Actualizar los datos sobre la cohesión económica y social presentados en el primer informe intermedio de enero de 2002, hacer balance sobre el debate relativo al futuro de la política regional después de 2006 e indicar de qué manera los Fondos Estructurales apoyarán a los futuros Estados miembros tras su adhesión.

Comunicación de la Comisión de 30 de enero de 2003 - Segundo informe intermedio sobre la cohesión económica y social [COM(2003) 34 final - no publicado en el Diario Oficial].

Cada tres años, la Comisión presenta un «informe sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica y social» y sobre la forma en que las políticas comunitarias han contribuido a ello artículo 159 del Tratado constitutivo de la Comunidad). Publicado en enero de 2001, el segundo informe sobre la cohesión económica y social persigue dos objetivos:

Desde entonces, la Comisión Europea ha publicado en enero de 2002 un primer informe intermedio que actualiza, para una Europa de 25 miembros, los datos expuestos en el segundo informe sobre la cohesión y hace un primer balance sobre el debate. En enero de 2003 presenta un segundo informe intermedio. Teniendo en cuenta los datos más recientes sobre el producto interior bruto (PIB) y la tasa de desempleo, este informe hace balance de nuevo sobre los dos temas abordados en los informes anteriores. Además, indica de qué manera los Fondos Estructurales intervendrán en los dos años siguientes a la ampliación (2004) y esboza el final del período actual de programación (2006).

A pesar de una ralentización importante del crecimiento económico durante 2001, la tendencia general a la convergencia económica se confirma en la Unión Europea actual. Los países denominados «de la cohesión» (España, Grecia, Portugal e Irlanda que son subvencionables por el Fondo de Cohesión) siguen recuperando su retraso. El PIB de Irlanda pasó del 64 % de la media comunitaria en 1988 al 118 % en 2001. sin embargo, las disparidades regionales no experimentan cambios a escala europea, pero se agravaron dentro incluso de los Estados. Sobre todo, el estudio estadístico indica que la recuperación económica es un proceso a largo plazo.

En términos de empleo, un crecimiento limitado en 2001 en los Quince junto con una disminución constante del empleo desde hace cinco años en los países candidatos provoca un ahondamiento de las disparidades regionales. Tres millones de nuevos empleos serán necesarios para alinear el nivel medio de empleo de los futuros Estados miembros al de los Quince. Y, en la Unión ampliada, el nivel de educación se eleva. El empleo aumenta en el sector agrícola, se estanca en la industria y disminuye en los servicios.

Con la ampliación, las disparidades regionales casi se van a duplicar. 48 regiones de los Quince (18 % de la población total, o sea 68 millones de habitantes) tienen una renta per cápita inferior al 75 % de la media comunitaria. En una Unión de 25, estas regiones serán 67 (25 % de la población, o sea 116 millones de personas), situándose dos tercios de ellas en los nuevos Estados miembros. Sólo 30 regiones de los Estados miembros actuales (12 % de la población, o sea 47 millones) permanecerían bajo el límite máximo del 75 % y podrían considerarse como «regiones desfavorecidas». Según las cifras del año 2000, las 18 regiones que perderían su estatuto por simple «efecto estadístico» son las siguientes: Brandemburgo, Mecklemburgo- Pomerania Occidental, Dresde, Halle, Magdeburgo y Turingia (Alemania); Burgenland (Austria); Finlandia Oriental (Finlandia); Asturias, Murcia y Ceuta y Melilla (España); Basilicata (Italia); Madeira (Portugal); Henao, Namur (Bélgica); Merseyside, Gales Occidental, Yorkshire Meridional (Reino Unido). Sin embargo, los datos que deben utilizarse en 2006 no están aún disponibles y esta lista sigue teniendo un carácter orientativo.

