2.9.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 259/62

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subraya que una de las principales prioridades políticas del Comité de las Regiones es garantizar el éxito del proceso de ampliación de la UE;

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considera que la liberalización del régimen de visados para algunos países de los Balcanes Occidentales es un buen ejemplo de lo mucho que se puede lograr si se combina el establecimiento de condiciones rigurosas con la concesión de ventajas específicas;

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no ignora, sin embargo, que en la mayoría de los países persisten numerosas dificultades, hacia cuya solución se avanza relativamente despacio y a un ritmo muy lento, y considera necesario introducir reformas, sobre todo en lo que respecta a la consolidación del Estado, el Estado de Derecho y el desarrollo de la capacidad administrativa en todos los niveles, también en el regional y local, la mejora de la gobernanza, la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en todos los niveles del Estado;

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subraya que los países de la adhesión deben seguir recibiendo apoyo a sus esfuerzos a través de las subvenciones del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP) y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras internacionales;

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está persuadido de que sin la presencia en el nivel regional y local de representantes políticos y administrativos suficientemente preparados y formados no podrán tener éxito los esfuerzos para la ampliación.

Ponente

Franz SCHAUSBERGER (AT/PPE), Representante del Estado Federado de Salzburgo en el Comité de las Regiones

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Estrategia de ampliación y principales retos 2010-2011

COM(2010) 660 final

1.

subraya que una de las principales prioridades políticas del Comité de las Regiones es garantizar el éxito del proceso de ampliación de la UE;

2.

afirma expresamente que a los entes regionales y locales representados por el CDR les incumbe un papel clave en el diálogo con los países candidatos y los candidatos potenciales, que presentan formas de descentralización muy diferentes, con características históricas y culturales propias;

3.

reconoce que es necesario trazar una política de comunicación e información descentralizada en el nivel regional y local para el proceso de ampliación y, en este orden de cosas, declara su disposición a ayudar a los entes regionales y locales a prepararse para asumir sus responsabilidades futuras y fomentar la cooperación con sus instituciones europeas de referencia;

4.

promueve, mediante su estrategia de relaciones exteriores, el diálogo político y la cooperación económica y cultural entre los entes regionales y locales de los países candidatos, los candidatos potenciales y los Estados miembros de la UE;

5.

dedica sus esfuerzos a reforzar las capacidades de los entes regionales y locales en el ámbito jurídico, financiero y administrativo mediante contactos interinstitucionales directos y la organización de actos públicos, conferencias especializadas y grupos de trabajo;

6.

se remite con agradecimiento a los dictámenes y la información del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y a las importantes contribuciones de las delegaciones de los países de la ampliación, sus asociaciones de municipios y las distintas ONG;

7.

celebra que, tal como se desprende de la Comunicación de la Comisión, el proceso de ampliación de la UE -a pesar de numerosos otros retos y la crisis financiera y económica- haya cobrado renovado ímpetu tras la adopción de los últimos informes intermedios, y que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa haya garantizado que podrá mantenerse el impulso del proceso de integración europea;

8.

se congratula de que, con los avances registrados en las negociaciones de adhesión con Croacia y el inicio, en julio de 2010, de las negociaciones de adhesión con Islandia, la UE se halle muy cerca de su sexta ronda de ampliaciones;

9.

subraya, no obstante, la necesidad de que las nuevas adhesiones se preparen adecuadamente perseverando en el cumplimiento de las condiciones;

10.

está convencido de que el proceso de adhesión constituye un incentivo único para la reforma política y económica en los países de la ampliación, a fin de que puedan aproximar su legislación a las normas europeas, superar la crisis económica y financiera y aplicar el programa de reforma 2020;

11.

señala que los países de la ampliación, en especial los de los Balcanes Occidentales, presentan estructuras y tradiciones políticas y administrativas muy diferentes -a veces también en el plano regional y local-, así como una gran diversidad en el desarrollo, que es preciso tomar debidamente en cuenta en el proceso de ampliación;

12.

propone, en particular en el caso de los países de los Balcanes Occidentales, que se adopten medidas específicas para reforzar las PYME en el nivel regional y local con objeto de crear empleos y, de este modo, reducir los alicientes para que los jóvenes emigren, sobre todo de las regiones periféricas menos desarrolladas;

13.

considera que la liberalización del régimen de visados para algunos países de los Balcanes Occidentales es un buen ejemplo de lo mucho que se puede lograr si se combina el establecimiento de condiciones rigurosas con la concesión de ventajas específicas;

