23.4.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 142/26


Recurso de casación interpuesto el 22 de enero de 2018 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda ampliada) dictada el 10 de noviembre de 2017 en el asunto T-180/15, Icap plc y otros / Comisión Europea

(Asunto C-39/18 P)

(2018/C 142/35)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: T. Christoforou, V. Bottka, M. Farley, B. Morgin, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Icap plc, Icap Management Services Ltd., Icap New Zealand Ltd (ICAP)

Pretensiones de la parte recurrente

Que se anule la sentencia (apartados 281 a 299 y fallo) en la medida en que anula las multas del artículo 2 de la Decisión impugnada.

Que se desestimen los motivos quinto y sexto del recurso de ICAP ante el Tribunal General, relativos a las multas, y se establezcan las multas apropiadas con respecto a ICAP mediante la aplicación de la competencia jurisdiccional plena del Tribunal de Justicia.

Que se condene a ICAP a cargar con las costas correspondientes al presente procedimiento y se adapte la condena relativa a las costas de la sentencia dictada en primera instancia con el fin de que refleje el resultado del presente recurso de casación.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión basa su recurso de casación en un único motivo, que es el siguiente:

La Comisión alega que en la sentencia que dictó en el asunto T-180/15, Icap plc y otros/Comisión, EU:T:2017:795, el Tribunal General aplicó incorrectamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la obligación de motivación exigida a la hora de imponer multas. A su entender, la sentencia del Tribunal General se separa de la sentencia, fundamental para este tema, dictada en el asunto C-194/14 P, AC-Treuhand/Comisión, EU:C:2015:717, apartados 66 a 68, e impone a la Comisión una obligación más estricta de motivar más detalladamente la metodología utilizada para calcular las multas establecidas por infringir el artículo 101 TFUE, en particular, la hora de aplicar el apartado 37 de las Directrices para el cálculo de las multas. El recurso de casación de la Comisión tiene por objeto corregir los graves errores de Derecho en los que ha incurrido el Tribunal General, que, de aceptarse, menoscabarían la capacidad de la Comisión para determinar el importe adecuado de sus multas a efectos de lograr una disuasión suficiente. Para alcanzar ese objetivo es esencial disponer de una interpretación correcta de la obligación de motivación, que se corresponda con las exigencias de la jurisprudencia recordadas en la sentencia dictada en el asunto C-194/14 P, AC-Treuhand, apartado 68. En cambio, una obligación de motivación más estricta a la hora de determinar el importe de las multas, que abarque las deliberaciones internas y los cálculos efectuados en las etapas intermedias, choca con el margen de apreciación conferido a la Comisión para determinar el importe de las multas, incluyendo los casos en los que se basa en el apartado 37 de las Directrices para el cálculo de las multas. Dicho apartado 37 fue establecido precisamente con la finalidad de permitir a la Comisión separarse de las Directrices para el cálculo de las multas en casos atípicos, como aquellos en los que se imponen multas a los facilitadores. Como han reconocido los órganos jurisdiccionales de la Unión, la Comisión necesita preservar la facultad de apreciación y la discrecionalidad de que dispone a la hora de determinar el importe adecuado de las multas.