COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 17.2.2023

COM(2023) 82 final

2023/0037(NLE)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

Nueva Zelanda es el 50.º mayor socio comercial de la UE en materia de mercancías, mientras que la UE es el tercer mayor socio comercial de Nueva Zelanda, con un 11,5 % del comercio total (tras China y Australia). El comercio bilateral de mercancías entre los dos socios fue de 7 800 millones EUR en 2021, mientras que el comercio de servicios fue de 3 700 millones EUR en 2020. Las exportaciones de Nueva Zelanda a la UE están dominadas en gran medida por los productos agrícolas, mientras que las exportaciones de la UE a Nueva Zelanda se centran en los productos manufacturados. En 2020, el volumen de inversión extranjera directa de la UE en Nueva Zelanda ascendió a 8 500 millones EUR y el volumen de inversión de Nueva Zelanda en la UE fue de 4 800 millones EUR.

La decisión de empezar a prepararse para posibles negociaciones se adoptó el 29 de octubre de 2015 en una reunión entre los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea y el primer ministro de Nueva Zelanda. Se tuvo muy en cuenta que Nueva Zelanda se encuentra entre las economías desarrolladas de más rápido crecimiento del mundo y que ha celebrado numerosos acuerdos comerciales preferenciales con otros socios. Por lo tanto, las empresas de la UE disfrutaron de condiciones menos favorables para acceder al mercado neozelandés. Así pues, se consideró que un acuerdo comercial con un socio de ideas afines como Nueva Zelanda proporcionaría a las empresas de la UE unas condiciones de competencia equitativas y ayudaría a generar empleo, crecimiento e inversión, beneficiando así tanto a las empresas como a los ciudadanos de la UE.

En la primavera de 2017 se concluyó un amplio ejercicio exploratorio que demostró que las negociaciones podrían conducir a un acuerdo comercial en interés de ambas partes. El proyecto de directrices de negociación se presentó a los Estados miembros en septiembre de 2017, junto con una evaluación de impacto 1 .

El 22 de mayo de 2018, el Consejo de la Unión Europea autorizó a la Comisión Europea a abrir negociaciones comerciales con Nueva Zelanda y adoptó directrices de negociación. Las negociaciones fueron respaldadas por una evaluación del impacto de un acuerdo comercial sobre la sostenibilidad. La primera ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda (en lo sucesivo, «ALC») se celebró en julio de 2018. Tras un proceso de negociación de cuatro años de duración y doce rondas de negociaciones, la UE y Nueva Zelanda concluyeron las negociaciones para un ambicioso ALC el 30 de junio de 2022.

Si bien Nueva Zelanda es estadísticamente un socio comercial relativamente pequeño, el ALC viene a confirmar el fortalecimiento de nuestras relaciones con Nueva Zelanda y subraya la ambición de la UE de profundizar las relaciones con la región indopacífica a la luz de su Estrategia para la Región Indopacífica de 2021.

En el contexto geopolítico y geoeconómico más amplio, la conclusión oportuna de estas negociaciones con un socio afín como Nueva Zelanda también envía una clara señal del compromiso conjunto con un sistema comercial basado en normas.

El acuerdo eliminará todos los aranceles neozelandeses sobre las mercancías de la UE, apoyará a los agricultores de la UE y protegerá a los trabajadores y al medio ambiente a través de disposiciones de gran alcance aplicables en materia de desarrollo sostenible. El ALC es el primero que la UE ha celebrado con disposiciones de «nueva generación» sobre desarrollo sostenible, en consonancia con los resultados de la reciente Comunicación de la UE sobre la revisión de la política comercial sostenible («El poder de las asociaciones comerciales: juntos por un crecimiento económico ecológico y justo», de 22 de junio de 2022 2 ).

Los textos del ALC, que fueron objeto de revisión jurídica, se han hecho públicos y pueden consultarse en el enlace siguiente:

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement/text-agreement_es

La Comisión presenta las siguientes propuestas de Decisiones del Consejo:

–Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda;

–Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

Antes de concluir las negociaciones de un ALC, la UE y Nueva Zelanda habían negociado un Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación general, que entró en vigor el 21 de julio de 2022. Dicho Acuerdo de Asociación constituye la base jurídica de una asociación sólida y duradera entre la UE y Nueva Zelanda y profundiza la cooperación entre ambas partes en numerosos ámbitos, como la paz y la seguridad internacionales, la investigación y la innovación, el desarrollo, la pesca y los asuntos marítimos, y la cooperación en asuntos comerciales y económicos.

Una vez que el ALC entre en vigor, coexistirá con el Acuerdo de Asociación como acuerdo específico y como parte integrante de las relaciones bilaterales globales entre la UE y Nueva Zelanda. Los dos acuerdos no tienen disposiciones que se solapen ni entren en conflicto.

•Coherencia con otras políticas de la Unión

Asimismo, las disposiciones del ALC reflejan plenamente los resultados de la reciente Comunicación de la UE sobre la revisión de la política comercial sostenible («El poder de las asociaciones comerciales: juntos por un crecimiento económico ecológico y justo», de 22 de junio de 2022).

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

Como consecuencia de ello, la Unión debe firmar el ALC con arreglo a una Decisión del Consejo basada en el artículo 218, apartado 5, del TFUE y celebrarlo con arreglo a una Decisión del Consejo basada en el artículo 218, apartado 6, del TFUE, tras la aprobación del Parlamento Europeo.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

•Proporcionalidad

Los acuerdos comerciales son el medio adecuado para regular el acceso a los mercados y los ámbitos conexos de las relaciones económicas globales con un tercer país no perteneciente a la UE. No existe ninguna alternativa para que tales compromisos e iniciativas de liberalización sean jurídicamente vinculantes.

•Elección del instrumento

La presente propuesta se ajusta a lo dispuesto en el artículo 218, apartado 5, del TFUE, que prevé la adopción por el Consejo de decisiones sobre la firma de acuerdos internacionales. No existe ningún otro instrumento jurídico que pueda utilizarse para alcanzar el objetivo expresado en la presente propuesta.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación existente

Según la evaluación de impacto, el ALC permitirá un aumento del comercio bilateral de hasta un 30 % y un ahorro de hasta 140 millones EUR al año en derechos para las empresas de la UE que exportan a Nueva Zelanda en virtud del ALC, a partir del primer año de aplicación. Las inversiones de la UE podrían aumentar un 80 % en Nueva Zelanda.

Sin embargo, puede considerarse que los elementos cuantitativos subestiman el impacto económico real del presente ALC, dado que la configuración de modelización estándar no se ajusta al pequeño tamaño de Nueva Zelanda. Las cifras no pueden tener en cuenta los beneficios previsibles relacionados con el refuerzo de la protección y la garantía de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, las importantes disposiciones sobre comercio o servicios digitales, o la importancia política del presente ALC. El ALC UE-Nueva Zelanda es el acuerdo comercial más moderno de la UE. Es especialmente importante en un contexto más amplio, ya que establece normas para futuros acuerdos y, al mismo tiempo, respalda los esfuerzos en curso desplegados por la UE para seguir reforzando su relación económica en la región indopacífica. Estos elementos no pueden modelizarse, pero cabe esperar que sean de gran importancia y fomenten un compromiso económico más profundo.

•Consultas con las partes interesadas

Antes del inicio de las negociaciones, la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto del ALC entre la UE y Nueva Zelanda 3 , respaldada por una consulta pública en línea y un estudio independiente realizado por un contratista externo. El estudio confirmó que el ALC entre la UE y Nueva Zelanda podría aportar importantes beneficios más allá de la mejora del acceso a los mercados, haciendo hincapié en la importancia de unas relaciones económicas globales en toda la región.

Paralelamente a las negociaciones, un contratista externo llevó a cabo una evaluación del impacto del ALC entre la UE y Nueva Zelanda sobre la sostenibilidad 4 con vistas a estudiar las posibles repercusiones económicas, sociales, de derechos humanos y medioambientales derivadas de las disposiciones del ALC o como consecuencia de la eliminación o reducción de los obstáculos al comercio bilateral y a la inversión entre la UE y Nueva Zelanda.

En el marco de ambas evaluaciones de impacto, los respectivos contratistas consultaron a expertos internos y externos y llevaron a cabo consultas con las partes interesadas tanto de la UE como de Nueva Zelanda a través de encuestas en línea, solicitudes de documentos de posición, entrevistas y reuniones.

Antes y durante las negociaciones, se consultó e informó con regularidad a los Estados miembros de la UE, oralmente y por escrito, sobre los distintos aspectos de la negociación a través del Comité de Política Comercial del Consejo. El Parlamento Europeo también fue informado y consultado periódicamente a través de su Comisión de Comercio Internacional (INTA) y, en particular, su Grupo de Seguimiento de Australia-Nueva Zelanda. Los textos que fueron surgiendo de las negociaciones fueron transmitidos a ambas instituciones durante el proceso.

La Comisión también ofreció a las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de hacer oír su voz y formular preguntas, en particular a través de diálogos específicos, tanto durante las evaluaciones de impacto como durante las negociaciones propiamente dichas.

Además, durante las negociaciones, la Comisión ha publicado en su sitio web informes de las rondas de negociación actualizados periódicamente, las propuestas de texto, los comunicados de prensa, las fichas informativas y el material informativo de referencia.

•Obtención y uso de asesoramiento especializado

•Evaluación de impacto

La evaluación de impacto del ALC sobre la sostenibilidad, llevada a cabo para respaldar las negociaciones del ALC, confirmó que el acuerdo tendría efectos macroeconómicos positivos tanto para la UE como para Nueva Zelanda.

•Adecuación regulatoria y simplificación

El ALC no está sujeto a procedimientos en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). No obstante, contiene una serie de disposiciones que simplificarán el comercio y los procedimientos conexos, reducirán los costes relacionados con la exportación y, por tanto, permitirán a más pymes hacer negocios en ambos mercados. Un capítulo específico para las pymes aborda, en particular, la mejora del intercambio de información y la cooperación con Nueva Zelanda en cuestiones relacionadas con este tipo de empresas. La eliminación de aranceles, los regímenes aduaneros simplificados y digitalizados y unos requisitos técnicos más compatibles reducirán los costes relacionados con las exportaciones y permitirán a las pymes con volúmenes comerciales más bajos competir con empresas de mayor tamaño. Esto también mejora la capacidad de las pymes para participar en las cadenas de suministro, el comercio digital y la contratación pública, así como prestar servicios en el mercado neozelandés. El ALC también promueve la transparencia y el uso de normas internacionales para facilitar el acceso a los mercados y reducir los costes de cumplimiento.

•Derechos fundamentales

La propuesta no afecta a la protección de los derechos fundamentales en la Unión.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

5.OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

El ALC incluye disposiciones en el ámbito institucional que establecen una estructura de organismos de ejecución para supervisar continuamente la aplicación, el funcionamiento y las repercusiones del ALC.

El capítulo institucional del ALC crea un Comité de Comercio que tiene como tarea principal supervisar y facilitar la ejecución y aplicación del ALC. El Comité de Comercio se encargará de supervisar el trabajo de todos los comités especializados y grupos de trabajo establecidos en el marco del ALC.

El ALC establece grupos consultivos internos compuestos por una representación equilibrada de organizaciones independientes de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales y patronales, así como sindicatos activos en asuntos económicos, de desarrollo sostenible, sociales, de derechos humanos, medioambientales y de otra índole, y, en el caso de Nueva Zelanda, representantes maoríes. Los grupos consultivos internos podrán presentar opiniones y recomendaciones sobre el funcionamiento y la aplicación del ALC y se reunirán una vez al año.

Como se subraya en la Comunicación «Comercio para todos», la Comisión dedica cada vez más recursos a la aplicación efectiva y la garantía de cumplimiento de los acuerdos de comercio e inversión. En octubre de 2022, la Comisión publicó su tercer informe anual sobre la aplicación y el cumplimiento. El principal objetivo del informe es ofrecer una visión objetiva de la aplicación de los ALC de la UE, subrayando los progresos realizados y las deficiencias que deben abordarse. El objetivo es que el informe sirva de base para un debate abierto y un compromiso con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la sociedad civil en general sobre el funcionamiento de los ALC y su aplicación. Como ejercicio anual, la publicación del informe permitirá hacer un seguimiento periódico de la evolución y de cómo se han abordado las prioridades identificadas. El informe cubrirá el ALC UE-Nueva Zelanda a partir de su entrada en vigor.

•Documentos explicativos (para las Directivas)

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Según las estimaciones, el ALC permitirá un aumento del comercio bilateral de hasta un 30 % y un ahorro de hasta 140 millones EUR anuales en derechos para las empresas de la UE que exporten a Nueva Zelanda en virtud del ALC, a partir del primer año de aplicación. Por ejemplo, Nueva Zelanda suprimirá los elevados derechos sobre los productos industriales, como los automóviles y las piezas de vehículos de motor (aranceles actuales de hasta el 10 %); la maquinaria (aranceles actuales de hasta el 5 %); los productos químicos (aranceles actuales de hasta el 5 %); las prendas de vestir (aranceles actuales del 10 %); los productos farmacéuticos (aranceles actuales de hasta el 5 %); el calzado (aranceles actuales de hasta el 10 %) y productos textiles (aranceles actuales de hasta el 10 %).

Los agricultores y las empresas alimentarias europeos se beneficiarán de nuevas oportunidades empresariales en Nueva Zelanda, ya que el ALC suprime todos los aranceles a la entrada vigentes sobre las exportaciones de productos agroalimentarios de la UE, incluidos productos de exportación clave, como la carne de porcino (aranceles actuales del 5 %); el vino y el vino espumoso (arancel actual del 5 %); el chocolate, los artículos de confitería y las galletas (arancel actual del 5 %); y los alimentos para animales de compañía (aranceles actuales del 5 %). Además, el ALC protegerá las indicaciones geográficas de la lista completa de cerca de 2 000 vinos y bebidas espirituosas de la UE, así como de otros 163 productos alimenticios, como Feta, Parmigiano Reggiano, Lubecker Marzipan y las aceitunas Elia Kalamatas.

Al mismo tiempo, el ALC tiene plenamente en cuenta las sensibilidades agrícolas de la UE. La UE no liberalizará plenamente sus mercados de productos muy sensibles, como la carne de vacuno, la mantequilla o la leche en polvo. Estos productos importados desde Nueva Zelanda solo tendrán un acceso limitado y controlado al mercado de la UE a través de contingentes arancelarios cuidadosamente calibrados que tengan en cuenta las preocupaciones de los agricultores europeos y las preferencias de los consumidores. Se garantizó que estos contingentes mitigarían la posible presión en el mercado.

El ALC establece normas estrictas en materia de sostenibilidad y calidad para los productos alimenticios importados. Los agricultores de ambas partes estarán en igualdad de condiciones en lo que respecta a los criterios de producción y sostenibilidad. El ALC contiene un texto específico sobre los sistemas alimentarios sostenibles (por primera vez en los acuerdos comerciales de la UE) y el bienestar animal, lo que allana el camino para una mayor cooperación bilateral y multilateral en temas como el bienestar animal, los alimentos, los plaguicidas y los fertilizantes. Las disposiciones del ALC protegerán a los agricultores de la UE contra la competencia desleal.

El ALC mejorará el acceso de las empresas de la UE a los contratos públicos de Nueva Zelanda.

En cuanto al comercio y el desarrollo sostenible, este es el primer acuerdo comercial de la UE que refleja el resultado de la reciente Comunicación sobre la revisión de la política comercial sostenible de la UE, con compromisos sancionables con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y las normas laborales fundamentales de la OIT. Además, el ALC es el primer acuerdo comercial con disposiciones específicas en materia de comercio e igualdad de género en el marco del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible y con disposiciones específicas sobre la reforma del comercio y las subvenciones a los combustibles fósiles y un ALC que liberaliza los bienes y servicios ecológicos en el momento de la entrada en vigor. El ALC prevé nuevos compromisos en materia de economía circular, deforestación, tarificación del carbono y protección del medio marino.

2023/0037 (NLE)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91, apartado 1, su artículo 100, apartado 2, y su artículo 207, apartado 4, párrafo primero, en relación con su artículo 218, apartado 5,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)El 22 de mayo de 2018, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar un acuerdo de libre comercio (en lo sucesivo, «el Acuerdo») con Nueva Zelanda.

(2)El 30 de junio de 2022 concluyeron con éxito las negociaciones del Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda.

(3)Por lo tanto, procede firmar dicho Acuerdo en nombre de la Unión, a reserva de su celebración en una fecha posterior.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Queda aprobada la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda («el Acuerdo») a reserva de su celebración.

Artículo 2

La Secretaría General del Consejo establecerá el instrumento de plenos poderes para la firma del Acuerdo en nombre de la Unión, a reserva de su celebración, para la persona o personas que indique el negociador del Acuerdo.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el

(1)    Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD/2017/0289 final.

(2)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0409&qid=1656586727707

(3)    https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/impact-assessments_es

(4)    https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/sustainability-impact-assessments_es

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 17.2.2023

COM(2023) 82 final

ANEXO

de la

Propuesta de Decisión del Consejo

relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA
Y NUEVA ZELANDA

PREÁMBULO

La Unión Europea, en lo sucesivo denominada «la Unión»,

y

Nueva Zelanda,

en lo sucesivo denominadas individualmente «Parte» y conjuntamente «las Partes»,

RECONOCIENDO su duradera y sólida asociación basada en los principios y valores comunes reflejados en el Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra, hecho en Bruselas el 5 de octubre de 2016, y sus importantes relaciones económicas, comerciales y de inversión;

DECIDIDAS a intensificar sus relaciones económicas y a ampliar el comercio y la inversión bilaterales;

RECONOCIENDO la importancia de la cooperación a escala mundial para abordar las cuestiones que presentan un interés común;

RECONOCIENDO la importancia de la transparencia en el comercio y la inversión internacionales en beneficio de todas las partes interesadas;

PROCURANDO establecer un entorno estable y predecible con normas claras y ventajosas para ambas Partes que rijan el comercio y la inversión entre ellas, y reducir o eliminar los obstáculos al respecto;

RECONOCIENDO que el Tratado de Waitangi / te Tiriti o Waitangi es un documento fundacional de importancia constitucional para Nueva Zelanda;

DESEANDO mejorar las condiciones de vida, promover el crecimiento inclusivo y la estabilidad de la economía, crear nuevas posibilidades de empleo y aumentar el bienestar general y, a tal fin, reafirmando su compromiso para promover la liberalización del comercio y la inversión;

CONVENCIDAS de que el presente Acuerdo creará un mercado ampliado y seguro para las mercancías y los servicios, reforzando así la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales;

DECIDIDAS a intensificar sus relaciones económicas, comerciales y de inversión de acuerdo con el objetivo del desarrollo sostenible, en su dimensión económica, social y medioambiental, y a promover el comercio y la inversión de forma coherente con los objetivos de altos niveles de protección medioambiental y laboral y con las normas pertinentes reconocidas internacionalmente y los acuerdos en los que son parte;

DECIDIDAS a mejorar el bienestar de los consumidores mediante políticas que garanticen un elevado nivel de protección, las posibilidades de elección y el bienestar económico de los consumidores;

AFIRMANDO el derecho de las Partes a regular en sus territorios para alcanzar objetivos políticos legítimos, como la protección de la vida o la salud de las personas, los animales o los vegetales; los servicios sociales; la educación pública; la seguridad; el medio ambiente, incluido el cambio climático; la moral pública; la protección social o de los consumidores; el bienestar animal; la privacidad y la protección de datos; la promoción y protección de la diversidad cultural; y, en el caso de Nueva Zelanda, la promoción o protección de los derechos, los intereses, las obligaciones y las responsabilidades de los maoríes;

COMPROMETIDAS a comunicarse con todas las partes interesadas pertinentes de la sociedad civil, tales como el sector privado, los sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales;

RECONOCIENDO la importancia de promover la participación inclusiva en el comercio internacional y de abordar los obstáculos y otros retos que existen para las partes interesadas nacionales a la hora de acceder al comercio internacional y a las oportunidades económicas, también en el comercio digital;

DECIDIDAS a abordar los retos particulares a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas a la hora de contribuir al desarrollo del comercio y la inversión extranjera directa;

RECONOCIENDO la importancia del comercio internacional para facilitar y promover el bienestar de los maoríes, incluidas las wāhine Māori (mujeres maoríes), así como los retos a los que se enfrentan a la hora de acceder a las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del comercio internacional, incluidas las oportunidades y los beneficios creados por el presente Acuerdo;

BUSCANDO promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres mediante el fomento de la importancia de las políticas y prácticas inclusivas en materia de género en las actividades económicas, incluido el comercio internacional, en un esfuerzo por eliminar todas las formas de discriminación por razón de género;

REAFIRMANDO su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, y teniendo en cuenta los principios articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

SOBRE LA BASE de sus respectivos derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, y de otros instrumentos de cooperación multilaterales y bilaterales en los que ambas Partes son parte;

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES INICIALES

ARTÍCULO 1.1

Objetivos del presente Acuerdo

Los objetivos del presente Acuerdo son liberalizar y facilitar el comercio y la inversión, y promover una relación económica más estrecha entre las Partes.

ARTÍCULO 1.2

Definiciones generales

A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

a)    «mercancía agrícola»: todo producto enumerado en el anexo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura;

b)    «ACAAMA»: el Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera, hecho en Bruselas el 3 de julio de 2017;

c)    «autoridad aduanera»:

i)    con respecto a Nueva Zelanda, el Servicio de Aduanas de Nueva Zelanda; y

ii)    con respecto a la Unión, los servicios de la Comisión Europea responsables de los asuntos aduaneros o, en su caso, las administraciones aduaneras y cualquier otra autoridad de los Estados miembros facultada para aplicar y hacer cumplir la legislación aduanera;

d)    «derecho de aduana»: todo derecho o carga de cualquier tipo aplicado a la importación de una mercancía o en relación con ella, pero no incluye:

i)    una carga equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con el apartado 2 del artículo III del GATT de 1994;

ii)    un derecho antidumping o compensatorio aplicado de conformidad con el GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias; y

iii)    una tasa u otra carga aplicada a la importación o en relación con ella, cuyo importe esté limitado al coste aproximado de los servicios prestados;

e)    «CCP»: Clasificación Central de Productos Provisional (Cuadernos Estadísticos, Serie M, n.º 77, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Nueva York, 1991);

f)    «día»: día natural;

g)    «empresa»: persona jurídica, sucursal u oficina de representación de una persona jurídica;

h)    «UE» o «Unión»: la Unión Europea;

i)    «vigente»: salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, en efecto en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

j)    «mercancía de una Parte»: una mercancía nacional, tal como se entiende en el GATT de 1994, e incluye las mercancías originarias de esa Parte;

k)    «Sistema Armonizado» o «SA»: el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incluidas todas las notas legales y las modificaciones a las mismas elaboradas por la Organización Mundial de Aduanas;

l)    «partida»: los primeros cuatro dígitos del número de la clasificación arancelaria en el Sistema Armonizado;

m)    «OIT»: la Organización Internacional del Trabajo;

n)    «persona jurídica», cualquier entidad jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación de una Parte, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o pública, con inclusión de cualquier sociedad de capital, sociedad de gestión, sociedad personalista, empresa conjunta, empresa individual o asociación;

o)    «medida»: cualquier medida adoptada por una Parte, ya sea en forma de ley, reglamento, norma, procedimiento, decisión, disposición administrativa, requisito o práctica o en cualquier otra forma 1 ;

p)    «medidas adoptadas por una Parte»: medidas adoptadas o mantenidas por 2 :

i)    gobiernos o autoridades públicas centrales, regionales o locales; y

ii)    organismos no gubernamentales en el ejercicio de facultades delegadas en ellos por gobiernos o autoridades públicas centrales, regionales o locales;

q)    «Estado miembro»: un Estado miembro de la Unión;

r)    «persona física de una Parte»:

i)    en el caso de la Unión, un nacional de uno de los Estados miembros con arreglo a su legislación 3 ; y

ii)    en el caso de Nueva Zelanda, un nacional neozelandés, de conformidad con su legislación 4 ;

s)    «OCDE»: la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos;

t)    «originario»: que reúne los requisitos para ser considerado originario con arreglo a las normas de origen establecidas en el capítulo 3 (Normas de origen y procedimientos en materia de origen);

u)    «mercancía originaria» o «mercancía originaria de una Parte»: una mercancía que cumple las normas de origen establecidas en el capítulo 3 (Normas de origen y procedimientos en materia de origen);

v)    «persona»: una persona física o una persona jurídica;

w)    «tratamiento arancelario preferencial»: el tipo de derecho de aduana aplicable a una mercancía originaria de conformidad con las listas de eliminación arancelaria del anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria);

x)    «Acuerdo Sanitario»: el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Nueva Zelanda sobre medidas sanitarias aplicables al comercio de animales vivos y productos animales, hecho en Bruselas el 17 de diciembre de 1996 5 ;

y)    «medida sanitaria o fitosanitaria»: toda medida contemplada en el anexo A, apartado 1, del Acuerdo MSF;

z)    «DEG»: derechos especiales de giro;

aa)    «proveedor de servicios»: toda persona que preste o trate de prestar un servicio;

bb)    «pymes»: pequeñas y medianas empresas;

cc)    «territorio»: con respecto a cada Parte, la zona en la que se aplica este Acuerdo de conformidad con el artículo 1.4 (Aplicación territorial);

dd)    «TFUE»: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

ee)    «el Acuerdo de París»: el Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en París el 12 de diciembre de 2015;

ff)    «el Acuerdo de Asociación»: el Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra, hecho en Bruselas el 5 de octubre de 2016;

gg)    «tercer país»: un país o territorio que está fuera del ámbito territorial de aplicación del presente Acuerdo; y

hh)    «OMC»: la Organización Mundial del Comercio.

ARTÍCULO 1.3

Acuerdos de la OMC

A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

a)    «Acuerdo sobre la Agricultura»: el Acuerdo sobre la Agricultura que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

b)    «Acuerdo sobre Salvaguardias»: el Acuerdo sobre Salvaguardias que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

c)    «Acuerdo Antidumping»: el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

d)    «Código sobre la valoración de mercancías en aduana»: el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

e)    «ESD»: el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, que se recoge en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC;

f)    «AGCS»: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que se recoge en el anexo 1B del Acuerdo de la OMC;

g)    «GATT de 1994»: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

h)    «ACP»: el Acuerdo sobre Contratación Pública, modificado por el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública. hecho en Ginebra el 30 de marzo de 2012;

i)    «Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación»: el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación que figura en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

j)    «Acuerdo SMC»: el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

k)    «Acuerdo MSF»: el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

l)    «Acuerdo OTC»: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

m)    «Acuerdo sobre los ADPIC»: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que se recoge en el anexo 1C del Acuerdo de la OMC; y

n)    «Acuerdo de la OMC»: el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994.

ARTÍCULO 1.4

Aplicación territorial

1.    El presente Acuerdo será aplicable:

a)    a los territorios en los que sean aplicables el Tratado de la Unión Europea y el TFUE en las condiciones establecidas en dichos Tratados; y

b)    al territorio de Nueva Zelanda y a la zona económica exclusiva, el fondo marino y el subsuelo sobre los que esta ejerza derechos soberanos con respecto a los recursos naturales de conformidad con el Derecho internacional, pero no incluye Tokelau.

