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Document 32003L0008

Directiva 2002/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios

OJ L 26, 31.1.2003, p. 41–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 41 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 41 - 47
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 105 - 111

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/8/oj

32003L0008

Directiva 2002/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios

Diario Oficial n° L 026 de 31/01/2003 p. 0041 - 0047


Directiva 2002/8/CE del Consejo

de 27 de enero de 2003

destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) del artículo 61 y el artículo 67,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3),

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea se ha fijado como objetivo mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Para el gradual establecimiento de dicho espacio, la Comunidad debe adoptar, entre otras, las medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil que tengan implicaciones transfronterizas y sean necesarias para el adecuado funcionamiento del mercado interior.

(2) En virtud de la letra c) del artículo 65 del Tratado, entre estas medidas deben incluirse las encaminadas a eliminar los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros.

(3) El Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999 invitó al Consejo a instaurar normas mínimas que garanticen un nivel adecuado de justicia gratuita para los asuntos transfronterizos en el conjunto de la Unión.

(4) Todos los Estados miembros son Partes contratantes del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. Las materias a las que hace referencia la presente Directiva se abordarán con arreglo a dicho Convenio, y en particular al principio de igualdad de las partes en un litigio.

(5) La presente Directiva tiene como objetivo promover la aplicación de la justicia gratuita en los litigios transfronterizos a las personas que no dispongan de recursos suficientes, siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar el acceso efectivo a la justicia. El derecho de acceso a la justicia, generalmente reconocido, viene confirmado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(6) Ni la falta de recursos de una persona que sea parte en un litigio, en calidad de demandante o demandada, ni las dificultades que se derivan de la condición transfronteriza de un litigio deben constituir obstáculos al acceso efectivo a la justicia.

(7) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(8) La presente Directiva está destinada sobre todo a garantizar un nivel adecuado de justicia gratuita en los litigios transfronterizos, fijando algunas normas mínimas comunes en relación con la justicia gratuita en tales litigios. Una Directiva del Consejo es el instrumento legislativo más adecuado para lograr este objetivo.

(9) La presente Directiva se refiere a los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil.

(10) Cualquier persona implicada en un litigio en materia civil o mercantil que entre en el ámbito de aplicación de la presente Directiva debe poder hacer valer sus derechos ante un tribunal aunque su situación financiera personal no le permita hacer frente a las costas procesales. Se considera adecuada la justicia gratuita cuando permite al beneficiario el acceso efectivo a la justicia en las condiciones establecidas en la presente Directiva.

(11) La justicia gratuita debe incluir el asesoramiento previo a la demanda con vistas al logro de un acuerdo antes de iniciar el proceso, así como la asistencia jurídica y la representación letrada ante el tribunal y la ayuda para el pago o la exención de las costas procesales.

(12) Se determinará con arreglo al Derecho del Estado miembro en que se halle el tribunal, o donde se solicite la ejecución, si las costas procesales pueden incluir las costas de la parte contraria impuestas al beneficiario de justicia gratuita.

(13) Todos los ciudadanos de la Unión, con independencia del lugar del territorio de un Estado miembro en que estén domiciliados o sean residentes habituales, deben poder beneficiarse de la justicia gratuita en los litigios transfronterizos si cumplen las condiciones previstas por la presente Directiva. Lo mismo se aplica a los nacionales de terceros países que residan legalmente de forma habitual en el territorio de un Estado miembro.

(14) Conviene dejar a los Estados miembros la libertad de definir los límites máximos más allá de los cuales se considera que una persona puede hacer frente a las costas procesales, en las condiciones definidas en la presente Directiva. Es preciso definir dichos límites en función de diversos factores objetivos, como los ingresos, el patrimoneo y la situación familiar.

