1

Mediante sus recursos de casación, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe/Comisión (T‑338/08, EU:T:2012:300; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la que dicho Tribunal anuló dos decisiones de la Comisión, de 1 de julio de 1998 (en lo sucesivo, «decisiones controvertidas»), que declararon la inadmisibilidad de las solicitudes presentadas por Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe con objeto de que la Comisión revisara su Reglamento (CE) no 149/2008, de 29 de enero de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de los anexos II, III y IV que estipulan límites máximos de residuos para los productos que figuran en el anexo I de dicho Reglamento (DO L 58, p. 1).

2

El Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»), establece en su artículo 1, titulado «Objetivo»:

«A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.»

3

El artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Convenio establece lo siguiente:

«La presente definición [de los términos “autoridad pública”] no engloba a los órganos o instituciones que actúan en ejercicio de poderes judiciales o legislativos.»

4

El artículo 9 del mismo Convenio dispone:

«1.   Cada Parte velará, en el marco de su legislación nacional, por que toda persona que estime que su solicitud de información en aplicación del artículo 4 no ha sido atendida, ha sido rechazada ilícitamente, en todo o en parte, no ha obtenido una respuesta suficiente, o que, por lo demás, la misma no ha recibido el tratamiento previsto en las disposiciones de dicho artículo, tenga la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano judicial o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley.

En el caso de que una Parte establezca tal recurso ante un órgano judicial, velará por que la persona interesada tenga también acceso a un procedimiento rápido establecido por la ley que sea gratuito o poco oneroso, con miras al reexamen de la solicitud por una autoridad pública o a su examen por un órgano independiente e imparcial distinto de un órgano judicial.

Las decisiones finales adoptadas en virtud del presente apartado 1 serán obligatorias para la autoridad pública que posea las informaciones. Los motivos que las justifiquen se indicarán por escrito, por lo menos cuando se deniegue el acceso a la información en virtud de este apartado.

2.   Cada Parte velará, en el marco de su legislación nacional, por que los miembros del público interesado:

[puedan] interponer recurso ante un órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, de cualquier decisión, o cualquier acción u omisión que entre en el ámbito de las disposiciones del artículo 6 y, si el derecho interno lo prevé y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 más abajo, de otras disposiciones pertinentes del presente Convenio.

Lo que constituye interés suficiente y lesión de un derecho se determinará con arreglo a las disposiciones del derecho interno y conforme al objetivo de conceder al público interesado un amplio acceso a la justicia en el marco del presente Convenio. A tal efecto, el interés de toda organización no gubernamental que cumpla las condiciones previstas en el artículo 2, apartado 5, se considerará suficiente en el sentido de la letra a). Se considerará igualmente que esas organizaciones tienen derechos que podrían ser lesionados en el sentido de la letra b) anterior.

Las disposiciones del presente apartado 2 no excluyen la posibilidad de presentar un recurso preliminar ante una autoridad administrativa ni eximen de la obligación de agotar las vías de recurso administrativo antes de entablar un procedimiento judicial cuando el derecho interno imponga tal obligación.

3.   Además, sin perjuicio de los procedimientos de recurso a que se refieren los apartados 1 y 2 precedentes, cada Parte velará por que los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional.

4.   Además, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los procedimientos a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 precedentes deberán ofrecer recursos suficientes y efectivos, en particular una orden de reparación, si procede, y deberán ser objetivos, equitativos y rápidos sin que su costo sea prohibitivo. Las decisiones adoptadas en virtud del presente artículo se pronunciarán o consignarán por escrito. Las decisiones de los tribunales y, en lo posible, las de otros órganos deberán ser accesibles al público.

5.   Para que las disposiciones del presente artículo sean aún más eficaces, cada Parte velará por que se informe el público de la posibilidad que se le concede de iniciar procedimientos de recurso administrativo o judicial, y contemplará el establecimiento de mecanismos de asistencia apropiados encaminados a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro tipo que obstaculicen el acceso a la justicia.»

5

El Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13), enuncia en su considerando 18:

«El artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus establece el acceso a procedimientos judiciales o a otros procedimientos de revisión para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del Derecho medioambiental. Las disposiciones en materia de acceso a la justicia deben ser compatibles con lo dispuesto en el Tratado [CE]. En este contexto, procede que el presente Reglamento se aplique exclusivamente a las acciones y omisiones de las autoridades públicas.»

