Impuestos y gravámenes ambientales

La Comisión evalúa cómo fomentar el recurso a los instrumentos fiscales por parte de los Estados miembros para reforzar la eficacia de la política medioambiental y cerciorarse de que los impuestos y gravámenes se utilizan de conformidad con el derecho comunitario.

ACTO

Comunicación de la Comisión, de 26 de marzo de 1997, sobre impuestos y gravámenes ambientales en el mercado único [COM (97) 9 final - Diario Oficial C 224 de 23.7.1997].

SÍNTESIS

Además de la adopción de una legislación marco armonizada a escala comunitaria, la aplicación de una política medioambiental también requiere la instauración de múltiples instrumentos económicos, técnicos o fiscales.

El Quinto Programa Marco comunitario de Medio Ambiente presenta la ampliación de la gama de instrumentos de política medioambiental como un objetivo prioritario. En varias ocasiones se ha pedido a la Comisión que explorara el potencial de nuevos instrumentos, especialmente de índole fiscal.

En efecto, los impuestos y gravámenes ambientales pueden permitir la aplicación del principio de que "quien contamina paga", induciendo a consumidores y productores a adoptar comportamientos más compatibles con las exigencias ecológicas.

La Comisión ha fomentado en repetidas ocasiones el recurso a los instrumentos fiscales por parte de los Estados miembros. En esta Comunicación, presenta el marco jurídico aplicable al respecto y especifica las posibilidades y las obligaciones de los Estados miembros de conformidad con las normas del mercado único.

En opinión de la Comisión, debe entenderse por "impuestos y gravámenes" todo pago obligatorio y sin contraprestación, tanto si se ingresa en el presupuesto del Estado como si se destina a fines concretos (asignación de créditos).

La exacción se utiliza para referirse en general a los impuestos y gravámenes. La exacción se considera ambiental si la sustancia o la actividad gravada tiene un efecto negativo sobre el medio ambiente.

Existen dos categorías de exacciones ambientales:

• exacciones sobre emisiones contaminantes (aplicables a la contaminación de las aguas, a las emisiones sonoras en la aviación);
• exacciones sobre productos (plaguicidas, impuestos especiales sobre la gasolina, etc.).

Los Estados miembros disponen de un amplio margen de maniobra en materia fiscal (en un apéndice se indican los impuestos y gravámenes nacionales actuales). El importe de los ingresos percibidos puede asignarse a la financiación de actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, así como a la reducción de otros impuestos que se consideran un factor de distorsión de la economía (impuestos sobre el trabajo, por ejemplo).

Ahora bien, es fundamental establecer un tipo adecuado para los impuestos y gravámenes ambientales si se quiere conseguir que incidan en el mercado.

Los Estados miembros deberán tener en cuenta las disposiciones siguientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a la hora de adoptar instrumentos fiscales ambientales:

• derechos de aduana sobre el comercio intracomunitario o exacciones de efecto equivalente (artículos 23 a 27);
• restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación de mercancías entre los Estados miembros o medidas de efecto equivalente (artículos 28 a 31);
• disposiciones sobre la política de transportes cuyos efectos sean menos favorables para los transportistas de los demás Estados miembros (artículo 72);
• ayudas estatales que falseen la competencia en el comercio intracomunitario (artículos 87 a 89);
• tributos internos que discriminen productos de los demás Estados miembros o protejan de algún otro modo la producción nacional (artículo 90), si son el resultado de la aplicación de criterios objetivos y no discriminatorios y si el sistema es transparente;
• legislación relativa a los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos en virtud del artículo 92;
• artículo 174 en el que se establecen los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente: los Estados miembros deben demostrar que la exacción es necesaria para resolver los problemas ambientales.

Los Estados miembros se cerciorarán de que los impuestos y gravámenes ambientales se ajusten a las obligaciones comunitarias (en materia de competencia, mercado único, fiscalidad), así como a las obligaciones frente a los terceros países (normas de la Organización Mundial del Comercio).

La estrategia de la Comisión es la siguiente:

• recopilar la experiencia de los Estados miembros en materia de fiscalidad ambiental;
• analizar los efectos económicos y ambientales de las exacciones existentes;
• controlar los efectos de dichas exacciones en el mercado interior y la competitividad de la industria europea.

La Comisión dispondrá de varias modalidades de control:

• notificación de las ayudas estatales;
• notificación de los ámbitos cubiertos por la Directiva 83/189/CEE (que establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas) -sustituida por la Directiva 98/34/CE -, así como del derecho comunitario derivado;
• notificación de las medidas nacionales de incorporación de las directivas;
• reclamaciones de las empresas o de los Estados miembros;
• investigaciones por iniciativa de la Comisión.

Última modificación: 05.09.2006