52023BP1814

EUR-Lex

Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - 52023BP1814 - EN

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 52023BP1814

Resolución (UE) 2023/1814 del Parlamento Europeo de 10 de mayo de 2023 que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021, sección I — Parlamento Europeo

DO L 242 de 29.9.2023, p. 3–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2023/1814/oj

HTML

PDF

Official Journal

29.9.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

L 242/3

RESOLUCIÓN (UE) 2023/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 10 de mayo de 2023

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021, sección I — Parlamento Europeo

EL PARLAMENTO EUROPEO,

—	Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021, sección I — Parlamento Europeo,

—	Vistos el artículo 100, el artículo 104, apartado 3, y el anexo V de su Reglamento interno,

—	Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0086/2023),

Considerando que, en su certificación de las cuentas definitivas, el contable del Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «Parlamento») declaró que tenía la seguridad razonable de que las cuentas, en todos los aspectos significativos, presentan una imagen fiel de la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de tesorería del Parlamento;

Considerando que, de acuerdo con el procedimiento habitual, se remitió un cuestionario con 145 preguntas a la administración del Parlamento y las respuestas escritas recibidas fueron debatidas públicamente por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento el 1 de diciembre de 2022, en presencia del vicepresidente responsable del presupuesto, del secretario general, del director de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (en lo sucesivo, «Autoridad») y del auditor interno;

C.	Considerando que siempre hay margen de mejora en términos de calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas públicas, y que es necesario un control para garantizar que los responsables políticos y la administración del Parlamento respondan ante los ciudadanos de la Unión;

D.	Considerando que la confianza en la integridad del Parlamento y en el Estado de Derecho es fundamental para el funcionamiento de la democracia europea;

E.	Considerando que la integridad del Parlamento es fundamental para garantizar que los procesos democráticos no se vean influidos por intereses privados y externos y que se respeten plenamente los derechos de los ciudadanos;

F.	Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 16 de septiembre de 2021, declaró la importancia de reforzar la transparencia y la integridad de las instituciones de la Unión mediante la creación de un órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética;

G.	Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 15 de diciembre de 2022, hizo hincapié en las sospechas de corrupción en relación con Qatar y la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de la Unión;

Gestión presupuestaria y financiera del Parlamento

Observa que los créditos definitivos del Parlamento para 2021 ascendieron a 2 063 521 135 EUR, es decir, el 19,4 % de la rúbrica 7 del marco financiero plurianual (1) previsto para los gastos administrativos totales de las instituciones de la Unión en 2021, lo que supone un incremento del 1,2 % en comparación con el presupuesto de 2020 (2 038 745 000 EUR);

Observa que los ingresos totales contabilizados a 31 de diciembre de 2021 ascendían a 215 332 108 EUR (frente a 203 449 523 EUR en 2020), incluidos 37 150 961 EUR en ingresos afectados (frente a 33 567 305 EUR en 2020);

Pone de relieve que cinco capítulos representan por sí solos el 75,8 % del total de los compromisos: los capítulos 10 (Miembros de la institución), 12 (Funcionarios y agentes temporales), 20 (Bienes inmuebles y gastos accesorios), 21 (Informática, equipos y mobiliario) y 42 (Gastos ligados a la asistencia parlamentaria), lo que indica un elevado nivel de rigidez en una parte importante del gasto del Parlamento;

Toma nota de las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2021:

a)	Créditos disponibles (EUR)

créditos del ejercicio 2021:

2 063 521 135

prórrogas no automáticas del ejercicio 2020:

74 900 000

prórrogas automáticas del ejercicio 2020:

356 517 980

créditos correspondientes a los ingresos afectados del ejercicio 2021:

37 150 961

prórrogas correspondientes a los ingresos afectados del ejercicio 2020:

39 313 649

Total:

2 571 403 726

b)	Utilización de los créditos durante el ejercicio 2021 (EUR)

compromisos:

2 435 954 496

pagos efectuados:

2 077 518 430

créditos prorrogados automáticamente, incluidos los procedentes de ingresos afectados:

419 702 461

créditos prorrogados no automáticamente:

22 007 230

créditos anulados:

52 175 603

c)	Ingresos presupuestarios (EUR)

recibidos en 2021:

215 332 108

d)	Balance total a 31 de diciembre de 2021 (EUR)

1 720 527 780

Señala que el 98,5 % de los créditos consignados en el presupuesto del Parlamento, por un importe de 2 033 160 247 EUR, se comprometieron, con un porcentaje de anulación del 0,6 %; observa con satisfacción que, al igual que en ejercicios anteriores, se alcanzó un nivel de ejecución presupuestaria muy elevado; toma nota de que los pagos ascendieron a un total de 1 649 796 EUR, lo que corresponde a un porcentaje de ejecución de los créditos de pago del 81,1 % (1 590 035 012 EUR y 81,5 %, respectivamente, en 2020);

Observa que en el ejercicio 2021 la Comisión de Presupuestos del Parlamento aprobó dieciocho transferencias (de tipo «C»), de conformidad con los artículos 31 y 49 del Reglamento Financiero, que ascendieron a 106 753 497 EUR, lo que equivale al 5,2 % de los créditos definitivos; toma nota de que, por su parte, el presidente autorizó ocho transferencias (de tipo «P») por un importe de 26 464 877 EUR, es decir, el 1,3 % del presupuesto de 2021;

Observa el mayor nivel de transferencias en 2021 debido al ahorro presupuestario como consecuencia de la crisis de la COVID-19 en comparación con los años anteriores a la pandemia, cuando el importe total de transferencias de tipo C y P combinadas alcanzó el 5 % en 2019, el 3,2 % en 2018 y el 4,0 % en 2017; recuerda que las actividades normales de desplazamiento solo fueron posibles durante parte del ejercicio, por lo que las líneas presupuestarias pertinentes del Parlamento no se utilizaron en su totalidad y se reasignaron para otros fines;

Toma nota de que las líneas presupuestarias más infrautilizadas debido a la pandemia de COVID-19 que previeron transferencias presupuestarias en 2021 fueron los gastos de viaje ordinarios (20 041 000 EUR), los gastos de misiones del personal (18 460 000 EUR), la organización y acogida de grupos de visitantes (16 517 980 EUR) y la asistencia parlamentaria (11 418 251 EUR); observa que las partidas con una mayor contribución, es decir, que aportaron más de 5 000 000 EUR, ascendieron a un total de 79 152 282 EUR en transferencias de tipo C y P combinadas;

Observa que el excedente generado por la pandemia de COVID-19 se asignó, a través de transferencias presupuestarias de tipo C y P en 2021, principalmente a la financiación de la política inmobiliaria del Parlamento, a saber, a los «cánones enfitéuticos», que se reforzaron con 33 559 035 EUR a fin de seguir invirtiendo en el proyecto inmobiliario Adenauer II, mientras que la «adquisición de bienes inmuebles» se reforzó con 22 007 230 EUR, lo que permitió la adquisición del edificio Trèves II, que en conjunto representó el 52,1 % de las transferencias de tipo C en 2021; señala que otras transferencias importantes se destinaron a necesidades imprevistas derivadas de la pandemia de COVID-19, por ejemplo, medidas sanitarias y de prevención, equipos técnicos y gastos de interpretación en apoyo del teletrabajo y las reuniones híbridas; observa que otras transferencias tuvieron que ver con la Conferencia sobre el Futuro de Europa y con las inversiones en aspectos diversos de los servicios informáticos;

Opiniones del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la fiabilidad de las cuentas de 2021 y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas

10.

Recuerda que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») lleva a cabo una evaluación específica de los gastos administrativos como un grupo de políticas único para todas las instituciones de la Unión; destaca que el gasto administrativo comprende el gasto en recursos humanos (salarios, dietas y pensiones), que supone el 68 % del total, y en otras categorías, como inmuebles, equipamiento, energía, comunicaciones y tecnología de la información;

11.

Observa que la rúbrica 7 del marco financiero plurianual «Administración pública europea» representa 10 700 000 000 EUR, es decir, el 5,9 % del presupuesto de la Unión en 2021, entre ellos, 2 100 000 000 EUR, es decir, el 19,4 %, destinados al Parlamento; toma nota de que el Tribunal examinó una muestra de 60 operaciones de esta rúbrica del marco financiero plurianual y constató que 15 contenían errores (25 %), de los cuales el Tribunal ha cuantificado 5 errores y estimado, sobre esta base, que el nivel de error del gasto en administración de la Unión en 2021 se sitúa por debajo del umbral de importancia relativa; reitera su recomendación al Tribunal para que amplíe su muestra de operaciones examinadas a fin de determinar el origen de la gran proporción de operaciones que contienen errores, aunque por debajo del umbral de importancia relativa;

12.

Observa que el Informe Anual del Tribunal sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2021 presenta constataciones específicas relativas al Parlamento, a saber, errores en dos pagos: i) un leve sobrepago por servicios informáticos causado por una aplicación incorrecta de las condiciones contractuales, y ii) un pago por parte del Parlamento a uno de sus grupos políticos; expresa su preocupación por que las normas internas de contratación pública aprobadas por la Mesa y las directrices del Parlamento sobre su aplicación permitan el uso de procedimientos negociados para contratos de alto valor, mientras que el Reglamento Financiero estipula que debe recurrirse a procedimientos abiertos o restringidos; señala, además, la constatación del Tribunal de que el grupo político no respetó plenamente estas normas internas, debido —según el grupo afectado— a la dificultad de encontrar un licitador capaz de cumplir con los criterios muy específicos utilizados para adjudicar el contrato; destaca que el Tribunal había notificado anteriormente deficiencias en operaciones relativas a la contratación pública por parte de los grupos políticos;

13.

Observa que la posición de la administración del Parlamento es que el uso de procedimientos negociados de contratación pública para contratos de gran valor, es decir, contratos adjudicados en procedimientos con un valor que alcanza los umbrales a que se refiere el artículo 175, apartado 1, del Reglamento Financiero, solo se aplica a la gestión directa, mientras que los grupos políticos gestionan los fondos que se les asignan con arreglo a los principios de gestión indirecta en aplicación por analogía del artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero; celebra, no obstante, que el Parlamento haya aceptado la recomendación del Tribunal de revisar sus directrices sobre la aplicación de las normas en materia de contratación pública por parte de los grupos políticos a fin de que se ajusten mejor al Reglamento Financiero; sugiere a la administración del Parlamento que tenga en cuenta la especificidad técnica de algunos procedimientos de contratación pública a los que solo puede postular un número limitado de licitadores con una gran experiencia; pide al secretario general que informe a la Comisión de Control Presupuestario cuando dicha revisión vaya a llevarse a cabo; toma nota del compromiso de la administración del Parlamento de seguir apoyando a los grupos políticos con miras a que los créditos se utilicen de conformidad con la normativa aplicable;

14.

Observa que, en particular, el Tribunal examinó además un pago de 74 900 000 EUR relacionado con la compra del edificio Scholl de la calle Wiertz, cuya adquisición se financió con fondos que no se utilizaron durante la crisis de la COVID-19 y se prorrogaron de 2020; señala que, a la hora de buscar ofertas, el Parlamento utilizó criterios de adjudicación que otorgaban el 50 % de los puntos al precio y a la calidad del edificio propuesto; toma nota de que el Parlamento recibió dos ofertas y adjudicó el contrato al licitador que propuso el edificio Scholl, mucho más próximo al emplazamiento principal del Parlamento, pero un 30 % más caro por metro cuadrado respecto al edificio propuesto por el otro licitador; señala que el Tribunal consideró que «los criterios de adjudicación del Parlamento redujeron significativamente la importancia del precio como base para la decisión de compra, por lo que era poco probable que se aceptara cualquier otra oferta»; destaca la importancia de garantizar la igualdad de condiciones a todos los licitadores a fin de velar por la regularidad de la contratación pública y evitar posibles riesgos de reputación; observa que la compra del edificio Scholl permite al Parlamento, entre otras cosas, reforzar la seguridad de su complejo central, mantener la conexión directa a otros edificios del Parlamento y conservar para el futuro las inversiones realizadas hasta la fecha en el edificio;

15.

Toma nota de la respuesta del Parlamento a la observación del Tribunal de que el criterio de distancia tuvo una gran importancia en los criterios de calidad (a saber, un factor de ponderación de 20/50 puntos de calidad), y la posibilidad de interconexión con los edificios centrales recibió un factor de ponderación adicional (4/50 puntos de calidad), lo que llevó al Parlamento a considerar el edificio Scholl de la calle Wiertz como la oferta económicamente más ventajosa a pesar de la importante diferencia de precio; toma nota de que la Mesa analizó la adquisición del edificio Scholl en relación con la resolución del contrato de usufructo y, en ese sentido, consideró que se ahorraría un importe financiero significativo, a saber, los pagos contractuales restantes (24 000 000 EUR) y las inversiones ya realizadas por el Parlamento (15 300 000 EUR);

Informe Anual del auditor interno

16.

Toma nota de que, en la reunión de la comisión competente con el auditor interno celebrada el 1 de diciembre de 2022, el auditor interno presentó su Informe Anual y describió las auditorías de fiabilidad y los servicios de consultoría que había realizado e informó sobre la situación presente, que en 2021 cubría los temas siguientes:

—	auditoría de las dietas de asistencia parlamentaria (Dirección General de Finanzas, DG FINS);

—	preparación de la segunda fase de auditoría de la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (DG FINS);

—	misión de consultoría sobre el establecimiento de fundaciones para el marco de gobernanza de datos (Dirección General de Innovación y Asistencia Tecnológica, DG ITEC);

—	auditoría de las misiones del personal (Dirección General de Personal, DG PERS);

—	auditoría del procedimiento de contratación pública (Dirección General de Infraestructuras y Logística, DG INLO);

—	revisión del marco de gestión de riesgos del Parlamento;

—	seguimiento de las acciones iniciadas a raíz de los informes de auditoría interna, fases 1 y 2 de 2021;

17.

Acoge favorablemente y apoya las siguientes acciones que el auditor interno ha convenido con las direcciones generales competentes como resultado de las tareas de verificación:

—

en relación con la auditoría de las dietas de asistencia parlamentaria, abordar la cuestión relativa al respeto de los límites máximos fijados por las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados (MAE) en lo que respecta a los honorarios de los agentes pagadores; reducir los retrasos en la presentación por parte del agente pagador de los extractos de cuentas de los importes abonados por el Parlamento a estos y en la finalización de los controles correspondientes de la DG FINS, así como regularizar la acumulación de retrasos recurrentes; aclarar determinadas disposiciones de las MAE y las orientaciones internas conexas que no brindan un apoyo sistemático a la gestión eficiente y eficaz de la asistencia parlamentaria destinada a los asistentes parlamentarios locales;

—

en lo que respecta a la segunda fase de la auditoría de la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, acoger con satisfacción la firma de un memorando de entendimiento, a principios de enero de 2022, entre el auditor interno del Parlamento y la Autoridad, en el que se establecen las modalidades de las actividades de auditoría que el auditor interno puede decidir llevar a cabo, como parte de sus auditorías relativas a la ejecución del presupuesto del Parlamento, sobre los sistemas de gestión y control que la Autoridad aplica a los procedimientos de registro, control y, en su caso, imposición de sanciones a los partidos políticos europeos y a las fundaciones políticas europeas;

—

en relación con la misión de consultoría sobre el marco de gobernanza de datos, cuyo objetivo era apoyar a la DG ITEC en su labor de desarrollo de capacidades que permitan al Parlamento garantizar la existencia de datos de alta calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos, las seis recomendaciones específicas presentadas acerca de la inclusión de proyectos relacionados con los datos en la cartera del Parlamento para el período 2022-2024, la creación de un inventario institucional de datos, la institución de corresponsales locales de datos, la designación de un órgano inter-DG para las decisiones relacionadas con los datos, la supervisión por parte de un organismo y el examen de posibles sinergias con las políticas vigentes relativas a los datos y otros requisitos de conformidad;

18.

Toma nota de las tareas de verificación que acaban de completarse y que actualmente siguen el proceso de comunicación previsto en la Carta del Auditor Interno;

—

en relación con la auditoría de las misiones del personal, la atención prestada a la evaluación de la eficiencia y la eficacia de los sistemas internos de gestión y control en el ámbito de las misiones de todas las categorías de personal, incluidos los asistentes parlamentarios acreditados (APA), y a la conformidad del funcionamiento de dichos sistemas con las disposiciones pertinentes del Estatuto de los funcionarios, el correspondiente marco reglamentario interno y el Reglamento Financiero;

—

en relación con la auditoría del proceso de contratación pública en la DG INLO, el énfasis en la evaluación de la eficiencia y la eficacia de los sistemas de gestión y control internos en el ámbito de la contratación pública, en la conformidad de los procedimientos de contratación pública con la legislación aplicable y el marco reglamentario interno pertinente, y en la fiabilidad de la información de gestión y el registro;

—	en cuanto a la revisión del marco de gestión de riesgos del Parlamento, la atención prestada a revisar la madurez de dicho marco, que dio lugar a una evaluación de la situación actual y a la determinación de maneras para mejorar su eficiencia y eficacia;

19.