(15) No obstante, el objetivo de la presente Directiva no podría alcanzarse si no se ofreciera a los solicitantes de justicia gratuita la posibilidad de demostrar que no pueden hacer frente a las costas procesales aunque sus recursos superen el límite máximo fijado por el Estado miembro donde se halle el tribunal. Al evaluar si es preciso conceder la justicia gratuita por este motivo, las autoridades de los Estados miembros donde se halle el tribunal tendrán en cuenta la información que justifique el cumplimiento por el solicitante de los criterios de carácter financiero aplicables en el Estado miembro de su domicilio o residencia habitual.

(16) La posibilidad de recurrir en el marco del mismo asunto a otros mecanismos que garanticen el acceso efectivo a la justicia no es una forma de justicia gratuita. Esta posibilidad puede, sin embargo, justificar la presunción de que la persona interesada está en condiciones de hacer frente a las costas procesales a pesar de su situación financiera desfavorable.

(17) Conviene ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de rechazar las solicitudes de justicia gratuita relativas a demandas manifiestamente infundadas, o por motivos relativos al fondo del caso en la medida en que se ofrezca asesoramiento previo a la demanda y se garantice el acceso la justicia. Al resolver sobre el fundamento de una solicitud, los Estados miembros podrán denegar las solicitudes de justicia gratuita si el solicitante alega un daño a su reputación pero no ha sufrido perjuicio material o financiero alguno o si la solicitud se refiere a una reclamación directamente vinculada a la actividad empresarial del solicitante o al ejercicio autónomo de una profesión por parte del mismo.

(18) La complejidad y las diferencias entre los sistemas judiciales de los Estados miembros, así como los costes inherentes al carácter transfronterizo de los litigios no deberían obstaculizar el acceso a la justicia. Conviene pues que la justicia gratuita cubra los costes directamente vinculados al carácter transfronterizo de un litigio.

(19) Al considerar si es precisa la presencia física de una persona en un tribunal, los tribunales de un Estado miembro deben tomar en consideración el pleno beneficio de las posibilidades ofrecidas por el Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil(4).

(20) Si se concede la justicia gratuita, debe cubrir todo el proceso, incluidos los gastos para que una sentencia sea ejecutada; el beneficiario seguirá percibiendo esta asistencia en caso de que se interponga un recurso contra él o lo interponga él mismo, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones relativas a los recursos económicos y a la sustancia del litigio.

(21) La justicia gratuita debe concederse en las mismas condiciones ya se trate de procedimientos judiciales tradicionales o de procedimientos extrajudiciales como la mediación, siempre que el recurso a éstos últimos sea obligatorio por ley o haya sido ordenado por el tribunal.

(22) La justicia gratuita debe concederse asimismo para la ejecución de instrumentos auténticos en otro Estado miembro con arreglo a las condiciones definidas en la presente Directiva.

(23) Dado que la justicia gratuita es concedida por el Estado miembro en que se halle el tribunal o donde se solicite la ejecución, con excepción de la asistencia previa a la demanda prestada por un abogado local si el solicitante de justicia gratuita no está domiciliado o no tiene su residencia habitual en el Estado miembro en que se halle el tribunal, dicho Estado miembro deberá aplicar su propia legislación respetando los principios de la presente Directiva.

(24) Es conveniente que la justicia gratuita sea concedida o denegada por la autoridad competente del Estado miembro en que se halle el tribunal o donde deba ejecutarse una sentencia. Ello ocurre tanto si dicho tribunal está juzgando el asunto en cuanto al fondo como si antes ha de resolver si tiene o no jurisdicción.

(25) Conviene organizar la cooperación judicial en materia civil entre los Estados miembros con el fin de favorecer la información del público y los profesionales y de simplificar y acelerar el envío de las solicitudes de justicia gratuita de un Estado miembro a otro.

(26) Los mecanismos de notificación y transmisión previstos por la presente Directiva se inspiran directamente en los previstos por el Acuerdo Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, firmado en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, denominado en lo sucesivo "Acuerdo de 1977". Se ha fijado un plazo, no previsto en el Acuerdo de 1977, para la transmisión de las solicitudes de justicia gratuita. Un plazo relativamente corto contribuye al buen funcionamiento de la justicia.

