15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/22

1.1

El Comité Económico y Social Europeo acoge favorablemente y apoya los objetivos y las medidas propuestas por la Comisión Europea. La eficiencia energética es el primer ámbito de acción, y el más importante, para lograr los objetivos previstos en el marco del plan de acción europeo en el ámbito de la energía. Estos objetivos consisten en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de luchar contra el calentamiento anormal del planeta, reducir la dependencia energética frente al extranjero y defender la competitividad de la Unión Europea, manteniendo el acceso a la energía a precios razonables.

1.2

El Comité opina que este objetivo es realista, en particular a la luz del reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEC), y considera necesario hacer todo lo posible por reducir el consumo energético y realizar ahorros de energía superiores al 20 %, lo cual es técnicamente factible. Para lograr este objetivo, deberá acompañarse de planes nacionales diferentes, en función de las condiciones financieras y tecnológicas de partida, que permitan garantizar un reparto equitativo de los objetivos entre los Estados miembros, según el potencial de cada uno. Convendrá, asimismo, fijar objetivos intermedios, por ejemplo para 2012 y 2016, con el fin de poder reforzar las medidas en caso de que se observen divergencias significativas.

1.3

El Comité considera oportuno sugerir a la Comisión la apertura de un debate específico sobre los «estilos de vida» y lo que se entiende por «calidad de vida». El Comité pregunta a la Comisión si considera que es realista mantener en el futuro, para las próximas generaciones, el mismo estilo de vida, con un aumento cada vez mayor tanto del consumo como de las emisiones. Concienciarnos de que eso no es posible implica un reto que sólo podemos superar con una acción decidida, valiente y a su debido tiempo. Se trata también de admitir que el ahorro de energía, en caso de estar asociado a un aumento inmediato del poder adquisitivo de la población, no debe servir para financiar un consumo posterior por el efecto «rebote».

1.4

El Comité propone añadir una acción prioritaria suplementaria: elaborar redes de distritos de calefacción y refrigeración, que permitirían evitar una pérdida del 33 % debida a la transformación de la energía primaria.

1.5

El Comité recomienda que se adopten acciones prioritarias positivas, que favorezcan la aparición y el desarrollo de nuevas profesiones vinculadas al sector de la eficiencia energética, la difusión de nuevos servicios integrados para la energía, la valorización de la I+D, el desarrollo del reciclaje y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que también brindan numerosas oportunidades de empleo, así como la promoción de acciones en materia de responsabilidad social de las empresas. Es de suma importancia que se incentive la elaboración de estudios de energética en el ámbito de la educación superior y universitaria.

1.6

La realización de las 75 iniciativas previstas en el plan de acción, así como el control y la evaluación de la eficacia del conjunto de los instrumentos propuestos, hacen necesario reforzar el personal de la Comisión que se encargue de llevar a cabo estas actividades. El Comité recomienda realizar un análisis preciso de las necesidades y adaptar consiguientemente los recursos humanos y financieros.

1.7

El Comité considera necesario reforzar la capacidad de la Unión para hablar con una sola voz en sus relaciones internacionales en lo que se refiere a la eficiencia energética. A tal fin, recomienda que la Comisión examine si es necesario modificar los Tratados para disponer de una representación común exterior más fuerte, sin menoscabar la autonomía de los Estados miembros a la hora de optar por la combinación energética más adaptada a sus exigencias.

1.8

Por lo que se refiere a las políticas fiscales destinadas a apoyar las inversiones que permitirán realizar los objetivos contenidos en el plan de acción, el Comité recomienda que tengan en cuenta las capas sociales más débiles, los desempleados, los jubilados y los trabajadores. Estos grupos sociales deberán ser protegidos, tanto en el caso de las «tasas energéticas» como de los incentivos fiscales.

1.9

El Comité lamenta la insuficiente coordinación entre las políticas de transporte y energía, que responden a una lógica y a problemáticas técnicas e industriales necesariamente complementarias, junto a las políticas medioambiental e industrial, y teme que, a falta de esta coordinación, el documento de la Comisión pierda gran parte de su eficacia potencial.

1.10

La vivienda constituye el ámbito de intervención más importante. Los ahorros que se pueden realizar en este campo son muy importantes, siempre y cuando se traten con claridad determinados aspectos fundamentales, como la drástica reducción de las cargas fiscales aplicables a las intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, la suspensión de las cargas administrativas (licencias, permisos) y la mejora de los conocimientos y de la formación de los operadores, recurriendo, en particular, al apoyo público. Las viviendas que reciban un certificado energético deberían poder beneficiarse de un tratamiento fiscal privilegiado o, a falta de ingresos imponibles del propietario, se les debería conceder una prima energética para la compra de electricidad. Se deberían prever tarifas preferentes aplicables hasta un determinado nivel de consumo anual. Es necesario ofrecer a todos los trabajadores del sector de la construcción formación encaminada a alcanzar unos niveles mucho más elevados de eficiencia energética en esta actividad y establecer nuevos incentivos a tal fin.

1.11

El Comité considera que la financiación de las inversiones necesarias debería repartirse entre los sectores público y privado. Vistos los ejemplos positivos de algunos Estados miembros, se podría generalizar la creación de fondos específicos, constituidos por una pequeña parte de los beneficios realizados por las empresas de ese sector, evitando, sin embargo, que ello se traduzca en un aumento de las tarifas aplicadas a los consumidores finales o en una disminución de las ingentes inversiones necesarias en el ámbito de la producción.

1.12

El Comité considera imprescindible que participen en este enorme desafío la sociedad civil y las organizaciones patronales, sindicales y medioambientales. Teniendo en cuenta que los usuarios finales son los principales consumidores de energía, sólo se podrán lograr resultados apreciables si se adoptan comportamientos colectivos y si se amplían la toma de conciencia y la información. La vivienda, los medios de transporte privados y las actividades laborales requieren la participación directa de los ciudadanos. Es fundamental impartir una educación que fomente un «consumo energético responsable», desde los primeros años de la escolaridad. Toda la sociedad debe comprometerse y sumarse a este esfuerzo, que también representa y debe convertirse para todos en el símbolo de una nueva civilización. Cada ciudadano europeo debe sentirse partícipe de este esfuerzo por ahorrar energía, que permitirá a las futuras generaciones disfrutar de los recursos naturales que hoy en día se encuentran gravemente amenazados por la contaminación y el consiguiente cambio climático.

1.13

El Comité destaca los efectos positivos obtenidos por la industria de los aparatos electrodomésticos gracias al etiquetado. Demuestran la eficacia de este método los ahorros, que pueden alcanzar hasta un 70 % para los frigoríficos y un 60 % para las lavadoras. El Comité pide que el ejemplo del diseño ecológico se extienda al sector de los edificios públicos, la vivienda, el transporte colectivo y privado; es decir, a todos los sectores caracterizados por una tasa de consumo energético muy elevada (más del 70 % del consumo total).

1.14

El Comité recomienda que se preste una gran atención a la ineficiencia en los ámbitos de la producción, la transmisión y la distribución de la energía. Más de un tercio de la energía se pierde, lo que representa 480 Mtep. Con la transmisión de corriente continua y alta tensión, las pérdidas se reducen de más del 10 % al 3 % por cada 1 000 km de red. Además, la transmisión en corriente continua presenta ventajas en términos de exposición de la población a campos eléctricos y magnéticos, y elimina la emisión de ondas electromagnéticas extremadamente bajas (ELF: Extremely Low Frequency), generadas por el transporte en corriente alterna.

1.15

Dados los excelentes resultados que se están obteniendo actualmente en el campo de la energía solar termodinámica, el Comité pide a la Comisión y al Consejo que fomenten y apoyen el desarrollo de esta tecnología.

1.16

El Comité se adhiere al objetivo de la Comisión de reforzar el desarrollo de las instalaciones de cogeneración, aunque considera que es necesario acelerar la aprobación de normas únicas para evaluar la eficacia de estas instalaciones. El Comité considera que sería útil invertir en programas de desarrollo de la trigeneración, que también pueden alimentarse gracias a la biomasa. Convendría favorecer las instalaciones de microgeneración (Directiva 2004/8/CE — Unidades con una potencia instalada inferior a los 50 kWe), permitiéndoles participar en los programas de fomento del ahorro de energía y protección del medio ambiente, e integrándolas en mayor medida en las redes nacionales, en el marco del desarrollo de la producción distribuida. Es necesario, sin embargo, apoyar a las empresas para que puedan sufragar los costes suplementarios que implica este sistema para adaptar las actuales redes de transmisión.

1.17

Los mercados del gas y la electricidad aún no se han liberalizado completamente. Es necesario conseguir que las empresas que gestionan los monopolios técnicos se disocien jurídicamente de las que ejercen sus actividades en régimen de libre competencia.

1.18

El Comité estima interesante que se utilicen contadores electrónicos, que permiten emplear un sistema de telegestión de la distribución de energía y optimizar la gestión de las cargas en las redes. Dichos contadores se consideran instrumentos idóneos conformes con los requisitos previstos por las directivas europeas en materia de eficiencia energética.

