—

Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 5, 6 y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada en 1994 en El Cairo, su Programa de Acción y los resultados de sus conferencias de revisión,

—

Vistos la Declaración de Nairobi sobre la CIPD25 de 1 de noviembre de 2019, titulada «Adelantando la promesa» y los compromisos nacionales y de los socios, así como las acciones de colaboración anunciadas en la Cumbre de Nairobi,

—

Vista la Plataforma de Acción de Pekín y los resultados de sus conferencias de revisión,

—

Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada el 25 de septiembre de 2015 y que entró en vigor el 1 de enero de 2016, y en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, 5 y 16 y los indicadores correspondientes,

—

Vistos los Atlas Europeos de la Anticoncepción de 2017, 2018, 2019 y 2020, que clasifican el acceso a los anticonceptivos en el continente europeo y ponen de manifiesto las desigualdades existentes en Europa en este sentido y que hay partes de Europa en que ha pasado en gran medida desapercibida la necesidad no atendida de contar con métodos anticonceptivos,

—

Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de 18 de diciembre de 1979 y sus Recomendaciones generales n.o 21 (1994), n.o 24 (1999), n.o 28 (2010), n.o 33 (2015) y n.o 35 (2017),

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),

—

Visto el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 3 de mayo de 2008,

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de noviembre de 2020, titulada «Plan de acción en materia de género de la UE (GAP) III — Un ambicioso programa para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE» (JOIN(2020)0017),

—

Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2020, sobre la prohibición de facto del derecho al aborto en Polonia (1),

—

Vista la decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el asunto S .F. M. contra España de 28 de febrero de 2020,

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Visto el informe del Comité de Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa, de 25 de septiembre de 2017, sobre el fomento de los derechos humanos de las personas intersexuales y la eliminación de su discriminación,

—

Visto el informe del Comité de Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa, de 2 de abril de 2015, sobre la discriminación de las personas transgénero en Europa,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

—

Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2019, sobre los derechos de las personas intersexuales (2),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud («programa UEproSalud») para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 282/2014 (3),

—

Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, de 22 de noviembre de 2019, titulado «Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pekín + 25: quinta revisión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados miembros de la UE),

—

Visto el plan de acción en materia de salud reproductiva y sexual de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, «Towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development in Europe — leaving no one behind» (Hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Europa sin dejar a nadie atrás), que tiene tres objetivos estrechamente imbricados: permitir que todas las personas tomen decisiones con conocimiento de causa sobre su salud reproductiva y sexual y garantizar que se respetan, protegen y cumplen sus derechos humanos; garantizar que todas las personas puedan disfrutar del nivel más alto posible de salud y bienestar sexuales y reproductivos, y garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual y eliminar las desigualdades,

—

Visto el informe de la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN) y la Oficina Federal de Educación Sanitaria alemana (BZgA) titulado «Sexuality Education in Europe and Central Asia: State of the Art and Recent Developments» (Educación sexual en Europa y Asia central: situación actual y cambios recientes),

—

Visto el estudio a partir de las respuestas de socios de la IPPF EN titulado «Abortion legislation and its implementation in Europe and Central Asia» (Legislación en materia de aborto y su aplicación en Europa y Asia central),

—

Visto el estudio titulado «The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis» (El impacto de género de la crisis de la COVID-19 y del período posterior a la crisis), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión el 30 de septiembre de 2020 (4),

—

Visto el resumen de políticas de ONU Mujeres, de 9 de abril de 2020, titulado «The Impact of COVID-19 on Women» (El impacto de la COVID-19 en las mujeres),

—

Visto el informe de las Naciones Unidas, de 23 de abril de 2020, titulado «COVID-19 and Human Rights: We are all in this together» (COVID-19 y derechos humanos: todos estamos juntos en esto),

—

Vista la nota técnica provisional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de 27 de abril de 2020, titulado «Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil»,

