Derechos de los viajeros de autobús y autocar

PUNTOS CLAVE

En relación con los servicios de largo recorrido, es decir, de más de 250 kilómetros, el Reglamento dispone lo siguiente:

• asistencia adecuada (por ejemplo, aperitivos, comida o alojamiento de un máximo de dos noches de hotel) en situaciones de cancelación o retraso en la salida de más de noventa minutos para viajes de más de tres horas;
• garantía de recorrido alternativo o reembolso en situaciones de sobrerreserva o cancelación o por un retraso de más de 120 minutos de la hora de salida estimada;
• indemnización del 50 % del precio del billete por un retraso de más de 120 minutos de la hora de salida estimada, la cancelación de un viaje o si el transportista no ofrece al pasajero un recorrido alternativo o un reembolso;
• información cuando se cancele el servicio o se retrase en su salida;
• protección de los viajeros en caso de lesiones personales, pérdida o daños sufridos por accidentes de carretera, o indemnización en caso de fallecimiento;
• asistencia específica gratuita para las personas con discapacidad y con movilidad reducida tanto en las estaciones como a bordo y, en caso necesario, transporte gratuito para las personas que los acompañen.

Además, para distancias inferiores a 250 kilómetros, el Reglamento dispone lo siguiente:

• la no discriminación por razones de nacionalidad, con respecto a las tarifas y las condiciones contractuales de los viajeros;
• trato no discriminatorio a las personas con discapacidad y con movilidad reducida, así como indemnización económica por la pérdida o daño de su equipo de movilidad en caso de accidente;
• normas mínimas acerca de la información sobre el viaje para todos los viajeros antes del viaje y durante el mismo, así como información general de sus derechos en las estaciones y por internet;
• un mecanismo de tramitación de las reclamaciones establecido por los transportistas y disponible para todos los viajeros;
• organismos nacionales independientes en cada país de la UE, que se encarguen de hacer cumplir el Reglamento y, en caso necesario, de imponer sanciones.

El Reglamento prevé la opción de establecer exenciones para servicios regulares nacionales y para servicios regulares de los que una parte significativa se preste fuera de la UE.