Reconocimiento de otros diplomas, certificados y títulos que no sean los de enseñanza superior de ciclo largo

Esta Directiva tiene como objetivo ampliar el sistema de reconocimiento mutuo de la Directiva 89/48/CEE del Consejo a las profesiones con menores requisitos de formación.

ACTO

Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE [Véanse los actos modificativos].

La presente Directiva fue derogada y sustituida por la Directiva 2005/36/CE el 20 de octubre de 2007.

SÍNTESIS

Esta Directiva es la última de una serie de medidas que otorgan a cualquier nacional comunitario el derecho a que un Estado miembro de acogida le reconozca o tenga en cuenta las cualificaciones adquiridas en otro Estado miembro.

Los Estados miembros que regulan las profesiones deberán reconocer las calificaciones obtenidas en otros Estados miembros y permitirán a los titulares de dichas cualificaciones el desempeño de su o sus actividades en su territorio, en igualdad de condiciones con los nacionales.

La Directiva se aplica a todas las profesiones que no hayan sido objeto de una Directiva específica de reconocimiento. Se asimilan a las profesiones reguladas las ejercidas por miembros de asociaciones privadas que gozan de un reconocimiento específico en un Estado miembro (por ejemplo: los organismos de peritos [chartered bodies] en el Reino Unido, y su equivalente en Irlanda). Los títulos que posean los ciudadanos comunitarios que hayan sido obtenidos en terceros países también estarán cubiertos por la Directiva, siempre que:

• la mayor parte de la formación se haya adquirido en la Comunidad, o
• el titular cuente con una experiencia profesional certificada de tres años en el Estado miembro que haya reconocido el título.

La Directiva establece el siguiente mecanismo de reconocimiento:

• el principio básico es el reconocimiento de derecho por parte del Estado miembro de acogida;
• la excepción es el reconocimiento por parte del Estado miembro de acogida tras una compensación consistente en:

- o bien un período de prácticas de adaptación, o una prueba de aptitud, cuando existan diferencias importantes entre la formación adquirida y la exigida, o cuando en el Estado miembro de acogida existan en los campos de actividad diferencias que se caracterizan por una formación específica que se refiera a disciplinas considerablemente diferentes de las cubiertas por el título del solicitante. El Estado miembro de acogida debe permitir al solicitante la elección entre el período de prácticas de adaptación o la prueba de aptitud;

- o bien una experiencia profesional previa, cuando la formación del inmigrante sea de duración inferior a la exigida en el Estado miembro de acogida.

La Directiva se refiere a una amplia gama de cualificaciones y por ello ha sido preciso diferenciar:

• las correspondientes al ciclo corto de enseñanza postsecundaria;
• las correspondientes a la enseñanza secundaria.

Consecuentemente, ha sido preciso permitir el reconocimiento no sólo entre aquellos Estado miembros cuyas formaciones pertenecen al mismo nivel, sino también entre Estados miembros cuyas formaciones pertenecen a un nivel distinto, incluidas las recogidas en la Directiva 89/48/CEE.

La Directiva establece, además del procedimiento para el reconocimiento de las formaciones adquiridas mediante una enseñanza regulada, un procedimiento para el reconocimiento de la autoformación adquirida mediante experiencia profesional.

La Directiva amplía a los trabajadores por cuenta ajena el campo de aplicación de determinadas Directivas específicas (Directivas transitorias que tienen por objeto principalmente el comercio y la artesanía) que actualmente sólo se refieren a los trabajadores por cuenta propia.

La Directiva amplía la función del grupo de coordinación creado por la Directiva 89/48/CEE y fija idénticas obligaciones a los Estado miembros y a la Comisión en lo que respecta a los informes de aplicación de la futura Directiva.

Las Directivas 94/38/CE, 95/43/CE, 97/38/CE y 2000/5/CE modifican las listas de formación (anexos C y D). El Reglamento (CE) nº 1882/2003 establece el procedimiento de modificación de esas mismas listas de formación.

La Directiva 2001/19/CE tiene por objeto, en particular:

• verificar que el Estado miembro de acogida tenga en cuenta, al examinar una solicitud de reconocimiento de un título, la experiencia adquirida por el interesado tras la obtención de dicho título. El Estado de acogida ya no podrá exigir sistemáticamente medidas de compensación (tales como pruebas de aptitud, períodos de prácticas de adaptación o de cualquier otro tipo) y deberá agilizar el procedimiento o suprimir dichas medidas;
• garantizar la seguridad jurídica en materia de reconocimiento de las formaciones realizadas por los nacionales comunitarios en terceros países: el sistema previsto da a cada Estado miembro el derecho de reconocer o no dichas formaciones, salvo cuando un primer Estado de acogida haya reconocido la experiencia profesional de los interesados. En tal caso, un segundo Estado miembro de acogida no podría rechazar directamente la solicitud de reconocimiento y debería justificar su rechazo;
• ampliar el procedimiento de reconocimiento automático, que ya se aplica a los médicos generalistas, a los demás médicos y a las profesiones de enfermería responsables de los cuidados generales, los dentistas, los veterinarios, las matronas y los farmacéuticos. La simplificación más importante se refiere a la puesta al día de las listas de títulos reconocidos a nivel europeo, ya que en adelante la Comisión podrá publicar periódicamente las listas de los títulos notificados por los Estados miembros (en anexo a la Directiva).