(27) Los datos transmitidos en aplicación de la presente Directiva deben estar amparados por un régimen de protección. Puesto que son aplicables la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(5), y la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones(6), no es necesario incluir disposiciones específicas sobre protección de datos en la presente Directiva.

(28) La creación de un formulario normalizado para las solicitudes de justicia gratuita y para su transmisión en los casos de litigios transfronterizos hará más fáciles y más rápidos los procesos.

(29) Además, dichos formularios, así como los formularios de solicitud nacionales, deben estar disponibles a escala europea mediante el sistema de información de la Red Judicial Europea, creada con arreglo a la Decisión 2001/470/CE(7).

(30) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(8).

(31) Conviene precisar que el establecimiento de normas mínimas en litigios transfronterizos no supone un obstáculo para que los Estados miembros establezcan disposiciones más favorables para las personas solicitantes de justicia gratuita y beneficiarias de la misma.

(32) El Acuerdo de 1977 y el Protocolo adicional al Acuerdo Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, firmado en Moscú en 2001, siguen siendo aplicables a las relaciones entre los Estados miembros y los terceros Estados parte en el Acuerdo de 1977 o en el Protocolo. No obstante, en las relaciones entre Estados miembros la presente Directiva prevalecerá sobre las disposiciones del Acuerdo de 1977.

(33) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción de la presente Directiva.

(34) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objetivos y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de unas reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita en dichos litigios.

2. Se aplicará a todo litigio transfronterizo en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.

3. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por "Estado miembro" los Estados miembros excepto Dinamarca.

Artículo 2

Litigios transfronterizos

1. A los efectos de la presente Directiva, un litigio transfronterizo es aquél en el que la parte que solicita la justicia gratuita en el contexto de la presente Directiva está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro donde se halle el tribunal o en el que deba ejecutarse la resolución.

2. El Estado miembro en el que está domiciliada una parte se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(9).

3. El momento que se tendrá en cuenta para determinar si existe un litigio transfronterizo será el momento de presentación de la solicitud con arreglo a la presente Directiva.

CAPÍTULO II

DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA

Artículo 3

Derecho a la justicia gratuita

1. Las personas físicas que sean parte en un litigio contemplado en la presente Directiva tendrán derecho a obtener la adecuada justicia gratuita a fin de garantizar su acceso efectivo a la justicia conforme a las condiciones establecidas en la presente Directiva.

2. La justicia gratuita se considerará adecuada cuando garantice:

a) el asesoramiento previo a la demanda con vistas a llegar a un acuerdo antes de la presentación de demanda;

b) la asistencia jurídica y la representación ante los tribunales, así como la exención de las costas procesales para el beneficiario, incluidos los gastos a que se hace referencia en el artículo 7 y los honorarios de personas que actúen en el juicio a requerimiento del tribunal, o ayudas para sufragarlas.

En los Estados miembros en que pueda condenarse a la parte que pierde el juicio al pago de las costas de la parte contraria, en caso de que el beneficiario perdiera el juicio la justicia gratuita incluirá las costas de la parte contraria a condición de que las hubiera cubierto igualmente si el beneficiario tuviera su domicilio o su residencia habitual en el Estado miembro del foro.

3. Los Estados miembros no estarán obligados a ofrecer asistencia jurídica o representación ante los tribunales en los procedimientos que permitan específicamente a las partes asumir personalmente su propia defensa, salvo decisión en contrario del tribunal u otras autoridades competentes destinada a garantizar la igualdad entre las partes o en vista de la complejidad del asunto.

4. Los Estados miembros podrán requerir de los beneficiarios de la justicia gratuita el pago de aportaciones razonables a sus costas procesales, teniendo en cuenta las condiciones contempladas en el artículo 5.

5. Los Estados miembros podrán prever que las autoridades competentes puedan decidir que el beneficiario de la justicia gratuita reembolse la misma, total o parcialmente, si su situación financiera ha mejorado sustancialmente o si la decisión por la que se concedió la justicia gratuita se adoptó atendiendo a información inexacta facilitada por el beneficiario.

