a)

participar en los esfuerzos para hacer de Internet una importante herramienta para la potenciación del papel de los usuarios, un entorno que permita la evolución de los enfoques «verticales» y de la e-democracia y, al mismo tiempo, garantizar que se establecen salvaguardias significativas a medida que se desarrollan en este ámbito nuevas formas de control y de censura; la libertad y la protección de la vida privada de que gozan los usuarios de Internet tienen que ser reales y no ilusorias;

b)

reconocer que Internet puede ser una oportunidad extraordinaria para mejorar la ciudadanía activa y que, en este sentido, el acceso a las redes y a los contenidos es uno de los elementos clave; recomendar que esta cuestión se siga desarrollando sobre la base de la hipótesis de que todo el mundo tiene derecho a participar en la sociedad de la información y que las instituciones y las partes interesadas, en todos los niveles, tienen la responsabilidad general de contribuir a ello, para lo que hay que hacer frente a los dos nuevos desafíos del analfabetismo electrónico y la exclusión democrática en la era electrónica (12);

c)

instar a los Estados miembros a que respondan a una sociedad cada vez más consciente de la información y a que encuentren la manera de proporcionar más transparencia a la toma de decisiones mediante un mayor acceso de los ciudadanos a la información almacenada por los gobiernos con el fin de que los ciudadanos puedan sacar provecho de dicha información; aplicar el mismo principio a su propia información;

d)

garantizar, junto con otros actores relevantes, que la seguridad, la libertad de expresión y la privacidad, así como la apertura en Internet, no se plantean como objetivos contrapuestos, sino que se abordan simultáneamente en un panorama global que responda adecuadamente a todos estos imperativos;

e)

garantizar que los derechos legales de los menores a ser protegidos de toda lesión, como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y como se refleja en las decisiones de la UE, se reflejen plenamente en todas las acciones, instrumentos o decisiones relativos al refuerzo de la seguridad y la libertad en Internet;

f)

pedir a la Presidencia del Consejo y a la Comisión que reflexionen sobre una estrategia global para luchar contra la ciberdelincuencia, de conformidad, entre otras cosas, con el Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia, incluida la forma de abordar la cuestión de la usurpación de la identidad a escala de la UE, en cooperación con los proveedores de servicios Internet y con las organizaciones de usuarios, así como con las autoridades policiales que se ocupan de la ciberdelincuencia, y que presenten propuestas para lanzar campañas de sensibilización y prevención y, al mismo tiempo, garantizar un uso de Internet seguro y libre para todos; pedir la creación de una ventanilla de ayuda para las víctimas de la usurpación de la identidad;

g)

fomentar la reflexión sobre la necesaria cooperación entre los sectores público y privado en este ámbito y el refuerzo de la cooperación policial, junto con la formación necesaria para las autoridades policiales y judiciales; reconocer la necesidad de compartir las responsabilidades y las ventajas de la corregulación y la autorregulación como alternativas eficientes o instrumentos complementarios a la legislación tradicional;

h)

garantizar que la labor emprendida en el marco del proyecto «Check the Web» y las recientes iniciativas destinadas a mejorar la circulación de la información sobre la ciberdelincuencia, incluida la creación de plataformas nacionales de alerta y una plataforma de alerta europea para informar sobre los delitos cometidos por Internet (creación de una plataforma europea para la ciberdelincuencia por parte de Europol), sean necesarias, proporcionadas y adecuadas y vayan acompañadas de todas las salvaguardias necesarias;

i)

instar a los Estados miembros a que actualicen la legislación en materia de protección de los menores que utilizan Internet, incluyendo en particular, el delito de «grooming» (captación de menores en línea con fines sexuales), de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007;

j)

fomentar programas para proteger a los niños y formar a sus padres, como establece la legislación de la UE con respecto a los nuevos ciberpeligros, y ofrecer una evaluación de impacto de la eficacia de los programas existentes hasta la fecha, teniendo especialmente en cuenta los juegos en línea fundamentalmente destinados a los niños y los jóvenes;

k)

alentar a todos los fabricantes de ordenadores de la UE a que preinstalen programas informáticos de protección de los niños que puedan activarse con facilidad;

l)

