deficiente. La integración de las personas con discapacidad y otras personas socialmente excluidas avanza con lentitud.

Ha habido algunos avances en el ámbito de la política empresarial e industrial. Los avances han sido notables en la reducción de los costes y los obstáculos administrativos para el funcionamiento de las empresas. A tal efecto se han creado nuevos organismos y destinado recursos considerables. Aún así, las estrategias de fomento empresarial y de promoción del sector de las PYME necesitan apoyo financiero adicional.

También ha habido algunos avances en el ámbito de las redes transeuropeas. El país sigue participando activamente en el Observatorio del Transporte de Europa Sudoriental y en la Comunidad de la Energía. Ahora bien, el retraso es significativo por lo que respecta al corredor X.

Los avances han sido desiguales en el ámbito del desarrollo regional y la coordinación de los fondos estructurales. La aplicación del programa operativo de desarrollo regional está muy retrasada. Es preciso reforzar la capacidad administrativa en los ministerios competentes, en particular los conocimientos técnicos especializados. También es necesario reforzar la preparación y aplicación de los proyectos para garantizar la futura absorción de los fondos del IAP. Globalmente, la adaptación al acervo en el ámbito de la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales no ha hecho más que comenzar.

Los avances han sido limitados en la reforma del poder judicial y la salvaguardia de los derechos fundamentales. Se ha avanzado un tanto en la lucha contra la corrupción. El Consejo Judicial y el Consejo de la Fiscalía deben garantizar un alto nivel de independencia e imparcialidad del poder judicial en la práctica. La policía ha desarrollado grandes operaciones de lucha contra la corrupción utilizando medidas de investigación especiales. No obstante, es preciso mejorar la trayectoria en relación con los casos de corrupción a alto nivel. También se debe aplicar eficazmente la nueva legislación en materia de conflicto de intereses y financiación de los partidos políticos. Por lo que respecta a los derechos fundamentales, si bien es cierto que el marco jurídico e institucional se ha establecido en gran parte, es preciso garantizar el cumplimiento pleno de las garantías legales existentes.

En materia de justicia, libertad y seguridad cabe señalar avances notables en relación con el asilo, la política de visados, las fronteras exteriores y Schengen. Se ha abordado el aumento del número de solicitantes de asilo en la UE que se registró durante el primer periodo de aplicación del régimen de exención de visado. Aún así, en agosto y septiembre se volvió a registrar un aumento del número de solicitudes de asilo. Las autoridades deben seguir ocupándose de este asunto e informando a los ciudadanos sobre los derechos y las obligaciones relacionados con los desplazamientos sin visado. Se ha proseguido la reforma de la policía y mejorado la cooperación policial internacional. No obstante, es preciso abordar el papel del Ministerio del Interior en la autorización de detenciones, al igual que la efectividad del mecanismo de supervisión externo.

Cabe señalar algunos avances en el ámbito de la ciencia y la investigación. Ha aumentado el índice de participación en el Séptimo Programa Marco de Investigación de la UE. Se han logrado algunos avances en la adaptación al acervo en los ámbitos de educación, formación, juventud y cultura. Ahora bien, la gestión de los Programas de «Aprendizaje Permanente» y «Juventud en Acción» sigue siendo deficiente.

Se ha seguido avanzando en el ámbito del medio ambiente. Aunque la adaptación de la legislación nacional al acervo de la UE ha progresado, en particular en los sectores de la calidad del aire y los residuos, es preciso reforzar significativamente la labor correspondiente en el sector del agua. También se deben aumentar considerablemente la capacidad administrativa y la inversión. Se han hecho algunos avances en el ámbito de la protección de la salud y los consumidores. Por lo que respecta a la salud pública, se han realizado avances notables en el ámbito de la lucha contra el consumo de tabaco.

Ha habido algunos avances en el ámbito de la unión aduanera, en particular por lo que respecta a la capacidad administrativa y operativa. La adaptación de la legislación aduanera al acervo está muy adelantada, excepto en el caso del tránsito. Es preciso reforzar la capacidad de la administración de aduanas para aplicar la legislación y luchar contra la corrupción y la delincuencia transfronteriza.

También se han hecho avances en el ámbito de las relaciones exteriores, en particular en lo tocante a la política comercial común. Se ha avanzado algo en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa. El país se ha ajustado a la mayoría de las declaraciones y posiciones comunes de la UE y no ha cejado en su compromiso de participar en las operaciones de la PCSD. Se necesita un esfuerzo constante para reducir el número de armas ilegales.

Se han hecho algunos avances por lo que respecta al control financiero. Aunque se ha reforzado la independencia funcional y financiera de la Oficina Nacional de Auditoría, todavía no se ha establecido su anclaje constitucional. Son necesarios esfuerzos para el establecimiento de sistemas de gestión financiera y control. En el ámbito de las disposiciones financieras y presupuestarias se ha avanzado algo en la mejora de la capacidad operativa de las autoridades fiscales y aduaneras y en la Agencia Nacional de Estadística. Se necesitan esfuerzos adicionales en la lucha contra el fraude arancelario y del IVA.

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina ha logrado avances limitados por lo que respecta a los criterios políticos. Sí ha realizado algunos avances en el ámbito del Estado de Derecho, sobre todo en lo tocante a la gestión de las fronteras y la política de migración, a través de reformas dirigidas a cumplir las exigencias de liberalización del régimen de visados. También se han dado pasos importantes para fomentar la cooperación y la reconciliación regionales, sobre todo en términos de regreso de refugiados. La aplicación global de las reformas ha sido insuficiente, no obstante, y el clima político nacional durante el periodo preelectoral ha estado dominado por la retórica nacionalista. La falta de una visión compartida por los dirigentes políticos sobre la dirección del país está bloqueando reformas clave relacionadas con la UE e impidiendo la realización de nuevos avances hacia la UE.

Según la evaluación de la OSCE/OIDDH, las elecciones generales se ciñeron en grandes líneas a las normas internacionales para los comicios democráticos. No obstante, una vez más el derecho de sufragio fue objeto de limitaciones basadas en la residencia y la etnia, con arreglo a las disposiciones del Acuerdo de Paz de Dayton/París. El respeto de los principios democráticos y el derecho de igualdad de trato sin discriminación, tal como se recogen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), constituye un elemento esencial del Acuerdo Interino (AI). Los retrasos de la armonización de la Constitución con el CEDH, con arreglo a la resolución de diciembre de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto Sejdić-Finci contra Bosnia y Herzegovina, siguen constituyendo un grave motivo de preocupación.

· [5]. El sistema de gobernanza de Bosnia y Herzegovina sigue involucrando una presencia internacional. Se ha avanzado muy poco en lo tocante al cumplimiento de los requisitos para el cierre de la OAR. Los más importantes son el reparto de bienes entre el Estado y los demás niveles de gobierno, la cuestión de los bienes militares y el cumplimiento de las obligaciones relativas al estatuto definitivo de Brčko. Para solucionar todas estas cuestiones es necesario que en el país impere un ambiente político estable y constructivo.

En lo tocante a la democracia y el Estado de Derecho, se han realizado pequeños avances en la reforma constitucional y la creación de estructurales institucionales funcionales y eficaces. El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de acción para la aplicación de la resolución del TEDH, pero todavía no se ha obtenido ningún resultado.

La prevalencia de las consideraciones étnicas ha seguido obstaculizando el funcionamiento del ejecutivo y de los órganos legislativos estatales. La capacidad administrativa del Parlamento ha mejorado, pero la coordinación con el Consejo de Ministros y con las Entidades sigue siendo deficiente. La fragmentación y falta de coordinación de la elaboración de políticas afecta todavía al funcionamiento de las instituciones de los distintos niveles de Gobierno. Se han tomado medidas para mejorar la capacidad administrativa, por ejemplo el nombramiento de altos funcionarios, como el Director de Integración Europea. Otros puestos clave permanecen vacantes, sin embargo. La Ley relativa al censo estatal, necesaria para que el programa de la UE pueda seguir avanzando y para el desarrollo económico y social del país debe ser aprobada con carácter urgente.

Los avances han sido pequeños en el ámbito de la administración pública, en el que la estrategia de reforma sí se está aplicando, aunque con lentitud. La coordinación entre las distintas administraciones sigue siendo deficiente. Es necesario un esfuerzo sostenido para evitar las injerencias políticas y reducir la importancia de la adscripción política para los nombramientos. También se debe seguir prestando atención al establecimiento de una función pública profesional, responsable, transparente y eficiente, que se base en el mérito y la competencia. Está funcionando una única Oficina del Defensor del Pueblo a nivel estatal, pero las limitaciones presupuestarias lastran su eficacia y han de ser corregidas.

Por lo que se refiere a la mejora del sistema judicial, Bosnia y Herzegovina ha logrado avances limitados. Aunque se ha aprobado nueva legislación sobre el código de procedimiento penal, el número de casos pendientes apenas se ha reducido. La aplicación de la Estrategia Nacional de Reforma del Sector de la Justicia y de la Estrategia Nacional sobre los Crímenes de Guerra ha seguido siendo mínima. La complejidad del marco jurídico, la fragmentación del sistema judicial y la ausencia de un presupuesto único siguen retrasando el establecimiento de un poder judicial independiente. Vista la incapacidad de las autoridades para alcanzar un acuerdo, el Alto Representante ha extendido los mandatos de los jueces y fiscales internacionales que se ocupan de los crímenes de guerra. El enjuiciamiento de los crímenes de guerra por el Tribunal Estatal ha seguido siendo satisfactorio, pero debe mejorar en los cantones y las entidades.

Los avances han sido limitados en la lucha contra la corrupción, que sigue siendo un problema grave y está muy extendida en numerosos ámbitos. Ya ha comenzado la aplicación de la estrategia y el plan de acción de lucha contra la corrupción. Se ha establecido la agencia responsable de supervisar su puesta en práctica y se ha nombrado a un Director en funciones. También se han hecho algunos avances por lo que respecta al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). El seguimiento judicial de los casos de corrupción sigue siendo lento y solo se han enjuiciado un pequeño número de casos importantes. La insuficiente aplicación de la legislación y los problemas de coordinación entre las entidades siguen siendo aspectos preocupantes. Bosnia y Herzegovina necesita un mayor compromiso y una actuación más decidida contra la corrupción.

Los avances han sido también limitados en cuanto a los derechos humanos y la protección de las minorías. Bosnia y Herzegovina ha ratificado los principales convenios internacionales de defensa de los derechos humanos, pero se necesita un esfuerzo constante para garantizar una mejor aplicación. Es preciso mejorar la garantía del cumplimiento de las resoluciones internas, incluidas las del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina.

En términos generales se respetan los derechos civiles y políticos. La armonización de las sanciones penales en todo el país ha avanzado algo. No obstante, todavía sigue pendiente la adopción de la Ley marco relativa a la asistencia jurídica gratuita, necesaria para respetar el CEDH. Se debe garantizar el acceso a la justicia en las causas civiles y penales. Las condiciones en las prisiones han mejorado, pero el hacinamiento y maltrato de los detenidos siguen siendo aspectos preocupantes.

Las constituciones del Estado y de las entidades garantizan la libertad de expresión y de los medios de comunicación, la libertad de reunión y asociación y la libertad de culto. Ahora bien, la legislación vigente no se aplica plenamente. Las presiones políticas sobre los medios de comunicación han aumentado, al igual que su sesgo étnico. También se han incrementado los casos de intimidación de periodistas. Se ha retrasado la aplicación de la reforma de la radiodifusión pública. La independencia del Organismo Regulador de las Comunicaciones ha seguido viéndose socavada. Los gobiernos de las entidades han adoptado acuerdos de cooperación con la sociedad civil. Se necesitan, no obstante, esfuerzos adicionales para ampliar el diálogo con la sociedad civil y apoyar su desarrollo.

Los avances han sido pequeños en el ámbito de los derechos económicos y sociales; están protegidos en el marco jurídico vigente, pero sigue existiendo fragmentación y la aplicación de las disposiciones todavía es deficiente. Ya se ha instaurado una ley estatal de lucha contra la discriminación, pero su alcance sigue siendo limitado. Se debe mejorar la protección de las mujeres contra todas las formas de violencia, al igual que la protección social de los niños. El sistema de beneficios sociales basado predominantemente en los derechos tiene efectos adversos en las condiciones de los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad mental. El diálogo social y el ejercicio de los derechos de los trabajadores se ven obstaculizados por la falta de reconocimiento de interlocutores sociales de ámbito estatal y por la fragmentación del marco legislativo.

· [6] En cuanto a las relaciones interétnicas, el número de escuelas divididas («dos escuelas bajo un solo techo») ha disminuido y se ha implantado un programa académico común, de nueve años de duración, en la mayoría de los centros escolares. Aún así, la separación por grupos étnicos de los alumnos en las escuelas sigue siendo una cuestión pendiente. A pesar del incremento de los recursos financieros destinados a la aplicación de la estrategia para la población romaní, esta minoría sigue viviendo en condiciones penosas y padeciendo discriminación. La falta de inscripción en los registros de nacimientos sigue obstaculizando su acceso a los derechos económicos y sociales básicos. Son necesarios esfuerzos adicionales para mejorar la aplicación de la Ley sobre las minorías nacionales.

Se ha avanzado algo en relación con los refugiados y los desplazados internos. Se ha aprobado la estrategia nacional de apoyo al proceso de regreso y de aplicación adecuada del anexo VII del Acuerdo de Paz de París/Dayton (APD). No obstante, los avances han sido pequeños por lo que respecta a la integración local y la viabilidad del regreso.

En cuanto a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, la aplicación del Acuerdo de Paz de Dayton ha proseguido. La cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia es satisfactoria. Sin embargo, durante el periodo preelectoral la República Srpska cuestionó frecuentemente la integridad territorial del país. También han continuado las declaraciones de los dirigentes políticos de la República Srpska negando la gravedad de las masacres de población civil cometidas durante la guerra.

La cooperación entre los tribunales y fiscales de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia ha mejorado. Se han firmado acuerdos bilaterales sobre reconocimiento mutuo y aplicación de resoluciones judiciales en materia penal. Se necesitan esfuerzos adicionales para reforzar las capacidades de tramitación de los casos de crímenes de guerra, en particular en los tribunales cantonales y de los distritos, así como para garantizar la disponibilidad de recursos financieros suficientes. La cooperación regional y la adecuada protección de los testigos serán esenciales a este respecto.

En cuanto a la Corte Penal Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad suscrito con los Estados Unidos no se ajusta a los principios rectores y posiciones comunes de la UE. El país debe aproximarse a la posición de la UE.

El proceso de la declaración de Sarajevo recibió un nuevo impulso tras la reunión ministerial celebrada en Belgrado en marzo de 2010. En ella participaron Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia, quienes acordaron cooperar para clarificar las estadísticas sobre refugiados. También se comprometieron a trabajar en pos de la resolución de diversas cuestiones pendientes antes de final de año.

Bosnia y Herzegovina ha seguido participando activamente en las iniciativas de cooperación regional, por ejemplo en el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental (PCES), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). Las relaciones de Bosnia y Herzegovina con sus vecinos han seguido mejorando gracias a varias iniciativas regionales importantes de fomento de la reconciliación. Aún así, siguen pendientes algunas cuestiones fronterizas con los países vecinos. También persisten las dificultades a que se enfrentan los titulares de pasaportes kosovares cuando solicitan un visado para participar en encuentros regionales en Bosnia y Herzegovina.

Tras la recesión de 2009, en 2010 la economía de Bosnia y Herzegovina registró una recuperación moderada, impulsada fundamentalmente por la demanda externa. Los índices de desempleo siguen siendo muy elevados. La situación fiscal se agravó significativamente en 2009, al verse sometidas las finanzas públicas a graves presiones debido a la disminución de los ingresos y el mantenimiento de compromisos de gasto elevados. El compromiso con las reformas estructurales y el saneamiento de las finanzas públicas sigue sin ser uniforme en todo el país. Recientemente se han impulsado algunas medidas de reforma fiscal y estructural bajo la presión de los desequilibrios presupuestarios y del programa del FMI. No obstante, los presupuestos siguen sin ser viables por sí mismos y la calidad de las finanzas públicas es todavía insuficiente.