2.    Por lo que respecta a las disposiciones del presente Acuerdo relativas al tratamiento arancelario de las mercancías, incluidas las normas de origen y los procedimientos en materia de origen, este Acuerdo también se aplica a aquellas zonas del territorio aduanero de la Unión en el sentido del artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 6 , que no estén contempladas en el apartado 1, letra a), del presente artículo.

3.    Las referencias al «territorio» en el presente Acuerdo se entenderán en el sentido mencionado en los apartados 1 y 2, salvo disposición expresa en contrario.

ARTÍCULO 1.5

Relación con otros acuerdos internacionales

1.    Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, los acuerdos internacionales vigentes entre los Estados miembros de la Unión, la Comunidad Europea o la Unión, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra, no quedan sustituidos ni derogados por el presente Acuerdo.

2.    El presente Acuerdo será parte integrante de las relaciones bilaterales globales que se rigen por el Acuerdo de Asociación y formarán parte del marco institucional común.

3.    Las Partes afirman sus derechos y obligaciones recíprocos en virtud del Acuerdo de la OMC. Para mayor certeza, ninguna disposición del presente Acuerdo exige que una Parte actúe de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de la OMC.

4.    En caso de incompatibilidad entre el presente Acuerdo y un acuerdo internacional distinto del Acuerdo de la OMC que ambas Partes hayan suscrito, estas se consultarán inmediatamente para encontrar una solución satisfactoria para ambas.

5.    Salvo disposición en contrario, cuando en el presente Acuerdo se mencionen o se incorporen, total o parcialmente, acuerdos internacionales, se entenderá que se incluyen sus modificaciones o los acuerdos que sucedan a dichos acuerdos y que entren en vigor para ambas Partes en la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad.

6.    Si se plantea alguna cuestión en relación con la ejecución o la aplicación del presente Acuerdo como consecuencia de tales modificaciones o de acuerdos sucesores, referidos en el apartado 5, las Partes, a petición de una de ellas, podrán consultarse en caso necesario para encontrar una solución satisfactoria para ambas.

ARTÍCULO 1.6

Establecimiento de una zona de libre comercio

Las Partes establecen una zona de libre comercio, de conformidad con el artículo XXIV del GATT de 1994 y del artículo V del AGCS.

CAPÍTULO 2

TRATO NACIONAL Y ACCESO DE LAS MERCANCÍAS A LOS MERCADOS

ARTÍCULO 2.1

Objetivo

Las Partes liberalizarán progresiva y recíprocamente el comercio de mercancías de conformidad con el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2.2

Ámbito de aplicación

Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, el presente capítulo se aplicará al comercio de mercancías de una Parte.

ARTÍCULO 2.3

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

a)    «cuaderno ATA»: documento reproducido de conformidad con el anexo del Convenio aduanero relativo al cuaderno ATA para la importación temporal de mercancías, hecho en Bruselas el 6 de diciembre de 1961;

b)    «formalidades consulares»: procedimiento para obtener de un cónsul de la Parte importadora en el territorio de la Parte exportadora, o en el territorio de un tercer país, una factura consular o un visado consular para una factura comercial, un certificado de origen, un manifiesto, una declaración de exportación del expedidor o cualquier otra documentación aduanera relacionada con la importación de la mercancía;

c)    «procedimiento para el trámite de licencias de exportación»: procedimiento administrativo que requiere la presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la que generalmente se requiere a efectos del despacho de aduana, al órgano o los organismos administrativos competentes como condición previa para la exportación desde el territorio de la Parte exportadora;

d)    «procedimiento para el trámite de licencias de importación»: procedimiento administrativo que requiere la presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la que generalmente se requiere a efectos del despacho de aduana, al órgano o los organismos administrativos competentes como condición previa para la importación al territorio de la Parte importadora;

e)    «mercancía remanufacturada»: una mercancía clasificada en los capítulos 84 a 90 o en la partida 94.02 del SA que:

i)    esté total o parcialmente compuesta de piezas obtenidas de mercancías usadas;

ii)    tenga un funcionamiento y unas condiciones de trabajo similares a los de las mercancías equivalentes nuevas; y

iii)    sea objeto de una garantía igual a la aplicable a las mercancías equivalentes nuevas;

f)    «reparación» o «modificación»: toda operación de transformación efectuada en una mercancía, con independencia de cualquier aumento de su valor, para subsanar defectos de funcionamiento o daños materiales, que permita restablecer la función original de la mercancía o garantizar su conformidad con los requisitos técnicos establecidos para su uso, sin lo cual la mercancía ya no podría utilizarse en condiciones normales para los fines a los que se destina; la reparación o modificación de una mercancía incluye la restauración y el mantenimiento, pero no incluye las operaciones o procesos que:

i)    destruyan las características esenciales de una mercancía o creen una mercancía nueva o diferente desde el punto de vista comercial;

ii)    transformen una mercancía no acabada en una mercancía acabada; o

iii)    se utilicen para modificar sustancialmente la función de una mercancía; y

g)    «categoría de escalonamiento»: plazo para la eliminación de los derechos de aduana que varía entre cero y siete años, tras los cuales una mercancía está exenta de derechos de aduana, salvo que se especifique lo contrario en el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria).

ARTÍCULO 2.4

Trato nacional en materia de imposición y reglamentación internas

Cada una de las Partes concederá trato nacional a las mercancías de la otra Parte de conformidad con el artículo III del GATT de 1994 y sus notas interpretativas y disposiciones complementarias. A tal efecto, el artículo III del GATT de 1994 y sus notas interpretativas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2.5

Eliminación de los derechos de aduana

1.    Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, cada una de las Partes reducirá o eliminará sus derechos de aduana sobre las mercancías originarias de la otra Parte de conformidad con el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria).

2.    A efectos del apartado 1, el tipo básico de los derechos de aduana será el tipo básico especificado para cada mercancía en el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria).

3.    Si una Parte reduce su tipo de derecho de aduana aplicado a la nación más favorecida, dicho tipo de derecho será aplicable a las mercancías originarias de la otra Parte siempre y cuando sea inferior al tipo de derecho de aduana determinado con arreglo al anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria).

4.    Dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, a petición de una Parte, las Partes se consultarán para estudiar la aceleración de la reducción o eliminación de los derechos de aduana establecidos en el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria). El Comité de Comercio podrá adoptar una decisión para modificar el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria) al objeto de acelerar la reducción o eliminación de los aranceles aduaneros.

5.    Una Parte podrá en cualquier momento acelerar de forma autónoma la eliminación de los derechos de aduana establecidos en el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria) sobre las mercancías originarias de la otra Parte. Dicha Parte informará a la otra Parte tan pronto como sea posible antes de que surta efecto el nuevo tipo de derecho de aduana.

6.    Si una Parte acelera de manera autónoma la eliminación de los derechos de aduana de conformidad con el apartado 5, dicha Parte podrá elevar un derecho de aduana al nivel establecido en el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria) para el año correspondiente tras cualquier reducción autónoma.

ARTÍCULO 2.6

Mantenimiento del statu quo

Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, ninguna Parte aumentará los derechos de aduana establecidos como tipo básico en el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria) ni adoptará un derecho de aduana nuevo sobre una mercancía originaria de otra Parte.

ARTÍCULO 2.7

Derechos de exportación, impuestos y otras cargas

1.    Una Parte no adoptará ni mantendrá:

a)    ningún derecho, impuesto u otro tipo de carga que se aplique a la exportación de una mercancía a la otra Parte o en relación con dicha exportación; o

b)    cualquier impuesto interno u otra carga sobre una mercancía exportada a la otra Parte que sea superior al impuesto o carga que se aplicaría a mercancías similares destinadas al consumo interior.

2.    Ninguna disposición del presente artículo impedirá a una Parte imponer a la exportación de una mercancía un impuesto o carga que esté permitido en virtud del artículo 2.8 (Tasas y formalidades).

ARTÍCULO 2.8

Tasas y formalidades

1.    Cada una de las Partes se asegurará, de conformidad con el apartado 1 del artículo VIII del GATT de 1994, incluidas sus notas interpretativas y disposiciones complementarias, de que todas las tasas y otras cargas, cualquiera que sea su naturaleza, aplicadas por una Parte a la importación o a la exportación de mercancías, o en relación con ellas, se limiten al coste aproximado de los servicios prestados y no constituyan una protección indirecta de las mercancías nacionales ni se apliquen a las importaciones o exportaciones con fines fiscales.

2.    Una Parte no aplicará las tasas y otras cargas de cualquier naturaleza mencionadas en el apartado 1 sobre una base ad valorem.

3.    Cada una de las Partes publicará sin demora todas las tasas y otras cargas de cualquier naturaleza que aplique en relación con la importación o la exportación de mercancías, de tal manera que permita que las administraciones públicas, los operadores económicos y otras partes interesadas se familiaricen con ellos.

4.    Una Parte no exigirá formalidades consulares, entre ellas tasas y otras cargas conexas de cualquier naturaleza, en relación con la importación de mercancías de la otra Parte.

5.    A efectos del presente artículo, las tasas u otras cargas de cualquier naturaleza no incluirán los impuestos a la exportación, los derechos de aduana, las cargas equivalentes a un impuesto interno u otras cargas internas aplicadas de conformidad con el apartado 2 del artículo III del GATT de 1994, ni los derechos antidumping o compensatorios.

ARTÍCULO 2.9

Mercancías reparadas o modificadas

1.    Ninguna Parte aplicará un derecho de aduana a una mercancía, independientemente de su origen, que se reintroduzca en el territorio de la Parte después de que dicha mercancía se haya exportado temporalmente desde su territorio al territorio de la otra Parte para su reparación o modificación, independientemente de si esta reparación o modificación pudiera haberse llevado a cabo en el territorio de la Parte desde la que se había exportado la mercancía para su reparación o modificación.

2.    El apartado 1 no se aplica a una mercancía importada en depósito aduanero, en zonas francas, o en situación similar, que se exporte posteriormente para su reparación o modificación y no se reimporte en depósito aduanero, en zonas francas, o en situación similar.

3.    Ninguna Parte aplicará un derecho de aduana a una mercancía, independientemente de su origen, que haya sido importada temporalmente desde el territorio de la otra Parte para su reparación o modificación.

ARTÍCULO 2.10

Mercancías remanufacturadas

1.    Una Parte no concederá a las mercancías remanufacturadas de la otra Parte un trato menos favorable que el que la Parte conceda a las mercancías equivalentes nuevas.

2.    Para mayor certeza, el artículo 2.11 (Restricciones a la importación y a la exportación) se aplica a las prohibiciones o restricciones a la importación o exportación de mercancías remanufacturadas. Si una Parte adopta o mantiene prohibiciones o restricciones a la importación o la exportación de mercancías usadas, no aplicará estas medidas a las mercancías remanufacturadas.

3.    Una Parte podrá exigir que las mercancías remanufacturadas se identifiquen como tales para su distribución o venta en su territorio y que las mercancías cumplan todos los requisitos técnicos aplicables a las mercancías equivalentes nuevas.

ARTÍCULO 2.11

Restricciones a la importación y a la exportación

1.    Una Parte no adoptará o mantendrá ninguna prohibición o restricción sobre la importación de mercancías de la otra Parte o sobre la exportación o la venta para la exportación de mercancías destinadas al territorio de la otra Parte, excepto de conformidad con el artículo XI del GATT de 1994 y sus notas interpretativas y disposiciones complementarias. A tal efecto, el artículo XI del GATT de 1994 y sus notas interpretativas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

2.    Una Parte no adoptará ni mantendrá:

a)    requisitos relativos a los precios de exportación e importación 7 , salvo lo permitido en las órdenes y compromisos en materia de aplicación de derechos compensatorios y antidumping; o

b)    licencias de importación condicionadas al cumplimiento de un requisito de funcionamiento.

ARTÍCULO 2.12

Marcado de origen

1.    Si Nueva Zelanda exige una marca de origen en la importación de mercancías de la Unión, aceptará la marca de origen «Made in the EU» en condiciones que no sean menos favorables que las aplicadas a las marcas de origen de un Estado miembro.

2.    A efectos de la marca de origen «Made in the EU», Nueva Zelanda tratará a la Unión como un único territorio.

ARTÍCULO 2.13

Procedimientos para el trámite de licencias de importación

1.    Cada una de las Partes adoptará y administrará los procedimientos para el trámite de licencias de importación de conformidad con los artículos 1 a 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. A tal fin, los artículos 1 a 3, del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

2.    La Parte que adopte un nuevo procedimiento para el trámite de licencias de importación o modifique un procedimiento de este tipo vigente notificará a la otra Parte dicha adopción o modificación sin demora y, en cualquier caso, a más tardar sesenta días después de la fecha de publicación del procedimiento pertinente. La notificación incluirá la información mencionada en el del artículo 5, apartado 2, del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. Se considerará que una Parte cumple esta obligación si notifica un nuevo procedimiento para el trámite de licencias de importación, o una modificación de un procedimiento de este tipo vigente, al Comité de Licencias de Importación de la OMC de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, incluida la información mencionada en el artículo 5, apartado 2, de dicho Acuerdo.

3.    A petición de una Parte, la otra Parte facilitará sin demora cualquier información pertinente, incluida la información especificada en el artículo 5, apartado 2, del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, en relación con cualquier procedimiento para el trámite de licencias de importación que tenga intención de adoptar o que mantenga, así como cualquier modificación de un procedimiento de este tipo vigente.

4.    En caso de que una Parte deniegue una solicitud de licencia de importación con respecto a una mercancía de la otra Parte, deberá, previa petición y en un plazo razonable tras recibir la solicitud, facilitar al solicitante una explicación por escrito de las razones de la denegación.

ARTÍCULO 2.14

Procedimientos para el trámite de licencias de exportación

1.    Cada una de las Partes publicará un nuevo procedimiento para el trámite de licencias de exportación o las modificaciones de un procedimiento de este tipo vigente, de tal manera que las administraciones públicas, los operadores económicos y otras partes interesadas se familiaricen con ellos. Dicha publicación tendrá lugar, siempre que sea factible, cuarenta y cinco días antes de que entre en vigor el nuevo procedimiento para el trámite de licencias de exportación o la modificación de un procedimiento de este tipo vigente y, en cualquier caso, a más tardar en la fecha en que entre en vigor el nuevo procedimiento para el trámite de licencias de exportación o la modificación.

2.    Cada una de las Partes velará por que en su publicación de los procedimientos para el trámite de licencias de exportación se incluya la siguiente información:

a)    los textos de sus procedimientos para el trámite de licencias de exportación o de las modificaciones que la Parte realice en dichos procedimientos;

b)    las mercancías objeto de cada procedimiento para el trámite de licencias de exportación;

c)    para cada procedimiento para el trámite de licencias de exportación, una descripción del proceso para solicitar una licencia y los criterios que un solicitante debe cumplir para poder solicitarla, como disponer de una licencia de actividad, establecer o mantener una inversión u operar a través de una forma particular de establecimiento en el territorio de una Parte;

d)    el punto o los puntos de contacto a través de los cuales las personas interesadas pueden obtener información adicional sobre las condiciones para la obtención de una licencia de exportación;

e)    el órgano o los organismos administrativos ante los que debe presentarse una solicitud de licencia u otra documentación pertinente;

f)    una descripción de las medidas que se estén aplicando mediante el procedimiento para el trámite de licencias de exportación;

g)    el período durante el cual estará en vigor cada procedimiento para el trámite de licencias de exportación, a menos que dicho procedimiento permanezca en vigor hasta su retirada o revisión en una nueva publicación;

h)    si la Parte pretende utilizar un procedimiento para el trámite de licencias de exportación para administrar un contingente de exportación, la cantidad global y, cuando sea posible, el valor del contingente y las fechas de apertura y cierre de este; y

i)    las exenciones o excepciones que sustituyan al requisito de obtener una licencia de exportación, la forma de solicitar o utilizar dichas exenciones o excepciones y los criterios para concederlas.

3.    En el plazo de treinta días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, cada una de las Partes notificará a la otra Parte sus procedimientos vigentes para el trámite de licencias de exportación. La Parte que adopte nuevos procedimientos para el trámite de licencias de exportación o modificaciones de los procedimientos de este tipo vigentes, notificará a la otra Parte dicha adopción o modificación en un plazo de sesenta días a partir de la publicación de cualquier nuevo procedimiento para el trámite de licencias de exportación o de cualquier modificación de un procedimiento de este tipo vigente. La notificación incluirá una referencia a la fuente o fuentes en las que se publique la información requerida de conformidad con el apartado 2 e incluirá, si corresponde, la dirección del sitio o sitios web gubernamentales correspondientes.

4.    Para mayor certeza, ninguna disposición del presente artículo exige que una Parte conceda una licencia de exportación, ni impide que una de las Partes cumpla sus compromisos en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en virtud de los regímenes multilaterales de no proliferación y los acuerdos sobre el control de las exportaciones, como por ejemplo:

a)    el Arreglo de Wassenaar sobre control de exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso, hecho en La Haya el 19 de diciembre de 1995;

b)    la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993;

c)    la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, hecha en Londres, Moscú y Washington el 10 de abril de 1972;

d)    el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, hecho en Londres, Moscú y Washington el 1 de julio de 1968; y

e)    el Grupo de Australia, el Grupo de Suministradores Nucleares y el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles.

ARTÍCULO 2.15

Utilización de las preferencias

1.    A efectos de supervisar el funcionamiento del presente Acuerdo y calcular los índices de utilización de las preferencias, las Partes intercambiarán anualmente estadísticas exhaustivas de importación durante un período que comenzará un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y terminará diez años después de la finalización de la eliminación arancelaria para todas las mercancías, de conformidad con el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria). Salvo que el Comité de Comercio decida lo contrario, dicho período se prorrogará automáticamente por cinco años y, a partir de entonces, dicho Comité podrá decidir prorrogarlo nuevamente.

2.    El intercambio de estadísticas de importación incluirá los datos correspondientes al año más reciente disponible, incluido el valor y, cuando proceda, el volumen, a nivel de la línea arancelaria de las importaciones de mercancías de la otra Parte que se beneficien de un tratamiento arancelario preferencial en virtud del presente Acuerdo y de las que reciban un trato no preferencial, incluso en el marco de los diferentes regímenes utilizados por las Partes en el momento de la importación. Dichas estadísticas, así como los índices de utilización de las preferencias, podrán presentarse al Comité de Comercio para un intercambio de opiniones.

ARTÍCULO 2.16

Importación temporal

1.    A los efectos del presente artículo, por «importación temporal» se entiende el régimen aduanero en virtud del cual determinadas mercancías, incluidos los medios de transporte, pueden introducirse en el territorio de una Parte con la exención condicional del pago de derechos e impuestos de importación y sin la aplicación de prohibiciones o restricciones de importación de carácter económico, a condición de que las mercancías sean importadas para un fin concreto y se destinen a la reexportación en un plazo especificado sin haber sufrido ningún cambio, salvo la depreciación normal debido a su uso.

2.    Cada una de las Partes concederá la importación temporal, de conformidad con sus leyes, reglamentos o procedimientos, a las siguientes mercancías, independientemente de su origen:

a)    equipo profesional, incluido el equipo para la prensa o la televisión, los programas informáticos y el equipo cinematográfico y de radiodifusión, necesarios para llevar a cabo la actividad empresarial, el comercio o la profesión de una persona que visite el territorio de la otra Parte para realizar una tarea específica;

b)    las mercancías, incluidos sus componentes, aparatos auxiliares y accesorios, destinadas a ser expuestas o utilizadas en exposiciones, ferias, reuniones o actos similares;

c)    muestras comerciales y películas y grabaciones publicitarias (soportes visuales o material sonoro grabados, consistentes esencialmente en imágenes o sonido que muestren la naturaleza o la explotación de bienes o servicios ofrecidos a la venta o en arrendamiento financiero por una persona establecida o residente en el territorio de una Parte, siempre que dichos materiales sean de un tipo adecuado para su exposición a clientes potenciales, pero no para su difusión al público en general); y

d)    mercancías importadas con fines deportivos, como competiciones, demostraciones, entrenamiento, carreras o manifestaciones similares.

3.    Para la importación temporal de las mercancías a que se refiere el apartado 2, e independientemente del origen de estas, cada una de las Partes aceptará los cuadernos ATA expedidos en la otra Parte, que se hayan aprobado allí y que hayan sido garantizados por una asociación que forme parte de la cadena de garantía internacional, que hayan sido certificados por las autoridades competentes y que sean válidos en el territorio de la Parte importadora.

4.    Cada una de las Partes determinará el período durante el cual las mercancías podrán permanecer al amparo del régimen de importación temporal. Una Parte podrá prorrogar el período inicial de manera autónoma.

5.    Cada una de las Partes podrá exigir que las mercancías que se beneficien de la importación temporal de conformidad con el apartado 1:

a)    sean utilizadas exclusivamente por un nacional o residente de la otra Parte, o bajo su supervisión personal, en el ejercicio de la actividad empresarial, oficio, profesión o deporte que lleve a cabo dicho nacional o residente;

b)    no se vendan, arrienden, enajenen ni transfieran mientras se encuentren en su territorio;

c)    vayan acompañadas de una garantía que sea compatible con las obligaciones de la Parte importadora en virtud de los convenios aduaneros internacionales pertinentes a los que se haya adherido;

d)    se identifiquen en el momento de la importación y exportación;

e)    se exporten en el momento de la salida del nacional o residente a que se refiere la letra a), o antes de la misma, o en un plazo relacionado con la finalidad de la importación temporal que la Parte pueda establecer, o en el plazo de un año, a menos que se prorrogue;

f)    se importen en una cantidad no superior a la razonable para el uso previsto; o

g)    sean admisibles en el territorio de la Parte con arreglo a su legislación.

6.    Si no se cumple alguna de las condiciones que una Parte pueda imponer en virtud del apartado 5, la Parte podrá aplicar el derecho de aduana y cualquier otra carga que normalmente se adeudaría a la mercancía, así como cualquier otra carga o sanción prevista en su legislación.

7.    Cada una de las Partes permitirá que una mercancía importada temporalmente en virtud del presente artículo sea reexportada a través de un punto de partida autorizado por la autoridad aduanera distinto de aquel a través del cual fue importada.

8.    Una Parte eximirá al importador u otra persona responsable de una mercancía importada en virtud del presente artículo de responsabilidad por no exportar una mercancía importada temporalmente previa presentación a la Parte importadora de pruebas satisfactorias de que la mercancía ha sido destruida o irremediablemente perdida, de conformidad con la legislación aduanera de dicha Parte.

ARTÍCULO 2.17

Franquicia de derechos de aduana de muestras comerciales sin valor estimable
y material publicitario impreso

1.    Cada una de las Partes, de conformidad con sus leyes, reglamentos o procedimientos, concederá la franquicia de derechos de aduana a las muestras comerciales sin valor estimable y al material publicitario impreso importado de la otra Parte, independientemente de su origen.

2.    Una Parte podrá definir las muestras comerciales sin valor estimable como aquellas que:

a)    tienen un valor, individual o acumulado, tal como se hayan expedido, no superior a la cantidad especificada en la legislación de una Parte; o

b)    están tan marcadas, rasgadas, perforadas o tratadas de otro modo que no son aptas para la venta o el uso, excepto como muestras comerciales.

3.    El material publicitario impreso se define como las mercancías clasificadas en el capítulo 49 del SA, incluidos folletos, panfletos, prospectos, catálogos comerciales, anuarios publicados por asociaciones comerciales, materiales de promoción turística y carteles, que se utilizan para promocionar, publicitar o anunciar un bien o servicio, están destinadas esencialmente a publicitar un bien o servicio y se suministran gratuitamente.

ARTÍCULO 2.18

Medidas específicas relativas a la gestión del trato preferencial

1.    Las Partes cooperarán en la prevención, detección y lucha contra las infracciones de la legislación aduanera relacionada con el trato preferencial concedido en virtud del presente capítulo de conformidad con el capítulo 3 (Normas de origen y procedimientos en materia de origen) y los títulos I, III, IV y V del ACAAMA.

2.    Una Parte podrá suspender temporalmente el trato preferencial pertinente de las mercancías de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 3 a 5 si:

a)    ha llegado a la conclusión, sobre la base de información objetiva, convincente y verificable, de que se han cometido infracciones sistemáticas y sectoriales de la legislación aduanera relacionada con el trato preferencial concedido en virtud del presente capítulo, que dan lugar a una pérdida significativa de ingresos para dicha Parte; y

b)    la otra Parte se niega de forma reiterada e injustificada a cooperar o no coopera de otro modo con respecto a las infracciones de la legislación aduanera mencionadas en la letra a).

3.    La Parte que haya llegado a la conclusión a que se refiere el apartado 2, letra a), notificará sin demora indebida al Comité de Comercio y entablará consultas con la otra Parte en el seno de dicho Comité con miras a lograr una solución aceptable para ambas Partes.

4.    Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre una solución aceptable en un plazo de tres meses a partir de la notificación a que se refiere el apartado 3, la Parte que haya llegado a la conclusión podrá decidir suspender temporalmente el trato preferencial pertinente de las mercancías en cuestión. La suspensión temporal se aplicará únicamente a aquellos operadores comerciales que ambas Partes, durante las consultas a que se refiere el apartado 3, determinaron y acordaron que estaban implicados en las infracciones de la legislación aduanera. Esta suspensión temporal se notificará al Comité de Comercio sin demora indebida.

5.    Si una Parte ha llegado a la conclusión a que se refiere el apartado 2, letra a), y en el plazo de tres meses a partir de la notificación a que se refiere el apartado 4 ha establecido que la suspensión temporal a que se refiere el apartado 4 ha sido ineficaz para combatir las infracciones de la legislación aduanera relacionada con el trato preferencial concedido en virtud del presente capítulo, la Parte podrá decidir suspender temporalmente el trato preferencial pertinente de las mercancías en cuestión. La Parte también podrá decidir suspender temporalmente el trato preferencial pertinente de las mercancías de que se trate si, durante las consultas a que se refiere el apartado 3, las Partes no han podido identificar y llegar a un acuerdo sobre los operadores implicados en las infracciones de la legislación aduanera. Esta suspensión temporal se notificará al Comité de Comercio sin demora indebida.

6.    Las suspensiones temporales a que se refiere el presente artículo solo se aplicarán durante el período necesario para proteger los intereses financieros de la Parte de que se trate y, en cualquier caso, no se aplicarán durante más de seis meses. Si las condiciones que dieron lugar a la suspensión temporal inicial persisten al expirar el período de seis meses, la Parte afectada podrá decidir renovar la suspensión temporal previa notificación a la otra Parte. Toda suspensión de este tipo estará sujeta a consultas periódicas en el Comité de Comercio.

7.    Cada una de las Partes publicará, de conformidad con sus procedimientos internos, anuncios destinados a los importadores sobre todas las decisiones relativas a las suspensiones temporales a que se hace referencia en el presente artículo.

8.    No obstante lo dispuesto en el apartado 5, si un importador puede convencer a la autoridad aduanera de la Parte importadora de que las mercancías en cuestión cumplen plenamente la legislación aduanera de la Parte importadora, los requisitos del presente Acuerdo y cualesquiera otras condiciones relacionadas con la suspensión temporal establecidas por la Parte importadora de conformidad con su legislación, la Parte importadora permitirá al importador solicitar el trato preferencial y recuperar los derechos pagados por encima de los tipos arancelarios preferenciales aplicables cuando se importaron las mercancías en cuestión.