Nuevos indicadores sobre el estado de avance tecnológico confirman el retraso de los países del sur de Europa en materia de innovación tecnológica. En Finlandia, Suecia y Alemania, el número de patentes registradas por millón de habitantes dobla la media europea. Por el contrario es inferior a la mitad de esta media en Irlanda, Italia, España, Grecia y Portugal. Las disparidades se acentúan aún más en el sector de la tecnología punta: los gastos en materia de investigación y desarrollo superan el límite del 3 % del PIB en 17 regiones, diez de las cuales se sitúan en Alemania, dos en Finlandia, dos en Francia, y una en el Reino Unido, Austria y Suecia. En los países candidatos, la República Checa y Eslovenia son los dos países que más invierten en este ámbito.

El estudio (EN) (pdf) de la Comisión sobre el impacto económico del objetivo nº 1 entre 2000 y 2006 presenta resultados alentadores. Las financiaciones asignadas acentúan sensiblemente el crecimiento económico de las regiones que reciben ayudas, pero también tienen un «efecto bumerán», puesto que una cuarta parte de los gastos efectuados en este ámbito beneficia a otras zonas de la Unión Europea.

Otros estudios hacen referencia a los factores territoriales o humanos de la cohesión: dos de ellos esbozan la situación de las zonas insulares y de montaña, otros dos analizan el papel de los individuos en el desarrollo regional y la aparición de una economía basada en el saber y el conocimiento. Los primeros resultados del estudio sobre las islas son los siguientes: 10 millones de europeos pueblan 286 islas europeas, 9,5 millones viven en el Mediterráneo (Sicilia, Creta, Baleares y Córcega); un 87 % de la población insular está cubierta por el objetivo nº 1; las islas menos pobladas (menos de 5.000 habitantes) encuentran más dificultades.

Los temas clave del debate sobre el futuro de la política regional son los siguientes:

El Consejo acogió favorablemente el primer informe intermedio sobre la cohesión económica y social. Según las delegaciones de los Estados miembros, el apoyo a las regiones menos desarrolladas debe seguir siendo prioritario, mientras que siguen siendo motivo de debate las modalidades de admisibilidad de esta ayuda así como su utilización. Una intervención comunitaria en las otras regiones sigue siendo necesaria y deberá concentrarse en las acciones con un fuerte valor añadido. En términos de esfuerzo financiero para la futura política de cohesión, la Presidencia española (primer semestre de 2002) consideró que el límite del 0,45 % del PIB es un buen punto de partida, mientras que las otras delegaciones reservaron sus posiciones para una fase posterior. Además, las posiciones que reclaman una determinada «renacionalización» de la política regional no parecen haber ganado terreno.

Reunidos el 7 de octubre de 2002, los Ministros encargados de la política regional expresaron su deseo de alcanzar una mayor simplificación y descentralización de las responsabilidades en materia de gestión y control de los programas europeos. La ampliación agravará las tensiones entre la doble necesidad de una aplicación más descentralizada y un control más eficaz de los flujos financieros. Esta evolución deberá efectuarse a la luz del artículo 274 del Tratado CE que confía a la Comisión la ejecución del presupuesto.

El Parlamento Europeo adoptó el 6 de noviembre de 2002 un dictamen sobre el primer informe intermedio. Apoya la posición de la Comisión en los siguientes puntos: el mantenimiento de una política de cohesión fuerte basada en la asociación, el límite mínimo del esfuerzo financiero (0,45 % del PIB de la Unión), la ayuda a las zonas con desventajas específicas y el refuerzo de la cooperación transfronteriza. Menciona la necesidad de tener en cuenta otros indicadores (además del de la renta per cápita) en la determinación de la subvencionabilidad por los Fondos Estructurales, de simplificar los procedimientos y de reforzar la capacidad administrativa de los países candidatos. Pide a la Comisión que establezca un calendario destinado a garantizar que la programación para el período 2007-2013 pueda aplicarse a partir del 1 de enero de 2007 así como propuestas precisas sobre el futuro del objetivo nº 2 y de las iniciativas comunitarias.

