(1)

El 10 de noviembre de 2020, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre la política en materia de propiedad intelectual e industrial en las que indicaba que se mostraba dispuesto a estudiar el establecimiento de un sistema de protección específica para las indicaciones geográficas de productos no agrícolas, sobre la base de una minuciosa evaluación de impacto de sus costes y beneficios potenciales.

(2)

En su Comunicación de 25 de noviembre de 2020 titulada «Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE», la Comisión se comprometió a estudiar, sobre la base de una evaluación de impacto, si se propone un sistema de protección de la Unión para las indicaciones geográficas no agrícolas.

(3)

En su Resolución de 11 de noviembre de 2021 sobre un plan de acción en favor de la propiedad intelectual para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE, el Parlamento Europeo destacó que el reconocimiento de las indicaciones geográficas para los productos no agrícolas es pertinente para las prioridades de los programas de la Unión que se están desarrollando actualmente, subrayando su apoyo a la iniciativa de la Comisión de establecer, sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva, una protección eficiente y transparente a escala de la Unión para las indicaciones geográficas para productos no agrícolas, con el fin de adecuarse, entre otras cosas, al Acta de Ginebra del Arreglo d Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (4) (en lo sucesivo, «Acta de Ginebra»), que prevé la posibilidad de proteger las indicaciones geográficas de productos tanto agrícolas como no agrícolas.

(4)

Para poder ejercer plenamente su competencia exclusiva en el ámbito de la política comercial común, y en pleno cumplimiento de sus compromisos en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC») de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 26 de noviembre de 2019, de conformidad con la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo (5), la Unión se adhirió al Acta de Ginebra, administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El Acta de Ginebra ofrece un medio para conseguir la protección de indicaciones geográficas, independientemente de la naturaleza de los productos a los que se apliquen, y, por tanto, incluye los productos artesanales e industriales. A fin de cumplir plenamente dichas obligaciones internacionales, es una prioridad para la Unión garantizar que exista un reconocimiento y una protección uniformes en toda la Unión de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales.

(5)

Durante muchos años, la protección de las indicaciones geográficas se ha establecido en el ámbito de la Unión para los vinos (6) y las bebidas espirituosas (7), así como para los productos agrícolas y alimenticios, incluidos los vinos aromatizados (8). Es conveniente prever una protección en la Unión de las indicaciones geográficas de productos que quedan fuera del ámbito del Derecho de la Unión vigente, a la vez que se garantiza la convergencia. Dicha protección debe tener por objetivo abarcar una amplia variedad de productos artesanales e industriales, como piedras naturales, obras de carpintería, joyería, textiles, encaje, cubertería, vidrio, porcelana y cueros y pieles. La introducción de tal sistema para la protección de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales resultaría beneficiosa para los consumidores, al mejorar la concienciación en relación con la autenticidad de los productos. También ejercería un efecto económico positivo en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), al reforzar la competitividad, y tendría un efecto positivo general en el empleo, el desarrollo y el turismo en las zonas rurales y las regiones menos desarrolladas. Además, este sistema también facilitaría el acceso a los mercados de terceros países a través de acuerdos comerciales con la Unión y desarrollaría todo el potencial de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales.

(6)

Varios Estados miembros disponen de sistemas nacionales para la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. Dichos sistemas difieren en términos de alcance de la protección, administración y tasas, y no ofrecen protección más allá de sus territorios nacionales. Otros Estados miembros no prevén la protección de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales en el ámbito nacional. Ese panorama fragmentado y complejo, con varios sistemas de protección a nivel de los Estados miembros podría conllevar mayores costes e inseguridad jurídica para los productores, y desincentivar la inversión en la artesanía tradicional de la Unión. La existencia de un sistema de protección de la Unión armonizado es esencial a la hora de crear la seguridad jurídica necesaria para todas las partes interesadas y de prevenir las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual en relación con los productos artesanales e industriales, lo que permitiría a la Unión proteger mejor sus intereses, también a nivel internacional.

(7)

La elaboración de productos con una fuerte vinculación a una zona geográfica específica depende a menudo del saber hacer local y suele basarse en la utilización de métodos de producción locales arraigados en el patrimonio cultural y social de la región de origen de dichos productos. Una protección eficaz de la propiedad intelectual e industrial tiene potencial para contribuir al incremento de la rentabilidad y el atractivo de las profesiones artesanales tradicionales. La protección específica de las indicaciones geográficas se reconoce con el objetivo de conservar y desarrollar el patrimonio cultural en el sector agrario y en el de la artesanía y la industria. Por lo tanto, deben crearse unos procedimientos eficaces para el registro a nivel de la Unión de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales, que tengan en cuenta las especificidades locales y regionales. El sistema de protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales que prevé el presente Reglamento debe garantizar que las tradiciones de producción y comercialización se mantengan y se mejoren.

(8)

Una protección uniforme en toda la Unión de los derechos de propiedad intelectual e industrial en relación con las indicaciones geográficas puede crear incentivos para la elaboración de productos de calidad, contribuir a la lucha contra la falsificación, garantizar la amplia disponibilidad de productos de calidad para los consumidores y contribuir a la creación de puestos de trabajo valiosos y sostenibles, también en las zonas rurales y las regiones menos desarrolladas, lo que a su vez puede contribuir a contrarrestar la tendencia a la despoblación. En particular, en vista del potencial de dicha protección para contribuir a la creación de empleos sostenibles y altamente cualificados en las zonas rurales y las regiones menos desarrolladas, el objetivo de los productores debe ser que una importante proporción del valor del producto designado mediante una indicación geográfica se genere en la zona geográfica definida. Los requisitos según los cuales la calidad, renombre u otra característica determinada de un producto se han de poder atribuir fundamentalmente a su origen geográfico y el producto ha de ser originario de una zona geográfica definida, según lo establecido en el presente Reglamento, refuerzan el entendimiento de que una importante proporción del valor del producto designado mediante una indicación geográfica ha de generarse en la zona geográfica determinada. Dichos requisitos deben garantizar que solo los productos con una fuerte vinculación a una zona geográfica puedan beneficiarse de la protección prevista en el presente Reglamento.

