Ficha resumen

Evaluación de impacto de la revisión de la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público 1

A. Necesidad de actuar

¿Por qué es necesario actuar? Definición del problema

Los organismos del sector público poseen ingentes cantidades de datos conocidas como información del sector público (ISP), por ejemplo, datos jurídicos, sobre tráfico, meteorológicos, económicos y financieros. Permitir la reutilización de estos datos para otros fines, incluidos los comerciales (por ejemplo, para servicios de navegación por satélite, aplicaciones meteorológicas, etc.) puede estimular el crecimiento económico, fomentar la innovación y ayudar a resolver diversos problemas sociales, por ejemplo en los ámbitos de los servicios sanitarios o del transporte público.

La Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público (Directiva ISP) creó un marco jurídico básico para la reutilización de la ISP en el mercado único mediante la imposición de determinadas obligaciones a los organismos del sector público. De acuerdo con el artículo 13 (cláusula de revisión) de la Directiva, y en cumplimiento del compromiso adquirido en la revisión intermedia de la Estrategia para el Mercado Único Digital, la presente evaluación de impacto incluye una valoración de la ejecución de la versión actual de la Directiva y presenta varias opciones políticas para abordar cuatro ámbitos problemáticos:

1.Datos dinámicos: La prestación de acceso en tiempo real a los datos en poder de los organismos del sector público, en particular los datos dinámicos, utilizando medios técnicos adecuados [interfaces de programación de aplicaciones (API)] es poco común. Esto significa que los datos dinámicos a menudo no pueden reutilizarse para desarrollar nuevos productos y servicios, como aplicaciones de viaje en tiempo real.

2.Tarificación: Varios organismos del sector público siguen cobrando una tarifa por la reutilización de los datos del sector público, muy por encima del importe necesario para cubrir los costes de reproducción y difusión. Dichas tarifas son contraproducentes desde una perspectiva macroeconómica ya que constituyen un obstáculo al mercado para las pymes. Como consecuencia de ello, las tarifas tienden a reforzar a las grandes plataformas multinacionales, en detrimento de las pymes, que no disponen de recursos para la adquisición de datos públicos. Los datos indican que la supresión de las tarifas habitualmente genera un aumento de la demanda de datos del sector público, lo que se traduce en una mayor innovación, más crecimiento empresarial y, en última instancia, un aumento de los ingresos presupuestarios (a través de los impuestos) para el sector público.

3.Ámbito de aplicación de la Directiva ISP: Los datos generados por los sectores de los servicios públicos y del transporte son valiosos y tienen un enorme potencial de reutilización. Sin embargo, las entidades que desarrollan su actividad en estos sectores no están cubiertas por la Directiva ISP. Lo mismo ocurre con los datos de investigación resultantes de la financiación pública, que constituyen otra valiosa fuente de datos.

4.Bloqueo de los datos del sector público: Los titulares de datos públicos a veces celebran acuerdos con el sector privado para obtener un valor suplementario de sus datos. Esta situación entraña el riesgo de otorgar una excesiva ventaja al pionero, beneficiando a las grandes empresas y limitando, de este modo, el número de reutilizadores potenciales de los datos en cuestión.

¿Cuál es el objetivo que se espera alcanzar con esta iniciativa?

El objetivo general de esta iniciativa es mejorar el efecto positivo constatado de la Directiva ISP. Esto se hará reforzando y actualizando algunas disposiciones específicas para incrementar la cantidad de datos del sector público disponibles para su reutilización. Más concretamente, la iniciativa reforzará la posición de las pymes en el mercado de datos al garantizar que no deban hacer frente a barreras de mercado que les impidan reutilizar los datos públicos con fines comerciales.

¿Cuál es el valor añadido de la actuación a nivel de la UE? 

Las medidas a nivel de la UE son necesarias para garantizar condiciones comparables de suministro de datos y velar por que dichos datos sean adecuados para su posterior reutilización. Los datos públicos con un ámbito temático comparable deben estar regularmente disponibles para su reutilización en todos los Estados miembros a fin de facilitar el desarrollo de servicios y productos basados en datos procedentes de distintos países de la UE en condiciones similares.