Observa que el proceso de seguimiento de 2021 tuvo como resultado el cierre de 47 de las 99 acciones abiertas y para las que habían expirado los plazos de ejecución acordados; subraya que algunas de las 52 acciones pendientes fueron recomendadas hace varios años, pero siguen sin aplicarse, y destaca que 23 de ellas se refieren a un riesgo significativo; espera que las diferentes direcciones generales garanticen que las acciones pendientes se cierren sin nuevas demoras, y que las acciones convenidas se ejecuten con arreglo a los plazos fijados en el Informe Anual del auditor interno; pide al secretario general que informe dos veces al año a la autoridad de aprobación de la gestión sobre el estado de las acciones pendientes;

20.

Reconoce que, de conformidad con el artículo 118, apartado 9, del Reglamento Financiero, «[l]os informes y las conclusiones del auditor interno y el informe de la institución de la Unión de que se trate serán de acceso público únicamente cuando el auditor interno haya validado las acciones emprendidas para su puesta en práctica»; observa que, en la práctica, los informes y las conclusiones solo son accesibles una vez aplicadas todas las recomendaciones, lo que supone de facto un retraso de varios años para acceder a ellas, y que los diputados, en función de la necesidad de conocer, solo pueden tener acceso a los documentos confidenciales de conformidad con las normas de la Mesa para el acceso a los documentos confidenciales; pide a la Mesa que garantice que los diputados tengan acceso pleno e inmediato al informe de auditoría interna al menos con vistas al procedimiento de aprobación de la gestión de forma más expedita; pide a la Mesa, además, que ponga a disposición del público cada informe de auditoría interna un año después de su finalización, una vez que el auditor interno haya validado las acciones emprendidas para aplicar las recomendaciones del ejercicio anterior; recuerda, además, que la validación de las recomendaciones no requiere la plena aplicación de todas ellas; pide al secretario general que informe con la frecuencia que sea necesaria a la Comisión de Control Presupuestario sobre las actividades anuales de auditoría efectuadas;

21.

Toma nota del cambio de jefe del Servicio de Auditoría Interna a partir del 1 de marzo de 2021; expresa su preocupación por que la renovación de aproximadamente la mitad del equipo de auditoría y el total de 16 meses de vacantes más allá de lo previsto debido a las dificultades para encontrar candidatos adecuados, a pesar del apoyo continuo de la administración del Parlamento, hayan tenido un impacto negativo en la actividad de auditoría, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información; acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el auditor interno para cubrir el puesto vacante de auditor especializado en sistemas de información con un candidato con una sólida experiencia pertinente, así como las medidas adoptadas entretanto en materia de desarrollo de capacidades y formación especializada adicional; recuerda a la administración del Parlamento la importancia de planificar las vacantes con suficiente antelación en servicios esenciales como la Unidad de Auditoría Interna;

22.

Celebra que, en 2021, al igual que en 2016, un evaluador externo certificara que el Servicio de Auditoría Interna, «en general, se ajusta a las normas del Instituto de Auditores Internos y al código deontológico», lo que corresponde al máximo nivel de conformidad con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna;

Seguimiento por parte de la administración del Parlamento y de la Mesa de la anterior resolución sobre la aprobación de la gestión

23.

Toma nota de las respuestas escritas a la Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2020 facilitadas a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento el 26 de septiembre de 2022, así como de la presentación del secretario general de 25 de octubre de 2022 en la que se abordan las diferentes preguntas y solicitudes de la Resolución del Parlamento y del intercambio de puntos de vista con los diputados;

24.

Recuerda que la composición de la Mesa consiste en el presidente del Parlamento Europeo, los catorce vicepresidentes y los cinco cuestores (miembros sin derecho a voto) democráticamente elegidos por el Parlamento; recuerda que, una vez que el Pleno exige que el Parlamento aplique diferentes normas o medidas, la Mesa debe debatir y votar las normas y medidas propuestas, de conformidad con el artículo 25 y el anexo V del Reglamento interno y los artículos 6 y 262 del Reglamento Financiero; lamenta que un número considerable de solicitudes concretas que el Pleno aprueba en las resoluciones sobre la aprobación de la gestión no se vean siempre bien reflejadas en los debates de las reuniones de la Mesa, a pesar de que tanto los miembros de la Mesa como el secretario general conocen las resoluciones de aprobación de la gestión y tienen la capacidad de presentar propuestas con arreglo al mencionado artículo 25; recuerda el ejercicio del control democrático que se lleva a cabo a través del procedimiento de aprobación de la gestión y respecto al que el Parlamento debe ser un modelo para todas las instituciones y organismos de la Unión; destaca que, durante la pandemia de COVID-19, las deliberaciones de la Mesa tuvieron que centrarse, en gran medida, en la protección de la integridad de los diputados y del personal, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las actividades;

25.

Recuerda que, a la luz del artículo 25 del Reglamento interno, la Mesa es responsable de adoptar decisiones sobre asuntos financieros, organizativos y administrativos relativos a la organización interna del Parlamento y a los diputados; expresa su preocupación por que las decisiones de la Mesa a menudo no respeten la voluntad expresada por el Pleno en las resoluciones sobre la aprobación de la gestión; reitera la importancia del procedimiento de aprobación de la gestión, tal como se establece en el Reglamento Financiero y en el Reglamento interno, y pide que las resoluciones relativas al funcionamiento del Parlamento se tomen en consideración y sean objeto de un seguimiento legítimo y transparente; observa que los órdenes del día y las actas de las reuniones de la Mesa y las decisiones se publican en el sitio web del Parlamento; reitera su petición al secretario general de que presente a la Mesa un conjunto concreto de propuestas con vistas a seguir mejorando la transparencia de la toma de decisiones de esta; recomienda que se informe sistemáticamente a la Comisión de Control Presupuestario siempre que la Mesa vaya a debatir una propuesta derivada de una resolución sobre la aprobación de la gestión;

26.

Acoge favorablemente la propuesta del secretario general de permitir a la Mesa debatir proyectos de decisión sobre asuntos importantes y decidir al respecto en su próxima reunión; anima a la Mesa y a los cuestores a que apliquen dicha práctica;

Medidas relativas a la pandemia de COVID-19

27.

Señala que el año 2021 estuvo marcado por los retos en curso derivados de la pandemia de COVID-19, que exigieron que la mayoría de las medidas extraordinarias y sin precedentes introducidas en 2020 se mantuvieran y, en caso necesario, se adaptaran para minimizar el riesgo para los diputados y el personal, garantizando al mismo tiempo que el Parlamento siguiera en condiciones de continuar sus actividades principales; toma nota de que se estima que la pandemia de COVID-19 ha generado un excedente presupuestario global de 95 804 765 EUR y, al mismo tiempo, ha hecho necesario reforzar otras líneas presupuestarias por un total de 26 230 480 EUR, lo que se traduce en un ahorro neto de 69 574 285 EUR;

28.

Señala, en particular, que los regímenes de teletrabajo, la votación a distancia y las reuniones híbridas siguieron aplicándose a gran escala durante 2021; observa que la obligación de la mayoría del personal, incluidos los APA, de teletrabajar al 100 % se suprimió gradualmente a partir de junio de 2021 y que el 16 de julio de 2021 el secretario general decidió ampliar el alcance del teletrabajo vigente; toma nota de que, en septiembre de 2021, se suprimieron algunas de las restricciones impuestas a las actividades del Parlamento, por ejemplo, a las delegaciones o a la acogida de visitantes individuales, y que entraron en vigor nuevas normas sobre teletrabajo para el personal del Parlamento;

29.

Acoge con satisfacción las conclusiones del Tribunal en su Informe Especial n.o 18/2022 titulado «Las instituciones de la UE y el COVID-19», según las cuales las instituciones auditadas, incluido el Parlamento, demostraron su resiliencia frente a la pandemia de COVID-19 y que su respuesta fue rápida y flexible y se benefició de inversiones anteriores en digitalización; destaca las recomendaciones del Tribunal, en particular la revisión de los planes de continuidad de las actividades y la evaluación de la idoneidad de las nuevas formas de trabajo en el entorno posterior a la COVID-19;

30.

Observa que los efectos de la persistencia de la pandemia de COVID-19 en 2021 dieron lugar a transferencias sustanciales dentro del presupuesto del Parlamento, y que quedó disponible un excedente presupuestario en ámbitos como los gastos de viaje, la organización y acogida de grupos de visitantes, el funcionamiento de los centros de visitantes del Parlamento, la formación presencial y la reducción del consumo de energía; señala que, al mismo tiempo, la pandemia creó necesidades presupuestarias adicionales en otros ámbitos, en particular la salud y la prevención, pero también para equipos técnicos y logística para reuniones y votaciones híbridas multilingües; constata que una parte sustancial de los ahorros de los últimos años se transfirió a la política inmobiliaria;

31.

Destaca que el año 2021 se vio enormemente afectado por la pandemia de COVID-19 y que la mayoría de las medidas extraordinarias introducidas en 2020 tuvieron que mantenerse y adaptarse; expresa su preocupación por que, en determinados casos, algunas de las medidas introducidas para prevenir una ulterior propagación de la pandemia de COVID-19 hayan dado lugar a una modificación de las condiciones de trabajo en servicios concretos del Parlamento, como las copisterías o las unidades de impresión, entre otros, lo que repercutió negativamente en algunos miembros del personal, por ejemplo, el de la copistería de Bruselas, que tuvo que trabajar aislado durante un largo período de tiempo incluso después de que se levantaran las medidas de seguridad; pide a la administración del Parlamento que revalúe de forma proactiva las condiciones de trabajo en situaciones similares;

32.

Destaca que entre los numerosos retos a los que en 2021 se enfrentó el Parlamento para desarrollar su labor, el principal fue la incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia de COVID-19; elogia el papel clave de los servicios médicos del Parlamento en primera línea de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y reconoce la enorme carga de trabajo que comportó, que incluía el tratamiento, las pruebas y la vacunación del personal, la prestación de apoyo psicológico y el asesoramiento sobre medidas de mitigación; observa que, excepcionalmente, hubo que cancelar el examen médico anual del personal, al que se invitó a someterse a su reconocimiento médico anual en el exterior, en las mismas condiciones que las que suele ofrecer el Parlamento, de conformidad con el artículo 59, apartado 6, del Estatuto de los funcionarios, y acoge con satisfacción el hecho de que la evolución de la situación de pandemia haya permitido reanudar los reconocimientos médicos anuales del personal; acoge con satisfacción la creación, en octubre de 2021, de la Unidad de Preparación y Gestión en materia de Crisis Sanitarias (MPCM), compuesta por personal de los servicios médicos de Bruselas y Luxemburgo, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del Parlamento ante futuras crisis;

33.

Toma nota de que el coste total de los centros de pruebas fue de 5 415 789 EUR en Bruselas, 302 288 EUR en Luxemburgo y 39 370 EUR en Estrasburgo; celebra que las autoridades de salud pública hayan proporcionado gratuitamente las vacunas y otros materiales para la campaña de vacunación del Parlamento; observa que el coste total del centro de vacunación de Bruselas en 2021 ascendió a 230 502 EUR, incluido un refuerzo de seis enfermeros interinos y la adaptación de una herramienta informática existente para los aspectos administrativos (45 655 EUR y 184 847 EUR, respectivamente); elogia la labor del servicio médico, del personal del laboratorio contratado y de los voluntarios de los centros de pruebas y de vacunación del Parlamento en Bruselas; señala que, tanto en Estrasburgo como en Luxemburgo, las autoridades nacionales organizaron las campañas de vacunación, por lo que el Parlamento no incurrió en ningún coste;

34.

Recuerda que, en el artículo 4 de la Decisión del presidente, de 1 de junio de 2021, sobre medidas de seguridad con objeto de limitar la propagación de la pandemia de COVID-19, se preveían controles de temperatura de cualquier persona que entrara en los edificios del Parlamento; señala que, a tal fin, el Parlamento adquirió diferentes modelos de detectores de temperatura corporal por un importe total de 595 459 EUR (382 515 EUR en 2020 y 212 944 EUR en 2021); observa que 40 unidades de detección de temperatura compradas en 2021 como parte de los equipos adquiridos e instaladas en los detectores de metales dejaron de utilizarse a partir del 14 de marzo de 2022, y que 4 cámaras se guardan en un almacén; subraya que durante el verano a menudo se negó el acceso a personas debido a las altas temperaturas exteriores, que nada tenían que ver con fiebre alta; recuerda que no se introdujo ninguna disposición para impedir que las personas a las que se había denegado la entrada simplemente intentaran volver a entrar más tarde; señala que el Parlamento no trató ni recogió ningún dato sensible con arreglo al artículo 10 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (2); observa que, al no existir la necesidad de conservar datos sensibles, no se dispone de información sobre el número de personas a las que se ha denegado el acceso a los locales del Parlamento durante el período de validez de la medida; lamenta la conclusión de que no es posible evaluar la eficacia de los controles de temperatura corporal ni la compra del equipo; recuerda el principio de que toda utilización de fondos públicos debe permitir siempre un control de la regularidad del gasto y de la eficacia de su uso;

35.

Observa que no fue necesario reducir el personal de limpieza en Bruselas, ya que los edificios seguían abiertos y que, en Estrasburgo y Luxemburgo, el aumento de las necesidades de limpieza compensó la disminución de la actividad y, por tanto, los proveedores de servicios de limpieza no sufrieron pérdidas durante el año; toma nota de que, a finales de 2021 y principios de 2022, los dos contratistas de limpieza en Bruselas iniciaron una encuesta de satisfacción entre sus empleados, tal como se solicitaba en la resolución de aprobación de la gestión de 2020; observa que los empleados completaron el cuestionario de forma anónima y que las respuestas se recibieron y almacenaron en una plataforma protegida; subraya que, para el primer contratista, el análisis de los resultados muestra que más del 90 % del personal está motivado para tener un buen desempeño, recibe buenas orientaciones de sus directivos y se siente parte de un equipo muy unido; observa que, desde el 9 de noviembre de 2022, dos nuevos proveedores de servicios prestan todos los servicios de limpieza en las instalaciones del Parlamento en Bruselas; acoge favorablemente que el nuevo contratista esté sujeto a obligaciones más estrictas que garanticen unas condiciones de trabajo justas; recuerda que el nuevo contratista se ha comprometido a contratar a todos los empleados que trabajaban para el contratista anterior durante al menos nueve meses y pide al Parlamento que garantice que se cumpla este compromiso;

36.

Recuerda el impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en el personal de restauración del Parlamento; acoge favorablemente las medidas de solidaridad aplicadas entre abril de 2020 y diciembre de 2021, a saber, el suministro de «comidas benéficas» y una tasa de continuidad de las actividades en los tres lugares de trabajo, lo que al menos contribuyó a conservar treinta y siete puestos de trabajo para el personal de restauración; celebra que el Parlamento fuera la primera institución de la Unión en lanzar un programa de donación de alimentos y que, durante la pandemia de COVID-19, fuera la única institución en tomar acciones para proteger el empleo; celebra que se hayan creado veinte nuevos puestos de trabajo desde la reanudación de todas las actividades de restauración en marzo de 2022; observa que los servicios de restauración y de limpieza son prestados por proveedores de servicios externos debido a su naturaleza específica, que no cumple las condiciones para su internalización; subraya que la internalización de servicios esenciales, como la restauración y la limpieza, requeriría una contratación masiva de empleados y daría lugar a un aumento significativo de los costes; opina, por tanto, que los órganos de gobierno no deben considerar la posibilidad de internalizar estos servicios;

Intérpretes

37.

Recuerda que, de conformidad con el Reglamento interno del Parlamento, los diputados tienen derecho a expresarse en la lengua oficial de su elección, lo que refleja la diversidad cultural y lingüística europea, y también permite que las instituciones europeas sean más accesibles y transparentes para todos los ciudadanos de la Unión; acoge con satisfacción el trabajo efectuado por los funcionarios del Parlamento y los intérpretes externos durante la pandemia, haciendo posible este derecho y manteniendo el funcionamiento del Parlamento como casa de la democracia europea; destaca que la calidad de la interpretación prestada repercute directamente en el mensaje transmitido a los ciudadanos de la Unión;

38.