En cuanto a los criterios económicos y el establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento, el avance de Bosnia y Herzegovina ha sido pequeño. Es preciso desplegar con determinación considerables esfuerzos adicionales para que el país pueda hacer frente, a largo plazo, a las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

La aplicación del acuerdo de derecho de giro con el Fondo Monetario Internacional ha sido satisfactoria en términos generales. Se ha preservado la estabilidad financiera y monetaria. El acuerdo de junta monetaria ha seguido gozando de un nivel elevado de credibilidad. Se ha recuperado la confianza en los bancos locales y a lo largo de 2010 los hogares han vuelto a dirigir sus ahorros al sector bancario. La producción industrial creció ligeramente durante el primer semestre de 2010. Debido fundamentalmente a la evolución de los precios internacionales, los índices de inflación han vuelto a ser positivos, aunque a principios de 2010 seguían siendo reducidos. El gran incremento de las exportaciones ha propiciado una disminución de los desequilibrios externos. Cabe señalar algunas pequeñas mejoras en el ambiente empresarial, en particular por lo que respecta al registro de empresas.

No obstante, la situación fiscal en Bosnia y Herzegovina ha seguido siendo difícil, especialmente en la Federación. El compromiso con las medidas acordadas de ajuste fiscal y reforma estructural no ha sido uniforme en todo el país, y lo mismo cabe decir de la propia aplicación de las medidas. La calidad de las finanzas públicas ha seguido siendo baja, con índices elevados de gasto corriente en relación con el PIB. No se han registrado avances en la privatización, la reestructuración de empresas públicas y la liberalización de las industrias de red. Sí ha progresado, aunque lentamente, la modernización de la infraestructura. La capacidad productiva y la competitividad de la economía son todavía reducidas, dado que no se han aprovechado adecuadamente las fuentes internas de crecimiento. Las elevadas cotizaciones sociales y la baja movilidad de la mano de obra, entre otras rigideces estructurales, siguen obstaculizando la creación de empleo y el incremento de la tasa de actividad laboral. Las transferencias sociales, elevadas y mal enfocadas, reducen la propensión a trabajar y ponen de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de prestaciones sociales. El desempleo sigue siendo muy elevado y el sector informal continúa constituyendo un obstáculo importante. Las ineficiencias administrativas y la debilidad del Estado de Derecho lastran el ambiente empresarial.

Bosnia y Herzegovina ha realizado avances limitados en la adaptación de su legislación y sus políticas a las normas europeas. Se han logrado algunos avances en aspectos relacionados con la justicia, la libertad y la seguridad y en ámbitos como la libre circulación de capital, la propiedad intelectual, la educación, la investigación, el transporte y el control financiero. Sigue siendo necesario hacer un esfuerzo especial en relación con la libre circulación de mercancías, personas y servicios, la fiscalidad y las aduanas, la competencia y las ayudas estatales, la contratación pública, el empleo y las políticas sociales, la agricultura y la pesca, el medio ambiente, la energía, la sociedad de la información y los medios de comunicación.

· [7] y tampoco ha establecido un organismo responsable de las ayudas estatales. Es preciso reforzar la capacidad administrativa con el fin de lograr resultados demostrables de aplicación del AEA.

Bosnia y Herzegovina ha logrado algunos avances en el ámbito del mercado interior. Por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, los preparativos están moderadamente adelantados. Se han registrado algunas mejoras en materia de protección de los consumidores. Sigue siendo necesario realizar un esfuerzo constante para aproximar el marco jurídico a la legislación de la UE y desarrollar la capacidad administrativa necesaria.

Los avances han sido limitados en el ámbito de la circulación de personas y servicios y del derecho de establecimiento, sin olvidar la creación de un espacio económico único. Es preciso lograr una simplificación adicional de los procedimientos judiciales y de registro de empresas.

Ha habido algunos avances en el ámbito de la libre circulación de capitales. Es esencial seguir adaptando la normativa al acervo para garantizar su armonización a escala nacional y la creación de un espacio económico único. Los avances han sido pequeños en los ámbitos de fiscalidad y aduanas.

Bosnia y Herzegovina ha realizado algunos avances en la garantía del cumplimiento de las normas sobre competencia. En cambio, no se ha avanzado en el ámbito de las ayudas estatales, donde todavía no se ha establecido el organismo responsable de tales ayudas. Los avances han sido limitados en materia de contratación pública. Se ha avanzado algo en la aprobación de legislación sobre los derechos de propiedad intelectual.

Los avances han sido escasos en el ámbito de las políticas social, de empleo y de salud pública. Se están redactando documentos estratégicos para todo el país, pero persiste la fragmentación de la legislación y las políticas. En el ámbito de la investigación los avances han sido notables. En el ámbito de la educación y la cultura se han establecido estrategias y leyes marco, pero su aplicación sigue pendiente. Aunque las negociaciones para incorporarse a la Organización Mundial de Comercio han proseguido, el proceso aún no se ha completado.

Bosnia y Herzegovina ha realizado avances limitados por lo que respecta al cumplimiento de las normas europeas en distintas políticas sectoriales. Los preparativos en el ámbito de la industria y las PYME siguen en una fase inicial. Todavía no se ha establecido una estrategia industrial de alcance general ni una estrategia estatal para el desarrollo de las PYME. Los avances han sido pequeños en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, la seguridad de los alimentos, la política veterinaria y fitosanitaria y la pesca. Aunque se ha aprobado legislación de aplicación, no se ha avanzado en el establecimiento del Ministerio de Agricultura a escala estatal. La aplicación insuficiente de la normativa estatal en los ámbitos veterinario, fitosanitario y de seguridad de los alimentos impide que el país se atenga a las normas de la UE.

Los preparativos de Bosnia y Herzegovina en el ámbito del medio ambiente y el cambio climático siguen en una fase inicial. Se debe establecer un marco jurídico armonizado para la protección ambiental e instaurar una Agencia Ambiental Estatal. Los avances han sido desiguales en el sector del transporte. La evolución ha sido positiva en cuanto a las redes transeuropeas de transporte, el ferrocarril y las vías navegables, pero limitada en el transporte por carretera. La modernización de la infraestructura de transporte sigue siendo una cuestión pendiente. En el ámbito de la energía los preparativos no están muy avanzados. Como Parte del Tratado de la Comunidad de la Energía, Bosnia y Herzegovina debe aplicar la legislación pertinente de la UE. Para garantizar la seguridad del suministro de electricidad, se debe adoptar una estrategia energética global y contar con una empresa nacional de distribución plenamente operativa.

El avance ha sido limitado en los ámbitos de la sociedad de la información y los medios de comunicación. Todavía no se ha procedido a la armonización del marco jurídico de la radiodifusión pública. Los constantes ataques contra la independencia del Organismo Regulador de las Comunicaciones y la lentitud de la reforma de la radiodifusión pública siguen suscitando grave preocupación.

Cabe señalar algunos avances en el ámbito del control financiero. Se está implantando la fiscalización interna, pero es preciso profundizar el desarrollo de los sistemas de gestión y control financiero. Todavía no se ha garantizado la independencia de la auditoría externa. En el ámbito de las estadísticas se han realizado algunos avances por lo que respecta a los registros y las clasificaciones. Sin embargo, la ley estatal sobre el censo de población y de los hogares no fue adoptada. Es preciso mejorar las estadísticas sobre la contabilidad nacional, las empresas y la agricultura. La cooperación entre las distintas instituciones estadísticas del país (a nivel de los estados y las entidades) sigue siendo insuficiente.

En materia de justicia, libertad y seguridad se han logrado avances, aunque desiguales, en los diferentes ámbitos. En el marco del diálogo sobre la liberalización del régimen de visados se han dado pasos para cumplir todos los parámetros establecidos en el plan de trabajo. Se han seguido abordando las prioridades definidas en el ámbito de la política de visados. Se están entregando pasaportes biométricos. El acuerdo de facilitación de la expedición de visados entre la UE y Bosnia y Herzegovina y el acuerdo de readmisión han seguido aplicándose con normalidad.

Han avanzado los preparativos en los ámbitos de la gestión de las fronteras, el asilo y la migración. También se ha mejorado el sistema de asilo y protección internacional, el seguimiento de los flujos de migración y la cooperación entre las distintas agencias. No obstante, es preciso mejorar la infraestructura en algunos puestos fronterizos. Los avances han sido limitados en la lucha contra el blanqueo de dinero y son necesarios esfuerzos adicionales, sobre todo por lo que respecta a la garantía del cumplimiento de las disposiciones jurídicas. Ha habido algunos avances en la lucha contra las drogas. No obstante, la inexistencia de un seguimiento judicial efectivo obstaculiza la lucha contra el tráfico de drogas, que sigue constituyendo un problema grave.

Los preparativos de Bosnia y Herzegovina en el ámbito de la policía están avanzando, aunque de manera desigual. La fragmentación de las distintas fuerzas policiales existentes en el país sigue socavando la eficiencia de su labor y sus resultados, así como las iniciativas de cooperación e intercambio de información. La lucha contra la delincuencia organizada es todavía insuficiente debido a la ausencia de un marco institucional coherente. La delincuencia organizada sigue constituyendo un problema grave que afecta al Estado de Derecho y al entorno empresarial. En la lucha contra la trata de seres humanos se han hecho algunos avances con respecto a la identificación de las víctimas, pero se necesitan esfuerzos adicionales por lo que respecta al apoyo a las víctimas y la protección de testigos. Bosnia y Herzegovina ha comenzado a abordar la cuestión de la lucha contra el terrorismo adoptando una estrategia general.

En cuanto a la protección de los datos personales, han proseguido los preparativos correspondientes, pero es necesario realizar un esfuerzo adicional por lo que respecta a la garantía del cumplimiento de las disposiciones. Es crucial que se garantice la protección adecuada de los datos personales para que Bosnia y Herzegovina pueda celebrar acuerdos con Europol y Eurojust.

Serbia

Serbia ha avanzado en el cumplimiento de los criterios políticos. Presentó su solicitud de adhesión a la UE en diciembre de 2009 y el Acuerdo Interino entró en vigor en febrero de 2010. El país ha seguido avanzando en el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA). El proceso de ratificación de dicho Acuerdo se puso en marcha en junio de 2010. La reforma judicial ha proseguido, pero se han registrado deficiencias graves en el procedimiento de nueva designación de jueces y fiscales. A pesar de la actual cooperación activa de Serbia con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), todavía siguen en busca y captura para su entrega a ese órgano jurisdiccional los dos últimos prófugos, Ratko Mladić y Goran Hadžić.

El 9 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Resolución conjunta, presentada por Serbia y respaldada por la UE, a modo de seguimiento del dictamen consultivo sobre Kosovo de la Corte Internacional de Justicia. La Resolución reconoce el contenido de dicho dictamen consultivo y saluda la buena disposición de la Unión Europea para facilitar un proceso de diálogo entre las partes; el proceso de diálogo constituiría, por sí mismo, un factor en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y fomentaría la cooperación, impulsando la aproximación a la Unión Europea y mejorando las condiciones de vida de la población. Todas las partes deben realizar un esfuerzo decidido para que los foros regionales funcionen eficazmente y sin exclusiones.

Se han seguido reforzando la democracia y el Estado de Derecho. También ha avanzado la aplicación de las nuevas disposiciones constitucionales, por ejemplo las relativas al estatuto de Vojvodina. Se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar la compatibilidad con las normas europeas de algunas disposiciones constitucionales, en particular las referidas al poder judicial.

Se han dado nuevos pasos para mejorar el funcionamiento del Parlamento mediante la aprobación de una nueva Ley sobre la Asamblea Nacional y nuevas normas de procedimiento. No obstante, se necesita seguir mejorando la calidad de la producción legislativa. La legislación electoral debe adaptarse completamente a las normas europeas.

La coalición de gobierno ha mantenido su estabilidad y ha seguido mostrando un alto grado de consenso sobre la integración en la UE como prioridad estratégica. Ahora bien, es preciso aumentar la eficacia de la preparación y la aplicación de las nuevas disposiciones legislativas.

En general, la capacidad de la administración pública es buena, pero en este ámbito la reforma está avanzando con lentitud y de manera desigual. Es necesario un esfuerzo más firme con el respeto del mandato de los organismos reguladores independientes.

Los avances han sido notables en relación con la aprobación de la legislación que garantiza el control civil de las fuerzas de seguridad y la aplicación de los derechos consagrados en la constitución. Aún así, es preciso reforzar dicho control civil, en particular por parte de la comisión parlamentaria competente.

Serbia ha proseguido la reforma del sistema judicial con el procedimiento de nueva designación de todos los jueces y fiscales y la implantación de una nueva red de tribunales. No obstante, dicho procedimiento ha presentado deficiencias graves y no ha sido transparente. Los dos Consejos responsables, cuyos miembros se encontraban en situación de interinidad, no aplicaron criterios objetivos. En el procedimiento no pudieron intervenir ni los jueces ni los fiscales, quienes tampoco recibieron explicaciones adecuadas sobre las decisiones. Todo ello pone en cuestión la independencia del poder judicial y puede dejar margen para la influencia política. Todavía no se ha confirmado la composición definitiva de esos dos Consejos. El gran número de casos pendientes sigue causando preocupación. En conjunto, el sistema judicial de Serbia solo cumple parcialmente sus prioridades.

Se ha seguido avanzando en la lucha contra la corrupción. La Agencia Anticorrupción comenzó a funcionar en enero de 2010. La mayoría de los funcionarios han presentado su declaración de bienes al nuevo organismo, según lo establecido. No obstante, la corrupción sigue estando muy extendida en numerosos ámbitos y constituye un problema grave. En ausencia de una nueva ley, el control de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales sigue siendo deficiente. La Agencia Anticorrupción todavía no puede presentar una trayectoria de verificación de las declaraciones de bienes y de desempeño eficaz de su tarea. El número de condenas definitivas, especialmente en los casos más importantes, sigue siendo bajo. Es preciso prestar atención a los procedimientos de contratación pública, privatización y gasto público. También se ha de mejorar la protección ofrecida a los denunciantes.

En cuanto a los derechos humanos y la protección de las minorías, ya está en vigor la legislación necesaria. En general se respetan los derechos civiles y políticos garantizados en la Constitución, pero es preciso velar por su cumplimiento íntegro. Se debe completar la armonización plena de la legislación pertinente con las normas europeas.

Los avances han sido pequeños por lo que respecta a la prevención de la tortura, el maltrato y la impunidad, habiéndose registrado algunos casos. Por lo general se garantiza el acceso a la justicia. No obstante, todavía no se ha aprobado legislación que permita configurar un sistema más eficaz de asistencia jurídica gratuita ni se dispone de financiación a tal efecto. Los avances también han sido escasos en relación con la reforma del sistema de prisiones. Aunque se ha aprobado una estrategia para impedir el hacinamiento, las deficientes condiciones de vida en las prisiones siguen siendo preocupantes.

Ya están en vigor las disposiciones constitucionales y legislativas que garantizan la libertad de expresión. También se ha aprobado la legislación que permite a los medios de comunicación operar libremente. No obstante, han seguido produciéndose episodios de incitación al odio, amenazas y agresiones, en particular contra periodistas. La libertad de reunión y asociación está garantizada en la Constitución y en general se respeta.

Las organizaciones de la sociedad civil han seguido interviniendo en la vida social, económica y política de Serbia y siguen desempeñando un papel importante en la promoción de los valores democráticos. Recientemente se creó una Oficina de Cooperación con la Sociedad Civil.

En la Constitución se garantiza la libertad de culto. También han mejorado las relaciones entre las distintas religiones. Ahora bien, la falta de transparencia y coherencia en el proceso de registro sigue siendo el principal obstáculo para que algunas de las agrupaciones religiosas de menor tamaño puedan ejercer sus derechos.