—

Vista la noticia del UNFPA, de 28 de abril de 2020, titulado «Se prevén millones de nuevos casos de violencia, matrimonio infantil, mutilación genital femenina y embarazos no deseados debido a la pandemia de COVID-19»,

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Visto el resumen de políticas del Lobby Europeo de Mujeres titulado «Women must not pay the price for COVID-19!» (¡Las mujeres no deben pagar el precio de la COVID-19!),

—

Visto el estudio de la catedrática Sabine Oertelt-Prigione titulado «The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic» (El impacto del sexo y el género en la pandemia de COVID-19), publicado el 27 de mayo de 2020,

—

Vista la guía de la OMS titulada «Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud»,

—

vista la estrategia mundial de la OMS para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema mundial de salud pública,

—

Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2020, sobre el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (5),

—

Visto el informe conjunto del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y de la IPPF EN, de 22 de abril de 2020, titulado «Sexual and Reproductive Health and Rights during the COVID-19 pandemic» (Salud y derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de COVID-19),

—

Visto el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

—

Vista la observación general n.o 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de 2 de mayo de 2016, relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva,

—

Vistos los artículos 2, 7, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

—

Vista la observación general n.o 36 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 30 de octubre de 2018, sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre el derecho a la vida,

—

Visto el informe provisional del relator especial de las Naciones Unidas, de 3 de agosto de 2011, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,

—

Visto el informe del relator especial de las Naciones Unidas, de 4 de abril de 2016, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,

—

Vistos los informes de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, en particular el informe, de 11 de julio de 2019, sobre un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica,

—

Vista la Declaración de la OMS de 2015 sobre la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto,

—

Visto el informe del Comité de Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa, de 16 de septiembre de 2019, sobre la violencia obstétrica y ginecológica,

—

Vista la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (6),

—

Visto el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de 8 de abril de 2016, presentado en el 32.o operíodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2016,

—

Vista la sección II del informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de 14 de mayo de 2018,

—

Vista la sección III del informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de 8 de abril de 2016,

—

Visto el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de 10 de enero de 2019,

—

Vista la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (7),

—

Vista la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (8),

—

Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión, de 19 de noviembre de 2018, titulada «El nuevo consenso europeo en materia de desarrollo: “nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro”», en la que la Unión reitera su compromiso con la promoción, protección y observancia del derecho de todas las personas a tener el control absoluto, y a decidir libremente y de manera responsable, en las cuestiones relativas a su sexualidad y a su salud reproductiva y sexual sin discriminación, coacción ni violencia,

—

Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia (9),

—

Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (10),

—

Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre el fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la salud mental y la investigación clínica (11),

—

Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo el 7 de marzo de 2011,

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre el cribado del cáncer (12),

—

Vistas las directrices europeas para el control de la calidad en el cribado y el diagnóstico del cáncer cervicouterino, de 7 de mayo de 2008, y las directrices europeas para el control de la calidad en el cribado y el diagnóstico del cáncer de mama, de 12 de abril de 2006,

—

Visto el documento de debate del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa de diciembre de 2017 sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa,

—

Vistos la Estrategia 2017-2021 de la OMS sobre la salud y el bienestar de las mujeres en la Región de Europa de la OMS y el plan de acción 2016 en materia de salud reproductiva y sexual, «Towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development in Europe — leaving no one behind» (Hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Europa sin dejar a nadie atrás),

—

Vista la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030) de la OMS,

—

Vistos tanto los estándares elaborados por la Oficina Regional de la OMS para Europa y la BZgA relativos a la educación sexual en Europa, un marco para los responsables políticos, los especialistas y las autoridades en materia de educación y sanidad, como la guía técnica internacional de la Unesco sobre educación sexual, un enfoque basado en los datos disponibles,

—

Vistas la Decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, de 30 de marzo de 2009, sobre la reclamación colectiva n.o 45/2007 del Centro Internacional para la Protección Jurídica de los Derechos Humanos (Interights) contra Croacia y la observación general n.o 15 del Comité de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas, de 17 de abril de 2013, sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24), donde se subraya que los adolescentes deben tener acceso a información adecuada y objetiva sobre cuestiones sexuales y reproductivas,

—

Visto el informe del UNFPA sobre el estado de la población mundial de 2019 titulado «Un asunto pendiente: la defensa de los derechos y la libertad de decidir DE TODAS LAS PERSONAS»,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vista la opinión de la Comisión de Desarrollo,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (A9-0169/2021),

A.