ARTÍCULO 2.19

Comité de Comercio de Mercancías

1.    Este artículo complementa y especifica el artículo 24.4 (Comités especializados).

2.    Las funciones del Comité de Comercio de Mercancías con respecto al presente capítulo comprenderán:

a)    promover el comercio de mercancías entre las Partes, en particular mediante consultas sobre la aceleración de la eliminación arancelaria en el marco del presente Acuerdo

b)    abordar rápidamente los obstáculos al comercio de mercancías entre las Partes;

c)    sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 26 (Solución de diferencias), consultar y tratar de resolver cualquier cuestión relacionada con el presente capítulo, incluidas las diferencias que puedan surgir entre las Partes sobre cuestiones relacionadas con la clasificación de mercancías en el Sistema Armonizado y el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria), o la modificación de la estructura del código del sistema armonizado o de las nomenclaturas respectivas de cada Parte, a fin de garantizar que no se modifiquen las obligaciones de cada una de las Partes en virtud del anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria);

d)    supervisar los índices de utilización de las preferencias y las estadísticas, cuyos datos pueden presentarse para un intercambio de puntos de vista entre el Comité de Comercio de Mercancías y el Comité de Comercio; y

e)    trabajar con cualquier comité especializado u otro órgano subsidiario establecido o facultado para actuar en virtud del presente Acuerdo en cuestiones que puedan ser pertinentes para dicho comité u organismo especializado, según proceda.

ARTÍCULO 2.20

Puntos de contacto

En el plazo de noventa días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, cada una de las Partes designará un punto de contacto responsable de facilitar la comunicación entre las Partes sobre los asuntos regulados en el presente capítulo y notificará a la otra Parte los datos de contacto del punto de contacto. Cada una de las Partes notificará sin demora a la otra Parte cualquier modificación de dichos datos de contacto.

CAPÍTULO 3

NORMAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ORIGEN

SECCIÓN A

NORMAS DE ORIGEN

ARTÍCULO 3.1

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

a)    «envío»: productos que se envían simultáneamente de un expedidor a un destinatario o al amparo de un documento único de transporte que cubra su expedición del expedidor al destinatario o, en ausencia de dicho documento, al amparo de una factura única;

b)    «exportador»: persona establecida en una Parte que, de conformidad con los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias de dicha Parte, exporta o produce el producto originario y formula una comunicación sobre el origen;

c)    «importador»: persona que importa el producto originario y solicita para dicho producto un tratamiento arancelario preferencial;

d)    «materia»: toda sustancia utilizada en la producción de un producto, incluidos todos los componentes, ingredientes, materias primas, o partes;

e)    «materia no originaria»: materia que no reúne las condiciones para ser considerada originaria de conformidad con el presente capítulo, incluida la materia cuyo carácter originario no pueda determinarse;

f)    «producto»: resultado de la producción, incluso si está destinado a ser utilizado como materia en la producción de otro producto; y

g)    «producción»: toda elaboración o transformación, incluido el montaje.

ARTÍCULO 3.2

Requisitos generales con respecto a los productos originarios

1.    A los efectos de la aplicación del tratamiento arancelario preferencial por una Parte a una mercancía originaria de la otra Parte de conformidad con el presente Acuerdo, siempre y cuando un producto cumpla todos los demás requisitos aplicables del presente capítulo, un producto se considerará originario de la otra Parte si:

a)    se ha obtenido enteramente en esa Parte a tenor del artículo 3.4 (Productos enteramente obtenidos);

b)    se ha producido en esa Parte exclusivamente a partir de materias originarias; o

c)    se ha producido en esa Parte e incorpora materias no originarias siempre que el producto cumpla los requisitos establecidos en el anexo 3-B (Normas de origen específicas por productos).

2.    Si un producto ha adquirido carácter originario, las materias no originarias utilizadas en su producción no se considerarán materias no originarias cuando dicho producto se incorpore como materia a otro producto.

3.    La adquisición del carácter originario deberá cumplirse sin interrupción en Nueva Zelanda o en la Unión.

ARTÍCULO 3.3

Acumulación del origen

1.    Un producto originario de una Parte se considerará originario de la otra Parte si dicho producto se utiliza como materia en la producción de otro producto en esta última Parte.

2.    La producción llevada a cabo en una Parte con materia no originaria podrá tomarse en consideración para determinar si un producto es originario de la otra Parte.

3.    Los apartados 1 y 2 no se aplicarán si la producción llevada a cabo en la otra Parte se limita a una o varias de las operaciones a las que se refiere el artículo 3.6 (Elaboración o transformación insuficientes).

4.    A fin de cumplimentar la comunicación sobre el origen a que se refiere el artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial), apartado 2, letra a), para un materia no originaria contemplada en el apartado 2, el exportador obtendrá de su proveedor una declaración del proveedor conforme a lo dispuesto en el anexo 3-D [Declaración del proveedor contemplada en el artículo 3.3, apartado 4 (Acumulación del origen)], o un documento equivalente que contenga la misma información descriptiva sobre las materias no originarias de que se trate con el suficiente detalle para que puedan ser identificadas.

ARTÍCULO 3.4

Productos enteramente obtenidos

1.    Se considerarán enteramente obtenidos en una Parte:

a)    una sustancia mineral o natural extraída o recogida del suelo o del fondo marino de una Parte;

b)    una planta o un producto vegetal cultivado o recolectado en una Parte;

c)    un animal vivo nacido y criado en una Parte;

d)    un producto procedente de un animal vivo criado en una Parte;

e)    un producto procedente de un animal sacrificado nacido y criado en una Parte;

f)    un producto cazado o pescado en una Parte, pero sin traspasar los límites exteriores del mar territorial de dicha Parte;

g)    un producto obtenido de la acuicultura en una Parte si los organismos acuáticos, incluidos peces, moluscos, crustáceos, otros invertebrados acuáticos y plantas acuáticas, nacen o se crían a partir de elementos de reproducción como huevos, lechas, crías o larvas, mediante intervenciones en los procesos de cría o crecimiento para aumentar la producción, tales como repoblaciones periódicas, alimentación y protección contra los depredadores;

h)    un producto de la pesca marítima y otro producto extraído del mar de conformidad con el Derecho internacional por un buque de una Parte fuera de cualquier mar territorial;

i)    un producto elaborado exclusivamente en un buque factoría de una Parte, a partir de un producto mencionado en la letra h);

j)    un producto tomado o extraído por una Parte o una persona de una Parte del fondo marino o del subsuelo, fuera de cualquier mar territorial, siempre que dicha Parte o persona de esa Parte tenga derecho a trabajar dicho fondo marino o subsuelo de conformidad con el Derecho internacional;

k)    los desperdicios o desechos derivados de operaciones de fabricación realizadas en una Parte;

l)    un producto usado recogido en una Parte y que sea apto únicamente para la recuperación de materias primas, incluidas dichas materias primas; y

m)    un producto producido en una Parte a partir exclusivamente de los productos mencionados en las letras a) a l).

2.    Los términos «buque de una Parte» y «buque factoría de una Parte» mencionados en el apartado 1, letras h) e i), se refieren exclusivamente a un buque o un buque factoría que:

a)    estén registrados en un Estado miembro o en Nueva Zelanda;

b)    naveguen bajo pabellón de un Estado miembro o de Nueva Zelanda; y

c)    cumplan una de las siguientes condiciones:

i)    sean propiedad, en al menos un 50 %, de nacionales de un Estado miembro o de Nueva Zelanda; o

ii)    sean propiedad de una o varias personas jurídicas, cada una de las cuales:

A)    tenga su sede social y su principal lugar de actividad económica en un Estado miembro o en Nueva Zelanda; y

B)    sea propiedad, en al menos un 50 %, de entidades públicas o personas de un Estado miembro o de Nueva Zelanda.

ARTÍCULO 3.5

Tolerancias

1.    Si las materias no originarias utilizadas en la producción de un producto no cumplen los requisitos establecidos en el anexo 3-B (Normas de origen específicas por productos), el producto se considerará originario de una Parte, siempre y cuando:

a)    respecto todos los productos, excepto los clasificados en los capítulos 50 a 63 del SA, el valor de las materias no originarias utilizadas en la producción de dichos productos no supere el 10 % del precio franco fábrica del producto;

b)    respecto a un producto clasificado en los capítulos 50 a 63 del SA, se apliquen las tolerancias establecidas en las notas 7 y 8 del anexo 3-A (Notas introductorias a las normas de origen específicas por productos).

2.    El apartado 1 no se aplica si el valor o el peso de las materias no originarias utilizadas en la producción de un producto supera cualquiera de los porcentajes correspondientes al valor o peso máximo de las materias no originarias que se especifican en los requisitos establecidos en el anexo 3-B (Normas de origen específicas por productos).

3.    El apartado 1 no se aplica a los productos enteramente obtenidos en una Parte a tenor del artículo 3.4 (Productos enteramente obtenidos). Si el anexo 3-B (Normas de origen específicas por productos) requiere que las materias utilizadas en la producción de un producto sean enteramente obtenidas, se aplicarán los apartados 1 y 2.

ARTÍCULO 3.6

Elaboración o transformación insuficientes

1.    No obstante lo dispuesto en el artículo 3.2 (Requisitos generales con respecto a los productos originarios), apartado 1, letra c), un producto no se considerará originario de una Parte si la producción del producto en una Parte consiste únicamente en una o varias de las siguientes operaciones realizadas con materias no originarias:

a)    las operaciones de conservación, como el secado, la congelación, la conservación en salmuera u otras operaciones similares cuando su único objetivo sea garantizar que los productos permanezcan en buen estado durante su transporte y almacenamiento 8 ;

b)    las operaciones de división o agrupación de bultos;

c)    el lavado o la limpieza y la eliminación de polvo, óxido, aceites, pintura u otros revestimientos;

d)    el planchado o el prensado de textiles y artículos textiles;

e)    las operaciones de pintura y pulido simples;

f)    el descascarillado o la molienda parcial o total del arroz; el pulido y el glaseado de los cereales y el arroz;

g)    la coloración o aromatización de azúcar o la formación de terrones de azúcar; la molienda total o parcial de azúcar granulado;

h)    el descascarillado, la extracción de pipas o huesos y el pelado de frutas, frutos secos y hortalizas;

i)    las operaciones de afilado, rectificado simple o corte simple;

j)    el tamizado, el cribado, la selección, la clasificación, el calibrado, la preparación de surtidos, incluida la formación de juegos de artículos;

k)    el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y cajas o la colocación sobre cartulinas o tableros, etc., y cualquier otra operación sencilla de envasado;

l)    la colocación o impresión de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos distintivos similares en los productos o en sus envases;

m)    la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes; la mezcla de azúcar con cualquier otra materia;

n)    la simple adición de agua o la dilución con agua u otra sustancia que no altere sustancialmente las características del producto, la deshidratación o la desnaturalización de productos;

o)    el montaje simple de partes de artículos para formar un artículo completo o el desmontaje de productos en sus piezas; o

p)    el sacrificio de animales.

2.    A los efectos del apartado 1, las operaciones se considerarán simples si para su ejecución no se requieren capacidades especiales ni máquinas, aparatos o equipos fabricados o instalados especialmente para ese fin.

ARTÍCULO 3.7

Unidad de calificación

1.    A los efectos del presente capítulo, la unidad de calificación será el producto concreto que se considere unidad básica en el momento de su clasificación con arreglo al SA.

2.    Si un envío se compone de varios productos idénticos clasificados en la misma partida del SA, cada producto deberá tenerse en cuenta por separado a efectos de la aplicación del presente capítulo.

ARTÍCULO 3.8

Materiales de embalaje y envases para expedición

Los materiales de embalaje y los envases para expedición que se utilizan para proteger un producto durante el transporte no se tendrán en cuenta para determinar si un producto tiene el carácter originario.

ARTÍCULO 3.9

Materiales de embalaje y envases de venta al por menor

1.    Los materiales de embalaje y envases en los que un producto esté envasado para su venta al por menor, si están clasificados con el producto, no se tendrán en cuenta para determinar si las materias no originarias utilizadas en la producción del producto han sido sometidas al cambio aplicable en la clasificación arancelaria o a una operación específica de fabricación o transformación, tal como se establece en el anexo 3-B (Normas de origen específicas por productos), o si el producto es enteramente obtenido.

2.    Si un producto está sujeto a un requisito de valor establecido en el anexo 3-B (Normas de origen específicas por productos), el valor de los materiales de embalaje y envases en los que un producto esté envasado para su venta al por menor, si están clasificados con el producto, se tendrá en cuenta como originario o no originario, según el caso, en el cálculo a efectos de la aplicación del requisito de valor del producto.

ARTÍCULO 3.10

Accesorios, piezas de recambio y herramientas

1.    A efectos del presente artículo, el producto incluye los accesorios, piezas de recambio, herramientas y materiales de instrucción u otros materiales informativos si:

a)    se clasifican, entregan y facturan con el producto; y

b)    corresponden a los tipos, cantidades y valores que son habituales para dicho producto.

2.    Al determinar si un producto:

a)    es enteramente obtenido o cumple un proceso de producción o un requisito de cambio de clasificación arancelaria según lo establecido en el anexo 3-B (Normas de origen específicas por productos), no se tendrán en cuenta los accesorios, piezas de recambio, herramientas y materiales de instrucción u otros materiales informativos de dicho producto; y

b)    cumple un requisito de valor establecido en el anexo 3-B (Normas de origen específicas por productos), se tendrá en cuenta el valor de los accesorios, piezas de recambio, herramientas y materiales de instrucción u otros materiales informativos de dicho producto como materias originarias o no originarias, según el caso, en el cálculo a efectos de la aplicación del requisito de valor del producto.

ARTÍCULO 3.11

Surtidos

Los surtidos, según se definen en las letras b) y c) del apartado 3 de las Reglas Generales para la interpretación del SA, se considerarán originarios de una Parte si todos los productos que entran en su composición tienen carácter originario. Un surtido compuesto de productos originarios y no originarios se considerará, en su conjunto, originario de una Parte si el valor de los componentes no originarios no excede del 15 % del precio franco fábrica del surtido.

ARTÍCULO 3.12

Elementos neutros

Para determinar si un producto es originario de una Parte, no será necesario determinar el carácter originario de los elementos neutros siguientes:

a)    la energía y los combustibles;

b)    las instalaciones y el equipo, incluidos los productos que se utilicen en el mantenimiento de los mismos;

c)    máquinas, herramientas, troqueles y moldes;

d)    piezas de recambio y materiales utilizados en el mantenimiento de los equipos y de los edificios;

e)    lubricantes, grasas, compuestos y otras materias utilizadas en la fabricación o para hacer funcionar los equipos y los edificios;

f)    guantes, gafas, calzado, prendas de vestir, equipo de seguridad y suministros;

g)    equipos, dispositivos y suministros utilizados para los ensayos o la inspección del producto;

h)    catalizadores y disolventes; y

i)    otras materias no incorporadas ni destinadas a ser incorporadas en la composición final del producto.

ARTÍCULO 3.13

Separación contable de materias y productos fungibles

1.    A efectos del presente artículo, se entenderá por «materias fungibles» o «productos fungibles» las materias o productos del mismo tipo y calidad comercial, con las mismas características técnicas y físicas y que no se puedan distinguir unos de otros a efectos de su origen.

2.    Las materias fungibles o productos fungibles originarios y no originarios estarán separados físicamente durante su almacenamiento con el fin de mantener su carácter originario y no originario.

3.    No obstante lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse materias fungibles originarias y no originarias en la producción de un producto sin estar físicamente separadas durante el almacenamiento si se utiliza un método de separación contable.

4.    No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los productos fungibles originarios y no originarios clasificados en los capítulos 10, 15, 27, 28, 29, las partidas 32.01 a 32.07, o las partidas 39.01 a 39.14 del SA podrán almacenarse en una Parte antes de la exportación a la otra Parte sin estar físicamente separados, si se utiliza un método de separación contable.

5.    El método de separación contable mencionado en los apartados 3 y 4 se aplicará de conformidad con un método de gestión de existencias con arreglo a los principios contables generalmente aceptados en la Parte en la que se use el método.

6.    El método de separación contable consistirá en cualquier método que garantice que en ningún momento reciban el carácter originario más productos que los que lo recibirían si las materias o los productos se hubieran separado físicamente.

ARTÍCULO 3.14

Productos devueltos

En el caso de que un producto originario de una Parte exportado desde dicha Parte a un tercer país sea devuelto a esa Parte, se considerará como un producto no originario a menos que el producto devuelto:

a)    sea el mismo que el producto exportado; y

b)    no haya sufrido más operaciones que las que fueron necesarias para su conservación en buen estado mientras se encontraba en el tercer país al que se ha exportado o durante su exportación.

ARTÍCULO 3.15

No modificación

1.    Un producto originario declarado para consumo interno en la Parte importadora no podrá, tras su exportación y antes de ser declarado para consumo interno, ser alterado, transformado de ninguna forma ni sometido a operaciones distintas de las destinadas a mantenerlo en buen estado, o añadir o fijar marcas, etiquetas, sellos u otra documentación destinada a garantizar el cumplimiento de los requisitos internos específicos de la Parte importadora.

2.    Un producto originario podrá almacenarse o exponerse en un tercer país, si dicho producto originario no se despacha para consumo interno en ese tercer país.

3.    Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección B (Procedimientos en materia de origen), los envíos podrán fraccionarse en un tercer país si no se despachan para consumo interno en ese tercer país.

4.    En caso de duda sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 a 3, la autoridad aduanera de la Parte importadora podrá solicitar al importador pruebas del cumplimiento de dichos requisitos, que podrán aportarse por cualquier medio, incluidos documentos de transporte contractuales, como conocimientos de embarque, pruebas factuales o materiales basadas en el marcado o la numeración de los paquetes, o cualquier prueba relacionada con el propio producto.

SECCIÓN B

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ORIGEN

ARTÍCULO 3.16

Solicitud de tratamiento arancelario preferencial

1.    La Parte importadora concederá un tratamiento arancelario preferencial a un producto originario de la otra Parte en el sentido del presente capítulo sobre la base de una solicitud de tratamiento arancelario preferencial presentada por el importador. El importador será responsable de la exactitud de la solicitud de tratamiento arancelario preferencial y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo.

2.    Las solicitudes de tratamiento arancelario preferencial se basarán en cualquiera de los elementos siguientes:

a)    una comunicación sobre el origen en la que el exportador declare que el producto es originario; o

b)    el conocimiento por parte del importador de que el producto es originario.

3.    En la declaración aduanera de importación se incluirá una solicitud de tratamiento arancelario preferencial y los elementos en los que se basa esta última mencionados en las letras a) y b) del apartado 2, de conformidad con las disposiciones legales de la Parte importadora.

4.    El importador que presente una solicitud de tratamiento arancelario preferencial sobre la base de una comunicación sobre el origen a que se refiere el apartado 2, letra a), deberá conservar la comunicación sobre el origen y, previa solicitud de la autoridad aduanera de la Parte importadora, facilitar una copia a dicha autoridad.

ARTÍCULO 3.17

Solicitud de tratamiento arancelario preferencial tras la importación

1.    Si el importador no presentó una solicitud de tratamiento arancelario preferencial en el momento de la importación, y el producto hubiera podido acogerse a dicho tratamiento en ese momento, la Parte importadora concederá el tratamiento arancelario preferencial y condonará o devolverá todo exceso de derechos de aduana pagados.

2.    La Parte importadora podrá exigir como condición para la concesión del tratamiento arancelario preferencial en virtud del apartado 1 que el importador presente una solicitud de tratamiento arancelario preferencial e incluya los elementos en los que se basa dicha solicitud a los que se hace referencia en el artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial), apartado 2. Dicha solicitud se presentará a más tardar en un plazo de tres años a partir de la fecha de importación o en un plazo más largo si así se especifica en la legislación de la Parte importadora.

ARTÍCULO 3.18

Comunicación sobre el origen

1.    Un exportador de un producto podrá formular una comunicación sobre el origen en función de información que demuestre que el producto es originario, incluida, si procede, información sobre el carácter originario de las materias utilizadas en la producción de dicho producto. El exportador será responsable de la exactitud de la comunicación sobre el origen y de la información facilitada.

2.    Se formulará una comunicación sobre el origen, en una de las versiones lingüísticas del texto establecidas en el anexo 3‑C (Texto de la comunicación sobre el origen), en una factura o en cualquier otro documento que describa el producto originario con suficiente detalle para permitir su identificación 9 . La Parte importadora no pedirá al importador que presente una traducción de la comunicación sobre el origen.

3.    El período de validez de la comunicación sobre el origen será un año a partir de la fecha en que se formule.

4.    Podrá hacerse una comunicación sobre el origen a propósito de:

a)    una única expedición de uno o varios productos importados en una Parte; o

b)    múltiples expediciones de productos idénticos importados en una Parte en el período especificado en la comunicación sobre el origen que no sea superior a doce meses.

5.    La Parte importadora, a petición del importador y con sujeción a los requisitos que la Parte importadora pueda facilitar, permitirá una única comunicación sobre el origen para los productos sin montar o desmontados en el sentido de la letra a) del apartado 2 de las Reglas Generales para la Interpretación del SA, clasificados en las secciones XV a XXI del SA, cuando se importen escalonadamente.

ARTÍCULO 3.19

Pequeños errores o discrepancias

La autoridad aduanera de la Parte importadora no rechazará una solicitud de tratamiento arancelario preferencial por pequeños errores o discrepancias en la comunicación sobre el origen.

ARTÍCULO 3.20

Conocimiento del importador

El conocimiento por parte del importador de que un producto es originario de la Parte exportadora se basará en información que demuestre que el producto es originario y cumple los requisitos del presente capítulo.

ARTÍCULO 3.21

Requisitos en materia de mantenimiento de registros

1.    Durante un mínimo de tres años a partir de la fecha en que se presentó la solicitud de tratamiento arancelario preferencial, tal como se indica en el artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial), apartado 1, o en el artículo 3.17 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial tras la importación), o durante un período más largo que podrá especificarse en la legislación de la Parte importadora, el importador que solicite un tratamiento arancelario preferencial para un producto importado en la Parte importadora deberá conservar:

a)    la comunicación sobre el origen formulada por el exportador, si la solicitud se basaba en dicha comunicación; o

b)    todos los registros que demuestren que el producto cumple los requisitos para obtener el carácter originario, si la solicitud se basaba en el conocimiento del importador.

2.    El exportador que haya extendido una comunicación sobre el origen deberá conservar, durante un período mínimo de cuatro años a partir de la fecha en que se haya formulado dicha comunicación o durante un período más largo previsto en la legislación de la Parte exportadora, una copia de dicha comunicación y de los demás documentos que demuestren que el producto cumple los requisitos necesarios para obtener el carácter originario.

3.    Si un exportador no es el productor de los productos y se ha basado en la información facilitada por un proveedor sobre el carácter originario de los productos, el exportador deberá conservar la información facilitada por dicho proveedor.

4.    Los registros que deberán conservarse de conformidad con el presente artículo podrán tener formato electrónico.

ARTÍCULO 3.22

Exención de los requisitos de procedimiento

1.    No obstante lo dispuesto en los artículos 3.16 a 3.21, la Parte importadora concederá un tratamiento arancelario preferencial a:

a)    un producto enviado en un paquete pequeño de particular a particular; o

b)    un producto que forme parte del equipaje personal de un viajero.

2.    El apartado 1 se aplicará únicamente a los productos que hayan sido objeto de una declaración en aduana que declare la conformidad con los requisitos del presente capítulo y con respecto a los cuales la autoridad aduanera de la Parte importadora no albergue ninguna duda sobre la veracidad de dicha declaración.

3.    Los siguientes productos quedan excluidos del ámbito de aplicación del apartado 1:

a)    los productos importados con carácter comercial, con excepción de las importaciones ocasionales y que consistan exclusivamente en productos para el uso personal de los destinatarios, los viajeros o sus familiares si, por su naturaleza y cantidad, resulta evidente que no se piensa dar a estos productos una finalidad comercial;

b)    los productos cuya importación forme parte de una serie de importaciones con respecto a las cuales pueda, razonablemente, considerarse que se han efectuado por separado con el fin de evitar los requisitos establecidos en el artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial);

c)    los productos cuyo valor total supere:

i)    para la Unión, 500 EUR si se trata de productos enviados en paquetes pequeños, o de 1 200 EUR si se trata de productos que formen parte del equipaje personal de un viajero. Los importes que se utilicen en una moneda nacional serán el contravalor en esa moneda de los importes expresados en euros a fecha del primer día laborable de octubre. El tipo de cambio será el que publique para ese día el Banco Central Europeo, salvo que se comunique un importe distinto a la Comisión Europea a más tardar el 15 de octubre, y se aplicará a partir del 1 de enero del año siguiente. La Comisión Europea notificará a Nueva Zelanda los importes pertinentes;

ii)    para Nueva Zelanda, 1 000 NZD tanto en el caso de productos enviados en paquetes pequeños como en el caso de productos que formen parte del equipaje personal del viajero.

4.    El importador será responsable de la exactitud de la declaración a que se refiere el apartado 2. Los requisitos en materia de mantenimiento de registros establecidos en el artículo 3.21 (Requisitos en materia de mantenimiento de registros) no se aplicarán al importador cuando se aplique el presente artículo.

ARTÍCULO 3.23

Verificación

1.    La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá verificar si un producto es originario o si se cumplen los demás requisitos del presente capítulo sobre la base de métodos de evaluación de riesgos, entre los que se puede incluir la selección aleatoria. Dicha verificación podrá llevarse a cabo mediante una solicitud de información del importador que presentó la solicitud a que se refiere el artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial), en el momento de presentar la declaración de importación, antes o después del levante de los productos.

2.    La información solicitada de conformidad con el apartado 1 se referirá como máximo a los elementos siguientes:

a)    si la solicitud se basaba en una comunicación sobre el origen con arreglo al artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial), apartado 2, letra a), dicha comunicación sobre el origen;

b)    si el criterio de origen:

i)    es ser «enteramente obtenido», la categoría aplicable (p. ej., recolección, explotación minera, pesca) y el lugar de producción;

ii)    está basado en un cambio de la clasificación arancelaria, una lista de todas las materias no originarias, incluida su clasificación arancelaria (en formato de dos, cuatro o seis dígitos, según el criterio de origen);

iii)    está basado en un método relacionado con el valor, el valor del producto final, así como el valor de todas las materias no originarias utilizadas en la producción de dicho producto final;

iv)    está basado en el peso, el peso del producto final, así como el peso de las materias no originarias pertinentes utilizadas en la producción de dicho producto final;

v)    está basado en un proceso de producción específico, una descripción específica de dicho proceso de producción.

3.    Al facilitar la información solicitada, el importador podrá añadir cualquier otra información que se considere pertinente a efectos de verificación.

4.    Si la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basa en una comunicación sobre el origen, el importador informará a la autoridad aduanera de la Parte importadora si el importador no dispone de la información solicitada a que se refiere el artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial), apartado 2, letra a). En tal caso, el importador podrá informar a la autoridad aduanera de que el exportador facilitará directamente la información solicitada.

5.    Si la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basa en el conocimiento del importador a que se refiere el artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial), apartado 2, letra b), después de haber solicitado primero la información de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, la autoridad aduanera de la Parte importadora que realice la verificación podrá enviar una solicitud de información al importador si considera que se requiere información adicional para verificar si un producto tiene el carácter originario o si se cumplen los demás requisitos del presente capítulo. La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá solicitar al importador documentación e información específica, si procede.