ACTOS CONEXOS

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2000, sobre la aplicación de la Directiva 92/51/CEE dirigido de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 92/51/CEE [COM (2000) 17 final].

La Directiva 92/51/CEE del Consejo prevé la presentación de un informe sobre el estado de la aplicación de la Directiva cinco años después del vencimiento del plazo concedido para la transposición.

El presente informe recuerda, en particular, la elaboración de la Directiva, y a continuación presenta su transposición y las estadísticas relativas a su aplicación. También muestra casos prácticos relativos a determinadas profesiones.

La Directiva 92/51/CE constituyó un nuevo punto de partida de la equivalencia de títulos, ya que la primera Directiva 89/48/CE sólo cubría formaciones de una duración mínima de tres años. La Directiva 92/51/CE amplió, en particular, la equivalencia a formaciones cuyo nivel real es comparable a los de las formaciones superiores cortas correspondientes. Por consiguiente, esta Directiva afectó a numerosas profesiones.

El informe destaca que la aplicación de la Directiva tuvo que enfrentarse con numerosos problemas, ya resueltos en la actualidad, lo que causó retrasos considerables en su aplicación. La Comisión tuvo que iniciar varios procedimientos de infracción, ya que algunos Estados miembros no habían respetado el plazo de transposición de dos años. Fue el caso de España (un año de retraso), Irlanda (dos años), Portugal y el Reino Unido (dos años y medio), Bélgica (tres años) y Grecia (cuatro años). Concretamente, la mayoría de las informaciones estadísticas que se incluyen en el informe procedían de los Estados miembros del norte de Europa (Dinamarca, Alemania, Austria, los Países Bajos, Suecia, Finlandia y el Reino Unido) y de Italia. La ausencia de estadísticas de los Estados miembros se explica por distintas razones prácticas o por el hecho de que la transposición es demasiado reciente.

El informe permite hacer hincapié en algunas dificultades surgidas en la aplicación de la Directiva. Las profesiones que no están reguladas ni por una directiva sectorial ni por el sistema general se sitúan en un vacío jurídico que plantea problemas para el reconocimiento transfronterizo. Hay ciertas controversias relativas a la equivalencia de algunas cualificaciones cuando éstas no presentan diferencias sustanciales entre un país y otro. Es el caso, por ejemplo, de los monitores de esquí, así como de algunos oficios relacionados con el turismo. Es necesaria una mayor claridad jurídica en este ámbito.

El informe presenta comentarios relativos a las categorías de profesiones siguientes:

• la función pública, sobre la que se recuerda, en particular, que la Comisión siempre ha considerado que este sector forma parte, en principio, del ámbito de aplicación de ambas Directivas. El informe aborda también la cuestión del examen de acceso a las profesiones de la función pública;
• la enseñanza preescolar y postescolar. Se recuerda que, en esta categoría, la mayoría de las denegaciones de reconocimiento de los títulos es difícilmente justificable;
• las profesiones sociales, sector que no plantea problemas particulares de reconocimiento;
• las profesiones paramédicas, que presentan ciertas peculiaridades, en particular porque para una misma profesión de este sector, la Directiva varía en función del Estado miembro de que se trate. Hay también Directivas específicas para algunas profesiones, como la enfermería;
• las profesiones del transporte, que son objeto de una Directiva específica;
• las profesiones del turismo, en cuyo caso el informe hace una distinción entre acompañantes y guías turísticos. Para esta categoría el informe concluye que los problemas de equivalencia dependen sobre todo de la voluntad de los interesados de conciliar el principio de libre prestación de servicios con el Derecho nacional de los Estados miembros en cuestión;
• las profesiones del deporte, una categoría que plantea problemas a menudo complejos debido a que estas profesiones dependen de enfoques nacionales muy distintos. La equivalencia de los títulos en cuanto a la libre prestación de servicios en este sector es también particular y plantea cuestiones sobre la distinción que debe efectuarse entre el suministro de servicios y el establecimiento en distintos Estados miembros.

La Directiva 1999/42/CE, por la que se instituye un tercer sistema general de reconocimiento de los títulos para las actividades profesionales cubiertas por las Directivas de liberalización, se transpuso en 2001. Se habrá realizado entonces un gran progreso en la equivalencia de títulos y formaciones.

El informe destaca que sería prematuro sacar conclusiones sobre el funcionamiento de una Directiva tan compleja y que debe aplicarse en un número de países tan elevado. Se reconoce también que la Directiva parece demasiado farragosa para el sector de la prestación de servicios. La Comisión sugiere con este motivo una disminución del plazo de instrucción de las solicitudes así como del plazo de las medidas de compensación. Por último, la Comisión anima vivamente a que haya una cooperación administrativa aún más estrecha, ya que dicha cooperación hace posible la elaboración de un código de buena conducta sobre los trámites.

Última modificación: 28.03.2008