1.

La presente petición de decisión prejudicial ha sido presentada por la Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos; en lo sucesivo, «Sala de Control Extraordinario») del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) en el marco de un recurso interpuesto por L. G. (en lo sucesivo, «recurrente»), juez del Sąd Okręgowy w K. (Tribunal Regional de K., Polonia), contra la resolución del Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia; en lo sucesivo, «CNPJ») por la que se resuelve no tramitar el procedimiento de autorización instado por dicho juez para seguir desempeñando su cargo judicial tras alcanzar la edad legal de jubilación, debido al incumplimiento del plazo para la declaración de su intención a tal efecto.

2.

Esta petición de decisión prejudicial plantea, con carácter previo, la delicada cuestión de si la Sala de Control Extraordinario tiene la condición de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE. En cuanto al fondo, dicha petición de decisión prejudicial se refiere, esencialmente, a la interpretación del principio de inamovilidad y de independencia de los jueces, como corolario del principio de «tutela judicial efectiva» consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con una normativa nacional que, por una parte, supedita a la autorización del CNPJ la eficacia de la declaración de un juez sobre su intención de seguir desempeñando el cargo judicial tras alcanzar la edad legal de jubilación y, por otra parte, prevé que dicha declaración esté sujeta a un plazo de preclusión absoluto.

3.

El presente asunto se inscribe en el marco de las recientes reformas del sistema judicial polaco ( 2 ) y de la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia recaída en esta materia, especialmente a raíz de los recursos por incumplimiento interpuestos por la Comisión Europea ( 3 ) o de las remisiones prejudiciales planteadas por determinados órganos jurisdiccionales polacos. ( 4 )

4.

La ustawa o Sądzie Najwyższym (Ley del Tribunal Supremo), de 8 de diciembre de 2017, ( 5 ) que, entre otros, estableció la Sala de Control Extraordinario, dispone, en su artículo 26, apartado 1:

«La [Sala de Control Extraordinario] será competente para conocer de los recursos extraordinarios, los litigios en materia electoral y las impugnaciones de la validez de un referéndum nacional o de un referéndum constitucional, la comprobación de la validez de las elecciones y de los referéndums, los demás asuntos de Derecho público, incluidos los contenciosos de protección de la competencia, de la regulación energética, de las telecomunicaciones y del transporte ferroviario, y los recursos que se interpongan contra las decisiones del [Przewodniczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (presidente del Consejo Nacional de la Radiotelevisión, Polonia)] o mediante los que se impugne la duración excesiva de los procedimientos ante los tribunales ordinarios y militares y ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)].»

5.

El artículo 69, apartados 1 y 1b, de la ustawa — Prawo o ustroju sądów (Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios), de 27 de julio de 2001, en su versión modificada, ( 6 ) establece:

«1.   La edad de jubilación de los jueces será de sesenta y cinco años, salvo que, con una antelación de un máximo de doce meses y de un mínimo de seis antes de alcanzar esa edad, el juez interesado presente una declaración ante [el CNPJ] en la que manifieste su deseo de continuar ejerciendo sus funciones, junto con una certificación, redactada con arreglo a las condiciones aplicables a los candidatos a ingresar en la carrera judicial, que acredite que su estado de salud le permite desempeñar su cargo.

[…]

1b.   El [CNPJ] podrá autorizar que un juez continúe en su cargo si la prórroga está justificada por un interés legítimo de la administración de justicia o un interés social relevante, atendiendo a la utilización racional de la plantilla de los tribunales ordinarios y a las necesidades resultantes de la carga de trabajo de cada tribunal. La resolución adoptada por el [CNPJ] será firme. En caso de que, alcanzada la edad indicada en el apartado 1, aún no haya concluido el procedimiento relativo a la prórroga de las funciones del juez, este permanecerá en su cargo hasta que concluya el procedimiento.

[…]»

6.

A tenor del artículo 42 de la ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (Ley del CNPJ), de 12 de mayo de 2011, en su versión modificada: ( 7 )

«1.   Las resoluciones dictadas por el Consejo en los casos individuales se motivarán.

2.   La motivación de la resolución se establecerá en el plazo de un mes a partir de la adopción de la misma.

3.   Las resoluciones dictadas en los casos individuales se notificarán a los participantes en el procedimiento, acompañadas de su motivación y de indicaciones relativas a las vías de recurso ante el Tribunal Supremo.»

7.

El artículo 44, apartado 1, de la Ley del CNPJ dispone:

«Todo participante en el procedimiento podrá presentar recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] invocando la ilicitud de la resolución del [CNPJ], salvo que se disponga lo contrario en otras disposiciones. […]»

8.

Mediante escrito de 30 de diciembre de 2020, el recurrente comunicó al CNPJ su declaración sobre su intención de seguir desempeñando el cargo de juez una vez que alcanzara la edad legal de jubilación, establecida en sesenta y cinco años, a saber, el 12 de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios. ( 8 ) Mediante escrito de 31 de diciembre de 2020, el recurrente también solicitó al CNPJ que tramitara su declaración pese a no haber respetado el plazo de seis meses de antelación respecto de la edad legal de jubilación para la presentación de dicha declaración previsto en esa disposición. ( 9 )

9.

