Autoridad Laboral Europea

PUNTOS CLAVE

Este Reglamento crea la Autoridad Laboral Europea, modificando los Reglamentos (CE) n.^o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social; (UE) n.^o 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores; y (UE) 2016/589, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES). Deroga la Decisión (UE) 2016/344, relativa a la lucha contra el trabajo no declarado.

Congrega las tareas técnicas y operativas de varios organismos existentes de la UE:

• la Oficina Europea de Coordinación de EURES;
• el Comité Técnico sobre Libre Circulación de Trabajadores;
• el Comité de Expertos sobre Desplazamiento de Trabajadores¹; y
• La Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado.

La Autoridad Laboral Europea forma parte del despliegue del pilar europeo de derechos sociales.

Objetivos y tareas

Los objetivos de la ALE son:

• garantizar mayor facilidad de acceso a la información sobre los derechos, obligaciones y servicios en materia de movilidad laboral en toda la UE;
• reforzar la cooperación entre los países en el ámbito del cumplimiento de la legislación pertinente en toda la UE, incluidas las inspecciones conjuntas;
• mediar y facilitar soluciones en caso de litigio entre los países; y
• apoyar la cooperación entre los países de la UE para luchar contra el trabajo no declarado.

La ALE es responsable de:

• mejorar la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la información de carácter general ofrecida a las personas, los empleadores y las organizaciones de interlocutores sociales en relación con los derechos y obligaciones concernientes a la movilidad laboral;
• apoyar a los países de la UE a prestar servicios a personas y empleadores a través de EURES, como por ejemplo la comparación transfronteriza de ofertas de trabajo, prácticas y aprendizajes con los currículums;
• facilitar la cooperación y el intercambio rápido de información entre los países;
• coordinar y apoyar las inspecciones concertadas² y las inspecciones³ conjuntas;
• cooperar con los países de la UE para evaluar los riesgos y realizar análisis en relación con la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social;
• apoyar a los países de la UE en la creación de capacidades para promover la aplicación coherente de la legislación pertinente de la UE, por ejemplo mediante la asistencia mutua y la formación, incluyendo la elaboración de orientaciones comunes;
• reforzar la labor de la Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado con el fin de compartir las mejores prácticas, desarrollar pericia y análisis, y fomentar enfoques innovadores;
• mediar y facilitar soluciones a los litigios entre países de la UE para conciliar puntos de vista divergentes.

Organización

La estructura administrativa y de gestión de la ALE consta de un Consejo de Administración, un director ejecutivo y un grupo de partes interesadas.

El Consejo de Administración está compuesto por:

• 1 miembro de cada país de la UE,
• 2 miembros en representación de la Comisión Europea,
• 1 experto independiente nombrado por el Parlamento Europeo (sin derecho a voto),
• 4 miembros en representación de organizaciones de interlocutores sociales intersectoriales (sin derecho a voto), con una representación paritaria de sindicatos y organizaciones patronales.

Podrá invitarse a participar en las reuniones del Consejo de Administración, en calidad de observadores, a representantes de países que apliquen la legislación de la UE en el marco de la ALE, y de agencias europeas como la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) o la Fundación Europea de Formación (ETF).

Derechos fundamentales

Este Reglamento no afecta al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos a escala nacional y de la UE, incluido el derecho o la libertad de huelga o el derecho de emprender otras acciones contempladas en los sistemas de relaciones laborales específicos de los países de la UE de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales.