Información medioambiental: participación del público y acceso a la justicia (Convenio de Aarhus)

PUNTOS CLAVE

Acceso a la información medioambiental

Los organismos e instituciones de la UE deben:

• garantizar el acceso del público a la información medioambiental conservada por estas instancias, en las condiciones que se establecen en el presente Reglamento;
• velar por que la información medioambiental se difunda y se ponga a disposición del público paulatinamente;
• organizar la información en bases de datos de fácil acceso al público;
• actualizar la información y garantizar que sea precisa y susceptible de comparación;
• responder a cualquier solicitud de información medioambiental en el plazo de quince días hábiles.

En los registros o bases de datos medioambientales deben figurar:

• los textos de tratados, convenios o acuerdos internacionales y de las políticas, programas y planes;
• los informes sobre los avances en la aplicación de lo anteriormente mencionado;
• las medidas adoptadas en los procedimientos por incumplimiento del Derecho de la Unión;
• los informes sobre el estado del medio ambiente;
• los datos derivados del seguimiento de las actividades que puedan afectar al medio ambiente;
• las autorizaciones concedidas que puedan afectar al medio ambiente;
• los estudios sobre el impacto medioambiental y las evaluaciones de riesgo.

Las solicitudes de información solo se pueden denegar en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando haya un proceso legal en curso o si pueden perjudicar al medio ambiente, como en el caso de la difusión de los lugares de reproducción de especies raras.

Participación del público en el proceso de toma de decisiones en materia de medio ambiente

Los organismos e instituciones de la UE deben proporcionar al público oportunidades tempranas y efectivas de participar en la toma de decisiones relativa a programas o planes medioambientales. Cuando la Comisión Europea elabora un plan o un programa para someterlo a la decisión de otros organismos de la UE, debe disponer la participación del público en la fase preparatoria.

Los organismos e instituciones de la UE deben determinar el público que pueda verse afectado por un plan o un programa y velar por que se le informe de lo siguiente:

• el proyecto de la propuesta;
• la información medioambiental pertinente;
• las modalidades prácticas de participación del público, incluido:
  • dónde se puede obtener más información,
  • a quién se puede transmitir observaciones, opiniones, o preguntas,
  • los plazos razonables que permitan al público preparar y participar de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones.

Se fija un plazo mínimo de ocho semanas para la recepción de observaciones, con una antelación mínima de cuatro semanas para la celebración de reuniones o consultas.

Los organismos e instituciones de la UE deben tomar debidamente en cuenta el resultado del proceso de la participación del público e informar al público sobre cualquier decisión y sobre qué base se tomaron, incluida la información sobre el proceso de participación del público.

Revisión interna y acceso a la justicia

Los miembros del público, en determinadas condiciones, están legitimados para efectuar una solicitud de revisión interna ante la institución u organismo de la UE que haya adoptado un acto administrativo o, en caso de omisión, que hubiera debido adoptar dicho acto, alegando que dicho acto u omisión vulnera el Derecho medioambiental.

Una organización no gubernamental (ONG) puede efectuar una solicitud, si:

• es una persona jurídica independiente sin ánimo de lucro con arreglo a las prácticas o legislación nacionales de un Estado miembro de la UE;
• tiene por objetivo primordial declarado promover la protección del medio ambiente en el contexto del Derecho medioambiental;
• ha existido durante más de dos años;
• el asunto en cuestión entra en el ámbito de su objetivo y de sus actividades.

Otros miembros del público también pueden efectuar una solicitud de revisión interna, si pueden:

• demostrar que sus derechos se ven directamente afectados por la supuesta vulneración del Derecho medioambiental de la UE en comparación con el público en general; o
• demostrar el suficiente interés público, con el respaldo de al menos cuatro mil miembros del público de, como mínimo, cinco Estados miembros, con por lo menos doscientos cincuenta miembros del público que provengan de cada Estado miembro.

Las solicitudes deben ser presentadas por una ONG medioambiental que cumpla los criterios descritos anteriormente o un abogado facultado para ejercer en un Estado miembro.

Dichas solicitudes deben formularse en un plazo de ocho semanas tras la adopción, notificación o publicación del acto administrativo, aplicándose la fecha más reciente.

Los organismos e instituciones de la UE deben publicar todas las solicitudes de revisión interna lo antes posible tras la recepción, así como todas las resoluciones definitivas sobre dichas solicitudes tan pronto como sea posible tras su adopción.

El organismo o institución de la UE debe pronunciarse en un plazo de veintidós semanas a partir de la expiración del plazo de presentación de ocho semanas. Cuando el organismo o la institución de la UE se abstenga de pronunciarse en cuanto a una solicitud de revisión interna, o cuando se rechace una solicitud, la ONG u otros miembros del público interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.