El Comité Económico y Social Europeo se pronunció en dos dictámenes en favor del mantenimiento después de 2006 de una política regional fuerte [«Estrategia de cohesión económica y social en la UE» - Diario Oficial C 241 de 7.10.2002]. De acuerdo con el Parlamento, también se pronuncia a favor de la subida del límite del umbral del 0,45 % y a favor de la adopción de un método abierto de coordinación con el fin de tratar los problemas económicos y sociales en las regiones del objetivo nº 2.

En su dictamen de 10 de octubre de 2002 sobre el primer informe intermedio [no publicado en el Diario Oficial], el Comité de las Regiones también destaca la importancia de las regiones menos desarrolladas, de la coordinación de las políticas comunitarias y de la simplificación de los procedimientos. Hace hincapié en la necesidad de establecer un período de apoyo transitorio para las regiones que harán frente al «efecto estadístico» de la ampliación.

El seminario sobre el valor añadido comunitario de la política regional se celebró los días 27 y 28 de mayo de 2002. Reunió a más de 600 participantes de los Estados miembros y de los países candidatos. La prioridad a las regiones menos desarrolladas, el mantenimiento de las intervenciones fuera de estas zonas, la simplificación de los procedimientos y la importancia de la cooperación transfronteriza fueron objeto de un amplio consenso. En la perspectiva de una política regional en una Unión ampliada, deberán precisarse el papel y la responsabilidad de la Comisión, en particular, a través de la elaboración de contratos tripartitos Comisión-estado-Regiones.

reunidos en Londres los días 8 y 9 de julio de 2002, 600 protagonistas de programas URBAN II destacaron la importante contribución de esta Iniciativa comunitaria al desarrollo de las zonas urbanas. Ésta favorece un alto grado de asociación así como un aprendizaje permanente a través de intervenciones visibles in situ. Los protagonistas locales afirmaron la necesidad de proseguir e intensificar las intervenciones que implicaban a las ciudades, en particular en los ámbitos siguientes: vivienda, intercambio de experiencias y conexión en red.

en el marco del Año internacional de la montaña, un seminario sobre «las políticas comunitarias y la montaña» reunió los días 17 y 18 de octubre de 2002 en Bruselas a 500 participantes de Estados miembros, países candidatos y terceros países. Se reafirmaron la necesidad de elaborar proyectos específicos así como el valor añadido de la cooperación transfronteriza.

El Consejo Europeo de Copenhague concluyó las negociaciones de adhesión, abriendo así el camino a la adhesión de diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004. El éxito de la integración de estos Estados en la Unión ampliada es ahora una prioridad política esencial. Los Quince asignaron, para 2004-2006, 21.700.000.000 de euros de recursos suplementarios, suma que sigue siendo inferior al límite fijado en 1999 en el Consejo Europeo de Berlín en el marco de la Agenda 2000.

Identificados en los informes regulares de octubre de 2002 sobre la preparación de los países candidatos, los problemas más importantes se refieren a la capacidad administrativa para absorber los fondos previstos y la aplicación de los procedimientos de control financiero. Una última evaluación global sobre el estado de preparación de los 10 futuros Estados miembros tendrá lugar seis meses antes de la adhesión real. Los futuros Estados miembros deben en adelante combatir sus debilidades y terminar los programas que aplicarán a partir del primer día de la adhesión con cargo a los Fondos Estructurales y de Cohesión. Participarán también en las Iniciativas comunitarias INTERREG III y EQUAL.

Consciente del desafío de la ampliación para la política regional, la Comisión elaborará sus propuestas globales así como un proyecto de perspectivas financieras para una política de cohesión después de 2006 teniendo en cuenta las propuestas resultantes del debate. La Comisión las incorporará en el tercer informe sobre la cohesión previsto para el último trimestre de 2003.

Para más información sobre los informes en materia de cohesión, puede consultarse:

5) trabajos posteriores

El 2 y el 3 de julio de 2003 el Comité de las Regiones emitió un dictamen sobre el segundo informe [Diario Oficial C 256 de 24.10.2003].

El 16 y el 17 de julio de 2003 el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen sobre el segundo informe [Diario Oficial C 234 de 30.9.2003].