Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Transición ecológica — ¿Qué equilibrio se necesita entre la aceptabilidad social y los imperativos medioambientales desde el punto de vista de las ciudades y regiones con vistas a construir comunidades resilientes?

(2022/C 375/06)

Ponente: Hanna ZDANOWSKA (PL/PPE), alcaldesa de Łodź Documento de referencia: Consulta de la Presidencia del Consejo

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

se congratula de que la transición ecológica sea una de las prioridades clave de la Presidencia francesa, ya que la adaptación al cambio climático y su mitigación, la restauración y protección de la biodiversidad, la garantía de la resiliencia territorial ante las catástrofes naturales, la promoción de entornos saludables y una mejor calidad de vida contribuyen a construir una Europa más resiliente y a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París;

2.

está de acuerdo con la Comunicación publicada sobre la nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE (1) y con el Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) (2) y hace hincapié en que la transición ecológica no será posible sin la participación de los entes locales y regionales, así como de la población, las empresas, los centros de innovación y las universidades;

3.

considera que la transición ecológica debe ocupar un lugar central en todas las opciones políticas mediante la elaboración de un enfoque nuevo, sistémico e integrado para el diseño y la aplicación de futuras políticas y programas; subraya que esto debería verse facilitado por la transición digital e incluir el despliegue y la promoción de herramientas digitales modernas con normas de sostenibilidad estrictas que contemplen garantías democráticas y medidas técnicas de seguridad y la inversión en ellas como facilitadores clave del cambio; en este sentido, también resulta fundamental apoyar a las regiones menos desarrolladas y rurales y contribuir a su modernización para colmar la brecha entre las distintas áreas;

4.

Los niveles local y regional constituyen la piedra angular para crear resiliencia. Es importante aumentar el sentimiento de apropiación y comunidad a nivel local y regional (administración pública, gobierno local y regional, residentes, operadores económicos) de todas aquellos que son parte del tejido local y regional, pero esto requiere un apoyo institucional y financiero adecuado e integral;

5.

pide que se refuerce sustancialmente todo el sector sanitario y asistencial a la luz de las crisis climática y de biodiversidad, así como de la guerra en Ucrania, considerando la salud un motivo clave y una prioridad de la transición ecológica y reforzando las sinergias entre las políticas climática y sanitaria en consonancia con las recomendaciones del octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente;

6.

considera que una comunidad resiliente es capaz de resistir y absorber el impacto de los peligros climáticos y otras perturbaciones y de recuperarse de sus consecuencias. Por lo tanto, es importante mitigar los efectos negativos, pero también crear un entorno en el que la sociedad, el medio ambiente y la economía puedan prosperar mediante la introducción de una serie de soluciones para incentivar la acción;

7.

subraya que las comunidades resilientes también pueden lograrse desarrollando sistemas políticos resilientes comprometidos con la igualdad, la solidaridad, la justicia social y la igualdad de género, que permitan la participación de la infancia y la juventud sin dejar a nadie atrás —en especial a los grupos vulnerables—, y tengan en cuenta la diversidad espacial, incluidas las regiones rurales, costeras, montañosas, insulares, archipelágicas o ultraperiféricas;

8.

destaca que las políticas que impulsan los métodos y las tecnologías de producción ecológicas también hacen a las pymes locales más competitivas, permiten crear y desarrollar empleos ecológicos y fomentan la cualificación de los trabajadores;

9.

reitera, habida cuenta de los elevados precios de la energía y de la guerra en Ucrania, su petición de una prohibición total de las importaciones de gas, petróleo y carbón rusos a Europa e insta a los entes locales y regionales a que empiecen a elaborar planes de contingencia para prepararse para las consecuencias de las sanciones; considera que el plan REPowerEU es un modo de acelerar la transición energética, reducir la dependencia general de la UE de las importaciones de energía y materias primas y reducir así los riesgos políticos, económicos y de seguridad que ello conlleva; no obstante, lamenta profundamente que no se haga una referencia clara al papel de las ciudades y regiones, ni en relación con la superación de la crisis energética actual ni con el hallazgo de soluciones duraderas;

Elegir la combinación de políticas adecuada para unos sistemas resilientes

10.