6

El artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento dispone:

«El presente Reglamento tiene el objetivo de contribuir a la aplicación de las obligaciones derivadas del [Convenio de Aarhus], mediante el establecimiento de normas para aplicar las disposiciones de dicho Convenio a las instituciones y organismos comunitarios, en particular por los siguientes medios:

[…]

7

El artículo 2, apartado 1, letra g), del mismo Reglamento define el concepto de «acto administrativo» en los siguientes términos:

«cualquier medida de alcance individual conforme al Derecho medioambiental, adoptada por una institución u organismo comunitario y que surta efecto jurídicamente vinculante y externo».

8

El artículo 10 del Reglamento no 1367/2006, titulado «Solicitud de revisión interna de actos administrativos», establece en su apartado 1:

«Cualquier organización no gubernamental que cumpla los criterios enunciados en el artículo 11 podrá efectuar una solicitud de revisión interna ante la institución u organismo comunitario que haya adoptado un acto administrativo con arreglo al Derecho medioambiental o, en caso de supuesta omisión administrativa, que hubiera debido adoptar dicho acto.»

9

La Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41, p. 26), define en su artículo 2, punto 2, letra a), como «autoridades públicas», en particular, «el Gobierno o cualquier otra Administración pública nacional, regional o local, incluidos los órganos públicos consultivos», y precisa que «los Estados miembros podrán disponer que esta definición no incluya las entidades o instituciones en la medida en que actúen en calidad de órgano jurisdiccional o legislativo. […]».

10

Stichting Natuur en Milieu, una fundación neerlandesa con sede en Utrecht (Países Bajos), que tiene por objeto la protección del medio ambiente, y Pesticide Action Network Europe, una fundación neerlandesa con sede en Londres (Reino Unido), dedicada a la lucha contra la utilización de plaguicidas químicos, solicitaron a la Comisión, mediante escritos de 7 y 10 de abril de 2008, que efectuara una revisión interna del Reglamento no 149/2008, sobre la base del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006.

11

Mediante las decisiones controvertidas, la Comisión declaró inadmisibles dichas solicitudes por entender que el Reglamento no 149/2008 no era una medida de alcance individual y que, por tanto, no podía considerarse un «acto administrativo», en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006, que pudiera ser objeto del procedimiento de revisión interna previsto en el artículo 10 de éste.

12

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 11 de agosto de 2008, las referidas fundaciones solicitaron la anulación de las decisiones controvertidas. En el marco de este procedimiento en primera instancia, la República de Polonia y el Consejo intervinieron en apoyo de la Comisión.

13

Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó la pretensión de anulación.

14

Tras declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión de las demandantes, dirigida a que el Tribunal General ordenara a la Comisión pronunciarse sobre el fondo de las mencionadas solicitudes de revisión interna, el Tribunal General rechazó la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión frente al escrito complementario de la demanda que inició el proceso presentado por las demandantes.

15

Asimismo, el Tribunal General desestimó por infundado el primer motivo invocado por las demandantes en primera instancia, basado en que la Comisión había cometido un error de Derecho al calificar el Reglamento no 149/2008 de acto de alcance general que no podía considerarse un acto administrativo en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006 y que, por tanto, no podía ser objeto de una solicitud de revisión interna con arreglo al artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento. En cambio, el Tribunal General estimó el segundo motivo aducido en apoyo del recurso de que conocía, invocado con carácter subsidiario, basado en la ilegalidad de esta última disposición debido a su incompatibilidad con el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.

16

Tras recordar, en los apartados 51 y 52 de la sentencia recurrida, que, al igual que cualquier otro acuerdo internacional del que la Unión sea Parte, el Convenio de Aarhus goza de primacía sobre los actos de Derecho derivado de la Unión, el Tribunal General señaló, en el apartado 53 de esa misma sentencia, que el juez de la Unión sólo puede examinar la validez de una disposición de un Reglamento en relación con un Tratado internacional si la naturaleza y el sistema de éste no se oponen a ello y si sus disposiciones son, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas.

