Glosario de las síntesis

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Simplificación legislativa

La legislación de la Unión Europea (UE) sustituye veintiocho normativas nacionales o las integra en una, lo que permite obtener un entorno jurídico más seguro, más centrado en los objetivos comunes y con unas condiciones de competencia equitativas para las actividades empresariales del mercado único. La legislación existente ha resultado indispensable para, por ejemplo, la creación del mercado único, la elaboración de la política medioambiental y el establecimiento de los niveles de protección de los trabajadores y consumidores en toda la UE. Las normas deben ser de fácil acceso y comprensión para garantizar su cumplimiento. La UE se propone reducir la carga normativa al mínimo para fomentar la innovación, la productividad y el crecimiento.

La simplificación legislativa supone la rigurosa aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad, objetivo al que contribuyen la simplificación, codificación, refundición y consolidación de los textos legislativos, así como la derogación de las disposiciones obsoletas. En 1996, la UE puso en marcha un programa piloto (Simplificación de la legislación en el mercado interior: SLIM), seguido de programas plurianuales de simplificación y actualización de la legislación de la UE, como el programa permanente de la Comisión para la simplificación, iniciado en 2005, y que en 2012 había identificado más de 640 iniciativas de simplificación, codificación o refundición. Lo siguieron el programa de reducción de las cargas administrativas (ABR) y su continuación en los países de la UE (ABRPlus), que se estima que hasta 2012 habían reducido un 25 % las cargas administrativas derivadas de la legislación de la UE para las empresas.

El último programa, conocido como REFIT (programa de adecuación y eficacia de la reglamentación) se puso en marcha en 2012. El REFIT identifica las posibilidades de reducir o suprimir los trámites burocráticos, eliminar las cargas normativas, simplificar y mejorar el diseño y la calidad de la legislación, de modo que se puedan alcanzar los objetivos de las políticas de una forma más eficiente y eficaz y con unas cargas y costes administrativos mínimos, respetando plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en los Tratados de la UE.