apoya la definición de una Europa resiliente al cambio climático, en consonancia con la misión de Horizonte Europa, que combine la resiliencia de los sistemas medioambientales, sociales y económicos con un compromiso con el desarrollo sostenible a largo plazo, incluidas la igualdad, la justicia social y la igualdad de género. Es importante integrar a la infancia y la juventud, no dejar a nadie atrás y reforzar la resiliencia de los sistemas políticos a fin de promover los valores compartidos, la solidaridad y el respeto de la diversidad, lo que se logra gracias a una transformación social inclusiva;

11.

subraya que, en consonancia con la Comunicación sobre la nueva estrategia de adaptación al cambio climático, es preciso dar una respuesta sistémica e informada al cambio climático lo antes posible; toma nota de que la resiliencia es un concepto complejo que requiere soluciones integradas, multisectoriales y flexibles, desarrolladas con arreglo a un enfoque territorial y basadas en pruebas; señala que la construcción de sistemas resilientes requiere una selección de las prioridades adecuadas y una sinergia entre las diferentes políticas que respaldan la transición hacia un territorio sostenible, capaz de hacer frente a crisis y perturbaciones, al mismo tiempo que se prepara para frenar los efectos actuales y previstos de las mismas;

12.

por ello, propone que los proyectos de inversión incluyan análisis de riesgo climático y de vulnerabilidad climática, y que los escenarios de coste-beneficio se adapten en consecuencia;

13.

expresa asimismo su preocupación por el impacto regional asimétrico de la crisis energética que se prevé en las ciudades y regiones de la UE, que refleja sus diferentes capacidades para responder a la disrupción del suministro energético y al aumento de los precios de la energía, y pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que tengan debidamente en cuenta estas asimetrías a la hora de diseñar y aplicar las medidas correspondientes;

14.

suscribe las propuestas de acelerar las medidas locales en materia de energías renovables y eficiencia energética para salvaguardar la soberanía energética y la seguridad de Europa y luchar contra la pobreza energética, en particular a la luz de la guerra en Ucrania y de sus perniciosas consecuencias para la energía en Europa;

15.

aprueba los planes y medidas destinados a garantizar una transición justa e inclusiva en las zonas carboníferas, a fin de contribuir a que progresen y superen cualquier obstáculo que pueda surgir con la ayuda de una financiación suficiente y crear un nuevo modelo de desarrollo;

16.

destaca que los principales obstáculos a la aplicación rápida de tecnologías hipocarbónicas son los relacionados con la falta de recursos financieros y humanos, con las políticas, normativas y estructuras organizativas que aún dependen de los combustibles fósiles, así como con factores socioculturales, entre otros la falta de aceptación social, ya que se pueden producir pérdidas de empleo y un descenso de la población, sobre todo en las regiones carboníferas; considera, por tanto, que la innovación debe proceder de contextos locales específicos y tener un impacto directo en el sistema y la comunidad en general para contrarrestar los procesos que provocan la falta de aceptación pública;

17.

pide apoyo para facilitar el despliegue y el acceso a soluciones de movilidad y transporte, activas y públicas, que sean de emisión cero y de baja emisión;

18.

señala que posiblemente el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial en el siglo XXI, por lo que pide una cooperación multidisciplinar y multisectorial y la adopción del concepto «Una sola salud» que se traduzca en una acción coordinada en todos los niveles de gobernanza entre las agencias internacionales, las ONG y las instituciones académicas, con el objetivo de proteger la naturaleza y restaurar la biodiversidad, los hábitats y los ecosistemas;

19.

señala que las medidas de reducción del riesgo de catástrofes basadas en un enfoque ecosistémico son instrumentos políticos con una buena relación entre coste y eficacia. Sin embargo, no se aprovechan plenamente y su potencial debería reforzarse aún más en el nivel de la UE (3);

20.

pide que se impulse la transición hacia una economía circular y subraya el papel de los entes locales y regionales en este proceso; insta a que se promuevan nuevos modelos de negocio y herramientas más potentes, en especial en el marco de los servicios municipales y sus mecanismos para ampliar la responsabilidad de los consumidores y las asociaciones público-privadas, así como a que se fomenten, de manera paralela, modelos de consumo y producción sostenibles y una contratación pública ecológica o sostenible;

21.

suscribe la introducción de soluciones innovadoras de gobernanza en el sector público, recurriendo al concepto de «laboratorios vivientes»; destaca que, para construir comunidades resilientes, es fundamental ayudarlas a encontrar formas eficaces de superar los retos, aprovechando la creatividad y la innovación de los usuarios de los servicios públicos;

22.

pide que en los procesos de inversión se tengan en cuenta las soluciones basadas en la naturaleza. Esta iniciativa, que forma parte de la nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE, da prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza (4);

23.

acoge con satisfacción las iniciativas (incluidos el Pacto de las Alcaldías y el Pacto por el Clima) que animan a los entes locales y regionales a aumentar sus ambiciones y la acción transformadora. Deben intensificarse las actividades de los embajadores de estas iniciativas y reproducirse en otros lugares a fin de incrementar la sensibilización sobre el clima en todos los niveles de gobierno local y acelerar su transición.