(9)

Para ello, es necesario garantizar una competencia leal para los productores de productos artesanales e industriales en el mercado interior; garantizar el acceso de los consumidores a una información fiable sobre esos productos; conservar y desarrollar el patrimonio cultural y el saber hacer tradicional; garantizar que las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales se registren de manera eficiente, tanto a nivel de la Unión como a nivel internacional; prever controles efectivos y una garantía del cumplimiento en relación con las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en todo el mercado interior, también en el comercio electrónico; y establecer un vínculo con el sistema internacional de registro y protección basado en el Acta de Ginebra.

(10)

Las funciones que asigna el presente Reglamento a las autoridades de los Estados miembros, a la Comisión y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Oficina»), creada por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), podrían requerir el tratamiento de datos personales, en particular cuando esto sea necesario para identificar a los solicitantes en un procedimiento de registro, de modificación del pliego de condiciones o de anulación del registro, a los oponentes o a los beneficiarios de un período transitorio concedido mediante el establecimiento de excepciones a la protección de una indicación geográfica registrada. El tratamiento de dichos datos personales es por tanto necesario para el ejercicio de una función realizada en interés público. Cualquier tratamiento y publicación de datos personales recibidos en el transcurso de procedimientos en el marco del presente Reglamento, por ejemplo a efectos de registro, y también oposición, modificación del pliego de condiciones, anulación del registro, controles y concesión de un período transitorio, debe respetar los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal que recogen los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). En este contexto, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) imponen determinadas obligaciones a los Estados miembros, mientras que el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) impone determinadas obligaciones a la Comisión y a la Oficina. Cuando la Comisión y la Oficina determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento de los datos, deben ser considerados corresponsables del tratamiento.

(11)

Las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, que tienen una calidad, renombre u otra característica determinada vinculada al lugar de producción, otorgan un derecho colectivo que pueden ejercer todos los productores de una zona geográfica definida que cumplan los requisitos y que deseen adherirse a un pliego de condiciones, de conformidad con el presente Reglamento. Los productores que actúan colectivamente tienen más poder de mercado que los productores individuales y pueden aprovechar las sinergias a la hora de gestionar sus indicaciones geográficas, que recompensan a los productores por sus esfuerzos para producir una gran variedad de productos de calidad. Por consiguiente, las solicitudes de registro de indicaciones geográficas deben ser presentadas por agrupaciones de productores.

(12)

En algunas zonas geográficas, podría haber solo un productor interesado en presentar una solicitud de registro de un nombre como indicación geográfica. Por lo tanto, también debe existir la posibilidad de que un productor único sea considerado solicitante. No obstante, no debe permitirse que un productor único defina la zona geográfica por referencia a su propia tierra o taller. La zona geográfica debe referirse siempre a una parte concreta del territorio y no a lindes de propiedad privada.

(13)

También debe existir la posibilidad de que sea solicitante una autoridad local o regional designada por un Estado miembro o una entidad privada designada por un Estado miembro. En tales casos, la solicitud debe exponer los motivos de dicha designación.

(14)

Además, debe permitirse que una entidad local o regional del Estado miembro de origen de la agrupación de productores o del productor único preste asistencia a dicha agrupación de productores o productor único en la preparación de la solicitud y en la primera fase del procedimiento de registro. La asistencia podría incluir asesoramiento y el intercambio de documentos, contactos e información.

(15)

El sistema de protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales establecido en el presente Reglamento tiene por objeto hacer posible que los consumidores tomen decisiones de compra más fundadas y, en este contexto, el etiquetado y la publicidad ayudan a los consumidores a identificar correctamente en el mercado los productos de calidad. Los derechos de propiedad intelectual e industrial en relación con las indicaciones geográficas ayudan a los agentes económicos y a las empresas a valorizar sus activos intangibles. Con el fin de evitar que se genere una competencia desleal y de preservar el mercado interior, todos los productores, incluidos los de terceros países, deben poder utilizar una indicación geográfica registrada y comercializar productos designados mediante dicha indicación geográfica en toda la Unión, también en el comercio electrónico, siempre que el producto de que se trate cumpla el pliego de condiciones correspondiente y que el productor esté sujeto a controles.

(16)

Un nombre de un producto ha de poder acogerse a la protección como indicación geográfica si el producto satisface tres requisitos acumulativos: que el producto tenga su origen en un lugar, región o país específicos; que la calidad, renombre u otra característica determinada del producto se pueda atribuir fundamentalmente a su origen geográfico, y que al menos una de las fases de producción tenga lugar en esa zona geográfica. Para cumplir esos requisitos, es necesario demostrar que el origen geográfico es un factor esencial de la calidad, el renombre o las otras características del producto. Esos requisitos están en consonancia con los requisitos aplicables a las indicaciones geográficas establecidos en el Acta de Ginebra y en la legislación de la Unión sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas, los productos alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas. No obstante, los productos contrarios al orden público no deben ser objeto de indicaciones geográficas protegidas. La necesidad de aplicar dicha excepción de orden público debe evaluarse caso por caso, y la excepción debe aplicarse de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(17)

La fase de producción o las fases de producción indicadas en el pliego de condiciones son las que confieren al producto una calidad, renombre u otra característica determinada. Los factores humanos o naturales, o una combinación de ambos, determinan si es pertinente incluir en el pliego de condiciones una fase de producción. No deben poder acogerse a la protección los productos producidos principalmente fuera de la zona geográfica determinada que solo se transportan a dicha zona para su envasado o para una fase de producción que podría llevarse a cabo en otro lugar sin suponer una diferencia significativa en la calidad, renombre u otra característica determinada del producto. Este principio permitiría evitar que se vendan como productos designados mediante una indicación geográfica productos de baja calidad, sin características únicas y producidos casi por completo fuera de la zona geográfica determinada.

(18)

Las microempresas y las pymes suelen disponer de recursos limitados para ocuparse de las tareas administrativas. La autoridad competente del Estado miembro de origen del solicitante debe procurar prestar asistencia, a petición del solicitante, en la preparación del documento único previsto en el presente Reglamento, con arreglo a sus prácticas administrativas. Cuando un Estado miembro decida recurrir al procedimiento de registro directo previsto en el presente Reglamento (en lo sucesivo, «procedimiento de registro directo»), la Oficina, en estrecha cooperación con el punto de contacto único del Estado miembro de que se trate, debe procurar prestar asistencia en relación con el documento único. Toda asistencia prestada por las autoridades o la Oficina debe entenderse sin perjuicio del hecho de que el solicitante sigue siendo responsable del documento único.