Los cambios propuestos proporcionarán más incentivos a las empresas para que utilicen la escala del mercado único para desarrollar productos y servicios de información que cubran diferentes países. Al mismo tiempo, los cambios garantizarán que los reutilizadores comerciales de diferentes tamaños y capacidades de inversión tendrán oportunidades similares desde el punto de vista del acceso a los datos públicos.

B. Soluciones

¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué? 

Se han tenido en cuenta una serie de opciones políticas, tanto legislativas como no legislativas. Algunas opciones fueron rechazadas en una fase temprana, mientras que las opciones seleccionadas para ser sometidas a una evaluación en profundidad fueron dos paquetes de medidas legislativas y no legislativas: una compuesta de medidas de mayor intensidad y otra de medidas de menor intensidad.

La opción preferida es el paquete con una menor intensidad de intervención, sobre la base de los elementos siguientes:

•Datos dinámicos/Interfaces de programación de aplicaciones (API): Una obligación «no vinculante» para los Estados miembros a la hora de elaborar datos dinámicos disponibles en el momento oportuno y de introducir las interfaces de programación de aplicaciones. En el caso de un número limitado de conjuntos de datos fundamentales de alto valor (que deben adoptarse por medio de un acto delegado) habrá una obligación vinculante para hacerlo.

•Tarificación: Endurecer las normas para invocar las excepciones a la norma general según la cual los organismos del sector público no pueden cobrar más que los costes marginales de difusión. Crear una lista de conjuntos de datos fundamentales de alto valor que deben estar disponibles de forma gratuita en todos los Estados miembros (mismos conjuntos de datos que los antes mencionados, que deben adoptarse por medio de un acto delegado).

•Datos en los sectores del transporte y de los servicios públicos: Únicamente estarán cubiertas las empresas públicas y se aplicarán un número limitado de obligaciones. Las empresas públicas pueden cobrar precios superiores a los costes marginales de difusión y no están sometidas a la obligación de divulgar datos. Si divulgan datos, estarán cubiertas por requisitos de transparencia, no discriminación y no exclusividad.

•Datos de investigación: Los Estados miembros estarán obligados a elaborar políticas en materia de acceso abierto a los datos de investigación resultantes de la investigación financiada con fondos públicos. Sin embargo, tendrán libertad para decidir cómo aplicar tales políticas. La Directiva ISP también cubrirá los datos de investigación que ya sean de acceso público como consecuencia de mandatos de acceso abierto, centrándose en aspectos de reutilización.

•No exclusividad: Requisitos de transparencia para los acuerdos entre el sector público y el privado que incluyan información del sector público (control previo, posiblemente por las autoridades nacionales de competencia, y apertura del acuerdo vigente).

Estas medidas se combinarán con una actualización de la Recomendación relativa al acceso a la información científica y a su preservación 2 y una aclaración de la interacción entre la Directiva ISP y las Directivas sobre base de datos e INSPIRE.

¿Quién apoya cada opción? 

La Directiva ISP afecta en general a dos grupos de partes interesadas: los organismos del sector público, por una parte, y los reutilizadores, por otra. Habida cuenta de la prevista ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva, el primer grupo también incluirá a los organismos públicos de investigación y a las empresas públicas de los sectores del transporte y de los servicios públicos.

El grupo de reutilizadores incluye entidades comerciales (en particular muchas pymes) y entidades no comerciales (investigadores, particulares) que reutilizan los datos generados por el sector público. Como principal destinatario de las medidas propuestas, el sector público sería más favorable a mantener el statu quo o la intervención de menor intensidad. Muchos reutilizadores, por el contrario, estarían a favor de cambios de mayor envergadura (hipótesis de intensidad más elevada). En el ámbito de la investigación, la intervención legislativa probablemente esté respaldada por los reutilizadores puesto que coincide totalmente con la evolución política en los ámbitos del acceso abierto y la ciencia abierta.