1.19

El sector de los transportes ha dedicado muchos esfuerzos a la reducción del consumo y de las emisiones contaminantes. Sin embargo, el continuo aumento de las emisiones de CO2, debido, en particular, al desarrollo del transporte privado, aunque también de cualquier otro tipo de transporte, requiere realizar un esfuerzo aún más importante (entre 1990 y 2004, las emisiones provocadas por el transporte por carretera aumentaron en un 26 %). La Comisión está procediendo a una cuidadosa evaluación del impacto de la definición por la vía reglamentaria de las modalidades para alcanzar el objetivo de 120 g de CO2/km. El Comité recomienda que se tomen todas las medidas necesarias para lograr este objetivo, siempre y cuando dichas medidas sean razonables y viables, desde el punto de vista técnico y de la producción.

1.20

El Comité considera oportuno señalar que con la sustitución masiva de combustibles fósiles por biocarburantes se corre el riesgo de que en la asignación de los terrenos fértiles tengan que competir la producción de combustible y la de productos alimenticios, lo que provocaría un aumento del precio de estos últimos, que se alinearían sobre el precio de los productos energéticos, cuyo precio depende, a su vez, del de los combustibles fósiles. Ello significaría crear una competencia entre la población desfavorecida de los países del sur que pasa hambre y los automovilistas del norte del planeta (1).

1.21

El Comité apoya sin reservas los incentivos y las estrategias financieras y fiscales propuestas por la Comisión; aprecia, en particular, la participación del BEI y del BERD, así como los esfuerzos de sensibilización del sistema bancario europeo para incitarle a prestar el apoyo financiero necesario para realizar los planes energéticos nacionales. El Comité desea que se organice una conferencia europea dedicada específicamente a la financiación de la eficiencia energética, al objeto de sensibilizar a las partes interesadas y promover la participación del sistema bancario europeo en la realización de un gran proyecto de modernización de la economía europea.

1.22

El Comité respalda la creación de un «Pacto entre alcaldes», pero considera que reunir solamente a las veinte primeras ciudades europeas es un objetivo muy modesto. El objetivo debería ser mucho más ambicioso y convendría valorizar en mayor medida las experiencias locales. La creación de un portal Internet específico o de otras formas de comunicación dedicadas al intercambio de experiencias entre las grandes, medianas y pequeñas ciudades de la Unión, en las que se concentra más del 80 % de la población europea, podría constituir un instrumento muy útil para poner en contacto a los responsables de las administraciones locales encargados de las políticas de transporte urbano con los responsables de las actividades de proximidad, que tienen repercusiones inmediatas en la opinión pública.

1.23

El Comité lamenta que el plan de acción no tenga en cuenta el importante papel que pueden desempeñar los interlocutores sociales y el diálogo social en todos los niveles, con el fin de evaluar, promover y desarrollar políticas de ahorro de energía. El Comité espera que la Comisión se esfuerce por impulsar la inclusión de los temas de sostenibilidad medioambiental en las estructuras existentes de diálogo social en los distintos niveles y, en particular, en los niveles sectoriales y en los comités de empresa europeos. Además, las organizaciones sindicales pueden desempeñar un papel fundamental en el ámbito del conocimiento y la toma de conciencia, tanto a nivel europeo como nacional, contribuyendo así a difundir las buenas prácticas.

1.24

Es importante que el tema del ahorro de energía se asocie a las buenas prácticas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y, en particular, de las multinacionales, lo que requiere un diálogo social reforzado para tratar todas las cuestiones vinculadas a la eficiencia energética.

1.25

La Comisión hace especial hincapié en la dimensión internacional de la cuestión de la mejora de la intensidad energética. El Comité es favorable a las propuestas de asociación y a la elaboración de un acuerdo marco internacional. En el marco de la conferencia internacional sobre la eficiencia energética, el Comité recomienda que se aproveche la oportunidad para hacer participar a los países incluidos en los programas ACP, Euromed y PEV. Para afrontar el reto del desarrollo sostenible, la cooperación internacional se hace imprescindible; convendría intensificar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar antes de 2009 un nuevo protocolo internacional post-Kioto aprovechando que este año se inaugura una conferencia en Bali.

2.1

La Comisión elaboró la Comunicación titulada Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial en respuesta al mandato otorgado por el Consejo Europeo en la primavera de 2006, que había aprobado las indicaciones contenidas en el Libro Verde Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura.

2.2

Resumiendo, el objetivo de las propuestas presentadas en la Comunicación es conseguir de aquí a 2020 un ahorro de energía de más del 20 % respecto a los niveles de consumo previstos, partiendo de una tasa de crecimiento dada del PIB y en ausencia de otras intervenciones. Si se consigue llevar a cabo el plan de acción, habría que ahorrar hasta 390 Mtep al año, y las emisiones de CO2 deberían reducirse en 780 Mt/año. En términos de consumo absoluto, las medidas propuestas deberían garantizar una contracción del consumo del 1 % al año, frente a un aumento del PIB del 2,3 % lo que, a falta de otras intervenciones, correspondería a un crecimiento anual del consumo del 0,5 %. Las inversiones necesarias se deberían compensar con ahorros en combustible por un valor de unos 100 000 millones de euros al año.

2.3

A raíz del debate suscitado por el «Libro Verde sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con menos», se elaboró una serie de propuestas que constituyen un «paquete» complejo y articulado de la Comunicación objeto de examen, que consta de 75 medidas en todos los ámbitos en los que se podrían realizar ahorros. Los ámbitos en los que es preciso intervenir con prioridad son los del sector de la construcción y el transporte, que son los que consumen la mayor parte de los productos petrolíferos, aunque es preciso conceder la misma importancia al ahorro que se pueda realizar en la producción, el transporte y la transformación de la energía, así como en la industria.

2.4

El plan elaborado por la Comisión prevé, por una parte, una serie de acciones que habrán de realizarse inmediatamente y, por otra, medidas que deberán ponerse en marcha gradualmente, en un plazo de seis años. Se ha previsto ya que para alcanzar el objetivo del 20 % de ahorro para 2020 será necesario elaborar otro plan de acción.

2.5

El examen del potencial de ahorro pone de manifiesto unos resultados potenciales interesantes en los sectores de usos finales, partiendo del 25 % que podría lograrse en la industria manufacturera, en particular en el ámbito de los equipos periféricos (motores, ventiladores y alumbrado); pasando por el 26 % que se podría alcanzar en el sector del transporte, potenciando la comodalidad y el cambio a otros modos de transporte, de acuerdo con la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte, para llegar al 27 % en el sector de la vivienda, gracias, por ejemplo, al aislamiento de paredes y tejados, al alumbrado y a la mayor eficiencia energética de los electrodomésticos; mientras que para los edificios comerciales el ahorro podría alcanzar un 30 %, gracias a la mejora global de los sistemas de gestión de la energía.

2.6

Se espera que la combinación de los cambios estructurales, los efectos de las políticas anteriores y la adopción de nuevas tecnologías permita obtener mejoras en la intensidad energética equivalentes al 1,8 % al año (470 Mtep/año), lo que significa que si se alcanza el 20 % esperado con las nuevas medidas propuestas, que en el período 2005-2020 representa un 1,5 % al año (390 Mtep/año), la reducción energética global debería poder alcanzar un 3,3 % al año. Con un crecimiento esperado del PIB del 2,3 % al año se lograría, pues, un ahorro global de energía del 1 % al año.

2.7

El plan de acción permitirá obtener beneficios en el ámbito de la protección del medio ambiente, la reducción de la importación de combustibles fósiles — con la consiguiente disminución de nuestra dependencia con respecto a terceros países — y la mejora de la rentabilidad y competitividad de la industria europea, en particular mediante la innovación tecnológica, que se verá estimulada por los procesos inducidos, lo cual repercutirá positivamente en el empleo.

2.8

El plan está estructurado en torno a diez acciones prioritarias y urgentes, pero la Comisión pide a los Estados miembros, a los entes locales y regionales y a todas las partes interesadas que adopten nuevas medidas para obtener un resultado aún mayor. Las medidas previstas tienen un carácter sectorial y horizontal.

2.9

Se destaca, en particular, la necesidad de fijar unos requisitos dinámicos de eficiencia energética para diferentes productos y servicios, de promover, en el sector de la transformación de la energía, una mayor eficiencia de la capacidad, tanto actual como futura, una reducción drástica de las pérdidas en las fases de transporte y distribución y, por último, de adoptar en el sector del transporte un enfoque integrado dirigido a todas las partes interesadas.

2.10

El plan estratégico de tecnologías energéticas, que debería adoptarse en 2007, aportará nuevas contribuciones a la mejora de la eficiencia energética.

2.11

Convendrá prestar una gran atención a la fijación de unos precios que contribuyan a aumentar la sensibilización. Por otra parte, es imprescindible prever unos instrumentos de financiación adecuados en todos los niveles y para todas las políticas de estímulo, incluidas las políticas fiscales, tanto para los productores como para los consumidores.

2.12

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el desafío de la eficiencia energética se plantea a nivel mundial, por lo que son imprescindibles acuerdos y asociaciones internacionales.