proceder a la adopción de la directiva sobre medidas penales destinadas a la aplicación de los derechos de propiedad intelectual tras una evaluación, a la luz de la innovación e investigación contemporáneas, de la medida en que son necesarias y proporcionadas, a la vez que, para el logro de ese objetivo, se prohíben el control y la vigilancia sistemáticos de todas las actividades de los usuarios en Internet, y se garantiza que las sanciones sean proporcionadas a las infracciones cometidas; en este contexto, respetar asimismo la libertad de expresión y de asociación de los usuarios individuales y luchar contra la incitación a la ciberviolación de los derechos de propiedad intelectual, incluidas algunas restricciones excesivas de acceso impuestas por los propios titulares de la propiedad intelectual;

m)

garantizar que la expresión de opiniones políticas controvertidas a través de Internet no esté sujeta a la acción penal;

n)

garantizar que no haya leyes o prácticas que restrinjan o criminalicen el derecho de los periodistas y los medios de comunicación a recabar y divulgar información a efectos de cobertura de las noticias;

o)

considerar que la «identidad digital» se está convirtiendo en parte integrante de nuestro «yo» y, por lo tanto, merece protección adecuada y eficaz contra las intrusiones de agentes privados o públicos, por lo que el conjunto particular de datos que está orgánicamente vinculado a la «identidad digital» de un individuo debe definirse y protegerse, y todos sus elementos deben ser considerados derechos personales, no económicos, no negociables e inalienables; tener debidamente en cuenta la importancia del anonimato, del uso de pseudónimos y del control de los flujos de información para la intimidad, y el hecho de que los usuarios deben contar con los medios para protegerse eficazmente, por ejemplo, a través de diversas tecnologías de protección de la intimidad (PET), y recibir formación al respecto;

p)

garantizar que los Estados miembros que interceptan y controlan el tráfico de datos, tanto el creado por sus propios ciudadanos como el tráfico de datos desde el exterior, lo hagan en las condiciones y con las garantías estrictas previstas por la ley; pedir a los Estados miembros que se aseguren de que las búsquedas remotas, en caso de estar previstas por la legislación nacional, se llevan a cabo de conformidad con una orden de registro válida expedida por las autoridades judiciales competentes; subrayar que los procedimientos simplificados para llevar a cabo búsquedas remotas, en comparación con las búsquedas directas, son inaceptables, ya que vulneran el Estado de Derecho y el derecho a la intimidad;

q)

reconocer el peligro de determinadas formas de vigilancia y control de Internet destinadas a seguir cada paso «digital» de una persona, con el objetivo de ofrecer un perfil del usuario y asignar «puntuaciones»; dejar claro que estas técnicas siempre se deberán evaluar en función de su necesidad y proporcionalidad a la luz de los objetivos que pretenden alcanzar; subrayar asimismo la necesidad de una mayor sensibilización y del consentimiento informado de los usuarios con respecto a sus actividades en Internet que impliquen la difusión de sus datos personales (por ejemplo, en el caso de las redes sociales);

r)

instar a los Estados miembros a que identifiquen a todas las entidades que llevan a cabo una vigilancia de la red y a que elaboren informes anuales sobre la vigilancia de la red accesibles al público, garantizando de este modo la legalidad, proporcionalidad y transparencia;

s)

examinar y prescribir límites al «consentimiento» que los gobiernos o empresas privadas pueden solicitar y conseguir de los usuarios para que renuncien a parte de su intimidad, ya que existe un claro desequilibrio entre usuarios e instituciones en cuanto a poder de negociación y conocimientos;

t)

fijar límites, definir y regular los casos en los que una empresa privada de Internet puede verse obligada a comunicar datos a las autoridades gubernamentales; garantizar que el uso de dichos datos por parte de los gobiernos esté sujeto a normas muy estrictas de protección de datos; establecer un control y una evaluación eficaces de dicho proceso;

u)

subrayar la importancia del derecho de los usuarios de Internet a pedir la supresión permanente de sus datos personales ubicados en sitios Internet o en cualquier medio de almacenamiento de datos de un tercero; garantizar que los proveedores de servicios Internet, los proveedores de comercio electrónico y las empresas de servicios de información respetan la decisión de los usuarios; garantizar que los Estados miembros prevén el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos de acceder a sus datos personales, incluida, cuando proceda, la supresión de esos datos o su retirada de los sitios web;