Observa que la administración del Parlamento introdujo salvaguardias como una limitación de las horas semanales de interpretación debido al esfuerzo adicional necesario para interpretar a los oradores a distancia y que los intérpretes se situaron durante un largo período de tiempo fuera de la sala de reunión (es decir, salas acopladas, centros en los Estados miembros, etc.); acoge con satisfacción que varias acciones aprobadas por la Mesa en 2020 y 2021, desde el refuerzo de la infraestructura técnica a la interpretación a distancia, permitieran que las capacidades de interpretación aumentaran gradualmente hasta el 70 % de la capacidad anterior a la COVID-19 de noviembre de 2020 a abril de 2021, y hasta el 90 % en enero de 2022;

39.

Manifiesta su preocupación por la denuncia de problemas de audición derivados de la interpretación a distancia durante períodos prolongados con sistemas de sonido de baja calidad; expresa su alarma ante el hecho de que el 63,5 % de los encuestados (127 de 200) señalaran problemas de audición en una encuesta sobre la interpretación a distancia realizada por la delegación de intérpretes funcionarios a principios de 2021 y el 54 % de los encuestados (702 de 1 602) mencionaran, en una encuesta realizada entre los intérpretes funcionarios y externos, en mayo de 2022, que el trabajo en las condiciones impuestas como consecuencia de la pandemia de COVID-19 ha afectado a su salud y bienestar; destaca que los servicios médicos del Parlamento están dando seguimiento a los problemas de salud notificados por los intérpretes y que la administración ha desplegado acciones específicas para mejorar la calidad del sonido; recuerda el deber de diligencia de las instituciones de la Unión para con sus empleados, que debe tenerse en cuenta a la hora de aplicar medidas preventivas;

40.

Toma nota de la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 2 de junio de 2022, por la que se permiten excepciones para las intervenciones a distancia en las reuniones de comisión, y señala que la configuración técnica y la conformidad de las intervenciones a distancia son los principales retos que deben superarse para lograr un sonido de buena calidad en las reuniones híbridas del Parlamento; celebra que, entre otras medidas y campañas de sensibilización, se distribuyeran a los diputados más de 1 700 micrófonos profesionales de alta calidad y 1 342 auriculares, así como que los cuestores publicaran las comunicaciones 50/2020 y 12/2021 con directrices para los oradores a distancia; observa que la administración del Parlamento también ofrece, en una fase piloto, micrófonos de alta calidad a oradores externos que intervendrán a distancia, por ejemplo, peticionarios; lamenta que los esfuerzos y el presupuesto asignados resultarán superfluos si se siguen permitiendo las intervenciones a distancia de diputados y otros oradores sin los equipos adecuados; acoge con satisfacción la campaña de sensibilización sobre la importancia de una buena calidad de sonido para las intervenciones a distancia y aboga por más controles técnicos antes de cada intervención;

41.

Observa que los servicios de la plataforma Interactio se adquirieron en 2021 mediante un contrato marco disponible que actualmente no hace referencia a la norma ISO sobre interpretación de conferencias; toma nota de que el secretario general declara en sus respuestas escritas a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento que la plataforma Interactio cumple los sólidos requisitos ISO en materia de calidad de sonido;

42.

Señala que los intérpretes del Parlamento hicieron huelga entre junio y octubre de 2022 con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, principalmente una mejor calidad del sonido y una limitación del número y la duración de las horas de interpretación de oradores a distancia, como se hizo durante la pandemia de COVID-19; lamenta que, durante la huelga de los intérpretes, la administración del Parlamento recurriera a servicios de interpretación externos, con un coste total de 47 324 EUR, ya que esta decisión puso en peligro el nivel de calidad de la interpretación del Parlamento y, lo que es más importante, obstaculizó el derecho de los trabajadores a la huelga; destaca que, en general, no deben prestarse servicios de interpretación remota externos en las reuniones esenciales de los órganos parlamentarios; acoge con satisfacción las modalidades de trabajo provisionales para las reuniones con participación a distancia acordadas entre el sindicato, los representantes de los intérpretes y la administración del Parlamento el 17 de octubre de 2022, y toma nota de que se llevarán a cabo negociaciones sobre las condiciones de trabajo de los intérpretes a fin de reflexionar sobre los métodos de trabajo del Parlamento tras la pandemia; destaca que la Dirección General de Logística e Interpretación de Conferencias debe planificar sus futuras necesidades de capacidad de interpretación y procurar contratar nuevos intérpretes de manera oportuna;

Personal, asistentes parlamentarios acreditados (APA) y asistentes locales, trabajadores en prácticas

Personal

43.

Observa que 877 de los 6 621 puestos (13,2 %) estaban vacantes a finales de 2021; reconoce las dificultades generales a las que se enfrentan las instituciones de la Unión, incluido el Parlamento, para atraer y retener a personas con talento, lo que afecta a la diversidad y la distribución geográfica del personal; señala que, en 2021, la DG PERS del Parlamento completó dos encuestas para averiguar las principales razones para solicitar un puesto de trabajo en el Parlamento y que los resultados apuntaban a los salarios, pero también a la relevancia del puesto y a unas condiciones de trabajo flexibles; toma nota de la opinión de la administración del Parlamento sobre la lentitud de las oposiciones organizadas por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), pero recuerda el actual proceso de transformación destinado a acortar la duración de las oposiciones, hacerlas más eficientes y encontrar más fácilmente perfiles especializados, manteniendo al mismo tiempo la objetividad y la igualdad de trato en el centro del proceso; observa que en 2021 el Parlamento comenzó a organizar oposiciones internas y expresa su preocupación por los procedimientos de contratación acelerados que pueden dar lugar a discriminación entre categorías profesionales;

44.

Aboga por una profunda reflexión sobre las nuevas formas de trabajo que pueden conciliar las necesidades de la administración del Parlamento (entre ellas, la cohesión de equipo, la comunicación interna y la incorporación de recién llegados), teniendo en cuenta las expectativas y la satisfacción de su personal, lo que repercutiría positivamente en su rendimiento y en el atractivo del Parlamento como empleador; destaca, en este contexto, la importancia de un verdadero diálogo social con los representantes del personal sobre aspectos clave como un entorno de trabajo flexible, la salud y el bienestar, la formación y las oportunidades profesionales; llama asimismo la atención sobre la necesidad de revisar las normas relativas al acoso en relación con estas nuevas formas de trabajo; observa que la presencia física es importante para la interacción eficiente de todos los agentes en los procesos parlamentarios; sugiere que se cree una comisión mixta que ayude a la DG PERS a supervisar la aplicación y el cumplimiento efectivos de unas directrices claras en materia de teletrabajo y derecho a la desconexión que puedan adaptarse a las necesidades de los diferentes servicios; destaca que, con vistas a contar con normas uniformes derivadas del Estatuto de los funcionarios, el Parlamento debe armonizar las normas sobre el teletrabajo con otras instituciones de la Unión que han introducido la posibilidad de teletrabajar fuera de los tres lugares de trabajo, lo que también aumentaría el atractivo del Parlamento como empleador;

45.

Recuerda los muy deficientes niveles de personal en las secretarías de las comisiones del Parlamento a finales de 2020, debido, entre otras cosas, al aumento de la carga de trabajo, a los métodos de trabajo aplicados como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y a la creación de nuevas comisiones temporales; celebra que, tras la adopción del presupuesto de 2022, se crearan 66 nuevos puestos en la plantilla de personal (12 puestos para la Dirección General de Políticas Exteriores, DG EXPO, y 54 puestos para la Dirección General de Políticas Interiores, DG IPOL), con vistas a reforzar rápidamente el apoyo a las comisiones parlamentarias; expresa su preocupación por que, en la actualidad, se prevé que el aumento neto de personal (incluidos los puestos de organigrama y los agentes contractuales) solo incluya a 8 miembros adicionales del personal, aun cuando el número de agentes contractuales ha disminuido en 23 entre enero y noviembre de 2022; recuerda al secretario general el compromiso de reforzar realmente la capacidad de recursos humanos en la DG EXPO y la DG IPOL, también mediante un nivel adecuado de agentes contractuales; señala que todos los recursos disponibles en las comisiones, los departamentos temáticos y los servicios horizontales y de apoyo deben asignarse a la ejecución de las competencias y procedimientos legislativos, presupuestarios y de control del Parlamento; pide, por tanto, que los recursos disponibles se distribuyan en función del nivel de actividad de las comisiones en estos ámbitos y no solo en función del número de informes legislativos;

46.

Manifiesta su preocupación por la Decisión de la Mesa, de 21 de noviembre de 2022, basada en la propuesta del secretario general sobre las disposiciones generales de aplicación del artículo 27 del Estatuto de los funcionarios; insiste en la importancia de lograr un equilibrio geográfico justo entre el personal del Parlamento, siempre que las medidas sean «apropiadas», tal como se exige en el artículo 27, y subraya que las oposiciones deben respetar los principios fundamentales consagrados en el Estatuto de los funcionarios y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como los principios de igualdad, no discriminación y proporcionalidad; recuerda que en el artículo 27 se establece también que «[e]stas medidas apropiadas deben estar justificadas y nunca deberán implicar criterios de reclutamiento distintos de los basados en el mérito»; pide que se remitan inmediatamente estas disposiciones generales de aplicación al Servicio Jurídico del Parlamento para una evaluación de la conformidad;

47.

Toma nota del proyecto «Contract Agent Strategy II» (Estrategia sobre agentes contractuales II) destinado a apoyar a las direcciones generales a fin de evaluar si sería más ventajoso para el Parlamento internalizar las funciones desempeñadas por proveedores de servicios externos; toma nota de que la DG PERS prestó apoyo a la DG INLO, la DG ITEC y la Dirección General de Seguridad y Protección (DG SAFE) a fin de iniciar procedimientos de internalización; reitera que la contratación de agentes contractuales es una medida aceptable cuando está justificada, pero insiste en que las tareas básicas debe realizarlas personal permanente;

48.

Observa una especial dificultad para encontrar candidatos dispuestos a trabajar para el Parlamento en Luxemburgo, debido principalmente al elevado coste de la vida y al aumento de los precios de la vivienda, pero percibiendo un salario concebido para las condiciones de vida en Bruselas; pide a la administración del Parlamento que presente una solicitud a la Comisión para que aborde el grave y antiguo problema de la indexación salarial en Luxemburgo mediante la adopción de un acto delegado para corregir la disposición pertinente del Estatuto de los funcionarios;

49.

Señala la importancia de los sistemas de gestión del conocimiento para evitar la pérdida de conocimientos técnicos en la administración del Parlamento; reconoce que la movilidad podría ayudar al personal a adquirir nuevas competencias, pero considera también que la administración del Parlamento debe motivar y acompañar a los miembros del personal para que cambien voluntariamente a un servicio distinto, de modo que el régimen de movilidad obligatoria sea el último recurso, ya que en algunos casos esta obligación puede llevar al personal a abandonar el Parlamento; señala que una política de movilidad obligatoria podría resultar especialmente difícil para el personal de la DG IPOL debido a los conocimientos específicos adquiridos; aboga por una revisión completa de la política de movilidad que tenga en cuenta los puntos de vista y la experiencia de los representantes del personal;

50.

Recuerda que la Mesa aprobó, el 13 de enero de 2020, lograr unos objetivos nuevos y más ambiciosos en materia de equilibrio de género en las escalas de dirección superior e intermedia de la administración del Parlamento de aquí a 2024, lo que significa que las mujeres deben ocupar el 50 % de los puestos de jefe de unidad, el 50 % de los puestos de director y el 40 % de los puestos de director general; recuerda que la Mesa desarrolló y aprobó posteriormente, el 6 de julio de 2020, un plan de acción en materia de género para los años 2021-2022 destinado a facilitar la realización de estos objetivos, así como a integrar exhaustivamente la dimensión de género en todas las actividades del Parlamento; acoge con satisfacción que el 42,7 % de los puestos de jefe de unidad y el 50 % de los de director estén desempeñados por mujeres, y que su presencia en los puestos de director general haya aumentado para pasar del 15,4 % al 28 % desde 2021; observa que, en 2021, el Parlamento contrató a 536 mujeres (50,3 %) y 530 hombres (49,7 %) en todas las categorías de personal; observa las dificultades para lograr un equilibrio de género satisfactorio en algunos servicios específicos, como la DG SAFE, que cuenta con un 81 % de hombres y un 19 % de mujeres; pide a la administración una evaluación de la hoja de ruta para 2021-2022 basada en los indicadores de seguimiento de progresos seleccionados en el contexto de la próxima aprobación;

51.

Acoge con satisfacción la hoja de ruta para la diversidad aprobada por la Mesa en noviembre de 2021, que fija objetivos en el ámbito de la igualdad de oportunidades, como la consolidación de las funciones y el mandato del Grupo de Acceso e Inclusión con vistas a mejorar la coordinación y la cooperación en la preparación y aplicación de las políticas del Parlamento en materia de discapacidad y la presentación de propuestas concretas; celebra que el Parlamento sea la primera institución en organizar procedimientos de selección (acciones positivas) para trabajadores en prácticas y agentes contractuales con discapacidad;

52.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 9 del Estatuto de los funcionarios, el Comité de Personal representa los intereses del personal ante su institución y mantiene un contacto permanente con ellos; señala que las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno del Parlamento a menudo repercuten significativamente en el personal y, por tanto, reitera que es fundamental que se escuche a los representantes del personal cuando se debatan cuestiones generales que afectan a la política de personal del Parlamento;

53.

Recuerda la recomendación del Parlamento a la Comisión, en su Resolución de 18 de abril de 2018, de que «revise su procedimiento administrativo de nombramiento de altos funcionarios para garantizar plenamente que se selecciona a los mejores candidatos en un marco de máxima transparencia e igualdad de oportunidades, estableciendo así también un modelo para las demás instituciones europeas»; recuerda que el procedimiento de nombramiento del secretario general fue un proceso transparente, en que se trató a los candidatos de una manera justa y equitativa, al tiempo que se cumplían todos los requisitos de admisibilidad necesarios; subraya que la decisión relativa al candidato seleccionado se adoptó con una amplia mayoría de la Mesa;

Asistentes Parlamentarios Acreditados

54.

Insiste en su opinión de que la relación de trabajo particular entre los diputados y los asistentes parlamentarios acreditados puede incluir una situación en la que ambas partes decidan rescindir el contrato de común acuerdo antes de lo previsto, pero sin pérdida de confianza; insta a la Mesa a que consulte al Servicio Jurídico del Parlamento y a la DG PERS sobre la posibilidad de rescindir el contrato de común acuerdo antes de su fecha de expiración y a que informe a la Comisión de Control Presupuestario de la respuesta;

55.

Reitera que se debe emitir una orden de misión y reembolsar con arreglo a las normas aplicables a los APA que acompañan a los diputados a los períodos parciales de sesiones en Estrasburgo;

56.

Reitera su petición de que los APA reciban la misma dieta de estancia que los funcionarios y otros miembros del personal estatutario en sus misiones cuando asistan a los períodos parciales de sesiones en Estrasburgo, teniendo en cuenta que la dotación de la dieta parlamentaria permanece inalterada; opina que la situación actual, agravada por el aumento acumulado de los precios en los últimos años, dificulta la situación financiera de los APA, ya que tienen que viajar a Estrasburgo para llevar a cabo su trabajo exactamente de la misma manera que los funcionarios y otros miembros del personal estatutario del Parlamento; no entiende este trato desigual en relación con las misiones a Estrasburgo, teniendo en cuenta que los gastos en que incurren los asistentes parlamentarios acreditados al realizar misiones fuera de los tres lugares de trabajo del Parlamento se reembolsan, mutatis mutandis, de conformidad con las normas aplicables a las misiones de los funcionarios; destaca que adaptar las dietas diarias a las del personal estatutario también pondría fin a la existencia injustificada de tres importes diferentes entre los que elegir; reitera, por tanto, su solicitud a la Mesa para que modifique su Decisión de 2 de octubre de 2017 con el fin de aplicar dicha adaptación;

57.

Señala que las normas aplicables adoptadas por la Mesa y la Conferencia de Presidentes prohíben actualmente a los APA acompañar a los diputados en las delegaciones oficiales del Parlamento y en las misiones de las comisiones; señala que el apoyo técnico que prestan los asistentes parlamentarios acreditados durante las misiones reviste una importancia clave para los diputados participantes; expresa su preocupación por el hecho de que, en la práctica, esta situación lleve a los diputados a financiar los viajes de los APA con las dietas para gastos generales y obligue a los APA a disfrutar de sus vacaciones anuales; insta a la Mesa y a la Conferencia de Presidentes a que cambien las normas actuales para permitir que los APA, en determinadas condiciones que aún deben establecerse y teniendo presentes los límites logísticos de las misiones, acompañen a los diputados en las delegaciones y misiones parlamentarias oficiales, como se ha reiterado en varias resoluciones sobre la aprobación de la gestión;

58.