Ya se ha promulgado en gran parte la legislación para la protección de los derechos sociales y económicos. Es preciso aumentar la protección de mujeres y niños contra la violencia. Se ha aprobado la Ley relativa a la igualdad entre hombres y mujeres, que mejorará la situación de las mujeres. Aún así, el seguimiento de los casos de violencia doméstica sigue siendo inadecuado. En relación con los derechos del niño, se han realizado avances en el aumento de la protección de los niños frente a la negligencia y el abuso. Ya se ha instaurado el marco legislativo que prohíbe cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo y establece un mecanismo de protección frente a tal discriminación. No obstante, en la práctica sigue existiendo discriminación, sobre todo contra la población romaní, el colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), las mujeres, las minorías nacionales y las personas con discapacidad.

No ha habido avances en relación con los derechos de propiedad, puesto que aún no existe una base jurídica adecuada para la restitución de bienes.

La legislación en vigor garantiza el respeto y la protección de las minorías y los derechos culturales. En junio de 2010 se celebraron elecciones para constituir los 19 Consejos de Minorías Nacionales. En general, los comicios estuvieron adecuadamente organizados. Los Consejos todavía no han comenzado a desempeñar sus funciones.

La situación interétnica en Vojvodina se ha mantenido estable. Ya han comenzado a aplicarse tanto el Estatuto recientemente aprobado como la Ley de determinación de competencias, que concede a esa provincia amplia autonomía en los ámbitos de las finanzas locales y el desarrollo económico. Se deben aprobar disposiciones legislativas adicionales. En el sur de Serbia la situación es estable, en grandes líneas, pero tensa. En conjunto, los enfrentamientos entre los distintos grupos étnicos y en el seno de la comunidad musulmana en Sandžak han disminuido. Persisten empero las tensiones, en particular entre las dos organizaciones islámicas existentes, y en relación con la constitución del Consejo de la Minoría Nacional Bosnia.

Se han hecho algunos avances por lo que respecta a la cuestión del estatuto de los refugiados y los desplazados internos, pero es necesario realizar un esfuerzo adicional considerable. A pesar de algunas mejoras, la mayoría de la población romaní sigue viviendo en condiciones de pobreza extrema. Padecen también discriminación, sobre todo por lo que respecta al acceso a la educación, la protección social, la asistencia sanitaria, el empleo y la vivienda digna.

Por lo que respecta a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, Serbia ha mostrado un planteamiento constructivo en relación con los acontecimientos en Bosnia y Herzegovina. El fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) indicó en su último informe al Consejo de Seguridad de la ONU que las respuestas de Serbia a sus peticiones de acceso a documentos, archivos y testigos han sido rápidas y adecuadas y que no hay peticiones pendientes. También subrayó la profesionalidad y el compromiso de los servicios operativos responsables de la localización de prófugos. No obstante, también formuló una serie de recomendaciones operativas. A pesar de esta cooperación activa de Serbia con el TPIY, todavía siguen en libertad los dos últimos prófugos del TPIY. La cooperación plena con este órgano jurisdiccional sigue siendo una condición esencial para la adhesión a la UE, en consonancia con las conclusiones del Consejo de 25 de octubre de 2010.

Se ha establecido una buena colaboración con EULEX en relación con los crímenes de guerra perpetrados en Kosovo. No obstante, han seguido registrándose problemas con algunos países de la región en relación con los procedimientos de extradición y el reconocimiento de las sentencias.

El proceso de la declaración de Sarajevo recibió un nuevo impulso tras la reunión ministerial celebrada en marzo de 2010 en Belgrado, a iniciativa de Serbia, en la que participaron Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia, quienes acordaron cooperar para clarificar, en especial, las estadísticas sobre refugiados y otros asuntos todavía no cerrados. También se comprometieron a trabajar en pos de la resolución de diversas cuestiones pendientes antes de final de año.

Serbia ha seguido participando activamente en las iniciativas de cooperación regional, por ejemplo en el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental (PCES), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). Serbia asume la Presidencia del ACELC en 2010. También participa activamente en los preparativos de la inminente Estrategia del Danubio. Las relaciones bilaterales que Serbia mantiene con otros países de la ampliación, en particular con Croacia y Bosnia y Herzegovina, han avanzado mucho, y también ha seguido manteniendo buenas relaciones con los Estados miembros de la UE vecinos. En materia de cooperación en asuntos penales, firmó con Croacia un acuerdo de extradición. No obstante, la cooperación regional se ha visto afectada por la falta de acuerdo entre Serbia y Kosovo sobre la participación de este último país en las reuniones regionales. Debe encontrarse cuanto antes una solución aceptable y viable para la participación tanto de Serbia como de Kosovo en los foros regionales. Esto es esencial para una cooperación regional integradora y efectiva. Serbia todavía sigue rechazando los sellos aduaneros de Kosovo notificados por la UNMIK. En Kosovo, Serbia ha mantenido estructuras paralelas y organizado elecciones municipales parciales paralelas.

Tras experimentar una grave recesión al hilo de la crisis mundial, la economía serbia ha ido recobrando gradualmente la estabilidad gracias a un programa de ajuste acordado con el FMI y respaldado por la UE y el Banco Mundial. La actividad económica ha comenzado a repuntar a partir del primer semestre de 2010, pero la recuperación sigue siendo lenta y frágil. Las finanzas públicas han seguido deteriorándose a pesar de las distintas medidas de ajuste establecidas para contener el desfase presupuestario. La aprobación por el Gobierno de una serie de modificaciones de las leyes que rigen el presupuesto y el sistema de pensiones ha sido un paso importante para mejorar la calidad de las finanzas públicas. Se han vuelto a posponer otras reformas estructurales, especialmente la privatización y la reestructuración de empresas, a causa de las condiciones desfavorables que siguen imperando en el mercado.

Por lo que respecta a los criterios económicos, los avances hacia el establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento han sido limitados. Serbia debe invertir mayores esfuerzos en la reestructuración de la economía a fin de poder hacer frente a medio plazo a las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión Europea.

Existe un amplio consenso sobre los aspectos fundamentales de una economía de mercado. La adopción tempestiva de medidas adecuadas, de acuerdo con el FMI, ha sido fundamental para el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica. La posición exterior de Serbia mejoró durante la recesión. El repunte de la actividad económica en 2010 provocó un aumento del déficit por cuenta corriente que fue posible contener, no obstante, gracias a la solidez de las exportaciones y el crecimiento limitado de las importaciones. Las reservas de divisas han permanecido relativamente elevadas, a pesar de las intervenciones periódicas del banco central para controlar la volatilidad del tipo de cambio. En general la inflación se ha mantenido dentro de la banda de fluctuación prevista, dado que el banco central ha vuelto a aplicar una política monetaria restrictiva. Las entidades bancarias siguen estando adecuadamente capitalizadas y gozan de liquidez. La modificación de las leyes que rigen el presupuesto y el sistema de pensiones obligan al Gobierno a aplicar medidas de consolidación fiscal a medio plazo.

No obstante, Serbia ha vuelto a posponer las reformas para corregir las mayores deficiencias estructurales. La recuperación económica gradual no ha bastado para impedir el deterioro adicional de la situación del mercado de trabajo, con un descenso de la ocupación y un aumento del desempleo. A pesar de las medidas correctoras aplicadas para limitar el desfase fiscal durante la crisis y la modificación de la legislación sobre el presupuesto y el sistema de pensiones con objeto de aumentar la disciplina fiscal, es preciso reforzar la sostenibilidad a medio plazo de las finanzas públicas introduciendo diversas reformas en el sistema de asistencia sanitaria y la administración pública. La privatización de las empresas de titularidad social ha retrocedido tras la anulación de numerosos contratos de venta. La privatización de las empresas de titularidad estatal se ha retrasado aún más. El entorno empresarial sigue constreñido por los trámites burocráticos y la insuficiente previsibilidad jurídica, en particular por lo que respecta a la garantía del cumplimiento efectivo de los derechos de propiedad, obstáculos que dificultan la entrada en el mercado y la salida del mismo. Además, las deficiencias de la competencia y los estrangulamientos existentes en las infraestructuras siguen obstaculizando la realización de negocios. El sector informal constituye todavía un problema importante.

Serbia ha seguido avanzando en la adaptación de su legislación a las normas europeas. Asimismo, ha seguido aplicando las disposiciones del Acuerdo Interino y realizando nuevos avances en el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo de Estabilización y Asociación. La capacidad administrativa es adecuada. Ahora bien, se necesitan esfuerzos adicionales para aproximar al acervo tanto la legislación como las políticas. Es preciso garantizar la aplicación y la garantía del cumplimiento de la legislación adoptada en relación con la UE.

Por lo que respecta al mercado interior, Serbia ha progresado en el cumplimiento de las normas sobre libre circulación de mercancías. Se ha aprobado legislación relativa a la metrología y a determinadas directivas de nuevo enfoque. No obstante, todavía no se ha configurado un nuevo marco jurídico para la supervisión del mercado. Es preciso seguir reforzando la capacidad administrativa y la cooperación entre las instituciones del Estado. Son necesarios esfuerzos adicionales para proseguir la transposición del acervo sobre productos específicos en la legislación serbia.

Serbia está moderadamente adelantada por lo que respecta al cumplimiento de las normas de la UE en los ámbitos de la libre circulación de personas, servicios, derecho de establecimiento y Derecho de sociedades. Una serie de leyes están pendientes de aprobación. En cuanto a la libre circulación de capitales, Serbia sigue avanza moderadamente. Los no residentes son libres de realizar inversiones directas con algunas restricciones. Serbia debe proseguir sus esfuerzos para cumplir los requisitos de liberalización gradual establecidos en el AEA.

En los ámbitos de la fiscalidad y las aduanas, Serbia avanza por la vía adecuada para respetar el acervo de la UE y sigue comprometida con las reformas pertinentes. Se han respetado las obligaciones derivadas del Acuerdo Interino. Son necesarios esfuerzos adicionales por lo que respecta a los procedimientos y la capacidad administrativa. Ha aumentado la capacidad de garantizar el cumplimiento de la normativa de las entidades responsables de la administración fiscal y la recaudación impositiva, aunque se necesitan avances adicionales al respecto. Serbia debe adoptar medidas complementarias para garantizar que su legislación fiscal respeta el Código Deontológico a efectos de la fiscalidad de las empresas.

Serbia ha realizado algunos avances en el cumplimiento de las normas europeas en el ámbito de la competencia. Se ha aprobado la legislación de desarrollo de la Ley sobre competencia. Además, Serbia debería seguir buscando resultados comprobables en materia de ejecución de la normativa. Los conocimientos sobre economía y legislación de competencia en los medios judiciales siguen siendo deficientes. En el ámbito de las ayudas estatales se han hecho algunos avances. Aunque ya se ha establecido un organismo responsable de las ayudas estatales, es preciso mejorar su capacidad administrativa. También es necesario garantizar la aplicación eficaz de la legislación.

Los preparativos realizados por Serbia para establecer un sistema de contratación pública eficaz y totalmente independiente, con procedimientos de adjudicación simplificados, están moderadamente avanzados. Sigue siendo necesario realizar un esfuerzo significativo para reforzar la capacidad de aplicación de los requisitos del acervo de la UE. Se han realizado avances en el ámbito de la propiedad intelectual, pero se necesitan esfuerzos adicionales por lo que respecta a la adaptación al acervo. En cuanto a la garantía del cumplimiento de la normativa, es preciso mejorar la coordinación existente entre las agencias pertinentes, así como inversiones considerables en la formación de los jueces.

En el ámbito del empleo y la política social continúan los preparativos para cumplir las normas europeas. Se han realizado avances en el ámbito de la sanidad pública. El Gobierno ha aprobado el Plan Estratégico de Desarrollo de la Protección de la Salud (2010-2015) preparado por el Consejo Nacional de Sanidad de Serbia.

Serbia ha realizado algunos avances para adaptarse a las normas europeas en el ámbito de la educación. Todavía no se ha desarrollado una estrategia global que abarque todos los niveles de educación, incluido el aprendizaje permanente. Por lo que respecta a la investigación y ciencia, la adaptación al acervo ha avanzado notablemente. Aún así, se necesitan esfuerzos adicionales para facilitar la integración de Serbia en el Espacio Europeo de Investigación y fortalecer su capacidad nacional de investigación.

Las negociaciones para la incorporación de Serbia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) están entrando en su fase final y ya ha concluido la ronda bilateral de negociaciones con la mayoría de los socios de la OMC.

Por lo que respecta a las políticas sectoriales, Serbia se encuentra muy avanzada y respeta las normas europeas en el ámbito de la industria y las PYME. La preparación de una estrategia industrial apenas ha comenzado.

Serbia se encuentra muy avanzada por lo que respecta al cumplimiento de las normas europeas en los ámbitos de la agricultura, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria. Se ha seguido perfeccionando el marco jurídico. No obstante, es preciso mejorar la aplicación y la garantía del cumplimiento de la normativa, especialmente en el ámbito de la seguridad de los alimentos. La capacidad administrativa es deficiente y es preciso asignar los recursos con más eficiencia. Los servicios de inspección necesitan formación adicional. Es preciso proceder a la contratación de personal cualificado en los organismos recientemente establecidos. Se han realizado avances en relación con el control oficial de los laboratorios.

En el ámbito del medio ambiente, Serbia se encuentra moderadamente avanzada por lo que respecta al cumplimiento de las normas europeas. Se han aprobado el Programa Nacional de Protección Medioambiental (2010-2019) y una serie de leyes relativas a la calidad del aire y del agua, a la protección de la naturaleza y al cambio climático. Ya ha comenzado a funcionar la nueva Agencia de Productos Químicos. No obstante, todavía se debe reforzar la capacidad de aplicar y garantizar el cumplimiento de la legislación.

Serbia ha realizado algunos avances en el ámbito del transporte. Ya se aplican las disposiciones de acceso al mercado contempladas en el Acuerdo sobre la Aviación Civil Europea. En cambio, todavía no se ha aprobado la legislación marco en materia de ferrocarriles. Es preciso reforzar la capacidad administrativa.

En el sector de la energía, Serbia ha hecho algunos avances en cuanto a la adaptación a las normas europeas, pero los avances siguen siendo desiguales. Se precisan nuevos esfuerzos para lograr la separación y una apertura real al mercado, junto con una política de precios que ofrezca unas tarifas viables que reflejen los costes. Se debe realizar un esfuerzo adicional para fortalecer el organismo regulador de la energía nuclear.

Se han hecho algunos avances en el ámbito de la sociedad de la información y los medios de comunicación. Se ha reforzado el marco legislativo, pero la aplicación sigue siendo lenta y la inadecuada evolución del mercado y la reglamentación en el sector de las comunicaciones electrónicas es especialmente preocupante. Los preparativos en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información están moderadamente avanzados. En el sector audiovisual, es preciso adaptar al acervo la legislación sobre los medios de comunicación, y algunas disposiciones de la Ley de información pública siguen suscitando reservas.

Aunque Serbia se encuentra todavía en las primeras fases de la introducción de buenas prácticas en materia de auditoría externa y control financiero interno público, cabe señalar algunos avances en relación con el establecimiento de la Unidad Central de Armonización del Control Financiero y la primera fiscalización de la contabilidad pública por la Institución Estatal de Auditoría.

Serbia ha avanzado notablemente por lo que respecta al cumplimiento de las normas europeas en el ámbito de las estadísticas tras la adopción de legislación relativa a las estadísticas y los censos de población y agrícola. Los preparativos para el censo de población están muy avanzados, pero todavía se debe encontrar financiación. No obstante, se necesitan más avances en varios ámbitos estadísticos y es preciso realizar un esfuerzo adicional para consolidar la capacidad de la oficina estadística.

Ha proseguido el avance en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. Desde diciembre de 2009, los ciudadanos serbios titulares de pasaportes biométricos pueden viajar sin necesidad de visado.