14.

valora positivamente que desde el último informe intermedio se hayan registrado avances en la resolución de los conflictos bilaterales existentes desde hace tiempo, o se esté preparando un diálogo en el que los propios países candidatos han comenzado a asumir mayor responsabilidad en la cooperación regional;

15.

no ignora, sin embargo, que en la mayoría de los países persisten numerosas dificultades, hacia cuya solución se avanza relativamente despacio y a un ritmo muy lento, y considera necesario introducir reformas, sobre todo en lo que respecta a la consolidación del Estado, el Estado de Derecho y el desarrollo de la capacidad administrativa en todos los niveles, también en el regional y local, la mejora de la gobernanza, la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en todos los niveles del Estado;

16.

subraya que los países de la adhesión deben seguir recibiendo apoyo a sus esfuerzos a través de las subvenciones del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP) y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otras instituciones financieras internacionales;

17.

considera que en la mayoría de los países de los Balcanes Occidentales y en Turquía es necesario tomar medidas concretas para luchar contra toda forma de discriminación y reforzar la protección de los derechos humanos, en particular de las mujeres, los niños y los romaníes; por lo que respecta en particular a Turquía, estima necesario el restablecimiento de los derechos humanos de todos los chipriotas, una moratoria sobre los asentamientos de la población desplazada, la devolución inmediata de Famagusta a sus habitantes legítimos, con arreglo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la aplicación del Protocolo de Ankara, que constituye un requisito para la UE;

18.

está persuadido de que sin la presencia en el nivel regional y local de representantes políticos y administrativos suficientemente preparados y formados no podrán tener éxito los esfuerzos para la ampliación;

19.

anima a los países candidatos a seguir avanzando hacia la descentralización y la regionalización, lo que facilitará también la necesaria política de comunicación e información descentralizada, así como el diálogo político y civil entre la Unión Europea y los ciudadanos de los países de la ampliación;

20.

señala la necesidad de mejorar las capacidades de las instituciones regionales y locales en el ámbito jurídico, financiero y administrativo y, de conformidad con el principio de subsidiariedad, transferir tantas competencias como sea posible a los niveles regional y local y garantizar su financiación;

21.

observa con satisfacción que las estrategias europeas para las macrorregiones representan un instrumento importante para acelerar el proceso de integración incluso a través de la valorización de los entes regionales y locales, y estima que la Estrategia de la UE para la región del Danubio y la futura estrategia de la UE para la macrorregión Adriático-Jónico también ofrecen nuevas posibilidades para la cooperación regional con los países de la ampliación;

22.

toma nota de que, desde el año 2000, la Iniciativa Adriático-Jónico (IAJ) se ha fijado como objetivo garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo y la cooperación en la zona UE-Balcanes Occidentales, y de que el Consejo Adriático-Jónico se compromete a apoyar la estrategia de la UE para la región Adriático-Jónico ante las instituciones europeas y con la participación de las instituciones nacionales, regionales y locales;

23.

exhorta a los Estados miembros pertinentes y a la Comisión Europea a que evalúen en qué medida se pueden establecer interacciones y sinergias entre las diversas estrategias de la UE para las macrorregiones;

24.

solicita a la Unión Europea que estudie la manera de aprovechar el potencial que revisten las agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) que operan en la región de los Balcanes Occidentales y en la cuenca del Mediterráneo para la adaptación al acervo comunitario de los entes locales y regionales de los países de los Balcanes occidentales y de Turquía;

25.

sugiere, sobre todo a los países de los Balcanes Occidentales y Turquía, que adopten medidas apropiadas para aumentar significativamente el número de mujeres en los órganos de representación regionales y locales;

26.

recomienda a la Comisión que en sus informes futuros sobre la estrategia de la ampliación aborde de manera más exhaustiva la situación y el nivel de la autonomía regional y local en cada país, habida cuenta de su importante papel en la aplicación de las políticas de la UE, y que, de este modo, llame más la atención de los países de la ampliación sobre sus necesidades de reforma en materia de descentralización y regionalización;

27.

se congratula de que en 2010 y 2011 Croacia haya logrado progresos tales que han permitido el cierre de las negociaciones de adhesión a la UE el 30 de junio de 2011 y, de este modo, el ingreso de este país en la Unión, previsto para el 1 de julio de 2013, lo que convertirá a Croacia en el vigésimo octavo Estado miembro;