Celebra que la Mesa, en su última revisión de las normas aplicables a los grupos de visitantes, haya introducido la posibilidad de que los diputados designen a profesionales que asuman la responsabilidad financiera, lo que ha provocado una reducción en un 28 % del número de APA que actúan como jefes de grupos de visitantes; insiste, por tanto, a la Mesa en que no se designe a los APA como jefes de grupo, ya que este nivel de responsabilidad financiera podría comprometer los procedimientos de auditoría adecuados o, alternativamente, pide una separación de las funciones de jefe de grupo y de la persona que ostente la responsabilidad financiera, dejando que solo un miembro del grupo patrocinado o un profesional, como los agentes pagadores o las agencias de viajes, asuma la responsabilidad financiera;

59.

Recuerda que los diputados pueden ofrecer un período de prácticas a nacionales de terceros países, siempre que garanticen que estos cumplen los requisitos de visado del país de designación; señala que los trabajadores de terceros países que llegan a Bélgica para un período de prácticas en Bruselas superior a noventa días deben solicitar una autorización previa del servicio público regional competente, es decir, Bruselas Economía y Empleo; expresa su preocupación por que el servicio competente del Parlamento haya acordado con el servicio belga que la oficina del diputado pertinente presente el expediente del candidato, lo que en la práctica significa que se exige a un APA de la oficina del diputado que facilite sus datos personales a las autoridades públicas a fin de actuar como persona de contacto ante estas en relación con la solicitud de visado de una persona en prácticas de un tercer país; recuerda que el Parlamento no puede poner a los APA en una situación que podría ser perjudicial para sus derechos como personal estatutario y pide a la administración del Parlamento que encuentre una solución diferente que no ponga en peligro la privacidad y la seguridad jurídica de los APA ni suponga un riesgo para la seguridad del Parlamento;

60.

Pide a la administración del Parlamento que organice cursos de formación para asistentes parlamentarios acreditados en función de su carga de trabajo, que está directamente relacionada con el calendario parlamentario y la presencia general de los diputados en el Parlamento, a fin de conciliar el ejercicio de sus funciones con la formación profesional a la que tienen derecho en virtud del artículo 11 de las medidas de aplicación del título VII del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea;

Trabajadores en prácticas

61.

Toma nota del programa de contratación y desarrollo profesional Schuman que la administración del Parlamento puso en marcha por primera vez durante el período de prácticas de marzo de 2021; lamenta que la administración del Parlamento no haya consultado al Comité de Personal sobre esta iniciativa en una fase temprana y toma nota de la opinión negativa expresada en su Resolución de 18 de octubre de 2021, que cuestiona la objetividad y la equidad de este programa; es consciente de las dificultades a las que se enfrenta la administración del Parlamento a la hora de contratar y retener talentos para la institución, en particular jóvenes profesionales; insiste en que la contratación se base en los principios esenciales del servicio público de la Unión de transparencia, objetividad y equidad; subraya que los procedimientos de contratación deben basarse en los méritos, ser competitivos, justos y transparentes, y pide al secretario general que implique tanto al Comité de Personal como al Comité de Asistentes Parlamentarios Acreditados en una revisión de este programa con el fin de llegar a un acuerdo sobre el modelo que debe seguirse en el futuro;

62.

Observa que la reducción aplicada para los trabajadores en prácticas en los comedores del Parlamento, que asciende a 1 EUR, se basa en descuentos anteriores que, a su vez, se basaban en los contratos firmados y los precios vigentes en aquel momento; considera que este descuento es actualmente meramente simbólico e insuficiente, por lo que pide a la administración del Parlamento que considere si podría introducirse una actualización automática sobre la base de las variaciones de los precios de los alimentos;

Transparencia y ética

63.

Destaca que la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad son principios éticos fundamentales en las instituciones de la Unión y, en particular, en el Parlamento como casa de la democracia europea; recuerda que la debilidad de las normas éticas y su falta de aplicación pueden poner en peligro la integridad de la institución y que deben prevenirse los comportamientos poco éticos y perseguir y condenar a sus autores, ya que esto daña significativamente la credibilidad y la legitimidad del Parlamento y de la Unión en su conjunto y constituye una grave amenaza para la democracia y la confianza pública; recuerda la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2022, sobre las sospechas de corrupción en relación con Qatar y la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de la Unión; recuerda las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe Especial n.o 13/2019 sobre los marcos éticos de las instituciones de la Unión, y la Resolución del Parlamento, de 16 de septiembre de 2021, sobre el refuerzo de la transparencia y la integridad de las instituciones de la Unión, en la que pide la creación de un órgano independiente e interinstitucional encargado de las cuestiones de ética con una función de prevención, cumplimiento y asesoramiento; insta a la Comisión a que ultime y presente su propuesta por la que se establece dicha función; recuerda la necesidad de crear un órgano encargado de las cuestiones de ética de la Unión antes del fin de la presente legislatura.;

64.

Destaca la necesidad de reforzar la confianza en la toma de decisiones de la Unión reforzando la transparencia, la ética y la buena conducta en el Parlamento; pide una revisión exhaustiva del marco ético del Parlamento que integre las lecciones aprendidas, asegure la plena aplicación y refuerce las normas de control actuales para garantizar que existan elementos disuasorios más poderosos con vistas a abordar eficazmente las amenazas e interferencias actuales y futuras, ya afecten a los diputados o al personal; hace hincapié en que las actividades ilegales financiadas por grupos de presión remunerados constituyen un profundo ataque a la democracia y deben afrontarse con tolerancia cero y una mayor vigilancia; pide, en particular, la revisión del Reglamento interno y del Código de conducta de los diputados, así como una actualización y una reforma urgentes del actual Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados del Parlamento Europeo, en que participen expertos independientes, seleccionados en función de su competencia, experiencia, independencia y capacidades profesionales, con vistas a darle más visibilidad y relevancia, consolidar su papel y reforzar sus competencias, para velar por que los diputados actúen sin influencias indebidas de los representantes de intereses aplicando una regulación estricta de las actividades remuneradas durante el mandato, los obsequios o las invitaciones de viaje, las futuras expectativas de empleo y el uso indebido de información o contactos; recomienda una formación en materia de lucha contra la corrupción y transparencia para los diputados, los APA y los miembros del personal;

65.

Subraya, a este respecto, también la necesidad de unas normas más estrictas, una mayor transparencia y el seguimiento de los ingresos paralelos de los diputados, a fin de evitar los conflictos de intereses; pide que se revise el Código de conducta para tener en cuenta esta especial preocupación;

66.

Destaca las recientes violaciones de la transparencia y la corrupción en relación con las ONG Fight Impunity y No Peace Without Justice y lamenta que el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) organizara una conferencia de dos días en junio de 2022 junto con estas organizaciones, a pesar de que no estaban inscritas en el Registro de transparencia;

67.

Recuerda que, según la Reglamentación del Parlamento relativa a las audiencias públicas adoptada por la Mesa (3), solo se puede invitar a representantes de intereses como oradores en eventos del Parlamento, incluidas las reuniones de las comisiones, si están registrados en el Registro de transparencia y que la secretaría de la comisión o el órgano de gobierno del Parlamento que organice una audiencia es responsable de garantizar el cumplimiento de esta obligación; pide que se realicen controles de transparencia obligatorios por parte de la administración y los controles correspondientes por parte de las secretarías de las comisiones;

68.

Insta a la administración a que establezca los medios para reforzar las normas internas y los instrumentos para la prevención de los conflictos de intereses, como el sistema de detección precoz y exclusión y el Foro de Contratación, en especial en relación con eventos y estudios encargados por los órganos del Parlamento, y a que haga obligatorio el registro en el Registro de transparencia para las entidades externas que participan de cualquier forma;

69.

Hace hincapié en que se deben revisar las normas de acceso a los locales del Parlamento para partes interesadas; recomienda que se utilicen soluciones digitales para integrar y rastrear el número de identificación de las partes interesadas en el Registro de transparencia en todas las actividades del Parlamento en las que participen entidades externas, como la solicitud del número de registro para la acreditación de visitantes y para la organización de actos;

70.

Observa que la calidad de las entradas en el Registro de transparencia ha mejorado en los últimos años y aplaude el papel de la Secretaría Conjunta en dicha mejora, pese a lo limitado de sus recursos; lamenta, no obstante, que la calidad general de las entradas siga siendo insatisfactoria; pide que se faciliten todos los recursos necesarios para garantizar que las normas internas relacionadas con el Registro de transparencia se ejecuten efectivamente, incluida, cuando proceda, la imposición de sanciones adecuadas; pide el refuerzo del Registro de transparencia, que debería ser realmente obligatorio, y una ampliación del ámbito del Registro de transparencia a fin de incluir a representantes de países de fuera de la Unión;

71.

Recuerda la importancia de garantizar y promover una representación de intereses transparente y ética a nivel de la Unión y que se ha creado un Registro de transparencia para velar por que las instituciones de la Unión sean abiertas y transparentes en su diálogo con los representantes de intereses y la sociedad civil; recuerda las obligaciones de transparencia derivadas del artículo 11 del Reglamento interno y pide al Parlamento que anime activamente a los diputados y al personal a no celebrar reuniones ni participar en actividades de representación de intereses con organizaciones que no estén inscritas en el Registro de transparencia; recuerda que la información y los avisos de recordatorio sobre la obligación de publicar reuniones con representantes de intereses deben enviarse a todos los diputados a intervalos periódicos; pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento que revise el Reglamento interno para extender la obligación de publicar las reuniones con representantes de intereses a todos los diputados que trabajan en informes, opiniones o resoluciones; acoge favorablemente que se haya actualizado la infraestructura del Parlamento que permite a los diputados publicar reuniones previstas con representantes de intereses y que ahora esté conectada tanto con el Registro de transparencia como con el Observatorio Legislativo; pide a los servicios del Parlamento que amplíen la infraestructura para permitir a los APA y a los asesores políticos publicar voluntariamente sus reuniones con representantes de intereses; pide a los servicios parlamentarios que creen un repositorio en línea de fácil utilización para publicar información sobre las reuniones con los grupos de presión en un formato de datos abierto;

72.

Pide a la administración que tenga en cuenta las peticiones de la Comisión de Control Presupuestario en relación con la transparencia y la ética, en consonancia con el plan de acción «Reforzar la integridad, la independencia y la rendición de cuentas: primeros pasos», aprobado por la Mesa el 8 de febrero de 2023, y con las resoluciones pertinentes del Parlamento; pide a la administración del Parlamento que tenga en cuenta asimismo las observaciones y futuras recomendaciones del Defensor del Pueblo en el asunto SI/1/2023/MIK sobre el proceso de reforma para seguir mejorando el marco ético y de transparencia del Parlamento; insta al Parlamento a que aplique rápidamente todas las solicitudes formuladas en sus resoluciones, incluido el refuerzo de los mecanismos de control y seguimiento internos, así como la armonización de las normas internas sobre denuncia de irregularidades con las normas de la Directiva de la Unión;

73.

Recuerda, en particular, la necesidad de aplicar sin demora las quince medidas para frenar la corrupción y reforzar la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia aprobadas en su Resolución, de 15 de diciembre de 2022, sobre las sospechas de corrupción en relación con Qatar y la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones europeas, así como las claras peticiones formuladas en su Resolución, de 16 de febrero de 2023, sobre el seguimiento de las medidas solicitadas por el Parlamento para reforzar la integridad de las instituciones europeas;

74.

Señala que las actuales directrices para el Acuerdo interinstitucional de 2021 para registrar partes interesadas son insuficientes; hace hincapié en la necesidad de una comprobación previa exhaustiva en el momento del registro en el Registro de transparencia para divulgar todas las fuentes de financiación; observa que la financiación de los fondos de la Unión debe ser trazable desde el destinatario directo hasta el beneficiario final cuando se transmiten fondos en una cadena; pide que se revisen las directrices para el registro en el Registro de transparencia con el fin de divulgar todos los fondos entrantes y salientes, incluida la transferencia de fondos de una ONG o parte interesada a otra;

75.

Observa que en algunos casos el trabajo de las ONG y de las partes interesadas se ha utilizado para financiar actividades ilícitas e influir en la toma de decisiones del Parlamento en nombre de terceros; señala que estos casos se han detectado gracias a las medidas de control y seguridad en vigor, si bien hay un margen significativo de mejora;

76.

Reitera que el acceso de los representantes de intereses a las instituciones de la Unión y sus programas de financiación debe verificarse con antelación y controlarse para su posible inclusión en el Sistema de Exclusión y Detección Precoz (EDES);

77.

Pide que se prohíban los grupos de amistad con terceros países cuando ya exista una delegación oficial del Parlamento; recuerda que se debe respetar el artículo 35 del Reglamento interno con el fin de evitar cualquier confusión con las actividades oficiales del Parlamento con terceros países; recomienda que el Parlamento permita, caso por caso, los grupos de amistad para actividades relacionadas con determinadas subregiones o minorías locales perseguidas para las que no exista una delegación oficial;

78.

Toma nota de que el Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados investigó dos casos de presuntas infracciones del Código de conducta en 2021, en uno de los cuales el presidente decidió imponer una sanción en forma de amonestación a los diputados en cuestión en julio de 2021; señala que la administración del Parlamento analizó un caso de posible conflicto de intereses en virtud de las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados con motivo de la contratación de un familiar descubierta en 2021, lo que a su vez dio lugar a la incoación en 2022 de un procedimiento de recuperación de los gastos de asistencia parlamentaria utilizados indebidamente;

79.

Señala que, pese a que se registraron al menos veinticinco infracciones del Código de conducta por los diputados en los últimos once años, los presidentes del Parlamento nunca han impuesto una sanción económica a un diputado; pide a la presidenta que considere imponer sanciones económicas cuando quede demostrado que un diputado ha infringido el Código de conducta para garantizar que las sanciones tengan un efecto disuasorio real;

80.

Observa que, en 2021, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investigó dieciocho asuntos y la Fiscalía Europea investigó tres asuntos que afectaban al Parlamento sobre cuestiones relacionadas con los derechos financieros y sociales de los diputados y la financiación de las estructuras políticas; observa que, de las dieciocho investigaciones de la OLAF, cuatro dieron lugar a un informe con recomendaciones financieras, una dio lugar a un informe final con recomendaciones disciplinarias, cinco concluyeron con la decisión de archivar el caso y ocho siguen abiertas en 2022; señala también que la OLAF investigó cinco asuntos que afectaban a personal del Parlamento, de los cuales dos se cerraron en 2021 sin ninguna recomendación y tres no se completaron; toma nota de que ninguna de las investigaciones de la Fiscalía Europea concluyó en 2021; pregunta a la administración si se han aplicado plenamente las recomendaciones formuladas por la OLAF y se han recuperado los importes en situación de riesgo (en particular, 1 837 000 EUR que se consideran abonados de forma irregular), así como que facilite un resumen, sin datos sensibles, de la tipología de los asuntos investigados a fin de poder extraer conclusiones e introducir mejoras;

81.

Observa que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) actualmente no tiene acceso en ningún caso a las oficinas, los ordenadores y las cuentas de correo electrónico de los diputados, incluso cuando investiga asuntos vinculados con diputados basados en una sospecha fundada; hace hincapié en la necesidad de contar con un procedimiento adecuado para otorgar acceso a la OLAF en casos de sospecha fundada contra diputados individuales; pide a la Mesa que establezca dicho procedimiento y que reconozca y garantice la competencia de la OLAF para investigar posibles infracciones del Código de conducta por parte de los diputados;

82.

Reitera que el artículo 4 del Código de conducta establece que las declaraciones de intereses económicos de los diputados deben presentarse de manera detallada, de modo que pueda detectarse cualquier posible conflicto de intereses con la actividad parlamentaria; lamenta, no obstante, que muchas declaraciones solo incluyan descripciones de funciones vagas o genéricas y, por lo tanto, reitera su llamamiento a la Mesa para que revise el formato de las declaraciones con el fin de exigir un mayor grado de detalle; solicita a la presidenta que encargue a los servicios la realización sistemática de controles exhaustivos de las declaraciones;

83.

Señala que, de los 459 diputados de la octava legislatura que no fueron reelegidos en 2019, solo se ha transmitido al Parlamento una única notificación de empleo posterior al mandato; observa que, en 2021, de los 203 funcionarios que abandonaron el servicio, 54 solicitaron permiso para ejercer una actividad después de abandonar el servicio; acoge con satisfacción la decisión de la Mesa (4) de establecer normas más firmes para regular las puertas giratorias para antiguos diputados y funcionarios, mediante la introducción de un período de reflexión para los antiguos diputados quienes se abstendrán de participar en actividades de representación de intereses o de representación con el Parlamento Europeo en los seis meses siguientes al final de su mandato; acoge asimismo con satisfacción la decisión de aclarar las normas sobre el acceso a los locales del Parlamento, la sustitución de las tarjetas de acceso permanentes de los antiguos diputados por otras de acceso diario, y la garantía de que los antiguos diputados y miembros del personal del Parlamento que participen en actividades de representación de intereses sean identificados con una tarjeta específica; pide al Parlamento que vele por que estas nuevas normas sean eficaces, se sujeten a un estrecho seguimiento y se apliquen; considera que no deben abonarse dietas para gastos generales a los antiguos diputados y pide, por tanto, la supresión del artículo 42, apartado 4, de las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados;

84.