2.13

La aplicación rigurosa de las directivas y los reglamentos vigentes, como la reciente Directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, la Directiva sobre etiquetado y sus ocho directivas de desarrollo, la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios, la Directiva sobre diseño ecológico y el Reglamento Energy Star, contribuirá al logro de los objetivos esperados.

2.14.1

Etiquetado de aparatos y equipos y normas mínimas de eficiencia energética. Actualización de la Directiva marco 92/75/CE mediante la introducción de normas nuevas y dinámicas para los aparatos electrodomésticos. Se prestará una atención especial a la reducción del consumo en modo de espera. Se empezará con catorce categorías de productos. El objetivo consiste en que para 2010 la mayoría de los productos que consumen una parte importante de la energía cumplan las normas mínimas contenidas en la Directiva sobre diseño ecológico o en los sistemas de evaluación del etiquetado.

2.14.2

Establecer requisitos de eficiencia y construir edificios de muy bajo consumo de energía («viviendas pasivas»). Extensión del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (actualmente prevista para los edificios de una superficie superior a 1 000 m2) y preparación para 2009 de una nueva Directiva con requisitos mínimos de eficiencia a escala de la UE respecto a edificios nuevos y reformados (kWh/m2). Se estudiarán estrategias específicas con el sector de la vivienda para los edificios de muy bajo consumo de energía.

2.14.3

Aumentar la eficiencia de la generación y distribución de electricidad. El sector de la transformación de energía utiliza aproximadamente una tercera parte de toda la energía primaria, lo que sitúa la eficiencia de la transformación en torno al 40 %. Con la nueva capacidad de generación se puede alcanzar una eficiencia del 60 %. Pueden reducirse considerablemente las pérdidas en el transporte y la distribución, que giran en torno al 10 %. Se fijarán requisitos mínimos de eficiencia para las nuevas capacidades de generación de electricidad, calefacción y refrigeración inferiores a 20 MW. Se esperan progresos respecto a la aplicación de la Directiva relativa al fomento de la cogeneración (2004/8/CE). Por último, se establecerán requisitos y normas mínimas de eficiencia para la calefacción urbana.

2.14.4

Consumo eficiente del combustible de los vehículos. Para reducir las emisiones de CO2, la Comisión propondrá en 2007, si resulta necesario, normas dirigidas a garantizar el logro de la meta de 120 g CO2/km para 2012. Se está examinando, en particular, el recurso a instrumentos fiscales en relación con la emisión de CO2. Los neumáticos también podrán contribuir a aumentar la eficiencia energética (que puede alcanzar hasta un 5 %), ya sea mediante normas sobre la resistencia a la rodadura o a través de sistemas para controlar que el hinchado sea correcto. Más adelante, la Comisión presentará un Libro Verde sobre el transporte urbano para fomentar el uso del transporte público y propondrá otras medidas para afrontar el problema de manera más radical, en particular en las zonas congestionadas.

2.14.5

Facilitar una financiación adecuada de las inversiones en eficiencia energética para pequeñas y medianas empresas y empresas de servicios energéticos. La Comisión invitará al sector bancario a ofrecer fórmulas de financiación dirigidas específicamente al ahorro de energía. Para promover las ecoinnovaciones, se garantizará el acceso, en particular de las PYME, a los fondos comunitarios, como los fondos de inversión ecológicos y el Programa marco para la competitividad y la innovación.

2.14.6

Estimular la eficiencia energética en los nuevos Estados miembros. La Comisión solicitará que los fondos destinados a la política de cohesión se empleen en mayor medida para realizar importantes proyectos de eficiencia energética.

2.14.7

Uso coherente de los impuestos. Se ha previsto incluir consideraciones relativas a la eficiencia energética y a la protección del medio ambiente en el próximo Libro Verde sobre fiscalidad indirecta y en la revisión de la Directiva sobre imposición de la energía. También se examinará la oportunidad de emplear créditos fiscales para incitar a las empresas a producir aparatos electrodomésticos y equipos eficientes desde el punto de vista energético y a los consumidores a utilizar estos aparatos.

2.14.8

Sensibilización respecto a la eficiencia energética. Se facilitará el desarrollo de competencias y de la formación, junto a la elaboración de programas de información destinados a los responsables de la gestión energética en el sector industrial y en los servicios de utilidad pública. Se proporcionará material pedagógico adecuado a las escuelas.

2.14.9

Eficiencia energética en zonas urbanizadas. En 2007, la Comisión creará un «pacto entre alcaldes» que reunirá a los alcaldes de las veinte ciudades europeas más grandes y avanzadas en el ámbito de la eficiencia energética, con vistas a fomentar el intercambio de las mejores prácticas.

2.14.10

Impulsar la eficiencia energética en todo el mundo. El objetivo consiste en celebrar un acuerdo marco con los principales socios comerciales y con las organizaciones internacionales más importantes, al objeto de mejorar la eficiencia energética en los sectores de uso final y de transformación de la energía.

3.1

El plan de acción propuesto por la Comisión pretende abordar de manera coherente el conjunto de las iniciativas necesarias para lograr un objetivo ambicioso, como es conseguir de aquí a 2020 ahorrar un 20 % de la energía, y, en consecuencia, reducir las emisiones de CO2 en 780 Mt/año. El Comité opina que este objetivo es realista, aunque considera deseable, en particular, a la luz del reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEC), hacer todo lo posible por reducir el consumo energético y realizar ahorros de energía superiores al 20 %, lo cual es técnicamente viable. Para poder lograrse este objetivo, deberá acompañarse de planes nacionales que permitan alcanzar juntos el resultado esperado — aunque sean diferentes con respecto a las condiciones financieras y tecnológicas de partida — a fin de garantizar un reparto equitativo de los objetivos entre los Estados miembros en función de su capacidad.

3.2

Convendrá, asimismo, fijar objetivos intermedios, por ejemplo para 2012 y 2016, con el fin de poder reforzar las medidas en caso de que se observen divergencias significativas. En cambio, la revisión de 2009 es demasiado cercana para aportar una evaluación ponderada. El Comité también recomienda prever una opción para un objetivo a largo plazo (2040/2050), a fin de seguir guardando presentes los objetivos de ahorro de energía. Dentro de unos años, se habrán quedado obsoletas las inversiones en el ámbito de la producción de energía basada en combustibles fósiles, que se calculan en miles de millones de euros. Es preciso sustituir estas instalaciones de la manera más eficaz y rápida posible. Se tratará de un reto extraordinario que contrarrestará la tendencia actual, por ejemplo, de los edificios de cristal de hasta 120 pisos, iluminados día y noche, o del consumo del territorio dedicado a las infraestructuras de transporte. Las autoridades deben reconocer cuanto antes el gran alcance del problema planteado por la sustitución de las fuentes energéticas.

3.3

La Comisión propone un plan que debería reducir el consumo de energía preservando, al mismo tiempo la calidad de vida. Sobre la base de este objetivo, se prevé para 2020, al tiempo que un crecimiento constante del PIB del 2,3 %, una reducción de la intensidad energética del 3,3 %, lo que supondría una reducción real del consumo energético del 1 % al año y una disminución absoluta del consumo del 14 % entre 2005 y 2020. El Comité considera oportuno sugerir a la Comisión la apertura de un debate específico sobre los «estilos de vida» y lo que se entiende por «calidad de vida». Algunos miden las expectativas de mejora de la calidad de la vida en función del número de aparatos electrodomésticos, teléfonos móviles o vehículos por persona de que se dispone, mientras que para otros está en función de las emisiones de CO2 y partículas finas, los atascos y el tiempo de desplazamiento, así como de la calidad del servicio público. Es evidente que en términos de eficiencia y ahorro de energía en sentido estricto, un cambio incluso muy limitado de los estilos de vida, en el sentido de tener más en cuenta el aspecto ecológico, permitirá acelerar el logro de los objetivos propuestos. El Comité pregunta a la Comisión si considera que es realista mantener en el futuro, para las próximas generaciones, el mismo estilo de vida, que implica un aumento cada vez mayor tanto del consumo como de las emisiones. De lo que se trata es de aceptar la idea de que el ahorro de energía no debe servir para financiar otros consumos, por el «efecto de rebote». En consecuencia, es preciso prever con tiempo suficiente la necesidad de reorganizar el sistema económico, fomentando la construcción de las infraestructuras adecuadas y proponiendo a las nuevas generaciones un sistema de valores adecuado, adoptando medidas como (2):

3.3.1

Es necesario compartir la responsabilidad respecto de la eficiencia energética a todos los niveles, asociando a los planes nacionales los planes territoriales y locales. Los entes territoriales deben participar en este gran desafío. El alcance y la importancia del plan constituyen un verdadero reto. Habrá que abandonar algunos aspectos del estilo de vida que van ligados al progreso en el siglo XX; el propio concepto de estética deberá incluir un juicio ético de aceptabilidad en términos de eficiencia energética, como ocurre ya con las pieles de animales raros o con las obras de marfil. De este modo un rascacielos recubierto de vidrio o un SUV (sports utility vehicle — vehículo de ocio todoterreno) deberá considerarse inaceptable. Un cambio tan profundo del sistema de valores dominante requiere también la colaboración de la industria privada, que debería aprovechar la ocasión para anticipar su reconversión en la dirección de la valorización de la eficiencia energética y así obtener ventajas a nivel global utilizando también estos nuevos valores en la publicidad, en vez de dar, como suele ocurrir, mensajes contradictorios exaltando el peso y la potencia inútil como símbolo de estatus.