6.    Durante la verificación, la Parte importadora permitirá el levante de los productos de que se trate. La Parte importadora podrá condicionar dicho levante a que el importador proporcione una garantía o aplique otras medidas cautelares adecuadas exigidas por las autoridades aduaneras. Toda suspensión del tratamiento arancelario preferencial se dará por terminada tan pronto como sea posible después de que la autoridad aduanera de la Parte importadora se haya cerciorado de que los productos en cuestión tienen carácter originario y de que se cumplen los demás requisitos del presente capítulo.

ARTÍCULO 3.24

Cooperación administrativa

1.    Con el fin de garantizar la correcta aplicación del presente capítulo, las Partes cooperarán a través de la autoridad aduanera de cada una de ellas para verificar si un producto es originario y cumple los demás requisitos establecidos en el presente capítulo.

2.    Si la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basaba en una comunicación sobre el origen y después de haber solicitado primero información de conformidad con el artículo 3.23 (Verificación), apartado 1, la autoridad aduanera de la Parte importadora que lleve a cabo la verificación podrá también solicitar información a la autoridad aduanera de la Parte exportadora dentro de un plazo de dos años después de la fecha de presentación de la solicitud de tratamiento arancelario preferencial de conformidad con el artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial), apartado 2, letra a), o el artículo 3.17 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial después de la importación), apartado 2, si la autoridad aduanera de la Parte importadora considera que requiere información adicional para verificar el carácter originario del producto o el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el presente capítulo. La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá solicitar, si procede, documentación e información específicas a la autoridad aduanera de la Parte exportadora.

3.    La solicitud de información a que se refiere el apartado 2 incluirá los siguientes elementos:

a)    la comunicación sobre el origen;

b)    la identidad de la autoridad aduanera que presenta la solicitud;

c)    el nombre del exportador;

d)    el objeto y el alcance de la verificación; y

e)    si procede, toda documentación pertinente.

4.    La autoridad aduanera de la Parte exportadora podrá, de conformidad con su legislación, solicitar documentación o exámenes y, para ello, pedir pruebas o visitar las instalaciones del exportador con el fin de examinar los registros y observar el equipo utilizado en la producción del producto.

5.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, la autoridad aduanera de la Parte exportadora que reciba la solicitud a que se refiere el apartado 2, facilitará a la autoridad aduanera de la Parte importadora la siguiente información:

a)    la documentación solicitada, si está disponible;

b)    un dictamen sobre el carácter originario del producto;

c)    la descripción del producto objeto del examen y la clasificación arancelaria pertinente para la aplicación del presente capítulo;

d)    una descripción explicativa del proceso de producción que acredite el carácter originario del producto;

e)    información sobre cómo se ha llevado a cabo el examen; y

f)    documentación justificativa, en su caso.

6.    La autoridad aduanera de la Parte exportadora no facilitará a la autoridad aduanera de la Parte importadora la información mencionada en el apartado 5 sin el consentimiento del exportador.

7.    Cada una de las Partes notificará a la otra Parte la información de contacto de sus autoridades aduaneras, así como toda modificación de dicha información en el plazo de treinta días a partir de la fecha de tal modificación. En el caso de la Unión, la Comisión Europea será responsable de las notificaciones a que se refiere el presente apartado.

ARTÍCULO 3.25

Denegación del tratamiento arancelario preferencial

1.    Sin perjuicio de los requisitos del apartado 3, la autoridad aduanera de la Parte importadora podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial si:

a)    en el plazo de tres meses a partir de la fecha de una solicitud de información con arreglo al artículo 3.23 (Verificación), apartado 1:

i)    el importador no ha proporcionado respuesta alguna;

ii)    la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basaba en una comunicación sobre el origen, pero no se ha presentado dicha declaración; o

iii)    la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basaba en el conocimiento del importador, pero la información aportada por el importador no es adecuada para confirmar que el producto tiene carácter originario;

b)    en el plazo de tres meses a partir de la fecha de una solicitud de información con arreglo al artículo 3.23 (Verificación), apartado 5:

i)    el importador no ha proporcionado respuesta alguna; o

ii)    la información aportada por el importador no es adecuada para confirmar que el producto tiene carácter originario;

c)    dentro de los diez meses siguientes a una solicitud de información de conformidad con el artículo 3.24 (Cooperación administrativa), apartado 2:

i)    la autoridad aduanera de la Parte exportadora no ha proporcionado respuesta alguna; o

ii)    la información aportada por la autoridad aduanera de la Parte exportadora no es adecuada para confirmar que el producto tiene carácter originario.

2.    La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial solicitado para un producto por un importador que incumpla requisitos del presente capítulo distintos de los relacionados con el carácter originario de los productos.

3.    Si la autoridad aduanera de la Parte importadora tiene motivos suficientes que justifiquen la denegación de un tratamiento arancelario preferencial con arreglo al apartado 1 del presente artículo, en los casos en que la autoridad aduanera de la Parte exportadora haya proporcionado un dictamen con arreglo al artículo 3.24 (Cooperación administrativa), apartado 5, letra b), que confirme el carácter originario de los productos, la autoridad aduanera de la Parte importadora notificará a la autoridad aduanera de la Parte exportadora sus motivos y su intención de denegar el tratamiento arancelario preferencial en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de dicho dictamen.

4.    Si se produce la notificación a que se hace referencia en el apartado 3, se celebrarán consultas a petición de cualquiera de las Partes en el plazo de tres meses a partir de la fecha de dicha notificación. El período de las consultas podrá prorrogarse, caso por caso, mediante acuerdo mutuo entre las autoridades aduaneras de las Partes. Las consultas se llevarán a cabo de conformidad con el procedimiento establecido por el Comité Mixto de Cooperación Aduanera, a menos que las autoridades aduaneras de las Partes acuerden otra cosa.

5.    Una vez expirado el período de consultas, si la autoridad aduanera de la Parte importadora no puede confirmar que el producto es originario, esta podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial si cuenta con las suficientes justificaciones para hacerlo, después de conceder al importador el derecho a ser oído. No obstante, cuando la autoridad aduanera de la Parte exportadora confirme el carácter originario de los productos y justifique dicha conclusión, la autoridad aduanera de la Parte importadora no denegará el tratamiento arancelario preferencial a un producto por el único motivo de que se haya aplicado el artículo 3.24 (Cooperación administrativa), apartado 6.

6.    En el plazo de dos meses a partir de la fecha de su decisión final sobre el carácter originario del producto, la autoridad aduanera de la Parte importadora notificará dicha decisión a la autoridad aduanera de la Parte exportadora que haya emitido un dictamen de conformidad con el artículo 3.24 (Cooperación administrativa), apartado 5, letra b).

ARTÍCULO 3.26

Confidencialidad

1.    Cada una de las Partes mantendrá, de conformidad con su legislación, la confidencialidad de la información facilitada por la otra Parte o por una persona de esa Parte, en virtud del presente capítulo e impedirá su divulgación.

2.    La información obtenida por las autoridades de la Parte importadora solo podrá utilizarse a efectos del presente capítulo. Una Parte podrá utilizar la información recogida en virtud del presente capítulo en cualquier procedimiento administrativo, judicial o cuasijudicial iniciado por incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo. La Parte en cuestión notificará este uso por adelantado a la persona o Parte que haya facilitado la información.

3.    Cada una de las Partes garantizará que la información confidencial obtenida de conformidad con el presente capítulo no se utilice para otros fines distintos de la administración y ejecución de decisiones y determinaciones relacionadas con el origen y de las cuestiones aduaneras, salvo que la persona o Parte que haya facilitado la información confidencial dé su permiso. Si se solicita información confidencial para procedimientos judiciales no relacionados con cuestiones aduaneras y de origen para cumplir la legislación de una Parte, y siempre que dicha Parte lo notifique previamente a la persona o a la Parte que la hayan facilitado y establezca el requisito legal para tal uso, no se requerirá el permiso de la persona o Parte que haya facilitado la información confidencial.

ARTÍCULO 3.27

Medidas administrativas y sanciones

Cada una de las Partes garantizará la aplicación efectiva del presente capítulo. Cada una de las Partes velará por que las autoridades competentes puedan imponer medidas administrativas y, en su caso, sanciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo de conformidad con su legislación.

SECCIÓN C

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 3.28

Ceuta y Melilla

1.    A los efectos del presente capítulo, el término «Parte» no incluye a Ceuta ni a Melilla.

2.    Los productos originarios de Nueva Zelanda, cuando se importen en Ceuta y Melilla, estarán sujetos a todos los respectos al mismo régimen aduanero, incluido el tratamiento arancelario preferencial, que se aplica a los productos originarios del territorio aduanero de la Unión en virtud del Protocolo n.º 2 del Acta de Adhesión de 1985 10 . Nueva Zelanda aplicará a las importaciones de productos cubiertos por el presente Acuerdo y originarios de Ceuta y Melilla el mismo régimen aduanero, incluido el tratamiento arancelario preferencial, que el aplicado a los productos importados y originarios de la Unión Europea.

3.    Las normas de origen y los procedimientos en materia de origen aplicables a Nueva Zelanda en virtud del presente capítulo se aplicarán para determinar el origen de los productos exportados de Nueva Zelanda a Ceuta y Melilla. Las normas de origen y los procedimientos en materia de origen aplicables a la Unión en virtud del presente capítulo se aplicarán para determinar el origen de los productos exportados de Ceuta y Melilla a Nueva Zelanda.

4.    Ceuta y Melilla serán consideradas un territorio único.

5.    Las autoridades aduaneras españolas serán responsables de la aplicación del presente capítulo en Ceuta y Melilla.

ARTÍCULO 3.29

Disposiciones transitorias para productos en tránsito o almacenamiento

El presente Acuerdo podrá aplicarse a los productos que cumplan las disposiciones del presente capítulo y que, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, se encuentren en tránsito entre la Parte exportadora y la Parte importadora o bajo control aduanero en la Parte importadora, sin pago de los derechos e impuestos de entrada, siempre que se presente la solicitud de tratamiento arancelario preferencial a que se refiere el artículo 3.16 (Solicitud de tratamiento arancelario preferencial) a la autoridad aduanera de la Parte importadora en un plazo de doce meses a partir de esa fecha.

ARTÍCULO 3.30

Comité Mixto de Cooperación Aduanera

1.    Este artículo complementa y especifica el artículo 24.4 (Comités especializados).

2.    El Comité Mixto de Cooperación Aduanera, creado en virtud del Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera, hecho en Bruselas el 3 de julio de 2017, tendrá, con respecto al presente capítulo, las siguientes funciones:

a)    estudiar posibles modificaciones del presente capítulo, incluidas las derivadas de la revisión del Sistema Armonizado;

b)    adoptar, mediante decisiones, notas explicativas para facilitar la aplicación del presente capítulo; y

c)    adoptar una decisión para establecer el procedimiento de consulta a que se refiere el artículo 3.25 (Denegación del tratamiento arancelario preferencial), apartado 4.

CAPÍTULO 4

ADUANAS Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO

ARTÍCULO 4.1

Objetivos

Los objetivos del presente capítulo son:

a)    promover la facilitación del comercio de mercancías entre las Partes, garantizando al mismo tiempo unos controles aduaneros eficaces, teniendo en cuenta la evolución de las prácticas comerciales;

b)    garantizar la transparencia de las leyes y los reglamentos de cada una de las Partes relativos a los requisitos para la importación, la exportación y el tránsito de mercancías, así como su compatibilidad con las normas internacionales aplicables;

c)    garantizar que cada una de las Partes aplique sus leyes y reglamentos aduaneros relativos a los requisitos para la importación, la exportación y el tránsito de mercancías de forma previsible, coherente y no discriminatoria;

d)    promover la simplificación y modernización de las prácticas y los regímenes aduaneros de cada Parte;

e)    desarrollar más las técnicas de gestión de riesgos para facilitar el comercio legítimo y, al mismo tiempo, garantizar la cadena de suministro del comercio internacional; y

f)    potenciar la cooperación entre las Partes en el ámbito de las cuestiones aduaneras y la facilitación del comercio.

ARTÍCULO 4.2

Cooperación aduanera y asistencia administrativa mutua

1.    Las autoridades competentes de las Partes cooperarán en materia aduanera para garantizar el cumplimiento de los objetivos enunciados en el artículo 4.1 (Objetivos).

2.    Además del ACAAMA, las Partes desarrollarán la cooperación, en particular en los siguientes ámbitos:

a)    intercambio de información sobre las respectivas leyes y reglamentos de aduanas, su aplicación y los regímenes aduaneros, en particular en los ámbitos siguientes:

i)    la garantía de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual por parte de las autoridades aduaneras;

ii)    la facilitación de las operaciones de tránsito y transbordo; y

iii)    las relaciones con la comunidad empresarial;

b)    el refuerzo de su cooperación en el ámbito aduanero en organizaciones internacionales como la OMC y la Organización Mundial de Aduanas (en lo sucesivo la «OMA»);

c)    el esfuerzo por armonizar sus necesidades de datos para la importación, la exportación y otros regímenes aduaneros mediante la aplicación de normas y elementos de datos comunes, de conformidad con el Modelo de Datos de la OMA;

d)    el intercambio, cuando sea pertinente y adecuado, a través de una comunicación estructurada y periódica entre las autoridades aduaneras de las Partes, de determinadas categorías de información relacionada con las aduanas con el fin de mejorar la gestión de riesgos y la eficacia de los controles aduaneros, centrándose en las mercancías de alto riesgo y facilitando el comercio legítimo. Los intercambios en virtud del presente punto se realizarán sin perjuicio de los intercambios de información que puedan tener lugar entre las Partes de conformidad con las disposiciones de asistencia administrativa mutua del ACAAMA;

e)    el refuerzo de la cooperación en materia de técnicas de gestión de riesgos, en particular el intercambio de las mejores prácticas y, en su caso, de la información sobre riesgos y resultados de los controles; y

f)    el establecimiento, cuando sea pertinente y adecuado, del reconocimiento mutuo de los regímenes de operador económico autorizado y de los controles aduaneros, incluidas las medidas equivalentes de facilitación del comercio.

3.    Sin perjuicio de otras formas de cooperación previstas en el presente Acuerdo, las autoridades aduaneras de las Partes cooperarán, incluso mediante el intercambio de información, y se prestarán asistencia administrativa mutua en los asuntos a que se refiere el presente capítulo, de conformidad con las disposiciones del ACAAMA. Todo intercambio de información entre las Partes en virtud del presente capítulo estará sujeto, mutatis mutandis, a la confidencialidad y protección de la información establecidas en el artículo 17 sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera del ACAAMA, así como a cualquier requisito de confidencialidad y privacidad que acuerden las Partes.

ARTÍCULO 4.3

Disposiciones y regímenes aduaneros

1.    Cada una de las Partes se asegurará de que sus disposiciones y regímenes aduaneros se basen en:

a)    los instrumentos y normas internacionales aplicables en el ámbito de las aduanas y el comercio, que cada una de las Partes ha aceptado, incluidos los elementos sustantivos del Convenio de Kyoto revisado para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, así como el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global y el Modelo de Datos Aduaneros de la OMA;

b)    la protección y facilitación del comercio legítimo mediante la aplicación efectiva y la observancia de los requisitos aplicables previstos en su legislación;

c)    unas leyes y unos reglamentos de aduanas que sean proporcionados y no discriminatorios, eviten ser una carga innecesaria para los operadores económicos, prevean una mayor facilitación para los operadores con un alto nivel de cumplimiento, incluido un trato favorable con respecto a los controles aduaneros previos al levante de las mercancías, y garanticen salvaguardias contra el fraude y las actividades ilícitas o perjudiciales; y

d)    reglas que aseguren que las sanciones impuestas por infracciones a las leyes y los reglamentos de aduanas sean proporcionadas y no discriminatorias y que la imposición de tales sanciones no retrase indebidamente el levante de las mercancías.

2.    Cada una de las Partes deberá revisar periódicamente sus leyes y reglamentos de aduanas y sus regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros también deberán aplicarse de una manera previsible, coherente y transparente.

3.    A fin de mejorar los métodos de trabajo, así como de asegurar la no discriminación, transparencia, eficiencia, integridad y responsabilidad de las operaciones, cada una de las Partes:

a)    simplificará y revisará los requisitos y las formalidades siempre que sea posible, con vistas a garantizar el levante y el despacho rápidos de mercancías; y

b)    procurará seguir simplificando y normalizando los datos y documentos requeridos por las aduanas y otras agencias.

ARTÍCULO 4.4

Levante de mercancías

1.    Cada una de las Partes adoptará o mantendrá regímenes aduaneros que:

a)    permitan el rápido levante de las mercancías en el plazo mínimo necesario para garantizar el cumplimiento de sus leyes y reglamentos y, en la medida de lo posible, a la llegada de la mercancía;

b)    prevean la presentación electrónica anticipada y la tramitación de la documentación y toda otra información solicitada antes de la llegada de las mercancías, a fin de permitir el levante de las mercancías en el momento de la llegada;

c)    permitan el levante de las mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas aplicables, si dicha determinación no se realiza antes de la llegada o en el momento de la misma, o lo más rápidamente posible después de la llegada y siempre que se hayan cumplido todos los demás requisitos reglamentarios. Como condición para dicho levante, cada una de las Partes podrá exigir una garantía por cualquier cantidad aún no determinada en forma de fianza, depósito u otro instrumento adecuado establecido en sus leyes y reglamentos. Dicha garantía no será superior a la cuantía que la Parte requiera para asegurar el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas que finalmente deban pagarse por las mercancías cubiertas por la garantía. La garantía se liberará cuando ya no sea necesaria; y

d)    permitan el levante de las mercancías en el punto de llegada, sin trasladarlas temporalmente a almacenes u otras instalaciones, siempre que las mercancías puedan, por lo demás, acogerse al levante.

2.    En la mayor medida posible, cada una de las Partes reducirá al mínimo la documentación necesaria para el levante de las mercancías.

3.    Cada una de las Partes se esforzará por permitir el levante rápido de las mercancías que deban despacharse con urgencia, incluso fuera del horario normal de trabajo de la aduana y de otras autoridades competentes.

4.    En la mayor medida posible, cada una de las Partes adoptará o mantendrá regímenes aduaneros que prevean el levante rápido de determinados envíos, manteniendo al mismo tiempo un control aduanero adecuado, incluida la posibilidad de presentar un documento único que abarque todas las mercancías de la expedición, si es posible por medios electrónicos.

ARTÍCULO 4.5

Mercancías perecederas

1.    A los efectos del presente artículo, las «mercancías perecederas» son aquellas que se descomponen rápidamente debido a sus características naturales, especialmente si no existen condiciones adecuadas de almacenamiento.

2.    Para prevenir pérdidas o deterioros evitables de mercancías perecederas, cada una de las Partes dará la debida prioridad a las mercancías perecederas al programar y realizar los exámenes que puedan ser necesarios.

3.    Además de lo dispuesto en el artículo 4.4 (Levante de mercancías), apartado 1, letra a), y a petición del operador económico, cada una de las Partes, siempre que sea posible y de conformidad con sus leyes y reglamentos:

a)    dispondrá el despacho de un envío de mercancías perecederas fuera de los horarios de trabajo de la aduana y otras autoridades competentes; y

b)    permitirá que los envíos de mercancías perecederas se trasladen a los locales del operador económico y se despachen en ellos.

ARTÍCULO 4.6

Regímenes aduaneros simplificados

Cada una de las Partes adoptará o mantendrá medidas que permitan a los comerciantes u operadores que cumplan criterios especificados en sus leyes y reglamentos beneficiarse de una mayor simplificación de los regímenes aduaneros. Estas medidas podrán incluir:

a)    declaraciones aduaneras que contengan un conjunto reducido de datos o documentos justificativos; o

b)    declaraciones aduaneras periódicas para la determinación y el pago de los derechos de aduana y los impuestos que abarquen múltiples importaciones en un período especificado, tras el levante de las mercancías importadas.

ARTÍCULO 4.7

Tránsito y transbordo

1.    Cada una de las Partes garantizará la facilitación y el control efectivo de las operaciones de transbordo y los movimientos de tránsito en sus respectivos territorios.

2.    Cada una de las Partes garantizará la cooperación y coordinación de todas las autoridades y organismos competentes en sus territorios respectivos a fin de facilitar el tráfico en tránsito.

3.    Siempre que se hayan cumplido todos los requisitos reglamentarios, cada una de las Partes permitirá que las mercancías destinadas a la importación sean trasladadas en su territorio bajo control aduanero desde una oficina de aduanas de entrada hasta otra oficina de aduanas de su territorio en la que se realizaría el levante o el despacho de las mercancías.

ARTÍCULO 4.8

Gestión de riesgos

1.    Cada una de las Partes adoptará o mantendrá un sistema de gestión de riesgos para el control aduanero.

2.    Cada una de las Partes establecerá y aplicará la gestión de riesgos de forma que se eviten discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas del comercio internacional.

3.    Cada una de las Partes concentrará los controles aduaneros y otros controles fronterizos pertinentes en los envíos de alto riesgo y acelerará el levante de los envíos de bajo riesgo. Cada una de las Partes también podrá seleccionar, de forma aleatoria, los envíos que someterá a dichos controles en el marco de su gestión de riesgos.

4.    Cada una de las Partes basará la gestión de riesgos en una evaluación del riesgo mediante criterios de selección adecuados.

ARTÍCULO 4.9

Auditoría posterior al despacho de aduana

1.    Con vistas a agilizar el levante de las mercancías, cada una de las Partes adoptará o mantendrá una auditoría posterior al despacho de aduana para garantizar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos de aduanas, así como otras leyes y reglamentos conexos.

2.    Cada una de las Partes seleccionará a una persona o un envío a efectos de una auditoría posterior al despacho de aduana según un método basado en el riesgo, que podrá incluir criterios de selección adecuados. Cada una de las Partes llevará a cabo una auditoría posterior al despacho de aduana de manera transparente. Si la persona participa en el proceso de auditoría y se ha llegado a resultados concluyentes, la Parte notificará sin demora los resultados a la persona cuyo registro se audita, así como sus derechos y obligaciones y los motivos que justifican los resultados.

3.    La información obtenida en una auditoría posterior al despacho de aduana podrá ser utilizada en procedimientos administrativos o judiciales ulteriores.

4.    Cuando sea factible, las Partes utilizarán los resultados de la auditoría posterior al despacho de aduana para la aplicación de la gestión de riesgo.

ARTÍCULO 4.10

Operadores económicos autorizados

1.    Cada una de las Partes establecerá o mantendrá un régimen de asociación para los operadores que cumplan determinados criterios (en lo sucesivo denominados «operadores económicos autorizados»).

2.    Los criterios especificados para acceder a la condición de operador económico autorizado se publicarán y estarán relacionados con el cumplimiento de los requisitos especificados en las respectivas leyes, reglamentos o procedimientos de las Partes. Entre tales criterios podrán estar los siguientes:

a)    un historial satisfactorio de cumplimiento de las leyes y los reglamentos de aduana y otras leyes y reglamentos conexos;

b)    un sistema de gestión de los registros que permita los controles internos necesarios;

c)    solvencia financiera, incluida, cuando proceda, la prestación de una fianza o garantía suficiente; y

d)    la seguridad de la cadena de suministro.

3.    Los criterios especificados para acceder a la condición de operador económico autorizado no se concebirán ni aplicarán de manera que se pueda permitir o crear una discriminación arbitraria o injustificable entre operadores cuando prevalezcan las mismas condiciones, y permitirán la participación de las pymes.

4.    El régimen de operador económico autorizado incluirá beneficios específicos para un operador económico autorizado, tales como:

a)    bajo índice de inspecciones físicas y exámenes, según proceda;

b)    tratamiento prioritario en caso de que sea seleccionado para una inspección;

c)    levante rápido, según proceda;

d)    pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas;

e)    utilización de garantías globales o reducción de las garantías;

f)    una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones realizadas en un período dado; y

g)    despacho de mercancías en los locales del operador económico autorizado u otro lugar autorizado por las autoridades aduaneras.

5.    No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, una Parte podrá ofrecer los beneficios mencionados en el apartado 4 a través de regímenes aduaneros generalmente disponibles para todos los operadores, en cuyo caso dicha Parte no estará obligada a establecer un régimen separado para los operadores económicos autorizados.

6.    Las Partes podrán fomentar la cooperación entre las autoridades aduaneras y otras autoridades u organismos gubernamentales de una Parte en relación con los regímenes de operador económico autorizados. Esta cooperación puede lograrse, entre otras cosas, mediante la armonización de los requisitos, la facilitación del acceso a los beneficios y la reducción al mínimo de las duplicaciones innecesarias.

ARTÍCULO 4.11

Publicación y disponibilidad de la información

1.    Cada una de las Partes publicará sin demora, de forma no discriminatoria y fácilmente accesible, y en la medida de lo posible a través de internet, las leyes, los reglamentos y los regímenes aduaneros relativos a los requisitos para la importación, la exportación y el tránsito de mercancías. Esto deberá incluir:

a)    los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los procedimientos en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios y documentos exigidos;

b)    los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la importación o la exportación o en conexión con ellas;

c)    las tasas y cargas percibidas por o en nombre de organismos gubernamentales sobre la importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos;

d)    las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros;

e)    las leyes, los reglamentos y las resoluciones administrativas de aplicación general relacionados con las normas de origen;

f)    las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito;

g)    las disposiciones sobre sanciones contra infracciones de las formalidades de importación, exportación o tránsito;

h)    los procedimientos de recurso;

i)    los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación, la exportación o el tránsito;

j)    los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios;

k)    los horarios de funcionamiento de las aduanas; y

l)    las notificaciones de carácter administrativo pertinentes.

2.    Cada una de las Partes se esforzará por publicar nuevas leyes, reglamentos y regímenes aduaneros relativos a los requisitos para la importación, exportación y tránsito de mercancías antes de su aplicación, así como a sus modificaciones e interpretaciones.

3.    Cada una de las Partes garantizará, en la medida de lo posible, que exista un plazo razonable entre la publicación de las leyes, los reglamentos, los procedimientos, las tasas o cargas nuevos o modificados y su entrada en vigor.

4.    Cada una de las Partes pondrá a disposición y actualizará, según proceda, lo siguiente a través de internet:

a)    una descripción de sus procedimientos de importación, exportación y tránsito, incluidos los procedimientos de recurso, en la que se informe sobre las medidas prácticas necesarias para la importación, la exportación y el tránsito;

b)    los formularios y documentos exigidos para la importación en el territorio de esa Parte, la exportación desde ella y el tránsito por ella; y

c)    la información de contacto de los servicios de información.

5.    Cada una de las Partes, dentro de los límites de los recursos de que disponga, establecerá o mantendrá servicios de información para responder en un plazo razonable a las peticiones de información presentadas por los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas sobre las cuestiones contempladas en el apartado 1. Una Parte no exigirá el pago de una tasa por responder a las peticiones de información de la otra Parte.

ARTÍCULO 4.12

Resoluciones anticipadas

1.    La autoridad aduanera de cada una de las Partes emitirá resoluciones anticipadas a un solicitante en las que expondrá el trato que debe concederse a las mercancías de que se trate, de conformidad con sus leyes y reglamentos. Dichas resoluciones se emitirán por escrito o en formato electrónico en un plazo determinado e incluirán toda la información necesaria. Cada una de las Partes garantizará que una resolución anticipada pueda emitirse a un solicitante de la otra Parte y ser utilizada en esa Parte por dicho solicitante.