v)

condenar la censura impuesta por los gobiernos a los contenidos que pueden obtenerse con la búsqueda en sitios Internet, especialmente si se tiene en cuenta que dichas restricciones pueden tener un efecto paralizante en el discurso político;

w)

pedir a los Estados miembros que procuren que la libertad de expresión no sea objeto de restricciones arbitrarias por parte de la esfera pública o privada, y que se abstengan de medidas legislativas o administrativas que puedan tener un efecto paralizante en todos los aspectos de la libertad de expresión;

x)

recordar que la transferencia de datos a terceros países tiene que hacerse de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y en la Decisión Marco 2008/977/JAI;

y)

subrayar que el desarrollo del «Internet de las cosas» y el uso de los sistemas de identificación por radiofrecuencia no deben ir en detrimento de la protección de los datos y de los derechos de los ciudadanos;

z)

pedir a los Estados miembros que apliquen correctamente la Directiva 95/46/CE relativa a los datos personales en relación con Internet; recordar a los Estados miembros que esta Directiva, en especial el artículo 8, se aplica independientemente de la tecnología utilizada para el tratamiento de los datos personales y que sus disposiciones exigen que los Estados miembros establezcan el derecho a un recurso judicial y a una indemnización por su incumplimiento (artículos 22, 23 y 24);

aa)

fomentar la incorporación de los principios fundamentales de la «Carta de los derechos en Internet» en el proceso de investigación y desarrollo de instrumentos y aplicaciones relacionados con Internet, y la promoción de la «privacidad mediante el diseño», principio según el cual la intimidad y la protección de los datos se deben introducir tan pronto como sea posible en el ciclo de vida de los nuevos avances tecnológicos, garantizando a los ciudadanos un entorno favorable a los usuarios;

ab)

respaldar y solicitar la participación activa del Supervisor Europeo de Protección de Datos y del Grupo de Trabajo del artículo 29 en el desarrollo de la legislación europea relativa a las actividades de Internet con impacto potencial en la protección de datos;

ac)

exhortar a todas las partes que intervienen en Internet a que participen en el proyecto en curso de la «Carta de los derechos en Internet», basada en los derechos fundamentales existentes, que promueve su aplicación y fomenta el reconocimiento de los nuevos principios; en este sentido, la coalición dinámica sobre la Carta de los derechos en Internet tiene un papel de liderazgo que desempeñar;

ad)

procurar, en este contexto, que se tenga en cuenta una iniciativa con la multiplicidad de partes interesadas, a todos los niveles y orientada a procesos, junto con una combinación de iniciativas mundiales y locales, con el fin de especificar y proteger los derechos de los usuarios de Internet y, con ello, garantizar la legitimidad, fiabilidad y aceptación del proceso;

ae)

reconocer que el carácter abierto y global de Internet requiere normas mundiales para la protección de datos, la seguridad y la libertad de expresión; en este contexto, pedir a los Estados miembros y a la Comisión que tomen la iniciativa para elaborar dichas normas; acoger con satisfacción la Resolución sobre la necesidad urgente de proteger la intimidad en un mundo sin fronteras y de alcanzar una propuesta conjunta para el establecimiento de estándares internacionales sobre privacidad y protección de datos personales, aprobada por la 30 a Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad, celebrada en Estrasburgo del 15 al 17 de octubre de 2008; pedir a todas las partes interesadas de la UE (tanto públicas como privadas) que participen en esta reflexión;

af)

subrayar la importancia de desarrollar una verdadera ágora electrónica de la web donde los ciudadanos de la Unión puedan llevar a cabo un debate más interactivo con los encargados de formular políticas y otras partes interesadas institucionales;

ag)

fomentar la participación activa de la UE en diferentes foros internacionales que se ocupan de los aspectos globales y locales de Internet, tales como el Foro para la Gobernanza de Internet (IGF);

ah)

participar, junto con todos los actores de la UE, en la creación de un IGF europeo que haga balance de la experiencia adquirida por los IGF nacionales, funcione como polo regional, y transmita con mayor eficacia al próximo IGF internacional las cuestiones, posiciones y preocupaciones a escala europea;