3.4

El plan de acción define diez acciones prioritarias que se inscriben en cuatro ámbitos de intervención: la transformación, el transporte y el suministro de energía; las viviendas y los edificios comerciales y profesionales; el transporte y los usos industriales y agrarios. Estos ámbitos representan el 90 % del consumo. Se adoptarán otras iniciativas en el ámbito de los acuerdos internacionales, a fin de crear asociaciones con vistas a la definición de normas en el ámbito de la información, la formación y la comunicación, para desarrollar el mayor número posible de sinergias y responsabilizar a todas las partes interesadas.

3.5

El Comité propone añadir otra acción prioritaria al objeto de introducir medidas para reducir el consumo de combustibles fósiles destinados a la calefacción y refrigeración, y señala que la propuesta no prevé la posibilidad de establecer redes de distritos de calefacción y refrigeración, que permitirían evitar una pérdida del 33 % debida a la transformación de la energía primaria. Se podría incluso duplicar este potencial recurriendo al uso de las energías renovables o al tratamiento de los residuos, lo que permitiría ahorrar hasta 50,7 Mtep al año. El Comité sugiere que paralelamente a las acciones prioritarias se pongan en marcha acciones prioritarias positivas que impulsen la aparición y el desarrollo de nuevas profesiones relacionadas con el sector de la eficiencia energética, la difusión de nuevos servicios integrados para la energía, la promoción de nuevos productos de escaso consumo energético y menos contaminantes, la valorización de la I+D, tanto nacional como europea, y que se aumenten sustancialmente los fondos asignados y se exploten todos los recursos tecnológicos disponibles. Otros ámbitos de intervención podrían ser el desarrollo del reciclaje y del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que también ofrecen numerosas oportunidades de empleo, y la promoción de acciones en materia de responsabilidad social de las empresas o de acuerdos voluntarios en las empresas, con la participación activa de los trabajadores, utilizando los procedimientos del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS).

3.6

En el documento de la Comisión se anuncian numerosas medidas legislativas, como la adopción de nuevas directivas y reglamentos, así como la revisión de los instrumentos existentes, al objeto de hacer más estrictas las normas vigentes (declaración de 7 de febrero de 2007 relativa al límite de las emisiones de CO2 en la industria automovilística). El Comité toma nota de las propuestas de la Comisión y de las decisiones del Consejo de primavera de marzo pasado, pero considera necesario destacar que, tras las ampliaciones de mayo de 2004 y enero de 2007, ha entrado en estos países un gran número de automóviles usados y que este flujo continúa, e incluso ha aumentado. El Comité considera que se necesitarán muchos años para sustituir todo el parque automovilístico de estos Estados miembros, y que no es realista pensar que esta sustitución pueda realizarse mediante una norma vinculante aplicable a los vehículos en circulación.

3.7

El documento no baraja la oportunidad de aumentar la responsabilidad y los poderes comunitarios para garantizar el logro de los objetivos y poder hablar con una sola voz ante los socios internacionales. El Comité valora positivamente el contenido del documento del Consejo Europeo y celebra la adopción de la Política Energética para Europa (PEE), que considera la política energética como una de las prioridades para el futuro de la Unión Europea y refuerza la cooperación y la política exterior de la Unión. El límite jurídico de los Tratados en vigor, que reservan a los Estados miembros las decisiones en materia de política energética, se ve en cierto modo rebasado por un verdadero desarrollo de los poderes de representación frente a terceros países, aunque el apartado 4 del artículo 174 reconoce una competencia compartida y un papel específico en materia de cooperación con las organizaciones internacionales. Es obvio que cuanto más estrecha sea la coordinación de las políticas, mayor será la capacidad de negociación de la Unión. El Comité desea que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión examinen, en su caso, la oportunidad de modificar los Tratados, en el sentido de asignar a la representación unitaria de la Unión frente a sus socios exteriores unos poderes más amplios que los que ahora puede ejercer.

3.8

La Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia energética se refiere, además de a la estrategia basada en la generalización de los certificados blancos, a los planes de acción nacionales, que deberán ser objeto de una evaluación por los servicios de la Comisión. El mismo plan de acción prevé un desarrollo significativo de la actividad de la Comisión, tanto en materia de iniciativas legislativas y reglamentarias como para las actividades de verificación. El Comité considera que la experiencia realizada hasta ahora ha sido positiva, aunque se han observado lagunas en el desarrollo del mercado de los certificados blancos, debidas, en particular, a la falta de uniformidad de la reglamentación en los Estados miembros. Para las actividades vinculadas a la realización de los objetivos contenidos en la citada Directiva y, de manera más general, en aras de la eficacia del trabajo de la Comisión en este ámbito, es necesario aumentar los recursos humanos de la Comisión dedicados a estas tareas. La Comisión estima sus necesidades en aproximadamente veinte unidades. El Comité recomienda que se proceda a una evaluación rigurosa de los recursos necesarios y espera que se aumenten los actuales recursos humanos.

3.9

La aplicación de las disposiciones objeto de examen supondrá un ahorro y, por consiguiente, una disminución de los ingresos en concepto de IVA que podría tener repercusiones en el presupuesto comunitario, pero cuyo alcance será limitado gracias al desarrollo de nuevas actividades vinculadas a las políticas de eficiencia energética. El Comité pide a la Comisión que presente una evaluación en este sentido, dado que esta hipótesis no se ha tenido en cuenta en el análisis de impacto. El Comité considera que los actuales recursos de la Unión son claramente insuficientes para abarcar todos los programas comunitarios, que sufren constantes reducciones de su financiación respecto a proyectos de enorme interés, en particular con fines de ahorro de energía. La posible introducción de una «tasa energética» debería integrarse en una política fiscal que tenga en cuenta las capas de la población socialmente débiles sin repercutir negativamente en los actuales niveles de seguridad social y servicios públicos.

3.10

El plan de acción se resiente de las dificultades para lograr los objetivos previstos en el Libro Blanco del transporte. En la revisión intermedia, la Comisión reconoce que los obstáculos y la resistencia registrados hasta ahora no han permitido aprovechar plenamente el potencial de desarrollo del transporte ferroviario y marítimo, que representa un ahorro energético significativo. Este desarrollo debe considerarse como una prioridad absoluta, habida cuenta del tiempo que se necesita tanto para realizar las infraestructuras necesarias como para cambiar los hábitos de la población. Conviene dedicar mayor atención a la mejora del transporte de los trabajadores, que se encuentran actualmente fuertemente penalizados por una política orientada en mayor medida hacia las exigencias de un resultado económico inmediato que hacia la satisfacción de las necesidades de transporte colectivo, como en el caso de las inversiones dedicadas prioritariamente al sector de la gran velocidad. Facilitar los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo no sólo permite reducir el consumo sino que mejora sensiblemente la calidad de vida. Inevitablemente, la inversión pública necesaria para potenciar los modos de transporte colectivo ha tropezado con la crisis económica, que ha durado cinco años y ha repercutido en el presupuesto público de muchos Estados miembros. La no realización de las infraestructuras indispensables, la reducción de la financiación comunitaria de planes estratégicos como los corredores TEN (de 20 000 a 7 500 millones de euros) y las estrategias de los principales exponentes de la industria automovilística europea han contribuido a hacer inaplicable el plan de acción. El Comité está concluyendo la elaboración de un importante dictamen sobre el transporte en las áreas urbanas y metropolitanas, en el que se pone de manifiesto la progresiva reducción de la utilización del transporte público y se proponen soluciones para reducir la proporción del transporte privado (3). El Comité lamenta la insuficiente coordinación entre las políticas de transporte y energía, que responden a una lógica y a problemáticas técnicas e industriales necesariamente complementarias, junto a las políticas medioambiental e industrial, y teme que, a falta de esta coordinación, el documento de la Comisión pierda gran parte de su eficacia potencial.

3.11

Estas dificultades se reflejan en la elaboración de normas, en las comunicaciones y en las recomendaciones de la Comisión. Se observan en Bruselas las mismas dificultades que las que se plantean a nivel nacional, con el agravante de que el nivel europeo es el que debería coordinar las políticas nacionales (y no a la inversa).

3.12

La política energética europea debe ser sostenible para todas las capas sociales y no crear diferencias de trato para acceder a los servicios ofrecidos por las empresas de servicios energéticos a la hora de adquirir electrodomésticos más eficientes y de alquilar apartamentos. Esta política debe conducir a un saldo positivo en términos de empleo, lo que, desde luego, puede realizarse sin demora en el sector de la vivienda. Para todo tipo de acción dirigida a aumentar la eficiencia energética, las facilidades deberían centrarse en la conveniencia clara del usuario, de forma que el tiempo necesario para amortizar los riesgos resulte razonablemente breve y fácilmente calculable.