(19)

Para obtener protección como indicaciones geográficas, los nombres deben registrarse únicamente a nivel de la Unión. El procedimiento ordinario para el registro de una indicación geográfica en virtud del presente Reglamento debe comprender dos fases. Los Estados miembros deben ser responsables de la primera fase (en lo sucesivo, «fase nacional») y la Oficina debe ser responsable de la segunda fase (en lo sucesivo, «fase de la Unión»). Cuando se haya concedido a un Estado miembro una exención respecto del procedimiento ordinario, el solicitante de dicho Estado miembro debe tener la posibilidad de presentar una solicitud directamente a la Oficina mediante el procedimiento de registro directo. Las indicaciones geográficas de productos originarios de terceros países (en lo sucesivo, «indicaciones geográficas de terceros países») que cumplan los requisitos correspondientes y que se encuentren protegidas en el tercer país de origen también deben tener acceso a la protección concedida en virtud del presente Reglamento una vez registradas. La Oficina debe realizar los procedimientos pertinentes por lo que se refiere a las indicaciones geográficas de terceros países.

(20)

Los Estados miembros deben establecer procedimientos administrativos eficientes, previsibles y rápidos. La información sobre dichos procedimientos, incluidos los plazos aplicables y la duración total de los procedimientos, debe estar disponible públicamente. Los Estados miembros, la Comisión y la Oficina deben cooperar en el seno del Comité Consultivo establecido en virtud del presente Reglamento (en lo sucesivo, «Comité Consultivo») para poner en común las mejores prácticas con vistas a promover la eficacia de dichos procedimientos.

(21)

Los Estados miembros y la Oficina deben llevar a cabo los procedimientos de registro, incluidas la oposición, la modificación del pliego de condiciones, la anulación del registro y el recurso en el caso de las indicaciones geográficas originarias de la Unión, y dichos procedimientos deben cumplir requisitos de transparencia. Los Estados miembros y la Oficina deben ser respectivamente responsables de las distintas fases de dichos procedimientos. Los Estados miembros deben ser responsables de la fase nacional, que consiste en recibir la solicitud presentada por el solicitante, examinarla, gestionar el procedimiento nacional de oposición y, una vez completada positivamente la fase nacional, presentar la solicitud a la Oficina para que inicie la fase de la Unión. Los Estados miembros deben establecer los trámites procedimentales concretos para la fase nacional. Dichos trámites deben incluir consultas entre el solicitante y cualquier oponente nacional, así como la presentación por parte del solicitante de un informe sobre el resultado de dichas consultas y sobre cualquier modificación introducida en la solicitud. Además, la admisibilidad de la oposición y los motivos para denegar el registro en la fase nacional deben ajustarse a los de la fase de la Unión. La Oficina debe ser responsable, en la fase de la Unión, del examen de las solicitudes, de gestionar el procedimiento de oposición y de conceder o denegar el registro. La Oficina también debe llevar a cabo los procedimientos correspondientes por lo que se refiere a las indicaciones geográficas de terceros países.

(22)

La Oficina debe animar a las partes a recurrir a modos alternativos de resolución de litigios, como la mediación, a efectos de alcanzar un acuerdo amistoso. A tal efecto, la Oficina debe ofrecer a las partes la oportunidad de recurrir a dichos servicios en los procedimientos disponibles a nivel de la Unión. La Oficina debe prestar dichos servicios por sí misma, pero las partes también deben tener la posibilidad de recurrir a otros servicios de mediación.

(23)

Con objeto de facilitar la tramitación por parte de las autoridades competentes de las solicitudes, dos o más Estados miembros deben tener la posibilidad de cooperar en la fase nacional de los procedimientos, incluidos los de examen, oposición nacional, presentación de las solicitudes a la Oficina, modificación del pliego de condiciones y anulación del registro; y decidir que uno de ellos gestione los procedimientos en nombre del otro u otros Estados miembros afectados. En esos casos, dichos Estados miembros deben informar sin demora a la Comisión al respecto y proporcionar información sobre los principales parámetros de la cooperación.

(24)

En determinadas circunstancias, los Estados miembros deben poder ser eximidos de la obligación de designar una autoridad nacional competente que sea responsable de la fase nacional de los procedimientos de registro, incluida la oposición nacional, la modificación del pliego de condiciones y la anulación del registro. En relación con dicha exención, debe tenerse en cuenta el hecho de que determinados Estados miembros no disponen de un sistema nacional específico para la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, que el interés local que tienen dichos Estados miembros en la protección de indicaciones geográficas es mínimo y que, en tales circunstancias, no estaría justificado obligarlos a crear toda la infraestructura necesaria para tal sistema. Sería más eficiente y eficaz en relación con los costes prever una vía alternativa para que las agrupaciones de productores de esos Estados miembros protejan sus productos, a saber, un «procedimiento de registro directo» ante la Oficina. Dicha alternativa también comportaría ventajas económicas para los Estados miembros.

(25)

La Comisión, tras examinar la información proporcionada por un Estado miembro, debe adoptar una decisión sobre la solicitud de exención presentada por dicho Estado miembro que permita a este recurrir al procedimiento de registro directo. Al examinar la solicitud, la Comisión debe evaluar todas las circunstancias pertinentes, como el número de nombres protegidos existentes de productos, el número de productores y agrupaciones de productores que podrían estar interesados en el Estado miembro de que se trate, el tamaño de la población del Estado miembro de que se trate, el volumen de ventas, las capacidades de fabricación y los mercados para los productos de que se trate, y otra información que el Estado miembro considere pertinente como prueba de un nivel de interés bajo a nivel nacional. Para tomar una decisión, la Comisión ha de poder utilizar también, por ejemplo, la información recopilada a través de una consulta pública, un estudio o análisis de mercado o cartas de las cámaras profesionales pertinentes o de cualquier otra instancia oficial pertinente. La Comisión debe conservar el derecho a modificar o revocar una decisión que permita a un Estado miembro recurrir al procedimiento de registro directo en caso de que el Estado miembro de que se trate deje de cumplir las condiciones; por ejemplo, si la cantidad de solicitudes directas presentada por solicitantes de dicho Estado miembro superase, de forma recurrente en el tiempo, la previsión inicial de dicho Estado miembro.