Considerando que la salud reproductiva y sexual se define como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción, no simplemente la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencias, y que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones que rijan sus cuerpos (13) sin discriminación, coacción ni violencia y a acceder a servicios de salud reproductiva y sexual que respalden dicho derecho y ofrezcan un enfoque positivo de la sexualidad y la reproducción, dado que la sexualidad es una parte integrante de la existencia humana;

B.

Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son, según la OMS, un término genérico para varias cuestiones que afectan a todas las personas y se constituyen cuatro ámbitos distintos: la salud sexual, los derechos sexuales, la sanidad de la reproducción y los derechos reproductivos, los cuales se basan en el derecho de todas las personas al respeto de su integridad física, su intimidad y su autonomía personal, a que se respete plenamente su orientación sexual y su identidad de género, a decidir si quieren ser sexualmente activas, con quién y cuándo, a tener experiencias sexuales seguras y a decidir si quieren casarse, cuándo y con quién, y si quieren tener hijos, cuántos y por qué medios y al acceso a lo largo de toda su vida a la información, los recursos, los servicios y el apoyo necesarios para lograr todo lo anterior sin discriminación, coacción, explotación ni violencia;

C.

Considerando que los derechos sexuales y reproductivos quedan protegidos en cuanto derechos humanos en el Derecho internacional y europeo de derechos humanos, por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y constituyen un elemento esencial de una prestación sanitaria integral; que los derechos a la salud, en particular a la salud reproductiva y sexual, son derechos fundamentales de las mujeres que deben reforzarse y no pueden, en modo alguno, ser debilitados ni retirados; que el disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos es un elemento esencial de la dignidad humana y está intrínsecamente vinculado con la consecución de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género; que, cuando se trata del cuerpo de alguien, se trata de su decisión, por lo que esta debe respetarse, así como garantizarse su plena autonomía;

D.

Considerando que la Unión tiene competencia directa para actuar con objeto de impulsar la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la acción exterior; que la Unión no tiene competencias directas para actuar con el fin de impulsar la salud y los derechos sexuales y reproductivos dentro de la Unión, sino que la cooperación entre Estados miembros tiene lugar a través del método abierto de coordinación; que la Unión pide a los Estados miembros a que impulsen la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos y los anima y respalda en ese sentido;

E.

Considerando que la violencia de género está extendida y se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19; que se estima que un 25 % de las mujeres sufren alguna forma de violencia de género a lo largo de su vida y que innumerables mujeres sufren agresiones y acoso sexuales tanto en sus relaciones íntimas como en su vida pública debido a estereotipos de género arraigados y las normas sociales resultantes;

F.

Considerando que las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos constituyen violaciones de los derechos humanos, en concreto el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la igualdad, a la no discriminación, a la salud y la educación, a la dignidad, a la intimidad y a no sufrir tratos inhumanos y degradantes; que las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres constituyen una forma de violencia contra las mujeres y las niñas y dificultan el progreso hacia la igualdad de género (14);

G.

Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son metas en el marco del ODS 3 de las Naciones Unidas, mientras que la lucha contra la violencia de género y las prácticas nocivas se inscriben dentro del ODS 5;

H.