2.    Se emitirán resoluciones anticipadas con respecto a lo siguiente:

a)    la clasificación arancelaria de mercancías;

b)    el origen de las mercancías; y

c)    el método o los criterios apropiados, y su aplicación, que se utilizarán para determinar el valor en aduana con arreglo a un conjunto concreto de hechos, si lo permiten las leyes y los reglamentos de una Parte.

3.    Las resoluciones anticipadas serán válidas durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha de su emisión, o de cualquier otra fecha si así se especifica en la resolución. La Parte emisora podrá modificar o revocar, invalidar o anular una resolución anticipada si esta se basaba en información incorrecta, incompleta, falsa o engañosa, en un error administrativo o si se ha producido un cambio de la ley, de los hechos sustanciales o de las circunstancias en las que se basaba la resolución.

4.    Una Parte podrá negarse a emitir una resolución anticipada si la cuestión que plantea la solicitud es objeto de una revisión administrativa o judicial, o si la solicitud no corresponde a ninguno de los usos previstos de las resoluciones anticipadas o con ninguno de los usos previstos de un régimen aduanero. Si una Parte se niega a emitir una resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito y sin demora, indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión.

5.    Cada una de las Partes publicará como mínimo lo siguiente:

a)    los requisitos para la solicitud de una resolución anticipada, incluida la información que ha de presentarse y su formato;

b)    el plazo en que se emitirá la resolución anticipada; y

c)    el período de validez de la resolución anticipada.

6.    Cuando una Parte revoque, modifique, invalide o anule la resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. Una Parte solo puede revocar, modificar, invalidar o anular una resolución anticipada con efecto retroactivo si la resolución se basó en información incompleta, incorrecta, falsa o engañosa.

7.    Una resolución anticipada emitida por una Parte será vinculante para dicha Parte con respecto al solicitante que la haya pedido. La Parte podrá disponer que la resolución anticipada sea vinculante para el solicitante.

8.    Cada una de las Partes facilitará, previa petición por escrito del titular, una revisión de la resolución anticipada o de la decisión de revocar, modificar o invalidar dicha resolución.

9.    Cada una de las Partes procurará poner a disposición del público información sobre las resoluciones anticipadas, teniendo en cuenta la necesidad de proteger la información personal y comercial confidencial.

10.    Cada una de las Partes emitirá una resolución anticipada sin demora, y normalmente en un plazo de ciento cincuenta días a partir de la fecha de recepción de toda la información necesaria. Este plazo podrá prorrogarse, de conformidad con las leyes y los reglamentos de una Parte, si se necesita más tiempo para garantizar que las resoluciones anticipadas se emitan de manera correcta y uniforme. En tal caso, la Parte informará al solicitante del motivo y de la duración de la prórroga.

ARTÍCULO 4.13

Agentes de aduanas

Las disposiciones y regímenes aduaneros de una Parte no exigirán la obligatoriedad de utilizar agentes de aduanas. Cada una de las Partes notificará y publicará sus medidas sobre la utilización de agentes de aduanas. Cada una de las Partes aplicará normas transparentes, no discriminatorias y proporcionadas cuando conceda licencias a los agentes de aduanas.

ARTÍCULO 4.14

Valoración en aduana

1.    Las Partes deberán determinar el valor en aduana de las mercancías de conformidad con la parte I del Código sobre la valoración de mercancías en aduana. A tal fin, la parte 1 del Código sobre la valoración de mercancías en aduana se incorpora, mutatis mutandis, al presente Acuerdo y se convierte en parte de este.

2.    Las Partes cooperarán con objeto de alcanzar un enfoque común sobre cuestiones relativas al valor en aduana.

ARTÍCULO 4.15

Inspecciones previas a la expedición

Ninguna de las Partes exigirá el uso obligatorio de inspecciones previas a la expedición, tal como se definen en el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición de la OMC.

ARTÍCULO 4.16

Revisión y recurso

1.    Cada una de las Partes establecerá procedimientos efectivos, rápidos, no discriminatorios y fácilmente accesibles para garantizar el derecho de recurso contra acciones, resoluciones y decisiones administrativas de las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes que afecten a la importación o exportación de mercancías o a las mercancías en tránsito.

2.    Cada una de las Partes garantizará que toda persona para la que emita dicha resolución o decisión o con respecto a la cual adopte medidas administrativas tenga acceso a:

a)    un recurso administrativo o una revisión por parte de una autoridad administrativa superior o independiente del funcionario u oficina que emitió la resolución o la decisión o que adoptó la medida administrativa; o

b)    un recurso o revisión judicial de la resolución, la decisión o la acción administrativa.

3.    Cada una de las Partes velará por que, en los casos en los que la decisión sobre el recurso o la revisión previstos en el apartado 2, letra a), no se produzca en el plazo previsto en sus leyes y reglamentos o sin demora indebida, el solicitante tenga derecho a un nuevo recurso o revisión de carácter administrativo o judicial o a cualquier otra revisión o cualquier otro recurso ante una autoridad judicial, de conformidad con las leyes y los reglamentos de esa Parte.

4.    Cada una de las Parte se asegurará de que el peticionario reciba por escrito, incluso por vía electrónica, las razones de la decisión administrativa, a fin de que el peticionario pueda entablar procedimientos de recurso o revisión cuando sea necesario.

ARTÍCULO 4.17

Relaciones con la comunidad empresarial

1.    Habida cuenta de la necesidad de celebrar consultas oportunas y periódicas con los representantes de los operadores económicos sobre las propuestas legislativas y los procedimientos generales relacionados con cuestiones aduaneras y de facilitación del comercio, la administración aduanera de cada una de las Partes celebrará consultas con la comunidad empresarial de dicha Parte.

2.    Cada una de las Partes se asegurará, siempre que sea posible, de que sus requisitos y procedimientos aduaneros y conexos continúen respondiendo a las necesidades de la comunidad empresarial, sigan las mejores prácticas aceptadas internacionalmente y sigan siendo lo menos restrictivos posible para el comercio.

ARTÍCULO 4.18

Comité Mixto de Cooperación Aduanera

1.    Este artículo complementa y especifica el artículo 24.4 (Comités especializados).

2.    El Comité Mixto de Cooperación Aduanera tendrá, con respecto a los capítulos y disposiciones que entren dentro de sus competencias de conformidad con el artículo 24.4 (Comités especializados), apartado 1, a excepción del capítulo 3 (Normas de origen y procedimientos en materia de origen), las siguientes funciones:

a)    determinar los ámbitos que deben mejorarse en su aplicación y funcionamiento; y

b)    buscar formas y métodos adecuados para alcanzar soluciones mutuamente convenidas en relación con las cuestiones que pueda surgir.

3.    El Comité Mixto de Cooperación Aduanera podrá adoptar decisiones en relación con los ámbitos a que se refiere el artículo 4.2 (Cooperación aduanera y asistencia administrativa mutua), apartado 2, incluso, cuando lo considere necesario, a efectos de la aplicación del apartado 2, letras d) y f), de dicho artículo.

CAPÍTULO 5

INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL

SECCIÓN A

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 5.1

No aplicación de las normas de origen preferenciales

A efectos de las secciones B (Derechos antidumping y compensatorios) y C (Medidas generales de salvaguardia), no se aplicarán las normas de origen preferenciales del capítulo 3 (Normas de origen y procedimientos en materia de origen).

ARTÍCULO 5.2

No aplicación de la solución de diferencias

El capítulo 26 (Solución de diferencias) no se aplica a las secciones B (Derechos antidumping y compensatorios) y C (Medidas generales de salvaguardia) del presente capítulo.

SECCIÓN B

DERECHOS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIOS

ARTÍCULO 5.3

Transparencia

1.    Los instrumentos de defensa comercial deben utilizarse cumpliendo plenamente los requisitos pertinentes de la OMC y basarse en un sistema justo y transparente.

2.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.5 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 12.4 del Acuerdo SMC, cada una de las Partes garantizará lo antes posible después de cualquier imposición de medidas provisionales y antes de que se adopte una determinación definitiva, la comunicación plena y significativa de todos los hechos y consideraciones esenciales en que se base la decisión de aplicar medidas definitivas. La comunicación se realizará por escrito y las partes interesadas tendrán tiempo suficiente para formular observaciones.

3.    Siempre que ello no retrase innecesariamente la realización de la investigación, se dará a cada parte interesada la oportunidad de ser escuchada, para que pueda expresar sus opiniones durante las investigaciones de los instrumentos de defensa comercial.

ARTÍCULO 5.4

Consideración del interés público

1.    Una Parte podrá abstenerse de aplicar medidas antidumping o compensatorias a las mercancías de la otra Parte si, sobre la base de la información facilitada durante la investigación de conformidad con los requisitos establecidos en las leyes y los reglamentos de dicha Parte, puede concluirse que la aplicación de tales medidas no redunda en interés público.

2.    A la hora de determinar definitivamente la imposición de derechos, cada una de las Partes tendrá en cuenta, de conformidad con sus leyes y reglamentos, la información facilitada por las partes interesadas pertinentes, que podrán incluir la industria interna, los importadores y sus asociaciones representativas, los usuarios representativos y las organizaciones de consumidores representativas.

ARTÍCULO 5.5

Regla del derecho inferior

Si una Parte establece un derecho antidumping sobre las mercancías de la otra Parte, el importe de dicho derecho no superará el margen de dumping. Si un derecho inferior al margen de dumping es adecuado para eliminar el perjuicio a la industria interna, la Parte adoptará dicho derecho inferior de conformidad con sus leyes y reglamentos.

SECCIÓN C

MEDIDAS GENERALES DE SALVAGUARDIA

ARTÍCULO 5.6

Transparencia

1.    A petición de la otra Parte, la Parte que inicie una investigación general de salvaguardia o tenga la intención de aplicar medidas generales de salvaguardia proporcionará inmediatamente una notificación por escrito de toda la información pertinente que condujo al inicio de una investigación general de salvaguardia o a la imposición de medidas generales de salvaguardia, incluidas las constataciones provisionales, si procede. Ello se entiende sin perjuicio del artículo 3.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

2.    Cada una de las Partes se esforzará por imponer medidas generales de salvaguardia de la manera que menos afecte al comercio entre las Partes.

3.    A efectos del apartado 2, si una Parte considera que se cumplen los requisitos legales para la imposición de medidas de salvaguardia definitivas, la Parte que tenga la intención de aplicar tales medidas lo notificará a la otra Parte y procurará ofrecer la oportunidad adecuada de celebrar consultas previas con dicha Parte, con el fin de examinar la información facilitada con arreglo al apartado 1 e intercambiar opiniones sobre las medidas propuestas antes de que se adopte una decisión definitiva.

SECCIÓN D

MEDIDAS BILATERALES DE SALVAGUARDIA

ARTÍCULO 5.7

Definiciones

A efectos de la presente sección, se entenderá por:

a)    «medida bilateral de salvaguardia»: una medida descrita en el artículo 5.8 (Aplicación de una medida bilateral de salvaguardia);

b)    «industria interna»: con respecto a una mercancía importada, conjunto de los productores de mercancías similares o directamente competidoras que operen en el territorio de una Parte, o aquellos productores cuya producción conjunta de mercancías similares o directamente competidoras constituya una proporción importante de la producción interna total de esas mercancías;

c)    «deterioro grave»: dificultades importantes en un sector de la economía que produce productos similares o directamente competidores;

d)    «perjuicio grave»: menoscabo general significativo de la situación de una industria interna;

e)    «amenaza de deterioro grave»: deterioro grave que, sobre la base de hechos y no simplemente de alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas, es claramente inminente;

f)    «amenaza de perjuicio grave»: perjuicio grave que, sobre la base de hechos y no simplemente de alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas, es claramente inminente; y

g)    «período transitorio»: período de siete años que comienza en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5.8

Aplicación de una medida bilateral de salvaguardia

1.    Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de la sección C (Medidas generales de salvaguardia), si, a raíz de la reducción o eliminación de un derecho de aduana en virtud del presente Acuerdo, las importaciones de una mercancía originaria de una Parte aumentan de tal manera en la otra Parte, en términos absolutos o relativos respecto a la producción interna, y en condiciones tales que causen o amenacen con causar un perjuicio grave a la industria interna de la otra Parte, esa otra Parte podrá, durante el período transitorio y únicamente de conformidad con las condiciones y procedimientos establecidos en la presente sección, aplicar una medida bilateral de salvaguardia.

2.    Las medidas bilaterales de salvaguardia aplicadas de conformidad con el apartado 1 solo podrán consistir en:

a)    la suspensión de toda nueva reducción del tipo del derecho de aduana aplicable a la mercancía de que se trate, de conformidad con el capítulo 2 (Trato nacional y acceso de las mercancías a los mercados); o

b)    el aumento del tipo del derecho de aduana aplicable a la mercancía en cuestión hasta un nivel que no exceda del menos elevado de los dos siguientes:

i)    el tipo de derecho de aduana aplicado a la nación más favorecida que esté vigente el día en que se aplique la medida bilateral de salvaguardia; o

ii)    el tipo de derecho de aduana aplicado a la nación más favorecida que esté vigente el día inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5.9

Normas relativas a una medida bilateral de salvaguardia

1.    No se aplicará una medida bilateral de salvaguardia:

a)    excepto cuando resulte necesaria para evitar o remediar el perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave a la industria interna, o el deterioro grave o la amenaza de deterioro grave de la situación económica de la región o regiones ultraperiféricas y solo durante el tiempo necesario para ello;

b)    por un período superior a dos años; y

c)    una vez que haya expirado el período transitorio.

2.    El período a que se refiere el apartado 1, letra b), podrá prorrogarse un año siempre que:

a)    las autoridades de investigación competentes de la Parte importadora determinen, de conformidad con los procedimientos especificados en la subsección 1 (Normas de procedimiento aplicables a las medidas bilaterales de salvaguardia), que la medida sigue siendo necesaria para evitar o remediar el perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave a la industria interna o el deterioro grave o la amenaza de deterioro grave de la situación económica de la región o regiones ultraperiféricas; y

b)    existan pruebas de que la industria interna se está adaptando y el período total de aplicación de una medida de salvaguardia, incluido el período de aplicación inicial y cualquier prórroga del mismo, no exceda de tres años.

3.    Cuando una Parte deje de aplicar una medida bilateral de salvaguardia, el tipo del derecho de aduana será el que habría estado en vigor para la mercancía de que se trate, de conformidad con el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria).

4.    No se aplicará una medida bilateral de salvaguardia a la importación de una mercancía concreta de una Parte que ya haya estado sujeta a dicha medida bilateral de salvaguardia durante un período igual a la mitad de la duración de la medida bilateral de salvaguardia anterior.

5.    Una Parte no aplicará a la misma mercancía y al mismo tiempo:

a)    una medida bilateral de salvaguardia, una medida bilateral de salvaguardia provisional o una medida de salvaguardia para las regiones ultraperiféricas con arreglo al presente Acuerdo; y

b)    una medida de salvaguardia conforme al artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias.

ARTÍCULO 5.10

Medidas bilaterales de salvaguardia provisionales

1.    Cuando existan circunstancias críticas en las que cualquier tipo de retraso supondría un perjuicio difícilmente reparable, una Parte podrá aplicar una medida bilateral de salvaguardia provisional tras haber determinado previamente que existen pruebas claras de que las importaciones de una mercancía originaria de la otra Parte han aumentado como resultado de la reducción o eliminación de un derecho de aduana con arreglo al presente Acuerdo y de que tales importaciones causan o amenazan con causar un perjuicio grave a la industria interna, o un deterioro grave o una amenaza de deterioro grave de la situación económica de la región o regiones ultraperiféricas.

2.    La duración de cualquier medida bilateral de salvaguardia provisional no podrá ser superior a doscientos días. Durante este período, la Parte cumplirá las normas de procedimiento pertinentes establecidas en la subsección 1 (Normas de procedimiento aplicables a las medidas bilaterales de salvaguardia).

3.    Los derechos de aduana impuestos como consecuencia de la medida bilateral de salvaguardia provisional deberán devolverse sin demora si la investigación posterior a que se refiere la subsección 1 (Normas de procedimiento aplicables a las medidas bilaterales de salvaguardia) no determina que el aumento de las importaciones de la mercancía objeto de la medida bilateral de salvaguardia provisional cause o amenace con causar un perjuicio grave a la industria interna, o un deterioro grave o una amenaza de deterioro grave de la situación económica de la región o regiones ultraperiféricas.

4.    La duración de cualquier medida bilateral de salvaguardia provisional se contará como parte del período establecido en el artículo 5.9 (Normas relativas a una medida bilateral de salvaguardia), apartado 1, letra b).

5.    La Parte que aplique una medida bilateral de salvaguardia provisional informará inmediatamente a la otra Parte tras la aplicación de dicha medida.

6.    A petición de la otra Parte, se celebrarán consultas inmediatamente después de la aplicación de la medida bilateral de salvaguardia provisional.

ARTÍCULO 5.11

Regiones ultraperiféricas

1.    Cuando un producto originario de Nueva Zelanda esté siendo importado directamente en el territorio de una o varias regiones ultraperiféricas 11 de la Unión en cantidades cada vez mayores y en condiciones tales que causen o puedan causar un deterioro grave de la situación económica de la región o regiones ultraperiféricas de que se trate, la Unión, tras examinar otras posibles soluciones, podrá aplicar, con carácter excepcional, medidas bilaterales de salvaguardia limitadas al territorio de la región o regiones de que se trate.

2.    A efectos del apartado 1, la determinación de un deterioro grave se basará en factores objetivos, incluidos los siguientes elementos:

a)    el aumento del volumen de las importaciones en términos absolutos o relativos con respecto a la producción interna y a las importaciones procedentes de otras fuentes; y

b)    el efecto de dichas importaciones en la situación de la industria pertinente o del sector económico afectado, incluidos los niveles de ventas, producción, situación financiera y empleo;

3.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la presente sección se aplicará mutatis mutandis a cualquier medida de salvaguardia adoptada en virtud del presente artículo.

ARTÍCULO 5.12

Compensación y suspensión de concesiones

1.    A más tardar treinta días después de la fecha de aplicación de la medida bilateral de salvaguardia, la Parte que aplique dicha medida brindará la oportunidad de celebrar consultas con la otra Parte para ponerse de acuerdo en la compensación comercial de liberalización apropiada en forma de concesiones que tengan efectos comerciales sustancialmente equivalentes.

2.    Si las consultas mencionadas en el apartado 1 no dan lugar a un acuerdo sobre la compensación comercial de liberalización en un plazo de treinta días a partir del primer día de las consultas, la Parte a cuya mercancía originaria se aplica la medida de salvaguardia podrá suspender la aplicación de concesiones sustancialmente equivalentes al comercio de la Parte que aplica la medida bilateral de salvaguardia.

3.    La obligación de proporcionar una compensación con arreglo al apartado 1 y el derecho a suspender concesiones con arreglo al apartado 2 solo se aplicarán mientras se mantenga la medida bilateral de salvaguardia.

4.    No obstante lo dispuesto en el apartado 3, el derecho de suspensión al que se refiere dicho apartado no se ejercerá durante los primeros veinticuatro meses en que una medida bilateral de salvaguardia esté en vigor, siempre que dicha medida se haya aplicado como consecuencia de un aumento de las importaciones en términos absolutos y siempre que sea conforme con el presente Acuerdo.

SUBSECCIÓN 1

NORMAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES A LAS MEDIDAS BILATERALES DE SALVAGUARDIA

ARTÍCULO 5.13

Legislación aplicable

La presente subsección se aplica a las medidas bilaterales de salvaguardia cubiertas por la sección D (Medidas bilaterales de salvaguardia) y aplicadas por la autoridad de investigación competente de una Parte. En los casos no cubiertos por la presente subsección, la autoridad de investigación competente aplicará las normas establecidas en su legislación nacional, siempre que dichas normas sean conformes con las disposiciones de la presente sección.

ARTÍCULO 5.14

Procedimientos de investigación

1.    Una Parte aplicará una medida bilateral de salvaguardia solo después de que sus autoridades de investigación competentes hayan llevado a cabo una investigación de conformidad con el artículo 3 y el artículo 4.2, letras a) y c), del Acuerdo sobre Salvaguardias. A tal fin, el artículo 3 y el artículo 4.2, letras a) y c), del Acuerdo sobre Salvaguardias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

2.    Para aplicar una medida bilateral de salvaguardia, la autoridad de investigación competente demostrará, sobre la base de pruebas objetivas, la existencia de un nexo causal entre el aumento de las importaciones del producto afectado y el perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave. La autoridad de investigación competente examinará también otros factores conocidos distintos del aumento de las importaciones para asegurarse de que el perjuicio causado por estos otros factores no se atribuye al aumento de las importaciones.

3.    En todo caso, la investigación se completará en el plazo de un año a partir de su fecha de inicio.

ARTÍCULO 5.15

Notificación y consultas

1.    Una Parte notificará sin demora por escrito a la otra Parte si:

a)    inicia una investigación sobre medidas bilaterales de salvaguardia con arreglo al presente capítulo;

b)    determina que el aumento de las importaciones causa un perjuicio grave o una amenaza de perjuicio grave, o un deterioro grave o una amenaza de deterioro grave de la situación económica de las regiones ultraperiféricas;

c)    decide aplicar una medida bilateral de salvaguardia provisional, o aplicar o prorrogar una medida bilateral de salvaguardia; o

d)    decide modificar una medida bilateral de salvaguardia adoptada previamente.

2.    Una Parte facilitará a la otra Parte una copia de la versión pública de la denuncia y del informe de sus autoridades de investigación competentes que se exige en el artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

3.    Cuando una Parte notifique a la otra Parte, de conformidad con el apartado 1, letra c), que está aplicando o prorrogando una medida bilateral de salvaguardia, dicha Parte incluirá en su notificación toda la información pertinente, como:

a)    pruebas de que, como resultado de la reducción o eliminación de un derecho de aduana de conformidad con el presente Acuerdo, el aumento de las importaciones de la mercancía de la otra Parte está causando un perjuicio grave o una amenaza de perjuicio grave a la industria interna, o un deterioro grave o una amenaza de deterioro grave de la situación económica de la región o regiones ultraperiféricas;

b)    una descripción precisa de la mercancía objeto de la medida bilateral de salvaguardia, incluida su partida o subpartida del SA, en la que se basa el anexo 2-A (Listas de eliminación arancelaria);

c)    una descripción precisa de la medida bilateral de salvaguardia;

d)    la fecha de aplicación de la medida bilateral de salvaguardia, su duración prevista y, en su caso, un calendario para la liberalización progresiva de la medida; y

e)    en el caso de una prórroga de la medida bilateral de salvaguardia, las pruebas de que la industria interna en cuestión se está adaptando.

4.    A petición de la Parte cuya mercancía esté sujeta a un procedimiento relativo a medidas bilaterales de salvaguardia con arreglo al presente capítulo, la Parte que lleve a cabo dicho procedimiento ofrecerá una oportunidad adecuada de celebrar consultas con la Parte solicitante antes de que se adopte una decisión definitiva de aplicar medidas de salvaguardia, con vistas a revisar una notificación prevista en el apartado 1 o cualquier anuncio público o informe de que la autoridad de investigación competente haya emitido en relación con el procedimiento, e intercambiar opiniones sobre la medida propuesta y llegar a un entendimiento sobre las compensaciones previstas en el artículo 5.12 (Compensación y suspensión de concesiones).

CAPÍTULO 6

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

ARTÍCULO 6.1

Objetivos y disposiciones generales

1.    Los objetivos del presente capítulo son:

a)    proteger la salud humana, animal y vegetal en los territorios respectivos de las Partes, facilitando al mismo tiempo el comercio entre ellas;

b)    garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias de las Partes no creen obstáculos innecesarios al comercio;

c)    facilitar la aplicación del Acuerdo MSF, las normas internacionales y los textos conexos y, en particular, la regionalización y la equivalencia;

d)    mantener la cooperación en los organismos internacionales de normalización;

e)    promover la transparencia y el entendimiento sobre la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias de cada Parte;

f)    reforzar la cooperación entre las Partes y reconocer los objetivos comunes de estas en materia de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; y

g)    mejorar la comunicación, la cooperación y la resolución de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar al comercio entre las Partes.

2.    Por lo que se refiere al Acuerdo MSF, las Partes recuerdan, en particular:

a)    el principio de que las medidas sanitarias y fitosanitarias de una Parte se basan en una evaluación de riesgos de conformidad con el artículo 5 y otras disposiciones pertinentes del Acuerdo MSF; y

b)    el concepto de medidas sanitarias y fitosanitarias provisionales.

ARTÍCULO 6.2

Ámbito de aplicación

1.    Las Partes afirman sus respectivos derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo Sanitario.

2.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el presente capítulo se aplicará:

a)    a las medidas sanitarias y fitosanitarias adoptadas por una Parte que puedan afectar al comercio entre las Partes; y

b)    a la cooperación en materia de resistencia a los antimicrobianos.

3.    El presente capítulo no se aplicará a ninguna medida de una Parte ni a cuestiones cubiertas por el Acuerdo Sanitario.

ARTÍCULO 6.3

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se aplicarán las definiciones siguientes:

a)    las definiciones que figuran en el anexo A del Acuerdo MSF;

b)    las definiciones adoptadas bajo los auspicios de la Comisión del Codex Alimentarius;

c)    las definiciones adoptadas bajo los auspicios de la Organización Mundial de Sanidad Animal;

d)    las definiciones adoptadas bajo los auspicios de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (en lo sucesivo, «CIPF»);

e)    «autoridad competente»: organismo gubernamental enumerado en el anexo 6-A (Autoridades competentes), incluidos los servicios fitosanitarios nacionales pertinentes; y

f)    «control de las importaciones»: evaluación que puede incluir la inspección, el análisis, el muestreo, el examen de la documentación, las pruebas o los procedimientos, incluidos los de laboratorio, organolépticos o de identidad, realizada en la frontera de una Parte importadora por la autoridad competente de la Parte importadora para determinar si un envío cumple los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la Parte importadora.

ARTÍCULO 6.4

Condiciones fitosanitarias específicas

1.    De conformidad con las normas aplicables acordadas en el marco de la CIPF, las Partes intercambiarán información sobre su situación en relación con las plagas en sus respectivos territorios. A petición de una Parte, la otra Parte proporcionará una justificación de la categorización de plagas y las medidas fitosanitarias correspondientes.

2.    En relación con la categorización de plagas, cada una de las Partes establecerá y actualizará una lista de plagas reguladas para los vegetales y productos vegetales que susciten una preocupación fitosanitaria. La lista contendrá:

a)    las plagas cuarentenarias no presentes en ninguna parte de su territorio;

b)    las plagas cuarentenarias presentes pero que no se hayan propagado ampliamente y estén bajo control oficial;

c)    las plagas cuarentenarias de zonas protegidas; y

d)    en su caso, las plagas reguladas no cuarentenarias.

3.    Cada una de las Partes limitará sus requisitos de importación de vegetales o productos vegetales a los necesarios para mitigar los riesgos de la introducción de plagas reguladas. Los requisitos de importación para mitigar el riesgo de plagas cuarentenarias de zonas protegidas no se aplicarán a menos que se sepa que el destino de los vegetales o productos vegetales se encuentra dentro de una zona protegida.

4.    La inspección previa a la exportación por parte del servicio fitosanitario nacional de la Parte importadora no debería ser un requisito de la Parte importadora, cuando la inspección de vegetales o productos vegetales esté dentro del ámbito de aplicación del servicio fitosanitario nacional de la Parte exportadora.