Mediante resolución de 18 de febrero de 2022, el CNPJ dictaminó que esa declaración era inadmisible debido a que se había presentado fuera del plazo de seis meses antes de la fecha de cumplimiento de la edad legal de jubilación previsto en dicha disposición y adoptó una resolución por la que se archivó el procedimiento de autorización de la prórroga en el cargo de juez. ( 10 )

10.

A raíz del recurso interpuesto por el recurrente contra dicha resolución ( 11 ) ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), este órgano jurisdiccional, actuando en su formación de Sala de Control Extraordinario, que constituye el órgano jurisdiccional remitente, se pregunta si el artículo 69 de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios vulnera el principio de inamovilidad y de independencia de los jueces, consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en la medida en que, por un lado, somete el ejercicio del cargo de juez una vez alcanzada la edad legal de jubilación a la autorización de otra autoridad, lo que podría influir en el contenido de las resoluciones dictadas por el juez en cuestión, y en que, por otro lado, determina la extemporaneidad de la solicitud para ejercer el cargo de juez tras alcanzar la edad legal de jubilación en caso de incumplimiento del plazo para su presentación, con independencia de los efectos de la jubilación en las circunstancias concretas, en particular en lo que atañe a los intereses de la administración de justicia o a la posible existencia de un interés social relevante.

11.

En estas circunstancias, la Sala de Control Extraordinario del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

12.

Han presentado observaciones escritas el CNPJ, los Gobiernos polaco, danés y neerlandés, así como la Comisión. El CNPJ, los Gobiernos polaco, belga y neerlandés, así como la Comisión, formularon observaciones orales en la vista celebrada el 8 de noviembre de 2022. El recurrente, el CNPJ, los Gobiernos belga y neerlandés, así como la Comisión, presentaron asimismo observaciones escritas sobre el auto del órgano jurisdiccional remitente de 3 de noviembre de 2022, mediante el cual este presentó al Tribunal de Justicia observaciones complementarias a su petición de decisión prejudicial, referidas en particular a su condición de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.

13.

La Comisión y los Gobiernos belga y neerlandés expresan sus dudas sobre si es posible calificar al órgano jurisdiccional remitente como «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.

14.

En efecto, los miembros de la Sala de Control Extraordinario, creada por la Ley del Tribunal Supremo, fueron nombrados jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), a propuesta del CNPJ, mediante la resolución n.o 331/2018 de 28 de agosto de 2018 (en lo sucesivo, «resolución n.o 331/2018»), en las siguientes circunstancias:

15.

Dadas estas circunstancias, considero oportuno comprobar, antes de responder a las cuestiones prejudiciales, si la Sala de Control Extraordinario, actuando en sala de tres jueces, constituye un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE y, por tanto, si el Tribunal de Justicia es competente para responder a sus cuestiones prejudiciales.

16.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para dilucidar si el organismo remitente en el presente asunto tiene la condición de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE, cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta un conjunto de factores, como son el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas y su independencia. ( 15 ) En el presente asunto, únicamente se cuestiona este último elemento, es decir, la independencia de la Sala de Control Extraordinario, ya que se considera que es evidente prima facie —y en cualquier caso no se discute— que reúne los restantes requisitos citados.

17.

Según jurisprudencia igualmente reiterada del Tribunal de Justicia, la exigencia de independencia de los órganos jurisdiccionales, cuya observancia, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, ( 16 ) deben garantizar los Estados miembros con respecto a los órganos jurisdiccionales nacionales que son competentes para resolver cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación del Derecho de la Unión, comprende dos aspectos: el primero, de orden externo, relativo a la autonomía del órgano, ( 17 ) y el segundo, de orden interno, referido a su imparcialidad. ( 18 ) Estas garantías de autonomía e imparcialidad, que constituyen los dos aspectos del concepto de «independencia», postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano jurisdiccional, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a la neutralidad de este ante los intereses en litigio. ( 19 )

18.

En lo que atañe, más concretamente, a la exigencia de independencia inherente al concepto de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, en su sentencia Getin Noble Bank, el Tribunal de Justicia estableció, en esencia, una presunción según la cual un órgano jurisdiccional nacional como, en particular, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) cumple las exigencias que debe respetar un órgano para poder ser calificado de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, con independencia de su concreta composición, ( 20 ) precisando que, en el marco del procedimiento prejudicial contemplado en el artículo 267 TFUE, no le corresponde comprobar si la resolución de remisión ha sido adoptada de conformidad con las normas nacionales de organización y procedimiento judiciales. ( 21 ) Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia especificó que esta presunción podía desvirtuarse, por una parte, cuando una resolución judicial firme dictada por un órgano jurisdiccional nacional o internacional llevara a considerar que el juez que integra el órgano jurisdiccional remitente no tiene la condición de juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, ( 22 ) o, por otra parte, cuando existiesen otros elementos, independientes de la situación personal de los jueces que hayan planteado formalmente una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE, que pudiesen tener incidencia en el funcionamiento del órgano jurisdiccional remitente al que pertenecen y contribuyesen a vulnerar la independencia y la imparcialidad de dicho órgano jurisdiccional. ( 23 )

19.