Considerando que, aunque la Unión cuenta con algunas de las normas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos más elevadas del mundo y algunos Estados miembros han aplicado políticas y programas que defienden dichos derechos, persisten las dificultades, la falta de acceso y de asequibilidad, las lagunas, las disparidades y las desigualdades en el disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, tanto entre Estados miembros como dentro de los mismos, por razón de edad, sexo, género, raza, origen étnico, clase, religión o creencias, estado civil, estatus socioeconómico, discapacidad, situación en cuanto al VIH (o a infecciones de transmisión sexual, ITS), origen nacional o social, situación jurídica o migratoria, lengua, orientación sexual o identidad de género;

I.

Considerando que los desafíos y los obstáculos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos pueden incluir, entre otras cosas, obstáculos de carácter jurídico, financiero, cultural e informativo, como la falta de acceso universal a servicios en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de calidad y accesibles; la falta de una educación sexual integral, acorde con la edad y basada en los datos disponibles, especialmente teniendo en cuenta que el disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos por parte de las personas LGBTI puede verse gravemente menoscabado por la omisión en los planes de estudios de educación sexual de la diversidad en materia de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales; la no disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos; la denegación de asistencia médica por creencias personales; las restricciones jurídicas y las barreras prácticas para acceder a los servicios de aborto; la denegación de asistencia en caso de aborto; el aborto forzado; la violencia de género; la violencia ginecológica y obstétrica; la esterilización forzada, también en relación con el reconocimiento jurídico de la identidad de género; la intimidación y los tratos crueles y degradantes; las disparidades y brechas en las tasas de mortalidad materna y en el apoyo en materia de salud mental materna; la mayor frecuencia de cesáreas; la falta de acceso a tratamientos para el cáncer cervicouterino; el escaso acceso a tratamientos de reproducción y fertilidad con asistencia médica; las dificultades en el acceso a bienes necesarios para la salud y los derechos sexuales y reproductivos; las elevadas tasas de ITS y de VIH; las elevadas tasas de embarazo en la adolescencia; los estereotipos de género perjudiciales y las prácticas como la mutilación genital femenina e intersexual; los matrimonios infantiles, precoces y forzados, los asesinatos «por cuestiones de honor» y las llamadas prácticas de «terapia de conversión», que pueden adoptar la forma de violencia sexual, como la violación «correctiva» de mujeres y niñas lesbianas y bisexuales, así como de personas transgénero, y las disposiciones jurídicas obsoletas o basadas en consideraciones ideológicas que limitan la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

J.

Considerando que los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos son servicios sanitarios esenciales que deben estar al alcance de todos e incluir información educativa sobre sexualidad y relaciones que sea integral, basada en los datos disponibles y acorde con la edad; información, asesoramiento confidencial e imparcial y servicios para la salud y el bienestar sexuales y reproductivos; información y asesoramiento sobre los anticonceptivos modernos y acceso a una amplia gama de estos; la atención prenatal, durante el parto y posnatal; los servicios de una matrona; la atención obstétrica y los cuidados de los recién nacidos; la práctica segura y legal del aborto y la asistencia durante este, incluido el tratamiento de complicaciones derivadas de un aborto realizado en condiciones de riesgo; la prevención y el tratamiento del VIH y de otras ITS; los servicios tendentes a detectar, prevenir y tratar la violencia sexual y de género; la prevención, la detección y el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer del aparato reproductor, en particular del cáncer cervicouterino, y los cuidados y tratamientos relacionados con la fertilidad;

K.

Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y deben ser defendidos por los Estados miembros de la Unión, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos; que el respeto de los derechos humanos es necesario para que una democracia funcione; que los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho son todos ellos interdependientes; que todos los Estados miembros de la Unión deben respetar plenamente todos estos valores de la Unión;

L.

Considerando que la salud sexual es fundamental para la salud y el bienestar generales de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo social y económico de las comunidades y los países, y que el acceso a la salud, incluida la salud reproductiva y sexual, es un derecho humano; que la impartición de alguna forma de educación sexual y sanitaria ya es obligatoria en la mayoría de los Estados miembros;

M.