17

El Tribunal General recordó, no obstante, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, que el Tribunal de Justicia ha declarado que le corresponde controlar la legalidad de un acto de la Unión en relación con las disposiciones de un acuerdo internacional que no puedan ser invocadas por el justiciable ante los órganos jurisdiccionales cuando la Unión ha tenido el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de dicho acuerdo o cuando el acto de Derecho derivado se remita expresamente a disposiciones precisas de dicho acuerdo (sentencias del Tribunal de Justicia Fediol/Comisión, 70/87, EU:C:1989:254, apartados 19 a 22, y Nakajima/Consejo, C‑69/89, EU:C:1991:186, apartado 31). El Tribunal General concluyó, en ese mismo apartado 54, que el juez de la Unión debe proceder al control de la legalidad de un Reglamento en relación con un acuerdo internacional cuando dicho Reglamento tiene por objeto cumplir una obligación impuesta por dicho acuerdo internacional a las instituciones de la Unión.

18

En los apartados 57 y 58 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que en el caso de autos se cumplían estos requisitos puesto que, por un lado, las demandantes, que no invocaban el efecto directo de las disposiciones del acuerdo, impugnaban de forma incidental, conforme al artículo 241 CE, la validez de una disposición del Reglamento no 1367/2006 en relación con el Convenio de Aarhus y, por otro lado, dicho Reglamento se había adoptado para cumplir las obligaciones internacionales de la Unión, previstas en el artículo 9, apartado 3, de ese Convenio, tal como se desprendía del artículo 1, apartado 1, y del considerando 18 del citado Reglamento.

19

El Tribunal General desestimó la alegación de la Comisión según la cual el Convenio de Aarhus no era aplicable puesto que esta última institución, al adoptar el Reglamento no 149/2008, actuó «en el ejercicio de poderes legislativos» en el sentido del artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, de este Convenio. En efecto, en el artículo 65 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la Comisión había actuado en el ejercicio de poder ejecutivo.

20

El Tribunal General declaró, en el apartado 83 de la sentencia recurrida, que el artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006, en la medida en que únicamente prevé el procedimiento de revisión interna para un «acto administrativo», que se define en el artículo 2, apartado 1, letra g), de ese mismo Reglamento como «cualquier medida de alcance individual», no es compatible con el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.

21

En consecuencia, el Tribunal General anuló las decisiones controvertidas.

22

Mediante sus recursos de casación, el Consejo y la Comisión solicitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, desestime en su totalidad el recurso de las demandantes en primera instancia y las condene en costas solidaria y conjuntamente.

23

Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 2012, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑404/12 P y C‑405/12 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento, así como de la sentencia.

24

El 28 de febrero de 2013, las demandantes en primera instancia presentaron un escrito de contestación al recurso de casación en el que solicitaban al Tribunal de Justicia que desestimara el recurso de casación y condenara a la Comisión y al Consejo a cargar con las costas de aquéllas tanto en primera instancia como en el procedimiento de casación.

25

Las demandantes en primera instancia también se adhirieron a la casación solicitando al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y las decisiones controvertidas y que condene al Consejo y a la Comisión a cargar con las costas de aquéllas tanto en primera instancia como en el procedimiento de casación.

26

El Consejo y la Comisión presentaron sendos escritos de contestación a la adhesión a la casación los días 29 y 17 de mayo, respectivamente.

27

Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe aducen que el Tribunal General incurrió en la sentencia recurrida en un error de Derecho al no reconocer un efecto directo al artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, al menos en la medida en que éste prevé que puedan impugnarse las «acciones» que vulneren el Derecho medioambiental nacional, y, en consecuencia, al negarse a apreciar la legalidad del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006 en función de esta disposición de dicho Convenio.

28

El Consejo y la Comisión sostienen que no procede admitir la adhesión a la casación debido a su carácter «condicional». Señalan, además, que no cumple las exigencias enunciadas en el artículo 178 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

29

Con carácter subsidiario, el Consejo y la Comisión alegan que la referida adhesión a la casación es, en cualquier caso, infundada.

30

Procede señalar que, conforme a los artículos 169, apartado 1, y 178, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, todo recurso de casación, ya sea con carácter principal o mediante adhesión, ha de tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General.

