Enfoque estratégico global

Esta Comunicación se propone establecer una estrategia global contra el fraude haciendo frente a cuatro retos: tener una política legislativa global de lucha contra el fraude, establecer una nueva cultura de cooperación operativa, establecer un planteamiento interinstitucional de prevención y lucha contra la corrupción, y reforzar la dimensión judicial penal.

ACTO

Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2000, «Protección de los intereses financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude – Por un enfoque estratégico global». [COM (2000) 358 final – no publicada en el Diario Oficial].

RESUMEN

Dado que la protección del presupuesto de las Comunidades corresponde tanto a las instituciones como a los Estados miembros, la Comisión se propone, con esta Comunicación, establecer un enfoque estratégico global basado en la coordinación, concepto clave del artículo 280 del Tratado CE sobre protección efectiva y equivalente de los intereses financieros en toda la Comunidad.

Desde 1994, el enfoque comunitario de lucha contra el fraude es dinámico y destinado a desarrollar un marco legislativo que cubra todos los ámbitos de la protección de los intereses financieros. Este marco legislativo incluye, en particular:

el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (1995) y sus Protocolos de 1996 y 1997;
el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (1997);
el Reglamento (CE, Euratom) relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (1995) y el Reglamento relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (1996);
la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el fraude (OLAF) en 1999.

Además la Comisión, a raíz del Libro Blanco sobre su reforma, procedió a la descentralización de la función del control financiero, a la instauración de un servicio de auditoría interno y a la constitución de Grupos de Trabajo con la participación de la OLAF y el conjunto de los servicios de la Comisión.

La ampliación y el espacio de libertad, seguridad y justicia a que se refiere el Tratado de Ámsterdam, así como la desaparición progresiva de las fronteras nacionales, hacen necesario un enfoque global e integrado. Este enfoque debe basarse en una cultura de cooperación reforzada.

Orientaciones estratégicas

La Comisión, en el marco de este enfoque estratégico global, propone una planificación plurianual en torno a cuatro grandes orientaciones estratégicas con las que hacer frente a los principales retos.

La primera orientación se refiere a una política legislativa de lucha global contra el fraude que debe tener en cuenta cuatro aspectos:

la prevención mediante una legislación clara, fácilmente aplicable y con disposiciones suficientemente disuasorias. Desea también una responsabilidad reforzada de los funcionarios y propone asimismo contar con la participación de la OLAF, las autoridades nacionales y los profesionales competentes para cumplir con este objetivo de prevención;
la detección, mediante el reforzamiento de los medios e instrumentos jurídicos de detección, control y sanciones. Para ello, la Comisión recomienda proseguir con la definición precisa de los comportamientos irregulares y actividades ilegales con el fin de facilitar la cooperación y la aplicación efectiva de las sanciones. Paralelamente, aconseja extender los intercambios de información y las medidas de control a sectores conexos o especialmente vulnerables como el blanqueo de capitales, los contratos públicos o la concesión de subvenciones. Este control debe ir seguido de un sistema de sanciones administrativas, que debe ampliarse;
el seguimiento, mediante una gestión más eficaz del seguimiento administrativo y financiero para mejorar aspectos tales como la recaudación de las sumas indebidamente pagadas o eludidas. Los instrumentos de corrección financiera de los que dispone la Comunidad deben también aplicarse para incitar a los Estados miembros a efectuar un control eficaz.
la cooperación, con el fin de encontrar una única base jurídica para la lucha contra el fraude con objeto de simplificar y clarificar la participación en las investigaciones nacionales. Además hay que prever un dispositivo de cooperación y asistencia mutua contra el fraude similar al que ya existe para algunos ámbitos, como la política agrícola o la política aduanera y reforzar la cooperación con los países candidatos y con terceros países.

El segundo reto es el establecimiento de una nueva cultura de cooperación operativa. La Comisión prosigue una orientación más proactiva de la actividad sobre el terreno. Para ello, es necesario disponer de una visión global del entorno económico y delictivo con un refuerzo del uso y el análisis de la información. Con este fin, deben mejorarse la tecnología y las fuentes de información disponibles. Por lo que se refiere a la OLAF, ésta debe servir de centro de recogida y análisis de la información así como de plataforma comunitaria de servicios. De nuevo, se menciona la cooperación reforzada con los países candidatos. Por último, la Comisión se compromete a efectuar una política de evaluación permanente de las acciones de lucha contra el fraude con el fin de medir los progresos realizados.