Considerando que la OMS define la infertilidad como una enfermedad del aparato reproductor caracterizada por no conseguirse un embarazo clínico tras doce meses o más de relaciones sexuales periódicas sin protección; que esta definición no abarca la realidad de las mujeres lesbianas y bisexuales, ni la de las personas transgénero, las parejas del mismo sexo o las mujeres solteras interesadas en opciones de fertilidad, lo que agrava los desafíos sociojurídicos en el acceso a técnicas de reproducción asistida a los que ya se enfrentan como consecuencia del énfasis en contrarrestar la infertilidad; que las mujeres lesbianas y bisexuales pueden no ser capaces de demostrar su «infertilidad» y, por lo tanto, ver denegado su acceso a técnicas de reproducción asistida (15);

N.

Considerando que, en determinadas circunstancias, los hombres transgénero y las personas no binarias también pueden quedarse embarazados y deben, en tales casos, beneficiarse de medidas para el embarazo y de cuidados relacionados con el parto sin discriminación por razón de su identidad de género;

O.

Considerando que nadie debería morir durante el parto y que el acceso a una atención materna, prenatal y relacionada con el parto accesible y basada en los datos disponibles es un derecho humano y debe garantizarse sin discriminación alguna;

P.

Considerando que las personas embarazadas son objeto de varias intervenciones médicas forzosas y coercitivas durante el parto, incluido maltrato físico e insultos, sutura de heridas del parto sin analgesia, y falta de consideración por sus decisiones y de respeto por su consentimiento informado, lo que puede equivaler a violencia y tratos crueles e inhumanos;

Q.

Considerando que una educación sexual integral, basada en los datos disponibles, no discriminatoria y acorde con la edad con un enfoque basado en los derechos y centrado en el género, tal como preconiza la guía técnica internacional de la Unesco, propicia un comportamiento sexual responsable y capacita a niños y jóvenes al proporcionar información científicamente correcta y acorde con la edad sobre la sexualidad, abordando las cuestiones de salud reproductiva y sexual, en particular, aunque no exclusivamente, el desarrollo humano; la anatomía y la fisiología sexual y reproductiva; el consentimiento, la pubertad y la menstruación; la reproducción, la anticoncepción moderna, el embarazo y el parto; las ITS, y la lucha contra la violencia de género, en particular contra prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina; que una educación sexual integral acorde con la edad es fundamental para desarrollar las capacidades de los niños y los jóvenes para entablar relaciones sanas, equitativas y seguras, en particular abordando las normas de género, la igualdad de género, las dinámicas de poder en las relaciones, el consentimiento y el respeto por los límites, además de contribuir a lograr la igualdad de género;

R.

Considerando que la falta de información y educación científicamente correctas y basadas en los datos disponibles viola los derechos de las personas, las perjudica a la hora de adoptar decisiones con conocimiento de causa sobre su propia salud y derechos sexuales y reproductivos y socava los enfoques sanos en materia de igualdad de género;

S.

Considerando que la salud reproductiva y sexual incluye la higiene menstrual, así como factores sistémicos y socioeconómicos de estigmatización y discriminación vinculados con la menstruación; que la pobreza menstrual, que se refiere al acceso limitado a productos sanitarios, afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres en Europa y se ve agravada por unos impuestos con sesgo de género sobre los productos de higiene menstrual en la Unión; que el pudor, el dolor menstrual no tratado y las tradiciones discriminatorias conducen al abandono escolar y a un menor índice de asistencia de las niñas a la escuela y de las mujeres al trabajo; que las actitudes negativas y los mitos existentes en torno a la menstruación influyen en las decisiones sobre salud reproductiva; que comprender los vínculos entre la higiene menstrual y la morbilidad y la mortalidad maternas, la infertilidad, las ITS, el VIH y el cáncer cervicouterino puede contribuir a la detección temprana y salvar vidas;

T.

