Islandia – Justicia y seguridad

Los países candidatos entablan negociaciones con la Unión Europea (UE) para prepararse para la adhesión. El objetivo de dichas negociaciones es la adopción y la aplicación de la legislación europea (acervo), en concreto, las prioridades identificadas de forma conjunta por la Comisión y los países candidatos en el análisis del acervo político y legislativo de la UE. La Comisión examina anualmente los avances realizados por los candidatos para evaluar los esfuerzos que todavía hay que realizar antes de la adhesión. Este seguimiento es objeto de informes anuales presentados al Consejo y al Parlamento Europeo.

ACTO

Informe de la Comisión [COM(2011) 666 final – SEC(2011) 1202 final - no publicado en el Diario Oficial].

SÍNTESIS

En su Informe 2011, la Comisión señala los avances de Islandia en materia de justicia y de seguridad, al tiempo que el país ya aplica estándares elevados así como una parte importante del acervo de la Unión Europea (UE) en la materia.

ACERVO DE LA UNIÓN EUROPEA (en los términos de la Comisión)

La política de la UE en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior tiene por objeto mantener y desarrollar la Unión como espacio de libertad, seguridad y justicia. Sobre cuestiones como el control de las fronteras, los visados, la inmigración, el derecho de asilo, la cooperación policial, la lucha contra la delincuencia organizada y la cooperación en materia de droga, la cooperación aduanera y la cooperación judicial en materia penal y civil, los Estados miembros deben disponer de medios suficientes que les permitan aplicar normas convenientes y las normas comunes cada vez más numerosas. Para ello, ante todo es necesario que las instancias encargadas de aplicar la Ley y el resto de órganos competentes dispongan de una capacidad administrativa amplia y correctamente integrada que se ajuste a las normas establecidas. La instauración de una policía profesional, fiable y eficaz reviste una importancia capital. El acervo de Schengen, que se traduce en la supresión de los controles en las fronteras interiores de la Unión Europea, constituye la parte más detallada de las políticas de la UE relativas a la justicia, la libertad y la seguridad. Sin embargo, hay partes sustanciales de este acervo que son aplicadas por los nuevos Estados miembros debido a una decisión a parte adoptada por el Consejo después de su adhesión.

Las políticas de la UE en el ámbito del aparato judicial y de los derechos fundamentales pretenden continuar y alimentar el desarrollo de la Unión como espacio de libertad, de seguridad y de justicia. La creación de un aparato judicial independiente y eficaz reviste una importancia capital. La imparcialidad, la integridad y un elevado nivel de competencia en materia de sentencias por parte de los Tribunales son esenciales para el mantenimiento del Estado de Derecho. Esto implica un compromiso firme para eliminar cualquier influencia externa sobre el aparato judicial y asignarle recursos financieros y medios de formación adecuados. Es preciso ofrecer las garantías jurídicas necesarias en los procedimientos judiciales justos. Asimismo, los Estados miembros deben luchar contra la corrupción ya que esta última representa una amenaza para la estabilidad de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Conviene crear un marco jurídico sólido e instituciones fiables sobre las que basar una política coherente de prevención y disuasión de la corrupción. Los Estados miembros deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos de la UE, como son garantizados en el acervo y en la Carta de Derechos Fundamentales.

EVALUACIÓN (en los términos de la Comisión)

El país ha seguido reforzando la independencia del poder judicial y el marco estratégico de lucha contra la corrupción. Debe continuar el seguimiento de la aplicación de estas medidas. Asimismo, el país ha seguido reforzando la protección de los derechos fundamentales. También debe reforzarse el seguimiento de dichas medidas.

La aproximación de la legislación relativa a los derechos de los ciudadanos y a la protección de datos no ha concluido.

Islandia sigue aplicando el Acuerdo de Schengen y la armonización de su legislación, en los ámbitos de la justicia, la libertad y la seguridad, ha avanzado de forma satisfactoria. Se espera que se lleven a cabo esfuerzos adicionales para ratificar y aplicar los instrumentos internacionales relativos a la protección de los niños, la lucha contra el la delincuencia organizada y la falsificación de moneda.

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