28.

considera, sin embargo, indispensable que Croacia se tome el tiempo necesario para cumplir los aspectos aún no satisfechos del capítulo 23, como, por ejemplo, especialmente una colaboración ilimitada con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, la lucha decidida contra la corrupción y la delincuencia organizada al máximo nivel estatal, la independencia y eficiencia del sistema judicial, así como el respeto y protección de las minorías, incluido el regreso de los refugiados;

29.

señala que son precisos esfuerzos adicionales para la reforma de la administración pública y que en ellos también deberán participar sin falta las administraciones de nivel regional y local, a fin de eliminar los procedimientos administrativos complejos y la politización excesiva y potenciar el desarrollo de competencias, la eficiencia, la independencia y la fiabilidad de la administración en todos los niveles;

30.

insta a que se apliquen rápidamente la nueva ley sobre el salario de los empleados de las administraciones regionales y locales y la «Estrategia nacional de formación de los funcionarios y empleados de las administraciones regionales y locales 2009-2013» con objeto de mejorar la prestación de servicios descentralizados a los ciudadanos y crear una administración pública moderna y eficiente;

31.

insta a que, pese a los avances en el ámbito de la política regional y en la coordinación de los fondos estructurales, se adopten nuevas medidas adicionales para impulsar la participación del nivel regional y local en la aplicación de la política de cohesión de la UE y se ofrezca a las regiones y ciudades la posibilidad de que administradores y políticos bien preparados y formados de los niveles regional y local elaboren proyectos adecuados para solicitar financiación de los fondos de la UE. Con ello se haría frente a las diferencias de desarrollo que existen entre las regiones croatas, lo que contribuiría a reforzar la cohesión territorial;

32.

recomienda la aplicación de una estrategia de descentralización que, entre otras cosas, aporte mejoras a la situación financiera de los entes regionales y locales y permita asimismo a los representantes regiones y locales participar en el proceso legislativo, así como la aplicación de las Guidelines for Functional Decentralisation and Territorial Organisation aprobadas en julio de 2010;

33.

valora positivamente las numerosas iniciativas independientes de las regiones y municipios en el marco de la política local para crear incentivos que atraigan a los inversores, como, por ejemplo, la simplificación de los trámites burocráticos y las ayudas para consolidar la situación de las empresas y poder crear empleos, y manifiesta su esperanza de que la inseguridad jurídica en cuestiones de propiedad pueda eliminarse gracias a las nuevas disposiciones legales;

34.

señala que la reciente mejora de las relaciones bilaterales de Croacia con otros países de la ampliación como Serbia y con los Estados miembros de la UE vecinos, por ejemplo Eslovenia, podrá consolidarse en grado considerable mediante la cooperación transfronteriza de carácter regional y local;

35.

insta a que los avances registrados en lo tocante a los derechos y protección de las minorías, los derechos culturales y el regreso de los refugiados se consoliden mediante la participación reforzada de los responsables de los niveles regional y local y a que se promueva el retorno de los refugiados mediante medidas de apoyo regionales, sobre todo en las zonas que siguen mayoritariamente despobladas desde las expulsiones durante la guerra de la antigua Yugoslavia y a este respecto acoge con satisfacción el refuerzo de la colaboración con Serbia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);

36.

acoge con satisfacción que la antigua República Yugoslava de Macedonia siga cumpliendo los criterios políticos y que también en 2010 haya seguido avanzando; no obstante, señala que es necesario realizar esfuerzos adicionales en la mayoría de los ámbitos relacionados con los criterios políticos –como, por ejemplo, la independencia del poder judicial, la reforma de la administración pública y la libertad de expresión en los medios de comunicación– e incrementar la disposición a introducir reformas; asimismo, considera que el objetivo principal de la aproximación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a la UE consiste en el mantenimiento de unas relaciones de buena vecindad, sobre todo a nivel transfronterizo regional y local, incluida una solución de mutuo acuerdo en lo referente a su denominación, en el marco del procedimiento actualmente en marcha bajo la égida de Naciones Unidas;

37.

insta a un mayor diálogo en cuestiones relativas a las relaciones interétnicas y a que la comisión parlamentaria responsable de este tema se reúna con la periodicidad establecida a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de Ohrid;

38.

valora positivamente que se haya proseguido la descentralización –un principio básico de los acuerdos marco de Ohrid–, que el grupo de trabajo interministerial para la descentralización se haya reunido regularmente y que se hayan renovado el programa y el plan de acción para la aplicación de la descentralización 2008-2010;