(26)

A raíz de dicha exención, los procedimientos de registro, modificación del pliego de condiciones y anulación del registro debe gestionarlos directamente la Oficina. En este sentido, la Oficina debe recibir, cuando lo necesite, asistencia de las autoridades administrativas del Estado miembro de que se trate, a través de un punto de contacto único nacional designado, en particular por lo que se refiere al examen de la solicitud. El punto de contacto único debe contar con la experiencia y los conocimientos locales necesarios en materia de indicaciones geográficas. A fin de prestar asistencia a la Oficina, el punto de contacto único debe poder consultar a expertos que tengan conocimientos de productos o sectores específicos.

(27)

La solicitud para un procedimiento de registro directo no debe eximir a los Estados miembros de la obligación de designar una autoridad competente para realizar los controles ni de adoptar las medidas necesarias para hacer que se respeten los derechos establecidos en el presente Reglamento.

(28)

Para garantizar la coherencia y la eficiencia en la toma de decisiones en relación con las solicitudes, la autoridad competente de un Estado miembro debe informar sin demora indebida a la Oficina de los procedimientos ante un órgano jurisdiccional nacional u otro organismo en relación con una solicitud presentada por dicha autoridad competente a la Oficina, y del resultado final de dicho procedimiento. Por la misma razón, la autoridad competente debe mantener informada a la Oficina de cualquier procedimiento administrativo y judicial nacional contra la decisión de dicha autoridad competente que pueda afectar al registro de una indicación geográfica.

(29)

A partir de la fecha de presentación a la Oficina de una solicitud por parte de un Estado miembro, los Estados miembros deben poder conceder protección nacional temporal a una indicación geográfica antes de completar la fase de la Unión, siempre y cuando ni el mercado interior ni la política comercial de la Unión se vean afectados. La protección nacional temporal no debe concederse en caso de registro directo.

(30)

Para que los agentes económicos cuyos intereses se vean afectados por el registro de una indicación geográfica puedan seguir utilizando el nombre registrado durante un período de tiempo limitado, la Oficina debe conceder una excepción específica para el uso de tal nombre durante un período transitorio. Dicho período transitorio puede contemplarse para superar dificultades temporales, con el objetivo a largo plazo de garantizar que todos los productores cumplan el pliego de condiciones. Sin perjuicio de las normas que rigen los conflictos entre indicaciones geográficas y marcas, debe existir la posibilidad de seguir utilizando los nombres que de otro modo vulnerarían la protección de una indicación geográfica, en determinadas condiciones durante un período transitorio.

(31)

En determinados casos concretos, la Comisión debe poder relevar a la Oficina de la facultad de decidir sobre las solicitudes individuales, sobre las solicitudes de modificación del pliego de condiciones o sobre las solicitudes de anulación. Cualquier Estado miembro, o la Oficina, debe poder solicitar que la Comisión ejerza esta prerrogativa. Asimismo, la Comisión debe poder actuar por iniciativa propia. En cualquier caso, la Oficina debe seguir siendo responsable del examen del expediente y de la oposición, y sobre la base de consideraciones técnicas, debe elaborar el proyecto de acto de ejecución para la Comisión.

(32)

Para el buen funcionamiento del mercado interior, es importante que los productores y otros agentes económicos interesados, así como las autoridades y los consumidores, tengan acceso rápido y fácil a la información pertinente relativa a indicaciones geográficas.

(33)

Para evitar la fragmentación del mercado interior y garantizar la transparencia y la uniformidad en toda la Unión, es necesario establecer un registro electrónico de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales (en lo sucesivo, «Registro de la Unión»), que debe ser fácilmente accesible al público en un formato legible por máquina. La Oficina debe hacerse cargo de la creación y el mantenimiento del Registro de la Unión, y proporcionar el personal para ocuparse de su funcionamiento. Debe tomarse en consideración la posibilidad de utilizar bases de datos existentes para evitar que se generen cargas administrativas innecesarias.

(34)

La Unión negocia con sus socios comerciales acuerdos internacionales, entre los que se cuentan los relativos a la protección de las indicaciones geográficas. La protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en la Unión también puede derivarse de tales acuerdos, independientemente del registro internacional previsto en el Acta de Ginebra y del sistema de registro establecido en el presente Reglamento. Las indicaciones geográficas protegidas en la Unión en virtud de un registro internacional con arreglo al Acta de Ginebra o con arreglo a acuerdos internacionales con socios comerciales de la Unión deben poder inscribirse en el Registro de la Unión con objeto de facilitar el suministro de información al público, de aumentar la transparencia en beneficio de los consumidores y, en particular, de garantizar la protección y el control del uso que se da a dichas indicaciones geográficas. En tales casos, los nombres respectivos deben inscribirse en el Registro de la Unión como indicaciones geográficas protegidas.

(35)

Toda parte que se vea perjudicada por una resolución de la Oficina debe tener derecho a recurrir ante las Salas de Recurso de la Oficina (en lo sucesivo, «Salas de Recurso»). Las resoluciones de las Salas de Recurso deben, a su vez, poder ser objeto de recurso ante el Tribunal General, que es competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

(36)

Se debe establecer un Consejo Consultivo, compuesto por expertos de los Estados miembros y de la Comisión, para proporcionar los conocimientos y la experiencia necesarios en relación con determinados productos, sectores y circunstancias locales que podrían influir en el resultado de los procedimientos en el marco del presente Reglamento. Con objeto de adquirir los conocimientos técnicos específicos, necesarios para el examen de las solicitudes individuales en cualquier fase de los procedimientos de registro, incluida la oposición, el recurso u otros procedimientos, la División de Indicaciones Geográficas de la Oficina o las Salas de Recurso, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, deben tener la posibilidad de consultar al Consejo Consultivo. Cuando sea necesario, dicha consulta debe incluir asimismo un dictamen general sobre la evaluación de los criterios de calidad, el establecimiento del renombre de un producto, la determinación del carácter genérico de un nombre y la evaluación del riesgo de confundir a los consumidores. El dictamen del Consejo Consultivo no debe ser vinculante. El Consejo Consultivo debe invitar, cuando proceda, a expertos en la categoría del producto de que se trate, incluidos representantes regionales y del ámbito académico. El procedimiento relativo al nombramiento de los expertos y al funcionamiento del Consejo Consultivo debe especificarse en el reglamento interno del Consejo Consultivo, aprobado por el Consejo de Administración.

