5.11.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 399/28


Recurso de casación interpuesto el 21 de septiembre de 2018 por Brugg Kabel AG y Kabelwerke Brugg AG Holding contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 12 de julio de 2018 en el asunto T-441/14, Brugg Kabel AG y Kabelwerke Brugg AG Holding / Comisión Europea

(Asunto C-591/18 P)

(2018/C 399/36)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrentes: Brugg Kabel AG y Kabelwerke Brugg AG Holding (representantes: A. Rinne y M. Lichtenegger, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de las partes recurrentes

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

Anule la sentencia del Tribunal General dictada el 12 de julio de 2018 en el asunto T-441/14 y la decisión de la parte recurrida de 2 de abril de 2014 (asunto AT.39610 — Cables de energía) en la medida en que afecta a las partes recurrentes.

Con carácter subsidiario, anule la sentencia del Tribunal General y la decisión de la parte recurrida mencionadas en el apartado anterior por cuanto:

a)

la multa impuesta a las partes recurrentes se fija en 8 490 000 euros, y

b)

se condena en costas a las partes recurrentes,

y reduzca en la medida en que considere oportuno el importe de la multa conforme a lo solicitado en primera instancia por las partes recurrentes.

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la sentencia del Tribunal General mencionada en el primer apartado y devuelva el asunto a ese Tribunal.

Condene en costas a la parte recurrida.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo del recurso de casación, las partes recurrentes invocan seis motivos.

Primer motivo de casación: violación del derecho de defensa por comunicarse la solicitud de información y los cargos en inglés.

El Tribunal General incurre en error de Derecho al considerar suficiente, con respecto a las versiones lingüísticas de la solicitud de información y de los cargos que se pusieron a disposición de las recurrentes, un grado de comprensión demasiado bajo. Lo apropiado es que el destinatario pueda comprender totalmente los cargos permitiéndole elegir una versión lingüística comprensible para él con el fin de poder defenderse plenamente. No basta con poder entender los cargos solo de manera «suficiente» en cuanto a su naturaleza y alcance para «tomar posición convenientemente».

Además, el Tribunal General ignora que no se trata, a este respecto, de la utilidad de las respuestas para la Comisión, sino solamente de si la empresa concernida, pese a la negativa de la Comisión de poner a su disposición otra versión lingüística, podía defenderse plenamente de los cargos.

Segundo motivo de casación: violación del derecho de defensa por haberse denegado el acceso a las observaciones de otras empresas sobre los cargos.

El Tribunal General impone exigencias demasiado estrictas respecto a las condiciones en las que se puede conceder a una empresa concernida la posibilidad de examinar las respuestas no confidenciales de los otros destinatarios a la comunicación de los cargos. Lo apropiado es conceder al destinatario de la comunicación de los cargos la posibilidad de examen cuando la empresa concernida, en vista de las acusaciones formuladas, expone circunstancias plausibles del procedimiento en su conjunto que muestran como absolutamente posible que en las respuestas no confidenciales de otro destinatario de la comunicación de los cargos se encuentran pasajes o información adicional de descargo.

El Tribunal General no tiene en cuenta que es contrario a determinados principios del Estado de Derecho que solo la Comisión pueda examinar las respuestas de los otros destinatarios de la comunicación de los cargos para ver si existen pasajes o información adicional (posiblemente) de descargo. Así, la Comisión actuaría al mismo tiempo como un órgano de instrucción/enjuiciamiento, un órgano de decisión y también un órgano de defensa en el mismo asunto, sin poder tener, no obstante, el necesario conocimiento del contexto.

Tercer motivo de casación: vulneración del principio de presunción de inocencia por fijarse el comienzo de la participación en la infracción en el 14 de diciembre de 2001.

El Tribunal General aplica un grado de prueba demasiado bajo respecto a la prueba del comienzo de una participación en una infracción única y continuada. Lo apropiado es que la Comisión aporte pruebas precisas, convincentes y congruentes en apoyo de la firme convicción de que el momento elegido como comienzo de la participación representa una distorsión de la competencia. Ante la duda, se debe favorecer a la empresa concernida, en atención al principio in dubio pro reo.

El Tribunal General pasa por alto que, para refutar pruebas indiciarias, basta con enervarlas mediante pruebas indiciarias contrarias. En un procedimiento administrativo sancionatorio, no se puede exigir al interesado, en aras del principio de igualdad de armas, una prueba de descargo total.

Cuarto motivo de casación: desnaturalización de pruebas y vulneración de la presunción de inocencia al suponerse una participación ininterrumpida en la infracción entre el 12 de mayo de 2005 y el 8 de diciembre de 2005.

El Tribunal General desnaturaliza las pruebas, en relación con la acreditación de la participación ininterrumpida de las partes recurrentes en la infracción, al llegar a la conclusión firme e indubitada del carácter ininterrumpido y continuado de la infracción, a pesar de la existencia de muchas pruebas indiciarias ambivalentes y de signo contrario.

A este respecto, el Tribunal General ignora asimismo el criterio adecuado para refutar pruebas indiciarias.

Quinto motivo de casación: desnaturalización de pruebas, vulneración de la presunción de inocencia y del principio de proporcionalidad al declararse la responsabilidad por acuerdos relativos a cables submarinos, mercados nacionales y grandes proyectos.

El Tribunal General aplica un grado de prueba demasiado bajo y desnaturaliza las pruebas respecto a la responsabilidad de las recurrentes por partes independientes y separables de la infracción —como, por ejemplo, cables submarinos, mercados nacionales y grandes proyectos—, en las que las recurrentes no participaron ni estaban interesadas.

El Tribunal General pasa por alto los riesgos excesivos y desproporcionados de semejante interpretación amplia del concepto jurídico de infracción única y continuada para las empresas que no han participado en todas las partes de la infracción, pero que no obstante pueden ser consideradas conforme al Derecho nacional responsables solidarias de los daños resultantes.

En vista del estado actual de la armonización europea del derecho de indemnización, la responsabilidad solidaria de ámbito nacional no constituye un instrumento adecuado para compensar la responsabilidad exterior en toda su extensión.

Sexto motivo de casación: infracción del artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento 1/2003 (1) y de los principios de legalidad, de proporcionalidad y de non bis in idem al calcularse el importe de la multa.

El Tribunal General confirma erróneamente el año 2004 como año de referencia para el volumen de ventas, el cual no es representativo para las partes recurrentes, ni refleja su tamaño verdadero ni su poder económico.

Además, el Tribunal General desconoce que la Comisión no podía, por un lado, basar la responsabilidad en una infracción única y continuada, es decir, en un cártel único, que abarcaba tanto la configuración A/R como la configuración R, y, por otro lado, separar de nuevo artificialmente las distintas partes, supuestamente inseparables, de la infracción para calcular el importe de la multa.


(1)  DO 2003, L 1, p. 1.