39.

se congratula de que nuevos municipios hayan accedido a la etapa final del proceso de descentralización financiera, lo que representa en la actualidad 77 de 85 municipios;

40.

se congratula también de que la Ley sobre la financiación de la autonomía local se modificara para que el porcentaje del IVA que perciben las administraciones locales pase en 2013 del 3 % al 4,5 %, lo que, no obstante, sigue sin ser suficiente para que los municipios puedan desempeñar satisfactoriamente las competencias que les hayan sido transferidas;

41.

considera positivo que se haya completado la estrategia para transferir a partir de 2011 la administración de los bienes inmuebles propiedad del Estado a los entes locales y confía ahora en que esta estrategia se aplique lo más rápidamente posible;

42.

señala que, pese a que numerosos entes locales han establecido controles de sus asuntos económicos, son necesarios nuevos programas de desarrollo de capacidades para reforzar las competencias de los municipios en el ámbito de la administración fiscal, la gestión del personal y los controles financieros y lamenta que el Alto Comité de la Administración Pública que se reúne mensualmente no haya aplicado sistemática y eficazmente las reformas acordadas;

43.

insta a que las cuestiones de la descentralización y el refuerzo de capacidades en el ámbito de la política financiera y presupuestaria en el nivel local se agilicen con la intervención específica de los ministerios competentes y lamenta que el Comité Interministerial de Supervisión de la Financiación de los Entes Locales sólo se haya reunido una vez y que la financiación por el gobierno nacional de los proyectos municipales carezca de la transparencia y la coordinación suficientes para impulsar un desarrollo regional equilibrado;

44.

lamenta los graves retrasos en la aplicación del programa de trabajo de desarrollo regional, así como la carencia persistente de capacidades técnicas en los ministerios y las administraciones locales cuando se trata de preparar y aplicar los proyectos;

45.

insta a que se establezcan criterios equitativos para el reparto de los recursos del fondo de inversión estatal a los municipios, a fin de que evitar la impresión de que se trata de concesiones de carácter partidista o étnico e impedir la discriminación de las minorías étnicas;

46.

destaca la necesidad de garantizar la aplicación plena de las garantías legales existentes para las minorías en todos los ámbitos y mejorar la integración de las comunidades étnicas, en especial los romaníes; pide al gobierno que ratifique la Carta Europea para las Lenguas Regionales o de las Minorías y refuerce el estatuto de los comités de relaciones interétnicas;

47.

observa que, aunque la Ley sobre la Autonomía Local transfiere competencias decisivas a las administraciones locales, sus efectos están limitados por otras normas jurídicas y no se han asignado suficientes recursos financieros para su aplicación;

48.

se felicita de la decisión del Consejo Europeo de junio de 2010 de abrir las negociaciones de adhesión con Islandia y se congratula de que el país cumpla los criterios políticos, sea una democracia parlamentaria en funcionamiento y cuente con instituciones sólidas, un sistema constitucional y legal estable, un poder judicial consolidado y una administración pública eficiente;

49.

valora positivamente que Islandia tenga una autonomía local eficaz, pero recomienda que, con arreglo al principio de subsidiariedad, se acrecienten los esfuerzos de descentralización de transferencia de competencias a los entes locales;

50.

considera que la elaboración de proyectos específicos de ayuda regional con el apoyo de los fondos de la UE constituye una posibilidad de atajar el éxodo rural de las poblaciones pequeñas más alejadas y evitar la fusión de municipios;

51.

acoge con satisfacción la creación de grupos de trabajo sobre política regional dentro de los equipos de negociación para la adhesión y recomienda una elevada participación de los representantes del nivel local;

52.

recuerda que, conforme a los Tratados de la UE, todos los ciudadanos de la UE tienen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales de su país de residencia en las mismas condiciones que los ciudadanos de ese país (artículo 40 de la Carta de los Derechos Fundamentales); por tanto, anima a Islandia a adaptar a estas disposiciones su derecho de voto;

53.

observa que entre la población islandesa y en el seno de determinados grupos políticos predomina una actitud de enorme escepticismo -incluso de animosidad- ante la posible adhesión a la UE y que todavía se necesitan esfuerzos considerables para garantizar que los ciudadanos islandeses estén adecuadamente informados sobre lo que supone la incorporación a la UE, por lo que recomienda incrementar sin falta la participación del nivel local;

