Publicidad engañosa y publicidad comparativa

PUNTOS CLAVE

Publicidad engañosa

La publicidad que induce o que puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta está prohibida. En efecto, su carácter engañoso puede afectar al comportamiento económico de consumidores y profesionales o perjudicar a un profesional competidor.

El carácter engañoso de una publicidad depende de una serie de criterios:

• las características de los bienes y servicios (disponibilidad, composición o naturaleza, modo de fabricación o de prestación, origen, etc.), los resultados que pueden esperarse de su utilización y los resultados de los controles de calidad efectuados;
• el precio o su modo de fijación;
• las condiciones de suministro de bienes y de prestación de servicios;
• la naturaleza, las características y los derechos del anunciante (identidad y patrimonio, cualificaciones, derechos de propiedad industrial, etc.).

Publicidad comparativa

La publicidad comparativa alude, explícita o implícitamente, a un competidor o a los bienes y servicios ofrecidos por un competidor.

Este tipo de publicidad solo está permitida cuando no es engañosa. De tal modo que puede ser un medio legítimo de informar a los consumidores acerca de sus intereses. Así, las comparaciones deben en especial:

• apoyarse en bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad;
• referirse a productos que tengan una misma denominación de origen;
• tratar objetivamente las características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes o servicios, entre las que puede incluirse el precio;
• evitar dar lugar a confusiones entre los profesionales y no desacreditar, imitar o sacar provecho de las marcas o nombres comerciales de los competidores.

Recursos

Los países de la Unión Europea (UE) deben velar por que las personas u organizaciones con un interés legítimo puedan emprender judicialmente una acción o un recurso administrativo contra la publicidad ilegal.

De este modo, los tribunales o los órganos administrativos de los países de la UE deben poder:

• ordenar el cese de una publicidad ilegal, incluso a falta de prueba de una pérdida, de un perjuicio real o de una intención o negligencia; o
• prohibir una publicidad ilegal que no se haya publicado todavía.