ARTÍCULO 6.5

Reconocimiento de inexistencia de plagas

Si la regionalización se define con respecto a una zona libre de plagas, un lugar de producción libre de plagas, un sitio de producción libre de plagas o una zona protegida en el sector de los vegetales y productos vegetales:

a)    las Partes reconocen los conceptos de zonas libres de plagas, lugares de producción libres de plagas y sitios de producción libres de plagas especificados en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias («NIMF») pertinentes de la CIPF;

b)    las Partes aceptarán mutuamente:

i)    zonas libres de plagas, lugares de producción libres de plagas y sitios de producción libres de plagas; y

ii)    controles oficiales en el establecimiento y mantenimiento de zonas libres de plagas, lugares de producción libres de plagas y sitios de producción libres de plagas;

c)    Nueva Zelanda reconocerá el concepto de zonas protegidas dentro del territorio de la Unión como equivalente a una zona libre de plagas, tal como se especifica en la NIMF n.º 4 («Requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas») de la CIPF;

d)    la Parte exportadora, si así lo solicita la Parte importadora, identificará las zonas libres de plagas, los lugares de producción libres de plagas, los sitios de producción libres de plagas y las zonas protegidas y, si así lo solicita la Parte importadora, facilitará una explicación completa y los datos de apoyo previstos en las NIMF pertinentes o según se considere apropiado de otro modo; y

e)    el Comité de Comercio podrá adoptar una decisión para modificar el anexo 6-B (Condiciones regionales aplicables a los vegetales y a los productos vegetales) para establecer cualquier otro asunto que pueda referirse a la regionalización o especificar cualquier condición especial adecuada basada en el riesgo.

ARTÍCULO 6.6

Equivalencia

1.    Las Partes son conscientes de que el reconocimiento de la equivalencia es un medio importante para facilitar el comercio.

2.    A la hora de determinar la equivalencia de una medida sanitaria o fitosanitaria específica, un grupo de medidas o sobre una base sistémica, cada una de las Partes tendrá en cuenta las orientaciones pertinentes del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (denominado en lo sucesivo «Comité MSF de la OMC») y las normas, directrices y recomendaciones internacionales. El Comité de Comercio podrá adoptar una decisión para establecer orientaciones y procedimientos adicionales para determinar, reconocer y mantener la equivalencia en el anexo 6-C (Reconocimiento de la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias).

3.    A petición de la Parte exportadora, la Parte importadora explicará, en un plazo razonable, el objetivo y la justificación de su medida sanitaria o fitosanitaria e identificará claramente el riesgo al que la medida pretende hacer frente.

4.    La Parte importadora reconocerá la equivalencia de una medida sanitaria o fitosanitaria si la Parte exportadora demuestra de manera objetiva que su medida alcanza el nivel adecuado de protección de la Parte importadora en relación con la salud humana, animal o vegetal.

5.    Si una evaluación de equivalencia no da lugar a una determinación de equivalencia por parte de la Parte importadora, la Parte importadora proporcionará a la Parte exportadora la justificación de su decisión.

6.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.8 (Certificación), apartado 6, el Comité de Comercio podrá adoptar una decisión para modificar el anexo 6-C (Reconocimiento de la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias) con el fin de:

a)    establecer los tipos de mercancías de la Parte exportadora que la Parte importadora reconozca que están cubiertos por una medida sanitaria o fitosanitaria equivalente a la suya, o establecer los controles oficiales de la Parte exportadora que la Parte importadora reconozca como equivalentes a los suyos; y

b)    especificar cualquier condición especial adecuada basada en el riesgo o cualquier calificación acordada respecto a una plaga o una enfermedad.

7.    Si una Parte modifica una medida sanitaria o fitosanitaria de un modo que considera que no afecta a una determinación de equivalencia especificada en el presente capítulo, la determinación será aplicable a la versión más reciente de la ley o reglamento pertinente por el que se modifique la medida sanitaria o fitosanitaria.

8.    Si una Parte considera que una determinación de equivalencia anterior se ve afectada, lo notificará a la otra Parte.

9.    Si una Parte importadora modifica una medida sanitaria o fitosanitaria y considera que una determinación de equivalencia especificada en el presente capítulo puede verse afectada:

a)    considerará de manera objetiva si la determinación anterior ya no es suficiente para cumplir su nivel adecuado de protección; y

b)    consultará a la Parte exportadora y, a continuación, decidirá si la determinación puede continuar con o sin condiciones especiales.

ARTÍCULO 6.7

Condiciones comerciales y procedimientos de aprobación

1.    La Parte importadora pondrá a disposición del público sus requisitos fitosanitarios de importación y los procedimientos utilizados para establecer dichos requisitos.

2.    Si las Partes identifican conjuntamente un vegetal o producto vegetal específico como prioridad, la Parte importadora establecerá requisitos específicos de importación para ese producto sin demora indebida, salvo en circunstancias debidamente justificadas.

3.    Cuando se reciba una solicitud de importación en relación con un vegetal o producto vegetal específico que haya sido previamente aprobado para su importación desde la Parte exportadora, la Parte importadora evaluará el perfil de riesgo y, si se determina que es el mismo, completará el procedimiento de aprobación sin demora indebida, salvo en circunstancias debidamente justificadas.

4.    Cada una de las Partes velará por que los procedimientos utilizados para aprobar las importaciones procedentes de la otra Parte se lleven a cabo y se completen sin demora indebida, incluidas, en caso necesario, auditorías y las medidas legislativas o administrativas necesarias para completar el procedimiento de aprobación. Cada una de las Partes evitará, en particular, solicitudes de información innecesarias o excesivamente gravosas, que se limitarán a lo necesario y tendrán en cuenta la información ya disponible para la Parte importadora, como la información sobre las leyes y los reglamentos aplicables y los informes de auditoría de la Parte exportadora.

5.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.5 (Reconocimiento de inexistencia de plagas), cada una de las Partes aplicará sus condiciones fitosanitarias de importación a todo el territorio de la otra Parte donde prevalezca la misma situación en relación con las plagas.

6.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.10 (Medidas de emergencia), cada una de las Partes reconocerá como equivalentes los controles oficiales aplicados por la otra Parte al comercio, siempre que, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, no se produzcan cambios significativos en los sistemas de control oficial de la Parte exportadora que reduzcan el nivel de garantía para la Parte importadora.

7.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.10 (Medidas de emergencia), la Parte importadora no denegará ni detendrá la importación de una mercancía de la Parte exportadora por el mero hecho de que la Parte importadora esté llevando a cabo una revisión de sus medidas sanitarias y fitosanitarias, si la Parte importadora había permitido la importación de dicha mercancía desde la otra Parte cuando se inició la revisión.

8.    Las Partes, sin ningún proceso de aprobación posterior, aceptarán mutuamente las listas de establecimientos sujetos a medidas sanitarias y fitosanitarias para el comercio.

9.    Cada una de las Partes pondrá a disposición de la otra Parte, previa solicitud, las listas de establecimientos a que se refiere el apartado 8.

ARTÍCULO 6.8

Certificación

1.    Por lo que se refiere a la certificación sanitaria de vegetales y productos vegetales, las autoridades competentes aplicarán los principios establecidos en la NIMF n.º 7 («Sistema de certificación para la exportación») y en la NIMF n.º 12 («Directrices para los certificados fitosanitarios») de la CIPF.

2.    Cada una de las Partes promoverá la aplicación de la certificación electrónica y otras tecnologías para facilitar el comercio.

3.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.2 (Ámbito de aplicación) y 6.10 (Medidas de emergencia), no se exigirá la certificación de seguridad alimentaria para los alimentos transformados cubiertos por el presente capítulo, salvo que dicha exigencia esté respaldada por un análisis de riesgos.

4.    El Comité de Comercio podrá adoptar una decisión para modificar el anexo 6-E (Certificación) con el fin de especificar orientaciones, procedimientos y requisitos adicionales en relación con la certificación.

5.    Si la Parte importadora ha aceptado una medida sanitaria o fitosanitaria en materia de mercancías de la Parte exportadora como equivalente a la suya, la Parte exportadora podrá incluir el modelo de declaración sanitaria establecido en la sección 1 del anexo 6-E (Certificación) en el certificado sanitario oficial.

6.    Si una Parte importadora ha determinado, de conformidad con el artículo 6.6 (Equivalencia), apartados 7 u 8, que se mantiene la equivalencia, el certificado sanitario de importación previsto en el anexo 6‑E (Certificación) indicará, cuando sea factible y si procede, las leyes o reglamentos iniciales de la Parte importadora.

7.    Si una Parte importadora determina que ya no es necesaria una condición especial incluida en el anexo 6-C (Reconocimiento de la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias), ya no se exigirán garantías para dicha condición especial y el Comité de Comercio adoptará una decisión para modificar en consecuencia el anexo 6‑C (Reconocimiento de la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias) en un plazo razonable.

ARTÍCULO 6.9

Transparencia, intercambio de información y consulta técnica

1.    Las Partes se informarán mutuamente sin demora de lo siguiente:

a)    las constataciones de importancia epidemiológica que puedan estar relacionados con un producto que sea objeto de comercio entre las Partes;

b)    las cuestiones de seguridad alimentaria relacionadas con un producto que sea objeto de comercio entre las Partes; o

c)    cualquier otra información pertinente para la correcta aplicación del presente capítulo.

2.    Si la información a que se refiere el apartado 1 se ha puesto a disposición mediante notificación a la OMC o al organismo internacional de normalización competente de conformidad con sus normas, o en un sitio web accesible al público de una Parte, se considerará que se ha cumplido el requisito establecido en el apartado 1.

3.    Si una de las Partes tiene serias dudas con respecto a un riesgo sanitario o fitosanitario, se celebrarán consultas técnicas sobre dicha situación, previa solicitud, lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo de catorce días a partir de la fecha de entrega de la solicitud.

4.    Si una Parte tiene una preocupación importante relacionada con una medida sanitaria o fitosanitaria que la otra Parte haya propuesto o aplicado, dicha Parte podrá solicitar la celebración de consultas técnicas con la otra Parte. La Parte a la que se dirige la solicitud responderá en un plazo de treinta días a partir de la fecha de entrega de la solicitud.

5.    Con respecto a los apartados 3 y 4, cada una de las Partes se esforzará por facilitar toda la información necesaria para evitar perturbaciones del comercio y permitir a las Partes alcanzar una solución mutuamente aceptable que gestione eficazmente cualquier riesgo sanitario o fitosanitario.

6.    Las Partes tratarán de resolver cualquier problema que surja de la aplicación del presente capítulo mediante consultas técnicas 12 con arreglo al presente artículo antes de iniciar los procedimientos de solución de diferencias con arreglo al capítulo 26 (Solución de diferencias).

ARTÍCULO 6.10

Medidas de emergencia

1.    Si una Parte adopta una medida de emergencia necesaria para la protección de la vida o la salud de las personas, los animales o los vegetales, la autoridad competente de la Parte lo notificará a la autoridad competente de la otra Parte en un plazo de veinticuatro horas. Si una Parte solicita consultas técnicas para abordar la medida sanitaria o fitosanitaria de emergencia, las consultas técnicas deberán celebrarse en un plazo de catorce días a partir de la fecha de entrega de la notificación de dicha medida de emergencia. Las Partes tomarán en consideración toda la información facilitada durante las consultas técnicas.

2.    La Parte que aplique la medida de emergencia considerará cualquier información proporcionada oportunamente por la Parte exportadora cuando tome su decisión con respecto a cualquier envío que, en el momento de la adopción de la medida sanitaria o fitosanitaria de emergencia, esté siendo transportado entre las Partes.

3.    Cuando una medida de emergencia perturbe gravemente o suspenda el comercio, la Parte importadora revocará dicha medida tan pronto como sea posible en la práctica o aportará una justificación científica y técnica pertinente para su continuación.

ARTÍCULO 6.11

Auditorías

1.    Para mantener la confianza en la aplicación del presente capítulo, cada una de las Partes tiene derecho a efectuar una auditoría de sistemas de la totalidad o parte del sistema de control de la autoridad competente de la otra Parte para determinar que funciona según lo previsto.

2.    Al efectuar una auditoría, las Partes tendrán en cuenta las orientaciones pertinentes del Comité MSF de la OMC y las normas, directrices y recomendaciones internacionales.

3.    Cualquier decisión o acción tomada por la Parte auditora que pueda perjudicar al comercio como resultado de la auditoría deberá tener en cuenta y ser proporcional a:

a)    el riesgo evaluado, con el respaldo de pruebas objetivas y datos que puedan verificarse; y

b)    los conocimientos, la experiencia pertinente y la confianza que la Parte auditora tenga respecto de la Parte auditada.

4.    La Parte auditora facilitará a la Parte auditada, previa solicitud, pruebas y datos objetivos.

5.    La Parte auditora correrá con sus propios gastos asociados a las auditorías.

6.    Cada una de las Partes velará por que existan procedimientos para evitar la divulgación de la información confidencial obtenida durante una auditoría de las autoridades competentes de la otra Parte, incluidos los procedimientos para eliminar cualquier información confidencial de un informe final de auditoría que se ponga a disposición del público.

7.    La Parte auditora considerará cualquier observación de la Parte auditada sobre el informe y determinará si el informe o parte del mismo se pone a disposición del público o se pone a disposición del público de forma más limitada.

8.    El Comité de Comercio podrá adoptar una decisión para modificar el anexo 6-D (Directrices y procedimientos para una auditoría o verificación) con el fin de establecer o especificar directrices y procedimientos de auditoría.

ARTÍCULO 6.12

Controles y tasas de importación

1.    La Parte importadora tendrá derecho a realizar controles de las importaciones basados en los riesgos sanitarios o fitosanitarios asociados a las importaciones. Estos controles se llevarán a cabo sin demoras indebidas y con el menor número posible de efectos perturbadores del comercio.

2.    En caso de que de los controles de las importaciones se desprenda un incumplimiento de los requisitos de importación pertinentes, la medida adoptada por la Parte importadora se ajustará a las normas internacionales, se basará en una evaluación del riesgo correspondiente y no supondrá restricciones comerciales superiores a las necesarias para lograr el nivel adecuado de protección de la Parte importadora.

3.    La autoridad competente de la Parte importadora notificará a la autoridad competente de la Parte exportadora cuando cualquier incumplimiento constituya un riesgo grave para la salud humana, animal o vegetal.

4.    La autoridad competente de la Parte importadora notificará al importador o a su representante un envío no conforme, indicando el motivo del incumplimiento, y le dará la oportunidad de revisar la decisión. La autoridad competente de la Parte importadora considerará cualquier información pertinente presentada para ayudar en la revisión.

5.    Las tasas impuestas por los procedimientos aplicados a los productos importados no podrán ser superiores a las tasas cobradas por controles comparables de mercancías nacionales similares ni superiores al coste real del servicio.

6.    El Comité de Comercio podrá adoptar una decisión para modificar el anexo 6-F (Controles y tasas de importación) con el fin de establecer índices de frecuencia y tasas para los controles de las importaciones de determinadas mercancías en el ámbito de aplicación del presente capítulo.

ARTÍCULO 6.13

Solidez científica y transparencia en determinados procesos de autorización 13

1.    Las Partes reconocen que los procesos de autorización se basarán en datos científicos sólidos y se llevarán a cabo de manera transparente a fin de generar y mantener la confianza del público. Las Partes cooperarán para aumentar la solidez y la transparencia de estos procesos.

2.    Las Partes reconocen que sus respectivos procesos de autorización tienen por objeto ofrecer resultados comparables y que la cooperación en este ámbito es deseable.

3.    Si una persona responsable de garantizar que la empresa sometida a su control cumple los requisitos para obtener la autorización de comercialización encarga estudios científicos a una institución científica 14 situada en una Parte con vistas a respaldar una solicitud de autorización en el contexto de determinados procesos de autorización específicos en la otra Parte, y esto se pone en conocimiento de la Parte en la que está situada la institución científica, ambas Partes procurarán intercambiar dicha información entre sí.

4.    Las Partes también podrán intercambiar información sobre sus procesos de autorización.

5.    Una Parte podrá solicitar una visita de información en virtud del presente artículo a una institución científica situada en la otra Parte para recabar información relativa a la aplicación de las normas pertinentes por parte de dicha institución científica cuando lleve a cabo un estudio científico a efectos de determinados procesos de autorización específicos en la Parte que solicite una visita de información.

6.    Si una Parte desea realizar una visita de información, lo notificará a la otra Parte a más tardar sesenta días antes de dicha visita.

7.    Si una Parte desea realizar una visita de información y la institución científica acepta dicha visita, los funcionarios de la otra Parte podrán acompañar a los funcionarios de la Parte visitante durante la visita.

8.    El informe final de toda visita de información se pondrá a disposición de las autoridades competentes de ambas Partes. Las partes pertinentes del informe final también se pondrán a disposición de la institución científica visitada.

9.    Los costes de dicha visita de información correrán a cargo de la Parte que solicite dicha visita.

10.    El Comité de Comercio podrá adoptar una decisión para establecer normas de desarrollo detalladas y cualquier orientación necesaria con respecto a los apartados 3 a 9.

ARTÍCULO 6.14

Resistencia a los antimicrobianos

1.    Las Partes reconocen que la resistencia a los antimicrobianos constituye una amenaza grave para la salud humana y animal.

2.    Las Partes, de conformidad con el enfoque «Una sola salud», cooperarán y facilitarán el intercambio de información, también en lo que se refiere a reglamentos, directrices, planes nacionales, normas, conocimientos especializados y experiencias en el ámbito de la resistencia a los antimicrobianos, y determinarán planteamientos, intereses, prioridades y políticas comunes en ese ámbito.

3.    Las Partes reconocen que:

a)    sus respectivas normas de regulación, directrices y sistemas de vigilancia en materia de antimicrobianos ofrecen controles y resultados sanitarios comparables;

b)    los agentes antimicrobianos que son esenciales para el tratamiento y la salud de las personas y los animales son un elemento central de sus respectivas estrategias contra la resistencia a los antimicrobianos; y

c)    se adoptan iniciativas por ambas partes, en el marco de sus respectivas estrategias y políticas, para promover la eliminación progresiva del uso de agentes antibióticos como factores del crecimiento, en particular los de importancia médica, y para reducir el uso de agentes antimicrobianos en la producción animal.

4.    Además, las Partes:

a)    cooperarán en los foros internacionales pertinentes sobre el desarrollo de futuros códigos, directrices, normas, recomendaciones e iniciativas;

b)    cooperarán en los planes de acción internacionales, especialmente en lo que se refiere al uso responsable y prudente de los agentes antimicrobianos, con el fin de luchar contra la resistencia a los antimicrobianos de manera más eficaz; y

c)    en el contexto de sus respectivas estrategias y políticas, apoyarán la aplicación de los planes de acción y las estrategias internacionales acordados contra la resistencia a los antimicrobianos.

5.    Los reglamentos, las directrices, los planes estratégicos, las normas y otras iniciativas contra la resistencia a los antimicrobianos no se utilizarán para crear o aplicar medidas que afecten al comercio, a menos que dichas medidas sean compatibles con el Acuerdo MSF y las disposiciones pertinentes del presente capítulo.

6.    El Comité MSF podrá crear un grupo de trabajo técnico sobre la resistencia a los antimicrobianos.

ARTÍCULO 6.15

Fraude en productos que son objeto de comercio

1.    Las Partes reconocen que las actividades fraudulentas de los operadores del comercio internacional pueden:

a)    afectar a la salud de las personas, los animales, los vegetales y, por consiguiente, al medio ambiente; y

b)    socavar las prácticas comerciales justas y la confianza de los consumidores.

2.    Las Partes intercambiarán la información pertinente y cooperarán para evitar prácticas que infrinjan o parezcan infringir sus respectivas medidas sanitarias y fitosanitarias o que induzcan a error a los consumidores y a otras partes interesadas pertinentes.

ARTÍCULO 6.16

Ejecución y recursos

Cada una de las Partes garantizará que sus autoridades competentes cuenten con los recursos necesarios para aplicar de manera efectiva el presente capítulo.

ARTÍCULO 6.17

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

1.    Este artículo complementa y especifica el artículo 24.4 (Comités especializados).

2.    El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias tendrá, con respecto al presente capítulo, las siguientes funciones:

a)    proporcionar un foro para intercambiar información sobre el sistema regulador de cada una de las Partes, incluida la base científica y de evaluación de riesgos para sus medidas sanitarias y fitosanitarias;

b)    determinar las oportunidades de cooperación, incluidas las iniciativas de facilitación del comercio, y seguir trabajando en la eliminación de obstáculos innecesarios al comercio entre las Partes;

c)    promover la cooperación en los foros multilaterales, incluidos el Comité MSF de la OMC y los organismos internacionales de normalización, según proceda;

d)    crear grupos de trabajo ad hoc;

e)    proporcionar un foro para que las Partes se pongan al corriente mutuamente en una fase temprana sobre las consideraciones reglamentarias relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias;

f)    sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 26 (Solución de diferencias), servir de foro para resolver problemas comerciales concretos cuando las Partes no hayan podido alcanzar una solución mutuamente aceptable mediante consultas técnicas de conformidad con el artículo 6.9 (Transparencia, intercambio de información y consulta técnica);

g)    tomar cualquier otra medida apropiada en el ejercicio de sus funciones que las Partes puedan acordar; y

h)    considerar cualquier otro asunto relacionado con el presente capítulo.

3.    A menos que las Partes decidan otra cosa, el Comité se reunirá y establecerá su programa de trabajo a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

CAPÍTULO 7

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

ARTÍCULO 7.1

Objetivos

1.    Las Partes, reconociendo la importancia de reforzar las políticas y definir programas que contribuyan al desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, saludables y resilientes, acuerdan establecer una estrecha cooperación para participar conjuntamente en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles.

2.    El presente capítulo se aplica además y sin perjuicio de los demás capítulos del presente Acuerdo relacionados con los sistemas alimentarios o la sostenibilidad, en particular el capítulo 6 (Medidas sanitarias y fitosanitarias), el capítulo 9 (Obstáculos técnicos al comercio) y el capítulo 19 (Comercio y desarrollo sostenible).

ARTÍCULO 7.2

Ámbito de aplicación

1.    El presente capítulo se aplicará a la cooperación entre las Partes para mejorar la sostenibilidad de sus respectivos sistemas alimentarios.

2.    El presente capítulo establece disposiciones para la cooperación en ámbitos que permiten lograr sistemas alimentarios más sostenibles. Los ámbitos indicativos de cooperación se enumeran en el artículo 7.4 (Cooperación para mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios).

3.    Las Partes reconocen que las prioridades para la cooperación pueden cambiar con el tiempo a medida que se desarrollan sus respectivos entendimientos y la comprensión y el tratamiento internacionales de los sistemas alimentarios.

ARTÍCULO 7.3

Definición

1.    Las Partes reconocen que los sistemas alimentarios son diversos y específicos del contexto, y abarcan una serie de agentes y sus actividades interrelacionadas en todos los ámbitos del sistema alimentario, incluidas la producción, la recolección, la transformación, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la venta, el consumo y la eliminación de los productos alimenticios.

2.    A efectos del presente capítulo, y reconociendo que las definiciones pueden evolucionar con el tiempo, las Partes consideran que los sistemas alimentarios sostenibles son sistemas alimentarios que garantizan el acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes durante todo el año, de forma que no se vean comprometidas las bases económicas, sociales, culturales y medioambientales para generar seguridad alimentaria y nutrición para las generaciones futuras.

ARTÍCULO 7.4

Cooperación para mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios

1.    Las Partes reconocen la importancia de la cooperación como mecanismo para aplicar el presente capítulo mientras refuerzan sus relaciones comerciales y de inversión.

2.    Teniendo en cuenta sus respectivas prioridades y circunstancias, las Partes cooperarán para abordar cuestiones de interés común relacionadas con la aplicación del presente capítulo. Esta cooperación podrá tener lugar tanto bilateralmente como en foros internacionales.

3.    La cooperación podrá incluir el intercambio de información, conocimientos especializados y experiencias, así como la cooperación en investigación e innovación.

4.    Las Partes cooperarán en temas que podrán incluir:

a)    métodos y prácticas de producción de alimentos destinados a mejorar la sostenibilidad, incluida la agricultura ecológica y la agricultura regenerativa, entre otros;

b)    el uso eficiente de los recursos naturales y de los insumos agrícolas, incluida la reducción del uso y del riesgo de los plaguicidas y fertilizantes químicos, cuando proceda;

c)    las repercusiones medioambientales y climáticas de la producción de alimentos, en particular en las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por la agricultura, los sumideros de carbono y la pérdida de biodiversidad;

d)    los planes de contingencia para garantizar la seguridad y la resiliencia de las cadenas alimentarias y el comercio en tiempos de crisis internacional;

e)    la transformación, el transporte, el comercio al por mayor, el comercio al por menor y los servicios alimentarios sostenibles;

f)    las dietas saludables, sostenibles y nutritivas;

g)    la huella de carbono del consumo;

h)    la pérdida y el desperdicio de alimentos, en consonancia con la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

i)    la reducción de los efectos medioambientales adversos de las políticas y medidas relacionadas con el sistema alimentario; y

j)    el conocimiento, la participación y el liderazgo de los pueblos indígenas en los sistemas alimentarios, en consonancia con las circunstancias respectivas de las Partes.

ARTÍCULO 7.5

Disposiciones adicionales

1.    Las actividades de cooperación en virtud del presente capítulo no afectarán a la independencia de las agencias de cada una de las Partes, incluidas las agencias regionales de una Parte.

2.    Respetando plenamente el derecho de cada una de las Partes a regular, ninguna disposición del presente capítulo se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a:

a)    modificar sus requisitos de importación;

b)    desviarse de sus procedimientos de preparación o adopción de medidas reglamentarias;

c)    adoptar medidas que socaven o impidan la adopción oportuna de medidas reglamentarias para lograr sus objetivos de política pública; o

d)    adoptar cualquier medida reglamentaria concreta.

ARTÍCULO 7.6

Comité de Sistemas Alimentarios Sostenibles

1.    Este artículo complementa y especifica el artículo 24.4 (Comités especializados).

2.    El Comité de Sistemas Alimentarios Sostenibles tendrá, con respecto al presente capítulo, las siguientes funciones:

a)    establecer prioridades de cooperación y planes de trabajo para aplicarlas;

b)    promover la cooperación en los foros multilaterales; y

c)    desempeñar cualquier otra función relacionada con la aplicación o el funcionamiento del presente capítulo.

3.    Con vistas a alcanzar los objetivos del presente capítulo y supervisar los resultados obtenidos de su aplicación, el Comité de Sistemas Alimentarios Sostenibles establecerá cada año un plan de trabajo anual que contenga acciones con objetivos e hitos para dichas acciones.

4.    Cuando proceda, el Comité de Sistemas Alimentarios Sostenibles podrá crear grupos de trabajo compuestos por representantes de expertos de cada Parte.

5.    El Comité de Sistemas Alimentarios Sostenibles se reunirá en el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y, posteriormente, cuando se acuerde mutuamente.

6.    El Comité de Sistemas Alimentarios Sostenibles podrá establecer normas que mitiguen los posibles conflictos de intereses para los expertos que puedan participar en sus reuniones y las de cualquier grupo de trabajo que esté bajo su dirección.

ARTÍCULO 7.7

Puntos de contacto

En el plazo de noventa días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, cada una de las Partes designará un punto de contacto para facilitar la comunicación entre las Partes y notificará a la otra Parte los datos de contacto del punto de contacto. Cada una de las Partes notificará sin demora a la otra Parte cualquier modificación de dichos datos de contacto.