Hecha esta puntualización, me parece importante destacar que, en mi opinión, la interpretación del principio de independencia en el contexto del artículo 267 TFUE exige un examen diferente del requerido, respectivamente, en el contexto del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta, habida cuenta de los distintos objetivos y funciones de estas normas. Este criterio, que han desarrollado, esencialmente, ciertos Abogados Generales, ( 24 ) hasta donde sé no ha sido totalmente confirmado por el Tribunal de Justicia, que, en sus sentencias relativas a la exigencia de independencia inherente al concepto de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, continúa refiriéndose a la necesidad de que el órgano jurisdiccional en cuestión presente las características de un juez independiente, imparcial y establecido por la ley, «en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta». ( 25 )

20.

Esencialmente, dicho criterio distingue las condiciones de aplicación de las tres disposiciones en cuestión de la siguiente manera:

21.

Asimismo, no resulta irrelevante precisar que la apreciación del concepto, muy específico, de «independencia» en el marco del artículo 267 TFUE constituye el último de toda una serie de elementos que no son acumulativos stricto sensu pero que forman parte de un examen global y que, en su conjunto, llevan a concluir que existe un «órgano jurisdiccional» en el sentido de esta disposición. ( 32 ) Así pues, el examen sobre la independencia del órgano jurisdiccional se efectúa en función de los restantes elementos, de manera que, en mi opinión, su apreciación es más estricta cuando la presencia de algunos otros elementos es dudosa, y viceversa. ( 33 ) Por lo demás, me parece que el Tribunal de Justicia tiene tendencia a efectuar tal «examen de independencia» con más frecuencia respecto de los órganos que operan fuera del sistema judicial nacional clásico —o que no están considerados como «órgano jurisdiccional» según el Derecho nacional—, ( 34 ) mientras que no siempre se ha mostrado partidario de cuestionar la independencia de un órgano que esté formalmente integrado en el sistema jurisdiccional del Estado miembro de que se trate, ( 35 ) como confirma, por otra parte, la presunción establecida en la sentencia Getin Noble Bank. ( 36 )

22.

Esta interpretación «minimalista» del concepto de «independencia» en el marco del artículo 267 TFUE tiene la ventaja, en mi opinión, de que, por una parte, no interfiere excesivamente en el principio de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial, habida cuenta de la importancia de este mecanismo para garantizar la interpretación uniforme y coherente del Derecho de la Unión, ( 37 ) y, por otra parte, de que permite mantener el papel fundamental que desempeñan las peticiones de decisión prejudicial en la protección de los derechos de los justiciables. En efecto, la competencia del Tribunal de Justicia en materia de cuestiones prejudiciales con arreglo al artículo 267 TFUE es lo único que permite a los justiciables, en determinadas situaciones, disfrutar de la tutela judicial efectiva garantizada por el Derecho de la Unión. ( 38 ) Esto resulta aún más cierto en las circunstancias del presente asunto, habida cuenta de las numerosas iniciativas puestas en marcha por el legislador polaco al objeto, en concreto, de impedir las remisiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia a propósito de la cuestión de la independencia de los órganos jurisdiccionales en Polonia. ( 39 )

23.

De lo expuesto resulta que, habida cuenta de su función específica, la interpretación del concepto de independencia de un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE no prejuzga la interpretación de este concepto en el marco del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, o del artículo 47 de la Carta. En otras palabras, no puede excluirse que un órgano pueda constituir, en principio, un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, independientemente del hecho de que los elementos del caso de autos, ya sean de naturaleza sistémica o puntual, puedan llevar a concluir que este órgano jurisdiccional no constituye un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, o del artículo 47 de la Carta. ( 40 )

24.

Sin lugar a dudas, soy perfectamente consciente de que, en principio, el sistema fundamental de administración de la justicia no admite «gradaciones», mientras que el criterio expuesto, que se basa en la presunción establecida en la sentencia Getin Noble Bank, al precisar la aplicación, pretende, mediante una interpretación más flexible del concepto de «independencia» en el marco del artículo 267 TFUE, permitir a un órgano jurisdiccional nacional, incluso cuando existan dudas sobre su independencia, asumir sus funciones esenciales, asegurándole la posibilidad, por un lado, de examinar, con la asistencia del Tribunal de Justicia, su propia independencia y, por otro lado, de garantizar a los ciudadanos de la Unión el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva cuando se vulneren los derechos otorgados por el Derecho de la Unión.

25.

Ahora bien, ¿no sería, por el contrario, más oportuno adoptar un criterio diferente que, en el presente asunto, impusiera límites a las injerencias de los poderes legislativo y ejecutivo en el poder judicial en Polonia, hasta ahora toleradas, y que apoyara de este modo a los jueces polacos designados conforme al antiguo sistema en sus esfuerzos por tratar de apartar, en nombre del principio de la independencia de la judicatura, del ámbito judicial de la Unión a los «nuevos jueces» nombrados a raíz de las recientes reformas acometidas contraviniendo este principio? La respuesta no es sencilla. En todo caso, este criterio más estricto no carece de consecuencias: tal como se desprende de la vista, a día de hoy aproximadamente uno de cada cuatro jueces de las jurisdicciones ordinaria y contencioso‑administrativa en Polonia ha sido nombrado en virtud del nuevo sistema. Dicho criterio cerraría considerablemente el acceso al mecanismo de la remisión prejudicial a la mayoría de los órganos jurisdiccionales polacos, dejándolo abierto únicamente a aquellos compuestos exclusivamente por jueces designados en virtud del sistema antiguo. Ello implicaría que la Justicia polaca se encontraría, de facto, excluida del sistema jurisdiccional de la Unión, resultado que, en mi opinión, suscitaría incluso el riesgo de invadir el procedimiento del artículo 7 TUE ( 41 ).

