6.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 38/35


Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2016 — Irlanda/Comisión

(Asunto T-778/16)

(2017/C 038/48)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Irlanda (representantes: E. Creedon, K. Duggan y A. Joyce, agentes, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, B. Doherty y A. Goodman, Barristers, P. Gallagher, D. McDonald y M. Collins, SC)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

Anule la Decisión C(2016) 5605 final de la Comisión, de 30 de agosto de 2016, cuyo destinatario es Irlanda, relativa a la ayuda de Estado SA.38373 (2014/C) concedida por Irlanda a Apple.

Condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca nueve motivos.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión ha incurrido en errores manifiestos de apreciación al interpretar de manera incorrecta el Derecho irlandés y los hechos pertinentes.

La Decisión declara de manera errónea que dos dictámenes emitidos en 1991 y 2007 por los Irish Revenue Commissioners (autoridad tributaria de Irlanda) «renunciaron» a ingresos fiscales a los que Irlanda debería haber tenido derecho de otro modo a recaudar de las sucursales irlandesas de Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOE). Los dictámenes no infringían el Derecho irlandés. La normativa tributaria ordinaria aplicable a las sucursales irlandesas de sociedades no residentes se encuentra en el artículo 25 de la Taxes Consolidation Act 1997. Los dictámenes simplemente aplicaron el artículo 25, que, conforme al principio de territorialidad, grava sólo los beneficios atribuibles a la sucursal, no los beneficios no irlandeses de la sociedad. La Decisión también caracteriza de manera incorrecta las actividades y responsabilidades de las sucursales irlandesas de ASI y AOE. Estas sucursales desempeñan funciones rutinarias, pero todas las decisiones importantes en el seno de ASI y de AOE se adoptaban en EE.UU., y los beneficios derivados de estas decisiones no son propiamente atribuibles a las sucursales irlandesas de ASI y de AOE. La atribución que hace la Comisión de las licencias de propiedad intelectual de Apple a las sucursales irlandesas de AOE y de ASI no es conforme con el Derecho irlandés y, además, contradice los principios que pretende aplicar, al igual que lo hace su negativa a tomar en consideración las actividades de Apple Inc.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión ha incurrido en manifiestos errores de apreciación de la ayuda de Estado.

La afirmación de la Comisión de que se concedió una «ventaja» a ASI y AOE es incorrecta. Los dictámenes están en consonancia con la imposición «normal», ya que ASI y AOE no pagaron menos impuestos que los adeudados aplicando correctamente el artículo 25. La Comisión afirma también de manera incorrecta que los dictámenes eran selectivos. El sistema de referencia de la Comisión ignora de manera inadecuada la distinción entre sociedades residentes y no residentes. La Comisión intenta dar una nueva formulación a la normativa irlandesa en material de tributación de las sociedades en el sentido de que, con respecto a los dictámenes, los Revenue Commissioners deberían haber aplicado la versión de la Comisión del principio de plena competencia. Este principio no forma parte del Derecho de la Unión ni del Derecho irlandés pertinente en relación con la atribución de beneficios a las sucursales, y la afirmación de la Comisión es contraria a la soberanía de los Estados miembros en materia de fiscalidad directa.

3.

Tercer motivo, basado en que la aplicación de la Comisión del principio de plena competencia es incoherente y manifiestamente errónea.

Aunque el principio de plena competencia fuera jurídicamente pertinente (extremo que Irlanda niega), la Comisión no lo ha aplicado de manera coherente y no ha examinado la situación general del grupo Apple.

4.

Cuarto motivo, basado en que el razonamiento con carácter subsidiario de la Comisión es incorrecto.

La Comisión rechazó incorrectamente pruebas periciales presentadas por Irlanda que demostraban que, incluso en el supuesto de que el principio de plena competencia fuera aplicable (extremo que Irlanda niega), el tratamiento fiscal de ASI y AOE era conforme con dicho principio.

5.

Quinto motivo, basado en que el razonamiento con carácter alternativo de la Comisión es incorrecto.

La Comisión incurre en un error al sostener que el principio de plena competencia es inherente al Derecho irlandés, que el artículo 25 se aplicó de manera contradictoria y que el artículo 25 confiere una discreción inadmisible. El artículo 25 no confiere tal discreción a los Revenue Commissioners.

6.

Sexto motivo, basado en que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma.

La Comisión no explicó claramente en ningún momento su teoría acerca de la ayuda de Estado durante la investigación, y la Decisión contiene elementos fácticos sobre los que Irlanda nunca tuvo la ocasión de presentar observaciones. La Comisión incumplió su obligación de buena administración al no actuar de manera imparcial y conforme a su deber de diligencia.

7.

Séptimo motivo, basado en que la Comisión ha violado los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

La Comisión violó los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima al invocar supuestas normas de Derecho de la Unión que no han sido previamente identificadas en ningún momento. Estas normas are novedosas y su alcance y efectos son absolutamente inciertos. La Comisión invoca documentos de la OCDE de 2010, a pesar de que, aunque éstos fueran vinculantes, no habrían podido preverse en 1991 o 2007.

8.

Octavo motivo, basado en que la Comisión carecía de competencia para adoptar la Decisión y ha infringido los artículos 4 y 5 TUE y el principio de autonomía fiscal de los Estados miembros.

Con arreglo a la normativa en materia de ayudas de Estado, la Comisión no tiene competencia para sustituir unilateralmente con su propio punto de vista del alcance geográfico y la extensión de la potestad tributaria de los Estados miembros el del propio Estado miembro. El objetivo de las normas en materia de ayudas de Estado es la lucha contra las intervenciones estatales que otorgan una ventaja selectiva. Las normas en materia de ayudas de Estado por su propia naturaleza no pueden subsanar divergencias entre sistemas tributarios a escala global.

9.

Noveno motivo, basado en que la Comisión ha infringido manifiestamente el artículo 296 TFUE y el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Comisión ha incumplido manifiestamente su obligación de proporcionar una motivación clara e inequívoca en su Decisión, al basarse simultáneamente en supuestos de hecho muy diferentes, al incurrir en contradicciones con respecto a la fuente de la normativa que supuestamente Irlanda ha infringido y al sugerir que Irlanda concedió una ayuda en relación con los beneficios que en otras jurisdicciones son imponibles.