Se han registrado algunos avances en el ámbito de la gestión de fronteras, fundamentalmente a través de la modernización del equipo y las infraestructuras. Aún así, se necesitan esfuerzos adicionales para eliminar las disparidades existentes entre los distintos puestos fronterizos y para mejorar el control en las fronteras con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Croacia, y en particular en la demarcación administrativa con Kosovo.

Los avances han sido pequeños en el ámbito del asilo. Se ha aprobado una lista de países seguros para los solicitantes de asilo. No obstante, todavía no se ha establecido la Oficina de Asilo, el organismo responsable en primera instancia de las solicitudes correspondientes. Numerosos expedientes se cierran porque los solicitantes abandonan el territorio serbio o desaparecen. Serbia ha logrado algunos avances en el ámbito de la migración. La aplicación del acuerdo de readmisión entre Serbia y la Unión Europea ha proseguido sin problemas significativos. No obstante, la estrategia de gestión de la migración todavía no se aplica de manera eficaz. Es necesario mejorar la coordinación entre los organismos responsables y reforzar sus capacidades.

Se han logrado algunos avances en la prevención del blanqueo de dinero. Se ha aprobado un plan de acción y se ha creado un organismo de coordinación. También ha proseguido la labor de mejora de la cooperación nacional e internacional en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. Con todo, los resultados prácticos siguen siendo deficientes. El organismo responsable de luchar contra el blanqueo de dinero carece de capacidad para identificar sistemáticamente los casos sospechosos. Es necesario mejorar la notificación, en particular más allá del sector bancario. Las autoridades policiales y judiciales carecen de los conocimientos especializados necesarios en las investigaciones financieras y en los casos de blanqueo. Las condenas firmes siguen siendo infrecuentes.

En el ámbito de la lucha contra las dogas cabe señalar avances notables. Las instancias judiciales y policiales han proseguido las investigaciones y mejorado la cooperación internacional, lo que ha propiciado el decomiso de grandes alijos. Ahora bien, siguen existiendo deficiencias por lo que respecta a la vigilancia de las fronteras con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia y la demarcación administrativa con Kosovo.

Ha seguido el desarrollo de capacidades en la policía, con la mejora de los servicios especializados de la policía criminal. Ha mejorado la colaboración entre las diversas estructuras policiales, así como la cooperación regional e internacional. No obstante, es preciso mejorar la planificación estratégica y la gestión de los recursos humanos. Los procedimientos de contratación deben ser más transparentes. Es preciso reforzar el control interno.

Se han realizado avances notables en la lucha contra la delincuencia organizada. La cooperación entre las agencias pertinentes ha mejorado dentro del país, en la región y a escala internacional, lo que ha propiciado la consecución de buenos resultados en investigaciones de gran repercusión mediática y la detención de distintos sospechosos. La confiscación de bienes ha comenzado a tener lugar de manera más sistemática y algunos casos se han saldado con medidas de ese tipo. No obstante, todavía no se ha aprobado el nuevo Código de Procedimiento Penal, revisado en profundidad. Es preciso reforzar más aún la capacidad de los organismos judiciales y policiales para utilizar técnicas modernas de investigación, en particular en el ámbito de las investigaciones financieras.

Se han aprobado procedimientos para identificar a las víctimas de la trata de seres humanos y el número de víctimas identificadas ha seguido aumentando. No obstante, es preciso modificar el marco estratégico con objeto de mejorar tanto las políticas aplicadas para dar respuesta a las nuevas tendencias como la cooperación entre la policía, la fiscalía y los tribunales. Serbia ha realizado algunos avances en la lucha contra el terrorismo con la aprobación de la Ley relativa a las agencias de inteligencia militar y seguridad militar. No obstante, es preciso mejorar las políticas de prevención. Todavía no se ha establecido una base de datos sobre sospechosos de terrorismo.

El avance ha sido pequeño en la protección de los datos personales. La estrategia de aplicación de la Ley relativa a la protección de los datos personales se aprobó en agosto de 2010. A pesar de que la situación ha mejorado un tanto, la Oficina del Comisario de Información Pública y Protección de Datos Personales sigue careciendo de recursos financieros y humanos suficientes. La protección de los datos personales es un requisito previo básico para que Serbia pueda celebrar un acuerdo con Eurojust y un acuerdo operativo con Europol.

Kosovo

Kosovo ha realizado algunos avances por lo que respecta a los criterios políticos. Ha fortalecido su compromiso con el programa europeo y las reformas políticas y ha creado un Ministerio de Integración Europea. El Gobierno ha velado por el mantenimiento de un diálogo provechoso con la UE sobre el Proceso de Asociación y Estabilización (PAE). Ahora procede que las autoridades aceleren el ritmo de las reformas. La capacidad de la administración pública sigue siendo deficiente y el poder judicial no funciona con eficacia. El Estado de Derecho sigue siendo motivo de gran preocupación. La cooperación con la misión de la UE relativa al Estado de Derecho (EULEX) ha mejorado y las autoridades han puesto en marcha una serie de operaciones de lucha contra la corrupción en apoyo de EULEX. Estos esfuerzos deben proseguir y abarcar la delincuencia organizada, las drogas y el blanqueo de capitales. Se han convocado elecciones tras la renuncia del Presidente de Kosovo.

Se han realizado avances significativos por lo que respecta a la descentralización. Las cuatro nuevas entidades municipales establecidas ya han comenzado a funcionar. A finales de 2009 se celebraron elecciones locales. Según la misión enviada por el Parlamento Europeo, el proceso electoral se desarrolló de manera pacífica, con una participación considerable de los votantes, incluso entre la comunidad serbokosovar. Aún así, persisten las reservas en relación con la situación en el norte de Kosovo, donde se han producido varios incidentes violentos. La descentralización solo podrá completarse con la participación de la población local. Es preciso redoblar los esfuerzos para garantizar la integración de todas las comunidades y la prestación de servicios públicos en todos los municipios. A este respecto es importante contar con el apoyo de las comunidades locales, que deben desempeñar un papel constructivo en la consolidación del Estado de Derecho. Siguen operando estructuras paralelas que dificultan el proceso de descentralización.

En julio, la Corte Internacional de Justicia formuló un dictamen consultivo en el que concluía que la declaración de independencia de Kosovo no contravenía el Derecho internacional general ni la Resolución 1244 (1999) del Consejo General. Tras la Resolución aprobada el 9 de septiembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la UE confirmó su disposición a facilitar el proceso de diálogo entre Pristina y Belgrado con el fin de fomentar la cooperación, impulsar la aproximación a la Unión Europea y mejorar las condiciones de vida de la población. Todas las partes deben realizar un esfuerzo decidido para que los foros regionales funcionen eficazmente y sin exclusiones.

Por lo que respecta a la democracia y el Estado de Derecho, se ha avanzado en el fortalecimiento de las estructuras ejecutivas y parlamentarias, en particular en relación con la integración europea. Sin embargo, el Estado de Derecho necesita seguir siendo reforzado y su situación constituye un motivo de profunda preocupación.

En septiembre, el Tribunal Constitucional estableció que es anticonstitucional desempeñar al mismo tiempo el cargo de Presidente de Kosovo y de presidente de un partido político. Tras esta decisión, el Presidente de Kosovo presentó su dimisión, la LDK se retiró de la coalición de Gobierno y se han convocado elecciones para el 12 de diciembre.

La Asamblea ha establecido una Comisión de Cuentas Públicas. La Comisión de Integración Europea ha simplificado su reglamento interno. Aún así, la capacidad de examinar las propuestas legislativas y supervisar su aplicación una vez adoptadas sigue siendo deficiente. Es preciso seguir mejorando el control parlamentario del Gobierno.

Ya se han establecido las principales estructuras del Gobierno, que siguen funcionando con arreglo a las disposiciones constitucionales pertinentes. El Ministerio de Integración Europea ha comenzado a desarrollar su labor con éxito y ahora debe reforzar su capacidad y consolidar su papel de coordinación de los demás ministerios.

La reforma de la administración pública en Kosovo sigue constituyendo un gran reto. La aprobación de las leyes sobre la función pública y la remuneración ha permitido seguir desarrollando el marco jurídico. Es preciso reforzar sustancialmente la capacidad de la administración pública para prestar los servicios necesarios a toda la población de Kosovo. La administración pública kosovar adolece todavía de debilidad.

Kosovo ha obtenido avances en la reforma del sistema judicial. Se ha puesto en marcha una gran reforma judicial mediante la adopción de cuatro leyes de reforma relativas a los tribunales, la fiscalía, el Consejo Judicial y el Consejo de la Fiscalía. La ley sobre tribunales introduce un nuevo sistema salarial, que mejora significativamente la situación de los jueces. La habilitación de jueces y fiscales también ha finalizado y más de 340 jueces y fiscales han sido nombrados por el Presidente en todos los niveles de la judicatura. Esto incluye el nombramiento de los miembros locales del Consejo Judicial de Kosovo, que han elegido a su Presidente. Tras haber aprobado el examen correspondiente, los primeros jueces y fiscales se graduaron en el Instituto Judicial de Kosovo en diciembre de 2009. Sin embargo, ha habido casos de interferencia política en el sistema judicial, especialmente en el proceso de renovación de jueces y fiscales. Son todavía muy numerosos los casos pendientes, sobre todo en materia civil, incluidos los derechos de propiedad. Las instituciones de Kosovo deben conceder suficiente importancia al apoyo a las investigaciones y al seguimiento judicial de los asuntos de crímenes de guerra. Deben prepararse planes para aplicar la reforma judicial y asignar recursos a tal efecto. Kosovo se encuentra todavía en una fase inicial en cuanto al respeto de las prioridades en el ámbito de la justicia.

La aprobación de las leyes relativas a la agencia anticorrupción y a la declaración y el origen de los bienes y regalos de los altos funcionarios públicos ha permitido mejorar el marco jurídico de la lucha contra la corrupción. Se ha modificado la ley de prevención de los conflictos de interés en el ejercicio de funciones públicas. La ley de financiación de los partidos políticos no está plenamente en consonancia con las normas europeas. Aún así, los resultados de la lucha contra la corrupción son limitados. Los ámbitos que suscitan mayor preocupación siguen siendo el procedimiento de contratación pública y los sistemas judicial y policial. La misión EULEX ha tenido que seguir ejerciendo su mandato ejecutivo en algunos casos importantes. Existe un cierto número de investigaciones anticorrupción abiertas. En abril, se efectuaron registros en el Ministerio de Transportes; en julio, la policía de Kosovo arrestó al Gobernador del Banco Central en cooperación con EULEX. El Gobierno ha cooperado con estas investigaciones. La corrupción sigue prevaleciendo en Kosovo y constituye un problema muy grave. El marco jurídico todavía no se ha completado y no respeta plenamente las normas europeas.

La Constitución garantiza los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías y enumera los principales acuerdos e instrumentos internacionales directamente aplicables en Kosovo. No obstante, la estructura institucional y la falta de voluntad política limitan la aplicación eficaz de las normas jurídicas en este ámbito. El proceso de integración de la comunidad serbia está en curso. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para atender aspectos clave, como el acceso a la propiedad, los desaparecidos, los retornos y la educación.

Ha habido algunos avances en materia de derechos civiles y políticos. El Gobierno ha de aumentar su labor por lo que respecta a la prevención de la tortura y las denuncias de maltrato y utilización excesiva de la fuerza por parte de la policía y el personal de las prisiones. Las condiciones en las prisiones son todavía preocupantes. Los avances han sido limitados por lo que respecta al acceso a la justicia.

La libertad de expresión sigue sin estar garantizada en la práctica. Es preciso reforzar la independencia e imparcialidad del organismo público de radiodifusión. Los periodistas siguen recibiendo amenazas a raíz de su labor informativa. También se enfrentan a dificultades a la hora de acceder a documentos oficiales. La legislación relativa a la libertad de asociación no facilita el desarrollo y la financiación sostenibles de las organizaciones no gubernamentales. Está aumentando la capacidad de la sociedad civil para vigilar y valorar la actuación del Gobierno. No obstante, la sociedad civil sigue adoleciendo de debilidad y no siempre es consultada por el Gobierno en el marco del proceso legislativo.

Los derechos económicos y sociales todavía no están plenamente garantizados. Se ha reforzado el marco jurídico para la protección de la mujer. Ha habido algunos avances en el ámbito de la justicia de menores. No obstante, la protección de las derechos del niño sigue siendo deficiente. El Gobierno debe luchar más eficazmente contra el trabajo infantil y la trata de menores. Es preciso mejorar la integración social y la protección de los grupos vulnerables, en particular los niños abandonados, los retornados y las personas con discapacidad. Kosovo ha lanzado una campaña de sensibilización contra la discriminación centrada especialmente en la discriminación relacionada con la edad y la orientación sexual. La aplicación de la legislación antidiscriminación sigue siendo inadecuada. La ejecución de las resoluciones judiciales que garantizan el ejercicio de los derechos de propiedad ha mejorado. No obstante, son todavía numerosos los casos pendientes, algunos desde hace mucho tiempo, lo que limita sobremanera la recuperación de propiedades.

Ha habido avances limitados por lo que respecta al respeto y la protección de las minorías y los derechos culturales. El Ministerio de Cultura ha establecido una Dirección de Patrimonio Cultural. Ha proseguido la reconstrucción de lugares de culto. La Policía de Kosovo ha tomado el relevo de la KFOR y ahora garantiza la protección de determinados lugares de culto y monumentos. No obstante, la ley sobre el patrimonio cultural aún no se aplica plenamente. Todavía no se ha establecido el consejo de supervisión contemplado en la Ley de 2008 sobre las zonas de protección especial. El Ministerio de Comunidades y Retorno ha incrementado sus esfuerzos para facilitar el retorno de refugiados y desplazados internos pertenecientes a minorías. El número de retornos voluntarios está aumentando en todo Kosovo.

En diciembre de 2009, Kosovo aprobó un plan de aplicación de la estrategia de integración de las comunidades romaní, asjali y egipcia, pero el Gobierno no ha establecido las estructuras para aplicar esa estrategia eficazmente. Ya ha comenzado el proceso de reubicación de las familias residentes en las zonas contaminadas con plomo del norte de Kosovo, lo que ha permitido cerrar el campo de Cesmin Llug/Česmin Lug. Este proceso habrá de completarse tan pronto como sea posible. Las condiciones de vida de esas comunidades y su acceso a la educación, la atención sanitaria y la protección social son todavía muy preocupantes. Es preciso consolidar la participación de Kosovo en la Década Romaní.

En cuanto a las obligaciones regionales e internacionales, durante el periodo que abarca el informe Kosovo ha seguido cooperando con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Más de diez años después de finalizado el conflicto armado, se estima que hay unos 1 800 desaparecidos. Las autoridades deben realizar mayores esfuerzos en este ámbito. Kosovo participó en la cumbre de alto nivel celebrada por la UE y los Balcanes Occidentales en Sarajevo en junio. Ahora bien, Kosovo debe adoptar un enfoque constructivo con el fin de garantizar su participación efectiva en las iniciativas de cooperación, por ejemplo en el Consejo de Cooperación Regional y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). Con respecto al ACELC, Kosovo debe ser pragmático y buscar un camino constructivo con el fin de garantizar una aplicación efectiva de dicho Acuerdo. Los sellos de aduanas de Kosovo, que, como ha confirmado el Representante Especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, deben ajustarse a lo dispuesto en la RCSNU 1244/99, no son reconocidos por Serbia ni Bosnia y Herzegovina. Urge acordar una solución viable y aceptable para la participación de Kosovo y de Serbia en los foros regionales más importantes. Se trata de un aspecto esencial para que la cooperación regional funcione adecuadamente y sin exclusiones.

