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La contratación pública incluye los suministros, servicios y trabajos adquiridos por el sector público. Los contratos públicos que superan un determinado umbral están sometidos a las normas y los procedimientos de la Unión Europea (UE). Esta normativa tiene como finalidad garantizar el tratamiento equitativo de las empresas y la transparencia en el tratamiento de los concursos. Se inscribe en el contexto de una mayor competencia y del respeto de la libertad de prestación de servicios en el mercado interior de la UE.
Algunos contratos públicos, como en materia de defensa, son competencia exclusiva de los Estados miembros de la UE, en tanto afectan a sus intereses nacionales.
En 2014, la UE cambió las normas sobre contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y sobre contratos de concesión. Estas normas empezaron a aplicarse en 2016 y sus objetivos eran reducir los trámites burocráticos, eliminar barreras para el acceso al mercado de las pequeñas y medianas empresas y garantizar que los órganos de contratación eviten, identifiquen y solucionen los conflictos de intereses que surjan en los procedimientos de contratación.
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