54.

recomienda que se adopten medidas legislativas en consonancia con el principio de subsidiariedad para establecer una delimitación clara de competencias entre el gobierno central y las unidades locales y crear un instrumento jurídico que permita a los entes locales impugnar decisiones que violen los principios de la autonomía local;

55.

es consciente del problema que supone que 26 de los 76 municipios de Islandia tengan menos de 500 habitantes y que las poblaciones estén, con todo, bastante alejadas unas de otras, de manera que una nueva reducción del número de entes locales haría que los habitantes tuvieran que desplazarse a mucha distancia para acudir a sus instituciones y órganos representativos locales; recomienda, por ello, que se fomente intensamente la cooperación entre las poblaciones de pequeño tamaño con objeto de garantizar su supervivencia y habilitarlas para que puedan elaborar y ejecutar de común acuerdo proyectos financiados por la UE;

56.

confía en que la Constitución vigente pueda ser sustituida por una Constitución civil basada en las más amplias consultas a los distintos grupos y segmentos de la sociedad, incluidos los ámbitos local y regional y todas las minorías étnicas y comunidades religiosas. En este sentido acoge positivamente la aprobación del conjunto de enmiendas constitucionales y los esfuerzos de democratización y liberalización que éstas llevan aparejadas y expresa su confianza en que, sobre esta base, mejore el clima político y se refuerce la capacidad de diálogo y compromiso entre los partidos y las instituciones políticas; pide, por tanto, la rápida aplicación de la reforma constitucional a partir de ahora y el apoyo general de los partidos políticos y de la sociedad civil;

57.

reconoce las reformas introducidas y la voluntad de seguir aplicando reformas, que sin duda tendrán efectos positivos en las administraciones regionales y locales;

58.

anima al gobierno turco a que, pese a los progresos satisfactorios registrados en estos ámbitos, prosiga sus esfuerzos por respetar la libertad de culto, los derechos de las mujeres, los derechos fundamentales, la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Invita a Turquía a redoblar sus esfuerzos adoptando en caso necesario una nueva legislación que contemple estos aspectos, a fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos de las comunidades de confesión no musulmana para que puedan desarrollar sus actividades sin restricciones;

59.

se congratula de que en el ámbito de la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales se hayan hecho avances y haya mejorado la participación de las partes interesadas de nivel subnacional en los preparativos, aunque señala que a escala nacional es preciso reforzar la capacidad de las administraciones que se ocupan de estas cuestiones, a fin de lograr una asignación más eficiente de los recursos y contribuir a preparar a Turquía para la utilización de los fondos estructurales en todos los niveles;

60.

está persuadido de que una solución a la cuestión kurda que sigue sin resolverse hasta la fecha, especialmente en el este y el sudeste del país, podría facilitarse mediante el refuerzo de la autonomía regional y local y recomienda a las autoridades turcas que perseveren en sus esfuerzos para reforzar la autonomía regional y local a través de una estrategia de descentralización a largo plazo; anima asimismo a las autoridades turcas a que asignen más recursos al autogobierno local;

61.

sugiere que se examine hasta qué punto pueden ayudar a encontrar una solución a los problemas las buenas prácticas y los ejemplos positivos de las estructuras regionales y federales que comparten poderes en la UE, así como la aplicación de los principios de subsidiariedad y descentralización;

62.

invita a Turquía a mostrar, en las negociaciones en curso, su disposición a resolver la cuestión chipriota y aplicar las resoluciones sobre Chipre adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

63.

lamenta la falta de progresos en la aplicación del segundo protocolo adicional del acuerdo de asociación (llamado «Protocolo de Ankara»), que amplía la unión aduanera vigente con Turquía desde 1996 a diez nuevos Estados miembros, como la República de Chipre;

64.

apoya los esfuerzos emprendidos en 2010 por la Comisión de la UE para establecer cooperaciones en materia de proyectos entre los entes locales de los Estados miembros de la UE y Turquía a fin de apoyar a los municipios turcos para que desarrollen, creen o refuercen sus capacidades en los ámbitos de la gestión de residuos, la protección del medio ambiente, el transporte y el tráfico, los servicios sociales, la energía, el turismo o la cultura;

65.

acogería con satisfacción que los municipios y las provincias gozaran de la posibilidad de entablar relaciones con regiones y localidades de otros países sin la aprobación previa del Ministerio del Interior y anima a las instituciones regionales y locales de los países de la UE a que incrementen su cooperación con las regiones y ciudades de Turquía;