CAPÍTULO 8

BIENESTAR ANIMAL

ARTÍCULO 8.1

Objetivo

El objetivo del presente capítulo es reforzar la cooperación entre las Partes en materia de bienestar animal de los animales de granja con el fin de facilitar el comercio entre las Partes.

ARTÍCULO 8.2

Disposiciones generales y cooperación

1.    Las Partes reconocen que los animales son seres sensibles 15 .

2.    Las Partes reconocen que sus prácticas ganaderas son sustancialmente diferentes, pero reconocen que sus respectivas normas de bienestar animal y sus sistemas asociados ofrecen resultados comparables en materia de bienestar animal.

3.    Las Partes harán todo lo posible por cooperar en los foros internacionales para promover el desarrollo y la aplicación de normas de bienestar animal basadas en la ciencia. En particular, las Partes cooperarán para reforzar y ampliar el alcance de las normas de bienestar animal de la Organización Mundial de Sanidad Animal, así como su aplicación, centrándose en los animales de granja.

4.    Las Partes intercambiarán información, conocimientos especializados y experiencias en el ámbito del bienestar animal en relación con el tratamiento de los animales en la granja, durante el transporte y en el momento del sacrificio o la matanza.

5.    Las Partes continuarán cooperando en la investigación en el área del bienestar animal para facilitar el desarrollo de normas de bienestar animal con base científica relacionadas con el tratamiento de los animales en la granja, durante el transporte y en el momento del sacrificio o la matanza.

ARTÍCULO 8.3

Grupo de trabajo técnico sobre bienestar animal

Las Partes crean un grupo de trabajo técnico sobre bienestar animal. El grupo de trabajo informará y llevará a cabo las actividades especificadas por el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

CAPÍTULO 9

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

ARTÍCULO 9.1

Objetivos

Los objetivos del presente capítulo son facilitar el comercio de mercancías entre las Partes mediante la prevención, la identificación y la eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio, y mejorar la cooperación entre las Partes en los asuntos cubiertos por el presente capítulo.

ARTÍCULO 9.2

Ámbito de aplicación

1.    El presente capítulo se aplica a la elaboración, adopción y aplicación de todos los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad definidos en el anexo 1 del Acuerdo OTC que puedan afectar al comercio de mercancías entre las Partes.

2.    El presente capítulo no se aplicará a:

a)    las especificaciones de compra elaboradas por organismos gubernamentales para los requisitos de producción o consumo de los organismos a los que se aplica el capítulo 14 (Contratación pública); o

b)    las medidas sanitarias y fitosanitarias, tal como se definen en el anexo A del Acuerdo MSF, a las que se aplica el capítulo 6 (Medidas sanitarias y fitosanitarias).

ARTÍCULO 9.3

Relación con el Acuerdo OTC

1.    Los artículos 2 a 9 y los anexos 1 y 3 del Acuerdo OTC se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

2.    Los términos a que hace referencia el presente capítulo, incluso en sus anexos, tendrán el mismo significado que tienen en el Acuerdo OTC.

ARTÍCULO 9.4

Reglamentos técnicos

1.    Además del artículo 22.8 (Evaluación de impacto), cada una de las Partes procurará llevar a cabo una evaluación de impacto de los reglamentos técnicos previstos que entren en el ámbito de aplicación de las medidas reglamentarias definidas en el artículo 22.2 (Definiciones), que puedan tener un impacto significativo en el comercio, de conformidad con sus normas y procedimientos. Para mayor certeza, el presente apartado se aplica también a los procedimientos de evaluación de la conformidad que forman parte de dichos reglamentos técnicos.

2.    Si se lleva a cabo una evaluación de impacto de conformidad con el apartado 1, entonces, además del artículo 22.8 (Evaluación de impacto), apartado 2, letra b), cada una de las Partes evaluará las opciones reglamentarias y no reglamentarias factibles y apropiadas para el reglamento técnico propuesto que puedan cumplir los objetivos legítimos de la Parte de conformidad con el artículo 2.2 del Acuerdo OTC. Para mayor certeza, esta obligación se aplica también a los procedimientos de evaluación de la conformidad que forman parte de dichos reglamentos técnicos.

3.    De conformidad con los artículos 2.3 y 2.4 del Acuerdo OTC, cada una de las Partes revisará periódicamente sus reglamentos técnicos. Al llevar a cabo esta revisión, cada una de las Partes considerará positivamente, entre otras cosas, la creciente convergencia con las normas internacionales pertinentes, teniendo en cuenta cualquier novedad en relación con dichas normas y si siguen existiendo circunstancias anteriores que hayan dado lugar a divergencias con respecto a cualquier norma internacional pertinente.

4.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 22 (Buenas prácticas y cooperación en materia de reglamentación), al elaborar reglamentos técnicos importantes que puedan tener un efecto significativo en el comercio, cada una de las Partes permitirá, de conformidad con sus normas y procedimientos, que las personas de las Partes aporten su contribución a través de un proceso de consulta pública, excepto cuando surjan o amenacen con surgir problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente o seguridad nacional. Cada una de las Partes permitirá a las personas de la otra Parte participar en dichas consultas en condiciones no menos favorables que las concedidas a sus propias personas, y hará públicos los resultados de ese proceso de consulta.

ARTÍCULO 9.5

Normas internacionales

1.    Las normas internacionales elaboradas por la Organización Internacional de Normalización («ISO»), la Comisión Electrotécnica Internacional («CEI»), la Unión Internacional de Telecomunicaciones («UIT») y la Comisión del Codex Alimentarius («Codex») serán consideradas las normas internacionales pertinentes en el sentido de los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del Acuerdo OTC, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 2.

2.    Una norma elaborada por una organización internacional, distinta de las mencionadas en el apartado 1, también puede considerarse una norma internacional pertinente en el sentido de los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del Acuerdo OTC, siempre que:

a)    haya sido elaborada por un organismo de normalización que pretenda llegar a un consenso:

i)    entre las delegaciones nacionales de los miembros participantes de la OMC que representen a todos los organismos nacionales de normalización de su territorio que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, normas para el asunto al que se refiera la actividad internacional de normalización; o

ii)    entre los organismos gubernamentales de los miembros participantes de la OMC; y

b)    haya sido elaborada de conformidad con la Decisión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio establecido por el artículo 13 del Acuerdo OTC relativa a los principios para el desarrollo de normas, guías y recomendaciones internacionales, en relación con los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del Acuerdo OTC.

3.    Si una Parte no ha utilizado las normas internacionales como base para sus reglamentos técnicos y sus procedimientos de evaluación de la conformidad conexos, una Parte, a petición de la otra Parte, señalará cualquier desviación sustancial con respecto a la norma internacional pertinente y explicará las razones por las que dichas normas se han considerado inadecuadas o ineficaces para el objetivo perseguido, y facilitará las pruebas en las que se base dicha evaluación, si se dispone de ellas.

ARTÍCULO 9.6

Normas

1.    Con el fin de armonizar las normas sobre una base lo más amplia posible, y además del artículo 4.1 del Acuerdo OTC, cada una de las Partes alentará a los organismos de normalización en su territorio, así como a los organismos regionales de normalización de los que sean miembros una Parte o los organismos de normalización situados en su territorio, a:

a)    revisar periódicamente las normas nacionales y regionales que no estén basadas en las normas internacionales pertinentes, para lograr un aumento de la convergencia de dichas normas con las normas internacionales pertinentes, entre otras consideraciones;

b)    cooperar con los organismos de normalización pertinentes de la otra Parte en actividades internacionales de normalización, incluso mediante la cooperación en los organismos de normalización internacionales o a escala regional; y

c)    fomentar la cooperación bilateral con los organismos de normalización de la otra Parte.

2.    Las Partes deberían intercambiar información sobre:

a)    su respectivo uso de las normas en apoyo de los reglamentos técnicos; y

b)    sus respectivos procesos de normalización y el grado de utilización de las normas internacionales y de las normas regionales o subregionales como base para sus normas nacionales.

3.    Si las normas se convierten en obligatorias mediante incorporación o referencia en un proyecto de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad, se aplicarán las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 9.8 (Transparencia) del presente capítulo y en el artículo 2 o el artículo 5 del Acuerdo OTC, en la medida en que lo permitan los derechos de autor aplicables.

ARTÍCULO 9.7

Evaluación de la conformidad

1.    Si una Parte exige la evaluación de la conformidad como garantía positiva de que un producto es conforme a un reglamento técnico, deberá:

a)    seleccionar procedimientos de evaluación de la conformidad proporcionales a los riesgos existentes;

b)    aceptar el uso de una declaración de conformidad del proveedor, cuando proceda; y

c)    si lo solicita la otra Parte, explicar los motivos de la selección de determinados procedimientos de evaluación de la conformidad para productos específicos.

2.    Las Partes reconocen que existe una gran variedad de mecanismos para facilitar la aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad. Tales mecanismos incluyen:

a)    la declaración de conformidad del proveedor;

b)    el reconocimiento por una Parte de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad efectuados en el territorio de la otra Parte;

c)    los arreglos de cooperación y voluntarios entre los organismos de evaluación de la conformidad situados en los territorios de las Partes;

d)    los acuerdos de reconocimiento mutuo de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos específicos que apliquen los organismos situados en el territorio de la otra Parte;

e)    el uso de procedimientos de acreditación para cualificar los organismos de evaluación de la conformidad; y

f)    la designación administrativa de los organismos de evaluación de la conformidad.

3.    Cuando una de las Partes exija una evaluación de la conformidad por terceros como garantía positiva de que un producto se ajusta a un reglamento técnico, y no haya reservado esta tarea a una autoridad gubernamental como se especifica en el apartado 4, deberá:

a)    dar preferencia al uso de procedimientos de acreditación para cualificar los organismos de evaluación de la conformidad;

b)    utilizar las normas internacionales para la acreditación y la evaluación de la conformidad;

c)    cuando sea posible, utilizar acuerdos internacionales que afectan a los organismos de acreditación de las Partes, por ejemplo, a través de los mecanismos de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y del Foro Internacional de Acreditación (IAF);

d)    fomentar el uso de acuerdos o mecanismos internacionales de armonización en vigor, o la facilitación de la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad;

e)    garantizar que sus normas y procedimientos no restrinjan innecesariamente la elección de los agentes económicos entre los organismos de evaluación de la conformidad designados por sus autoridades para un determinado producto o conjunto de productos;

f)    velar por que las actividades de sus organismos de acreditación sean compatibles con las normas internacionales de acreditación y, a este respecto, por que no existan conflictos de intereses entre los organismos de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad en relación con sus actividades de conformidad, incluido el personal;

g)    velar por que los organismos de evaluación de la conformidad lleven a cabo sus actividades de manera que se eviten conflictos de intereses que afecten al resultado de la evaluación;

h)    permitir que los organismos de evaluación de la conformidad recurran a subcontratistas para realizar ensayos o inspecciones en relación con la evaluación de la conformidad, incluidos subcontratistas situados en el territorio de la otra Parte. Nada de lo dispuesto en este punto se interpretará como una prohibición para que una de las Partes exija a los subcontratistas que cumplan los mismos requisitos que los que se exigirían al organismo de evaluación de la conformidad al que se haya contratado para realizar dicha evaluación, a fin de realizar las pruebas contratadas o la propia inspección; y

i)    garantizar que los detalles, incluido el alcance de la designación, de los organismos designados para llevar a cabo dicha evaluación de la conformidad se publiquen en línea.

4.    Ninguna disposición del presente artículo será óbice para que una de las Partes exija que la evaluación de la conformidad en relación con productos específicos la realicen autoridades gubernamentales específicas de la Parte. Si una Parte exige que la evaluación de la conformidad sea realizada por sus autoridades gubernamentales específicas, dicha Parte:

a)    limitará las tasas de evaluación de la conformidad al coste aproximado de los servicios prestados y, a petición de un solicitante de evaluación de la conformidad, explicará cómo las tasas que impone en relación con dicha evaluación de la conformidad se limitan al coste aproximado de los servicios prestados; y

b)    garantizará que las tasas de evaluación de la conformidad estén disponibles previa solicitud, si estas no han sido publicadas.

5.    No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 3 y 4, en los campos enumerados en el anexo 9-A [Aceptación de la evaluación de la conformidad (Documentos)] con respecto a los cuales la Unión acepta la declaración de conformidad del proveedor, Nueva Zelanda aceptará, si considera necesaria una evaluación de la conformidad no realizada por un primer interesado como garantía de que un producto cumple los requisitos de los reglamentos técnicos neozelandeses:

a)    certificados e informes de ensayo expedidos por organismos de evaluación de la conformidad situados en el territorio de la Unión y que hayan sido acreditados por un organismo de acreditación miembro de los acuerdos internacionales para el reconocimiento mutuo de la ILAC o del IAF, o sus sucesores, o que estén reconocidos de otro modo en virtud de reglamentos técnicos neozelandeses; o

b)    en relación con los aspectos de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, certificados e informes de ensayo que hayan sido emitidos por organismos de evaluación de la conformidad situados en el territorio de la Unión y con arreglo al sistema IECEE CB 16 .

6.    La declaración de conformidad del proveedor es un certificado de conformidad expedido por el fabricante u otro primer interesado autorizado 17 bajo su exclusiva responsabilidad, sobre la base de los resultados de un tipo adecuado de actividad de evaluación de la conformidad, con exclusión de la evaluación obligatoria por terceros.

7.    Las Partes cooperarán en el ámbito del reconocimiento mutuo de conformidad con el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y Nueva Zelanda, hecho en Wellington el 25 de junio de 1998. Las Partes podrán decidir también, de conformidad con las disposiciones pertinentes de dicho Acuerdo, ampliar su alcance por lo que respecta a los productos, los requisitos reglamentarios aplicables o los organismos de evaluación de la conformidad reconocidos.

ARTÍCULO 9.8

Transparencia

1.    Salvo cuando se planteen o puedan plantearse problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente o seguridad nacional, cada una de las Partes permitirá que la otra Parte presente observaciones por escrito sobre los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos notificados en un plazo de, por lo menos, sesenta días después de la fecha de transmisión de la notificación de dichos reglamentos o procedimientos al Registro Central de Notificaciones de la OMC. Las Partes estudiarán con predisposición favorable toda solicitud razonable de ampliar ese plazo para formular observaciones.

2.    En caso de que el texto notificado no esté en una de las lenguas oficiales de la OMC, cada una de las Partes proporcionará una descripción completa y detallada del contenido del reglamento técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad propuestos en el formato de notificación de la OMC.

3.    Si una Parte recibe de la otra Parte observaciones por escrito sobre su propuesta de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad, deberá:

a)    si lo solicita la otra Parte, comentar las observaciones por escrito con la participación de su autoridad de reglamentación competente, cuando sea posible, en un momento en que sea posible tenerlas en cuenta; y

b)    responder por escrito a las cuestiones significativas o sustanciales presentadas en las observaciones a más tardar en la fecha de la publicación del reglamento técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad.

4.    Cada una de las Partes pondrá a disposición del público, preferiblemente mediante publicación en un sitio web, sus respuestas a cuestiones significativas o sustanciales presentadas en las observaciones recibidas de otros miembros de la OMC sobre su notificación de OTC de la propuesta de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad.

5.    A petición de la otra Parte, una Parte proporcionará información sobre los objetivos y la justificación de cualquier reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad que la Parte haya adoptado o se proponga adoptar.

6.    Cada una de las Partes se asegurará de que sus reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad adoptados se publiquen en línea y sean accesibles de forma gratuita.

7.    Cada una de las Partes proporcionará información acerca de la adopción y la entrada en vigor de los reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad y los textos definitivos adoptados mediante una adición a la notificación original a la OMC.

8.    De conformidad con el artículo 2, apartado 12, del Acuerdo OTC, por «tiempo razonable» se entenderá normalmente un período no inferior a seis meses, excepto cuando ello resulte ineficaz para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos.

9.    Una Parte considerará una solicitud razonable de la otra Parte, recibida antes de que finalice el período de presentación de observaciones mencionado en el apartado 1 tras la transmisión al Registro Central de Notificaciones de la OMC, de ampliar el plazo entre la adopción del reglamento técnico y su entrada en vigor, excepto cuando la demora sea ineficaz para el cumplimiento de los objetivos legítimos perseguidos.

ARTÍCULO 9.9

Marcado y etiquetado

1.    Un reglamento técnico de una Parte puede incluir o abordar de forma exclusiva los requisitos de marcado o etiquetado. En tales casos, se aplican a estos reglamentos técnicos los principios pertinentes del artículo 2.2 del Acuerdo OTC.

2.    Cuando una Parte requiera el marcado o etiquetado obligatorio de los productos:

a)    en la medida de lo posible, requerirá únicamente información que sea pertinente para los consumidores o los usuarios del producto o información que indique que el producto es conforme con los requisitos técnicos obligatorios;

b)    no exigirá la aprobación, el registro o la certificación previos de las marcas o etiquetas de los productos, ni el pago de tasas, como condición previa para la comercialización de productos que, por lo demás, cumplan sus requisitos técnicos obligatorios, a menos que sea necesario teniendo en cuenta el riesgo de los productos o el riesgo de las declaraciones realizadas en marcados y etiquetas sobre la salud o la vida de las personas, los animales o los vegetales, el medio ambiente o la seguridad nacional;

c)    en caso de que exija el uso de un número de identificación único a los operadores económicos, expedirá dicho número a los operadores económicos de la otra Parte sin demoras indebidas y de forma no discriminatoria;

d)    siempre que el marcado y el etiquetado de un producto sean conformes y no sean engañosos, contradictorios o confusos en relación con los requisitos reglamentarios de la Parte importadora, permitirá 18 lo siguiente:

i)    información en otras lenguas, además de la lengua que se exija en la Parte importadora;

ii)    nomenclaturas, pictogramas, símbolos o gráficos aceptados a escala internacional; y

iii)    información adicional a la exigida en la Parte importadora;

e)    aceptará que el etiquetado, incluido el etiquetado complementario o las correcciones del etiquetado, tenga lugar en el territorio de la Parte importadora, de conformidad con sus reglamentos y procedimientos pertinentes como alternativa al etiquetado en la Parte exportadora, a menos que este etiquetado sea necesario a la vista de los objetivos legítimos mencionados en el artículo 2.2 del Acuerdo OTC; y

f)    si considera que no se ponen en riesgo los objetivos legítimos de conformidad con el Acuerdo OTC, procurará aceptar etiquetas no permanentes o extraíbles, o bien el marcado o el etiquetado en la documentación adjunta en lugar de exigir marcas o etiquetas físicamente adheridas al producto.

3.    El apartado 2 del presente artículo no se aplicará al marcado o etiquetado de medicamentos y productos sanitarios, tal como se definen en las leyes y los reglamentos de una Parte.

ARTÍCULO 9.10

Cooperación en materia de vigilancia del mercado, seguridad y conformidad de los productos no alimenticios

1.    A los efectos del presente artículo, se entenderá por «vigilancia del mercado» las actividades realizadas y las medidas adoptadas por las autoridades públicas, incluidas las adoptadas en cooperación con los operadores económicos, sobre la base de los procedimientos de una Parte para que esta pueda vigilar o abordar la seguridad de los productos o la conformidad de estos con los requisitos establecidos en sus leyes y reglamentos.

2.    Las Partes reconocen la importancia de la cooperación en materia de vigilancia del mercado, seguridad y cumplimiento de los productos no alimenticios para facilitar el comercio y proteger a los consumidores y otros usuarios, así como la importancia de fomentar la confianza mutua sobre la base de la información compartida.

3.    Cada una de las Partes garantizará:

a)    la realización imparcial e independiente de las funciones de vigilancia del mercado respecto a las funciones de evaluación de la conformidad con vistas a evitar conflictos de intereses 19 ; y

b)    la ausencia de intereses que afecten a la imparcialidad de las autoridades de vigilancia del mercado para llevar a cabo el control o supervisión de los operadores económicos.

4.    Las Partes podrán cooperar e intercambiar información en el ámbito de la vigilancia del mercado, la seguridad y la conformidad de los productos no alimenticios, en particular con respecto a lo siguiente:

a)    actividades y medidas de vigilancia del mercado y de aplicación de la legislación;

b)    métodos de evaluación de riesgos y ensayos de productos;

c)    recuperaciones coordinadas de productos u otras acciones similares;

d)    cuestiones científicas, técnicas y reglamentarias destinadas a mejorar la seguridad y la conformidad de los productos no alimenticios;

e)    cuestiones emergentes de gran importancia para la salud y la seguridad;

f)    actividades relacionadas con la normalización; y

g)    intercambio de funcionarios.

5.    La Unión podrá facilitar a Nueva Zelanda información seleccionada de su sistema de alerta rápida con respecto a los productos de consumo a que se refiere la Directiva 2001/95/CE 20 o un sistema sucesor, y Nueva Zelanda podrá facilitar a la Unión información seleccionada sobre la seguridad de los productos de consumo no alimenticios y sobre las medidas preventivas, restrictivas y correctoras adoptadas en relación con los productos de consumo a que se refiere la legislación pertinente de Nueva Zelanda. El intercambio de información podrá adoptar la forma de:

a)    intercambios ad hoc, en casos debidamente justificados; o

b)    intercambio sistemático, basado en un mecanismo establecido por decisión del Comité de Comercio de conformidad con el anexo 9-C [Mecanismo mencionado en el artículo 9.10, apartado 5, letra b), para el intercambio periódico de información en relación con la seguridad de los productos no alimenticios y las medidas preventivas, restrictivas y correctoras conexas].

6.    El Comité de Comercio podrá adoptar una decisión para establecer, de conformidad con el anexo 9-D [Mecanismo mencionado en el artículo 9.10, apartado 6, para el intercambio periódico de información relativa a las medidas adoptadas en relación con productos no alimenticios no conformes distintos de los contemplados en el artículo 9.10, apartado 5, letra b)], un mecanismo sobre el intercambio periódico de información, incluso por medios electrónicos, sobre las medidas adoptadas con respecto a productos no alimenticios no conformes distintos de los contemplados en el apartado 5.

7.    Cada una de las Partes utilizará la información obtenida de conformidad con los apartados 4, 5 y 6 con el único propósito de proteger a los consumidores, la salud, la seguridad o el medio ambiente.

8.    Cada una de las Partes tratará la información obtenida en virtud de los apartados 4, 5 y 6 como confidencial.

9.    Los mecanismos mencionados en el apartado 5, letra b), y en el apartado 6 especificarán el tipo de información que se intercambiará, las modalidades de intercambio y la aplicación de las normas de confidencialidad y de protección de datos personales.

10.    El Comité de Comercio estará facultado para adoptar decisiones con el fin de determinar o modificar los mecanismos establecidos en los anexos 9-C [Mecanismo mencionado en el artículo 9.10, apartado 5, letra b), para el intercambio periódico de información en relación con la seguridad de los productos no alimenticios y las medidas preventivas, restrictivas y correctoras conexas] y 9-D [Mecanismo mencionado en el artículo 9.10, apartado 6, para el intercambio periódico de información relativa a las medidas adoptadas en relación con productos no alimenticios no conformes distintos de los contemplados en el artículo 9.10, apartado 5, letra b)].

ARTÍCULO 9.11

Consultas y debates técnicos

1.    Si una Parte considera que un proyecto o propuesta de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad de la otra Parte podría afectar negativamente de manera significativa al comercio entre las Partes, podrá solicitar debates técnicos sobre el asunto. La solicitud se hará por escrito y determinará:

a)    la medida de que se trate;

b)    las disposiciones del presente capítulo a que se refieren las preocupaciones; y

c)    las razones de la solicitud, incluida una descripción de las preocupaciones de la Parte requirente respecto a la medida.

2.    Cada una de las Partes entregará su solicitud al coordinador del capítulo de OTC de la otra Parte, designado de conformidad con el artículo 9.14 (Coordinador del capítulo de OTC).

3.    A petición de cualquiera de las Partes, estas se reunirán para debatir las preocupaciones planteadas en la solicitud, en persona o a través de cualquier medio de comunicación, incluido el teléfono, la videoconferencia u otros medios electrónicos de comunicación, en un plazo de sesenta días a partir de la fecha de entrega de la solicitud y procurarán resolver el asunto tan rápidamente como sea posible. Si una Parte requirente considera que el asunto es urgente, podrá pedir la celebración de una reunión en un plazo más breve. En estos casos, la Parte requerida estudiará con predisposición favorable esa solicitud.

4.    Cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas con la otra Parte en relación con cualquier asunto que surja en virtud del presente capítulo, enviando una solicitud por escrito al coordinador del capítulo de OTC de la otra Parte. Las Partes harán todo lo posible para llegar a una resolución mutuamente satisfactoria de dicha cuestión.

5.    Para mayor certeza, el presente artículo se entiende sin perjuicio del capítulo 26 (Solución de diferencias).

ARTÍCULO 9.12

Cooperación

1.    Las Partes podrán cooperar en ámbitos particulares de interés mutuo, con el fin de eliminar, reducir o evitar la creación de obstáculos técnicos al comercio, y facilitar el comercio entre las Partes, incluso a través de soluciones digitales.

2.    Las Partes podrán cooperar e intercambiar información sobre cualquier cuestión pertinente para el anexo 9-A [Aceptación de la evaluación de la conformidad (Documentos)], incluida su aplicación.

ARTÍCULO 9.13

Prohibición de realizar experimentos con animales

1.    Cada una de las Partes seguirá apoyando y promoviendo activamente la investigación, el desarrollo, la validación y la aceptación reglamentaria de métodos alternativos a la experimentación con animales.

2.    Cada una de las Partes, a efectos de la evaluación de la seguridad de los productos incluidos en la definición del término «producto cosmético» en su jurisdicción, aceptará los resultados de los ensayos obtenidos a partir de alternativas validadas a los experimentos con animales.

3.    Ninguna de las Partes exigirá que un producto incluido en la definición del término «producto cosmético» en su jurisdicción sea objeto de experimentos con animales para determinar la seguridad de dicho producto.

ARTÍCULO 9.14

Coordinador del capítulo de OTC

1.    Cada una de las Partes designará un coordinador del capítulo de OTC y notificará a la otra Parte sus datos de contacto. Cada una de las Partes notificará sin demora a la otra Parte cualquier modificación de dichos datos de contacto.

2.    Los coordinadores del capítulo de OTC trabajarán conjuntamente para facilitar la aplicación del presente capítulo y la cooperación entre las Partes en todos los asuntos relacionados con los OTC. A tal fin y sin perjuicio de los procedimientos internos de cada Parte, los coordinadores del capítulo de OTC tendrán, en particular, las siguientes responsabilidades:

a)    supervisar la aplicación y a la administración del presente capítulo, abordando rápidamente cualquier cuestión que plantee cualquiera de las dos Partes en relación con la elaboración, la adopción, la aplicación o el cumplimiento de los reglamentos técnicos, las normas o los procedimientos de evaluación de la conformidad y, previa petición de cualquiera de las Partes, consultar sobre cualquier cuestión que surja en virtud del presente capítulo;

b)    aumentar la cooperación en la elaboración y la mejora de los reglamentos técnicos, las normas o los procedimientos de evaluación de la conformidad;

c)    organizar las consultas o los debates técnicos a que se refiere el artículo 9.11 (Consultas y debates técnicos);

d)    organizar la creación de grupos de trabajo 21 , cuando proceda; y

e)    intercambiar información sobre los progresos en foros no gubernamentales, regionales y multilaterales relacionados con los reglamentos técnicos, las normas o los procedimientos de evaluación de la conformidad.