En tercer lugar, debe establecerse un planteamiento interinstitucional para prevenir y luchar contra la corrupción. Se trata de reforzar la credibilidad de las políticas comunitarias garantizando una mejor protección de la integridad de la función pública europea y de los miembros de las instituciones. La OLAF deberá:

cooperar estrechamente sobre la base del principio de una cooperación leal y la coherencia entre las obligaciones de cada uno de los participantes en la lucha contra el fraude;
contribuir mejor a las acciones de formación. La formación y la sensibilización deben extenderse al conjunto del personal, en particular, a los que son responsables de los procedimientos de adjudicación de contratos o subvenciones. Debe promoverse un sistema de valores;
favorecer la transparencia y la obligación de comunicación;
poder completar su misión de investigación administrativa con sanciones justas y eficaces. Se buscará el objetivo de «tolerancia cero» y el respeto de las obligaciones de información será crucial para la eficacia de la Oficina.

La cuarta y última orientación contempla el refuerzo de la dimensión judicial penal. Es necesario adaptar las políticas nacionales penales a las nuevas disposiciones del Tratado y obtener la ayuda de las instituciones europeas para mejorar la misión de cooperación de la Oficina. El marco jurídico actual ofrece a nivel comunitario los instrumentos necesarios para mejorar la búsqueda de las infracciones y proporcionar a las autoridades judiciales nacionales medios para garantizar un tratamiento penal. A menudo, éstos no se utilizan debido a los obstáculos que plantean la no compatibilidad de los sistemas jurídicos o las particularidades técnicas.

Por último, y para hacer frente a los problemas vinculados a los distintos regímenes nacionales en relación con las infracciones penales relativas al fraude, es necesario mejorar las condiciones en las cuales se ejerce la asistencia judicial mutua. La OLAF debe desarrollar por tanto su misión de enlace y asesoramiento en este ámbito.

ACTOS CONEXOS

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 6 de julio de 2007, «Protección de los intereses financieros de las Comunidades – Lucha contra el fraude – Informe anual 2006» [COM(2007) 390 final – No publicado en el Diario Oficial] Este informe, redactado por la Comisión en cooperación con los Estados miembros, presenta las medidas adoptadas en 2006 para cumplir las obligaciones previstas en el artículo 280 del Tratado CE. Contiene estadísticas relativas a casos de irregularidades comunicadas por los Estados miembros y un resumen de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos en materia de prevención y lucha contra el fraude y de recuperación de los importes no percibidos o indebidamente desembolsados. En particular, el informe cubre cuatro asuntos específicos: análisis y gestión del riesgo, bases de datos de exclusión y alerta, mecanismos de alerta mediante informador interno y mecanismos de recuperación mediante compensación.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 12 de julio de 2006, «Protección de los intereses financieros de las Comunidades – Lucha contra el fraude – Informe anual 2005» [COM(2006) 378 final – No publicado en el Diario Oficial] En este informe la Comisión presenta el balance de su estrategia general quinquenal (2001-2005) para la protección de los intereses financieros comunitarios. El balance general de la aplicación de los objetivos y acciones programados es satisfactorio. El informe resumen los datos estadísticos relativos a los fraudes e irregularidades comunicados por los Estados miembros y las medidas adoptadas por éstos en 2005 y los esfuerzos realizados por la Comisión para mejorar la eficacia de la OLAF. Además, el informe contiene una sección sobre la mejora de la recuperación de las sumas no percibidas o pagadas indebidamente y analiza la cuestión de la certificación de las cuentas.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 19 de julio de 2005, «Protección de los intereses financieros de las Comunidades y lucha contra el fraude – Informe anual 2004» [COM (2005) 323 final – No publicado en el Diario Oficial]. Este informe presenta las actividades de la Comunidad y de los Estados miembros en cuanto a lucha contra el fraude. Para facilitar la lectura del informe, en adelante las medidas comunitarias y nacionales se presentarán en paralelo y por temas, en lugar de separadas en dos partes independientes.

En el informe, la Comisión describe los acontecimientos significativos de 2004, como la ampliación de la UE o el proyecto de reforma de la OLAF. Resume los resultados de las estadísticas sobre casos de irregularidad comunicados y hace balance de la cuestión relacionada con la información del público en el ámbito de la lucha contra el fraude. Dedica, además, parte del informe a la asistencia mutua en el ámbito aduanero y agrícola. Por último, la Comisión presenta las medidas adoptadas para facilitar la recaudación de los importes no percibidos o indebidamente abonados.

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