Considerando que la anticoncepción moderna desempeña un papel clave para lograr la igualdad de género y prevenir embarazos no deseados, así como para que las personas ejerzan el derecho a tomar decisiones sobre sus elecciones familiares mediante la planificación proactiva y responsable de cuántos hijos tendrán, cuándo los tendrán y cuánto tiempo transcurrirá entre un nacimiento y otro; que determinados métodos anticonceptivos modernos también reducen la incidencia del VIH y de ITS; que el acceso a estos métodos modernos sigue enfrentándose a barreras de carácter práctico, económico, social y cultural, incluidos mitos en torno a la anticoncepción y actitudes anticuadas hacia la sexualidad femenina y la anticoncepción, así como una percepción estereotipada de que las mujeres son las únicas responsables de la anticoncepción;

U.

Considerando que las leyes sobre el aborto se basan en la legislación nacional; que, aun cuando existe legalmente la posibilidad del aborto, a menudo existe una serie de obstáculos jurídicos, cuasijurídicos y oficiosos que restringen el acceso a este, incluidos períodos de tiempo y motivos limitados para que se lleve a cabo; períodos de espera injustificados desde el punto de vista médico; falta de profesionales sanitarios formados y dispuestos a ello, y denegación de asistencia médica por creencias personales, asesoramiento sesgado y obligatorio, información errónea deliberada, requisito de autorización de terceros, pruebas médicas innecesarias, requisitos de peligro, costes asociados y falta de reembolso;

V.

Considerando que algunos Estados miembros siguen teniendo leyes altamente restrictivas que prohíben el aborto salvo en circunstancias estrictamente definidas, lo que obliga a las mujeres a recurrir a la práctica de abortos clandestinos, a viajar a otros países o a llevar su embarazo a término en contra de su voluntad, lo cual constituye una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género (16) que afecta a los derechos de las mujeres y las niñas a la vida, la integridad física y mental, la igualdad, la no discriminación y la salud, y que algunos Estados miembros que han legalizado el modelo de plazos o el aborto por motivos sociales amplios siguen sin embargo manteniendo sanciones penales específicas para los abortos realizados fuera del ámbito de las disposiciones jurídicas aplicables;

W.

Considerando que en la actualidad varios Estados miembros están tratando de restringir aún más el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos a través de leyes altamente restrictivas, lo que da lugar a discriminación de género y a consecuencias negativas para la salud de las mujeres;

X.

Considerando que los opositores a los derechos sexuales y reproductivos a menudo instrumentalizan cuestiones como el interés nacional y el cambio demográfico a fin de socavar la salud y los derechos sexuales y reproductivos, contribuyendo así a la erosión de las libertades personales y de los principios de la democracia; que todas las políticas que aborden el cambio demográfico deben estar basadas en los derechos, centradas en las personas, hechas a medida y basadas en los datos disponibles y deben defender los derechos sexuales y reproductivos;

Y.

Considerando que los contrarios a los derechos reproductivos y sexuales y a la autonomía de las mujeres han tenido una influencia notable en la legislación y las políticas nacionales, con la adopción de iniciativas regresivas en varios Estados miembros, tratando de socavar la salud y los derechos sexuales y reproductivos, como señalaron el Parlamento en sus Resoluciones sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea y sobre el derecho al aborto en Polonia y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género en su informe, de 22 de noviembre de 2019, titulado «Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States»; que estas iniciativas y esta involución obstaculizan el disfrute de los derechos de las personas y el desarrollo de los países y socavan los valores y los derechos fundamentales europeos;

Z.

Considerando que numerosos informes muestran que, durante la pandemia de COVID-19 y el confinamiento, se limitaron o derogaron los servicios en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos (17) y que ha habido una interrupción en el acceso a servicios médicos esenciales, como la anticoncepción y la atención en caso de aborto, las pruebas de VIH e ITS, el acceso a los centros para la prevención y sensibilización de la mutilación genital femenina, los controles de cáncer del aparato reproductor y la atención sanitaria materna respetuosa, lo que ha tenido graves consecuencias para el derecho fundamental de las mujeres a la autonomía corporal; que la pandemia de COVID-19 ha demostrado que es necesario reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios frente a crisis de tal naturaleza y garantizar que los servicios de salud reproductiva y sexual sigan estando plenamente disponibles sean prestados en el momento oportuno;

AA.