Artículo 4

No discriminación

Los Estados miembros concederán el beneficio de justicia gratuita sin discriminación a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros.

CAPÍTULO III

CONDICIONES Y ALCANCE DE LA JUSTICIA GRATUITA

Artículo 5

Condiciones relativas a los recursos financieros

1. Los Estados miembros concederán el beneficio de justicia gratuita a las personas contempladas en el apartado 1 del artículo 3 que no puedan hacer frente, en su totalidad o en parte, a las costas procesales mencionadas en el apartado 2 del artículo 3 debido a su situación económica, a fin de garantizar su acceso efectivo a la justicia.

2. La situación económica de una persona será evaluada por la autoridad competente del Estado miembro del foro teniendo en cuenta distintos elementos objetivos como la renta, el patrimoneo y la situación familiar, incluida la evaluación de los recursos de las personas que dependan económicamente del solicitante.

3. Los Estados miembros podrán establecer límites por encima de los cuales se considere que los solicitantes de justicia gratuita pueden hacer frente, en su totalidad o en parte, a las costas procesales mencionadas en el apartado 2 del artículo 3. Dichos límites se establecerán basándose en los criterios definidos en el apartado 2 del presente artículo.

4. Los límites definidos con arreglo al apartado 3 del presente artículo no impedirán que el solicitante de justicia gratuita que supere los límites pueda obtener el beneficio de justicia gratuita si demuestra que no puede hacer frente a las costas procesales mencionadas en el apartado 2 del artículo 3 debido a las diferencias en el coste de la vida entre los Estados miembros del domicilio o residencia habitual y del foro.

5. No habrá obligación de otorgar la justicia gratuita a los solicitantes en la medida en que puedan efectivamente recurrir, en el caso concreto, a otros mecanismos que cubran las costas procesales mencionadas en el apartado 2 del artículo 3.

Artículo 6

Condiciones relativas al fondo del litigio

1. Los Estados miembros podrán prever que las solicitudes de justicia gratuita relativas a una acción judicial que parezca manifiestamente infundada puedan ser denegadas por las autoridades competentes.

2. Si se ofrece un asesoramiento previo a la demanda, podrá denegarse o anularse el beneficio de justicia gratuita subsiguiente por motivos relacionados con el fondo del litigio siempre y cuando se garantice el acceso a la justicia.

3. Al resolver sobre el fundamento de una solicitud, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, los Estados miembros valorarán la importancia del asunto en concreto para el solicitante, aunque también podrán tener en cuenta su naturaleza cuando el solicitante alegue un daño a su reputación sin haber sufrido perjuicio material o financiero alguno, o cuando la solicitud se refiera a una reclamación directamente vinculada a la actividad empresarial del solicitante o al ejercicio autónomo de una profesión por parte del mismo.

Artículo 7

Gastos vinculados al carácter transfronterizo del litigio

La justicia gratuita concedida en el Estado miembro donde se halle el tribunal cubrirá los siguientes gastos directamente vinculados al carácter transfronterizo del litigio:

a) los servicios de interpretación;

b) la traducción de los documentos presentados por el beneficiario a instancias del tribunal o de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto; y

c) los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante, cuando la ley o el tribunal de dicho Estado miembro requieran la comparecencia ante el tribunal de las personas relacionadas con la defensa de su pretensión por el solicitante, y cuando el tribunal decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración a tales personas.

Artículo 8

Gastos cubiertos por el Estado miembro del domicilio o residencia habitual

El Estado miembro en que esté domiciliado o resida habitualmente el solicitante facilitará ayudas en concepto de justicia gratuita a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 para cubrir:

a) los gastos correspondientes a la asistencia de un letrado local o de cualquier otra persona habilitada por la ley para prestar asesoramiento jurídico realizados en dicho Estado miembro hasta que se haya presentado la solicitud de justicia gratuita en el Estado miembro donde se halle el tribunal, de conformidad con la presente Directiva,

b) la traducción de la solicitud y de la documentación acreditativa necesaria cuando se presenta la solicitud a las autoridades de dicho Estado miembro.

