Orientaciones generales de las políticas económicas (1997)

1) OBJETIVO

Garantizar una mayor coordinación de las políticas económicas y una convergencia sostenida de los resultados económicos de los Estados miembros y de la Comunidad.

2) ACTO

Recomendación del Consejo, de 7 de julio de 1997,sobre las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad [Diario Oficial L 209 de 2.8.1997].

3) SÍNTESIS

En una situación caracterizada por una recuperación moderada, deberá darse prioridad a dos objetivos políticos fundamentales:

• reducir significativamente el desempleo;
• continuar los esfuerzos de estabilización de los precios y de saneamiento presupuestario a fin de que el mayor número posibles de Estados miembros pueda participar en la moneda única desde el 1 de enero de 1999.

En el ámbito macroeconómico, las orientaciones generales reafirman la necesidad de seguir aplicando una estrategia común centrada en los tres ejes siguientes:

• una política monetaria orientada hacia la estabilidad;
• esfuerzos sostenidos de saneamiento de las haciendas públicas;
• evolución de los salarios nominales compatible con la estabilidad de precios y evolución de los salarios reales inferior al aumento de productividad, de manera que aumente la rentabilidad de la inversión.

Cuanto más facilitada se vea la tarea de estabilización asignada a la política monetaria por una política presupuestaria y una evolución de los salarios adaptadas, más favorable al crecimiento y el empleo serán las condiciones monetarias, incluidos los tipos de cambio y los tipos de interés a largo plazo.

Se han realizado progresos considerables en materia de estabilidad de precios y de convergencia de tipos de inflación. En abril de 1997, 14 Estados miembros tenían un tipo de inflación inferior o igual al 2%, nivel que debería mantenerse. Grecia debe intensificar sus esfuerzos para lograr sus objetivos de 4,5% a finales de 1997 y 3% a finales de 1998.

Las monedas participantes en el MC han conocido una notable estabilidad. Los Estados miembros deben seguir tratando la política cambiaria como un problema de interés común. Se invita a los países que no participan en el MC a aplicar políticas macroeconómicas orientadas a la estabilidad, a fin de posibilitar esta participación.

La mayoría de Estados miembros han tomado medidas importantes para situar su déficit presupuestario en un 3% (o incluso por debajo de esta cifra) del PIB de 1997. Debe continuar este esfuerzo, para generar confianza en el mantenimiento de la situación de saneamiento presupuestario. Este es especialmente el caso de los países cuyo presupuesto en 1997 preveía medidas puntuales y cuya ratio deuda/PIB no se acerca al valor de referencia a un ritmo satisfactorio.

Para tener una proyección a largo plazo, las previsiones presupuestarias deberían indicar claramente las hipótesis económicas en que se basan y la estrategia a medio plazo seguida por el Estado miembro (reformas estructurales...).

El Consejo reitera los mismos principios generales que en las orientaciones generales de los años precedentes:

• preferencia a una reducción del gasto más que a un aumento de la presión fiscal global;
• la prioridad en el gasto público debe recaer en inversiones en infraestructuras y en recursos humanos, así como en políticas activas del mercado laboral;
• una disminución de la presión fiscal o de las cotizaciones sociales es deseable en el marco del saneamiento presupuestario; además, los Estados miembros deberían verificar si sus sistemas de protección social y sus sistemas públicos de pensiones tienen viabilidad financiera a largo plazo y efectuar reformas a su debido tiempo.

También sería deseable evitar cualquier competencia perniciosa entre los sistemas fiscales de los Estados miembros.

En materia de déficit presupuestario, cinco Estados miembros respetan el valor del 3% del PIB en 1996: Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Finlandia. Estos cuatro últimos deben consolidar estos resultados.

Grecia todavía debe realizar importantes esfuerzos para lograr los objetivos de su plan de convergencia, en particular en los ámbitos de eficacia de la administración fiscal y reducción del gasto público.

Los nueve otros Estados miembros debería situar su déficit presupuestario en el valor de referencia del 3% del PIB al menos en 1997. Estos países debe seguir aplicando sus planes de convergencia con determinación para confirmar estos resultados en los próximos años.

Es fundamental mejorar el funcionamiento de los mercados de productos y de servicios, estimular la competencia, fomentar la innovación y garantizar una fijación de precios óptima, con objeto de fomentar el crecimiento y el empleo. Esta mejora pasa por un mejor funcionamiento del mercado único y una mayor voluntad de los Estados miembros de cara a:

• incorporar y aplicar íntegramente la legislación existente;
• completar el marco jurídico en los ámbitos de la fiscalidad y el derecho de sociedades;
• finalizar la liberalización de los mercados de la energía;
• reducir el exceso de reglamentación que compartimenta los mercados;
• evitar el recurso a las ayudas estatales para aplazar reestructuraciones indispensables.

La Comisión ha elaborado un plan de acción con varias medidas que deberían entrar en vigor a partir del 1 de enero de 1999, a fin de redinamizar el mercado único.

Son indispensables reformas del mercado de trabajo y una mayor inversión en conocimientos. Varios Estados miembros han tenido experiencias positivas de las que pueden sacarse algunas lecciones, en particular que las reformas estructurales debe tener un alcance general para tratar de forma coherente el complejo problema de los incentivos al trabajo y la creación de empleo y la explotación de la complementariedad que existe entre las distintas políticas. El proceso iniciado debería continuarse y, en su caso, intensificarse, dando prioridad a:

• mantener una evolución de los salarios adecuada;
• reducir los costes no salariales de la mano de obra;
• reformar el sistema fiscal y el sistema de protección social;
• nuevas fórmulas de organización del trabajo (flexibilidad del tiempo de trabajo...);
• adaptar el conjunto del sistema educativo -incluida la formación profesional- a las necesidades de los mercados y la mejora de los recursos humanos.

Estas reformas deben acompañarse de una mayor reorientación de las demás políticas en favor del empleo.

Última modificación: 08.11.2002