24.

apoya las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente. Estas Directrices aumentarán la eficacia de los esfuerzos para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo, en particular en lo que respecta a la renovación de edificios, la biodiversidad, la movilidad limpia, las energías renovables y la eficiencia de los recursos, con vistas a apoyar la transición a una economía circular;

25.

pide que se establezcan las condiciones adecuadas para el desarrollo de la economía social. Si se quiere crear un entorno adecuado para la economía social es fundamental disponer de un marco político y jurídico —que incluya las estructuras correspondientes para la fiscalidad, la contratación pública y las ayudas estatales—, que debe adaptarse a las necesidades de la economía social;

Los entes locales y regionales, agentes clave de la transición ecológica

26.

reclama un marco de gobernanza multinivel que funcione correctamente, desde el nivel local, metropolitano y regional hasta el nivel nacional, europeo y mundial. Los cambios radicales y duraderos en el estilo de vida, necesarios para crear una sociedad justa, sostenible, hipocarbónica y resiliente, requieren una cooperación tanto ascendente como descendente;

27.

destaca que los entes locales y regionales son «agentes principales» en la transición ecológica, ya que aplican el 70 % de toda la legislación de la UE, el 70 % de las medidas de mitigación del cambio climático, el 90 % de las políticas de adaptación al cambio climático y el 65 % de los objetivos de desarrollo sostenible, y representan un tercio del gasto público y dos tercios de la inversión pública. Son los que mejor conocen los retos locales y regionales y, por lo tanto, deberían estar dotados de los instrumentos necesarios para buscar las soluciones que mejor se adapten al escenario local; sin embargo, este papel no implica que la responsabilidad sea únicamente suya. Los niveles superiores de gobierno tienen la obligación de apoyar a los entes regionales y locales en todos sus esfuerzos para lograrlo;

28.

aboga por un mayor recurso a la gobernanza participativa (debates, presupuestos, etc.) y la gobernanza multilateral, ya que ello aumenta las posibilidades de inversiones ecológicas óptimas en las pequeñas localidades rurales, las ciudades y las regiones; señala que los entes regionales y locales respaldan la toma de decisiones en todas las etapas y proporcionan un apoyo activo en el marco de las estrategias políticas;

29.

señala que «pensar a escala mundial y actuar a escala local» es la única manera de alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos del Acuerdo de París. En este contexto, el Comité pide a la CMNUCC que implique de forma activa y significativa a los entes locales y regionales como socio creíble de la COP sobre la acción por el clima;

30.

anima a los entes locales y regionales a que organicen cumbres climáticas locales que tengan un impacto positivo en su participación en las cuestiones relativas a la adaptación al cambio climático y la transición energética y brinden la oportunidad de preparar las recomendaciones del Comité de las Regiones para las conferencias anuales de las Naciones Unidas sobre el clima;

La dimensión social de la creación de resiliencia

31.

subraya que la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones es crucial en cualquier transición; insta a un mayor compromiso con la capacitación, la inclusión, los valores compartidos y la solidaridad, a fin de permitir la participación de todos los agentes en la construcción de comunidades más resilientes; resulta fundamental implicar a la juventud en este sentido;

32.

pide que se desarrollen herramientas para animar a los hogares a participar en la transición, así como diversas modalidades de apoyo, en especial para los territorios y grupos de ciudadanos más vulnerables; en este contexto, acoge con satisfacción la creación del Fondo Social para el Clima y pide que el apoyo financiero se preste a través de un sistema de gestión compartida que respete los principios de asociación y gobernanza multinivel;

33.

insta a que se empodere a los prosumidores y a los consumidores en la transición ecológica y a que se utilice la legislación para frenar el blanqueo ecológico y promover la elección con conocimiento de causa;

34.

solicita que se adopten medidas para facilitar y promover iniciativas pertinentes y que se reduzcan los obstáculos a la creación de comunidades locales de energías renovables, ya que son un instrumento clave para promover el uso generalizado de fuentes de energía renovables y para lograr un sistema energético descentralizado, proporcionando al mismo tiempo beneficios económicos y sociales a escala local;