26.

En conclusión, si bien, por norma general, según el célebre adagio, «el hábito no hace al monje», considero que, con un cierto grado de aproximación, en el contexto formal y restringido de la apreciación del concepto de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, «la toga hace al juez». ( 42 )

27.

Tras haber mencionado y precisado el contexto jurisprudencial relativo a la interpretación del concepto de «órgano jurisdiccional independiente» en el marco del artículo 267 TFUE, procede recordar que, en el presente caso, las dudas sobre la independencia del órgano jurisdiccional remitente se refieren a las normas sobre el nombramiento de los jueces que lo componen. Por tanto, es preciso aplicar los principios enunciados en la sección anterior en el contexto específico de las normas relativas al nombramiento de los jueces y, más concretamente, de las normas relativas a la intervención de organismos terceros con respecto a la judicatura en el contexto de ese nombramiento, en el presente caso el CNPJ.

28.

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha especificado que el hecho de que los Estados miembros, en el ejercicio de su competencia sobre la organización de la Administración de Justicia, hagan intervenir a un organismo tercero respecto de la judicatura, como un organismo administrativo, en las decisiones relativas, en particular, al nombramiento o a la prórroga en el cargo de los jueces no es suficiente, por sí solo, para concluir que existe una vulneración del principio de independencia de los jueces nombrados según este procedimiento. ( 43 ) En efecto, según el Tribunal de Justicia, el mero hecho de que los poderes legislativo o ejecutivo intervengan en el proceso de nombramiento de un juez no permite que se cree una dependencia entre aquellos y este ni que se generen dudas en cuanto a su imparcialidad si, una vez nombrado, no está sometido a presión alguna y no recibe instrucciones en el ejercicio de sus funciones. ( 44 )

29.

De lo anterior se deduce, a mi entender, que las posibles irregularidades vinculadas al nombramiento de los miembros de una formación jurisdiccional solo pueden privar a un órgano de la condición de «órgano jurisdiccional independiente» en el sentido del artículo 267 TFUE si comprometen la aptitud misma de tal órgano para ejercer sus funciones enjuiciadoras de manera independiente. ( 45 ) Por lo tanto, si los miembros de una formación jurisdiccional, una vez nombrados, poseen las competencias exigidas para el cargo y se considera (según las normas aplicables) que toman sus decisiones con total independencia, debería bastar para que se cumpla el requisito de «órgano jurisdiccional independiente» en el sentido del artículo 267 TFUE.

30.

La Sala de Control Extraordinario es una formación jurisdiccional particular del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo). Si bien el Tribunal de Justicia ha declarado que este último cumple, en principio, los requisitos del artículo 267 TFUE, ( 46 ) su formación como Sala de Control Extraordinario fue creada en el marco de las recientes reformas del sistema judicial polaco y los jueces que la integran han sido nombrados para el cargo de juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) en las condiciones muy controvertidas mencionadas en el punto 14 de las presentes conclusiones.

31.

En esencia, las dudas sobre la independencia del órgano jurisdiccional remitente están relacionadas con la implicación directa del poder ejecutivo en el nombramiento de los jueces que lo componen, que, según se alega, se lleva a cabo a través de la intervención del CNPJ, el cual, a resultas de las recientes reformas del sistema judicial polaco, se ha convertido en una «institución cautiva», controlada por el poder ejecutivo.

32.

Lejos de querer justificar tal desarrollo legislativo, que se inserta en el contexto de una lamentable regresión del sistema judicial polaco, debo recordar que, según la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia citada en el punto 28 de las presentes conclusiones, la implicación de un órgano tercero respecto de la judicatura en el nombramiento de los jueces no es suficiente, por sí sola, para concluir que se ha violado el principio de independencia judicial. Además, no se desprende de ningún elemento obrante en los autos del presente asunto que se deba considerar que los jueces nombrados para integrar el órgano jurisdiccional remitente tras la reforma carecen de aptitud para ejercer su función, ni que el marco jurídico aplicable o su estatuto les impiden ejercer sus funciones de manera independiente. ( 47 )

33.

También debe señalarse que, según los criterios de apreciación introducidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Getin Noble Bank, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) disfruta de una «presunción de independencia», que puede ser desvirtuada, bien mediante una resolución judicial firme que declare que el juez que integra el órgano jurisdiccional remitente no tiene la condición de juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, bien mediante otros elementos que menoscaben la independencia y la imparcialidad de dicho órgano jurisdiccional. ( 48 )

34.

Pues bien, sin que sea necesario reconsiderar mi propuesta de matizar este principio, ( 49 ) me parece que, en el presente asunto, no nos encontramos ante un supuesto de este tipo.

35.