(37)

Con objeto de garantizar un uso justo de las indicaciones geográficas inscritas en el Registro de la Unión y de evitar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, en particular en lo que se refiere a productos comparables, debe concederse una protección a tales indicaciones. Para determinar si unos productos son comparables a un producto protegido por una indicación geográfica, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes. Dichos factores deben incluir: si los productos tienen características objetivas comunes, como el método de producción, el aspecto físico o la utilización de una misma materia prima, en qué circunstancias se utilizan los productos desde el punto de vista del segmento de mercado pertinente, si se distribuyen con frecuencia a través de los mismos canales y si los productos están sujetos a normas de comercialización similares.

(38)

A fin de reforzar la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y luchar contra la falsificación eficazmente, la protección al amparo del presente Reglamento debe aplicarse también a los nombres de dominio en internet. También es importante tener debidamente en cuenta el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular sus artículos 22 y 23, así como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, celebrado, en nombre de la Unión, en virtud de la Decisión 94/800/CE del Consejo (13), incluido su artículo V, sobre la libertad de tránsito. Con arreglo a ese marco jurídico y a fin de luchar contra la falsificación más eficazmente, dicha protección debe aplicarse asimismo respecto a las mercancías que entran en el territorio aduanero de la Unión y no son despachadas a libre práctica, sino que se incluyen en procedimientos aduaneros especiales, como los que están relacionados con el tránsito, el depósito, los destinos especiales y el perfeccionamiento.

(39)

Debe garantizarse que el uso de una indicación geográfica en el nombre de un producto manufacturado —que contiene o incorpora, como parte o componente, el producto designado mediante la indicación geográfica— se corresponda con prácticas comerciales leales y que no se aproveche del renombre de la indicación geográfica, lo debilite, diluya o perjudique. Para dicho uso, debe exigirse el consentimiento de la agrupación de productores o del productor individual del producto designado mediante la indicación geográfica.

(40)

Los términos genéricos que son similares o que forman parte de un nombre o término protegido por una indicación geográfica deben conservar su calidad de genérico.

(41)

Los nombres homónimos (en lo sucesivo, «homónimos») son nombres que se escriben o pronuncian de la misma manera, pero se refieren a diferentes zonas geográficas. Un nombre que sea total o parcialmente homónimo de una indicación geográfica ya registrada o solicitada no debe registrarse, a menos que determinadas circunstancias justifiquen su protección, teniendo en cuenta la necesidad de igualdad de trato de los productores y la necesidad de que no se induzca a error a los consumidores en cuanto al verdadero origen geográfico de los productos. Los homónimos que puedan inducir a error a los consumidores en cuanto a la verdadera identidad u origen geográfico del producto no deben registrarse como indicación geográfica.

(42)

Si bien las marcas y las indicaciones geográficas difieren en términos de naturaleza y finalidad, la relación entre ambas debe aclararse en relación con los criterios para la denegación de solicitudes de marca, la declaración de nulidad o la anulación de marcas y la coexistencia de marcas e indicaciones geográficas. La protección de las indicaciones geográficas debe mantenerse en equilibrio frente a la protección de marcas renombradas y notoriamente conocidas, en particular a la luz del derecho fundamental a la propiedad tal como está establecido en el artículo 17 de la Carta, así como de las obligaciones derivadas del Derecho internacional. Al evaluar la relación entre una indicación geográfica y una marca, debe tenerse en cuenta la continuidad de la protección de una indicación geográfica establecida mediante el registro o el uso en un Estado miembro, cuando la indicación geográfica haya pasado a quedar amparada por la protección de la Unión de conformidad con el presente Reglamento, así como la prioridad reivindicada en relación con una solicitud de marca.

(43)

Las agrupaciones de productores desempeñan un papel esencial en el proceso de solicitud de registro de indicaciones geográficas, así como en los procedimientos de modificación de los pliegos de condiciones y de anulación del registro. Deben disponer de los medios necesarios para identificar y comercializar mejor las características específicas de sus productos. Por lo tanto, debe especificarse el papel de las agrupaciones de productores.

(44)

Los registros de nombres de dominio territorial de primer nivel establecidos en la Unión que ofrezcan procedimientos alternativos de resolución de litigios para resolver litigios relacionados con el registro de nombres de dominio deben garantizar que dichos procedimientos se apliquen también a las indicaciones geográficas. Tras un procedimiento alternativo de resolución de litigios o un procedimiento judicial adecuados, los registros de nombres de dominio territorial de primer nivel establecidos en la Unión han de poder revocar o transferir un nombre de dominio registrado con un dominio territorial de primer nivel a la agrupación de productores pertinente cuando el registro de un nombre de dominio vulnere la protección de una indicación geográfica, cuando el nombre de dominio se utilice de mala fe, o cuando el nombre de dominio haya sido registrado por su titular sin que dicho titular tenga derecho ni interés legítimo respecto a la indicación geográfica.

(45)

La Comisión debe evaluar la viabilidad de establecer un sistema de información y alerta contra el uso abusivo de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en el sistema de nombres de dominio, y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre sus principales conclusiones. Sobre la base de los resultados de dicha evaluación, la Comisión debe presentar, cuando sea necesario, una propuesta legislativa para establecer dicho sistema.

(46)

Puesto que el sistema de la Unión de protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, es nuevo, es importante concienciar sobre esta iniciativa a los consumidores, los productores —especialmente las microempresas y las pymes— y las autoridades públicas a nivel local, regional, nacional e internacional. A tal fin, debe animarse a los Estados miembros, la Comisión, la Oficina y las partes interesadas pertinentes a llevar a cabo periódicamente actividades de promoción para una mayor concienciación.

(47)

El símbolo de la Unión, la mención y la abreviatura que identifiquen indicaciones geográficas registradas —y los derechos sobre ellos en el marco de la Unión— han de ser protegidos en la Unión, así como en terceros países, con el fin de garantizar que se utilicen para productos auténticos y que los consumidores no sean inducidos a error en cuanto a las características de los productos.