3.13

Su financiación no debe gravar exclusivamente al erario público. En efecto, dados los enormes beneficios que están realizando las industrias energéticas y eléctricas, se podría crear un fondo financiado con una pequeña parte de estos beneficios, algo que ya se ha experimentado en algunos Estados miembros. Convendrá cuidar, sin embargo, de que no se traduzca en un aumento de los precios aplicados a los consumidores finales y en la reducción de las inversiones estratégicas de las empresas. Obviamente deben tenerse en cuenta las ingentes inversiones que la industria manufacturera necesita realizar para satisfacer el crecimiento de la demanda a unos costes que son cada vez mayores, al contrario que para otros recursos fósiles, donde el precio va ligado a la evolución del precio del petróleo, aunque los costes de investigación sean mucho más bajos, al igual que en la industria de la distribución. Por consiguiente, para la contribución al fondo deberían tenerse en cuenta estas importantes diferencias de gastos que deben soportarse para fines de investigación. Se podría prever una diferenciación entre los diferentes Estados miembros, justificada por las diferentes legislaciones vigentes respecto de las obligaciones que se imponen a las industrias del sector de la energía de invertir en investigación sobre la eficiencia y de controlar el nivel de los precios. Podría ser una solución que permitiría a los pequeños propietarios sin recursos financieros aumentar la eficiencia energética de sus viviendas, poniendo en marcha un círculo virtuoso creador de empleo.

3.14

La aplicación de ventajas fiscales, que deberá utilizarse con la mayor prudencia, debe tener en cuenta a las capas más pobres de la población que, al no pagar impuestos, quedarían excluidas de las posibles disposiciones dirigidas a favorecer e incentivar una política energética eficiente, y se deberían conceder primas de eficiencia incluso a quienes no estén sometidos al régimen de impuestos directos debido a la escasez de su renta.

3.15

El Comité considera imprescindible que se organicen campañas de sensibilización a nivel europeo, nacional y territorial, centrándose quizá en un tema a la vez (por ejemplo, un mes en Europa se habla de las bombillas, otro del desarrollo del transporte público, el siguiente de unos sistemas de calefacción/refrigeración ecológicos y eficientes, etc.). Se podrían lanzar campañas de ideas y de propuestas, para seguir difundiendo entre los ciudadanos la toma de conciencia de esta exigencia imprescindible. Sólo podrán obtenerse resultados concretos si se consigue una sensibilización masiva. Para garantizar una gestión eficaz de las acciones previstas, serán esenciales el debate democrático, la participación de todos los representantes de las diferentes partes interesadas y el papel de los poderes públicos. Los Estados miembros que disponen de un mayor número de asesores técnicos en el ámbito de la eficiencia energética deberían contribuir a la formación de expertos en los demás países de la Unión, con el fin de garantizar una difusión homogénea de los conocimientos necesarios para el éxito del Plan. En los Estados miembros se debería fomentar estudios sobre energética en la educación superior o universitaria, favoreciendo la colaboración interregional. La Comisión podría desempeñar un papel eficaz de coordinación en este ámbito.

3.16

Se deberá dedicar la máxima atención al objetivo consistente en hallar el indispensable equilibrio entre la necesidad de realizar todas las mejoras necesarias y la capacidad del sistema económico y productivo para hacer frente a unos cambios demasiado bruscos. Existe el riesgo muy concreto de que, frente a unos costes demasiado elevados, las industrias que recurren de manera intensiva a la energía deslocalicen sus actividades hacia zonas menos «exigentes». La rapidez de los cambios debe guardar una estrecha relación con las posibilidades de adaptación y gestión de los costes. Deberán estudiarse medidas que permitan celebrar contratos a largo plazo que garanticen unos precios de la energía duraderos y estables, a cambio de compromisos en favor de inversiones en la innovación, la tecnología o las infraestructuras de producción, transporte y distribución. Estas inversiones deberían evaluarse atendiendo a criterios de eficiencia energética. El recurso a acuerdos voluntarios debe considerarse como algo positivo, aunque también requiere una capacidad real y oportuna de control por parte de los organismos regionales, además de la voluntad de sustituirlos por compromisos vinculantes cuando se demuestre su ineficacia.

3.17

Cuando se definan las acciones deberá tenerse en cuenta el contexto de un mercado cada vez más mundializado. El posible encarecimiento del precio de la energía podría plantear enormes problemas a los sectores con fuerte consumo energético, como el de la industria del aluminio o el cemento. Conviene tener presentes los objetivos de Lisboa y garantizar la competitividad de la Unión Europea, que debe poder contar con unos precios de la energía coherentes con el sistema económico global. Por otra parte, Europa no puede seguir soportando las constantes amenazas de deslocalización que siguen emanando de determinados sectores o empresas. Se debería penalizar a las empresas que deslocalizan con el único fin de aumentar sus beneficios, en la medida en que junto a los inevitables problemas sociales — a veces dramáticos — que provocan, y que repercuten en la colectividad, distorsionan el mercado interior falseando la competencia, al introducir en el mercado unos bienes producidos en otros países más tolerantes, en un entorno con normas menos estrictas.

4.1

Por obvias razones de fondo y de método, el Comité no tiene intención de analizar por separado cada una de las acciones propuestas (unas 75), pero considera necesario pronunciarse sobre las disposiciones más significativas y sobre las propuestas más importantes recogidas en el documento y en sus anexos. En el CESE se celebró una audiencia, cuyos participantes facilitaron posteriormente información útil, que favoreció la adquisición de conocimientos aportando una notable contribución a las reflexiones del Comité.

4.2

Como observación preliminar, se puede afirmar que las medidas adoptadas hasta la fecha en lo referente a los requisitos dinámicos de rendimiento energético para productos que utilizan energía, edificios y servicios energéticos han dado buenos resultados: los productores y consumidores se han mostrado muy interesados y dispuestos a ampliar la oferta y la demanda de nuevos productos cada vez más eficientes. Al percibirse inmediatamente el ahorro que puede realizarse y estar cada vez más difundidas la educación y la sensibilización medioambiental, se puede considerar que estas políticas son factibles inmediatamente y que gracias a ellas se pueden obtener los resultados esperados. El diseño ecológico es un factor de éxito y de satisfacción para el público en general, que presta una atención cada vez mayor al contenido de la oferta. Es necesario alentar a los productores, que, en parte, ya tienden a hacerlo, a valorizar la eficiencia energética y proporcionar a los consumidores instrucciones detalladas para que puedan utilizar eficazmente sus productos desde el punto de vista energético. Conviene, asimismo, tener en cuenta el modelo americano que ha concedido incentivos específicos a las empresas que practican el diseño ecológico, obteniendo resultados muy alentadores. El Comité considera que el apoyo al sistema de las empresas mediante créditos fiscales concedidos a las empresas que desarrollan y fabrican productos con alto contenido de eficiencia energética da resultados positivos, siempre y cuando este sistema se acompañe de una vigilancia eficaz y completa del mercado y de los productos, como se ha realizado en el sector mecánico. Esta acción de vigilancia debe interpretarse como una garantía para los productores «virtuosos» de que sus inversiones en eficiencia energética no se ven frustradas y debe recomendarse a los entes regionales a los que se confía dicha vigilancia.

4.2.1

Las normas de etiquetado constituyen un instrumento óptimo que conviene fomentar y aplicar al mayor número posible de productos, extendiéndolo cuanto antes a los sectores automovilístico y de la vivienda. El CESE aprueba la propuesta y anima a la Comisión a someter los catorce productos citados al régimen de requisitos mínimos de eficiencia energética, dedicando especial atención a los segmentos específicos de mercado, para evitar posibles distorsiones de la competencia provocadas por un nuevo régimen normativo. También se deben determinar otros productos de consumo final que deberán someterse a requisitos mínimos. El Comité aprueba plenamente la prioridad dada a la reducción del consumo en modo de espera y concede una gran importancia a esta medida, que podría contribuir a reducir el consumo en este modo hasta en un 70 %, gracias a la progresiva sustitución de los aparatos actuales. El Comité considera que el acuerdo «Energy Star» también debería prever para la UE la obligación de registro (que ya existe en los Estados Unidos) para las licitaciones relativas a los equipos ofimáticos y espera que la Comisión lidere con el ejemplo (4). Este acuerdo también debería negociarse con los grandes productores del Este de Asia, que representan actualmente una proporción considerable del mercado de productos electrónicos.

4.2.2

En lo referente a los aparatos electrodomésticos, la ausencia de procedimientos rápidos que permitan controlar la exactitud de las etiquetas e imponer sanciones en caso de violaciones podría penalizar gravemente a las empresas «virtuosas» que invierten en la eficiencia energética y permitir la introducción en el mercado de productos no conformes. En primer lugar, conviene fomentar la sustitución de los aparatos electrodomésticos más antiguos (se calcula que en Europa se utilizan 200 millones de aparatos adquiridos hace más de diez años), que es la medida que permitiría realizar un mayor ahorro, pero también hay que evitar que los electrodomésticos obsoletos e ineficientes desde el punto de vista energético se comercialicen en el mercado de los aparatos de ocasión en los países en vías de desarrollo. Conviene asimismo comprobar que las iniciativas destinadas a financiar la compra de electrodomésticos se reserven a los productos más eficientes desde el punto de vista energético.