Considera que las votaciones nominales constituyen un instrumento clave para la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía de la Unión; pide que se introduzca la votación nominal automática para cualquier votación final, con la excepción de las votaciones secretas, y que se aumente el número de votaciones nominales que cada grupo político puede solicitar por período parcial de sesiones en el artículo 190, apartado 2, del Reglamento interno, o que se exima a los expedientes legislativos de dicha limitación;

85.

Toma nota del proyecto en curso de publicar los registros de las votaciones en el Pleno en un espacio específico en el que los usuarios tendrán acceso a documentos claros y fáciles de leer, y considera que el Parlamento debe ir más allá y crear un sitio web coherente que combine los múltiples sitios web interconectados relacionados con el trabajo legislativo, es decir, el Observatorio Legislativo, los perfiles de los diputados, el sitio web del Pleno, etc., en aras de la transparencia y el control público; pide a los servicios del Parlamento que también pongan a disposición todas las enmiendas y registros de votación nominal a nivel de las comisiones, y que los incluyan en el nuevo diseño;

86.

Toma nota de que el Defensor del Pueblo tramitó dieciséis asuntos relativos al Parlamento en 2021, de los cuales en dos se formularon recomendaciones que aplicaron, respectivamente, la Autoridad, a la que se pidió que aumentara la transparencia de su sitio web, y la administración del Parlamento, a la que se pidió que informara mejor a los solicitantes de períodos de prácticas sobre la posibilidad de solicitar asistencia especial;

87.

Pide a la Mesa que revise el Código de conducta para incluir restricciones a que los diputados contraten a familiares no solo directos, sino también indirectos;

Acoso y denuncia de irregularidades

88.

Observa que en 2021 se abrieron seis asuntos por acoso contra diputados y que cuatro estaban pendientes desde 2020; toma nota de que no se detectó acoso en los cuatro asuntos que se cerraron en 2021; observa que en 2021 se produjo una nueva denuncia por acoso presentada por un miembro del personal y señala que hubo un asunto en curso y se cerraron otros tres; lamenta que la investigación de algunos casos de acoso se prolongara durante más de un año, causando un perjuicio innecesario a los diputados, al personal y a los asistentes parlamentarios acreditados; recuerda a la administración del Parlamento que tiene la responsabilidad jurídica de investigar los casos que se presenten ante ella con el rigor, la velocidad y la discreción debidos; pide a la Mesa que establezca plazos para la tramitación de las denuncias de acoso;

89.

Destaca que el Código de comportamiento apropiado de los diputados al Parlamento Europeo establece que, en el ejercicio de sus funciones, los diputados se comportarán de manera digna, cortés y respetuosa, exenta de prejuicios y no discriminatoria con todas las personas que trabajan en el Parlamento Europeo; acoge con satisfacción la política de tolerancia cero del Parlamento frente al acoso y las campañas de sensibilización llevadas a cabo; expresa su preocupación, no obstante, por que, a 28 de octubre de 2022, solo 245 diputados en ejercicio (36,3 %) habían completado la formación sobre el respeto y la dignidad en el lugar de trabajo; recuerda que el Parlamento ha solicitado en varias ocasiones la obligación para todos los diputados de completar cursos de formación contra el acoso y propone extender esta obligación a todo el personal, incluidas las personas en puestos directivos en las distintas direcciones generales y grupos políticos; acoge favorablemente el debate de orientación sobre las políticas de lucha contra el acoso que tuvo lugar en la reunión de la Mesa del 21 de noviembre de 2022 y solicita que la Mesa emita una posición final sobre esta cuestión; resalta la importancia de la intervención temprana, junto con acciones de formación y sensibilización, y toma nota de la iniciativa de la administración de establecer mediadores internos como un paso hacia la resolución temprana de conflictos, que también debe incluir la facilitación a ambas partes de información sobre sus derechos;

90.

Observa que el Comité Consultivo sobre el Acoso y su Prevención en el Lugar de Trabajo está compuesto por tres miembros designados por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (incluido el presidente), dos miembros del Comité de Personal y un asesor experto del servicio médico; toma nota de que el Comité Consultivo para las quejas por acoso que afectan a diputados al Parlamento Europeo está compuesto por tres cuestores (incluido el presidente), el presidente del primer comité, dos miembros del comité de asistentes parlamentarios acreditados, un miembro del Comité de Personal (solo para los casos que afecten a un miembro del personal) y dos asesores expertos, a saber, uno del servicio jurídico y uno del servicio médico, respectivamente; expresa su preocupación por la falta de expertos independientes en cuestiones de acoso en ambos comités, así como por la ausencia del servicio jurídico en el primero de estos; recuerda que el presidente de este último comité tiene voto de calidad y expresa su preocupación por que el hecho de ser diputado pueda dar lugar a conflictos de intereses; pide a la Mesa que revise la composición de ambos comités consultivos con el fin de incluir los conocimientos técnicos independientes pertinentes y evitar los conflictos de intereses y que cree una formación en materia de prevención del acoso e igualdad de oportunidades obligatoria para todos sus miembros; recomienda una revisión completa del funcionamiento de los comités consultivos con la asistencia de especialistas en prevención del acoso seleccionados por su competencia, experiencia, independencia y cualidades profesionales, de modo que el Parlamento esté equipado con un Reglamento interno claro, eficaz y sólido, al tiempo que se garantiza un tiempo de respuesta adecuado y las necesarias salvaguardias procedimentales y medidas de información, asesoramiento y protección para todas las partes, según proceda;

91.

Observa que en 2021 se produjo una denuncia de irregularidades y que el denunciante se había puesto en contacto con la OLAF antes de dirigirse al punto de contacto; pide al secretario general que aclare los datos contradictorios facilitados sobre el número de casos de denuncia de irregularidades comunicados en 2021 y en 2022, respectivamente; recuerda a la administración su obligación de informar inmediatamente a la OLAF de los presuntos casos de fraude; toma nota de que la administración del Parlamento recibió una serie de denuncias anónimas de fraude y conducta indebida, todas ellas objeto de seguimiento interno o por parte de la OLAF, y pide a la administración del Parlamento que facilite un resumen de la naturaleza de los posibles asuntos abiertos y de las medidas que ha adoptado esta;

92.

Recuerda que el Parlamento cuenta con un punto de contacto para denunciantes de irregularidades en el seno del Gabinete del Secretario General al que es posible notificar irregularidades y que asesora y facilita la aplicación del artículo 22 quater del Estatuto de los funcionarios y de las disposiciones de aplicación pertinentes; pide a la administración que ponga urgentemente en marcha una campaña de sensibilización sobre la existencia de este punto de contacto; pide a la Mesa que exija controles de antecedentes y la formación pertinentes para los puntos de contacto para denunciantes de irregularidades;

93.

Reitera que los asistentes parlamentarios acreditados se encuentran en una posición especialmente vulnerable a la hora de denunciar el fraude y solicitar la protección de los denunciantes de irregularidades debido a su situación laboral específica; pide, por tanto, al secretario general que adapte plenamente la normativa interna sobre denuncia de irregularidades, adoptada el 4 de diciembre de 2015 e incluida en el Estatuto de los funcionarios, para ajustarla a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), y que garantice a los asistentes parlamentarios acreditados y a los miembros del personal que denuncien irregularidades una protección reforzada, incluida la creación de canales de denuncia seguros, similar a la de las víctimas de acoso, en particular en lo que respecta a las medidas provisionales durante la investigación administrativa, así como toda medida de protección adecuada y asistencia para emprender acciones legales por los daños sufridos; pide al Parlamento que incremente la sensibilización, en la medida de lo posible, entre su personal con respecto a la protección disponible para los denunciantes de irregularidades; pide una vez más una formación obligatoria en materia de denuncia de irregularidades para los diputados al Parlamento y para cualquier superior, tanto dentro de la administración como en grupos políticos, que pueda recibir informes de denuncia de irregularidades (6);

Comunicación y cooperación interinstitucional

Comunicación

94.

Destaca la importancia de su estrategia de comunicación para interactuar con los ciudadanos de la Unión a través de una variada serie de proyectos y actividades por múltiples canales, pese a los retos a los que se enfrentó en 2021; observa un aumento medio del índice de participación del 69 % en los canales de redes sociales del Parlamento entre 2020 y 2021 y un crecimiento medio del número de seguidores del 11 % en 2021; observa que, tras una decisión del presidente en junio de 2021, las instalaciones para visitantes se reabrieron parcialmente y pudieron acoger a un total de 337 984 visitantes hasta el final del año y un compromiso presupuestario de 15 982 020 EUR para 2021; observa que las obras del Centro de Recepción Zweig continuaron según lo previsto en 2021 y que este se inauguró en noviembre de 2022, y pide a este respecto que se tome en consideración la cantidad de tiempo que los grupos de visitantes emplean en desplazarse del edificio Zweig al edificio Spaak, incluidos los controles de seguridad y de identificación, que podría reducir el número de grupos que pueden recibirse cada día; toma nota de que la Casa de la Historia Europea, el Parlamentarium y los espacios Europa Experience permanecieron cerrados o funcionaron con capacidad reducida durante parte de 2021; acoge con satisfacción que finalmente el Evento Europeo de la Juventud pudiera celebrarse, en formato híbrido, en 2021 y fuera un éxito con la participación de 10 000 jóvenes, pero lamenta una cierta falta de preparación en lo relativo a los controles de seguridad, lo que retrasó el acceso a los locales del Parlamento; toma nota de las primeras ediciones del Premio del Público LUX, con 6 000 votantes, y del Premio de periodismo Daphne Caruana Galizia, que recibió más de 200 candidaturas de toda la Unión;

95.

Toma nota de que las cuatro oficinas de enlace del Parlamento Europeo de Madrid, Roma, Bratislava y Zagreb fueron equipadas con instalaciones VoxBox en 2021 como parte de un proyecto piloto y que está previsto instalar equipos audiovisuales ligeros y fáciles de usar en 14 de las 24 oficinas de enlace del Parlamento Europeo seleccionadas a más tardar a finales de junio de 2022; recuerda que el Parlamento también mejoró las instalaciones audiovisuales en sus oficinas de enlace en el contexto de las sesiones plenarias a distancia; espera una revisión de la estrategia de comunicación de las oficinas de enlace para que la inversión realizada contribuya realmente a llegar a los ciudadanos de la Unión, y pide a las oficinas de enlace que informen oportunamente a los diputados de sus circunscripciones acerca del calendario de actividades a fin de garantizar una mejor coordinación y presencia de los diputados;

96.

Subraya que la carga de trabajo en las oficinas de enlace del Parlamento Europeo parece haber aumentado drásticamente, asumiendo nuevas tareas permanentes, y pide al Parlamento que garantice que las oficinas de enlace del Parlamento Europeo cuenten con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para cumplir sus misiones;

97.

Observa que, en mayo de 2018, la Mesa aprobó la modernización del antiguo punto de información de Bruselas y que el nuevo Info Hub tiene por objeto atraer a las partes interesadas de la sociedad civil, los multiplicadores, los socios y los grupos de interés especializados; toma nota de que el Info Hub ha tenido un coste total de aproximadamente 8 400 000 EUR, que incluye aproximadamente 6 600 000 EUR para obras de renovación y 1 800 000 EUR para actividades de comunicación, y que ha recibido a 20 000 visitantes desde que abrió sus puertas a mediados de julio de 2022; lamenta, no obstante, que los diputados no conozcan estas instalaciones y pide una mejor campaña de información con miras a dar a conocer sus actividades y posibles usos;

98.

Acoge favorablemente el ambicioso programa «Europa Experience», cuyo objetivo es acercar la Unión a sus ciudadanos; acoge con satisfacción que el número total de visitantes a los centros Europa Experience haya aumentado ligeramente, pasando de 124 352 en 2020 a 135 835 en 2021, a pesar de los retos derivados de la pandemia de COVID-19; constata asimismo que las restricciones de viaje en 2020 y 2021 provocaron retrasos en los procedimientos de contratos inmobiliarios (en concreto, en Dublín, Praga, Madrid, Bucarest, Lisboa, Bratislava, Riga y Vilna) sin un impacto negativo en el pago de los alquileres, ya que estos se inician tras la finalización de las obras de acondicionamiento; observa que, en 2021, estaban en funcionamiento seis instalaciones descentralizadas para visitantes (Berlín, Copenhague, Helsinki, Liubliana, Tallin y el Parlamentarium Simone Veil en Estrasburgo), así como que la Dirección de Comunicación del Parlamento puso en marcha cinco nuevas exposiciones a gran escala (París, Roma, Estocolmo, Praga y Varsovia) y completó el diseño de otros tres nuevos proyectos (Viena, Dublín y Luxemburgo), al tiempo que la DG INLO llevó a cabo una serie de estudios de viabilidad en otras siete capitales; observa que la mayoría de instalaciones Europa Experience estarán abiertas al público en 2024, pero entiende que este proyecto depende de las perspectivas de un mercado inmobiliario en rápida evolución;

99.

Observa que los conciertos de música clásica del mediodía en el Jardín de los Ciudadanos se concibieron para apoyar a los intérpretes de música clásica durante la crisis de la COVID-19 y para demostrar el valor que el Parlamento otorga al patrimonio musical europeo; toma nota de que en 2021 se celebraron 40 conciertos con 4 106 asistentes, por un presupuesto de 51 925 EUR; apoya sin reservas esta iniciativa durante la extraordinaria pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021, pero cuestiona que el Parlamento utilice el dinero de los contribuyentes para renovar el Jardín de los Ciudadanos y su casa, un espacio público que pertenece al Estado belga;

Multilingüismo

100.

Recuerda que la Unión, y por tanto también el Parlamento, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene la obligación legal de facilitar información y comunicación accesibles; pide, por tanto, a la administración del Parlamento que desarrolle iniciativas específicas para reforzar y mejorar la accesibilidad de sus documentos y debates, prestando especial atención al debate sobre el estado de la Unión, así como a los debates plenarios «Esta es Europa», inspirándose de ejemplos como la interpretación en lengua de signos internacional de las presentaciones semanales de la Comisión; reitera su solicitud formulada desde hace tiempo al secretario general de que analice la viabilidad de una interpretación en lengua de signos internacional para todos los debates plenarios y que cumpla sin demora esta solicitud; cree, además, que la retransmisión de las sesiones plenarias en la lengua de signos utilizada en cada Estado miembro aumentaría la participación de las personas con discapacidad en el proceso democrático de la Unión; toma nota de que la Dirección General de Traducción desarrolla una herramienta capaz de transcribir y traducir automáticamente los debates parlamentarios multilingües en tiempo real, de modo que todos los ciudadanos tengan igualdad de acceso a la información en su lengua; solicita información actualizada sobre el proyecto y un análisis de su ejecución y de su coste total;

Cooperación internacional

101.

Señala que la presencia de funcionarios del Parlamento en las Delegaciones de la Unión o en otros organismos tiene por objeto fortalecer las relaciones interparlamentarias con organizaciones internacionales; reitera, no obstante, su preocupación acerca de la Decisión de la Mesa, de 11 de febrero de 2019, sobre el apoyo parlamentario a la misión de la Unión Europea ante la ASEAN en Yakarta, a la Delegación de la Unión Europea ante la Unión Africana en Adís Abeba y a la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en Nueva York; toma nota de que en 2020 no se desplegó personal, y en 2022 fueron enviados en comisión de servicios dos funcionarios a Nueva York y uno a Adís Abeba; recuerda a la administración del Parlamento su compromiso de determinar indicadores mensurables para evaluar su rendimiento anual; llama la atención sobre el hecho de que la administración del Parlamento ha creado una unidad encargada de las relaciones con la ASEAN y ha propuesto que la mayoría de su personal sea desplegado en Yakarta, mientras que para los otros dos destinos la administración se ha limitado a seleccionar a altos funcionarios; pide una vez más que los procesos de nombramiento del personal en cuestión sean transparentes y que se mantenga informada a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento;

102.