Artículo 9

Continuidad de la justicia gratuita

1. La justicia gratuita seguirá concediéndose total o parcialmente a los beneficiarios a fin de cubrir los gastos realizados para que una resolución sea ejecutada en el Estado miembro donde se halle el tribunal.

2. Un beneficiario que en el Estado miembro donde se halle el tribunal haya recibido justicia gratuita obtendrá la justicia gratuita contemplada por el Derecho del Estado miembro en el que se solicite el reconocimiento o la ejecución.

3. La justicia gratuita seguirá facilitándose en caso de interposición de un recurso, bien por el beneficiario, bien en su contra, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 y 6.

4. Los Estados miembros podrán disponer que se reexamine la solicitud en cualquier fase del litigio por los motivos expuestos en los apartados 3 y 5 del artículo 3, el artículo 5 y el artículo 6, incluyendo los procedimientos a que se hace mención en los apartados 1 a 3 del presente artículo.

Artículo 10

Procedimientos extrajudiciales

El beneficio de justicia gratuita también cubrirá los procedimientos extrajudiciales, con arreglo a las condiciones estipuladas en la presente Directiva, cuando la ley los imponga a las partes, o cuando el juez remita a las partes en el litigio a dichos procedimientos.

Artículo 11

Instrumentos auténticos

El beneficio de justicia gratuita para la ejecución de instrumentos auténticos en otro Estado miembro se concederá con arreglo a las condiciones estipuladas en la presente Directiva.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO

Artículo 12

Autoridad que concede la justicia gratuita

La justicia gratuita será concedida o denegada por la autoridad competente del Estado miembro donde se halle el tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.

Artículo 13

Presentación y transmisión de las solicitudes de justicia gratuita

1. Las solicitudes de justicia gratuita podrán presentarse:

a) ante la autoridad competente del Estado miembro en que el solicitante tenga su domicilio o su residencia habitual (autoridad expedidora), o bien

b) ante la autoridad competente del Estado miembro en el que se halle el tribunal o en el que deba ejecutarse la resolución (autoridad receptora).

2. Las solicitudes de justicia gratuita se cumplimentarán, y la documentación acreditativa correspondiente se traducirá:

a) a la lengua o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de la autoridad receptora competente que corresponda con una de las lenguas de las instituciones de la Comunidad; o bien

b) a otra lengua que dicho Estado miembro haya indicado que acepta de conformidad con el apartado 3 del artículo 14.

3. Las autoridades expedidoras competentes podrán decidir negarse a remitir una solicitud que de modo manifiesto:

a) carezca de fundamento, o

b) escape al ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Se aplicarán a estas decisiones las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 15.

4. La autoridad expedidora competente prestará su ayuda al solicitante para que la solicitud vaya acompañada de toda la documentación acreditativa que le conste sea necesario para que pueda resolverse sobre la solicitud. Asimismo, le prestará su ayuda para la realización de cualquier traducción necesaria de los documentos acreditativos, de conformidad con la letra b) del artículo 8.

La autoridad expedidora competente remitirá la solicitud a la autoridad receptora competente del otro Estado miembro en el plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud debidamente cumplimentada en una de las lenguas a que se refiere el apartado 2, y de los documentos acreditativos, traducidos, si fuera necesario, a alguna de dichas lenguas.

5. Los documentos remitidos en aplicación de la presente Directiva estarán exentos de la legalización y de cualquier otra formalidad equivalente.

6. Los Estados miembros no podrán percibir ninguna remuneración por los servicios prestados en virtud del apartado 4. El Estado miembro en el que el solicitante de justicia gratuita tenga su domicilio o su residencia habitual podrá disponer que el solicitante esté obligado a devolver los costes de traducción sufragados por la autoridad expedidora competente en caso de que la autoridad competente deniegue la solicitud de justicia gratuita.

Artículo 14

Autoridades competentes y lenguas

1. Los Estados miembros designarán a la autoridad o autoridades competentes para remitir ("autoridades expedidoras") y recibir ("autoridades receptoras") las solicitudes.