Es cierto que, mediante su sentencia de 8 de noviembre de 2021, Dolińska‑Ficek y Ozimek c. Polonia, ( 50 ) mencionada en diversas ocasiones durante el transcurso del procedimiento, el TEDH declaró que una formación jurisdiccional compuesta por jueces de la misma Sala de Control Extraordinario ( 51 ) no cumplía el requisito del tribunal establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 6, apartado 1, del CEDH. Dicho esto, dudo que pueda tratarse de una resolución judicial firme que acredite que el órgano jurisdiccional remitente carece, en esencia, de la condición de órgano jurisdiccional independiente en el sentido del artículo 267 TFUE, a la luz de la sentencia Getin Noble Bank. ( 52 ) Me parece que la mencionada resolución se refiere más bien al examen del respeto del derecho a la tutela judicial efectiva que se enmarca en la aplicación del artículo 6, apartado 1, del CEDH y que, por consiguiente, podría desempeñar un papel en la aplicación del artículo 47 de la Carta, pero no necesariamente en la del artículo 267 TFUE. ( 53 )

36.

En consecuencia, considero que, sobre la base de la información obrante en autos, el órgano jurisdiccional remitente puede ser calificado de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, en la medida en que, con independencia de las controversias relativas al nombramiento de sus miembros, a él le corresponde, en principio, pronunciarse sobre el asunto principal con total autonomía frente al poder ejecutivo, implicado (indirectamente) en ese nombramiento, ( 54 ) y con plena imparcialidad respecto de los intereses de las partes.

37.

Habida cuenta de las consideraciones precedentes, opino que, a los efectos del presente procedimiento, cabe considerar al Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), actuando en formación de tres jueces que componen la Sala de Control Extraordinario, como un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE y que, por consiguiente, el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por dicho órgano jurisdiccional.

38.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, se opone a una norma nacional, como el artículo 69 de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, que supedita a la autorización de otra autoridad, en el presente caso el CNPJ, la posibilidad de que un juez en ejercicio siga desempeñando su cargo tras alcanzar la edad legal de jubilación.

39.

Debo recordar, como observación previa, que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado reiteradamente sobre la aplicabilidad y el alcance del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, respecto de las normas nacionales (en particular las polacas) que rigen el sistema judicial, incluidas las normas relativas a la continuación en el ejercicio de su cargo de los jueces una vez alcanzada la edad legal de jubilación. ( 55 )

40.

En los siguientes puntos, examinaré, en la medida en que sea relevante para el presente asunto, el alcance del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, (1) y los precedentes jurisprudenciales referidos a la prórroga en el cargo de los jueces una vez alcanzada la edad legal de jubilación (2), antes de proponer una respuesta a la primera cuestión prejudicial (3).

41.

El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, dispone que los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión y, por consiguiente, corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que garantice un control judicial efectivo en los referidos ámbitos. ( 56 ) Asimismo, en la medida en que esta disposición remite a la exigencia de la tutela judicial efectiva, debe interpretarse a la luz del artículo 47 de la Carta, independientemente de si esta última disposición es en sí misma aplicable en el presente asunto. ( 57 )

42.

Teniendo en cuenta que esta disposición atribuye a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la tarea de garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables, ( 58 ) se deduce que se refiere a «los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», con independencia de la situación en la que los Estados miembros apliquen este Derecho, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. ( 59 )

43.

En el presente asunto, es innegable que los órganos jurisdiccionales ordinarios polacos pueden tener que resolver sobre cuestiones relacionadas con la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión y que, por tanto, forman parte del sistema polaco de vías de recurso en los «ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de modo que deben cumplir las exigencias de la tutela judicial efectiva. ( 60 )

44.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para garantizar una tutela judicial efectiva, con arreglo al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, resulta primordial preservar la independencia de la instancia, como así lo confirma el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, precepto que, entre las exigencias vinculadas al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, menciona el acceso a un juez «independiente». ( 61 )

45.

Como se ha recordado en los puntos 17 y 18 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia ha declarado que la exigencia de independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales comprende un primer aspecto, de orden externo, relativo a la autonomía del tribunal, y un segundo aspecto, de orden interno, referido a su imparcialidad, y que tales garantías de autonomía e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano jurisdiccional, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad y la neutralidad de dicho órgano. ( 62 )

46.

Por lo que se refiere más concretamente a la independencia «externa» (la autonomía) de los órganos jurisdiccionales, el Tribunal de Justicia ha precisado que la libertad de los jueces frente a cualquier injerencia o presión externa exige ciertas garantías, como la inamovilidad, idóneas para proteger la persona de quienes tienen la misión de juzgar. ( 63 )

47.

El principio de inamovilidad exige, en particular, que los jueces puedan permanecer en el ejercicio de sus funciones en tanto no hayan alcanzado la edad de jubilación forzosa o hasta que termine su mandato cuando este tenga una duración determinada. Aunque no tiene carácter absoluto, este principio solo puede ser objeto de excepciones cuando existan motivos legítimos e imperiosos que lo justifiquen y siempre que se respete el principio de proporcionalidad. Así, se admite de manera general que los jueces puedan ser cesados si no reúnen las condiciones de aptitud para continuar en el ejercicio de sus funciones por motivo de incapacidad o de falta grave, observando los procedimientos establecidos al efecto. ( 64 )

48.