La crisis económica ha tenido una incidencia limitada sobre la economía de Kosovo. El PIB real ha seguido creciendo, impulsado fundamentalmente por el gasto público. Cada vez son mayores los riesgos que pesan sobre la sostenibilidad de ese perfil de crecimiento. El desempleo sigue siendo muy elevado y la inflación ha registrado súbitas variaciones, reflejo de la fluctuación de los precios de los alimentos y el combustible. La formulación y aplicación de políticas adolece todavía de falta de previsibilidad. Se ha alcanzado un acuerdo con el FMI sobre un programa centrado en la limitación de los riesgos fiscales y la recuperación de la sostenibilidad fiscal. Las lagunas del Estado de Derecho, la falta de fiabilidad del suministro de electricidad, la infraestructura deficiente y las limitaciones del acceso a la financiación son algunos aspectos a los que todavía se enfrentan las empresas y que constituyen los principales obstáculos para la actividad comercial y el desarrollo económico.

En cuanto a los criterios económicos, Kosovo ha hecho avances limitados hacia el establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento. Se necesitan reformas e inversiones considerables para que pueda hacer frente a largo plazo a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

Se ha mantenido un amplio consenso sobre los aspectos fundamentales de las políticas económicas orientadas hacia el mercado. La utilización del euro, los niveles reducidos de deuda externa y la estrechez de la base de las exportaciones han limitado la exposición de la economía a los choques externos, financieros o de la demanda. El sector bancario ha proseguido su expansión y mantenido su estabilidad y rentabilidad. La Agencia de Privatización de Kosovo ha continuado la privatización de las empresas de titularidad social. Se ha concluido con éxito el primer proyecto de asociación entre los sectores público y privado y se ha seleccionado a un consorcio internacional para explotar el Aeropuerto Internacional de Pristina en el marco de una concesión de 20 años de duración.

No obstante, el fuerte crecimiento del gasto público hace que cada vez sea mayor la vulnerabilidad de las distintas políticas. En particular, la construcción de una nueva autopista lastra en gran medida las finanzas públicas. Las deficiencias en la formulación y aplicación de políticas han aumentado la ya de por sí elevada incertidumbre que existe en la economía. Las estadísticas económicas han mejorado un tanto, pero siguen siendo inadecuadas. El desempleo sigue siendo muy alto, sobre todo entre los jóvenes. El déficit por cuenta corriente ha aumentado debido a la fortaleza de la demanda interna y al infradesarrollo de la base productiva. La empresa pública de electricidad ha seguido recibiendo del presupuesto público cuantiosas subvenciones para la importación de electricidad y préstamos para la financiación de su programa de inversiones. Las lagunas del Estado de Derecho, la incertidumbre sobre los derechos de propiedad y los tipos de interés elevados siguen incidiendo negativamente sobre el entorno empresarial y el desarrollo económico. El sector informal constituye todavía un reto importante.

Los avances siguen siendo desiguales en lo tocante a la adaptación de la legislación y las políticas de Kosovo a las normas europeas. Se ha seguido desarrollando el marco jurídico en los ámbitos de las aduanas, la fiscalidad, la libre circulación de mercancías, las estadísticas, la migración, la educación y la lucha antiterrorista. La aproximación acaba de comenzar en cuanto a la competencia, la propiedad intelectual, el medio ambiente, la agricultura y la seguridad de los alimentos, la gestión integrada de las fronteras, el asilo, el blanqueo de dinero y la protección de los datos personales. La adaptación a las normas europeas es todavía limitada en los ámbitos del empleo y las políticas sociales, el control financiero, el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos y la delincuencia organizada.

En cuanto al mercado interior de la UE, se han registrado algunos avances en el desarrollo del marco jurídico para la libre circulación de mercancías, incluida la protección de los consumidores. No obstante, es preciso reforzar el marco jurídico general. La adaptación a las normas europeas en los ámbitos de la libre circulación de personas y la libertad de prestación de servicios y del derecho de establecimiento es limitada. El ámbito de libre circulación de capitales ya está muy adelantado. No obstante, son necesarios esfuerzos adicionales por lo que respecta a una reglamentación eficaz.

En general, las disposiciones jurídicas en el ámbito de las aduanas son compatibles con las normas europeas y se han tomado medidas para luchar contra la corrupción. Es preciso intensificar la labor de lucha contra el contrabando. Los controles aduaneros en el norte de Kosovo deben ser reforzados. Aunque se ha mejorado, la capacidad administrativa sigue siendo insuficiente. La evolución ha sido positiva en lo tocante a la legislación y el desarrollo de capacidades en el ámbito de la fiscalidad. Se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar la aplicación eficaz de la normativa vigente y el pago de los impuestos, para ampliar la base impositiva y reducir, por consiguiente, la economía informal, muy extendida. Ha aumentado el número de recursos pendientes contra decisiones del Servicio de Aduanas y la Administración Tributaria.

En el ámbito de la competencia no ha habido avances en lo que hace a la política antimonopolio o las normas sobre ayudas estatales. La capacidad administrativa ha mejorado, pero en general la aplicación de la política de competencia se encuentra en una fase inicial. Es preciso intensificar la cooperación entre las instituciones responsables en materia de competencia. También se ha de aumentar la participación de la Comisión de Competencia en las grandes iniciativas de privatización y restructuración.

Todavía no se ha aprobado la nueva Ley sobre contratación pública, aunque el Gobierno está trabajando a tal efecto. La aplicación práctica de la normativa vigente suscita preocupación. Es preciso reforzar el papel de los responsables de las contrataciones públicas con el fin de mejorar la supervisión de la aplicación de los contratos correspondientes. También se debe ampliar la independencia y la profesionalidad del sistema de contratación pública. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para erradicar la corrupción en este ámbito. Las disposiciones vigentes en Kosovo sobre concesiones difieren sustancialmente de las normas europeas.

Todavía deben establecerse la legislación básica sobre derechos de propiedad intelectual. Se necesitan esfuerzos significativos en materia de sensibilización y garantía del cumplimiento de la normativa. En Kosovo, el régimen de defensa de los derechos de propiedad intelectual apenas se encuentra desarrollado y su aplicación es deficiente.

Los avances han sido limitados por lo que respecta a la adaptación al acervo en los ámbitos del empleo y la sanidad pública. La deficiente capacidad administrativa y la inadecuación del marco jurídico son aspectos preocupantes. Es preciso mejorar la protección social y la integración, así como el diálogo social. En el ámbito de la educación, el marco jurídico se ha aproximado a las normas europeas, aunque se precisa una mayor capacidad administrativa para aplicar las reformas. Las autoridades kosovares han desarrollado un programa quinquenal de investigación con el propósito de mejorar las capacidades en ese sector, clasificado como prioritario.

En cuanto a las políticas sectoriales, debe promoverse más efectivamente el desarrollo de las PYME y las diferentes estrategias que afectan a este ámbito deberían coordinarse mejor. Se deberían intensificar los esfuerzos en los ámbitos de la agricultura y la seguridad alimentaria, en particular por lo que respecta a la aplicación de la legislación adoptada y la modernización de los establecimientos agroalimentarios. En materia de medio ambiente todavía deben adoptarse varias leyes y la aplicación de las normas medioambientales de la UE se encuentra todavía en una fase inicial.

La infraestructura de transporte sigue estando infradesarrollada. Kosovo ha emprendido un programa de construcción de carreteras que no tiene en cuenta las previsiones sobre los flujos de tráfico. Además, la dimensión del programa desvía inversiones de otros tipos de transporte, en particular de los ferrocarriles. La adaptación a las normas europeas en el ámbito de la aviación ha mejorado. En diciembre de 2009, Kosovo aprobó sendos programas de control de la calidad y seguridad de la aviación.

En el sector de la energía cabe señalar dificultades importantes por lo que respecta al cobro de las facturas de la electricidad y la gestión de un crecimiento insostenible de la demanda de electricidad. En abril, las autoridades kosovares aprobaron la estrategia energética para el periodo 2009-2018 y en octubre de 2010, tras un considerable retraso, se adoptó un paquete de leyes clave en este ámbito (sobre energía, electricidad y el organismo regulador del sector).

Los avances han sido limitados en el ámbito de sociedad de la información y medios de comunicación. Es preciso reforzar la independencia y los recursos del Organismo Regulador de las Telecomunicaciones y garantizar la independencia del Consejo Independiente de Medios de Comunicación en la actual revisión de la correspondiente ley. También se ha de encontrar una solución a largo plazo para la financiación del organismo público de radiodifusión.

Ha habido algunos avances por lo que se refiere al control financiero. Aún así, Kosovo se encuentra todavía en una fase preliminar de la introducción de las normas internacionales. La falta de independencia financiera de la Oficina del Auditor General sigue constituyendo un aspecto preocupante. En julio, las autoridades kosovares aprobaron la Ley sobre estadísticas oficiales. Ahora bien, la capacidad administrativa sigue siendo deficiente y se necesitan esfuerzos adicionales para mejorar las estadísticas sectoriales, en particular las empresariales y macroeconómicas.

Los avances han sido desiguales en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. Kosovo ha realizado algunos avances por lo que se refiere a la gestión integrada de las fronteras. Ha tomado el relevo de la KFOR y asumido la responsabilidad de gestionar la frontera con Albania. No obstante, se necesitan esfuerzos considerables para que la gestión de las fronteras se ajuste a las normas de la UE. El Norte sigue constituyendo un reto particular y la EULEX ha intensificado sus actividades en los pasos 1 y 31. Los avances han sido limitados en materia de asilo. Aunque ha aumentado considerablemente, el número de solicitudes de asilo sigue siendo bajo en términos generales. La mayoría de los solicitantes de asilo que han abandonado Kosovo para dirigirse a otros lugares lo han hecho sin un control adecuado por parte de las autoridades kosovares.

Ha habido algunos avances en cuanto a la adaptación a las normas europeas en materia de migración. Kosovo ha aprobado una Ley sobre readmisión que respeta en gran parte los requisitos de la UE y ha firmado distintos acuerdos bilaterales de readmisión. Las autoridades han seguido tramitando eficientemente las solicitudes de readmisión procedentes de países europeos. Ello ha de continuar. Se han aprobado una estrategia revisada de integración de repatriados y un plan para su aplicación.

El blanqueo de dinero sigue siendo una cuestión muy preocupante. Kosovo ha aprobado una Ley contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Ha mejorado la cooperación entre el Servicio de Aduanas y el Centro de Inteligencia Financiera. Este último ha mejorado también su cooperación con los bancos. No obstante, Kosovo se encuentra todavía en una fase inicial de la adopción y aplicación de las normas europeas en este ámbito. La capacidad para investigar y enjuiciar los casos de blanqueo de dinero sigue siendo deficiente. Las autoridades de Kosovo carecen de capacidad suficiente para asumir la responsabilidad de gestionar los casos de blanqueo de dinero. En conjunto, los avances de la lucha contra la delincuencia económica y financiera han sido limitados.

Los avances han sido limitados en la prevención del tráfico de drogas. Se ha mejorado la seguridad de los alijos incautados. Las autoridades han llevado a cabo con éxito diversas operaciones. No obstante, el número de incautaciones, detenciones y procesamientos sigue siendo reducido. La labor de lucha contra el tráfico de drogas se encuentra todavía en una fase inicial.

Se han hecho algunos avances por lo que respecta a la labor policial. Se ha mantenido el orden público y la ceremonia de coronación del patriarca de la Iglesia ortodoxa serbia tuvo lugar en un ambiente pacífico. Se ha aprobado la nueva estructura organizativa de la Policía de Kosovo, incluidas las descripciones de los puestos de los altos responsables. También se ha aprobado la estrategia y el plan de acción sobre el control y la recogida de armas ligeras y de pequeño calibre. Ha aumentado la retirada de armas ilegales. No obstante, la Policía de Kosovo debe desarrollar una fuerza policial que se apoye en la captación y utilización de información con el fin de luchar más eficazmente contra los delitos graves.

Los avances han sido limitados en la lucha contra la delincuencia organizada. Las autoridades de Kosovo han aprobado una estrategia sobre la prevención de la delincuencia. También se ha nombrado a fiscales especiales responsables de combatir la delincuencia organizada. En este ámbito se han firmado una serie de acuerdos bilaterales con terceros países. No obstante, Kosovo debe establecer un marco eficaz de protección de testigos. No ha habido condenas de alto nivel y se han registrado casos de intimidación de jueces y fiscales. La delincuencia organizada sigue constituyendo un problema muy preocupante. Las autoridades deben intensificar sus esfuerzos para combatir la delincuencia organizada que opera en los Balcanes Occidentales y en Europa, especialmente a través de investigaciones, arrestos, decomisos de bienes y condenas. Kosovo debe lograr resultados concretos en este ámbito.

Los avances han sido también limitados en cuanto a la trata de seres humanos. Se han realizado algunas detenciones en el marco de un caso de tráfico ilícito de seres humanos. Kosovo ha adoptado las normas internacionales de atención a las víctimas de la trata. No obstante, el número de casos detectados y víctimas identificadas sigue siendo bajo y no refleja plenamente la dimensión del fenómeno. El nivel de castigo de los culpables no siempre es adecuado. Es necesario reforzar la capacidad de las instituciones de Kosovo para investigar, procesar y condenar los casos de trata de seres humanos. Se han hecho algunos avances por lo que respecta a las medidas antiterroristas. Se ha aumentado la capacidad de la unidad de lucha antiterrorista de la Policía de Kosovo.

Los avances han sido igualmente limitados por lo que respecta a la protección de los datos personales. Aunque se ha aprobado una Ley relativa a la protección de tales datos, todavía no se ha establecido el organismo supervisor responsable. La población de Kosovo no está suficientemente informada sobre sus derechos en cuanto a la protección de los datos personales. Los avances en este ámbito son esenciales para la cooperación internacional de Kosovo en materia de justicia e interior.

Turquía

Turquía sigue cumpliendo de manera suficiente los criterios políticos. Las recientes reformas constitucionales han sentado las condiciones para necesarias para avanzar en diversos ámbitos, como el poder judicial y los derechos fundamentales. Ahora deben ser aplicadas con arreglo a las normas europeas. La apertura democrática, dirigida sobre todo a abordar la cuestión kurda, no ha satisfecho todavía las expectativas.

Las batería de enmiendas constitucionales aprobadas en referéndum el pasado 12 de septiembre constituye un paso en la dirección correcta. Abarca varias de las prioridades de la Asociación para la Adhesión en el ámbito del poder judicial, los derechos fundamentales y la administración pública. No obstante, la elaboración y aprobación de las enmiendas constitucionales no estuvo precedida por un proceso de consulta en el que participaran los partidos políticos y la sociedad civil en general. Es fundamental que el conjunto de enmiendas se aplique en línea con las normas europeas, de manera transparente y sin exclusiones. Todavía se necesitan esfuerzos significativos en el ámbito de los derechos fundamentales. La cantidad de acciones legales contra periodistas y la presión injustificada sobre los medios de comunicación socavan la libertad de prensa en la práctica. El Gobierno solo ha llevado a la práctica parcialmente la apertura democrática anunciada en agosto de 2009 con el fin de abordar sobre todo la cuestión kurda. La decisión del Tribunal Constitucional de ilegalizar el Partido de la Sociedad Democrática (DTP) y el incremento de los atentados terroristas del PKK han socavado asimismo esa política.

Por lo que se refiere a la democracia y el Estado de Derecho en Turquía, cabe señalar que ha proseguido la investigación sobre la supuesta red delictiva Ergenekon. La investigación de ese caso y de otros planes de golpe de Estado sigue constituyendo una oportunidad para que Turquía refuerce la confianza en el adecuado funcionamiento de sus instituciones democráticas y del Estado de Derecho. No obstante, existen reservas sobre el respeto de las garantías judiciales para todos los sospechosos. Turquía todavía no ha adaptado a las normas europeas su legislación en materia de procedimiento y motivos de disolución de partidos políticos.

En cuanto a la reforma de la administración pública, la aprobación de las enmiendas constitucionales ha permitido realizar algunos avances, en particular por lo que se refiere al establecimiento de la institución del Defensor del Pueblo, la protección de los datos personales y el acceso a la información. Son necesarios esfuerzos adicionales, en particular en la reforma de la función pública.