2. Cada Estado miembro facilitará a la Comisión la siguiente información:

- los nombres y direcciones de las autoridades receptoras o expedidoras competentes mencionadas en el apartado 1;

- los ámbitos geográficos sobre los que tienen competencia;

- los medios a su disposición para recibir las solicitudes; y

- las lenguas que podrán utilizarse para cumplimentar la solicitud.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad distintas de la suya o de las suyas en las cuales la autoridad receptora competente acepta que se cumplimenten las solicitudes de justicia gratuita que reciba con arreglo a la presente Directiva.

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información mencionada en los apartados 2 y 3 antes del 30 de noviembre de 2004. Notificarán a la Comisión cualquier modificación posterior de dicha información a más tardar dos meses antes de que la modificación entre en vigor en dicho Estado miembro.

5. La información mencionada en los apartados 2 y 3 se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 15

Tramitación de las solicitudes

1. Las autoridades nacionales competentes para pronunciarse sobre las solicitudes de justicia gratuita velarán por que se informe cumplidamente al solicitante sobre la tramitación de la solicitud.

2. Las decisiones deberán ser motivadas cuando resulten total o parcialmente denegatorias.

3. Los Estados miembros garantizarán la posibilidad de revisar o recurrir toda decisión denegatoria de una solicitud de justicia gratuita. Los Estados miembros podrán exceptuar los casos en que la solicitud de justicia gratuita sea denegada por un órgano jurisdiccional contra cuya resolución sobre el fondo del asunto no pueda interponerse recurso en virtud de la legislación nacional, o por un tribunal de apelación.

4. Cuando los recursos contra una decisión que deniegue o anule la justicia gratuita con arreglo al artículo 6 sean de índole administrativa, siempre estarán sujetos en última instancia a una revisión judicial.

Artículo 16

Formulario normalizado

1. Con el fin de facilitar la transmisión de las solicitudes, se establecerá un formulario normalizado para las solicitudes de justicia gratuita y para su transmisión, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 17.

2. El formulario normalizado para la transmisión de solicitudes de justicia gratuita se establecerá a más tardar el 30 de mayo de 2003.

El formulario normalizado para las solicitudes de justicia gratuita se establecerá a más tardar el 30 de noviembre de 2004.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

3. El Comité aprobará su reglamento interno

Artículo 18

Información

Las autoridades nacionales competentes cooperarán con el fin de informar al público y a los profesionales de la justicia sobre los distintos sistemas de justicia gratuita, en particular a través de la Red Judicial Europea creada de conformidad con la Decisión 2001/470/CE.

Artículo 19

Disposiciones más favorables

La presente Directiva no impedirá que los Estados miembros establezcan disposiciones más favorables para los solicitantes y los beneficiarios de la justicia gratuita.

Artículo 20

Relación con otros instrumentos

La presente Directiva primará, entre los Estados miembros y en relación con la materia a la que se aplica, sobre las disposiciones contenidas en acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados por los Estados miembros, incluidos:

a) el Acuerdo Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, firmado en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, modificado por el Protocolo adicional al Acuerdo Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, firmado en Moscú en 2001;

b) el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia.

Artículo 21

Incorporación al Derecho nacional

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar el 30 de noviembre de 2004 con excepción de la letra a) del apartado 2 del artículo 3, para el cual la incorporación de la presente Directiva al Derecho nacional se producirá a más tardar el 30 de mayo de 2006. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 22

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 23

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Bruselas, el 27 de enero de 2003.

Por el Consejo

El Presidente

G. Papandreou

(1) DO C 103 E de 30.4.2002, p. 368.

(2) Dictamen emitido el 25 de septiembre de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial)

(3) DO C 221 de 17.9.2002, p. 64.

(4) DO L 174 de 27.6.2001, p. 1.

(5) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(6) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.

(7) DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.

(8) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(9) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 1496/2002 de la Comisión (DO L 225 de 22.8.2002, p. 13).

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