Lo mismo ha de predicarse, en mi opinión, por lo que respecta a las reglas relativas a la posibilidad de que los jueces obtengan una prórroga en su cargo una vez alcanzada la edad legal de jubilación, que, por lo tanto, están sometidas a las exigencias impuestas por el principio de inamovilidad judicial.

49.

Como observación previa, debo recordar que las disposiciones legislativas polacas relativas a la prórroga en el cargo de los jueces una vez alcanzada la edad legal de jubilación han sido objeto de dos sentencias recientes del Tribunal de Justicia:

50.

En las referidas sentencias, el Tribunal de Justicia señaló que corresponde en exclusiva a los Estados miembros decidir si autorizan o no la prórroga del ejercicio de la función jurisdiccional una vez alcanzada la edad de jubilación ordinaria y que la circunstancia de que órganos como el presidente de la República [en el caso de la prórroga del mandato de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] y el ministro de Justicia (en el caso de la prórroga del mandato de los jueces de los tribunales ordinarios) tengan atribuida la facultad de decidir si conceden o no tal posible prórroga no basta, por sí sola, para concluir que se ha violado el principio de independencia judicial. ( 69 ) No obstante, el Tribunal de Justicia declaró que, cuando los Estados miembros optan por establecer mecanismos de estas características, están obligados a velar por que las condiciones materiales y las normas de procedimiento a las que se sujeta dicha prórroga no puedan menoscabar el principio de independencia judicial. ( 70 )

51.

En lo que atañe, más concretamente, a estas condiciones materiales y estas normas de procedimiento, el Tribunal de Justicia declaró que la facultad que tienen atribuida el presidente de la República y el ministro de Justicia, respectivamente, para autorizar o denegar la prórroga del ejercicio del cargo de juez podía suscitar dudas legítimas, en particular en el ánimo de los justiciables, en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces afectados frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses contrapuestos en los litigios de que pudieran conocer. ( 71 )

52.

El Tribunal de Justicia fundamentó esa conclusión, en esencia, en el hecho de que las decisiones de autorizar o denegar la prórroga en el ejercicio del cargo de juez se basaban en criterios excesivamente vagos y cuya concurrencia no podía verificarse, que por añadidura no se motivaban y que tampoco podían ser objeto de recurso judicial, ( 72 ) y, en lo referente a la facultad de decisión del ministro de Justicia, sin que este estuviera sujeto a ningún plazo para la adopción de su decisión sobre la solicitud de prórroga. ( 73 ) El Tribunal de Justicia también declaró que la facultad que tenía atribuida el ministro de Justicia para autorizar o denegar la prórroga del ejercicio del cargo de juez de los tribunales ordinarios violaba, en particular, el principio de inamovilidad, ya que le había sido atribuida en el contexto más general de una reforma que dio lugar a que se redujera la edad ordinaria de jubilación de los jueces en cuestión. ( 74 )

53.

En el presente asunto, debe llegarse a una apreciación casi idéntica a la de la sentencia Independencia de los tribunales ordinarios, teniendo en cuenta que, a raíz de la mencionada sentencia, la República de Polonia modificó su legislación relativa a la prórroga en el cargo de los jueces de los tribunales ordinarios una vez alcanzada la edad legal de jubilación, en particular mediante el restablecimiento de la edad anteriormente en vigor para los jueces y la atribución al CNPJ, y no ya al ministro de Justicia, de la facultad para autorizar, con sujeción a determinadas condiciones, la prórroga en el cargo de un juez una vez alcanzada esa edad.

54.

En el presente asunto, debo recordar que el artículo 69, apartado 1b, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios prevé, en la medida en que es relevante para el presente caso, que el CNPJ puede autorizar a un juez que lo desee a continuar en su cargo una vez alcanzada la edad legal de jubilación si la prórroga está justificada por un interés legítimo de la administración de justicia o un interés social relevante, atendiendo a la utilización racional de la plantilla de los tribunales ordinarios y a las necesidades resultantes de la carga de trabajo de cada tribunal. ( 75 )

55.

En los siguientes puntos, a la luz de la jurisprudencia citada en el punto 50 de las presentes conclusiones, proporcionaré indicaciones relativas a la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en las circunstancias del caso de autos, teniendo en cuenta, por una parte, la naturaleza del CNPJ (a) y, por otra parte, las condiciones materiales y las normas de procedimiento que rigen la adopción de resoluciones por parte de este relativas a la prórroga en el cargo de los jueces (b).

56.

Por lo que respecta a la naturaleza del CNPJ, debo señalar, con carácter preliminar, que la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia ha determinado de forma reiterada que, tras las recientes reformas del sistema judicial polaco, este organismo no es independiente respecto de los poderes legislativo y ejecutivo. ( 76 )

57.

Esta conclusión también se ha visto confirmada por la jurisprudencia del TEDH relativa al artículo 6, apartado 1, del CEDH. En efecto, en su sentencia de 8 de noviembre de 2021, Dolińska‑Ficek y Ozimek c. Polonia, ( 77 ) el TEDH concluyó que la Sala de Control Extraordinario no constituía un «tribunal establecido por la ley» y que, en consecuencia, la República de Polonia había violado el artículo 6, apartado 1, del CEDH debido a que los miembros de esta Sala eran nombrados a propuesta del CNPJ, que no era independiente respecto de los poderes legislativo y ejecutivo. ( 78 )

58.