Se han realizado avances por lo que respecta al mando civil de las fuerzas de seguridad. El conjunto de enmiendas constitucionales limita la competencia de los tribunales militares y permite someter a revisión judicial las decisiones del Consejo Militar Supremo. No obstante, altos mandos de las Fuerzas Armadas han seguido formulando declaraciones ajenas a su ámbito de competencia, en particular sobre cuestiones judiciales. No se ha avanzado en cuanto al control parlamentario del presupuesto de la defensa.

En el ámbito del poder judicial se han logrado avances en la aplicación de la estrategia de reforma judicial. La aprobación de las enmiendas constitucionales relativas a la composición del Consejo Superior de Jueces y Fiscales es un paso positivo. No obstante, el Ministerio de Justicia preside aún el Consejo Superior y tiene la última palabra sobre las investigaciones. Durante el proceso de preparación y aprobación de las normas de desarrollo se deberá garantizar el establecimiento de un diálogo efectivo con todas las partes interesadas, con el fin de contribuir a que las reformas se apliquen en línea con las normas europeas, de manera transparente y sin exclusiones.

Se han hecho avances por lo que se refiere al desarrollo de una estrategia global de lucha contra la corrupción y del plan de acción correspondiente. No obstante, la corrupción sigue estando muy extendida en muchos ámbitos. Turquía debe obtener resultados demostrables en materia de investigaciones, procesamientos y condenas.

En cuanto a los derechos humanos y la protección de las minorías, se han hecho algunos avances, en particular por lo que respecta a la libertad de reunión, los derechos culturales y los derechos de mujeres y niños, aunque todavía se necesitan esfuerzos significativos, en particular en relación con la libertad de expresión y la libertad de culto.

En lo tocante al cumplimiento de la legislación internacional sobre derechos humanos, es preciso adaptar plenamente las instituciones de derechos humanos a los principios de las Naciones Unidas.

Prosigue la evolución positiva en cuanto a la prevención de la tortura y el maltrato. Algunos casos destacados de violaciones de los derechos humanos han concluido con condenas. No obstante, se siguen registrando denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas del orden, lo que es preocupante.

Prosigue también la aplicación del programa de reforma de las prisiones. No obstante, la elevada proporción de presos preventivos es todavía uno de los problemas más significativos. Es necesario mejorar los servicios de atención sanitaria en las prisiones.

La legislación turca no garantiza de manera suficiente la libertad de expresión en línea con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es preocupante el gran número de causas incoadas contra periodistas. Las presiones políticas ejercidas indebidamente sobre los medios de comunicación y la falta de seguridad jurídica afectan en la práctica al ejercicio de la libertad de prensa. Son preocupantes las frecuentes prohibiciones de sitios de internet.

Ha habido algunos avances por lo que respecta a la libertad de reunión. Manifestaciones que en el pasado habían provocado disturbios, como las celebraciones de Newroz (el Año Nuevo kurdo) o el primero de mayo, se han desarrollado pacíficamente este año y se han coordinado adecuadamente con las autoridades. No obstante, en algunas manifestaciones celebradas en el sudeste, relacionadas con la cuestión kurda, se han seguido registrando episodios de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

El marco jurídico relativo a la libertad de asociación se ajusta en gran medida a las normas de la UE. No obstante, las autoridades ejercen un control excesivo y continúan incoando procedimientos de disolución contra agrupaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

En cuanto a la libertad religiosa, en general se sigue respetando la libertad de culto. Ha proseguido la aplicación de la Ley sobre fundaciones, aunque con retrasos administrativos y problemas de procedimiento. Ha proseguido asimismo el diálogo con los alevitas y los no musulmanes, pero todavía no se han obtenido resultados. Los miembros de las comunidades religiosas minoritarias siguen siendo objeto de amenazas por parte de algunos extremistas. Se ha de establecer un marco jurídico en línea con el CEDH, que permita a la comunidad alevita y a las comunidades no musulmanas actuar sin limitaciones injustificadas, incluso por lo que respecta a la formación del clero.

Ya se ha establecido en gran parte el marco jurídico que garantiza los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres. Dicho marco se ha reforzado a través de las enmiendas constitucionales que permiten la adopción de medidas de discriminación positiva a favor de la mujer. No obstante, se necesitan esfuerzos adicionales considerables para que ese marco jurídico se convierta en una realidad política, social y económica. Garantizar en la práctica los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres siguen siendo retos básicos para Turquía. Los asesinatos por motivos de honor, la violencia doméstica y los matrimonios forzosos y con menores siguen siendo problemas graves. La legislación se debe aplicar de manera coherente en todo el país. También se debe redoblar la labor educativa y de sensibilización sobre los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres.

Ha habido avances en lo tocante a los derechos de los niños. Turquía ha adaptado a las normas internacionales su marco jurídico en materia de justicia de menores. Las diferencias entre los sexos siguen disminuyendo en la enseñanza primaria, pero persisten todavía en algunas zonas del país. El abandono escolar sigue siendo un problema preocupante. Es preciso intensificar los esfuerzos en todos los ámbitos, en particular por lo que respecta a la educación, el trabajo infantil, la sanidad y la capacidad y la coordinación administrativas, y desarrollar un sistema eficaz de justicia de menores en todo el país.

Las enmiendas constitucionales han ampliado los derechos sindicales en Turquía, en especial para la función pública. El marco jurídico incluye todavía, no obstante, disposiciones restrictivas que se apartan de lo establecido en las normas de la UE y los Convenios de la OIT. La falta de consenso entre los interlocutores sociales y el Gobierno dificulta la adopción de nuevas disposiciones legislativas.

El planteamiento de Turquía en relación con el respeto y la protección de los derechos culturales y las minorías sigue siendo restrictivo. Todavía no se ha logrado el respeto y la protección plenos de los derechos lingüísticos, culturales y fundamentales, de conformidad con las normas europeas. Turquía debe hacer esfuerzos adicionales para aumentar la tolerancia y fomentar la integración de las minorías.

Se han dado algunos pasos positivos para reforzar los derechos culturales, en particular en relación con la política turca de radiodifusión en idiomas distintos del turco. No obstante, siguen existiendo restricciones, en particular sobre el empleo de esos idiomas en la esfera política, en la enseñanza y en los contactos con los servicios públicos.

En la actualidad es mayor el debate público sobre la cuestión de la población romaní y están en curso medidas concretas para atender algunas de sus reivindicaciones. No obstante, a falta de una política global de fomento de su integración social, la población romaní sigue siendo objeto frecuentemente de trato discriminatorio en el acceso a la educación, la vivienda, la atención sanitaria y los servicios públicos.

Por lo que respecta al Este y el Sudeste, la apertura democrática del Gobierno no ha cumplido las expectativas, pues pocas medidas se han puesto en práctica. Es importante que se sostengan los esfuerzos desarrollados en relación con la cuestión kurda mediante amplias consultas. Se debe modificar la legislación antiterrorista para que el ejercicio de los derechos fundamentales no se vea sujeto a limitaciones injustificadas. La existencia de numerosas minas terrestres sigue siendo un aspecto preocupante. Todavía no se ha procedido a la eliminación gradual del sistema de vigilancia de los pueblos.

Desde junio se ha registrado un aumento del número de atentados terroristas perpetrados por el PKK, los cuales se han cobrado numerosas vidas. El PKK figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Turquía y la UE han intensificado su diálogo sobre medidas de lucha antiterrorista.

Han proseguido las medidas de compensación de los desplazados internos. No obstante, su aplicación no es eficaz. El Gobierno no ha desarrollado una estrategia nacional global para abordar esta cuestión y debe redoblar los esfuerzos para atender las necesidades de ese grupo. Es preciso reforzar el marco jurídico sobre los refugiados y solicitantes de asilo y la aplicación de las circulares relativas a los procedimientos de solicitud. Es importante que sigan mejorando las condiciones generales en los centros de detención de extranjeros.

Por lo que respecta a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, Turquía ha seguido manifestando públicamente su apoyo a las negociaciones que están desarrollando los líderes de ambas comunidades, bajo los auspicios de la Secretaría General de las Naciones Unidas, con objeto de acordar una solución global para el problema de Chipre. No obstante, a pesar de los repetidos llamamientos del Consejo y la Comisión, Turquía todavía no ha cumplido las obligaciones que le corresponden en virtud de la declaración de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, de 21 de septiembre de 2005, y de las conclusiones del Consejo, incluidos los Consejos de diciembre de 2006 y diciembre de 2009. No cumple su obligación de aplicar plenamente y sin discriminación el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación y no ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones sobre los enlaces directos de transporte con Chipre. No hay avances en cuanto a la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre.

En cuanto a las relaciones con Grecia, la mejora de las relaciones bilaterales ha cobrado nuevo impulso y ha propiciado resultados positivos en el ámbito del comercio, la educación, el transporte, la energía, la cultura y el medio ambiente. Se han intensificado las conversaciones exploratorias bilaterales. Grecia ha formulado numerosas denuncias formales en relación con la constante violación de su espacio aéreo por Turquía, incluidos vuelos sobre islas griegas, y también por violaciones de sus aguas territoriales.

La UE y Turquía han mantenido un diálogo sobre ámbitos de interés común en relación con los Balcanes Occidentales. Turquía ha tomado una serie de iniciativas en la región, incluidas conversaciones a tres bandas con Serbia y Bosnia y Herzegovina. Las relaciones con Bulgaria siguen siendo positivas.

La economía turca se ha visto duramente afectada por la crisis financiera global, pero pronto ha recuperado el terreno perdido, tras volver a crecer con solidez en todos los sectores desde el segundo trimestre de 2009. El apoyo sustancial proporcionado por el presupuesto público y el Banco Central han logrado sustentar la demanda agregada, en particular a través de una flexibilización sustancial de la posición fiscal y monetaria. Los elevados índices de crecimiento van acompañados de un rápido deterioro del déficit comercial y del déficit por cuenta corriente, de un descenso del desempleo (aunque el paro se mantiene todavía por encima de los niveles anteriores a la crisis) y de un crecimiento de las presiones inflacionistas. La estrategia de salida de las políticas de intervención contra la crisis se centra en lograr un crecimiento robusto, sostenible y equilibrado. Ya se ha completado el desarrollo de una norma fiscal que podría mejorar considerablemente los resultados fiscales a largo plazo. No obstante, se ha retrasado su aprobación por el Parlamento. Por lo que respecta a la reforma estructural, el avance ha sido desigual, pero la reducción de los tipos de interés reales y el fortalecimiento de los fundamentos de la economía deberían dejar margen para una aceleración de las reformas estructurales.

Por lo que respecta a los criterios económicos, Turquía es una economía de mercado en funcionamiento. Debería ser capaz de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo, siempre que siga aplicando su ambicioso programa de reforma estructural.

En el periodo posterior a la crisis se ha mantenido el consenso sobre los aspectos esenciales de la política económica. Las medidas aplicadas para contrarrestarla han suavizado la recesión económica, pero han aumentado el déficit fiscal y la deuda pública de Turquía. Están siendo eliminadas gradualmente. La retirada tempestiva, orientada y adecuadamente fundamentada de los estímulos sigue siendo crucial para, por un lado, maximizar los beneficios de las medidas de consolidación fiscal de ejercicios anteriores y la sostenibilidad fiscal general a medio plazo, y, por otro, lograr un crecimiento sólido, sostenido y equilibrado. La privatización ha avanzado, aunque a un ritmo menor debido a la situación económica mundial. El sector financiero ha mostrado una fortaleza notable, gracias a las reformas previas. La inversión ha registrado un repunte notable y se han realizado algunos avances limitados en la modernización del capital físico y humano del país. Turquía ha logrado diversificar parcialmente su comercio y dirigirlo a nuevos mercados, lo que ha contribuido en parte a mitigar el impacto de la crisis. La integración económica y comercial con la UE ha seguido siendo elevada.

No obstante, los desequilibrios externos y las necesidades de financiación han ido creciendo significativamente al hilo de la recuperación de la senda de crecimiento y a pesar de que el acceso a la financiación externa haya seguido estando exento de dificultades. Las presiones inflacionistas han aumentado considerablemente, sobre todo a causa de las presiones derivadas de los insumos energéticos y el auge de la actividad económica. Lograr avances adicionales en materia de transparencia fiscal, reforzar el marco de determinación de los objetivos en materia de inflación y mantener la estabilidad financiera siguen siendo condiciones clave para minimizar los riesgos de un escenario de fluctuaciones extremas. El índice de desempleo se mantiene por encima de los niveles anteriores a la crisis y se prevé que los factores demográficos contribuyan a que siga siendo elevado en los años venideros. La pequeña capacidad de creación de empleo está claramente vinculada con el desfase existente entre las cualificaciones de la oferta y la demanda de mano de obra y con la regulación excesiva del mercado de trabajo. Distintos obstáculos dificultan la salida del mercado y los procedimientos concursales son relativamente engorrosos. La crisis ha complicado más aún el acceso de las PYME a la financiación. El marco jurídico, y en particular los procedimientos en los tribunales, siguen planteando dificultades prácticas y obstaculizando la mejora del marco para los negocios. La regulación actual del mercado de productos y la persistente falta de transparencia de la concesión de ayudas estatales no propician la mejora del clima empresarial. La economía informal sigue constituyendo un problema importante.

Turquía ha seguido mejorando su capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. En la mayoría de los ámbitos se han logrado avances, en ocasiones desiguales. La adaptación se encuentra avanzada en determinadas áreas, como la libre circulación de mercancías, los derechos de propiedad intelectual, la política antimonopolio, la energía, la política empresarial e industrial, la protección de los consumidores, la estadísticas, las Redes Transeuropeas y la ciencia y la investigación. Es preciso proseguir la labor de adaptación en ámbitos como el medio ambiente, el Derecho de sociedades, la contratación pública y el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios. Es necesario completar la adaptación por lo que respecta a la Unión Aduanera. Todavía no se han resuelto diversos aspectos que perturban el comercio, como los controles de la evaluación de la conformidad, los requisitos de las autorización de las importaciones y exportaciones, la garantía del respeto de los derechos de propiedad intelectual, los requisitos para el registro de nuevos productos farmacéuticos y el tratamiento fiscal discriminatorio. Es esencial que Turquía aplique plenamente la Unión Aduanera y elimine numerosos obstáculos que afectan a productos de la UE en libre circulación. También es crucial que mejore su capacidad administrativa para poder respetar el acervo en la mayoría de los ámbitos.

Por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, la adaptación de la legislación está bastante avanzada, pero solo cabe señalar algunos pequeños avances. Siguen existiendo obstáculos técnicos al comercio que dificultan la libre circulación de mercancías y se han añadido obstáculos adicionales. Los avances han sido pequeños en el ámbito de la libre circulación de trabajadores, en el que la adaptación se encuentra en una fase inicial. La adaptación se encuentra también en una fase inicial en los ámbitos del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios. Los avances han sido muy limitados en cuanto al reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. No ha habido avances en materia de servicios y de establecimiento. Sí se ha avanzado en la libre circulación de capitales, en particular en lo tocante a la adaptación al acervo en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero. Todavía no se ha completado el marco jurídico contra la financiación del terrorismo. No se han registrado avances ni por lo que respecta a los pagos y movimientos de capital ni en cuanto a los sistemas de pago.

Cabe señalar algunos avances en el ámbito de la contratación pública, en particular en la configuración institucional y la capacidad administrativa. Turquía debe adoptar la estrategia de adaptación y seguir adaptando su legislación, en particular en materia de suministros públicos, concesiones y asociaciones entre los sectores público y privado. Cabe señalar avances limitados en cuanto al Derecho de sociedades. Todavía no se ha aprobado el nuevo Código de Comercio. La capacidad administrativa precisa mejoras adicionales y aún no se ha establecido el marco jurídico e institucional para la auditoría. En el ámbito de la propiedad intelectual la adaptación legislativa está relativamente avanzada. El hecho de que Turquía haya aceptado entablar un diálogo con la Comisión centrado en los derechos de propiedad intelectual constituye un elemento clave de las negociaciones de adhesión. No obstante, sigue pendiente la aprobación de la legislación necesaria sobre tales derechos, incluidas sanciones penales disuasorias. Es necesario mejorar la coordinación y la cooperación en este ámbito.