4.2.2.1

Cabe destacar a este respecto que la industria del sector de los electrodomésticos, a la vez que renuncia a aplicar el código voluntario de autorregulación, declara que se necesitan medidas obligatorias para regular el mercado. La ausencia de sanciones contra los productores e importadores poco escrupulosos, que atribuyen la clase «A» a productos que no se ajustan a las normas de ahorro energético, ha facilitado la difusión en el mercado de «falsos» electrodomésticos de bajo consumo. Las limitaciones denunciadas por las empresas europeas, que reclaman una «norma», incitan a reflexionar sobre la eficacia de los acuerdos voluntarios.

4.2.3

El ahorro que se podría lograr en el sector de la vivienda es muy significativo: actualmente ya se dispone del material, los métodos de construcción y las alternativas a los sistemas tradicionales de calefacción, como las calderas de condensación, que permiten ahorrar entre un 6 y un 11 % de combustible, al reutilizar el calor latente que normalmente se dispersa. El consumo debido al uso de la climatización podría reducirse instalando protecciones contra la luz solar en el exterior de los edificios, ya que las protecciones situadas en el interior velan la luz pero retienen gran parte de la energía térmica. Es preciso, en primer lugar, fomentar el desarrollo de las llamadas «viviendas pasivas» (edificios de muy bajo consumo de energía). Forman parte de esta categoría las viviendas cuyo consumo anual no rebasa los 15 kWh/m2 (invierno y verano) por lo que se refiere al consumo básico para la refrigeración y calefacción. También conviene indicar el consumo total (suficiencia) y el límite del consumo primario en el que se incluye todo (alumbrado y electrodomésticos, incluido el secado de ropa, teniendo en cuenta que secar 1 kg de ropa puede consumir una cantidad de energía equivalente a 3-4 veces la que se necesita para un ciclo de lavado). Si consideramos que con estos dispositivos se consigue pasar de una media anual de consumo de 180 kWh/m2 a cerca de 15 kWh/m2, podemos ahorrar (eficiencia + suficiencia) hasta un 90 % de energía. (Cabe citar a modo de ejemplo el pueblo PH Wiesbaden 1997 con 22 viviendas, cuyo consumo medio al año es de 13,4 kWh/m2, o el de Kronsberg 1998, con 32 viviendas pasivas y un consumo medio anual de 14,9 kWh/m2). Convendría fomentar la apertura de un mercado europeo con este tipo de productos, con el fin de favorecer un amplio acceso a estas tecnologías a precios razonables.

4.2.4

El Comité considera oportuno recordar la necesidad de realizar inversiones públicas para garantizar la eficiencia energética en los edificios sociales y públicos, recurriendo, en particular, a fuentes de energía renovables, especialmente en los nuevos Estados miembros, que disponen de un potencial significativo en el ámbito del ahorro de energía. Paralelamente a los programas de armonización reglamentaria y desarrollo de la formación de técnicos especializados, el Comité pide que una parte de los Fondos Estructurales se asigne a este objetivo y que se pida la contribución de las instituciones financieras europeas para apoyar las inversiones en el ámbito de la modernización energética de los edificios.

4.2.4.1

Las viviendas pasivas propiamente dichas requieren determinadas características de construcción (excelente aislamiento de las paredes y los suelos, conductos de precirculación del aire entrante situados bajo la vivienda), por lo que resulta complicado y costoso efectuar una adaptación completa de las viviendas existentes a esta norma. Esto significa que debería dedicarse el máximo esfuerzo a adaptar a las normas de viviendas pasivas el mayor número posible de construcciones nuevas y, en particular, de edificios públicos, para los cuales estas normas deberían hacerse progresivamente obligatorias. En paralelo, cuando se realicen obras de restauración o mantenimiento de edificios privados, que también se apoyarían mediante fondos de rotación a muy bajo interés, es muy importante que se adopten las soluciones eficaces desde el punto de vista del consumo energético de las viviendas pasivas. Hay que tener en cuenta que los edificios existentes constituirán la mayor parte de los que estén ocupados en 2020. En lo referente a las viviendas alquiladas, convendrá resolver la cuestión de la conveniencia económica para los propietarios de invertir masivamente en dispositivos para ahorrar energía, cuyos beneficios directos tienden a recaer en los inquilinos.

4.2.4.2

En su evaluación de impacto (SEC(2006) 1175), la Comisión calcula que si se modifica la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios, reduciendo la superficie (1 000 m2) a la que se aplican los requisitos mínimos (y reforzando estos requisitos para los edificios públicos), y se generaliza el sistema de los certificados de eficiencia energética (certificados blancos), se podría conseguir un ahorro de 140 Mtep. El CESE manifiesta cierta perplejidad respecto a la posibilidad de alcanzar este objetivo a corto plazo (5). El Comité considera que los Estados miembros deben dotarse de unos instrumentos uniformes para medir el impacto de la reglamentación (por ejemplo, la calidad del aislamiento térmico) y que se les debe obligar a adoptar unas medidas eficaces de control (véanse, por ejemplo, las diferencias entre la situación en Francia, donde se realizan pocos controles, y en la Región de Flandes, en Bélgica, donde los controles son, en cambio, muy estrictos). A este respecto, el Consejo y el Parlamento deberían determinar si existen las bases jurídicas para autorizar a la Comisión a elaborar un Reglamento que pueda sustituir a la propuesta de nueva Directiva, suprimiendo simplemente la Directiva 2002/91 después de 2009.

4.2.4.3

Una tesis publicada recientemente (6) pone de manifiesto que:

4.2.4.4

Se puede deducir de este análisis que un dispositivo de aislamiento de un grosor incluso importante (superior a 16 cm como mínimo) permite realizar ahorros que justifican en todos los casos la inversión realizada para alcanzar el objetivo de las viviendas pasivas, en particular si se comparan con los edificios tradicionales. Desde el punto de vista operativo, todo indica que el aislamiento es prioritario con respecto a las otras intervenciones, mientras que un análisis global de las intervenciones permite optimizar el valor actual neto (VAN) de la inversión.

4.2.5

En lo referente a los certificados blancos, la experiencia positiva, aunque limitada, de los países en los que se han adoptado tropieza con el retraso en la innovación industrial propio de algunos países de la Unión. En efecto, para disponer de un sistema eficaz de certificados de eficiencia energética, es necesario fijarse unos objetivos realistas con respecto al potencial técnico y económico, disponer de un amplio abanico de opciones de realización (sectores, proyectos, agentes, costes), garantizar el funcionamiento del mercado (estructura de la demanda y la oferta, condiciones ligadas al contexto), disponer de normas claras, transparentes, sencillas y no discriminatorias (condiciones de acceso al mercado, normas del mercado), y, por último, prever unas sanciones creíbles. ¿Existen unas condiciones de estas características en el mercado europeo potencial de los certificados de eficiencia energética? Su posible difusión debe realizarse, sin embargo, con la prudencia necesaria.

4.3

Las pérdidas registradas en la fase de transformación equivalen al consumo primario total de energía en las viviendas y la industria (33 %, que corresponde a más de 580 Mtep). El Comité considera, por tanto, que la fase de transformación debe ser un ámbito de intervención prioritaria. También constituyen un factor importante las pérdidas que se registran en las fases de transporte en grandes distancias. Un sector en el que el margen para el desarrollo es seguro es el de las líneas modernas de transporte de corriente continua y alta tensión, con las que sólo se pierde alrededor del 3 % de la potencia por cada 1 000 km de red. Esta tecnología permite, además de realizar un ahorro significativo, eliminar los efectos electromagnéticos causados por el transporte en corriente alterna, como las emisiones de ondas electromagnéticas extremadamente bajas (ELF: Extremely Low Frequency), generadas por el transporte en corriente alterna. Con las tecnologías actuales, este tipo de transmisión a larga distancia (empleado desde hace décadas en Suecia y los Estados Unidos, y en proceso de instauración en todo el mundo) ya resulta rentable, mientras que para distancias cortas es necesario tener en cuenta el coste aún elevado de las instalaciones de conversión a baja tensión alterna para una utilización local. Debería alentarse un esfuerzo para reducir estos costes mediante proyectos específicos de investigación (7).

4.3.1

Otro ámbito de intervención es el apoyo de la tecnología solar termodinámica, que podría realizarse en colaboración con los países Euromed, que disponen de amplias superficies desérticas con una insolación fuerte y constante. En un reciente informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente de la República Federal de Alemania se pone de manifiesto el carácter estratégico de esta tecnología, desarrollada por el Premio Nobel italiano Carlo Rubbia, y que se está experimentando actualmente en Granada. La empresa ENEL, en colaboración con Enea (Ente Nazionale per le Energie Alternative-Organismo nacional para la energía alternativa), ha puesto en marcha un proyecto que permite, por primera vez en el mundo, integrar un ciclo combinado de gas en una instalación de energía solar termodinámica. Gracias a una tecnología innovadora y exclusiva elaborada por Enea, Archimede produce permanentemente energía eléctrica a partir de los rayos del sol. Se trata de un proyecto que pone de relieve también otras características únicas en el mundo, tanto que explota cinco nuevas patentes como, por ejemplo, los fluidos fundidos, líquidos que calentados emiten calor que produce energía. Mientras que los utilizados hasta ahora sólo podían calentarse hasta los 300 grados, los del proyecto Archimede pueden alcanzar hasta los 550 grados (la misma temperatura del vapor fósil), lo que permite la integración con las centrales tradicionales, contribuyendo, por tanto, a garantizar la estabilidad del sistema energético.

