La Unión Europea (UE) desea uniformizar la legislación y los procedimientos relativos a las obligaciones alimentarias. En este contexto, la Comisión ha adoptado un libro verde que examina la regulación de los litigios transfronterizos en la materia. Se inicia de esta manera una reflexión, con vistas a mejorar el Derecho comunitario, inspirada en la evolución actual del Derecho internacional privado.

Libro verde de la Comisión, de 15 de abril de 2004, sobre las obligaciones alimentarias [COM (2004) 254 final – No publicado en el Diario Oficial].

En Derecho internacional privado, los conflictos relativos a las obligaciones alimentarias * se regulan fundamentalmente en los Convenios de La Haya. Estos convenios establecen las normas sobre conflicto de leyes, que determinan la ley aplicable en la resolución de un conflicto internacional, así como las normas sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales. Sin embargo, estas disposiciones presentan lagunas, carecen de uniformidad y su fuerza vinculante se limita a los Estados signatarios.

Con todo, siguen existiendo diferencias entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), que resultan especialmente perjudiciales para los acreedores de alimentos. Los procedimientos transfronterizos presentan dificultades vinculadas al reconocimiento mutuo y a la ejecución de las resoluciones judiciales.

Con el fin de proporcionar garantías mínimas a los ciudadanos europeos, la Comisión intentó establecer normas de procedimiento simplificadas y persigue este objetivo desde la perspectiva de la construcción de un espacio de libertad, justicia y seguridad.

Sin embargo, la legislación comunitaria no ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de las resoluciones judiciales y subsisten numerosos problemas prácticos que dificultan el adecuado cobro de las deudas alimentarias.

En este contexto, la Comisión ha presentado este libro verde, que invita a una reflexión sobre los instrumentos legislativos aplicables a las obligaciones alimentarias.

La adopción de normas comunes a escala comunitaria señalaría una etapa hacia una mayor seguridad jurídica. Así pues, el presente libro verde propone definir el ámbito de aplicación de un futuro instrumento jurídico comunitario. Estas reflexiones se refieren principalmente a:

El Tratado de Ámsterdam prevé la instauración de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE.

Fundamentado sobre esta base, el Consejo Europeo de Tampere del 15-16 de octubre de 1999 adoptó un programa de medidas sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil y mercantil. Este programa fija objetivos en la UE con el fin de garantizar el acceso igualitario a la justicia de todos los ciudadanos europeos y el libre ejercicio de sus derechos.

Por esta razón, el Derecho comunitario prevé mecanismos que faciliten la regulación de los litigios transfronterizos. Sin embargo, en materia de obligaciones alimentarias, la multiplicidad de las fuentes de Derecho puede perjudicar el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones.

Debe ser posible recurrir al Derecho internacional privado en los casos en los que una de las partes sea ciudadana de un Estado tercero.

La Conferencia Internacional de La Haya está elaborando un proyecto de Convenio único con el objetivo de uniformizar los textos aplicables en materia de Derecho internacional privado. Sus trabajos se basan en los aspectos más eficaces de los convenios existentes y persiguen la ampliación y simplificación de la legislación aplicable a las obligaciones alimentarias en Derecho privado internacional. La Comisión tendrá en cuenta estos resultados en sus futuras propuestas.

Términos clave del acto

Obligaciones alimentarias: este término comprende el conjunto de las sumas que se satisfacen en concepto de alimentos en el ámbito de las relaciones de familia. Se trata esencialmente de los alimentos satisfechos a los hijos por sus padres (en particular, tras una separación entre los titulares de la responsabilidad parental), así como de las sumas que se abonan entre esposos, tras un divorcio, en concepto del mantenimiento del deber de ayuda.
Exequátur: procedimiento especial que se lleva a cabo en el Estado miembro que reconoce una resolución judicial antes de proceder a su ejecución. Este procedimiento tiene por objeto otorgar a una decisión extranjera efectos idénticos a los de una resolución nacional.

Reglamento del Consejo (CE) nº 4/2009, de 18 de diciembre de 2008 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos [Diario Oficial L 7 de 10.1.2009]. Este reglamento, que da continuidad al libro verde, facilita de forma efectiva la obtención de alimentos en el extranjero como consecuencia de relaciones familiares. Establece disposiciones sobre la jurisdicción y la legislación aplicable a las disputas sobre obligaciones alimentarias. Establece distintas disposiciones sobre el reconocimiento, la fuerza ejecutoria y la ejecución para los Estados miembros, con independencia de que exista o no vinculación en virtud del Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias de 2007. El reglamento también contiene disposiciones sobre el acceso a la justicia de las partes implicadas en disputas, y sobre la designación de autoridades centrales en los Estados miembros que faciliten la aplicación de este reglamento. Por último, deroga las disposiciones sobre obligaciones alimentarias del Reglamento (CE) sobre jurisdicción, reconocimiento y ejecución de sentencias sobre cuestiones civiles y mercantiles.

Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [Diario Oficial L 12 de 16.1.2001]. El objeto de este Reglamento es sustituir por un instrumento comunitario, sin modificar su ámbito de aplicación, el Convenio de Bruselas de 1968, modificado por los convenios exteriores. El Convenio de 1968 cubre todos los ámbitos de Derecho civil y mercantil, excepto los que se excluyen expresamente de su aplicación: el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones, las quiebras, la seguridad social y el arbitraje. El Reglamento prevé disposiciones relativas a las competencias generales, las competencias especiales y algunas competencias exclusivas, así como competencia en materia de seguros, en materia de contratos celebrados por los consumidores y en materia de contratos individuales de trabajo. Incluye también normas relativas a la prórroga, la comprobación, la admisibilidad, la litispendencia y la conexidad, así como medidas provisionales y cautelares. Además prevé un dispositivo para las cuestiones vinculadas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, los documentos públicos con fuerza ejecutiva, las transacciones judiciales, las disposiciones generales, transitorias y finales, y las relaciones con los otros instrumentos.

Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias (2007).

Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños y otras formas de obligaciones alimentarias (2007).

Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias (1973).

Convenio de La Haya referente al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias (1973).

Convenio de La Haya referente al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones alimentarias con los hijos (1958).

Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias con los hijos (1956).

Convenio de Nueva York sobre obtención de alimentos en el extranjero celebrado en el marco de la ONU (1956).

See also