Cabe señalar que, si bien la Directiva impone obligaciones únicamente en el sector público, genera beneficios económicos a todos los niveles, tanto para los reutilizadores como para el propio sector público.

C. Repercusiones de la opción preferida

¿Cuáles son las ventajas de la opción preferida (si existe, o bien de las principales)? 

Los cambios que propone la opción preferida supondrán una auténtica diferencia al posibilitar que un mayor número de datos estén más disponibles para su reutilización por parte de empresas (especialmente pymes), gobiernos, investigadores y particulares. La reutilización de datos del sector público será más barata y será más fácil reutilizar algunos datos que ya se encuentran disponibles (datos de investigación). Al mismo tiempo, la opción preferida tiene un nivel realista de ambición que podría ser aceptable para las partes interesadas y los Estados miembros. En general, las medidas de la opción preferida supondrán un incremento importante del valor económico y de la creación de empleo en comparación con la hipótesis de referencia (un 30 % más de valor económico directo y un 40 % más de empleos que en la hipótesis de referencia).

¿Cuáles son los costes de la opción preferida (si existe, o bien de las principales)? 

Los costes asociados a la opción preferida están relacionados principalmente con la necesaria actualización de la infraestructura digital del sector público. Dicha actualización es necesaria para posibilitar una difusión eficaz de datos, en particular de datos dinámicos. El elemento clave es el coste de implantación y mantenimiento de las interfaces de programación de aplicaciones, que facilitan a los reutilizadores el acceso a los datos dinámicos. Otros costes serán sufragados, en principio, por un número limitado de organismos del sector público que siguen cobrando por los datos. Esos organismos perderán algunos ingresos, puesto que, en algunos casos, ya no podrán seguir cobrando por la reutilización de sus datos. Por último, habrá algunos costes jurídicos y/o administrativos vinculados a los nuevos requisitos aplicables a las empresas públicas y a los centros de investigación. Sin embargo, todos estos costes serán compensados por los beneficios que afectarán al conjunto de la economía, incluidos los propios organismos del sector público, gracias a una mayor eficiencia y a unos ingresos presupuestarios extraordinarios generados por los impuestos.

¿Cómo se verán afectadas las empresas, las pymes y las microempresas?

Las pymes y las empresas son las principales beneficiarias de la opción preferida. Los estudios revelan que las empresas de nueva creación y las que ocupan a menos de diez personas llevan a cabo la mayor parte de la reutilización comercial de los datos públicos. Un suministro más sólido de datos, que sean más baratos y más fáciles de reutilizar, permitirá una mayor innovación basada en datos en todos los sectores económicos, siendo las pymes y las microempresas las que se beneficiarán en mayor medida de las menores barreras para acceder a los datos del sector público.

¿Habrá repercusiones significativas en los presupuestos y las administraciones nacionales?

Esta intervención reforzará el proceso actualmente en curso de apertura de los datos del sector público. A corto plazo, originará costes de cumplimiento limitados para las administraciones públicas. No obstante, a largo plazo, aumentará el ahorro de costes gracias a una mayor eficiencia y generará ingresos complementarios en las administraciones públicas.

¿Habrá otras repercusiones significativas? 

Aparte de los beneficios económicos globales estimados de la apertura de los datos del sector público, también cabe esperar que la opción preferida incremente de forma significativa la actual incidencia social de la reutilización de la información del sector público.

D. Seguimiento

¿Cuándo se revisará la política? 

La política será objeto de un seguimiento anual gracias al ejercicio «paisajismo» llevado a cabo por el portal europeo de datos. El seguimiento dará lugar a la publicación de informes sobre el desarrollo de los datos abiertos. La cláusula de revisión de la Directiva se modificará para permitir que la próxima evaluación se realice seis años después de la fecha de adopción de la Directiva modificada.