La referida conclusión, además, ha sido reiteradamente compartida por las más altas instancias judiciales polacas. En efecto, por un lado, el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo), mediante sentencias de 6 y de 13 de mayo de 2021, constató que el CNPJ no ofrecía garantías suficientes de independencia y que su grado de dependencia respecto de las autoridades legislativas y ejecutivas era tan elevado que ello no podía soslayarse en la apreciación de la cuestión de si los jueces que este selecciona reunían los requisitos objetivos de independencia y de imparcialidad del artículo 47 de la Carta. Por otro lado, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en su resolución de 23 de enero de 2020, también señaló que el CNPJ no era un organismo independiente, dado que está directamente sometido a las autoridades políticas. ( 79 )

59.

Hecha esta puntualización, considero que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho, por lamentable que pueda resultar, de que un organismo como el CNPJ tenga atribuida la facultad de decidir si concede o deniega una posible prórroga del ejercicio de la función jurisdiccional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación no es suficiente, por sí solo, para concluir que se ha producido una vulneración del principio de independencia judicial. ( 80 ) En efecto, el Tribunal de Justicia, que reconoce la competencia de principio de los Estados miembros en lo tocante a la organización de la Administración de Justicia, acepta que estos, en el ejercicio de esa competencia, atribuyan a un organismo tercero respecto de la judicatura (ya sea independiente, ya forme parte del poder legislativo o ejecutivo) competencia en materia de decisiones relativas, en particular, al nombramiento o a la prórroga en el cargo de los jueces. ( 81 )

60.

No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede asegurarse de que las condiciones materiales y las normas de procedimiento que rigen la adopción de tales decisiones impiden que se susciten dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces de que se trate frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio, ( 82 ) extremo que examinaré a continuación.

61.

En cuanto a las condiciones materiales y las normas de procedimiento que rigen la adopción de las decisiones relativas a la prórroga en el cargo de los jueces una vez alcanzada la edad legal de jubilación, debo recordar que, según la versión del artículo 69, apartado 1b, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios que fue objeto de la sentencia Independencia de los tribunales ordinarios, ( 83 ) el ministro de Justicia podía autorizar a un juez a continuar desempeñando su cargo «atendiendo a la utilización racional de la plantilla de los tribunales ordinarios y a las necesidades resultantes de la carga de trabajo de cada tribunal». Por un lado, el Tribunal de Justicia declaró que esos criterios resultaban excesivamente vagos y que no podía verificarse su concurrencia, reprochando también la falta de una obligación de motivación y de vías de recurso judicial contra tal decisión, y, por otro lado, censuró la falta de un plazo para que el Ministro de Justicia adoptase su decisión. ( 84 )

62.

En el presente caso, en primer lugar, desde un punto de vista sustantivo, debo señalar que la versión del artículo 69, apartado 1b, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios que constituye el objeto del asunto principal prevé que el CNPJ puede autorizar que un juez continúe en su cargo «si la prórroga está justificada por un interés legítimo de la administración de justicia o un interés social relevante, atendiendo a la utilización racional de la plantilla de los tribunales ordinarios y a las necesidades resultantes de la carga de trabajo de cada tribunal». En comparación con su versión anterior, la disposición en cuestión añade, por tanto, la condición de que la prórroga en el cargo de juez «est[é] justificada por un interés legítimo de la administración de justicia o un interés social relevante».

63.

Ahora bien, dudo que esta nueva puntualización aporte a los criterios en los que se basa la resolución del CNPJ unas precisiones que permitan limitar el margen de apreciación que ha censurado el Tribunal de Justicia. ( 85 )

64.

En segundo lugar, desde un punto de vista procedimental, me parece, de entrada, que, al igual que la normativa anterior, que el Tribunal de Justicia ha censurado, la nueva normativa no establece un plazo en el que el CNPJ deba adoptar su resolución, siendo así que el Gobierno polaco se ha limitado a precisar, en sus observaciones escritas y en la vista, que, a los efectos del artículo 69, apartado 1b, última frase, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, cuando un juez alcanza la edad de jubilación antes de que finalice el procedimiento para prorrogar su mandato, permanece en su cargo hasta que concluya dicho procedimiento.

65.

A continuación, considero que, en la medida en que el artículo 42, apartados 1 y 2, de la Ley del CNPJ se aplica a tales resoluciones, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente, estas se motivarán en un plazo de un mes a contar desde su adopción, lo que, en principio, debería permitir responder a las críticas vertidas a este respecto por el Tribunal de Justicia a propósito de la normativa anterior.

66.

Por último, tal como demuestra el asunto principal, la resolución del CNPJ, al contrario de lo que sucedía conforme a la normativa anterior, puede ser objeto de recurso ante la Sala de Control Extraordinario, ( 86 ) cuya independencia, no obstante, ha sido objeto de numerosas críticas. ( 87 )

67.

Para concluir, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde realizar al órgano jurisdiccional remitente sobre la base de las indicaciones expuestas, dudo de que el mecanismo de autorización, por el CNPJ, de la prórroga en el cargo de los jueces una vez alcanzada la edad legal de jubilación ofrezca garantías suficientes de independencia respecto de los poderes legislativo y ejecutivo, habida cuenta del conjunto de los elementos pertinentes tanto fácticos como jurídicos a propósito tanto de las condiciones en las que se designa a los miembros de este organismo como de la manera en que desempeña concretamente su función.

68.

En consecuencia, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que supedita la eficacia de la declaración de un juez sobre su intención de seguir desempeñando el cargo judicial tras alcanzar la edad legal de jubilación a la autorización de una autoridad cuya falta de independencia frente a los poderes legislativo o ejecutivo está acreditada y que dicta sus resoluciones basándose en criterios vagos y difícilmente verificables.

69.

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, se opone a una norma nacional, como el artículo 69 de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, interpretada en el sentido de que establece la preclusión de una declaración extemporánea de un juez sobre su intención de seguir desempeñando el cargo judicial tras alcanzar la edad legal de jubilación, con independencia de las circunstancias del incumplimiento del plazo de que se trata y de los efectos de dicho incumplimiento.

70.

Quisiera señalar que la normativa nacional en cuestión, en la medida en que incide en la duración del mandato de los jueces de los tribunales ordinarios, está comprendida en el ámbito de aplicación del principio de inamovilidad de los jueces, que es inherente al principio de independencia judicial en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. ( 88 )

71.

Además, en ausencia de normas detalladas a escala de la Unión, la compatibilidad de dicha disposición con el principio de independencia debe examinarse a la luz de los principios de autonomía procesal y de efectividad. ( 89 )

72.

En el presente asunto, debo señalar, como observación previa, que una disposición análoga a la controvertida no fue objeto de críticas por parte de la Comisión en el marco de los asuntos que dieron lugar a las sentencias Independencia del Tribunal Supremo ( 90 ) e Independencia de los tribunales ordinarios. ( 91 )

73.

Pues bien, como señala la Comisión en sus observaciones escritas, unos plazos claros y previsibles para la declaración del juez interesado de su intención de seguir desempeñando su cargo una vez alcanzada la edad legal de jubilación constituyen unos requisitos procedimentales objetivos que pueden contribuir a la seguridad jurídica y a la objetividad de todo el procedimiento de autorización de la continuación del ejercicio de las funciones judiciales. En el presente asunto, debo señalar que el plazo en cuestión, que comienza a contar a partir del momento en que el juez cumple la edad de sesenta y cuatro años y expira seis meses antes de que cumpla la edad de sesenta y cinco años, por una parte, se ha fijado en relación con un acontecimiento perfectamente conocido por el juez del que se trata, a saber, la fecha de su sesenta y cinco cumpleaños y, por otra parte, es lo suficientemente largo como para darle la posibilidad de tomar una decisión razonada sobre la oportunidad de manifestar su voluntad de continuar desempeñando su cargo.

74.

Por lo tanto, por un lado, considero que el efecto de preclusión de este plazo es una exigencia procedimental clara que puede contribuir a la objetividad del procedimiento y a la seguridad jurídica, lo que redunda en beneficio de la buena organización del sistema judicial.

75.

Por otro lado, en lo referente a la imposibilidad de exonerar al juez del cumplimiento del plazo, la cual implica la inadmisibilidad de toda declaración efectuada tras su expiración, quisiera señalar que, en principio, no somete a los jueces a ninguna presión o influencia externa y, además, priva al CNPJ de la posibilidad de ejercer una facultad discrecional.

76.

La única duda que, a mi entender, podría potencialmente plantearse respecto del artículo 69 de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios se refiere al carácter proporcionado de un plazo de preclusión absoluto que no tiene en cuenta, en concreto, los principios de necesidad o de fuerza mayor, siempre que el órgano jurisdiccional remitente confirme este extremo.

77.

Sin embargo, me parece, por una parte, que, en las circunstancias del presente caso, esta situación no deja de ser hipotética, ya que la resolución de remisión no menciona ningún supuesto de fuerza mayor ni ninguna circunstancia extraordinaria que pudiera haber impedido al juez interesado presentar su declaración en plazo ( 92 ) y, por otra parte, que la posible concurrencia de una situación ajena a la voluntad del juez en cuestión que le impidiera respetar el plazo de preclusión, en todo caso, debería ponderarse con las exigencias de la organización de la Administración de Justicia. ( 93 )

78.

Por consiguiente, sin perjuicio de las mencionadas comprobaciones que corresponde realizar al órgano jurisdiccional remitente, no considero que, en las circunstancias del presente asunto, la disposición nacional controvertida vulnere el principio de independencia judicial.

79.

En conclusión, propongo responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional interpretada en el sentido que la declaración extemporánea de un juez sobre su intención de seguir desempeñando el cargo judicial tras alcanzar la edad legal de jubilación es ineficaz, con independencia de las circunstancias del incumplimiento del plazo y de la relevancia de dicho incumplimiento para el procedimiento de autorización de la prórroga en el cargo de juez, siempre y cuando dicha normativa se conforme al principio de proporcionalidad.

80.

A la vista de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) del siguiente modo: