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Política fiscal de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) no tiene competencias para imponer y recaudar impuestos, ya que dicho ejercicio corresponde a los Estados miembros de la UE. La política fiscal de la UE se centra principalmente en el buen funcionamiento del mercado único, es decir, en garantizar que no se introduzcan trabas fiscales en la actividad económica transfronteriza y en evitar distorsiones de la competencia. Asimismo, trata de garantizar que los ciudadanos y las empresas no tengan dificultades con cuestiones de doble imposición, distorsión de la competencia, reclamaciones de devolución de impuestos y obtención de información sobre normas fiscales en relación con otros Estados miembros.

Los esfuerzos de armonización de la UE se han centrado principalmente en la legislación de la fiscalidad aplicable a bienes y servicios [impuestos indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA) e impuestos especiales que gravan productos energéticos, electricidad, alcohol y labores del tabaco] en lugar de la fiscalidad aplicable a ingresos y beneficios (impuestos directos). No obstante, se ha logrado avanzar en el desarrollo de medidas para luchar contra el fraude fiscal de los ahorros y en la asistencia mutua entre las administraciones fiscales.

Los artículos 110 a 113 del Tratado de Funcionamiento de la UE recogen normas concretas sobre fiscalidad. Se necesita el acuerdo unánime de todos los Estados miembros de la UE en el Consejo para adoptar legislación armonizada sobre fiscalidad, lo cual ha tendido a actuar como un freno para la adopción de normas comunes. En consecuencia, recientemente se autorizó que un grupo de once Estados miembros fomentara una cooperación reforzada entre ellos en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras. Además, se están utilizando cada vez más los planteamientos no vinculantes, como las recomendaciones, para conseguir la coordinación necesaria en el ámbito fiscal.

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