35.

observa que en el plan REPowerEU se subestima el potencial del ahorro energético y pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien medidas tales como la organización de campañas para sensibilizar al público y fomentar cambios de comportamiento;

Educación y aprendizaje para crear resiliencia

36.

destaca que la transición ecológica no tendrá éxito a menos que se desarrolle un capital de conocimientos a través de la educación climática en todos los niveles educativos y de la capacitación y la mejora de capacidades;

37.

destaca que el Pacto por el Clima debería acelerar los esfuerzos por cumplir los compromisos ya firmados a nivel local por agentes locales (pymes, escuelas, entes locales, universidades, etc.) y generar nuevos compromisos para hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050;

38.

refrenda los objetivos, principios y directrices de Horizonte Europa y pide que se impongan requisitos más estrictos para la durabilidad de los proyectos y que se efectúe un seguimiento de su impacto;

39.

destaca la importancia de acciones para fomentar, desarrollar y financiar iniciativas nuevas o ya existentes que apoyen los intercambios de conocimientos y buenas prácticas en redes europeas, nacionales, regionales y locales y la cooperación entre ciudades, como las actividades de aprendizaje mutuo, las visitas de estudio, los hermanamientos ecológicos y la orientación y tutoría entre socios;

40.

pide a los entes locales y regionales que hagan todo lo posible por fomentar la cooperación administrativa mutua y transfronteriza en la ejecución de proyectos de transición, incluida la cooperación interregional, intermunicipal y transfronteriza en toda la UE;

41.

propone que se utilicen las mejores prácticas en la lucha contra el cambio climático a nivel local y regional, generadas por iniciativas como el Pacto de las Alcaldías, la Coalición «Under2», las misiones de la UE, etc. El objetivo es utilizar los datos recogidos al desarrollar estrategias climáticas a largo plazo y compartir experiencias sobre métodos eficaces, soluciones innovadoras y lecciones valiosas sacadas de estas iniciativas;

42.

pide a la Comisión Europea que estudie la posibilidad de crear un instrumento específico de asistencia técnica e intercambio de información entre los entes locales y regionales que se enfrentan a retos similares en términos de transición ecológica y creación de comunidades resilientes, proporcionando apoyo financiero para compartir las mejores prácticas de la UE (visitas de estudio);

43.

subraya la importancia de la cooperación intergeneracional, la integración de las perspectivas de la juventud y el apoyo del programa de jóvenes representantes políticos; aprueba la creación de un ecosistema de innovación mediante proyectos, programas y acciones dirigidos a jóvenes con talento, a fin de aprovechar el potencial de la juventud para la transición ecológica;

44.

pide que se creen centros climáticos regionales y locales como puntos de información y lugares que animen a las comunidades locales a avanzar en la transición ecológica. Estos centros pueden tener el potencial de poner en marcha iniciativas y proyectos ascendentes que promuevan y fomenten la colaboración entre usuarios comprometidos y usuarios escépticos de las ciudades y regiones, así como entre aquellos que no participan.

Mayor concienciación pública y vigilancia del cambio

45.

subraya que la concienciación pública sobre el cambio climático, sus causas y sus consecuencias es un requisito previo para una política climática eficaz. El uso de herramientas tecnológicas modernas (teledetección, sistemas telemáticos de transporte, drones, TIC) permite una aplicación mucho más eficaz de las políticas climáticas adoptadas;

46.

una sociedad consciente de los riesgos climáticos se muestra más solidaria a la hora de aceptar actividades difíciles y a menudo costosas. La información actualizada y fiable es la base de las acciones y de su aceptación por parte de las comunidades locales y regionales;

47.

subraya que el éxito de la transición ecológica depende de la participación de un gran número de socios locales. Es importante que haya una comunicación clara y continua sobre el proceso de transición y diálogo, en particular en torno a temas difíciles como la limitación del transporte individual y la ubicación de servicios municipales que el público tiene dificultades para aceptar.