(48)

Debe recomendarse el uso del símbolo de la Unión, la mención y la abreviatura en el envase de productos artesanales e industriales designados mediante una indicación geográfica, así como en los sitios web de venta en línea, con el fin de lograr que los consumidores conozcan mejor dichos productos y las garantías que llevan aparejadas, así como para hacer posible una identificación más fácil de dichos productos en el mercado y, de este modo, facilitar los controles. En el caso de las indicaciones geográficas de terceros países, el uso del símbolo de la Unión, la mención y la abreviatura debe tener carácter voluntario.

(49)

En aras de la claridad para los consumidores, y para lograr la máxima coherencia con respecto a la legislación de la Unión en materia de protección de indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas, el símbolo de la Unión utilizado en los envases de productos artesanales e industriales designados mediante una indicación geográfica debe ser idéntico al establecido con arreglo al Reglamento Delegado (UE) n.o 664/2014 de la Comisión (14) y utilizado en los envases de los productos agrícolas y alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas designados mediante una indicación geográfica.

(50)

El valor añadido de las indicaciones geográficas radica en la confianza de los consumidores. Esta confianza solo puede estar bien fundada si el registro de las indicaciones geográficas va acompañado de una verificación y unos mecanismos de control eficaces y eficientes. Los consumidores deben poder esperar que toda indicación geográfica esté amparada por sólidos sistemas de verificación y control, con independencia de que los productos sean originarios de la Unión o de un tercer país.

(51)

Con objeto de garantizar la confianza de los consumidores en las características específicas de los productos artesanales e industriales designados mediante una indicación geográfica, los productores deben estar sujetos a un sistema, basado en la autodeclaración de un productor, que verifique el cumplimiento del pliego de condiciones antes y después de que el producto se comercialice. A efectos de los controles, cada Estado miembro debe designar autoridades competentes para la verificación del cumplimiento y el seguimiento. Debe ser posible tener una autoridad competente designada para la fase nacional y una autoridad competente diferente designada para los controles, si un Estado miembro así lo decide. Debe permitirse a las respectivas autoridades competentes delegar determinadas funciones de control en organismos de certificación de productos o en personas físicas.

(52)

El productor debe presentar la autodeclaración ante la autoridad competente responsable de verificar el cumplimiento del pliego de condiciones. Para demostrar que se siguen cumpliendo los requisitos, dicha autodeclaración debe presentarse cada tres años. Debe exigirse a los productores que presenten una autodeclaración actualizada inmediatamente cuando haya una modificación del pliego de condiciones de una naturaleza tal que afecte al producto en cuestión. La verificación basada en una autodeclaración no debe suponer un obstáculo para que los productores sometan a la verificación de terceros que sus productos cumplen el pliego de condiciones. Dicha verificación por un tercero debe poder completar una autodeclaración, pero no sustituirla.

(53)

La autodeclaración debe proporcionar a la autoridad competente toda la información necesaria sobre el producto, a fin de que la autoridad pueda comprobar su cumplimiento del pliego de condiciones. Para garantizar que la información proporcionada en la autodeclaración es exhaustiva, debe establecerse una estructura armonizada para estas declaraciones. El productor debe hacerse totalmente responsable de garantizar que la información proporcionada en la autodeclaración sea completa, coherente y exacta, y debe poder aportar, sin que ello afecte a la protección del saber hacer y de los secretos comerciales, las pruebas necesarias para permitir verificar esta información.

(54)

Una vez recibida la autodeclaración, la autoridad competente debe realizar un examen de la autodeclaración que incluya al menos una comprobación de su integridad y coherencia. Deben aclararse las incoherencias manifiestas y debe solicitarse al productor la información que falte. Cuando la autoridad competente considere que la información proporcionada en la autodeclaración es completa y coherente y no tenga otras reservas en cuanto al cumplimiento, la autoridad competente debe expedir o renovar un certificado oficial de autorización para producir el producto designado mediante la indicación geográfica.

(55)

A fin de garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones y para comprobar la exactitud de la información proporcionada en la autodeclaración, la autoridad competente debe realizar, con la frecuencia adecuada, controles de conformidad en el mercado, también en el comercio electrónico, basados en un análisis de riesgos y teniendo en cuenta la posibilidad de incumplimientos, incluidas las prácticas fraudulentas o engañosas.

(56)

En caso de incumplimiento del pliego de condiciones, la autoridad competente debe tomar las medidas necesarias para garantizar que los productores afectados subsanen la situación y prevenir incumplimientos futuros.

(57)

Como alternativa al procedimiento de verificación basado en la autodeclaración, los Estados miembros deben poder establecer un procedimiento de verificación basado en la verificación del cumplimiento por una autoridad competente o un tercero designado. Dicho procedimiento de verificación debe incluir controles del cumplimiento del pliego de condiciones, tanto antes como después de la comercialización del producto. La autoridad competente debe poder delegar, en caso necesario, en organismos de certificación de productos o en personas físicas determinadas funciones de control relacionadas con la comprobación del origen geográfico o el proceso de producción del producto en cuestión.

(58)

Las normas europeas (normas EN) elaboradas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y las normas internacionales elaboradas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) deben aplicarse para la acreditación de los organismos de certificación de productos, así como por dichos organismos para su funcionamiento. La acreditación de tales organismos debe efectuarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (15). Los organismos de certificación de productos establecidos fuera de la Unión deben demostrar que cumplen las normas de la Unión o las normas internacionalmente reconocidas por medio de un certificado expedido por un organismo reconocido signatario de un acuerdo de reconocimiento multilateral bajo los auspicios del Foro Internacional de Acreditación o un miembro de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios. Las personas físicas deben disponer de la experiencia, el equipamiento, la infraestructura y los recursos necesarios para ejercer las funciones de control que hayan sido delegadas en ellas; deben tener la cualificación y la experiencia adecuadas, actuar con imparcialidad y no tener ningún conflicto de intereses en lo que respecta al ejercicio de las funciones de control que hayan sido delegadas en ellas.

(59)

Los Estados miembros y la Oficina deben hacer pública la información sobre las autoridades competentes y sobre los organismos de certificación de productos y las personas físicas en los que se hayan delegado funciones de control, con objeto de garantizar la transparencia y permitir que los interesados se pongan en contacto con ellos.