Expresa su preocupación por el hecho de que, en 2021, ocho diputados decidieran, por iniciativa propia, observar elecciones en terceros países a los que el Parlamento había decidido no enviar una delegación de observación electoral o no había sido invitado; señala que, en estas ocho ocasiones, los diputados incumplieron las disposiciones de aplicación del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo y que no pudieron ni fueron seleccionados para participar en una delegación oficial de observación electoral hasta finales de 2021; pide que se sancione a los diputados que participaron en misiones de observación electoral no oficiales por toda la duración de su mandato;

Digitalización y ciberseguridad

103.

Acoge con satisfacción que el Portal de Firma Digital (DiSP) permita a los diputados firmar documentos digitalmente, lo que mejora la eficiencia, la trazabilidad y la transparencia de los procedimientos, y lamenta que, a diferencia del DiSP, la firma a mano de las enmiendas en el Pleno y su envío en formato escaneado siga siendo un procedimiento obsoleto y gravoso; pide a la Mesa que adopte las medidas necesarias para introducir la posibilidad de que en el futuro los diputados firmen digitalmente las enmiendas presentadas en el Pleno; pide la extensión del DiSP a todos los documentos firmados;

104.

Toma nota de la decisión, de 10 de mayo de 2021, de suspender Hermes, un programa informático de gestión y archivo de documentos, por una serie de deficiencias, principalmente el hecho de que fuera imposible adaptarlo a los flujos de trabajo del Parlamento y otras cuestiones técnicas importantes; observa que, hasta la fecha, los componentes frontal y administrador del sistema Hermes han tenido un coste externo de 7 500 000 EUR y un coste interno de 1 700 000 EUR, por un importe total de aproximadamente 9 200 000 EUR, declarado como activo en construcción; observa que el componente administrador del sistema Hermes sigue utilizándose como sistema de gestión de documentos y registros, así como para otras aplicaciones;

105.

Observa que, en 2021, el coste total de las soluciones técnicas para permitir los turnos de votaciones a distancia ascendió a 1 275 500 EUR, incluida una ampliación de las aplicaciones para el Pleno (120 000 EUR), el desarrollo de la aplicación EPVote (233 500 EUR), el apoyo informático prestado a los diputados (529 200 EUR), el despliegue del sistema de votación electrónica (250 000 EUR) y servicios ad hoc para permitir la participación de los diputados desde las Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo (142 800 EUR); toma nota de la importancia de todos los sistemas informáticos que garantizan el correcto funcionamiento remoto del Parlamento; señala, sin embargo, que será necesario invertir en el mantenimiento de todas las innovaciones desplegadas con vistas a futuros usos;

106.

Observa que, a menudo, la Infraestructura de Escritorio Virtual del Parlamento no es accesible en las horas punta de acceso por la mañana; pide a los servicios que garanticen que la Infraestructura de Escritorio Virtual cuente con la capacidad suficiente para permitir un acceso rápido incluso en horas punta;

107.

Acoge con satisfacción la inversión del Parlamento en reforzar su ciberseguridad, lo que incluye la creación de una dirección específica dentro de la DG ITEC y un aumento significativo de los recursos conexos con el objetivo de aumentar la protección de los sistemas de información del Parlamento frente al aumento constante de las amenazas y los ataques con programas de secuestro de archivos; insta al Parlamento a que mantenga sus esfuerzos y aumente sus inversiones en ciberseguridad; subraya la necesidad de garantizar la contratación y la retención de personal altamente cualificado en este sector tan estratégico; propone ofrecer formación relacionada con la ciberseguridad actualizada periódicamente a todo el personal del Parlamento; acoge con satisfacción la ampliación de la gama de servicios digitales prestados a través del e-Portal, lo que ha dado lugar a un aumento del 67 % en el número de transacciones, incremento significativo en comparación con 2020, y a la consecución de un índice de utilización del e-Portal del 85 % por parte de los diputados para sus gastos de viaje y estancia; elogia las medidas específicas emprendidas para facilitar los procedimientos administrativos y reducir la burocracia en lo que se refiere a los servicios para los diputados, incluido el aumento de la digitalización del e-Portal;

108.

Observa que la reorganización de la DG SAFE ha previsto la creación de una nueva dirección de tecnologías de seguridad e información con el objetivo de garantizar la protección de todas las categorías de información que procesa el Parlamento; observa que, cuando se creó la unidad específica de ingeniería de seguridad, el puesto de jefe de unidad no figuraba como tal en el organigrama del Parlamento; pide al secretario general que corrija rápidamente esta situación con el fin de dotar a esta nueva dirección clave de los recursos necesarios para ejercer sus responsabilidades;

Política inmobiliaria, logística y seguridad

Política inmobiliaria

109.

Observa que se pretende que la estrategia inmobiliaria del Parlamento después de 2019 proporcione un marco para futuras decisiones y contribuya a consolidar la cartera inmobiliaria de la institución, adaptando al mismo tiempo las instalaciones a la evolución de la modalidades de reunión, garantizando una incidencia a escala local y la proximidad con los ciudadanos mediante las instalaciones Europa Experience, mejorando la seguridad de los edificios del Parlamento y logrando la interconexión de los edificios centrales; constata que la administración del Parlamento trabaja actualmente en un enfoque global para definir la política inmobiliaria a largo plazo de la institución, teniendo en cuenta los efectos de la crisis energética, el aumento de los precios de las materias primas, las obligaciones medioambientales y los nuevos métodos de trabajo introducidos en el Parlamento; pide a la administración del Parlamento que reflexione sobre la necesidad de adquirir o construir nuevos edificios en el futuro; toma nota de la aprobación, el 8 de marzo de 2021, de una estrategia de gestión integrada de las instalaciones centrada en la gestión del ciclo de vida del parque inmobiliario del Parlamento;

110.

Expresa su preocupación por los problemas estructurales del edificio Trèves I; subraya la necesidad urgente de adaptar el edificio a las normas más recientes en materia de energía y medio ambiente; hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas urgentes para reparar el inestable sistema de calefacción y encontrar una solución para la falta de aire acondicionado y de aseos para personas con movilidad reducida, la mala insonorización y el problema de aguas residuales;

111.

Toma nota de la adquisición del edificio Trèves II aprobada por la Mesa el 18 de octubre de 2021, con la intención de permitir la conexión entre los edificios centrales del Parlamento en Bruselas, y señala que estará a disposición del Parlamento a partir del 1 de enero de 2025; advierte de que el certificado de eficiencia energética indica un consumo anual de energía primaria equivalente a la clase E y de que la última renovación del edificio se remonta al año 2000; pide a la Mesa que apruebe las renovaciones necesarias para mejorar la eficiencia energética del edificio de conformidad con la normativa aplicable en materia de eficiencia energética cuando el Parlamento comience a utilizarlo;

112.

Toma nota del concurso de arquitectura relativo al diseño de la renovación del edificio Spaak, para el que los participantes presentaron sus propuestas en enero de 2021, el jurado analizó las quince candidaturas y elaboró una clasificación con los cinco ganadores en febrero de 2021, y la Mesa, en su reunión del 6 de julio de 2022, aprobó los cinco ganadores propuestos por el jurado; opina que se deben adoptar las medidas necesarias para renovar el edificio, dado su estado de deterioro, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar del personal sin incidencias presupuestarias no razonables; pide, por tanto, que se facilite información adecuada y se consulte a las comisiones parlamentarias competentes sobre las próximas medidas que deben adoptarse en los planes de renovación, así como sobre los planes relativos a la adquisición de nuevos edificios;

113.

Toma nota de la decisión unánime de la Mesa de 23 de octubre de 2019 de aprobar la creación de un «IDEA Lab» con el objetivo de poner a prueba soluciones nuevas e innovadoras en el contexto de la gestión de oficinas e instalaciones; observa que la decisión de la Mesa no se basó en ninguna estimación específica de los costes y acoge con satisfacción el anuncio del nuevo secretario general de que cada propuesta de decisión irá acompañada de una ficha de financiación de los costes estimados, y de que los gastos se contabilizarán de forma transparente; celebra la creación de un laboratorio permanente para la innovación, junto con el establecimiento de una línea presupuestaria independiente, pero considera que los costes deben seguir siendo razonables y justificables; señala que las obras de construcción necesarias para aplicar el concepto arquitectónico innovador, incluidos el equipamiento técnico y los costes de instalación, tuvieron un coste adicional de 2 000 EUR/m2 respecto a las obras de renovación «normales», lo que se prevé que beneficiará a los trabajos de renovación posteriores en caso de un mayor despliegue; observa que, hasta la fecha, las obras de construcción necesarias para aplicar el concepto arquitectónico ascienden a 663 265 EUR, mientras que los equipos informáticos cuestan 108 104 EUR;

114.

Señala que, supuestamente, el IDEA Lab debe estar a disposición de los diputados; pide, a este respecto, que se informe a los diputados sobre las innovaciones y soluciones probadas que se introducirán en el futuro y sobre las que no sigan adelante, así como sobre los motivos para no seguir avanzando dichas innovaciones y soluciones; pone en cuestión la lógica de selección de los proveedores y de algunas de las innovaciones técnicas que deben probarse, y lamenta que sea demasiado costoso desarrollar a gran escala algunas de las innovaciones, a pesar de su interés; opina que una de las prioridades del IDEA Lab debe ser una solución arquitectónica innovadora que permita un mejor uso del espacio ocupado por las duchas no utilizadas en los despachos de los diputados; pide al Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Edificios y a la administración del Parlamento que garanticen una mayor transparencia en relación con el presupuesto del IDEA Lab y que presenten periódicamente a la Comisión de Control Presupuestario la lista de soluciones innovadoras, su coste y la respuesta que genere, así como el posible ahorro si procede;

115.

Observa que, en 2021, el número total de robos notificados en los despachos de los diputados y del personal fue de 83, lo que supone un descenso del 58,2 % en comparación con 2020, con un valor total de artículos robados de 190 791 EUR; acoge con satisfacción que los servicios competentes del Parlamento hayan identificado al autor de dos robos importantes, uno relacionado con 101 ordenadores híbridos y 26 iPads y el otro con 15 ordenadores híbridos, y que un proceso judicial al respecto esté en curso en Bélgica;

116.

Celebra que la guardería Wayenberg recibiera la certificación de la autoridad nacional belga (Office de la Naissance et de l’Enfance, ONE) a finales de 2021; lamenta los problemas encontrados con el proveedor de servicios en 2021, incluidos el cierre de secciones y los sucesivos cambios repentinos en el protocolo interno sobre la COVID-19, y acoge con satisfacción la positiva transición a un nuevo proveedor a partir del 1 de febrero de 2022, así como las medidas para supervisar la ejecución del nuevo contrato;

117.

Observa que el ala este del edificio Adenauer en Luxemburgo se concluyó en 2020 y que el traslado a gran escala de oficinas desde el edificio Schuman se finalizó en 2022; toma nota de que las obras de construcción del ala oeste comenzaron en 2020 y de que el espacio de oficinas está asignado casi por completo al personal del Parlamento; manifiesta su profunda preocupación por que la inversión inmobiliaria más importante y costosa del Parlamento en los últimos años esté infrautilizada debido a un muy bajo índice de ocupación de los edificios;

Comedores

118.

Toma nota con preocupación de la decisión del secretario general, de 22 de marzo de 2021, de suprimir el comité de supervisión de comedores, cafeterías y economato (CORECA) sobre la base de que, desde octubre de 2020, todas las actividades del sector en los edificios del Parlamento han funcionado en el marco de contratos de concesión, que funcionan sin intervención directa del presupuesto del Parlamento; considera, no obstante, que el CORECA era un punto de contacto útil entre los servicios competentes del Parlamento y el Comité de Personal en relación con la oferta alimentaria y los servicios de restauración, y que habría sido útil, por ejemplo, implicar y recibir observaciones del personal sobre la reciente adaptación de la oferta alimentaria en varios edificios; pide, por tanto, al secretario general que restablezca el CORECA o un punto de contacto similar para la participación de los representantes del personal;

119.

Observa que el comedor del Parlamento en el piso -1 del edificio Spinelli, además de la pérdida de calidad de su oferta alimentaria, a menudo está abarrotado en las horas punta, lo que da lugar a largas colas y tiempos de espera; lamenta asimismo que la sala Astrid Lulling haya reducido su oferta y que solo disponga de un plato caliente diario; pide a la Mesa que reflexione sobre la necesidad de una oferta alimentaria más variada y sobre la posibilidad de imponer ciertas restricciones de acceso a los comedores de los principales edificios del Parlamento;

120.

Recuerda que las especificaciones técnicas de los contratos de concesión fijan la obligación de ofrecer una solución para responder a las intolerancias alimentarias previa solicitud; señala que la gran mayoría de los clientes desconoce por completo la existencia de estas condiciones y que, de todos modos, estas resultan claramente insuficientes para el servicio prestado en el Parlamento; pide una mayor labor de comunicación e información directa sobre los alérgenos en la oferta alimentaria; reitera su solicitud de que se ofrezca cada día al menos una opción de comida fresca sin gluten en los comedores y cafeterías del Parlamento, así como opciones que tengan claramente en cuenta otras restricciones alimentarias;

Seguridad

121.

Toma nota de la preparación a lo largo de 2021 para la internalización de los servicios de seguridad general en Luxemburgo con la organización y el seguimiento de todos los procedimientos de contratación y una formación inicial para 115 agentes; señala que la internalización entró en vigor el 1 de enero de 2022; manifiesta su preocupación por que la oferta de puestos en el grupo de funciones I y el salario correspondiente dificulten la captación y contratación de personal especializado en el ámbito de la seguridad procedente de todos los Estados miembros; reitera su especial preocupación por la situación en Luxemburgo, donde el salario es inferior al salario mínimo interprofesional, lo que obliga al Parlamento a recurrir a una indemnización compensatoria; reitera, por tanto, que el Parlamento debe trasladar a la Comisión la extrema urgencia de crear un coeficiente corrector para Luxemburgo;

122.

Pone de relieve el proyecto del sistema integrado de control de acceso físico (iPACS) destinado a dotar al Parlamento de un sistema de control de acceso físico sólido, eficiente e innovador; toma nota de los retrasos en la ejecución del proyecto registrados en 2020 con motivo de la posible exclusión del contratista seleccionado en virtud del artículo 136, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero; constata con satisfacción la cooperación entre la DG SAFE y la DG INLO, que permitió reanudar todo el trabajo técnico a partir de junio de 2021 e integrar todos los edificios del Parlamento en el sistema; acoge favorablemente la distribución de tarjetas de acceso altamente seguras y no duplicables a todos los diputados, asistentes parlamentarios acreditados y proveedores externos;

123.

Lamenta que el sistema de evacuación en los edificios del Parlamento se base en gran medida en voluntarios con tareas de seguridad, y hace hincapié en las dificultades para captarlos en edificios con una presencia menor de personal administrativo, habida cuenta además de que los voluntarios también pueden encontrarse en régimen de teletrabajo; destaca la importancia de no contar únicamente con voluntarios formados capaces de guiar y asistir a las personas presentes en los edificios del Parlamento durante los simulacros de evacuación y las emergencias reales;

124.

Pide a los servicios de seguridad que controlan el acceso a los edificios del Parlamento que encuentren una solución razonable para los fotógrafos externos que trabajan todos los días en las instalaciones del Parlamento y que cada vez tienen que transportar una gran cantidad de equipo profesional a través del control de seguridad, por ejemplo, permitiéndoles utilizar el acceso específico para la prensa;

125.

Señala que, durante los fines de semana, el acceso a los edificios del Parlamento requiere firmar la asistencia en un registro en papel y, habida cuenta de los problemas en el pasado con este método, recomienda encarecidamente que se adopte un sistema más fiable y efectivo;

Huella ambiental de las actividades y la movilidad del Parlamento

126.

Toma nota del análisis de deficiencias del comportamiento medioambiental actual del Parlamento, que efectuó la Unidad EMAS el 14 de diciembre de 2021; pide a la administración del Parlamento que informe sobre las actividades destinadas a subsanar las deficiencias con objeto de alcanzar a tiempo todos los objetivos seleccionados por el Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Edificios, Transportes y Parlamento Verde;

127.

Observa con satisfacción que las emisiones en 2021 son inferiores a las de 2019, con 2 501 toneladas de CO2; acoge con satisfacción la probabilidad de que en el futuro se mantengan varias prácticas desarrolladas o ampliadas en 2020 y 2021 para garantizar la continuidad de las actividades y que han demostrado ser beneficiosas para el comportamiento medioambiental del Parlamento, en particular medidas relacionadas con la digitalización y el teletrabajo, que contribuyeron a reducir el consumo de papel (11,8 kg/EJC en 2021 frente a 28,1 kg/EJC en 2019), el transporte de documentación entre los tres lugares de trabajo (49 toneladas de CO2 frente a 72 toneladas en 2019) y las emisiones de CO2 causadas por los desplazamientos diarios y los viajes;

128.

