1)

¿Es compatible con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva (1) una normativa nacional que prevé que la Comisión [de Mercados Financieros y de Capitales letona] es competente para examinar las quejas de los usuarios de servicios de pago incluso en relación con servicios de pago no efectuados en euros o en una moneda nacional de un Estado miembro y, en consecuencia, para apreciar infracciones de la Ley [de servicios de pago y dinero electrónico] e imponer sanciones?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 20, apartados 1 y 5, y 21, apartado 2, de la Directiva en el sentido de que prevén la posibilidad de que la autoridad competente supervise e imponga sanciones también en relación con servicios de pago no efectuados en euros o en la moneda de un Estado miembro fuera de la zona del euro?

3)

¿Está facultada la autoridad competente, a efectos de las funciones de supervisión previstas en los artículos 20 y 21 de la Directiva, o a efectos de los procedimientos de reclamación previstos en los artículos 80 a 82 de la Directiva, para resolver litigios entre el ordenante y el proveedor de servicios de pago derivados de las relaciones jurídicas a que se refiere el artículo 75 de la Directiva, determinando quién es la persona responsable de la operación no ejecutada o ejecutada defectuosamente?

4)

¿Ha de tener en cuenta la autoridad competente, cuando lleva a cabo las funciones de supervisión previstas en los artículos 20 y 21 de la Directiva o los procedimientos de reclamación previstos en los artículos 80 a 82 de la Directiva, el laudo arbitral que resuelve un litigio entre el proveedor de servicios de pago y el usuario de servicios de pago?