(60)

Es importante hacer un seguimiento del uso de las indicaciones geográficas en el mercado para evitar prácticas fraudulentas y engañosas, garantizando así que los productores de productos designados mediante una indicación geográfica sean recompensados adecuadamente por el valor añadido de sus productos con indicación geográfica e impedir que las personas que vulneren los derechos otorgados por una indicación geográfica vendan productos no conformes. Para ello, los Estados miembros deben designar autoridades competentes para hacer un seguimiento del mercado a fin de detectar cualquier uso indebido de indicaciones geográficas, y deben llevar a cabo controles basados en un análisis de riesgos. Si se detecta un uso indebido de una indicación geográfica, la autoridad competente pertinente debe adoptar las medidas administrativas y judiciales adecuadas para impedir o poner fin a la utilización de los nombres de los productos que se hayan producido o comercializado, o de los servicios que se hayan suministrado o comercializado, en su territorio y que vulneren la protección de una indicación geográfica registrada. Debe ser posible que dichas autoridades sean las mismas que las autoridades designadas para la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones. Debe ser posible que tal seguimiento se realice por autoridades que lleven a cabo controles de productos o controles en el mercado en otro contexto, por ejemplo, los controles aduaneros, la vigilancia del mercado o la garantía del cumplimiento de la normativa.

(61)

Las medidas, los procedimientos y los recursos que establece la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) son aplicables a cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, incluidos derechos relacionados con las indicaciones geográficas. Además, el Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) determina las condiciones y procedimientos de intervención de las autoridades aduaneras en relación con mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual, incluidos derechos relacionados con las indicaciones geográficas, que estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o sujetas a controles aduaneros dentro del territorio aduanero de la Unión. Del mismo modo, el Reglamento (UE) n.o 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) establece las funciones y actividades de la Oficina relacionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual, incluida la promoción de la cooperación con las autoridades pertinentes de los Estados miembros y entre ellas.

(62)

Para el buen funcionamiento del mercado interior, es importante que los productores puedan demostrar rápida y fácilmente que están autorizados a utilizar un nombre que esté protegido como indicación geográfica, por ejemplo en el contexto de los controles aduaneros o las inspecciones de mercado, o a petición de socios comerciales o consumidores. A tal fin, deben utilizar un certificado oficial de autorización, puesto a su disposición, para producir el producto designado mediante una indicación geográfica.

(63)

Dado que el sistema de control establecido en el presente Reglamento sigue un planteamiento en el que intervienen el sector público y el sector privado, los propios productores deben también contribuir a la protección de las indicaciones geográficas. Deben realizar controles del cumplimiento para verificar que el producto cumple el pliego de condiciones, acompañados, en su caso, de controles internos del cumplimiento gestionados y organizados por la agrupación de productores pertinente. Además, debe alentarse a los productores a que apoyen a las autoridades públicas en el seguimiento del uso de las indicaciones geográficas en el mercado. También debe alentarse a los productores a que notifiquen a las autoridades competentes cualquier caso de incumplimiento o posible infracción.

(64)

A fin de reforzar la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y luchar contra la falsificación más eficazmente, la protección al amparo del presente Reglamento debe aplicarse tanto en entornos fuera de línea como en entornos en línea, incluidos los nombres de dominio en internet. Cada vez se utilizan más los servicios intermediarios, en particular las plataformas en línea, para la venta de productos, incluidos los productos designados mediante una indicación geográfica. A este respecto, la información relacionada con la publicidad, la promoción y la venta de mercancías que vulnere la protección de las indicaciones geográficas prevista en el presente Reglamento debe considerarse contenido ilícito en el sentido del artículo 3, letra h), del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo (19) y debe ser objeto de obligaciones y medidas con arreglo a dicho Reglamento.

(65)

Los Estados miembros deben establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias dirigidas a desalentar un posible comportamiento fraudulento por parte de productores de productos designados mediante una indicación geográfica y de las personas que vulneren las indicaciones geográficas.

(66)

Dado que las fases de producción de un producto designado mediante una indicación geográfica pueden tener lugar en más de un Estado miembro, y que los productos que se produzcan en un Estado miembro pueden venderse en otro Estado miembro, debe garantizarse la asistencia administrativa y la cooperación entre los Estados miembros para permitir una garantía del cumplimiento y unos controles eficientes y eficaces.

(67)

La actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra se rige por el Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo (20). Deben modificarse determinadas disposiciones de dicho Reglamento con objeto de garantizar la coherencia en relación con el establecimiento de un sistema de la Unión para la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, de conformidad con el presente Reglamento. En este contexto, la Oficina debe actuar como autoridad competente de la Unión respecto de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en el marco del Acta de Ginebra. Por consiguiente, las disposiciones del Reglamento (UE) 2019/1753 aplicables a indicaciones geográficas que no entren dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión que regula el sistema de protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas deben modificarse para ajustarse al presente Reglamento.

(68)

Del mismo modo, para garantizar la coherencia en relación con el presente Reglamento, debe modificarse el Reglamento (UE) 2017/1001. Las funciones asignadas a la Oficina en virtud del presente Reglamento, relativas a la administración y la promoción de indicaciones geográficas, deben añadirse a la enumeración de las funciones de la Oficina que establece el artículo 151 del Reglamento (UE) 2017/1001.

(69)

Para las funciones asignadas a la Oficina en virtud del presente Reglamento, las lenguas de la Oficina deben ser todas las lenguas oficiales de la Unión. Por lo que respecta a las solicitudes, las solicitudes de modificación del pliego de condiciones y las solicitudes de anulación que presenten solicitantes de terceros países, la Oficina debe aceptar traducciones juradas, a una de las lenguas oficiales de la Unión, de los documentos y la información. La Oficina debe tener la posibilidad de utilizar, cuando proceda, traducciones automáticas verificadas.

(70)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de cobrar una tasa para cubrir el coste de gestión del sistema de protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. En ese contexto, los Estados miembros deben tener en cuenta la situación de las microempresas y las pymes. La Oficina no debe cobrar tasas por las solicitudes presentadas por las autoridades competentes de los Estados miembros una vez completada la fase nacional de los procedimientos de registro. Sin embargo, la Oficina debe cobrar una tasa por los procedimientos de registro directo, habida cuenta de que ese procedimiento supone una mayor carga de trabajo para la Oficina que la tramitación de las solicitudes que ya han sido examinadas durante la fase nacional. La Oficina también debe cobrar tasas por los procedimientos en el marco del presente Reglamento relativos a las indicaciones geográficas de terceros países y por los recursos.