Los operadores económicos deben crear resiliencia

48.

subraya que las empresas y la industria tienen que apoyar los esfuerzos de adaptación al cambio climático y que han de establecerse medios jurídicos y financieros para evitar que la población local internalice los costes de las externalidades negativas de las empresas;

49.

reclama que se estimule la producción sostenible por medio de la regulación, mediante la extensión de la responsabilidad ampliada del productor a un número cada vez mayor de grupos de productos y a cada una de las etapas de su ciclo de vida;

50.

acoge con satisfacción la revisión de la Directiva de emisiones industriales, cuyo objetivo no es solo ayudar a prevenir y controlar la contaminación sino también fomentar la innovación, recompensar a los pioneros y contribuir a la igualdad de condiciones en el mercado de la UE;

51.

señala que es necesario desarrollar más proyectos e infraestructuras energéticos sostenibles transfronterizos para lograr un sistema energético de cero emisiones y plenamente integrado en la UE. Deben eliminarse los obstáculos existentes y reforzarse la cooperación en materia de energía de bajas emisiones y renovable a través de las fronteras;

52.

destaca la necesidad de impulsar el mercado interior de los productos de construcción a través de un marco reglamentario adecuado que impulse la «oleada de renovación» y promueva las inversiones en edificación basadas en la construcción sostenible.

Consumo sostenible

53.

pide que se adopten medidas legislativas para conseguir que todos los bienes físicos del mercado de la UE sean más respetuosos con el medio ambiente, circulares y eficientes desde el punto de vista energético a lo largo de su ciclo de vida, desde el diseño hasta la readaptación y la reutilización, incluida su utilización cotidiana;

54.

solicita que se introduzcan cambios legislativos que garanticen medidas más eficientes para abordar el desperdicio de alimentos, incluido el fomento del desarrollo de un sector alimentario sostenible (Estrategia «De la Granja a la Mesa») y la reducción del impacto medioambiental del sector de la transformación de alimentos y el comercio minorista mediante la adopción de medidas en materia de transporte, almacenamiento, envasado y prevención del desperdicio de alimentos, y que se den pasos para promover el consumo sostenible de alimentos;

55.

respalda la acción de la Comisión para impulsar el desarrollo de la economía social europea, que puede llegar realmente a superar los retos que plantean el desperdicio de alimentos y los ciclos de vida reducidos de los productos y desarrollar nuevas actividades ecológicas;

56.

señala que, en esta época de crisis —y con los retos que de ella se derivan—, los entes locales y regionales se ven obligados a revisar constantemente sus objetivos, a identificar riesgos y a responder de manera dinámica a las nuevas limitaciones de desarrollo, lo que puede dificultar la aplicación de acciones transformadoras de manera continua y global;

La dimensión financiera de la creación de resiliencia

57.

llama la atención sobre el hecho de que los fondos más importantes (política de cohesión de la UE, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Fondo de Transición Justa, Fondo de Modernización, etc.), así como los fondos destinados directamente a los niveles local y regional (LIFE, Mecanismo «Conectar Europa», etc.), cuyo objetivo es apoyar la transición ecológica, están programados a nivel nacional y que el alcance de los proyectos regionales y locales depende de las directrices del Gobierno central. Deberían establecerse procedimientos para garantizar la mayor participación posible de los entes locales y regionales —en función de sus necesidades— en la programación y ejecución de los fondos de la UE;

58.

insiste en que el plan REPowerEU presentado por la Comisión Europea —destinado a aumentar el ahorro de energía, diversificar los suministros, acelerar el desarrollo de las energías renovables, reducir el consumo de combustibles fósiles e impulsar las inversiones inteligentes— debe aportar ayuda financiera a los entes locales y regionales para su aplicación, así como asignar a dicho fin fondos de la UE existentes o nuevos; pide a los Estados miembros que reorienten los fondos no utilizados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para apoyar la planificación de la seguridad energética local y las inversiones en fuentes de energía renovables y en eficiencia energética;

59.

destaca el papel que desempeñan las disposiciones del Tratado sobre la financiación de las actividades de los entes locales y regionales, en particular en el ámbito de la protección del clima. La introducción de cambios debe adaptarse a las circunstancias y posibilidades de las comunidades locales, permitiendo que estos cambios se realicen de manera eficaz sin imponer una carga excesiva a la población local; pide, por tanto, a la Comisión Europea que revise las normas de financiación de los servicios municipales a fin de que puedan ponerse en marcha mejores soluciones para financiar las necesidades más urgentes en este ámbito, que tienen repercusiones en el impacto medioambiental;

60.