En política de competencia, la adaptación de la normativa anticompetencia está muy avanzada. Turquía aplica eficazmente las normas sobre competencia. En el ámbito de las ayudas estatales la aprobación de una Ley sobre ayudas estatales que crea un organismo supervisor constituye un avance importante. Ahora procede que este organismo comience a desarrollar sus funciones con la mayor celeridad posible.

En materia de servicios financieros ha habido algunos avances, ya que las autoridades supervisoras han introducido medidas de cautela adicionales. En conjunto, la adaptación de Turquía al acervo sigue siendo parcial. Por lo que respecta a la sociedad de la información y los medios de comunicación, el organismo regulador de las telecomunicaciones ha realizado una labor considerable en cuanto a la aplicación de las disposiciones relativas a las tecnologías de la información y la comunicación electrónica. Cabe señalar algunos avances en el ámbito de la política audiovisual. No obstante, persisten algunos obstáculos que frenan el desarrollo del mercado. Es necesario introducir ajustes adicionales en la legislación sobre las comunicaciones electrónicas, los servicios de la sociedad de la información y la política audiovisual.

Los avances han sido limitados en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural. Las políticas de fomento agrícola apenas han mostrado una aproximación menor a la Política Agrícola Común (PAC). Se han dado los primeros pasos para el desarrollo de un sistema integrado de administración y control. Sin embargo, Turquía no ha eliminado completamente los obstáculos técnicos al comercio de productos bovinos. Los retrasos en el calendario de acreditación de las estructuras del Instrumento de Preadhesión en favor del Desarrollo Rural representan asimismo una deficiencia. Es necesario lograr avances adicionales en relación con las estadísticas agrícolas, la red de datos contables de las explotaciones, la política de calidad y la agricultura ecológica. En lo tocante a la seguridad de los alimentos y la política veterinaria y fitosanitaria también se han logrado avances, en particular a través de la aprobación de legislación marco clave. La nueva estrategia de adaptación debería facilitar la transposición y aplicación del acervo pertinente. En lo que hace a la pesca, se han hecho algunos avances en materia de gestión de los recursos y la flota, inspección y control y aplicación de los acuerdos internacionales. Se necesitan realizar avances adicionales en la adaptación legislativa, las estructuras administrativas y la política de mercados, las acciones estructurales y las ayudas estatales.

Se han logrado algunos avances en la adaptación del sector del transporte. La adaptación legislativa se encuentra avanzada en los sectores del transporte aéreo, marítimo y por carretera. No se han hecho avances en cuanto a la seguridad y la apertura del mercado ferroviario. La falta de comunicación entre los centros de control del tráfico aéreo de Turquía y de la República de Chipre siguen comprometiendo gravemente la seguridad aérea. En el sector marítimo no se ha avanzado en la participación en convenios internacionales. La capacidad administrativa y de aplicación sigue siendo limitada.

En el sector de la energía ha habido avances notables en la adaptación de la normativa sobre la electricidad, la energía renovable y la eficiencia energética, así como sobre la seguridad del abastecimiento. Se necesitan esfuerzos adicionales en los sectores del gas natural, la energía nuclear, la seguridad nuclear, la protección frente a la radiación y las ayudas estatales.

En materia de fiscalidad, se han realizado algunos avances en la adaptación de la normativa, en particular con miras a eliminar las prácticas discriminatorias en relación con el tabaco. No obstante, el incremento del impuesto especial que grava las bebidas alcohólicas contradice el plan de acción acordado con la Comisión, un requisito básico para la realización de avances adicionales en las negociaciones de adhesión. Han proseguido los esfuerzos para consolidar la administración fiscal, luchar contra la economía informal e incrementar el cumplimiento voluntario. Apenas cabe señalar avances en cuanto a la fiscalidad directa e indirecta.

En cuanto a la política económica y monetaria, los preparativos avanzan por la senda adecuada. Se debe proseguir la labor de adaptación de la normativa, en particular para garantizar la independencia plena del Banco Central y prohibir que el sector público disponga de acceso privilegiado a las instituciones financieras.

Los avances han sido notables en el ámbito de las estadísticas, en el que el nivel general de adaptación de la normativa es avanzado. TurkStat ha seguido mejorando la coordinación del sistema estadístico. También se han realizado avances notables en relación con el registro de empresas y las estadísticas sectoriales. Se debe proseguir la adaptación en el ámbito de la contabilidad nacional y las estadísticas agrícolas.

Turquía ha realizado algunos avances en la adaptación al acervo en el ámbito de la política social y el empleo. El conjunto de enmiendas constitucionales aportan mejoras significativas en el ámbito del diálogo social en el sector público y sientan las bases para la discriminación positiva en favor de las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. No obstante, globalmente la adaptación de la normativa sigue siendo limitada y es preciso reforzar la capacidad administrativa. Todavía sigue pendiente una reforma que garantice derechos sindicales plenos en consonancia con las normas de la UE y los convenios de la OIT. Hay una serie de reservas en relación con el trabajo no declarado, los bajos índices de empleo femenino y la garantía del cumplimiento de la legislación sobre salud y seguridad. Tampoco se dispone de un marco general para la lucha contra la pobreza.

Se han realizado avances adicionales en el ámbito de la política empresarial e industrial, en el que el nivel de adaptación de la normativa es suficiente. Estos avances guardan relación con la estrategia industrial y el plan de acción correspondiente, la mayor disponibilidad de instrumentos de política industrial y empresarial y la aprobación de estrategias sectoriales y planes de trabajo. Cabe señalar mejoras limitadas en el entorno empresarial y esfuerzos constantes en materia de supervisión y evaluación.

Se ha progresado por lo que respecta a las Redes Transeuropeas. En particular, Turquía se encuentra en una fase avanzada de las negociaciones relativas a la futura Red Transeuropea de Transporte. Cabe señalar algunos avances en cuanto a las redes de energía.

En el ámbito de la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales se han hecho avances, aunque desiguales. En particular, se ha completado el marco legislativo e institucional para la aplicación de los componentes III y IV del IAP. Ha mejorado la participación de las partes interesadas a nivel subnacional en la preparación de la reserva de proyectos. A nivel nacional todavía se debe mejorar la capacidad administrativa de las instituciones involucradas en la aplicación de los fondos de preadhesión con el fin de lograr una utilización más eficiente de los mismos y contribuir también así a preparar a Turquía para el empleo de los fondos estructurales.

En conjunto ha habido avances en el ámbito del poder judicial. La aprobación de las enmiendas constitucionales sobre la composición del Consejo Superior de Jueces y Fiscales constituye un paso positivo. Lo mismo cabe decir en relación con la limitación de las competencias de los tribunales militares. Durante el proceso de preparación y aprobación de la legislación de promulgación será necesario establecer un diálogo eficaz con todas las partes interesadas y con la sociedad civil en general. Será esencial que esas reformas se apliquen de conformidad con las normas europeas. Por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, se ha avanzado en lo tocante al desarrollo de una estrategia global de lucha contra la corrupción y un plan de acción en la materia. También ha progresado el desarrollo de un organismo que supervise y controle su puesta en práctica. No obstante, es necesario que la aplicación sea eficaz y que Turquía pueda presentar una trayectoria de investigación, procesamiento y condena.

También se han realizado avances, aunque desiguales, en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. Se han logrado avances sustanciales en la finalización de las negociaciones sobre la celebración de un acuerdo de readmisión entre Turquía y la UE. Es preciso contar con disposiciones institucionales claras y recursos suficientes en materia de asilo y migración. Cabe señalar algunos avances en el ámbito de las drogas y la cooperación aduanera. Los progresos han sido limitados por lo que respecta a las fronteras externas, Schengen, la delincuencia organizada y el terrorismo. Los avances también han sido pequeños en cuanto a la política de visados. No se ha avanzado en lo tocante a la cooperación judicial en materia civil y penal. Globalmente, es crucial que se proceda urgentemente a la aprobación de las propuestas legislativas y a la ratificación de los acuerdos internacionales firmados.

Turquía se encuentra bien preparada en el ámbito de la ciencia y la investigación y se ha avanzado notablemente con vistas a la integración en el Espacio Europeo de Investigación. Globalmente, la participación y el índice de éxito de Turquía en los Programas Marco cada vez son mayores. Son necesarios esfuerzos adicionales para mantener esos índices a lo largo de todo el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM).

También ha habido algunos avances en lo tocante a la educación y la cultura, en particular en el ámbito de la educación. La tasa de escolarización ha seguido aumentando y se han registrado ligeras mejoras en cuanto a las diferencias entre los sexos. Además, Turquía ha seguido mejorando sus resultados con respecto a los parámetros comunes de la UE. Ha habido algunos avances en el ámbito de la cultura, pero en cambio no ha progresado la adaptación legislativa.

En relación con el medio ambiente, se ha avanzado en la adaptación adicional de la normativa. Aunque se han realizado avances notables en la gestión de los residuos, los avances han sido limitados en cuanto a la legislación horizontal, la calidad del aire y del agua, la contaminación industrial, los productos químicos y la capacidad administrativa, y muy limitados por lo que respecta al cambio climático y no se ha progresado en la protección de la naturaleza. Turquía ha mejorado la capacidad administrativa estableciendo mecanismos de coordinación. Es preciso incrementar las inversiones.

Se han realizado algunos avances en la adaptación del acervo en materia de protección de la salud y los consumidores. Sin embargo, se debe incrementar las capacidad administrativa. Son necesarios esfuerzos adicionales en el ámbito de la protección de los consumidores, para reforzar sus organizaciones y garantizar el cumplimiento adecuado de la normativa. La coordinación y la cooperación entre las partes interesadas sigue siendo débil. Los avances son notables por lo que respecta a la adaptación de la legislación en materia de salud pública. No obstante, la aplicación de las disposiciones sigue siendo insuficiente.

En el ámbito de las aduanas el nivel de adaptación es elevado, tanto por lo que respecta a la legislación como a la capacidad administrativa. Sin embargo, la existencia de tiendas libres de impuestos en los puntos de entrada y la obligación de los importadores de productos en libre circulación en la UE de presentar información sobre el origen antes del despacho de aduana contravienen el acervo. Todavía debe ser objeto de adaptación la legislación sobre las zonas francas, la supervisión y los contingentes arancelarios. Son necesarios esfuerzos adicionales para mejorar los controles basados en el análisis de riesgo y los procedimientos simplificados con el fin de facilitar los intercambios legítimos y reducir los controles físicos. Se deben respetar los compromisos asumidos en relación con la garantía del respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra las mercancías falsificadas.

Turquía ha logrado un nivel elevado de adaptación al acervo en el ámbito de las relaciones exteriores, pero debe proseguir la labor en numerosos ámbitos, en particular en cuanto a la cobertura geográfica del sistema de preferencias generalizadas.

La aproximación a la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE ha proseguido. Turquía ha propiciado el diálogo y celebrado consultas con la UE sobre cuestiones de política exterior. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se ha alineado con la postura de la UE, partidaria de imponer sanciones adicionales a Irán. Ha velado por seguir mejorando sus relaciones con los países vecinos, por ejemplo Irak (incluido el Gobierno regional kurdo) y Siria. Las relaciones con Israel se han deteriorado considerablemente tras el incidente con la flotilla que se dirigía a Gaza. Todavía no se han ratificado los protocolos firmados con Armenia para normalizar las relaciones.

Turquía contribuye sobremanera a la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y desea aumentar su participación en las actividades desarrolladas en ese marco. El asunto de la cooperación entre la UE y la OTAN con participación de todos los Estados miembros de la UE, más allá de los «acuerdos Berlín Plus», todavía debe ser resuelto. Turquía no ha seguido la posición de la UE sobre la pertenencia al Acuerdo de Wassenaar.

Cabe señalar avances limitados en el ámbito del control financiero, en el que la adaptación legislativa ya está bastante adelantada. Se han establecidos las normas de desarrollo de la Ley de supervisión y gestión financiera pública, pero se deben revisar tanto el documento estratégico como el plan de acción sobre el control financiero interno público. La Ley revisada sobre el Tribunal de Cuentas turco, que armoniza la auditoría externa con las normas internacionales todavía no ha sido aprobada. El Servicio turco de coordinación de la lucha antifraude todavía no ha pasado a ser una red operativa. Se necesitan estructuras permanentes para los contactos mantenidos con la Comisión en relación con la protección del euro contra las falsificaciones. La adaptación de la normativa turca a las instituciones y los principios básicos del acervo en el ámbito de las disposiciones financieras y presupuestarias está muy avanzada, pero la preparación en el ámbito del acervo sobre recursos propios apenas acaba de comenzar.

Islandia

El primer informe intermedio sobre Islandia confirma la evaluación formulada por la Comisión en su Dictamen de febrero de 2010, en el sentido de que el país cumple los criterios políticos. Islandia es una democracia en funcionamiento, con instituciones sólidas y tradiciones de democracia representativa profundamente arraigadas. El sistema judicial nacional se encuentra bien asentado y el poder judicial es de alto nivel. Por lo que respecta a los derechos humanos y la protección de las minorías, Islandia sigue salvaguardando los derechos fundamentales y garantizando un alto nivel de cooperación con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

No obstante, en el Dictamen se señalaban también una serie de deficiencias. El informe confirma que Islandia ha tomado algunas medidas para corregirlas.

En cuanto a los criterios políticos, el Gobierno de coalición se ha mantenido estable a lo largo del periodo que abarca el informe a pesar del difícil contexto económico y los criterios divergentes de la población y las fuerzas políticas islandesas sobre la perspectiva de la adhesión a la UE. No obstante, el apoyo en favor del proceso de adhesión ha aumentado al final del periodo que cubre el informe y en la actualidad una mayoría es partidaria de que se lleven a cabo las negociaciones de adhesión.

Se han logrado algunos avances en lo tocante a la identificación de los responsables del colapso del sistema bancario islandés y en el seguimiento de las consecuencias políticas y administrativas. Se trata de un rasgo notable del funcionamiento de las instituciones democráticas islandesas. El informe de la Comisión Especial Independiente de Investigación, publicado en abril de 2010, formuló una serie de recomendaciones para estabilizar el sistema financiero e incrementar su control. Paralelamente, la Oficina del Fiscal Especial ha proseguido una serie de investigaciones abiertas después de que se desencadenara la crisis financiera.

Se han realizado avances notables en lo que respecta a la mejora adicional del marco jurídico que rige los conflictos de intereses y la financiación de los partidos políticos. La Ley de la judicatura ha sido modificada para cambiar las normas que regulan el nombramiento de los jueces y reforzar así adicionalmente la independencia del poder judicial. Está en curso la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Especial de Investigación, el nuevo marco sobre los conflictos de intereses y los procedimientos revisados de nombramientos judiciales. La repercusión de estas medidas habrá de ser evaluada en una fase posterior.

Tanto el Gobierno como el Parlamento han seguido funcionando correctamente. El Gobierno ha tomado medidas para reforzar adicionalmente la administración pública. Las comisiones negociadoras responsables de coordinar el proceso de adhesión trabajan armoniosamente.

Todavía no se ha ratificado el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa.

La economía islandesa ha registrado una recesión profunda y prolongada y las perspectivas de recuperación, incluso débil, siguen siendo inciertas. El desempleo ha aumentado y las finanzas públicas han experimentado un deterioro notable, con un aumento de los déficit fiscales y un incremento significativo de la deuda pública, ya elevada. Por otro lado, la inflación ha registrado un descenso gradual constante. La prudente combinación de políticas macroeconómicas se centra en la estabilización del tipo de cambio y la consolidación fiscal. Las disfunciones que siguen existiendo en el sector financiero, la extensión de los desequilibrios de los balances del sector privado y el elevadísimo volumen de deuda externa constituyen problemas básicos. El programa del FMI ha avanzado adecuadamente.