Recuerda que el transporte de personas representa aproximadamente dos tercios de la huella de carbono del Parlamento; observa que las emisiones de CO2 procedentes de los desplazamientos mensuales a Estrasburgo en 2021 sumaron aproximadamente 490 toneladas de CO2, incluidos los viajes del personal y los asistentes parlamentarios acreditados, y el transporte de documentos y equipos; subraya, sin embargo, los esfuerzos del Parlamento para reducir las emisiones de CO2 mediante el uso de trenes chárter y la «iniciativa papel cero» para ayudar a disminuir la huella de carbono;

129.

Toma nota de que en 2021 se celebraron 15 sesiones plenarias, de las cuales 14 se celebraron en un formato híbrido (5 en Bruselas, 7 en Estrasburgo y 2 minisesiones en Bruselas), y en Bruselas se celebró una minisesión en el formato convencional; observa que, en 2021, el coste de los trenes chárter Thalys para desplazarse a Estrasburgo ascendió a 2 227 207 EUR y el coste de las misiones, a 9 578 266 EUR, teniendo en cuenta que los intérpretes independientes trabajaron a distancia, lo que redujo el coste total en comparación con los años anteriores a la pandemia; observa que los trenes chárter Thalys se cancelaron de enero a mayo de 2021, mientras que en junio y julio de 2021 solo se fletó un tren, lo que supuso un ahorro total de 1 659 845 EUR para el año 2021; toma nota de que el gasto en misiones del personal a Estrasburgo en 2021 se redujo en 18 248 274 EUR en comparación con el gasto total en 2018;

130.

Observa que, según la Secretaría del Parlamento, la suspensión de los períodos parciales de sesiones de Estrasburgo contribuyó a un ahorro total de 26 260 608 EUR, reduciendo también considerablemente la huella de carbono del Parlamento; destaca que el Tribunal estima que «el fin de los traslados desde Estrasburgo hasta Bruselas podría generar un ahorro anual de 114 000 000 EUR más un ahorro puntual de 616 000 000 EUR si los edificios de Estrasburgo se pudieran ceder, o un gasto puntual de 40 000 000 EUR en caso de que no se pudiera hacerlo»;

131.

Señala que el coste total de la energía y la calefacción en 2021 ascendió a 13 157 982 EUR (2 259 496 EUR en Luxemburgo, 3 102 010 EUR en Estrasburgo y 7 796 476 EUR en Bruselas), mientras que los costes anuales estimados de energía y calefacción de los locales del Parlamento para 2022 ascienden a 41 020 327 EUR y los créditos presupuestarios a este fin para 2023 ascienden a 42 150 000 EUR; expresa su preocupación por que la actual crisis energética dé lugar en el futuro a nuevos aumentos de los precios de la energía que afectarán seriamente al presupuesto del Parlamento, por lo que serán esenciales medidas de ahorro energético proporcionadas y eficaces;

132.

Acoge favorablemente la instalación de paneles solares fotovoltaicos en los edificios Spinelli, Montoyer 70, Brandt y Antall en Bruselas; acoge asimismo con satisfacción la decisión de lanzar un nuevo estudio sobre generación de electricidad in situ en Estrasburgo con el fin de actualizar los datos y de explorar nuevas soluciones; anima también a la Mesa a que decida instalar todos los paneles fotovoltaicos que resulte posible y útil según los resultados del estudio;

Medidas de ahorro de energía

133.

Reconoce que, siguiendo el ejemplo de las medidas adoptadas en muchos Estados miembros y en otras instituciones de la Unión, la decisión adoptada por la Mesa de apagar el sistema de calefacción y dejar que el edificio alcance una temperatura mínima a partir del jueves por la noche hasta el lunes por la mañana y durante los períodos de vacaciones se traduciría en ahorros significativos estimados en más de 2 500 000 EUR en total; pide, no obstante, al Parlamento que garantice una temperatura adecuada en sus edificios de lunes a viernes como días laborables normales; entiende la necesidad de reducir el consumo de energía y hace hincapié en que las medidas de ahorro de calefacción deben seguir siendo compatibles con el bienestar del personal;

134.

Recuerda que las soluciones de iluminación eficientes constituyen un factor esencial para la sostenibilidad de los edificios; acoge favorablemente que la sustitución de la iluminación existente por luces LED de baja energía se valore siempre que resulte posible y viable en los edificios del Parlamento; observa que las oficinas de los edificios del Parlamento en Bruselas que están alquiladas o a la espera de una decisión sobre su futuro no están equipadas con detectores de movimiento y que, según parece, los detectores de movimiento de varias oficinas del edificio Spinelli no funcionan correctamente; acoge con satisfacción que, en Estrasburgo, todas las oficinas estén equipadas con detectores de movimiento y que, en Luxemburgo, el nuevo edificio Adenauer esté equipado con una función de apagado automático basada en la ausencia de movimiento; pide al Parlamento que vele por que se instalen lo antes posible detectores de movimiento plenamente operativos en Bruselas, siempre que sea posible al objeto de reducir el consumo de energía; entiende la necesidad de reducir el consumo de electricidad, pero pide que las medidas de ahorro de iluminación sean compatibles con el bienestar del personal;

Movilidad

135.

Entiende que la actividad principal de los vehículos de servicio es el transporte de los diputados, incluido el trayecto entre Bruselas y Estrasburgo; señala que, por término medio, en 2021 el 15 % de los asientos disponibles en la flota de vehículos no estuvieron ocupados para este trayecto; reitera su llamamiento a la administración del Parlamento para que amplíe el grupo de usuarios, garantizando al mismo tiempo que los diputados tengan asiento, es decir, permitiendo al personal del Parlamento viajar sin la presencia de un diputado, actualizando periódicamente el número de asientos disponibles y estableciendo una lista de reserva y plazos coherentes para confirmar el viaje;

136.

Acoge con satisfacción que la sede de Bruselas disponga de 138 plazas de estacionamiento reservadas para vehículos eléctricos, cada una con una estación de recarga, más 12 unidades para furgonetas de reparto del Parlamento; toma nota de que, tras el último permiso medioambiental expedido por las autoridades locales en abril de 2021 para el edificio Spinelli, es necesario un sistema de rociadores para este gran aparcamiento subterráneo equipado con estaciones de recarga y de que se instalará en 2022, lo que permitirá la colocación de 20 estaciones de recarga adicionales; pide a la DG INLO que diseñe y aplique un calendario para las estaciones de recarga con el fin de impedir que determinados vehículos bloqueen puntos individuales durante largos períodos; anima al Parlamento a que continúe con una expansión ambiciosa de la infraestructura de recarga eléctrica para todos los tipos de vehículos;

137.

Toma nota de la creación en 2021 de nuevas zonas de estacionamiento para bicicletas en los edificios Scholl y Adenauer; pide a la administración que evalúe las necesidades actuales del personal en cuanto a plazas de estacionamiento para bicicletas dentro y fuera de los edificios del Parlamento y, en caso necesario, que aumente el número de plazas disponibles;

138.

Acoge favorablemente la posibilidad para el personal de alquilar bicicletas convencionales y eléctricas durante los períodos parciales de sesiones en Estrasburgo; lamenta que, en la práctica, la totalidad de las bicicletas estén reservadas con más de una semana de antelación; pide al Parlamento que estudie la posibilidad de ofrecer más bicicletas de alquiler en Estrasburgo con el fin de satisfacer la demanda de los diputados y del personal y de contribuir a reforzar la movilidad sostenible;

Finanzas y administración

139.

Señala que las decisiones presupuestarias, administrativas y de personal adoptadas por los órganos de gobierno del Parlamento tienen un impacto transversal en la administración, lo que afecta a la fase de ejecución, por ejemplo, de servicios distintos de los inicialmente previstos; pide, por tanto, al secretario general que incluya una evaluación de impacto realista sobre el presupuesto, la administración y el personal del Parlamento en sus futuras propuestas antes del debate en los órganos de gobierno del Parlamento;

140.

Pide que se ponga fin al recurso a empresas externas que, según la clasificación de la Universidad de Yale (7), siguen operando en Rusia;

141.

Observa que la última revisión de la reglamentación relativa a la recepción de grupos de visitantes, de 18 de enero de 2021, no incluye una reflexión sobre las posibles circunstancias de fuerza mayor en lo que se refiere a la cancelación de visitas; pide a la Mesa que considere aceptar una huelga nacional como circunstancia de fuerza mayor a la hora de cancelar una visita de grupo organizado, dado que suele ocurrir que los días de huelga nacional se anuncian mucho más tarde y después de que se hayan comprado las entradas y resulta extremadamente gravoso cancelar una visita de grupo en el último momento y poder recuperar todo el coste económico en que se incurrió al organizar la visita;

Régimen Común de Seguro de Enfermedad

142.

Pide a la Mesa que garantice que el Régimen Común de Seguro de Enfermedad (RCSE) proporcione una explicación coherente e individual para rechazar una solicitud de reembolso; observa que la cultura de rechazar una solicitud de reembolso en formato PDF sin la posibilidad de impugnar la decisión en persona impone algunas dificultades a los solicitantes de reembolsos; pide a la Mesa que considere introducir la posibilidad de que los médicos locales encargados del tratamiento de un solicitante hablen con la unidad o el grupo de expertos responsable del RCSE para explicarles el tratamiento y sus beneficios médicos; expresa asimismo su deseo de mejorar la facilidad de uso de la aplicación para permitir un seguimiento más rápido y más directo de cada solicitud; solicita que los órganos pertinentes en el marco del RCSE tengan debida y periódicamente en cuenta los avances y los conocimientos médicos más recientes al actualizar la lista de tratamientos y medicamentos subvencionables;

Gastos de viaje y dietas de los diputados

143.

Recuerda la recomendación del Tribunal de que el Parlamento debe aplicar los cambios necesarios para garantizar que solo pague dietas a los diputados que cumplan los requisitos para ello, que el Parlamento aceptó; recuerda que la Mesa aprobó en junio de 2019 el proyecto de automatizar el registro central y el registro de asistencia a las sesiones plenarias con tecnología biométrica, que la administración del Parlamento integró en el proyecto una primera serie de recomendaciones presentadas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos en marzo de 2021 y que ahora está a la espera de sus recomendaciones finales; opina que el uso de nuevas tecnologías es un paso fundamental hacia la digitalización de los procesos financieros para evitar el fraude y la suplantación, con el fin de aumentar la eficiencia administrativa y acelerar los pagos de los derechos correspondientes, por lo que pide que se lleve a cabo la automatización del registro de asistencia utilizando una solución eficiente y segura con todas las garantías necesarias en materia de protección de datos;

144.

Recuerda que, en 2019, el Parlamento puso en marcha un proyecto para automatizar el registro de asistencia con tecnología biométrica en el registro central de asistencia y firmó un contrato para este proyecto a finales de 2020; hace hincapié en que debe evitarse el tratamiento de datos biométricos a gran escala; pide de nuevo a la Mesa que desarrolle una solución alternativa que no conlleve el tratamiento de datos biométricos y garantice que realmente solo perciban la dieta diaria los diputados con derecho a ella; lamenta que este proyecto todavía siga adelante a pesar del dictamen negativo del Supervisor Europeo de Protección de Datos a finales de marzo de 2021 y reiterado en su Informe Anual de 2021, donde se afirma que el Parlamento debe considerar alternativas menos intrusivas en lo que respecta a la protección de datos;

145.

Acoge con satisfacción el anuncio de la presidenta, de 21 de noviembre de 2022, sobre la creación de un grupo de trabajo ad hoc de la Mesa para efectuar una revisión exhaustiva de las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo con el fin de adaptar las disposiciones a los recientes avances legislativos, las nuevas prácticas de los diputados y las recomendaciones del auditor interno, garantizando al mismo tiempo la coherencia y la seguridad jurídica; recomienda encarecidamente que se lleve a cabo una consulta exhaustiva de los diputados y de los servicios pertinentes de la administración antes de que finalice el mandato actual para proporcionar a este grupo de trabajo información de primera mano por parte de diputados y funcionarios experimentados sobre la aplicación práctica de las normas que rigen el Parlamento y la capacidad de detectar incoherencias, como las normas relativas al horario y a las ciudades de apertura del registro de asistencia de los diputados en lo que se refiere a las sesiones plenarias, las misiones y otras actividades parlamentarias;

146.

Lamenta profundamente la inexistencia de un sistema que permita que los diputados puedan seguir ejerciendo sus funciones esenciales, principalmente intervenir en los debates y votar, cuando se encuentran temporalmente ausentes por un motivo justificado, como un permiso parental, una baja por enfermedad de larga duración o un permiso para cuidadores; considera que este hecho es problemático, ya que puede repercutir negativamente en la representación de los ciudadanos en el Parlamento, particularmente en los jóvenes diputados y, especialmente, en las jóvenes diputadas; toma nota de las modificaciones introducidas en el Reglamento interno del Parlamento el 20 de diciembre de 2020, que permiten la votación a distancia, pero únicamente a condición de que el presidente establezca que concurren circunstancias extraordinarias; reitera su petición, aprobada en el Pleno en varias ocasiones, a la Mesa de que ponga en marcha una revisión del Reglamento interno con el fin de permitir a los diputados cumplir sus obligaciones durante ausencias justificadas, aprovechando así el gran esfuerzo y la gran inversión financiera que ha realizado el Parlamento en soluciones técnicas para permitir la votación a distancia;

147.

Recuerda que, en anteriores resoluciones sobre la aprobación de la gestión, el Parlamento solicitó una reforma de las dietas para gastos generales con el fin de que el gasto de esta cantidad a tanto alzado sea más transparente y responsable; toma nota del anuncio, en la reunión de la Mesa del 7 de marzo de 2022, relativo a la creación de un grupo de trabajo ad hoc de la Mesa sobre las dietas para gastos generales, encargado de evaluar el funcionamiento de la Decisión de la Mesa, de 2 de julio de 2018, por la que se establece la lista de los gastos que pueden cubrirse con cargo a las dietas para gastos generales sobre la base de la experiencia adquirida durante la novena legislatura; observa que la Mesa, en su reunión del 17 de octubre de 2022, aprobó una serie de enmiendas a las MAE con el fin de aclarar las normas aplicables a los derechos y el uso de las dietas para gastos generales y las medidas destinadas a aumentar la transparencia y proporcionar más seguridad jurídica respecto al derecho a la indemnización; subraya que se pidió al grupo de trabajo ad hoc que tuviese debidamente en cuenta aspectos de transparencia, rendición de cuentas y buena gestión financiera de los fondos puestos a disposición de los diputados, teniendo presente el principio de libertad e independencia del mandato parlamentario y el objetivo de evitar la creación de cargas administrativas innecesarias para los diputados, sus oficinas y los servicios del Parlamento; destaca que los diputados son libres de documentar el uso que hacen de los fondos de las dietas para gastos generales, en detalle o por tipo de coste, por sí mismos o con el apoyo de un auditor externo, y de publicar esta información total o parcialmente en su página en línea del sitio web del Parlamento, de conformidad con el artículo 11, apartados 4 y 5, del Reglamento interno del Parlamento Europeo; acoge con satisfacción que se integre en las Medidas de aplicación una lista simplificada de los tipos de costes y que también se adopte una enmienda que aclare la posibilidad de que los diputados utilicen las dietas para gastos generales en caso de agotamiento de otras indemnizaciones;

148.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Reglamento interno, el Parlamento ya ofrece a los diputados la posibilidad de publicar una auditoría voluntaria o confirmación de sus gastos, y lamenta que solo se hayan presentado dieciocho declaraciones voluntarias sobre el uso de las dietas para gastos generales durante el año 2021; pide a los servicios del Parlamento que envíen un recordatorio anual a los diputados en relación con esta posibilidad;

149.

Recuerda que, en el caso 1651/2018/THH, el Defensor del Pueblo Europeo (en lo sucesivo, «Defensor del Pueblo») recomendó que se concediera acceso público a una propuesta del grupo de trabajo ad hoc de la Mesa sobre la revisión de la lista de los gastos que pueden cubrirse con cargo a las dietas para gastos generales; lamenta que el Parlamento rechazara la recomendación del Defensor del Pueblo e insta a la administración del Parlamento a que reconsidere la concesión de acceso público a los documentos en cuestión;

150.

Toma nota de que los gastos de viaje ordinarios ascendieron a 40 338 767 EUR en 2021; sugiere que se revise la política de precios que aplica la agencia de viajes con el fin de equilibrar la flexibilidad que necesita el Parlamento con las opciones menos costosas; señala que, en ocasiones, las propuestas de viaje que ofrece la agencia de viajes a los diputados no son muy fáciles de leer y tardan demasiado en llegar, lo que repercute en el precio de las opciones ofrecidas o incluso en la disponibilidad de opciones de viaje; pide a la administración del Parlamento que lleve a cabo una encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos, dirigida a todos los diputados y no solo a los clientes frecuentes, a fin de averiguar qué problemas pueden haber impedido a algunos de ellos hacer una reserva a través de la agencia de viajes; señala que las órdenes de misión de los miembros del personal suelen llegar demasiado cerca de la fecha del viaje, aunque la misión se apruebe mucho antes, lo que también repercute negativamente en las ofertas disponibles, y pide a la administración que busque mejorar esta situación;

151.