(71)

Las tasas o los gravámenes de control y verificación deben cubrir, pero no exceder, los costes, incluidos los gastos generales, en los que incurran las autoridades competentes que realizan los controles. Los gastos generales deben incluir los costes de la organización y el apoyo necesario para planificar y realizar los controles, y en su caso, el recurso a organismos de certificación de productos o a personas físicas. No debe cobrarse ninguna tasa por la presentación de la autodeclaración y su tramitación.

(72)

Los costes necesarios para el establecimiento del sistema informático previsto en el marco del presente Reglamento —a saber, el sistema digital para la presentación electrónica de solicitudes a la Oficina, el Registro de la Unión y el portal digital— deben financiarse con cargo al excedente presupuestario acumulado de la Oficina. Los gastos de funcionamiento derivados de las funciones encomendadas a la Oficina en virtud del presente Reglamento deben cubrirse con cargo al presupuesto de funcionamiento de la Oficina.

(73)

El sistema digital para la presentación electrónica de solicitudes a la Oficina debe incluir ventanillas de atención al público y permitir una conexión fluida, una interfaz con integración a los sistemas informáticos de las autoridades nacionales, el Registro de la Unión y el sistema informático de la OMPI para la administración del Acta de Ginebra. El Registro de la Unión debe tener un aspecto similar y al menos las mismas funcionalidades que el Registro de la Unión de indicaciones geográficas de vinos y productos alimenticios y agrícolas.

(74)

A fin de modificar o completar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, en lo que respecta a: i) la especificación ulterior de los requisitos relativos a la documentación que acompañe la solicitud; ii) la enumeración de elementos adicionales de la documentación complementaria que debe presentarse; iii) la especificación de los criterios aplicables al procedimiento de registro directo; iv) el establecimiento de procedimientos y condiciones aplicables a la preparación y presentación de solicitudes ante la Oficina; v) la especificación del contenido del escrito de recurso y el procedimiento para la presentación y el examen de un recurso; vi) la especificación del contenido y la forma de las resoluciones de las Salas de Recurso; y vii) las modificaciones de la información y los requisitos relativos al formulario normalizado para la autodeclaración. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (21). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(75)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a: i) establecer normas que limiten la información que contiene el pliego de condiciones, en caso de que esta limitación sea necesaria para evitar solicitudes excesivamente voluminosas; ii) adoptar normas sobre la forma del pliego de condiciones; iii) especificar el formato y la presentación en línea de la documentación complementaria; iv) establecer normas detalladas sobre los procedimientos para la preparación y presentación de solicitudes directas; v) establecer normas detalladas sobre los procedimientos y sobre la forma y la presentación de las solicitudes ante la Oficina, también en relación con las solicitudes que afecten a más de un territorio nacional; vi) establecer normas relativas a la formulación de oposición y especificar el formato y la presentación en línea de la declaración motivada de oposición; vii) establecer normas sobre la presentación de la notificación de observaciones y especificar su formato y presentación en línea; viii) las resoluciones y procedimientos en los casos en que la Comisión releve a la Oficina de la competencia de decidir sobre una solicitud; ix) establecer normas detalladas sobre el procedimiento, la forma y la presentación de una solicitud de modificación de la Unión del pliego de condiciones y sobre los trámites, la forma y las modificaciones normales y la comunicación de tales modificaciones a la Oficina; x) establecer normas detalladas sobre los procedimientos y la forma de anulación, así como sobre la presentación de las solicitudes de anulación; xi) establecer la arquitectura informática y la presentación del Registro de la Unión; xii) especificar el formato y la presentación en línea de extractos del Registro de la Unión; xiii) especificar las características técnicas del símbolo de la Unión y de la mención, así como las normas relativas a su utilización en los productos comercializados al amparo de una indicación geográfica registrada, incluidas las normas relativas a las versiones lingüísticas que deban utilizarse; xiv) especificar la naturaleza y el tipo de información que deba intercambiarse y los métodos para su intercambio a efectos de los controles; y xv) determinar los importes de las tasas que deba cobrar la Oficina y las modalidades de pago o, en el caso de la tasa por recurso ante las Salas de Recurso, de reembolso. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (22).

(76)

La protección actual de indicaciones geográficas a nivel nacional se basa en varios enfoques normativos. La coexistencia de dos sistemas paralelos a nivel nacional y de la Unión conlleva el riesgo de confundir a los consumidores y a los productores. La sustitución de los sistemas nacionales de protección de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales por un marco normativo de la Unión crearía seguridad jurídica, reduciría la carga administrativa de las autoridades nacionales, garantizaría una competencia leal entre los productores de productos designados mediante dichas indicaciones geográficas, así como unos costes predecibles y relativamente bajos, e incrementaría la credibilidad de los productos a ojos de los consumidores. A este fin, los sistemas nacionales de protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales deben dejar de existir doce meses después de la fecha de aplicación del presente Reglamento. Debe ser posible prorrogar la protección concedida en virtud de dichos sistemas nacionales hasta la conclusión del registro de las indicaciones geográficas nacionales identificadas por los Estados miembros de que se trate. Algunos Estados miembros, en especial los que son parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, han registrado, en el marco de dicho Acuerdo, indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. También han concedido protección, en virtud de dicho Acuerdo, a las indicaciones geográficas de terceros países. Por tanto, debe modificarse el Reglamento (UE) 2019/1753 a fin de permitir una protección continuada de dichas indicaciones geográficas.

(77)

Dado que es necesario un período de tiempo a fin de garantizar que se haya introducido el marco adecuado al funcionamiento correcto del presente Reglamento para crear un sistema de la Unión e internacional de protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, el presente Reglamento debe empezar a aplicarse a partir de la expiración de un período de tiempo razonable tras su adopción. No obstante, determinadas disposiciones relativas a la exención de la fase nacional, al Consejo Consultivo, al establecimiento del sistema informático y a la delegación de poderes en la Comisión serán aplicables a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(78)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta. Por tanto, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con estos derechos y principios, incluidos el derecho a la protección de los datos personales, la libertad de empresa y el derecho a la propiedad, incluida la propiedad intelectual e industrial.

(79)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de un sistema de la Unión de protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos del presente Reglamento, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(80)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 2 de junio de 2022 (23).