Por lo que respecta a los criterios económicos, Islandia puede ser considerada una economía de mercado en funcionamiento. No obstante, las deficiencias del sector financiero y las restricciones al movimiento de capital impiden todavía una asignación eficiente de recursos. Islandia podría recuperar la capacidad de hacer frente a las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado dentro del mercado único a medio plazo, siempre que siga corrigiendo las actuales deficiencias macroeconómicas mediante reformas estructurales y políticas macroeconómicas adecuadas.

En términos generales, las respuestas han sido adecuadas y han propiciado el restablecimiento de una mayor estabilidad macroeconómica, aunque las perspectivas de una pronta recuperación del crecimiento económico siguen siendo inciertas. Ha proseguido la consolidación fiscal; los déficit fiscales han comenzado a disminuir y se ha reestructurado la deuda con el fin de suavizar su perfil y reducir los riesgos cambiarios. La inflación ha disminuido y se han reducido gradualmente los tipos de interés directores. El aumento del superávit comercial ha propiciado una ligera apreciación de la moneda islandesa. Aunque han aumentado las reservas de divisas, ello se ha logrado esencialmente sobre la base de financiación externa oficial. Se ha mantenido la flexibilidad del mercado de trabajo y los índices de participación han seguido siendo relativamente elevados. El país dispone de una buena infraestructura básica, recursos naturales abundantes y una población adecuadamente formada.

No obstante, la economía no ha superado todavía los efectos del desplome financiero. Aún se debe acometer un profundo recorte del gasto en las finanzas públicas, lastradas por pasivos contingentes significativos relacionados con la precaria situación del sector financiero (la deuda bruta de las administraciones públicas se aproxima al 90 % del PIB). A pesar del ajuste de los salarios reales, el desempleo ha subido notablemente. La reconstrucción del sector bancario ha avanzado, pero la deficiente calidad de los activos que siguen teniendo los bancos mina su capacidad de financiación de la economía. La extensión de los desequilibrios de los balances del sector privado supone una amenaza para la estabilidad financiera. Además, las resoluciones del Tribunal Supremo sobre la ilegalidad de los préstamos de divisas indexados han generado incertidumbre, sobre todo en cuanto al tratamiento de los préstamos del sector empresarial. Ello podría debilitar aún más la situación financiera de los bancos islandeses, ya que la carga adicional recaería sobre ellos, en vez de sobre los prestatarios. El proceso de reestructuración de la deuda de las empresas ha avanzado con lentitud y el exceso de deuda está limitando el margen para nuevas inversiones, lo que frena la recuperación. Se están revisando las inversiones en grandes proyectos de infraestructura a causa de las discusiones políticas y la falta de financiación. Los controles sobre el capital, los tipos de interés relativamente elevados y la dificultad de acceder a la financiación, sobre todo por parte de las PYME, han seguido lastrando el clima para los negocios.

En este primer informe intermedio se ha evaluado la capacidad de Islandia para asumir las obligaciones de la adhesión teniendo en cuenta su participación en el Espacio Económico Europeo (EEE) y las exenciones concedidas en virtud del Acuerdo del EEE. El nivel de preparación global para cumplir los requisitos del acervo de la UE sigue siendo bueno, en particular debido a la participación del país en el citado Espacio Económico Europeo.

Todavía no se ha resuelto la disputa sobre Icesave. En marzo de 2010 se rechazó, en referéndum, la norma que autorizaba la constitución de una garantía estatal para cubrir los préstamos que los gobiernos del Reino Unido y los Países Bajos habían concedido, como compensación, a sus nacionales titulares de cuentas de ahorro en Icesave. En mayo de 2010, el Órgano de Vigilancia de la AELC envió una carta de emplazamiento al Gobierno de Islandia con objeto de incoar un procedimiento de infracción contra ese país, alegando que Islandia había vulnerado la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos al dejar sin la garantía mínima a los depositantes en las sucursales británicas y holandesas de Icesave. La Comisión Europea comparte el análisis jurídico del Órgano de Vigilancia de la AELC. Las negociaciones entre los representantes de los tres gobiernos todavía no han dado frutos.

Los preparativos para asumir las obligaciones de la adhesión a medio plazo han proseguido tanto en los ámbitos que abarca el EEE como en los ajenos a éste. Islandia ya se ha adaptado en gran parte al acervo y aplica una parte sustancial del mismo en los ámbitos cubiertos por el EEE, como la libre circulación de mercancías, la libre circulación de trabajadores, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, la libre circulación de capital, la contratación pública, el Derecho de sociedades, la legislación sobre la propiedad intelectual, la competencia, los servicios financieros y la sociedad de la información y los medios de comunicación.

No obstante, deben proseguir los esfuerzos para aumentar la aproximación al acervo de la UE, en particular en los ámbitos que no abarca el EEE, y para garantizar su aplicación y cumplimiento. Conviene señalar también la probabilidad de que los siguientes ámbitos resulten problemáticos en el proceso de adhesión: servicios financieros, agricultura y desarrollo rural, pesca, libre circulación de capitales y medio ambiente.

Los esfuerzos del Gobierno para mitigar las consecuencias de la crisis económica y financiera han desembocado en recortes presupuestarios significativos. Se debe velar por que queden recursos disponibles para los preparativos necesarios en relación con el proceso de adhesión a la UE.

En términos generales Islandia se sigue ajustando al acervo en el ámbito de la libre circulación de mercancías. No obstante, algunos elementos todavía no están plenamente establecidos por lo que respecta a las medidas horizontales y el planteamiento anticuado de la legislación sobre productos.

En el ámbito de la libre circulación de trabajadores se ha alcanzado un nivel satisfactorio de adaptación al acervo. Todavía no se han completado los preparativos para la coordinación de los sistemas de seguridad social. La legislación sobre el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios se ajusta en términos generales al acervo, salvo por lo que se refiere a los servicios y las directivas postales.

Islandia aplica, con algunas excepciones, el acervo sobre la libre circulación de capitales. En estrecha cooperación con el FMI, las autoridades islandesas se han comprometido a eliminar gradualmente las restricciones que dificultan los pagos y los movimientos de capital. No obstante, las limitaciones sobre los flujos de capital se han prorrogado hasta agosto de 2011 y se ha reducido la cantidad máxima de divisas que se pueden adquirir para los desplazamientos. Todavía se necesitan esfuerzos constantes significativos para eliminar las restricciones actuales sobre los movimientos de capitales, incluida la inversión extranjera en la pesca.

Islandia ha aplicado la mayoría de las disposiciones del acervo sobre contratación pública y en conjunto la adaptación normativa es muy buena. Ahora bien, todavía se debe mejorar adicionalmente la capacidad administrativa para garantizar la aplicación adecuada de las políticas de contratación pública.

Se han hecho avances notables en cuanto al Derecho de sociedades. No se ha logrado, sin embargo, la adaptación plena a las normas de contabilidad. En el ámbito de la propiedad intelectual Islandia sigue estando fundamentalmente en línea con el acervo, pero se necesita una política global de garantía de cumplimiento de la normativa.

En el ámbito de la competencia el nivel de adaptación al acervo es elevado y ya se dispone de las estructuras administrativas pertinentes. Todavía no se han valorado las medidas de ayuda estatal adoptadas para hacer frente a la crisis financiera.

Se debe garantizar la plena aplicación del acervo en materia de servicios financieros y velar por el fortalecimiento del marco de supervisión. La aplicación es incompleta en algunos ámbitos clave, como los mercados de valores y los seguros.

En el ámbito de la sociedad de la información y los medios de comunicación el nivel de adaptación al acervo es elevado y se aplican gran parte de sus disposiciones. No obstante, siguen pendientes de aplicación las disposiciones sobre la reforma de las telecomunicaciones, la Directiva sobre servicios de medios audiovisuales y las políticas derivadas de la reciente aprobación de la Agenda Digital Europea.

Todavía no han comenzado los preparativos en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural. Sigue pendiente el establecimiento de las estructuras necesarias para abordar los cambios en la administración, en particular la creación de un organismo liquidador en línea con los requisitos de la UE y un sistema integrado de gestión y control (SIGC).

En el ámbito de la seguridad de los alimentos y la política veterinaria y fitosanitaria se han hecho algunos avances, en particular en la transposición de la legislación relativa a la seguridad general de los alimentos. No obstante, se necesitan esfuerzos para reforzar las capacidades administrativas y de los laboratorios. Siguen existiendo diferencias sustanciales respecto al sistema de la UE en cuanto a la higiene de los embalajes, los productos fitosanitarios, los nuevos alimentos y los alimentos modificados genéticamente.

No cabe señalar avances por lo que respecta a la adaptación a la política común de pesca de la UE. En cuanto al acervo sobre el mercado interior, se debe prestar especial atención al derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios, así como a la libre circulación de capitales en los sectores de la producción y la transformación de productos pesqueros, en los que las restricciones vigentes no se ajustan al acervo. Todavía no se han creado mecanismos para aplicar y controlar las medidas comunitarias de apoyo.

En el ámbito del transporte siguen vigentes las restricciones a la inversión extranjera en el transporte aéreo y marítimo. En el ámbito de la energía se ha logrado un nivel elevado de adaptación al acervo y se aplican gran parte de sus disposiciones. La adaptación al acervo se encuentra moderadamente avanzada en los ámbitos de las reservas de petróleo, la independencia del organismo regulador y la eficiencia energética.

No cabe señalar novedades legislativas en el ámbito de la fiscalidad. Ya se ha logrado un nivel adecuado de capacidad administrativa. No obstante, todavía no se han establecido oficinas de enlace ni la interconectividad informática está garantizada.

Islandia se ajusta ya en gran medida al acervo sobre política económica y monetaria. Siguen existiendo algunas lagunas, no obstante, en particular en relación con la plena independencia del Banco Central y la prohibición de la financiación monetaria del sector público.

Por lo que respecta a las estadísticas, es preciso mejorar la disponibilidad de datos estadísticos en consonancia con la metodología de la UE, en particular en cuanto a las estadísticas sobre las empresas, la macroeconomía y la agricultura. El recorte adicional de los recursos humanos y financieros hace que no se pueda garantizar la realización de algunos de los grandes estudios estadísticos previstos, como la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y los censos de vivienda y población.

Islandia aplica ya gran parte del acervo relacionado con el empleo y la política social. Sigue pendiente, no obstante, la elaboración de una estrategia global de empleo.

A pesar del difícil contexto económico, los preparativos en el ámbito de la política empresarial e industrial han avanzado notablemente. Mejorar el acceso de las PYME a la financiación es una de las cuestiones pendientes. La adaptación a las normas de la UE en el ámbito de las Redes Transeuropeas es elevada.

Por lo que respecta a la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, Islandia se encuentra en una fase inicial de los preparativos para la aplicación de los instrumentos de la política de cohesión. Se debe realizar un análisis apropiado de las necesidades, que incluya la identificación de las instituciones responsables de la ejecución de la política de cohesión.

En Islandia el poder judicial es de gran calidad y los derechos fundamentales reciben una protección elevada. Se han tomado algunas medidas para corregir las deficiencias señaladas en el Dictamen de febrero de 2010, en particular por lo que se refiere al procedimiento de designación de los jueces y los conflictos de intereses. No obstante, es necesario valorar de nuevo la aplicación de las recomendaciones formuladas. La legislación sobre los derechos de los ciudadanos y la protección de datos todavía no se ajusta al acervo.

Islandia aplica el Acuerdo de Schengen y ha logrado un nivel elevado de adaptación al acervo en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. En algunos campos todavía no se ha completado plenamente la aproximación de la legislación y se deben firmar o ratificar los instrumentos internacionales pertinentes.

Islandia se encuentra muy avanzada de cara a la adhesión a la UE y la integración en el Espacio Europeo de Investigación. La adaptación a las normas de la UE en el ámbito de la educación y la cultura es elevada. Islandia ha seguido participando activamente en el método abierto de coordinación en el ámbito de la educación y en distintos programas comunitarios (por ejemplo, «Aprendizaje Permanente», «Juventud en Acción» y «Erasmus Mundus»).

La política medioambiental islandesa ya se ha adaptado en gran medida al acervo de la UE a través del Acuerdo EEE. Cabe señalar avances adicionales en los ámbitos de la calidad del aire y el desarrollo sostenible. No obstante, todavía se debe garantizar el respeto del acervo relativo al cambio climático y la protección de la naturaleza, en particular por lo que respecta tanto a la protección de las ballenas, las focas y las aves silvestres como a la conservación de los hábitats naturales y la fauna y la flora silvestres. Sigue pendiente la ratificación de algunos acuerdos ambientales clave de índole multilateral.

Islandia ya ha aplicado gran parte del acervo en el ámbito de la protección de la salud y los consumidores. No obstante, todavía se debe completar la transposición del nuevo acervo en materia de protección de los consumidores y se ha de simplificar en mayor medida el tratamiento de las notificaciones RAPEX.

La legislación islandesa en materia de aduanas se ajusta en gran medida al acervo. Es necesaria una aproximación adicional significativa de la legislación y las prácticas de franquicia aduanera. Se debe garantizar la interconectividad con los sistemas informáticos de la UE.

Se han realizado algunos avances en el ámbito de las relaciones exteriores. Islandia ha comenzado los preparativos para evaluar sus obligaciones en relación con la necesidad de modificar o abandonar sus acuerdos internacionales; también ha comenzado los preparativos relativos a la política comercial común. Se deben tomar medidas para que no se reduzca más la ayuda oficial al desarrollo que concede el país. En el ámbito de la política exterior, de seguridad y defensa se han realizado avances notables y se ha logrado un buen nivel de adaptación al acervo.

Por lo que respecta al control financiero, es necesario proceder a una evaluación de deficiencias en los ámbitos de los sistemas de gestión y control financieros y auditoría interna y externa, para tener en cuenta las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente en vigor en la UE. Se deben ampliar los preparativos relativos a la protección de los intereses financieros de la UE. En el ámbito de las disposiciones financieras y presupuestarias ha habido algunos avances, ya que se han comenzado a identificar las disposiciones que se deben adaptar al acervo.

[1] De conformidad con la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

[2] Croacia, Turquía e Islandia ya participan en el marco «Educación y Formación 2020».

[3] En el contexto de la ampliación se proporciona asistencia a corto plazo, en el ámbito de la reforma de la administración pública y de las cuestiones horizontales relacionadas con la gobernanza, en virtud del programa SIGMA, un programa desarrollado por la OCDE y financiado por la Comisión que se centra en la mejora de la gobernanza y los sistemas de gestión.

[4] COM(2009) 534 final de 14.10.2009.

[5] Estas condiciones abarcan cinco objetivos: 1) resolución aceptable y sostenible de la cuestión del reparto de bienes entre el Estado y los demás niveles de gobierno; 2) resolución aceptable y viable de la cuestión de los bienes militares; 3) finalización de la decisión que define el estatuto de Brčko; 4) sostenibilidad fiscal; y 5) asentamiento del Estado de Derecho (demostrado por la aprobación de una Estrategia Nacional sobre Crímenes de Guerra, una Ley de asilo y extranjería y una Estrategia Nacional de Reforma del Sector de la Justicia), así como dos condiciones específicas: 1) firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación; 2) situación política estable.

[6] Según la Ley de protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, en Bosnia y Herzegovina existen 17 minorías nacionales. Los tres pueblos constituyentes (bosnios, croatas y serbios) no son considerados minorías nacionales.

[7] Artículo 14 y artículo 3 del protocolo 1 del CEDH, que prohíben la discriminación en relación con el derecho a unas elecciones libres; y artículo 1 del protocolo 12 del CEDH, que garantiza el derecho de igualdad de trato sin discriminación.

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