3.    Los coordinadores del capítulo de OTC se comunicarán entre sí por cualquier método acordado que sea adecuado para el desempeño de sus responsabilidades.

CAPÍTULO 10

LIBERALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES Y COMERCIO DE SERVICIOS

SECCIÓN A

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 10.1

Objetivos

1.    Las Partes, reafirmando su compromiso de crear un clima más favorable para el desarrollo del comercio y la inversión entre ellas, establecen las disposiciones necesarias para la progresiva liberalización recíproca del comercio de servicios y de las inversiones.

2.    Las Partes reafirman el derecho de cada una de las Partes a regular en sus territorios para alcanzar objetivos políticos legítimos, como la protección de la vida o la salud de las personas, los animales o los vegetales, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente, incluido el cambio climático, la moral pública, la protección social o de los consumidores, el bienestar animal, la privacidad y la protección de datos, la promoción y protección de la diversidad cultural y, en el caso de Nueva Zelanda, la promoción o protección de los derechos, los intereses, las obligaciones y las responsabilidades de los maoríes.

ARTÍCULO 10.2

Ámbito de aplicación

1.    El presente capítulo no será aplicable a las medidas que afecten a personas físicas de una Parte que traten de acceder al mercado de trabajo de la otra Parte ni a las medidas de carácter permanente sobre nacionalidad o ciudadanía, residencia o empleo.

2.    El presente capítulo no impedirá que una de las Partes aplique medidas para regular la entrada o la estancia temporal de personas físicas en su territorio, en particular las medidas necesarias para proteger la integridad de sus fronteras y garantizar un desplazamiento ordenado de las personas físicas a través de ellas, siempre que tales medidas no se apliquen de manera que anulen o reduzcan los beneficios 22 que correspondan a la otra Parte en virtud del presente capítulo.

3.    El presente capítulo no se aplicará a:

a)    los servicios aéreos o servicios conexos de apoyo a los servicios aéreos 23 , salvo los siguientes:

i)    los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves;

ii)    los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI);

iii)    los servicios de asistencia en tierra;

iv)    la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo; y

v)    los siguientes servicios prestados utilizando una aeronave tripulada, cuya finalidad principal no sea el transporte de mercancías o pasajeros: la extinción aérea de incendios; el entrenamiento de vuelo; la pulverización; la agrimensura; la cartografía; la fotografía; los servicios de aventura aérea 24 ; y otros servicios aéreos agrícolas, industriales y de inspección;

b)    los servicios audiovisuales; y

c)    el cabotaje marítimo nacional 25 .

ARTÍCULO 10.3

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

a)    «actividad realizada en el ejercicio de facultades gubernamentales»: cualquier actividad, incluido cualquier servicio suministrado, que no se realice ni sobre una base comercial ni en competencia con uno o varios operadores económicos;

b)    «servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves»: tales actividades cuando se realizan en una aeronave o en parte de ella mientras la aeronave está fuera de servicio, sin incluir el mantenimiento de la línea;

c)    «servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI)»: servicios prestados mediante sistemas informatizados que contienen información acerca de los horarios de los transportistas aéreos, las plazas disponibles, las tarifas y las reglas de tarificación y por medio de los cuales se pueden hacer reservas o expedir billetes;

d)    «empresa cubierta»: una empresa establecida en el territorio de una Parte de conformidad con la letra g), directa o indirectamente, por un inversor de la otra Parte, y existente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o establecida posteriormente, de conformidad con el Derecho aplicable;

e)    «comercio transfronterizo de servicios»: prestación de un servicio:

i)    desde el territorio de una Parte al territorio de la otra Parte; o

ii)    en el territorio de una Parte, al consumidor de servicios de la otra Parte;

f)    «actividad económica»: toda actividad de carácter industrial, comercial o profesional o las actividades artesanales, incluido el suministro de servicios, salvo las actividades realizadas en el ejercicio de facultades gubernamentales;

g)    «establecimiento»: creación o adquisición de una persona jurídica, incluso mediante participación de capital, o creación de una sucursal o una oficina de representación, en una Parte, con objeto de establecer o mantener vínculos económicos duraderos;

h)    «servicios de asistencia en tierra»: suministro en un aeropuerto, mediante pago de una tasa o por contrato, de los siguientes servicios: representación de la compañía aérea; administración y supervisión de la compañía aérea; asistencia a los pasajeros; asistencia de equipajes; asistencia a las operaciones en pista; catering; asistencia de carga y correo aéreos; repostaje de combustible de aeronaves; mantenimiento y limpieza de aeronaves; transporte de superficie; operaciones de vuelo, administración de tripulación y planificación de vuelos. Los servicios de asistencia en tierra no incluyen: la autoasistencia; la seguridad; la reparación y el mantenimiento de aeronaves; la gestión o explotación de infraestructuras aeroportuarias centralizadas esenciales, como las instalaciones de deshielo, los sistemas de distribución de combustible, los sistemas de asistencia de equipajes y los sistemas de transporte dentro del aeropuerto;

i)    «inversor de una Parte»: persona física de una Parte o persona jurídica de una Parte, incluida una Parte, que pretenda establecer, esté estableciendo o haya establecido una empresa de conformidad con la letra g), en el territorio de la otra Parte;

j)    «persona jurídica de una Parte» 26 :

i)    en el caso de la Unión:

A)    una persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de la Unión o de al menos uno de sus Estados miembros y que lleve a cabo operaciones empresariales sustantivas 27 en la Unión; y

B)    las compañías navieras establecidas fuera de la Unión y controladas por personas físicas de un Estado miembro, cuyos buques estén registrados en un Estado miembro y enarbolen su pabellón;

ii)    en el caso de Nueva Zelanda:

A)    una persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de Nueva Zelanda y que lleve a cabo operaciones empresariales sustantivas en Nueva Zelanda; y

B)    las compañías navieras establecidas fuera de Nueva Zelanda y controladas por personas físicas de Nueva Zelanda, cuyos buques estén registrados en Nueva Zelanda y enarbolen su pabellón;

k)    «explotación»: dirección, gestión, mantenimiento, utilización, disfrute o venta u otra forma de traspaso de una empresa;

l)    «venta y comercialización de servicios de transporte aéreo»: oportunidades del transportista aéreo en cuestión para vender y comercializar libremente sus servicios de transporte aéreo, incluidos todos los aspectos de la comercialización, como los estudios de mercado, la publicidad y la distribución, pero sin incluir la fijación de precios de los servicios de transporte aéreo ni las condiciones aplicables;

m)    «servicio»: todo servicio de cualquier sector, excepto los prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales; y

n)    «proveedor de servicios»: toda persona física o jurídica que trate de suministrar o suministre un servicio.

SECCIÓN B

LIBERALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

ARTÍCULO 10.4

Ámbito de aplicación

1.    La presente sección se aplica a las medidas adoptadas por una Parte que afecten al establecimiento o la explotación para llevar a cabo actividades económicas por parte de:

a)    inversores de la otra Parte;

b)    empresas cubiertas; y

c)    a los efectos del artículo 10.9 (Requisitos de funcionamiento), toda empresa establecida en el territorio de la Parte que adopte o mantenga la medida.

2.    La presente sección no se aplicará a ninguna medida de una Parte con respecto a la contratación pública de un bien o un servicio que se adquieran para fines oficiales y no estén destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de una mercancía o un servicio para la venta comercial, incluso si la contratación pública es una «contratación cubierta» a tenor del artículo 14.1 (Incorporación de determinadas disposiciones del ACP).

3.    Los artículos 10.5 (Acceso a los mercados), 10.6 (Trato nacional), 10.7 (Trato de nación más favorecida) y 10.8 (Altos directivos y consejos de administración) no se aplican a los subsidios o las subvenciones otorgados por las Partes, en particular los préstamos, las garantías y los seguros que cuenten con el apoyo de las administraciones públicas.

ARTÍCULO 10.5

Acceso a los mercados

Una Parte no adoptará ni mantendrá, con respecto al acceso a los mercados mediante establecimiento o explotación por un inversor de la otra Parte o por una empresa cubierta, ya sea sobre la base de todo su territorio o sobre la base de una subdivisión territorial, medidas que:

a)    impongan limitaciones sobre 28 :

i)    el número de empresas que pueden ejercer una actividad económica concreta, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios, derechos exclusivos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

ii)    el valor total de las transacciones o los activos en forma de contingentes numéricos o la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

iii)    el número total de operaciones o la cuantía total de la producción, expresada en unidades numéricas determinadas en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

iv)    la participación de capital extranjero, expresada como límite porcentual máximo de la tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas; o

v)    el número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector o que una empresa pueda emplear y que sean necesarias para la realización de una actividad económica y estén directamente relacionadas con ella, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; o

b)    restrinjan o exijan determinados tipos de entidad jurídica o empresa conjunta mediante las cuales un inversor de la otra Parte pueda realizar una actividad económica.

ARTÍCULO 10.6

Trato nacional

Con respecto al establecimiento y a la explotación en su territorio, cada una de las Partes concederá a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas un trato no menos favorable que el que conceda, en situaciones similares, a sus propios inversores y a sus empresas.

ARTÍCULO 10.7

Trato de nación más favorecida

1.    Con respecto al establecimiento y a la explotación en su territorio, cada una de las Partes concederá a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas un trato no menos favorable que el que conceda, en situaciones similares, a los inversores de un tercer país y a sus empresas.

2.    El apartado 1 no se interpretará en el sentido de que obligue a una Parte a ampliar a los inversores de la otra Parte o a las empresas cubiertas el beneficio de cualquier trato resultante de medidas vigentes o futuras que prevean el reconocimiento de cualificaciones, las licencias o las medidas cautelares a que se refiere el artículo VII del AGCS o el apartado 3 del anexo sobre servicios financieros del AGCS.

3.    Para mayor certeza, el «trato» al que se refiere el apartado 1 no incluye los procedimientos de solución de diferencias establecidos en otros acuerdos internacionales.

4.    Para mayor certeza, las disposiciones sustantivas de otros acuerdos internacionales celebrados por una Parte con un tercer país no constituyen en sí mismas el «trato» a que se refiere el apartado 1. Las medidas adoptadas por una Parte de conformidad con dichas disposiciones 29 podrán constituir dicho trato y, por tanto, dar lugar a una infracción del presente artículo.

ARTÍCULO 10.8

Altos directivos y consejos de administración

Una Parte no exigirá a una empresa cubierta que nombre a personas físicas de una nacionalidad concreta como altos directivos o miembros de los consejos de administración.

ARTÍCULO 10.9

Requisitos de funcionamiento

1.    Una Parte no impondrá ni hará cumplir ninguno de los requisitos siguientes, ni hará cumplir ningún compromiso o pacto, en relación con el establecimiento o la explotación de una empresa en su territorio 30 :

a)    exportar un nivel o porcentaje determinado de mercancías o servicios;

b)    alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

c)    comprar, utilizar o dar preferencia a mercancías producidas o servicios prestados en su territorio, o comprar mercancías o servicios a personas físicas o jurídicas o a cualquier otra entidad en su territorio;

d)    vincular de alguna forma el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el valor de las exportaciones o con las cantidades entrantes de divisas relacionadas con la empresa;

e)    limitar en su territorio las ventas de las mercancías o servicios que produzca o preste esa empresa vinculando de alguna forma esas ventas con el volumen o el valor de sus exportaciones o entradas de divisas;

f)    transferir tecnología, un proceso de producción u otros conocimientos protegidos por derechos de propiedad industrial a una persona física o jurídica o a cualquier otra entidad en su territorio;

g)    suministrar exclusivamente, desde el territorio de dicha Parte, una mercancía producida o un servicio prestado por la empresa a un mercado regional determinado o al mercado mundial;

h)    establecer en su territorio la sede de una región determinada o del mercado mundial;

i)    emplear un determinado número o porcentaje de personas físicas de esa Parte;

j)    alcanzar un determinado nivel o valor de investigación y desarrollo en su territorio;

k)    limitar las exportaciones o las ventas para exportación; o

l)    en relación con todo contrato de licencia 31 existente en el momento en el que se imponga o se haga cumplir el requisito, o se haga cumplir cualquier compromiso o pacto, o en relación con todo futuro contrato de licencia celebrado voluntariamente entre la empresa y una persona física o jurídica o cualquier otra entidad en su territorio, si el requisito se impone o se hace cumplir o si el compromiso o pacto se hace cumplir, de forma que constituya una interferencia directa con dicho contrato de licencia, mediante el ejercicio de facultades gubernamentales no judiciales de una Parte 32 , adoptar:

i)    una tasa o un importe determinados de un derecho de autor en virtud de un contrato de licencia; o

ii)    una determinada duración de un contrato de licencia.

2.    Una Parte no podrá poner como condición, para recibir o seguir recibiendo una ventaja relacionada con el establecimiento o la explotación de una empresa en su territorio, el cumplimiento de ninguno de los requisitos siguientes:

a)    alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

b)    comprar, utilizar o dar preferencia a mercancías producidas o servicios prestados en su territorio, o comprar mercancías o servicios a personas físicas o jurídicas o a cualquier otra entidad en su territorio;

c)    vincular de alguna forma el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el valor de las exportaciones o con las cantidades entrantes de divisas relacionadas con la empresa;

d)    limitar en su territorio las ventas de las mercancías o servicios que produzca o preste esa empresa vinculando de alguna forma esas ventas con el volumen o el valor de sus exportaciones o entradas de divisas; o

e)    limitar las exportaciones o las ventas para exportación.

3.    El apartado 2 no podrá interpretarse de forma que impida a una Parte poner como condición, para recibir o seguir recibiendo una ventaja relacionada con el establecimiento o la explotación de una empresa en su territorio, el cumplimiento del requisito de situar en su territorio la producción, la prestación de un servicio, la formación o el empleo de trabajadores, la construcción o ampliación de determinadas instalaciones o la realización de actividades de investigación y desarrollo.

4.    El apartado 1, letras f) y l), no serán aplicables si:

a)    un órgano jurisdiccional, un tribunal administrativo o una autoridad de competencia impone o hace cumplir el requisito o hace cumplir el compromiso o pacto para prevenir o subsanar un falseamiento de la competencia; o

b)    una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el artículo 31 o el artículo 31 bis del Acuerdo sobre los ADPIC, o adopta o mantiene medidas que exijan la divulgación de datos u otra información de dominio privado que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y sean compatibles con él.

5.    El apartado 1, letras a), b) y c), y el apartado 2, letras a) y b), no se aplican a los requisitos de cualificación para mercancías o servicios por lo que respecta a la participación en programas de promoción de las exportaciones y de ayuda exterior.

6.    El apartado 2, letras a) y b), no se aplicará a los requisitos que imponga una Parte importadora en relación con el contenido de mercancías que se precisen para poder beneficiarse de aranceles preferenciales o de contingentes preferenciales.

7.    El apartado 1, letra l), no se aplicará si un órgano jurisdiccional impone o hace cumplir el requisito o hace cumplir el compromiso o pacto en concepto de remuneración equitativa de conformidad con la legislación sobre derechos de autor de la Parte.

8.    El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de una Parte en virtud del Acuerdo de la OMC.

9.    Para mayor certeza, los apartados 1 y 2 no se aplicarán a ningún compromiso, pacto o requisito distinto de los establecidos en dichos apartados 33 .

10.    El presente artículo no se aplicará al establecimiento o la explotación de un proveedor de servicios financieros.

11.    Por lo que se refiere a los requisitos de funcionamiento relativos a los proveedores de servicios financieros, las Partes negociarán disciplinas sobre los requisitos de funcionamiento en relación con el establecimiento o la explotación de un proveedor de servicios financieros.

12.    En un plazo de ciento ochenta días desde que hayan concluido con éxito las negociaciones acerca de las disciplinas sobre requisitos de funcionamiento con arreglo al apartado 11, el Comité de Comercio modificará el apartado 1 mediante una decisión para integrar dichas disciplinas en el presente artículo y podrá modificar, según proceda, las medidas no conformes de cada Parte que figuran en el anexo 10‑A (Medidas vigentes) y en el anexo 10‑B (Medidas futuras). El presente artículo no se aplicará al establecimiento ni a la explotación de un proveedor de servicios financieros.

ARTÍCULO 10.10

Medidas no conformes

1.    Los artículos 10.5 (Acceso a los mercados), 10.6 (Trato nacional), 10.7 (Trato de nación más favorecida), 10.8 (Altos directivos y consejos de administración) y 10.9 (Requisitos de funcionamiento) no se aplican a:

a)    ninguna medida no conforme vigente que mantenga una Parte a nivel de:

i)    en el caso de la Unión:

A)    la Unión, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo 10-A (Medidas vigentes);

B)    el gobierno central de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo 10-A (Medidas vigentes);

C)    un gobierno regional de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo 10-A (Medidas vigentes); o

D)    un gobierno local, distinto del mencionado en la letra C); y

ii)    en el caso de Nueva Zelanda:

A)    el gobierno central, tal como figura en la Lista de Nueva Zelanda del anexo 10‑A (Medidas vigentes); o

B)    un gobierno local;

b)    la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra a); o

c)    una modificación o enmienda de cualquiera de las medidas no conformes a las que se refieren las letras a) y b), siempre que no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación o enmienda, con los artículos 10.5 (Acceso a los mercados), 10.6 (Trato nacional), 10.7 (Trato de nación más favorecida), 10.8 (Altos directivos y consejos de administración) o 10.9 (Requisitos de funcionamiento).

2.    Los artículos 10.5 (Acceso a los mercados), 10.6 (Trato nacional), 10.7 (Trato de nación más favorecida), 10.8 (Altos directivos y consejos de administración) y 10.9 (Requisitos de funcionamiento) no se aplican a una medida de una Parte con respecto a los sectores, subsectores o actividades especificados en su Lista del anexo 10-B (Medidas futuras).

3.    Una Parte no exigirá, en virtud de ninguna medida adoptada después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y cubierta por su Lista del anexo 10-B (Medidas futuras), que un inversor de la otra Parte, por razón de su nacionalidad, venda o liquide una inversión existente en el momento en que la medida se haga efectiva.

4.    Los artículos 10.6 (Trato nacional) y 10.7 (Trato de nación más favorecida) no se aplicarán a ninguna medida que constituya una excepción o exención con respecto a los artículos 3 o 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, tal como se establece específicamente en los artículos 3 a 5 de dicho Acuerdo.

ARTÍCULO 10.11

Requisitos de información

No obstante lo dispuesto en los artículos 10.6 (Trato nacional) y 10.7 (Trato de nación más favorecida), una Parte podrá exigir a un inversor de la otra Parte o a su empresa cubierta que facilite información relativa a dicha empresa cubierta únicamente con fines informativos o estadísticos. La Parte protegerá dicha información confidencial de cualquier divulgación que pudiera perjudicar la posición competitiva del inversor o de la empresa cubierta. Ninguna disposición del presente artículo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte obtenga de otro modo o divulgue información en relación con la aplicación equitativa y de buena fe de su legislación.

ARTÍCULO 10.12

Denegación de ventajas

Una Parte podrá denegar las ventajas de la presente sección a un inversor de la otra Parte, o a una empresa cubierta, si la Parte que deniega las ventajas adopta o tiene en vigor medidas relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluida la protección de los derechos humanos, que:

a)    prohíban las transacciones con dicho inversor o empresa cubierta; o

b)    se infringirían o eludirían en caso de que las ventajas previstas en la presente sección se concedieran a dicho inversor o empresa cubierta, también cuando las medidas prohíban transacciones con una persona física o jurídica que posee o controla al inversor o a la empresa cubierta.

SECCIÓN C

COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS

ARTÍCULO 10.13

Ámbito de aplicación

1.    La presente sección es aplicable a las medidas adoptadas por una Parte que afecten al comercio transfronterizo de servicios de los proveedores de la otra Parte.

2.    La presente sección no será aplicable a:

a)    ninguna medida de una Parte con respecto a la contratación pública de una mercancía o un servicio que se adquieran para fines oficiales y no estén destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de una mercancía o un servicio para la venta comercial, incluso si la contratación pública es una «contratación cubierta» a tenor del artículo 14.1 (Incorporación de determinadas disposiciones del ACP); o

b)    subsidios o subvenciones otorgados por las Partes, en particular los préstamos, las garantías y los seguros que cuenten con el apoyo del gobierno.

ARTÍCULO 10.14

Acceso a los mercados

Una Parte no adoptará ni mantendrá, en todo su territorio ni en una subdivisión territorial, una medida que:

a)    imponga limitaciones sobre:

i)    el número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios, proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

ii)    el valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de contingentes numéricos, o la exigencia de una prueba de necesidades económicas; o

iii)    el número total de operaciones de servicios o la cuantía total de la producción de servicios, expresada en unidades numéricas designadas en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; o

b)    restrinja o prescriba los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar un servicio.

ARTÍCULO 10.15

Presencia local

Una Parte no exigirá a un proveedor de servicios de la otra Parte que establezca o mantenga una oficina de representación o cualquier forma de empresa o que sea residente en su territorio como condición para el comercio transfronterizo de servicios.

ARTÍCULO 10.16

Trato nacional

1.    Cada una de las Partes concederá a los servicios y los proveedores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que conceda, en situaciones similares, a sus propios servicios y proveedores de servicios 34 .

2.    Una Parte podrá cumplir lo dispuesto en el apartado 1 otorgando a los servicios y a los proveedores de servicios de la otra Parte un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al que otorgue a sus propios servicios y proveedores de servicios.

3.    Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de competencia a favor de los servicios o proveedores de servicios de la Parte, en comparación con los servicios o proveedores de servicios de la otra Parte.

ARTÍCULO 10.17

Trato de nación más favorecida

1.    Cada una de las Partes concederá a los servicios y proveedores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que conceda, en situaciones similares, a los servicios y proveedores de servicios de un tercer país.

2.    El apartado 1 no se interpretará en el sentido de que obligue a una Parte a ampliar a los servicios y a los proveedores de servicios de la otra Parte el beneficio de cualquier trato resultante de medidas vigentes o futuras que prevean el reconocimiento de cualificaciones, las licencias o las medidas cautelares a que se refiere el artículo VII del AGCS o en el apartado 3 de su anexo sobre servicios financieros del AGCS.

3.    Para mayor certeza, las disposiciones sustantivas de otros acuerdos internacionales celebrados por una Parte con un tercer país no constituyen en sí mismas el «trato» a que se refiere el apartado 1. Las medidas adoptadas por una Parte de conformidad con dichas disposiciones podrán constituir dicho trato y, por tanto, dar lugar a una infracción del presente artículo.

ARTÍCULO 10.18

Medidas no conformes

1.    Los artículos 10.14 (Acceso a los mercados), 10.15 (Presencia local), 10.16 (Trato nacional) y 10.17 (Trato de nación más favorecida) no se aplicarán a:

a)    ninguna medida no conforme vigente que mantenga una Parte a nivel de:

i)    en el caso de la Unión:

A)    la Unión, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo 10-A (Medidas vigentes);

B)    el gobierno central de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo 10-A (Medidas vigentes);

C)    un gobierno regional de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo 10-A (Medidas vigentes); o

D)    un gobierno local, distinto del mencionado en la letra C); y

ii)    en el caso de Nueva Zelanda:

A)    el gobierno central, tal como figura en la Lista de Nueva Zelanda del anexo 10‑A (Medidas vigentes); o

B)    un gobierno local;

b)    la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra a); o

c)    una modificación o enmienda de cualquiera de las medidas no conformes a las que se refieren las letras a) y b), siempre que no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación o enmienda, con el artículo 10.14 (Acceso a los mercados), 10.15 (Presencia local), 10.16 (Trato nacional) o 10.17 (Trato de nación más favorecida).

2.    Los artículos 10.14 (Acceso a los mercados), 10.15 (Presencia local), 10.16 (Trato nacional) y 10.17 (Trato de nación más favorecida) no se aplicarán a una medida de una Parte con respecto a los sectores, subsectores o actividades especificados en su lista del anexo 10-B (Medidas futuras).

ARTÍCULO 10.19

Denegación de ventajas

Una Parte podrá denegar las ventajas de la presente sección a un proveedor de servicios de la otra Parte, si la Parte que deniega las ventajas adopta o tiene en vigor medidas relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluida la protección de los derechos humanos, que:

a)    prohíban las transacciones con dicho proveedor de servicios; o

b)    se infringirían o se eludirían en caso de que las ventajas de la presente sección se concedieran a dicho proveedor de servicios, también cuando las medidas prohíban transacciones con la persona física o jurídica que posee o controla a dicho proveedor de servicios.

SECCIÓN D

ENTRADA Y ESTANCIA TEMPORAL DE PERSONAS FÍSICAS CON FINES EMPRESARIALES

ARTÍCULO 10.20

Ámbito de aplicación y definiciones

1.    Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 10.2 (Ámbito de aplicación), la presente sección se aplicará a las medidas adoptadas por una Parte que afecten a la entrada y estancia temporal en su territorio de personas físicas de la otra Parte con fines empresariales que entren en el ámbito de aplicación de las siguientes categorías: personas en visita de negocios de corta duración, personas en visita de negocios con fines de establecimiento, proveedores de servicios contractuales, profesionales independientes y personas trasladadas dentro de una misma empresa.

2.    Los compromisos sobre la entrada y estancia temporal de personas físicas con fines empresariales no se aplicarán en los casos en los que la intención o el efecto de la entrada y la estancia temporal sea influir o incidir de algún modo en el resultado de una diferencia o una negociación laboral o de gestión, o en el empleo de toda persona física implicada en dicha diferencia.

3.    A efectos de la presente sección, se entenderá por:

a)    «persona en visita de negocios con fines de establecimiento»: persona física que ocupe un cargo superior en una persona jurídica de una Parte y que:

i)    esté encargada de constituir o liquidar una empresa de dicha persona jurídica en el territorio de la otra Parte;

ii)    no ofrezca ni preste servicios ni ejerza ninguna otra actividad económica distinta de las requeridas para el establecimiento de dicha empresa; y

iii)    no reciba remuneración de una fuente situada en la otra Parte;

b)    «proveedor de servicios contractuales»: persona física empleada por una persona jurídica de una de las Partes (que no sea a través de una agencia de colocación y prestación de servicios de personal), que no se haya establecido en el territorio de la otra Parte y que haya celebrado un contrato de buena fe para prestar servicios cuyo consumidor final se encuentre en la otra Parte, por el que se exija una presencia temporal de su empleado 35 , que:

i)    haya ofrecido esos servicios como empleado de la persona jurídica por un período no inferior a un año inmediatamente anterior a la fecha de su solicitud de entrada y estancia temporal;

ii)    posea, en esa fecha, el nivel exigido de experiencia profesional en el sector de actividad objeto del contrato 36 , una titulación o una cualificación que acredite conocimientos de un nivel equivalente 37 y la cualificación profesional que la ley exija para ejercer dicha actividad en la otra Parte; y

iii)    no reciba remuneración de una fuente situada en la otra Parte;

c)    «profesional independiente»: persona física que se dedique a prestar un servicio, esté establecida como trabajador por cuenta propia en el territorio de una Parte y que:

i)    no esté establecida en el territorio de la otra Parte;

ii)    haya celebrado un contrato de buena fe (que no sea a través de una agencia de colocación y prestación de servicios de personal) cuya duración no sea superior a doce meses, para prestar servicios cuyo consumidor final se encuentre en la otra Parte, por el que se exija su presencia temporal 38 ; y