31

En el presente caso, Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe obtuvieron ante el Tribunal General la anulación de las decisiones controvertidas conforme a las pretensiones de su recurso. Por consiguiente, no cabe admitir su adhesión a la casación, que no pretende en realidad otra cosa que una sustitución de la motivación en lo que atañe al análisis de la invocabilidad del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus (véase, por analogía, en relación con un recurso de casación principal, la sentencia Al-Aqsa/Consejo y Países Bajos/Al-Aqsa, C‑539/10 P y C‑550/10 P, EU:C:2012:711, apartados 43 a 45).

32

Resulta de lo anterior que procede declarar la inadmisibilidad de la adhesión a la casación.

33

El Consejo y la Comisión invocan un primer motivo según el cual el Tribunal General cometió un error de Derecho al estimar que el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus puede ser invocado a efectos de apreciar la conformidad con esta disposición del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006.

34

El Consejo invoca un segundo motivo, según el cual, en cualquier caso, el Tribunal General cometió un error de Derecho en la interpretación del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus al considerar que el Reglamento no 1367/2006 no era compatible con éste.

35

La Comisión invoca también un segundo motivo, según el cual el Tribunal General cometió un error de Derecho al estimar que la adopción del Reglamento no 149/2008 no suponía el ejercicio de poderes legislativos en el sentido del artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, del Convenio de Aarhus.

36

El Consejo sostiene que los dos supuestos en los que el Tribunal de Justicia ha admitido la posibilidad de que un particular aduzca las disposiciones de un acuerdo internacional que no cumple los requisitos de incondicionalidad y precisión exigidos para poder ser invocado a efectos de apreciar la validez de las disposiciones de un acto de la Unión son excepcionales y no corresponden, en cualquier caso, al supuesto examinado en el presente asunto.

37

A su juicio, en particular, por un lado, la solución plasmada en la sentencia Fediol/Comisión (EU:C:1989:254) se justifica por las circunstancias particulares del asunto que dio lugar a dicha sentencia, en el cual el Reglamento controvertido confería a los operadores interesados el derecho a invocar las normas del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (en lo sucesivo, «GATT»). En su opinión, además, esta solución no es aplicable fuera del ámbito específico de dicho Acuerdo.

38

Por otro lado, en cuanto a la sentencia Nakajima/Consejo (EU:C:1991:186), el Consejo estima que únicamente atañe al supuesto de que la Unión haya tenido el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco del GATT, lo cual, a su juicio, tampoco ocurre en el caso de autos.

39

La Comisión formula, en esencia, alegaciones similares.

40

Por lo que respecta a la sentencia Fediol/Comisión (EU:C:1989:254), la Comisión añade que únicamente se refiere al supuesto de que un acto de la Unión se remita explícitamente a disposiciones particulares del GATT.

41

En cuanto a la sentencia Nakajima/Consejo (EU:C:1991:186), la Comisión estima que no cabe interpretarla en el sentido de que permite controlar cualquier acto del Derecho de la Unión en función del acuerdo internacional que dicho acto pueda, en su caso, aplicar. A su entender, para que pueda ejercerse tal control, es preciso que el acto del Derecho de la Unión constituya una ejecución directa y exhaustiva del acuerdo internacional y que se refiera a una obligación suficientemente clara y precisa de éste, lo cual no ocurre en el caso de autos.

42

Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe alegan que la sentencia Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125) no ofrece ninguna indicación sobre la cuestión del efecto directo del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus en cuanto a los actos que pueden ser objeto de recurso y que ha de tenerse en cuenta el hecho de que el mencionado Convenio tiene por objeto conferir derechos a los particulares.

43

Estiman que la naturaleza y el objeto del Convenio de Aarhus no se oponen al control de validez solicitado por las asociaciones medioambientales y que en el presente caso se cumplen los requisitos enunciados en la sentencia Fediol/Comisión (EU:C:1989:254), puesto que el Reglamento no 1367/2006 contiene varias referencias a dicho Convenio y, en particular, a su artículo 9, apartado 3. Consideran que el Tribunal de Justicia no ha limitado el alcance de esta sentencia al GATT.