Considerando que se está constantemente intentando instrumentalizar la crisis sanitaria de la COVID-19 y servirse de ella como pretexto para adoptar más medidas restrictivas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos (18), lo que tiene como consecuencia la reasignación de recursos; que esto tiene un efecto negativo amplio y a largo plazo sobre el ejercicio del derecho fundamental a la salud, sobre la igualdad de género y sobre la lucha contra la discriminación y la violencia de género y está poniendo en riesgo el bienestar, la salud y la vida de las mujeres y las niñas;

AB.

Considerando que las personas y grupos marginados, incluidas las minorías étnicas o religiosas, los migrantes, las personas procedentes de contextos socioeconómicos desfavorecidos, las personas sin seguro de enfermedad, las personas que viven en zonas rurales, las personas con discapacidad, las personas LGBTIQ, las víctimas de violencia, etc. se enfrentan a menuda a barreras añadidas, a la discriminación interseccional y a la violencia a la hora de acceder a la atención sanitaria como consecuencia de leyes y políticas que permiten prácticas coercitivas en materia de salud sexual y reproductiva y de que no se garantizan ajustes razonables en materia de acceso a atención e información de calidad; que faltan datos sólidos en lo que respecta a la violencia obstétrica contra mujeres racializadas en Europa; que esta discriminación redunda en mayores tasas de mortalidad y morbilidad materna (entre las mujeres negras, por ejemplo), en un mayor riesgo de maltrato y violencia (en el caso de las mujeres con discapacidad), en la falta de acceso a la información y en una injusticia y desigualdad en términos generales en lo que respecta al acceso a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos;

AC.

Considerando que la infertilidad y la subfertilidad afectan a una de cada seis personas en Europa, que constituyen un problema de salud pública mundial y que es necesario reducir las desigualdades en el acceso a información y tratamientos de fertilidad, así como prohibir la discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, salud o estado civil;

AD.

Considerando que, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la salud reproductiva y sexual de las mujeres está relacionada con varios derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la dignidad, la libertad frente a tratos inhumanos y degradantes, el derecho al acceso a la atención sanitaria, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación;

AE.

Considerando que el Parlamento ha abordado la salud y los derechos sexuales y reproductivos en su Posición aprobada en primera lectura el 13 de noviembre de 2020 sobre el programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud («programa UEproSalud») para el período 2021-2027 para garantizar el acceso oportuno a bienes necesarios para la prestación segura de servicios en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos (por ejemplo, medicamentos, anticonceptivos y material médico);

AF.

Considerando que los adolescentes a menudo se enfrentan a barreras en relación con la salud y los derechos sexuales y reproductivos debido a la falta de servicios adaptados a los jóvenes;

AG.

Considerando que la Unión y las Naciones Unidas han puesto en marcha la Iniciativa Spotlight para combatir la violencia, incluida la sexual, contra las mujeres y las niñas, y que dicha Iniciativa se propone, entre otras cosas, mejorar el acceso a la educación sexual y a los servicios de salud reproductiva y sexual;

AH.

Considerando que los servicios de agua, saneamiento e higiene son esenciales para la salud reproductiva y sexual, pero que todavía con demasiada frecuencia resultan inaccesibles, en especial en las zonas remotas;

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a)

Acceso universal a productos menstruales seguros, justos y circulares

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b)

Una educación sexual integral en beneficio de los jóvenes

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29.

c)

Anticonceptivos modernos como estrategia para lograr la igualdad de género

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31.

32.

d)

Una práctica segura y legal del aborto basada en la salud y los derechos de las mujeres

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34.

35.

36.

37.

38.

e)

Acceso a tratamientos de fertilidad

39.

f)

Atención materna, prenatal y relacionada con el parto para todas las mujeres

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