4.3.2

El Comité recomienda a las instituciones europeas que adopten un fuerte compromiso en esta dirección y adopten medidas específicas de apoyo al desarrollo de la energía solar termodinámica.

4.3.3

La cogeneración de calor y electricidad, ya sea a través de la utilización del calor residual restante de la producción de electricidad para la calefacción, como de la utilización de la producción de electricidad a partir del calor residual (por ejemplo, en los hornos industriales) permitiría aumentar considerablemente la eficiencia de los combustibles, que pasaría de un 35 % a un 70 %. Conviene tener en cuenta los costes suplementarios inducidos por la producción distribuida y la distribución activa para los gestores de la red, fomentando las inversiones necesarias sin perder de vista las diferentes condiciones de partida de los Estados miembros. El Comité aprueba la voluntad de la Comisión de desarrollar instalaciones de cogeneración de alto rendimiento, a pesar de que la normalización de los métodos de cálculo se haya aplazado a 2010 y que no siempre sea posible comprobar si las garantías de origen expedidas responden a las normas mínimas. El Comité se pregunta si no se podrían acortar los plazos para conseguir una armonización de los métodos de cálculo que permita desarrollar el mercado interior de las instalaciones de cogeneración, actualmente obstaculizado por la diversidad de normativas vigentes en los diversos países. Actualmente, cada Estado tiene la posibilidad de adoptar sus propios métodos de cálculo para evaluar la eficacia de las instalaciones y su admisión en el régimen comunitario, que debería corresponderse con lo dispuesto en la Directiva. En la práctica, sin embargo, la realidad es diferente y las instalaciones obtienen resultados muy dispares dependiendo de los métodos de cálculo que se les aplican en los diferentes países. La armonización también es un instrumento eficaz para luchar contra el fraude. Convendría reforzar el compromiso de la Unión, teniendo en cuenta que los resultados del primer control realizado el 21 de febrero de 2007 no se ajustan a los objetivos estratégicos, como se desprende de los documentos de evaluación presentados por los Estados miembros sobre los progresos realizados en materia de desarrollo de la cogeneración, con el fin de aumentar la proporción de electricidad producida con este método.

4.3.4

El Comité pide a la Comisión y al Consejo que se comprometan en mayor medida en apoyo de los programas de «trigeneración» que utilizan el calor residual, incluso con fines de refrigeración. Los coeficientes de resultado (COP) de estos equipos, es decir, la relación entre la energía frigorífica de salida y la energía térmica de entrada, son particularmente significativos. Si se compara con el COP de 2,0 de las instalaciones tradicionales, el de las instalaciones de trigeneración es de 0,7-1,3, en función del calor utilizado (8). Ya se comercializan regeneradores que utilizan residuos de la madera y pueden funcionar con productos derivados de la transformación de la fruta (huesos y cáscaras) y de productos agrícolas (orujos, tallos de maíz), con residuos de las serrerías y el trabajo de la madera, escamondaduras, descortezamiento, cáscaras de café, residuos de palma, residuos industriales y envases dañados. Con 100 kg de estos residuos se pueden obtener 70 kW de potencia eléctrica continua (80 kW de potencia de pico) y 130 kW de calor y enfriamiento. Una tonelada de residuos de madera de un coste de 70 euros puede sustituir a 160 litros de gasóleo cuyo coste es de 175 euros.

4.3.5

El Comité señala la oportunidad de emprender una campaña y adoptar medidas para limitar el uso de materiales en el embalaje de productos, que, además, deberían ser reciclables. El consumo de energía para fabricarlos y después para eliminarlos es muy alto, teniendo en cuenta que la mayor parte de estos embalajes no es biodegradable y constituye una causa grave de contaminación.

4.4.1

Actualmente, el mercado de la energía no está aprovechando al máximo su potencial de eficiencia y se necesita una mayor transparencia respecto de la eficacia real de las centrales y las pérdidas de las redes de transmisión. Los mercados del gas y la electricidad no se han liberalizado completamente. En algunos casos, la falta de transparencia sobre la formación de los precios y el propio proceso de liberalización constituye un obstáculo a una verdadera política de eficiencia energética. A este respecto, convendría reforzar el concepto de separación jurídica entre las empresas que gestionan monopolios técnicos y las que desempeñan una actividad en el marco de un régimen de libre competencia, prevista por las directivas relativas a la liberalización del mercado interior de la electricidad y el gas (Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE), para compararlo con el concepto más estricto de la disociación de la propiedad.

4.4.2

La política de precios en este sector debería fomentar el ahorro de energía y la eficiencia energética — en particular, de los combustibles fósiles — e impulsar el recurso a las fuentes de energía renovables. Debería dedicarse una atención especial a los consumidores pertenecientes a los estratos sociales más desfavorecidos, con arreglo al principio de la garantía de energía necesaria para el consumo básico, manteniendo, no obstante, su interés económico en el ahorro energético: por ejemplo, podría resultar interesante que se garantizaran tarifas sociales para los menos pudientes, pero sólo hasta una fecha límite de consumo, o que se ayudara económicamente a las familias.

4.4.3

Una experiencia interesante para fomentar el ahorro de energía es la utilización de contadores electrónicos, que permiten emplear un sistema de telegestión de la distribución de energía y optimizar la gestión de las cargas en las redes. Según la empresa ENEL, que proporcionó gratuitamente contadores electrónicos a sus 30 millones de clientes, la racionalización del impuesto sobre el consumo de energía, en particular mediante la adopción de una política tarifaria específica, permite maximizar la explotación de la producción, en particular durante las horas de menor demanda. El contador electrónico contribuye a sensibilizar al usuario final y favorece una utilización más racional de los recursos. Este sistema se considera un instrumento de eficiencia energética, de conformidad con las Directivas sobre los «Servicios energéticos» y la «Seguridad de abastecimiento».

4.4.4

El modelo de producción de electricidad «distribuida» (es decir, repartida entre numerosos productores, incluso muy pequeños) plantea una serie de problemas nuevos respecto a las modalidades de funcionamiento de las redes de media y baja tensión, que se crearon para una utilización exclusivamente unidireccional. Se requieren inversiones considerables para renovar las redes y adaptarse a las nuevas modalidades de producción. Es cierto que la producción descentralizada causa pérdidas menores en la fase de transmisión, pero las inversiones necesarias son muy elevadas y, además, los territorios oponen mucha resistencia a la hora de acoger también centrales pequeñas.

4.5

El sector de los transportes ha realizado grandes esfuerzos por reducir el consumo y las emisiones contaminantes, pero se le debe pedir un esfuerzo suplementario, dado que se trata del sector que registra el mayor crecimiento del consumo y es una de las principales fuentes de producción de gases de efecto invernadero (entre 1990 y 2004, las emisiones de CO2 debidas al transporte por carretera aumentaron en un 26 %). La dependencia respecto a terceros países para el combustible destinado al transporte (constituido por un 98 % de combustibles fósiles) aumenta la responsabilidad de la industria europea de este sector, obligada a contribuir a la eficiencia energética, a la reducción de las emisiones y a la disminución de las importaciones de productos derivados del petróleo y del gas.

4.5.1

La reciente decisión de la Comisión de definir por vía legislativa la consecución del objetivo de 120 g de CO2/km, el etiquetado de los neumáticos en función de límites máximos específicos de resistencia a la rodadura, la modificación de los requisitos aplicables a los combustibles, así como la introducción de mezclas de combustibles con fuerte contenido en etanol, biocarburantes, combustibles con escaso contenido de carbono y gasóleo con muy bajo contenido en azufre, constituyen claras señales dirigidas al mercado. Durante la década 2011-2020, los proveedores europeos deberán reducir en un 10 % las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por sus combustibles durante las fases de refinado, transporte y utilización, lo que permitirá realizar un ahorro de 500 millones de toneladas de emisiones de CO2. Estas decisiones se tomaron porque entre 1995 y 2004 las emisiones sólo se redujeron en un 12,4 % (pasando de 186 a 163 g CO2/km), y porque, paralelamente, se registró un aumento sensible de la potencia media de los vehículos, para los cuales resulta más difícil reducir las emisiones nocivas. Esta incongruencia nos hace plantearnos la conveniencia de aumentar los impuestos sobre los automóviles de lujo que no sean eficientes desde el punto de vista energético, como se ha hecho en algunos Estados miembros. La Comisión estima que el efecto sobre las emisiones de CO2 en 2020 será de 400 millones de toneladas suplementarias.

La ACEA (Asociación Europea de Productores de Automóviles) ha solicitado que el plazo se prorrogue de 2012 a, como mínimo, 2015, y que participen todas las partes interesadas, siguiendo las recomendaciones del Grupo de alto nivel «Cars 21». En opinión de los fabricantes europeos, si estas medidas no se acompañan de una planificación a largo plazo para adaptar los modelos, conllevarán unos costes que las empresas europeas no serán capaces de sufragar.