44

En virtud del artículo 300 CE, apartado 7 (actualmente artículo 216 TFUE, apartado 2), los acuerdos internacionales celebrados por la Unión vinculan a las instituciones de ésta y, por consiguiente, gozan de primacía frente a los actos que de ellas emanan (véase, en este sentido, la sentencia Intertanko y otros, EU:C:2008:312, apartado 42 y jurisprudencia citada).

45

No obstante, los efectos, en el ordenamiento jurídico de la Unión, de las disposiciones de un acuerdo celebrado por ella con Estados terceros no pueden determinarse con abstracción del origen internacional de esas disposiciones. Con arreglo a los principios del Derecho internacional, las instituciones de la Unión competentes para negociar y concluir tal acuerdo gozan de libertad para concertar con los Estados terceros interesados los efectos que las disposiciones del acuerdo deben surtir en el ordenamiento jurídico interno de las Partes contratantes. Cuando dicha cuestión no haya sido expresamente regulada en el acuerdo, corresponderá a los órganos jurisdiccionales competentes y en especial al Tribunal de Justicia, en el marco de sus competencias con arreglo al Tratado FUE, dirimirla, al igual que cualquier otra cuestión de interpretación referida a la aplicación del acuerdo del que se trata en la Unión, basándose en particular en el espíritu, el sistema o la letra de dicho acuerdo (véase la sentencia FIAMM y otros/Consejo y Comisión, C‑120/06 P y C‑121/06 P, EU:C:2008:476, apartado 108 y jurisprudencia citada).

46

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las disposiciones de un acuerdo internacional del que sea Parte la Unión sólo pueden invocarse en apoyo de un recurso de anulación dirigido contra un acto de Derecho derivado de la Unión o de una excepción basada en la ilegalidad de tal acto si, por un lado, la naturaleza y el sistema de dicho acuerdo no se oponen a ello y, por otro lado, si esas disposiciones son, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas (véanse las sentencias Intertanko y otros, EU:C:2008:312, apartado 45; FIAMM y otros/Consejo y Comisión, EU:C:2008:476, apartados 110 y 120; y Air Transport Association of America y otros, EU:C:2011:864, apartado 54).

47

Por su parte, el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus no contiene ninguna obligación incondicional y suficientemente precisa que determine directamente la situación jurídica de los particulares y, por ello, no responde a esos requisitos. En efecto, dado que solamente «los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por [el] derecho interno» son titulares de los derechos previstos en el citado artículo 9, apartado 3, tal disposición se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de un acto ulterior (véase la sentencia Lesoochranárske zoskupenie, EU:C:2011:125, apartado 45).

48

Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha declarado que, cuando la Unión haya pretendido cumplir una obligación concreta asumida con ocasión de los acuerdos celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «acuerdos OMC») o cuando el acto del Derecho de la Unión de que se trate se remita expresamente a disposiciones precisas de esos acuerdos, corresponderá al Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto de que se trate y de los actos adoptados para su aplicación a la luz de las normas de tales acuerdos (véanse las sentencias Fediol/Comisión, EU:C:1989:254, apartados 19 a 23; Nakajima/Consejo, EU:C:1991:186, apartados 29 a 32; Alemania/Consejo, C‑280/93, EU:C:1994:367, apartado 111, e Italia/Consejo, C‑352/96, EU:C:1998:531, apartado 19).

49

No obstante, estas dos excepciones únicamente estaban justificadas por las particularidades de los acuerdos que dieron lugar a su aplicación.

50

En efecto, por lo que se refiere, en primer lugar, a la sentencia Fediol/Comisión (EU:C:1989:254), es preciso señalar que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2641/84 del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativo al fortalecimiento de la política comercial común, en particular en materia de defensa contra las prácticas comerciales ilícitas (DO L 252, p. 1; EE 11/21, p. 78), examinado en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, se remitía expresamente a las normas del Derecho internacional basadas, en lo esencial, en el GATT y confería a los interesados el derecho a invocar las disposiciones de éste en el marco de una denuncia formulada en virtud de ese mismo Reglamento (sentencia Fediol/Comisión, EU:C:1989:254, apartado 19), mientras que, en el presente caso, el artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006 no hace una remisión directa a disposiciones precisas del Convenio de Aarhus ni confiere un derecho a los particulares. Por consiguiente, a falta de tal remisión explícita a disposiciones de un acuerdo internacional, dicha sentencia no puede considerarse pertinente en el caso de autos.

