(1)

La Decisión de Ejecución (UE) 2018/593 del Consejo (2), autorizó a Italia, hasta el 31 de diciembre de 2021, a introducir una medida especial de excepción a lo dispuesto en los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE (en lo sucesivo, «medida especial»), con el objeto de imponer la obligación de facturación electrónica a todos los sujetos pasivos establecidos en el territorio de Italia, a excepción de aquellos que se beneficien de la franquicia para las pequeñas empresas a que se refiere el artículo 282 de dicha Directiva.

(2)

La Decisión de Ejecución (UE) 2021/2251 del Consejo (3), autorizó a Italia a aplicar la medida especial hasta el 31 de diciembre de 2024 y se amplió su ámbito de aplicación para incluir a los sujetos pasivos que se beneficien de la franquicia para las pequeñas empresas a que se refiere el artículo 282 de la Directiva 2006/112/CE.

(3)

Mediante carta registrada en la Comisión el 11 de abril de 2024, Italia solicitó autorización, con arreglo al artículo 395, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2006/112/CE para seguir aplicando la medida especial (en lo sucesivo, «solicitud»).

(4)

De conformidad con el artículo 395, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE, la Comisión transmitió la solicitud a los demás Estados miembros mediante carta de 12 de septiembre de 2024. Mediante carta de 13 de septiembre de 2024, la Comisión notificó a Italia que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

(5)

Según Italia, el sistema obligatorio de facturación electrónica impuesto, que canaliza todas las facturas emitidas a través del «Sistema di Interscambio», gestionado por la Agencia Tributaria italiana, ha alcanzado plenamente sus objetivos, a saber, la lucha contra el fraude y la evasión fiscales, la simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la mejora de la eficiencia de la recaudación de impuestos, reduciendo así los costes administrativos para las empresas.

(6)

Procede, por tanto, autorizar a Italia a seguir aplicando la medida especial hasta el 31 de diciembre de 2027. Si Italia considera necesaria la prórroga de la medida especial más allá de 2027, debe presentar una solicitud de prórroga a la Comisión. Dicha solicitud debe venir acompañada de un informe sobre la aplicación de la medida especial, incluida la evaluación de la medida especial en lo que respecta a su eficacia en la lucha contra el fraude y la evasión del IVA y en la simplificación de la recaudación de impuestos. Adicionalmente, en dicho informe también se deben evaluar las repercusiones de la medida en los sujetos pasivos, en particular aquellos que se beneficien de la franquicia para las pequeñas empresas a que se refiere el artículo 282 de la Directiva 2006/112/CE.

(7)

No obstante, la medida especial debe dejar de aplicarse a partir de la fecha de aplicación de cualquier régimen general en materia de facturación electrónica que adopte el Consejo en virtud del artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o sobre la base de cualquier otra disposición pertinente de dicho Tratado, en caso de que tal régimen general sea aplicable antes del 31 de diciembre de 2027.

(8)

La medida especial no debe afectar al derecho de los consumidores a recibir facturas en papel en caso de operaciones intracomunitarias.

(9)

Según la información facilitada por Italia, la medida especial solo tendrá un efecto poco significativo sobre el importe total de los ingresos fiscales recaudados por Italia en la fase de consumo final y no tendrá repercusiones negativas sobre los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

(10)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2018/593 en consecuencia,