4.5.2

El Comité considera oportuno señalar que con la sustitución masiva de combustibles fósiles por biocarburantes se corre el riesgo de que en la asignación de los terrenos fértiles tengan que competir la producción de combustible y la de productos alimenticios, lo que provocaría un aumento del precio de estos últimos, que se alinearían sobre el precio de los productos energéticos, cuyo precio depende, a su vez, del de los combustibles fósiles. Ello significaría crear una competencia entre la población desfavorecida de los países del sur que pasa hambre y los automovilistas del norte del planeta (9). Se plantea objetivamente un problema ético, como es la utilización de recursos agrarios para producir combustible en los países del norte del planeta, cuando estos recursos podrían salvar millones de vidas en el hemisferio sur subdesarrollado. La producción total de maíz del Estado de Iowa podría destinarse a la producción de etanol. Si se piensa que para llenar el depósito de un todoterreno de 25 galones, lo que equivale a 94,5 litros, se consume la ración alimentaria anual de una persona, la cuestión se vuelve tangible y requiere una respuesta. El Comité está elaborando un dictamen específico sobre esta cuestión (10).

4.5.3

El Comité observa que, por una parte, la Comisión fomenta la celebración de acuerdos voluntarios pero que, por otra, anuncia la adopción de medidas obligatorias. La propia Comisión reconoce que la autorregulación desempeña un papel fundamental, ya que permite alcanzar los objetivos más rápidamente y de manera más económica que las obligaciones legales, y que los acuerdos voluntarios pueden presentar ventajas con respecto a la reglamentación. Permiten realizar progresos rápidamente, debido a su aplicación rápida y poco costosa. Permiten adaptarse con flexibilidad y coherencia a las opciones tecnológicas y las orientaciones del mercado. El Comité pide a la Comisión que examine cuidadosamente las causas de los escasos progresos realizados en materia de limitación de las emisiones de CO2 por la industria automovilística europea, que, sin embargo, ocupa el primer puesto en términos de inversiones en investigación y desarrollo. El Comité concuerda con la Comisión en que una normativa vinculante no siempre permite desarrollar plenamente el potencial de investigación y progresar hacia las soluciones que deben adoptarse.

4.5.4

El sector de la construcción desempeña un papel crucial en conseguir la eficiencia energética, tanto cuando se construyen edificios nuevos como cuando se adaptan los ya existentes. Sin embargo, en algunos países este sector ha tardado mucho en adaptarse a métodos más perfeccionados y se ha mostrado renuente a la imposición de normas más estrictas. Es necesario realizar un enorme esfuerzo para «reeducar» a todas las partes interesadas del sector acerca de la necesidad y la viabilidad de unas normas más estrictas y convencerlas de la necesidad de liderar en todo momento la defensa de unas mejores normas en materia de eficiencia energética, en lugar de resistirse a los cambios. Es preciso ofrecer a los diseñadores, los gestores y los artesanos de los distintos gremios de la construcción una formación adecuada sobre los posibles logros en materia de eficiencia energética, así como nuevos incentivos para conseguir tal objetivo.

4.6

El Comité apoya sin reservas los incentivos y las estrategias financieras y fiscales propuestas por la Comisión; aprecia, en particular, la participación del BEI y del BERD, así como los esfuerzos de sensibilización del sistema bancario europeo para incitarle a prestar el apoyo financiero necesario para realizar los planes energéticos nacionales. Reviste especial importancia a este respecto la eliminación definitiva de los obstáculos que siguen poniendo trabas a la seguridad jurídica de las empresas que proporcionan soluciones para mejorar la eficiencia energética (denominadas «empresas de servicios energéticos» (ESCO)).

4.6.1

El Comité desea que se organice una conferencia europea dedicada específicamente a la financiación de la eficiencia energética, al objeto de sensibilizar a las partes interesadas y promover la participación del sistema bancario europeo en la realización de un gran proyecto de modernización de la economía europea. Los bancos podrían participar en una especie de «desafío del milenio», que recompensaría a los que hubieran adoptado las mejores soluciones para financiar la eficiencia energética.

4.7

A juicio del Comité, es fundamental la acción de sensibilización de la opinión pública que podrían desempeñar las autoridades nacionales y locales, las empresas manufactureras y las sociedades proveedoras de energía. Conviene destacar el papel de los entes regionales en su calidad de informadores «imparciales» al servicio del público. Conviene dar una amplia publicidad a los resultados positivos obtenidos por las iniciativas realizadas en el ámbito del ahorro de energía. La publicidad debería resaltar como elemento esencial de los productos sus cualidades de eficiencia energética y respeto del medio ambiente, al objeto de favorecer una evolución positiva del concepto de «símbolo de estatus social», que hoy día se asocia con demasiada frecuencia y explícitamente con productos ineficientes desde el punto de vista del consumo energético con respecto a su utilización real. El Comité respalda la creación de un «Pacto entre alcaldes», pero considera que reunir solamente a las veinte primeras ciudades europeas es un objetivo muy modesto. El objetivo debería ser mucho más ambicioso y convendría valorizar en mayor medida las experiencias locales. La creación de un portal Internet dedicado al intercambio de experiencias entre las grandes, medianas y pequeñas ciudades de la Unión, en las que se concentra más del 80 % de la población europea, podría constituir un instrumento muy útil para poner en contacto a los responsables de las administraciones locales encargados de las políticas de transporte urbano con los responsables de las actividades de proximidad, que tienen repercusiones inmediatas en la opinión pública. La expedición de un certificado de «Municipio de gran eficiencia energética» (el primero se otorgó al pequeño municipio italiano de Varese Ligure) imprime, sin lugar a dudas, un fuerte impulso a la adopción a nivel local de políticas de mejora de la eficiencia energética. Por otra parte, la Comisión podría organizar una «competición de eficiencia energética» entre las escuelas europeas, que recompensaría a la escuela que propusiera las soluciones que mejor combinan ahorro y calidad y obtuviera los mejores resultados.

4.7.1

El Comité lamenta que el plan de acción no tenga en cuenta el importante papel que pueden desempeñar los interlocutores sociales y el diálogo social en todos los niveles, con el fin de evaluar, promover y desarrollar políticas de ahorro de energía El Comité espera que la Comisión se esfuerce por impulsar la inclusión de los temas de sostenibilidad medioambiental en las estructuras existentes de diálogo social en los distintos niveles y, en particular, en los niveles sectoriales y en los comités de empresa europeos. Un enfoque centrado en el puesto de trabajo, que mejore la calidad de la información, la consulta y la participación de los trabajadores, podría convertirse en una fuente muy importante de ahorro de energía; cabe pensar, por ejemplo, en los procesos productivos y las nuevas tecnologías industriales, los problemas de movilidad de los trabajadores, el reciclaje y el teletrabajo, por no citar más que los más importantes. Por todas estas razones, es absolutamente fundamental que los representantes de los trabajadores estén asociados a las estrategias de eficiencia energética. Una de las posibilidades que podrían examinar los interlocutores sociales es la de los acuerdos colectivos por los que se distribuye a los trabajadores una parte de los ahorros realizados por la empresa, sobre la base de una verdadera asociación. Además, las organizaciones sindicales pueden desempeñar un papel fundamental en el ámbito del conocimiento y la toma de conciencia, tanto a nivel europeo como nacional, contribuyendo así a difundir las buenas prácticas.

4.7.2

Es importante que el tema del ahorro de energía se asocie a las buenas prácticas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y, en particular, de las multinacionales, lo que requiere un diálogo social reforzado para tratar todas las cuestiones vinculadas a la eficiencia energética, con el fin de contribuir a la definición de una estrategia europea dirigida a limitar el consumo de carbón, teniendo en cuenta todos sus efectos nocivos para la salud, como las partículas finas, cuya existencia ya constituye un asunto urgente en muchas ciudades europeas. La difusión de buenas prácticas como, por ejemplo, la exclusión del carbón de las impresoras u otras iniciativas, contribuye a concienciar a los ciudadanos y a que tengan un talante positivo con respecto a las políticas sostenibles.

4.8

La Comisión hace especial hincapié en la dimensión internacional de la cuestión de la mejora de la intensidad energética. El Comité es favorable a las propuestas de asociación y a la elaboración de un acuerdo marco internacional. En el contexto de la anunciada conferencia internacional sobre la eficiencia energética, el Comité recomienda que se aproveche la oportunidad para hacer participar a los países incluidos en los programas ACP, Euromed y PEV. Para afrontar el reto del desarrollo sostenible, la cooperación internacional resulta imprescindible: convendrá intensificar los esfuerzos diplomáticos por lograr antes de 2009 un nuevo protocolo internacional post-Kyoto con motivo de la conferencia que se inaugurará este año en Bali.

4.9

La industria europea, que está desarrollando importantes tecnologías dirigidas al ahorro de energía, puede ayudar considerablemente a los demás países, a través de colaboraciones industriales, a mejorar la calidad de la producción de electricidad y el consumo energético y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a reducir globalmente el consumo.