pide que se racionalicen las normas sobre ayudas públicas, incluido el apoyo a soluciones en el ámbito de la financiación y el mantenimiento de sistemas esenciales para la gestión de residuos, en particular la creación de oportunidades de financiación por parte de los entes locales y regionales para operar estos sistemas, así como el apoyo a la gestión de crisis y la ayuda a los operadores económicos, incluidas las microempresas;

61.

destaca la necesidad de luchar contra la pobreza energética y de movilidad mediante medidas de eficiencia energética y una mayor difusión de sistemas de energía renovable, así como la necesidad relacionada de que los Estados miembros presten apoyo a este respecto a escala local y regional; considera, por tanto, esencial reducir la carga inicial de los costes de la eficiencia energética y de las medidas de energías renovables, en particular para los hogares, las microempresas y las pequeñas empresas y los consumidores vulnerables;

62.

destaca que la financiación prevista en el marco de la revisión del RCDE actual es insuficiente para garantizar una transición verdaderamente justa y que debe estudiarse la posibilidad de asignar ingresos procedentes de fuera del RCDE en el transporte por carretera y los edificios (RCDE II) al Fondo Social para el Clima; propone que los ingresos destinados al Fondo Social para el Clima empiecen a ponerse en común antes de la aplicación del RCDE II;

63.

considera que el Fondo Social para el Clima debe contrarrestar los efectos negativos para los hogares, las microempresas y las pequeñas empresas y los usuarios más vulnerables del transporte y garantizar un desarrollo socialmente sostenible;

64.

anima al sector privado (también a través de la responsabilidad ampliada del productor) a que desempeñe un papel más importante en la creación de resiliencia en las ciudades y regiones;

65.

pide que se flexibilice el Derecho europeo de la competencia, en particular en lo relativo a las ayudas estatales, ya que no tiene suficientemente en cuenta la naturaleza de la competencia a la que se enfrentan las empresas europeas en terceros países en los que no se respetan las mismas normas;

66.

señala que los costes en que incurren los entes locales debido a las numerosas crisis se subestiman y que el apoyo de los niveles superiores de gobernanza llega con retraso; pide, por tanto, que se presenten propuestas para encontrar soluciones más eficaces;

67.

pide que se aumente el apoyo financiero a proyectos que produzcan un efecto «bola de nieve» y movilicen nuevas acciones para impulsar la transición ecológica;

68.

señala que, aparte de acceso directo a la financiación, los entes locales y regionales deben recibir una asistencia técnica y un apoyo adecuados para el desarrollo de capacidades, a fin de aprovechar las oportunidades de financiación existentes, ayudar a estos entes a garantizar un equilibrio eficaz entre los fondos públicos y privados y hacer un mayor uso de la contratación pública ecológica y sostenible para las inversiones;

69.

apoya la idea de un «presupuesto ecológico» como instrumento de elaboración de políticas presupuestarias para contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales. Esto permitirá evaluar el impacto medioambiental de las políticas presupuestarias o fiscales y mantener su coherencia con las medidas para cumplir los compromisos nacionales e internacionales (5);

70.

aboga por una mayor simplificación administrativa y una reducción de los obstáculos reglamentarios en relación con el desarrollo y la aplicación de tecnologías y modelos empresariales nuevos e innovadores;

71.

señala que los retos de aplicación de la política climática se concentran en gran medida en los entes locales y regionales, mientras que la financiación potencial (por ejemplo, ingresos procedentes de impuestos, derechos de emisión) se destina principalmente al presupuesto central; pide que se revisen las normas sobre acceso a los recursos.

Reforzar la prestación de servicios ecosistémicos

72.

destaca la necesidad de adoptar medidas específicas para racionalizar la gestión del agua en las zonas urbanas, en particular para racionalizar la gestión de los recursos hídricos teniendo en cuenta los vínculos con la cuenca hidrográfica y elaborar un programa para desarrollar inversiones para la retención de agua a pequeña escala y un fondo para este fin;

73.

expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar del gran alcance de la legislación medioambiental en la UE, sigan existiendo enormes lagunas en la protección jurídica de los ecosistemas (6), aunque la restauración de los ecosistemas es fundamental para mantener una alta calidad de vida y garantizar la continuidad de los procesos necesarios para el desarrollo sostenible.

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(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN

(2)  https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf

(3)  Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe. Enhancing coherence of the knowledge base, policies and practices 15/2017, AEMA, https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-adaptation-and-disaster

(4)  https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/ecosystem

(5)  https://www.oecd.org/environment/green-budgeting/

(6)  Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment, 2020 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120383