66.

subraya la necesidad de que los niveles regional y local participen desde las etapas iniciales en el proceso de adhesión, ya que gran parte de la legislación de la UE deberá aplicarse en estos dos niveles y, por ello, considera que el refuerzo de la capacidad administrativa a escala local y regional es particularmente importante;

67.

está dispuesto a crear un comité consultivo mixto con los representantes de nivel regional y local de Turquía a fin de apoyar aún en mayor medida el proceso de descentralización en Turquía y hacer aportaciones concretas al desarrollo de las instituciones y el refuerzo de la capacidad administrativa en el nivel regional y local;

68.

recomienda que se reduzca paulatinamente la influencia de los gobernadores en la labor de la administración regional;

69.

pide que se cree una estructura jurídica que haga obligatoria la consulta de las administraciones regionales y locales cuando estén en juego sus intereses y competencias;

70.

señala que Turquía sigue siendo un país con grandes diferencias regionales, lo que plantea grandes desafíos para que la política regional y las ayudas estructurales puedan mitigar estas disparidades paulatinamente, y recomienda, por tanto, que se elabore una estrategia global para reducir la brecha de desarrollo entre las zonas rurales y las zonas urbanas;

71.

recomienda que, por lo que respecta al acervo comunitario, se abra cuanto antes el capítulo 22 (política regional y coordinación de los instrumentos estructurales);

72.

recomienda promulgar lo más rápidamente posible una ley sobre la dotación financiera de las provincias y los municipios a fin de que los entes subnacionales dispongan de recursos financieros suficientes para cumplir con sus obligaciones y tareas;

73.

señala el importante papel de Turquía como actor regional en relación con la Estrategia del Mar Negro de la UE y recomienda a este país que asuma un compromiso sólido en esta cuestión con la participación de las regiones situadas en la cuenca del mar Negro que vayan a verse directamente afectadas;

74.

valora positivamente los esfuerzos de Albania por avanzar en el cumplimiento de los criterios políticos de la Unión Europea, en particular mediante el respeto de las obligaciones del Acuerdo de Asociación y Estabilización;

75.

observa que en el ámbito de la política regional Albania debe aplicar todavía medidas de gran calado a fin de equipararla a las pautas europeas; un problema particular en este ámbito lo constituye la falta de unidades territoriales correspondientes a la clasificación NUTS-2 y de una legislación coordinada única sobre la ejecución de proyectos de desarrollo regional;

76.

lamenta la todavía insuficiente organización de la administración de las finanzas de los entes regionales y locales, sobre todo por lo que concierne a la posibilidad de percibir recursos financieros y las limitadas posibilidades de gasto, así como los retrasos en la aplicación de las medidas de descentralización y de autonomía administrativa, y en la transferencia de competencias a los niveles subnacionales que va aparejada a ellas;

77.

señala que en todos los niveles sigue careciéndose de suficiente personal capacitado para utilizar con eficiencia los programas de la UE;

78.

insta a consolidar el ordenamiento democrático de Albania, en particular en términos de instituciones políticas y diálogo entre los diferentes partidos, a fin de mejorar la estabilidad política del país y que el gobierno pueda realizar más eficazmente sus tareas administrativas -algo sin lo cual no es posible llevar a cabo las reformas necesarias- y destaca en este contexto que es absolutamente indispensable que la oposición participe en el trabajo parlamentario;

79.

insta a que se introduzca un sistema de elección directa para los consejos regionales y se elabore una nueva ley de autonomía local;

80.

pide que se sopese la posibilidad de reformar el papel de los gobernadores provinciales a fin de reforzar el nivel local y regional y lograr así limitar sus derechos de control y una definición clara de su responsabilidad en relación con los consejos regionales;

81.

insta a que se apruebe la reforma de la ley electoral recomendada por la OSCE, para garantizar que la celebración de elecciones esté, en todas sus vertientes, en consonancia con las normas europeas e internacionales y toma nota del informe de la OSCE y del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa, según el cual las elecciones municipales del 8 de mayo de 2011 se desarrollaron sustancialmente de manera transparente, correcta y tranquila; asimismo, pide que se establezcan normas claras sobre la validez de las papeletas electorales, y espera que los partidos políticos vuelvan a la vida ordenada que les corresponde;

82.