51

En segundo lugar, en lo que atañe a la sentencia Nakajima/Consejo (EU:C:1991:186), es preciso señalar que los actos del Derecho de la Unión examinados en ella se referían al sistema antidumping, que es muy denso en su concepción y en su aplicación, en el sentido de que prevé medidas respecto a empresas acusadas de recurrir a prácticas de dumping. Más concretamente, el Reglamento de base analizado en ese asunto se había elaborado de conformidad con las obligaciones internacionales que vinculaban a la Comunidad, en particular las derivadas del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, aprobado en nombre de la Comunidad por la Decisión 80/271/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1979, referente a la celebración de los Acuerdos multilaterales resultantes de las negociaciones comerciales de 1973-1979 (DO 1980, L 71, p. 1; EE 11/12, p. 38) (véase la sentencia Nakajima/Consejo, EU:C:1991:186, apartado 30). Pues bien, en el presente caso, no cabe estimar que, mediante el artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006, se dé cumplimiento a obligaciones particulares en el sentido de dicha sentencia, puesto que, tal como resulta del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, las Partes contratantes de éste disponen de un amplio margen de apreciación en cuanto a la definición de las modalidades de aplicación de los «procedimientos administrativos o judiciales».

52

A este respecto, es preciso señalar que no es posible considerar que, al adoptar dicho Reglamento, que se refiere únicamente a las instituciones de la Unión y que, por lo demás, sólo atañe a uno de los recursos de que disponen los justiciables para hacer que se respete el Derecho medioambiental de la Unión, ésta pretendiera dar cumplimiento, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 48 de la presente sentencia, a las obligaciones resultantes del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, en relación con los procedimientos administrativos o judiciales nacionales, los cuales, por lo demás, en el estado actual del Derecho de la Unión, competen en esencia al Derecho de los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia Lesoochranárske zoskupenie, EU:C:2011:125, apartados 41 y 47).

53

De cuanto precede resulta que, al estimar que el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus podía ser invocado a efectos de apreciar la legalidad del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006, el Tribunal General cometió un error de Derecho en la sentencia recurrida.

54

Por consiguiente, sin que sea necesario examinar los demás motivos invocados por el Consejo y la Comisión en apoyo de sus recursos de casación, procede anular la sentencia recurrida.

55

Conforme al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General y, en tal caso, podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.

56

El Tribunal de Justicia estima que el estado del litigio permite su resolución y que procede pronunciarse en cuanto al fondo sobre la pretensión de anulación de las decisiones controvertidas.

57

Mediante el primer motivo de su recurso ante el Tribunal General, Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe alegaron que la Comisión se había equivocado al considerar inadmisibles sus solicitudes de revisión interna del Reglamento no 146/2008 por entender que se trataba de una medida de alcance general.

58

Por las mismas razones que las consideradas por el Tribunal General, procede desestimar dicho motivo por infundado.

59

Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe adujeron también, mediante el segundo motivo de su recurso, que el artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006 es inválido, por cuanto circunscribe el concepto de «actos» a efectos del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus a los actos administrativos individuales.

60

Del apartado 47 de la presente sentencia resulta que el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus carece de la claridad y la precisión necesarias para que esta disposición pueda ser invocada eficazmente ante el juez de la Unión a efectos de apreciar la legalidad del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006.

61

Por consiguiente, procede desestimar también ese segundo motivo del recurso por infundado.

62

Puesto que ninguno de los dos motivos del recurso interpuesto por Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe ante el Tribunal General es fundado, procede desestimar dicho recurso.

63

A tenor del artículo 138, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal de Justicia decidirá sobre el reparto de las costas.

64

Puesto que Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe han visto desestimadas sus pretensiones y el Consejo y la Comisión han solicitado su condena en costas, procede condenar a las primeras solidariamente a cargar con las costas de estas últimas instituciones tanto en el procedimiento en primera instancia como en los presentes recursos de casación.

65

En virtud del artículo 140, apartado 1, del mencionado Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este Reglamento, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, procede declarar que la República Checa cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide: