6.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/23

1.1

La obsolescencia programada está vinculada al modelo de producción industrial que necesita una tasa mínima de renovación de sus productos. Aunque esta renovación de los productos puede parecer necesaria, hay que luchar contra algunos abusos. El Comité Económico y Social Europeo establece una clara distinción entre la presencia de defectos calculada deliberadamente y la aceleración de nuestros patrones de consumo. Aunque cabe cuestionar las prácticas de comercialización orientadas a fomentar las innovaciones de peso aun cuando, a menudo, son meramente accesorias, en este dictamen se trata de controlar los casos más flagrantes y de reforzar las garantías para los consumidores. El objetivo consiste en ayudar a reforzar la confianza en nuestras empresas europeas. Las propuestas son de carácter técnico, comercial, normativo, educativo e informativo. Forman parte del marco estratégico para lograr un mejor equilibrio, que sea justo y leal, de la cadena de producción, distribución y consumo.

1.2

El CESE aboga por la prohibición total de los productos cuyos defectos se calculan para provocar el fin de la vida útil del aparato. Estos casos, contados pero flagrantes, como el repercutido por los medios de comunicación de determinadas impresoras concebidas para dejar de funcionar al cabo de un cierto número de utilizaciones, no pueden sino provocar en los ciudadanos desconfianza respecto de las empresas.

1.3

El CESE recomienda a las empresas que faciliten la reparación de sus productos. Ello deberá efectuarse en torno a tres ejes, siendo el primero la posibilidad técnica (por ejemplo, las tabletas electrónicas cuyas baterías están soldadas a la carcasa del aparato para evitar cualquier reparación y obligar a comprar una nueva). A continuación, deberá mantenerse la posibilidad de que los consumidores puedan aprovisionarse de piezas de recambio durante un periodo de cinco años a partir de la adquisición. Por último, al comprar el producto, se debería proporcionar un manual en el que se detallen las posibilidades de reparación y las instrucciones para realizarla. De manera más general, mediante su dictamen el CESE hace un llamamiento a apoyar más decididamente la faceta social y las empresas de reparación. La iniciativa orientada a mejorar la confianza entre la empresa y sus clientes debe considerarse más concretamente en función de las perspectivas de apoyo al empleo que esta pueda generar.

1.4

Excluyendo la opción de una normativa obligatoria, el CESE fomenta las iniciativas voluntarias de certificación. A modo de ejemplo, en el ámbito doméstico, la garantía de reaprovisionamiento de diez o veinte años era un argumento de venta convincente. Esta garantía podría convertirse en una norma europea aplicable a todos los productos consumidos en los 28 países de la Unión para no penalizar a las empresas europeas. De igual modo, los fabricantes podrían comprometerse a publicar datos sobre las averías más frecuentes, puesto que conocen las más recurrentes. Podrían almacenar únicamente esas piezas o comprometerse a fabricarlas por encargo o buscar proveedores de la marca que pudieran producirlas. Ello podría constituir un compromiso fuerte por parte de determinadas empresas de garantizar la fiabilidad de su producto y, más allá de su relación con el consumidor, se correspondería con la idea de certificación voluntaria como compromiso de facilitar aquello que sea necesario para el mantenimiento de los productos y lograr que duren.

1.5

El CESE anima a los Estados a tener en cuenta los parámetros de lucha contra la obsolescencia programada en el marco de su política de contratación pública. Dado el volumen de la contratación pública en los Estados miembros de la Unión Europea (16 % del PIB), incumbe a las autoridades públicas un papel importante, y estas, por otra parte, han de ser ejemplares.

1.6

El CESE considera que la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de los productos manufacturados generaría empleos duraderos en Europa y debe, por tanto, fomentarse. Esta evolución, acompañada de las formaciones adecuadas, contribuiría a superar la crisis que afecta gravemente a los trabajadores europeos.

1.7

El CESE preconiza un etiquetado sobre la duración de vida o el número estimado de utilizaciones de los productos para que el consumidor pueda escoger en el momento de la adquisición con pleno conocimiento de causa. Aboga por experimentar voluntariamente con un etiquetado en el que figure el precio por año estimado en función de la vida útil para fomentar la adquisición de productos sostenibles. A continuación, la previsión de duración de vida que se anuncie debería controlarse para evitar abusos cuya víctima sería el consumidor. Así, el consumidor podrá adquirir productos más caros en el momento de la compra pero más amortizables con el tiempo. Ello incitará, ciertamente, a nuestras empresas a producir objetos más sostenibles. Este etiquetado debería centrarse en la información pertinente que necesita el consumidor y diferenciarse en función de las categorías de productos para evitar efectos de sobreinformación en algunos envases.

1.8

El CESE considera útil establecer un sistema que garantice una duración de vida mínima de los productos adquiridos. Actualmente no existen otras legislaciones sobre la duración de la vida de los productos ni normas europeas que permitan evaluarla. No obstante, empiezan a surgir iniciativas en el marco del etiquetado medioambiental. Las empresas que producen o comercializan un producto deben internalizar las externalidades correspondientes a la asunción de los costes de reciclaje de productos cuya duración de vida sea inferior a cinco años, especialmente si el producto contiene sustancias nocivas para el medio ambiente.

1.9

El CESE propone ampliar el dispositivo de garantías vinculado a la compra mediante una garantía mínima de funcionamiento, de manera que las reparaciones se hagan a cargo del fabricante.

1.10

El consumidor costea en gran medida la reducción de la duración de vida de los productos y las dificultades derivadas de las posibilidades limitadas de reparación. Es el principal afectado por las políticas de aquellas empresas, y de algunos distribuidores que intentan a veces vender ampliaciones de garantías a partir del primer año, aún cuando es obligatoria la garantía de dos años. A menudo, el consumidor parece poco informado en cuanto a sus derechos. Una mejor comunicación, en particular mediante páginas web y redes sociales, podría reforzar la concienciación de los consumidores. Un observatorio europeo de la obsolescencia programada permitiría a los consumidores disponer de una mejor visión de las prácticas así como orientar mejor sus decisiones.

1.11

La concienciación de los consumidores es un requisito previo para el uso adecuado y sostenible de los productos. Además, es importante informar debidamente a los consumidores sobre la duración mínima de la vida de los productos, lo cual es relevante a la hora de tomar decisiones de compra. En tal contexto, sería interesante que se emprendieran iniciativas y actividades comerciales o empresariales con carácter voluntario.

1.12

Al consumidor le asalta a menudo la impresión de tener que afrontar una auténtica jungla legislativa. Aunque existen muchas directivas sobre la obsolescencia programada (prácticas comerciales, residuos, etc.), el conjunto de los textos sobre esta materia parece poco coordinado y debería armonizarse en forma de paquete legislativo.

1.13

El CESE recomienda que los Estados miembros fomenten, sobre todo en la fase de educación, el consumo responsable, para que los consumidores tengan en cuenta el impacto sobre el medio ambiente desde el punto de vista del ciclo de vida del producto, la huella ecológica y la calidad de los productos. El Comité recomienda encarecidamente que los representantes de los consumidores participen más activamente en el debate en curso sobre esta cuestión importante y sensible, lo cual garantizará un enfoque más integral.

1.14

El CESE recomienda a la Comisión Europea que emprenda estudios sobre esta cuestión para aclarar las numerosas informaciones a menudo contradictorias que circulan. Ello permitirá ofrecer una visión objetiva del impacto, en particular económico y social, de la obsolescencia programada, no solo en cuanto a las ventajas que se le atribuyen en términos tanto de rotación de las ventas de productos como de empleo y balanza comercial.

1.15

El CESE propone organizar en 2014 una gran mesa redonda europea sobre este tema. Esta mesa redonda reunirá a todas las partes interesadas en este ámbito: fabricantes, agentes financieros, distribuidores, sindicatos, asociaciones de consumidores, ONG, agencias de normalización, expertos, etc. Además, debería ser multisectorial para no limitarse solo a algunos sectores industriales. Por último, deberá completarse con un foro abierto a los ciudadanos de la Unión Europea, todo ello desde una perspectiva de fomento de una participación pública lo más amplia posible, figurando las redes sociales entre los canales de participación que se ha de privilegiar.

1.16

Con carácter más general, el CESE recomienda acelerar la investigación y las realizaciones en torno a tres ejes que constituyen frenos a la obsolescencia programada:

1.17

Mediante el mensaje que emite a nivel europeo, el CESE expresa su deseo de entrar en una fase de transición económica para pasar de una sociedad de despilfarro a una sociedad sostenible y para que el crecimiento se oriente de tal modo que pueda responder a las necesidades de los consumidores desde una perspectiva ciudadana en lugar de considerarse un mero objetivo en sí mismo.

2.1

La obsolescencia programada es una cuestión preocupante por diversas razones: dado que disminuye la duración de la vida de los productos de consumo, hace que aumente el consumo de recursos así como la cantidad de residuos que hay que procesar al final de la vida de los productos. Multiforme, se emplea para estimular las ventas y sostener el crecimiento económico al crear necesidades incesantes y circunstancias deliberadas que impiden la reparación de los bienes de consumo.

2.2

Consecuencia: el despilfarro de los recursos y la contaminación aberrante que se generan son tales que la sociedad civil y algunos representantes políticos contrarios a estas prácticas se están organizando para poner de relieve y combatir las incoherencias del sistema (acciones colectivas o «class actions» en Estados Unidos contra Apple, denuncia presentada en Brasil, proyecto de ley en Bélgica y Francia a principios de 2013).

2.3

Habitualmente se diferencian varios tipos de «obsolescencia programada» partiendo de la definición de obsolescencia como «la depreciación de un material o equipo antes de que se produzca su desgaste material» (diccionario: Le Petit Larousse) hasta el punto que se deprecia y caduca por razones independientes de su desgaste físico, aunque vinculadas al progreso técnico, a la evolución de los comportamientos, a la moda, etc.

2.4

Cabe distinguir varias formas de obsolescencia:

2.5

Aún no se han alcanzado un consenso definitivo al respecto. Este abanico de matices en cuanto a las definiciones demuestra hasta qué punto es necesario definir el concepto en su conjunto y adoptar medidas diferenciadas en función de los factores objetivos (técnicos) y de los factores subjetivos (influencia de la moda, comercialización de nuevos productos) de la obsolescencia. Puede haber productos cuyo carácter efímero represente una ventaja medioambiental. Por otra parte, la obsolescencia depende también del comportamiento de los consumidores.

2.6

El CESE considera aquilatado el enfoque que preconiza. No se trata de intentar alargar uniformemente la duración de vida de todos los productos, sino de razonar en función del uso de estos. De igual modo, se da preferencia a una orientación hacia la optimización de estos usos, teniendo en cuenta que tal optimización no implica prolongar ineluctablemente la duración de vida. El CESE desea contribuir a mejorar la percepción de la fiabilidad de los productos de las empresas europeas.

2.7

Las razones por las cuales la Unión Europea tiene que abordar la cuestión de la obsolescencia programada son múltiples y de carácter medioambiental, social, sanitario y cultural, aunque también económico. Se han de tener en cuenta también otros aspectos más intangibles, pero igualmente importantes, a saber los simbólicos y éticos.

2.8

Desde el punto de vista medioambiental, actualmente, nuestro consumo anual de materias primas es de aproximadamente 60000 millones de toneladas, lo que equivale a cerca de un 50 % más de recursos naturales que hace 30 años. Así, cada europeo consume 43 kilos de recursos al día, frente a diez kilos por africano. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) considera, basándose en los niveles conocidos en 1999, «que con una tasa de crecimiento anual de su producción primaria del 2 %, las reservas de cobre, plomo, níquel, plata, estaño y cinc no durarían más de 30 años, y las de aluminio y hierro entre 60 y 80 años. Por otra parte, cada año se generan en Europa (datos de 2012) diez millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), volumen que podría alcanzar los doce millones en 2020. Junto con las políticas de reciclaje e innovación, las políticas de recuperación consagradas por la nueva Directiva que entró en vigor el 13 de agosto de 2012 deben fomentarse paralelamente a la lucha contra la obsolescencia programada.

2.9

Desde el punto de vista social, la obsolescencia programada plantea tres tipos de problemas. En primer lugar, en un contexto de crisis, las lógicas derivadas de la obsolescencia programada de los bienes de consumo se integran en la dinámica de compra a crédito y en tasas de endeudamiento nunca alcanzadas hasta ahora. Las personas que más sufren por la obsolescencia son las que pertenecen a categorías sociales desfavorecidas que no pueden pagar más por productos sostenibles y se contentan, a menudo, con productos de baja gama más frágiles. A continuación, el nivel de empleo de las empresas de reparación puede sufrir las consecuencias negativas de la obsolescencia programada. Los datos que contiene el informe de la ADEME de 2007) (1) confirman esta tendencia: solo se repara el 44 % de los aparatos que se averían. En cuanto a los aparatos que ya no están bajo garantía, los distribuidores estiman que el 20 % de las intervenciones dan lugar a una reparación. El estudio de la ADEME de 2010 demuestra también una disminución significativa de la actividad de reparación en Francia entre 2006 y 2009, especialmente marcada en el caso de los electrodomésticos. El sector de las empresas de reparación presenta la ventaja de no poder deslocalizarse y de ofrecer mayoritariamente empleos estables.

2.10

Las consecuencias en materia de salud pública no son desdeñables y son de dos tipos, a saber: directas, ya que la incineración incide en las poblaciones aledañas dada la toxicidad de los componentes electrónicos y tiene, por otra parte, un alcance internacional. En efecto, la falta de infraestructuras que permitan tratar los residuos informáticos es tal que muchos productos inservibles se exportan ilegalmente a regiones del mundo en las que los vertidos se hacen a un coste inferior, pero con múltiples consecuencias para la población local (por ejemplo, en Ghana, dónde se extrae de los residuos chatarra que se envía Dubai o a China). Muchos de estos residuos se envían a países del Sur en dónde plantean problemas de salud medioambiental).

2.11

Otras consecuencias son de carácter cultural. Según determinados estudios, la duración de vida media de los electrodomésticos es de seis a ocho años, mientras que hace veinte años oscilaba entre diez y doce años. Los consumidores pueden plantearse legítimamente interrogantes sobre la reducción de la vida útil de los productos pese a que por todas partes se ensalza la innovación. La confianza de los ciudadanos europeos en su industria se construye a largo plazo y se ve socavada por la obsolescencia. Ahora que casi todas las encuestas de opinión indican un distanciamiento máximo entre los europeos y su industria, es evidente que la constatación por los consumidores de averías prematuras o de la imposibilidad de efectuar una reparación no puede ayudar a que se reconcilien con la empresa de que se trate. Ello contribuye a explicar que el 92 % de los europeos (2) soliciten un etiquetado sobre la duración de vida (o el número de utilizaciones) de los productos. La competitividad de las empresas europeas requiere también recuperar la confianza de los consumidores en las empresas.

2.12

Por último, las consecuencias son igualmente económicas. La gran mayoría de las empresas puestas en entredicho pertenecen al sector de la alta tecnología, cuyos productos se importan con frecuencia en Europa. Al abordar esta cuestión, la Unión Europea brinda a estas empresas una ocasión para diferenciarse mediante la práctica efectiva de la sostenibilidad.

2.13

El Comité Económico y Social Europeo no olvida otros aspectos más inmateriales pero igualmente importantes. Desde el punto de visto simbólico, aunque el conjunto de nuestros trabajos desarrollados en el espíritu de Río+20 se caracteriza por la importancia que otorgamos al desarrollo sostenible, reconocemos que la obsolescencia programada debe abordarse, por definición, como una faceta del desarrollo sostenible en el sentido que lo promovemos. En cuanto al lugar que reservamos a la ética en nuestras sociedades, nos resulta difícil aceptar que se encomiende a determinados ingenieros la tarea de poner a punto productos caracterizados por un envejecimiento acelerado o que publicistas lancen campañas para incitar a los consumidores a comprar productos aun sabiendo que no aumentarán su nivel de satisfacción.