toma nota de los recientes enfrentamientos violentos y expresa su esperanza de que Albania adopte urgentemente todas las medidas que puedan garantizar la estabilidad política nacional, regional y local;

83.

recomienda encarecidamente que los representantes de los municipios participen en todos los procesos de negociación con la UE;

84.

lamenta que también en 2010 los avances en Bosnia y Herzegovina haya sido limitados por lo que respecta a la aplicación de las reformas básicas y que no se hayan eliminado las incompatibilidades existentes entre la constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a pesar de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

85.

insta, por lo tanto, a que se revise urgentemente la constitución y se mejoren el funcionamiento y la eficiencia de todas las instituciones a fin de que el país esté en condiciones de adoptar, aplicar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legislativas y normativas de la UE;

86.

considera inaceptable que la constitución de Bosnia y Herzegovina siga estipulando que los ciudadanos que no se declaren miembros de una de las tres comunidades (bosnia, croata o serbia) no puedan presentar su candidatura a la presidencia ni al parlamento nacional y subraya la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se afirma que estas disposiciones son incompatibles con los principios generales de los derechos humanos;

87.

considera importante que en marzo de 2010 el consejo de ministros aprobara un plan de acción para la aplicación de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y creara un grupo de trabajo, pero lamenta que este grupo de trabajo no haya llegado todavía a ningún acuerdo;

88.

lamenta que en las últimas elecciones de 2010 el derecho de sufragio fuera objeto de limitaciones basadas en la residencia y la etnia, que contradicen de manera palmaria los principios democráticos y el derecho a la igualdad de trato sin discriminación;

89.

toma nota con preocupación de que se ha avanzado muy poco en el cumplimiento de los requisitos para el cierre de la Oficina del Alto Representante, por ejemplo en lo que respecta al reparto de bienes entre el Estado y los demás niveles de gobierno y de que el trabajo de los órganos ejecutivos y legislativos de todos los niveles del Estado sigue caracterizándose en la práctica por la prevalencia de consideraciones exclusivamente étnicas y una falta completa de coordinación;

90.

lamenta que en 2011 Bosnia y Herzegovina sea el único país que no participe en el censo de la población por no haber aprobado todavía la Ley relativa al censo estatal;

91.

toma nota de que, en cuanto al sistema judicial, se han registrado avances limitados, pero señala que debe todavía mejorarse en los cantones y las entidades (subnacionales);

92.

lamenta que en el ámbito de la lucha contra la corrupción sólo se hayan realizado avances limitados, que el seguimiento judicial de los casos de corrupción siga siendo lento y que solo se haya enjuiciado un pequeño número de casos importantes, algo que cabe achacar, entre otras causas, a la insuficiente aplicación de la legislación y a los problemas de coordinación entre las entidades;

93.

se felicita de que el número de escuelas divididas étnicamente haya disminuido y se haya implantado un programa académico común, de nueve años de duración, en la mayoría de los centros escolares; pero critica la separación por grupos étnicos de los alumnos en las escuelas;

94.

lamenta que Bosnia y Herzegovina, pese a haber obtenido apoyo financiero del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP), no haya sido capaz hasta ahora de desarrollar las estructuras necesarias para llevar a cabo una gestión descentralizada de los fondos de la UE en el grado necesario;

95.

llama la atención sobre los problemas específicos de la Federación de Bosnia y Herzegovina, en donde las competencias de las entidades, los cantones y los municipios se superponen porque hasta ahora se ha incumplido la obligación de armonizar la legislación de los diferentes niveles;

96.

rechaza categóricamente el reiterado cuestionamiento, por parte sobre todo de la República Srpska, de la integridad territorial del Estado, de sus instituciones y de sus atribuciones, critica enérgicamente las recientes tentativas de la República Srpska de cuestionar mediante referéndum la legitimidad del Alto Representante y de la jurisdicción del Estado federal y aboga por que en el caso de Bosnia y Herzegovina se refuercen las competencias del Estado común en determinados ámbitos, y por la creación de un espacio económico común, y para lograrlo, reclama la colaboración de los políticos de las entidades y cantones y de la Federación de Bosnia y Herzegovina, de conformidad con el Acuerdo Interino;

97.

toma nota de que los recursos de la administración local son por el momento muy limitados, y señala que sigue sin aclararse la cuestión de la propiedad pública y que los criterios étnicos para el ejercicio de los derechos políticos en el nivel regional y local precisan una reforma urgente;

98.

considera especialmente necesaria una reforma de la propiedad pública en todos los niveles;

99.

exhorta a los responsables de todos los niveles de gobierno a que emprendan una mayor cooperación transfronteriza con los países vecinos;

100.

acoge con satisfacción que Serbia haya seguido aplicando su programa de reforma política y haya realizado nuevos y notables avances en el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo de Estabilización y Asociación, pero subraya que se necesitan más esfuerzos;

101.

comprueba asimismo con satisfacción que Serbia ha dado pasos importantes en pro de la reconciliación en la región de los Balcanes Occidentales y ha seguido cooperando con actitud constructiva con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia;

102.

se congratula expresamente del inicio de las conversaciones directas entre Serbia y Kosovo y del hecho de que las posiciones hayan podido acercarse ya un poco, e insta a ambas partes a que prosigan estas conversaciones con una actitud constructiva;

103.

celebra que el 1 de enero de 2010 entrara en vigor el nuevo estatuto de la provincia autónoma de Voivodina; no obstante, pide al gobierno serbio que aplique lo antes posible algunas de las disposiciones abiertas del estatuto, como la transferencia de los bienes públicos a la provincia autónoma de Voivodina;

104.

acoge con especial satisfacción la intensificación de los esfuerzos e iniciativas en pro de la descentralización realizados por Serbia en 2010;

105.

recomienda encarecidamente que los comités de negociación de Serbia con la UE cuenten con representantes de la provincia autónoma de Voivodina y de la Asamblea de Municipios y Ciudades de Serbia;

106.

insta a que se establezcan disposiciones legales que obliguen al gobierno nacional a consultar a las instituciones regionales y locales cuando estén en juego sus intereses y competencias;

107.

recomienda que se creen condiciones jurídicas e incentivos para reforzar la comunicación entre los municipios a fin de incrementar la eficiencia de los servicios públicos y lograr una utilización cuidadosa de los recursos disponibles;

108.

observa que Serbia sigue contando con un elevado número de refugiados cuyo destino está pendiente de una solución que necesita sobre todo medidas amplias en el nivel de los municipios;

109.

se congratula de que Montenegro haya avanzado en el cumplimiento de los criterios políticos y de las condiciones del proceso de estabilización y asociación, aunque señala que, no obstante, se precisan esfuerzos adicionales;

110.

destaca la importancia de crear una administración local transparente y fiable y de proseguir la descentralización de las competencias y los recursos financieros;

111.

pide que se apruebe la Ley sobre las organizaciones regionales y la normativa complementaria de la Ley de financiación local;

112.

insta asimismo a mejorar la cooperación entre el gobierno y los consejos de las minorías, a fin de garantizar la representación de las minorías en la administración pública, las organizaciones estatales y las corporaciones autónomas locales;

113.

insta a Montenegro a seguir reforzando su capacidad administrativa en todos los ámbitos, en particular en el nivel local, con el fin de aumentar la profesionalidad de los servicios públicos y despolitizar la administración pública;

114.

acoge con satisfacción que el proceso de descentralización en Kosovo haya avanzado significativamente y haya mejorado la cooperación con la misión EULEX, así como que se hayan hecho algunos avances en la aplicación de la agenda europea y la política de reformas;

115.

insta a una explicación rápida y exhaustiva sobre las acusaciones formuladas contra altos representantes de Kosovo en la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la base del Informe Marty;

116.

toma nota con preocupación de que sigue habiendo carencias en el diálogo entre las comunidades y en su reconciliación, así como en la protección e integración de las minorías (en especial, los serbios de Kosovo);

117.

observa con gran inquietud las irregularidades, prácticas ilegales y fraudes que se han producido, tanto en las últimas elecciones como en las elecciones ulteriores que tuvieron que convocarse obligatoriamente en razón de estas circunstancias, y lamenta afirmar que ve en ello un signo claro de la falta de madurez democrática del Estado;

118.

insta a Kosovo a que continúe y concluya el proceso de descentralización y de reforma de los entes locales, celebra la creación de un grupo de trabajo ad hoc en el Ministerio de Administraciones Locales para el norte de Kosovo y afirma que la descentralización solo podrá completarse con la participación de la población local;

119.

observa con preocupación que en la región de Mitrovica (al norte de Kosovo) se produjeron de nuevo incidentes violentos con ocasión de las elecciones y que no se ha logrado hasta ahora la pacificación entre los habitantes de esta región.