Observa que, en 2021, cuando la contactaron en el contexto de una misión de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central del Parlamento, la agencia de viajes no pudo proporcionar una cotización para vuelos hasta y desde Cuba porque, como empresa de propiedad estadounidense, debe respetar el embargo de los Estados Unidos contra Cuba; señala que la agencia de viajes tuvo que externalizar la búsqueda de dichos vuelos a otra agencia, lo que acarreó retrasos en el proceso; recuerda que los órganos del Parlamento están obligados a utilizar una cotización de su agencia de viajes con el fin de establecer una ficha de financiación para las misiones, que puede verse negativamente afectada por las restricciones relativas a Cuba y a otros países a los que los Estados Unidos han impuesto sanciones; pide que se tenga debidamente en cuenta este asunto en la próxima licitación para la selección de una nueva agencia de viajes;

152.

Pide a la DG FINS que establezca una metodología clara de responsabilidad, que esté en consonancia con las normas del Estado de Derecho, entre los diputados, los agentes pagadores, los asistentes y los proveedores de servicios, que garantice que, en caso de errores o usos indebidos relacionados con pagos u otras operaciones financieras, únicamente se considere responsable y deba rendir cuentas la parte que cometió el error o el uso indebido; subraya que las sanciones se deben imponer únicamente a la parte que cometió el error y es responsable del uso indebido de los fondos;

153.

Expresa su profunda preocupación por el alcance de la potestad discrecional del personal responsable de la DG FINS al evaluar las solicitudes de los diputados, en particular al seleccionar los contratos de empleo y de proveedor de servicios para una ulterior verificación ex post; toma nota de la falta de mecanismos y procedimientos formales de rendición de cuentas para garantizar la diligencia debida en los procedimientos de la DG FINS, que aumenta el riesgo de discriminación y de desigualdad de trato; recuerda a la DG FINS que debe aplicar normas transparentes, claras y no discriminatorias, también al realizar los controles sobre el desempeño de tareas realizadas por asistentes locales;

Fondo de pensiones voluntario

154.

Expresa su preocupación por el hecho de que el déficit actuarial del fondo de pensiones voluntario a 31 de diciembre de 2021 ascendía a 379 000 000 EUR (frente a los 371 300 000 EUR a 31 de diciembre de 2020); expresa su preocupación ante la previsión de agotamiento completo a finales de 2024 o 2025 a más tardar y que, mientras tanto, el fondo siga vendiendo activos para cumplir sus obligaciones en materia de pensiones, lo que probablemente significa que se reduce el capital restante; recuerda la Decisión de la Mesa de 10 de diciembre de 2018 de aumentar la edad de jubilación de 63 a 65 años y de introducir una tasa del 5 % a los pagos de pensiones para los futuros pensionistas con vistas a mejorar la sostenibilidad del fondo; señala que, en su sentencia de 15 de septiembre de 2021 en los asuntos acumulados T-720/19 a T-725/19, Ashworth/Parlamento (8), el Tribunal General concluyó que los derechos previamente adquiridos no se vieron afectados por la decisión de la Mesa impugnada, de 10 de diciembre de 2018, y confirmó la competencia de la Mesa para adoptar decisiones encaminadas a mejorar la sostenibilidad del fondo siempre que respeten el principio de proporcionalidad; observa que se presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia del 15 de septiembre de 2021 y que, entretanto, la Mesa del Parlamento está en proceso de examinar las implicaciones para futuras propuestas de opciones para mejorar la sostenibilidad del fondo, reduciendo al mismo tiempo la responsabilidad del Parlamento; insta, por tanto, al secretario general a que proponga a la Mesa nuevas medidas viables para ajustar las modalidades del fondo;

155.

Pide a la Mesa que ayude a aclarar los derechos de pensión de los diputados y los antiguos diputados, quienes reciben varias pensiones debido a sus cargos en las instituciones de la Unión; destaca el caso de los antiguos comisarios y solicita información sobre si pueden desembolsarse los pagos al fondo de pensiones voluntario, además de las prestaciones derivadas de sus derechos de pensión como comisarios, y si se obligó a los candidatos a comisario a divulgar esta información; pide al Parlamento que aclare si es posible la deducción mutua y parcial de las pensiones;

156.

Pide a la Mesa que proporcione a la autoridad de aprobación de la gestión una previsión detallada de la estimación de costes para el fondo para los próximos años y que realice un seguimiento activo de la búsqueda de una solución viable, legal y justa, dada la urgencia del asunto; solicita a la administración y a la Mesa que garanticen que no se utilice dinero de los contribuyentes para futuros rescates;

157.

Reconoce que el Parlamento no participa en la gestión de la cartera, pero manifiesta su preocupación por los artículos publicados en la prensa sobre las inversiones realizadas por el fondo y el posible riesgo para la reputación de la institución; hace hincapié en que las inversiones deben estar en consonancia y ser coherentes con las metas y los objetivos fijados por las políticas de la Unión; pide al comité consultivo del fondo que revise todas las inversiones en curso que no estén en consonancia con los valores y los objetivos de la Unión;

Informe anual sobre los contractos adjudicados

158.

Recuerda que el Reglamento Financiero establece la información que debe facilitarse a la autoridad presupuestaria y al público en relación con la adjudicación de contratos por parte de la institución; señala que el Reglamento Financiero exige la publicación de los contratos adjudicados por un valor superior a 15 000 EUR, un valor que se corresponde con el umbral por encima del cual debe llevarse a cabo obligatoriamente una licitación; observa que, de un total de 221 contratos adjudicados en 2021, 80 se basaban en procedimientos abiertos o restringidos, por un valor de 761 100 000 EUR, y 135 en procedimientos negociados, por un valor total de 253 500 000 EUR; señala que el número total de contratos adjudicados por procedimientos negociados disminuyó en términos de valor como porcentaje del valor total de los contratos adjudicados, pasando del 31 % en 2020 al 2 % en 2021, pero aumentó en términos de volumen, pasando de 179 100 000 EUR en 2020 a 253 500 000 EUR en 2021;

159.

Toma nota del siguiente desglose de los contratos adjudicados en 2020 y en 2021 por tipo de contrato, incluidos los contratos inmobiliarios:

Tipo de contrato	2021		2020
Tipo de contrato	Número	Porcentaje (%)	Número	Porcentaje (%)
Servicios Suministros Obras Inmobiliario	176 27 10 8	79,6 12 4,5 3,6	161 21 13 3	81,3 10,6 6,6 1,5
Total	221	100	225	100

Tipo de contrato	2021		2020
Tipo de contrato	Valor (EUR)	Porcentaje (%)	Valor (EUR)	Porcentaje (%)
Servicios Suministros Obras Inmobiliario	634 689 038 136 777 513 76 247 759 168 302 638	62 13 8 17	457 940 293 14 143 825 28 291 234 86 812 000	77 3 5 15
Total	1 016 016 948	100	587 187 352	100
(Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo, 2021, p. 7)

160.

Constata el siguiente desglose de los contratos adjudicados en 2021 y 2020 por tipo de procedimiento utilizado, en términos de número y valor:

Tipo de procedimiento	2021		2020
Tipo de procedimiento	Número	Porcentaje (%)	Número	Porcentaje (%)
Abierto Restringido Negociado Lista AMI Excepcional Asociación para la innovación SDA PA acelerado	78 2 135 2 2 0 1 0	35 1 61 1 1 0 0 0	57 3 135 1 1 1 0 0	29 2 68 0 0 1 0 0
Total	221	100	198	100

161.

Celebra que, el 1 de junio de 2021, el Parlamento creara un grupo de trabajo sobre contratación pública socialmente responsable en el que participan todas las direcciones generales y que tiene el cometido de elaborar principios y guías prácticas para una mayor aplicación de los elementos sociales en la contratación pública del Parlamento; toma nota de que el grupo de trabajo acordó un primer enfoque preliminar para la contratación pública social a finales de 2021 y que este enfoque se aplica en fase de prueba durante 2022; acoge con satisfacción que el Parlamento haya desarrollado una formación en materia de contratación pública sostenible y socialmente responsable para su personal y que un servicio de asistencia esté a disposición de los servicios del Parlamento;

Grupos políticos (partida presupuestaria 400)

162.

Observa que en 2021 los créditos consignados en la partida presupuestaria 400, asignados a los grupos políticos y los diputados no inscritos, se utilizaron como sigue (9):

Grupo	2021					2020
Grupo	Créditos anuales	Recursos propios y créditos prorrogados	Gastos	Índice de utilización de los créditos anuales (%)	Importes prorrogados al siguiente período	Créditos anuales	Recursos propios y créditos prorrogados	Gastos	Índice de utilización de los créditos anuales (%)	Importes prorrogados al siguiente período
Partido Popular Europeo (PPE)	16 750	10 229	13 646	81,47	12 562	17 239	4 448	11 489	66,65	10 198
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D)	13 584	9 829	12 295	90,51	10 188	13 609	5 734	9 533	70,05	9 809
Renew Europe (antes Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE))	9 192	6 948	6 997	76,12	6 894	9 230	3 847	4 063	44,02	6 922
Los Verdes/Alianza Libre Europea (Verts/ALE)	6 927	4 891	6 126	88,43	5 196	6 381	2 376	4 054	63,53	4 703
Identidad y Democracia (ID)	6 874	4 762	5 940	86,42	5 155	7 121	1 616	3 976	55,84	4 761
Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)	6 005	3 982	6 269	104,39	3 718	5 851	2 272	4 145	70,85	3 978
The Left-Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL)	3 806	2 266	4 036	106,05	2 036	3 790	1 536	3 060	80,72	2 266
No inscritos	1 862	1 041	595	31,94	861	1 726	738	429	24,82	1 041
Total	65 000	43 948	55 904	86,01	46 611	64 947	22 568	40 749	62,74	43 678

163.

Acoge con satisfacción el hecho de que los auditores externos independientes para los grupos políticos solo hayan emitido dictámenes sin reservas para el ejercicio 2021;

164.

Recuerda que estos créditos tienen por objeto financiar actividades relacionadas con las actividades políticas de la Unión y que los grupos políticos son responsables ante el Parlamento de su utilización; manifiesta su profunda preocupación por que estos créditos puedan utilizarse para transmitir mensajes contrarios a los derechos y libertades fundamentales o a los valores de la Unión; recuerda, en particular, que el Parlamento condena el revisionismo histórico y aboga por una cultura común de la memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes totalitarios y autoritarios del pasado; pide a la administración del Parlamento que examine atentamente, incluso con carácter retroactivo, cualquier publicación financiada por grupos políticos que no respeten dichos valores;

Partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas

165.

Toma nota del nombramiento del nuevo director de la Autoridad para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2026;

166.

Recuerda el papel clave de una democracia europea dinámica y resiliente sustentada en el pluralismo de los partidos políticos a escala de la Unión; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones y de controlar el cumplimiento respetando plenamente los derechos procesales; acoge con satisfacción, en este contexto, la labor esencial de la Autoridad, que, de forma independiente y en estrecha cooperación con el Parlamento, controla el cumplimiento del marco jurídico por parte de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, brinda transparencia a los ciudadanos y contribuye a la integridad de las elecciones al Parlamento; insta a la Autoridad Presupuestaria a que garantice que la Autoridad cuente con los recursos necesarios, en particular recursos humanos e informáticos, incluidas personas expertas en ciberseguridad, a fin de que siga desempeñando su actual mandato, también a la luz de las amenazas cambiantes de injerencia extranjera, especialmente para proteger los valores de la Unión, combatir los abusos de datos personales para fines electorales y determinar el origen de las donaciones, así como de las nuevas tareas que pueda encomendarle el legislador; resalta, en este contexto, que 2024, año en el que se celebrarán elecciones europeas, será fundamental para la integridad financiera y funcional de la democracia europea y creará un aumento significativo del trabajo de la Autoridad;

167.

Observa, a este respecto, que la Unión Europea en conjunto debe invertir recursos adicionales para la integridad democrática; recuerda que la Autoridad es un organismo independiente de la Unión y, en consecuencia, sus créditos y puestos de trabajo deben distinguirse de una manera transparente de aquellos del Parlamento; reitera, por tanto, su recomendación de crear una partida específica para la Autoridad en el presupuesto general de la Unión, tal y como expresó en su Resolución, de 19 de octubre de 2022, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2023;

168.

Acoge favorablemente el seguimiento realizado por la Autoridad de las sugerencias de mejora emitidas por el Defensor del Pueblo en enero de 2021 en el marco de su asunto 1094/2020/DL, a saber, la mejora del sitio web permitiendo aumentar la cantidad de información ofrecida a los usuarios, el vínculo al sitio web del Parlamento y la publicación de información sobre el Registro de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas;

169.

Observa que, en 2021, los créditos consignados en la partida presupuestaria 402 se utilizaron como sigue (10):

Partido (2021)	Abreviatura	Recursos propios	Contribución final del PE (1)	Total ingresos	Contribución del PE en porcentaje del gasto reembolsable (90 % como máximo)	Superávit de ingresos (transferencia a reservas o pérdida)
Partido Popular Europeo	PPE	1 283 598	7 737 916	9 021 514	90	788 064
Partido de los Socialistas Europeos	PSE	977 280	6 217 037	7 194 317	90	645 859
Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa	ALDE	734 661	4 504 780	5 239 441	90	857 838
Partido Verde Europeo	PVE	560 006	3 597 971	4 157 977	90	854 803
Partido de la Izquierda Europea	EL	245 367	1 557 308	1 802 675	90	87 074
Partido Demócrata Europeo	PDE	112 014	652 921	764 935	90	120 482
Alianza Libre Europea	ALE	119 583	812 993	932 576	90	103 910
Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos	Partido ECR	483 292	1 432 428	1 915 720	78	-
Movimiento Político Cristiano Europeo	MPCE	98 679	708 660	807 339	90	3 178
Partido Identidad y Democracia	Partido ID	119 545	573 595	693 140	90	-
Total		4 734 025	27 795 609	32 529 634		3 461 208

170.

Observa que, en 2021, los créditos consignados en la partida presupuestaria 403 se utilizaron como sigue (11):

Fundación (2021)	Abreviatura	Afiliada al partido	Recursos propios	Subvención final del PE	Total ingresos	Subvención del PE en porcentaje de los costes subvencionables (95 % como máximo)	Superávit de ingresos (transferencia a reservas o pérdida)
Centro Wilfried Martens de Estudios Europeos	WMCES	PPE	480 822	4 450 779	4 931 601	95,00	161 217
Fundación Europea de Estudios Progresistas	FEPS	PSE	354 391	4 897 963	5 252 354	95,00	48 172
Foro Liberal Europeo	ELF	ALDE	369 813	2 651 252	3 021 065	95,00	221 975
Fundación Verde Europea	GEF	PVE	146 351	2 156 106	2 302 456	95,00	20 419
Transformar Europa	TE	EL	77 546	1 218 962	1 296 508	94,83	10 340
Instituto de Demócratas Europeos	IED	PDE	27 763	504 172	531 935	95,00	854
Fundación Coppieters	Coppieters	ALE	86 417	520 773	607 190	95,00	45 208
Nueva Dirección-Fundación para la Reforma Europea	ND	Partido ECR	258 096	1 519 566	1 777 662	95,00	-
Sallux	SALLUX	MPCE	23 013	366 409	389 422	95,00	3 728
Asociación por la Fundación Identidad y Democracia	Fundación ID	Partido ID	12 778	660 075	672 853	95,00	-
Total			1 836 990	18 946 056	20 783 046		511 913

(1) Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (DO L 433 I de 22.12.2020, p. 11).

(2) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(3) Reglamentación relativa a las audiencias públicas, Decisión de la Mesa de 18 de junio de 2003.

(4) Reunión de la Mesa del 13 de marzo de 2023 (PE-9/BUR/PV/2023-03) y Decisión de la Mesa del 17 de abril de 2023 (PE 422.534/BUR).

(5) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

(6) Esta enmienda se basa en una recomendación de Transparencia Internacional.

(7) https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain

(8) Sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2021, Ashworth/Parlamento, T-720/19 a T-725/19, ECLI:EU:T:2021:580.

(9) Todos los importes se indican en miles EUR.

(10) Todos los importes se indican en miles EUR.

(11) Todos los importes se indican en miles EUR.

Top

Choose the experimental features you want to try