14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/1

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DECISIÓN (UE) 2017/2060 DEL CONSEJO

de 6 de noviembre de 2017

relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, del Tercer Protocolo adicional al Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 217, en relación con su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso i),

Vista el Acta de adhesión de la República de Croacia, y en particular su artículo 6, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Vista la aprobación del Parlamento Europeo (1),

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Acta de adhesión de la República de Croacia, la adhesión de Croacia a, entre otros, el Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra (2) (en lo sucesivo «Acuerdo») debe aprobarse mediante la celebración de un protocolo a dicho Acuerdo (en lo sucesivo «Protocolo»). Con arreglo al Acuerdo, se debe aplicar un procedimiento simplificado a dichas adhesiones, según el cual ha de celebrarse un protocolo entre el Consejo, por unanimidad y en nombre de los Estados miembros, y el tercer país de que se trate.

(2)

El 14 de septiembre de 2012, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones con los terceros países correspondientes con miras a la adhesión de Croacia a la Unión. Las negociaciones con Chile concluyeron con éxito y el Protocolo se firmó en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros el 29 de junio de 2017 en Bruselas.

(3)	Procede aprobar el Protocolo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, el Tercer Protocolo adicional al Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (3).

Artículo 2

El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, a la notificación prevista en el artículo 14, apartado 1, del Protocolo.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

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(1)  Aprobación de 14 de septiembre de 2017 (pendiente de publicación en el Diario Oficial).

(2)  DO L 352 de 30.12.2002, p. 3.

(3)  El texto del Protocolo se publicó en el DO L 196 de 27.7.2017, junto con la Decisión relativa a la firma.

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14.11.2017

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/3

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REGLAMENTO (UE) 2017/2061 DEL CONSEJO

de 13 de noviembre de 2017

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 215,

Vista la Decisión (PESC) 2017/2073 del Consejo, de 13 de noviembre de 2017, por la que se modifica la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (1),

Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)	El Reglamento (CE) n.o 2580/2001 del Consejo (2) da efecto a la Posición Común 2001/931/PESC (3).

(2)	La Decisión (PESC) 2017/2073 suprime una entidad de la lista a que se refiere el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001.

(3)	Resulta necesario un acto legislativo de la Unión, en particular con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos de todos los Estados miembros.

(4)	Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 2580/2001 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 se suprime el apartado 4.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  Véase la página 59 del presente Diario Oficial.

(2)  Reglamento (CE) n.o 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 70).

(3)  Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 93).

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14.11.2017

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/4

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REGLAMENTO (UE) 2017/2062 DEL CONSEJO

de 13 de noviembre de 2017

por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1509 sobre la aplicación de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 215,

Vista la Decisión (PESC) 2016/849 del Consejo, de 27 de mayo de 2016, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea y por la que se deroga la Decisión 2013/183/PESC (1),

Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)	El Reglamento (UE) 2017/1509 del Consejo (2) da efecto a las medidas previstas en la Decisión (PESC) 2016/849.

(2)	El 16 de octubre de 2017, el Consejo decidió ampliar la prohibición de inversiones de la UE en y con la RPDC a todos los sectores, reducir el importe de las remesas personales que pueden enviarse a la RPDC de 15 000 a 5 000 EUR e imponer una prohibición de exportación de petróleo a la RPDC.

(3)	El Reglamento (UE) 2017/1858 del Consejo (3) ha modificado el Reglamento (UE) 2017/1509 para dar efecto a las medidas previstas en la Decisión (PESC) 2016/849.

(4)	Asimismo, el Consejo invitó a la Comisión a revisar la lista de artículos de lujo, sujeta a una prohibición de importación y de exportación, en consulta con los Estados miembros.

(5)	Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado, por lo que, con el fin, en particular, de garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros, resulta necesario un acto reglamentario de la Unión.

(6)	Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2017/1509 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/1509 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  DO L 141 de 28.5.2016, p. 79.

(2)  Reglamento (UE) 2017/1509 del Consejo, de 30 de agosto de 2017, relativo a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 329/2007 (DO L 224 de 31.8.2017, p. 1).

(3)  Reglamento (UE) 2017/1858 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO L 265 I de 16.10.2017, p. 1).

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14.11.2017

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/21

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REGLAMENTO (UE) 2017/2063 DEL CONSEJO

de 13 de noviembre de 2017

relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 215,

Vista la Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo, de 13 de noviembre de 2017, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela (1),

Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1)

En vista de que continúa el deterioro de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en Venezuela, la Unión ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación y ha pedido a todos los agentes políticos e instituciones venezolanos que trabajen de manera constructiva en la búsqueda de una solución a la crisis en el país, en el pleno respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, las instituciones democráticas y la separación de poderes.

(2)

El 13 de noviembre de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/2074, que prevé, entre otras cosas, la prohibición de la exportación de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, la prohibición de exportación de equipos de vigilancia y la inmovilización de fondos y de recursos económicos de determinadas personas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, o de personas, entidades u organismos cuya acción, políticas o actividades socaven de otra forma la democracia o el Estado de Derecho en el país, así como de personas, entidades u organismos asociados con ellas.

(3)

Determinadas medidas contempladas en la Decisión (PESC) 2017/2074 pertenecen al ámbito de aplicación del Tratado y, por tanto, con el fin de garantizar, en particular, su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros, resulta necesario adoptar un acto reglamentario de la Unión a efectos de su aplicación.

(4)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, sobre todo, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y concretamente los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y a la protección de los datos de carácter personal. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con esos derechos.

(5)	La facultad de modificar las listas que figuran en los anexos IV y V del presente Reglamento debe ejercerse por el Consejo para garantizar la coherencia con el proceso de modificación y revisión de los anexos I y II de la Decisión (PESC) 2017/2074.

(6)

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, y para establecer un máximo de seguridad jurídica dentro de la Unión, han de hacerse públicos los nombres y otros datos pertinentes relativos a personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos económicos deban ser inmovilizados de conformidad con el presente Reglamento. Todo tratamiento de datos personales debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(7)	Los Estados miembros y la Comisión deben comunicarse mutuamente las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento, así como cualquier otra información pertinente de que dispongan en relación con el mismo.

(8)	Los Estados miembros deben establecer las sanciones aplicables a las infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(9)	Con el fin de garantizar la efectividad de las medidas establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor inmediatamente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)   «demanda»: toda reclamación, con independencia de que se haya realizado por la vía judicial, antes o después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, formulada en virtud de un contrato o transacción o en relación con estos, y que incluirá en particular:

i)	toda demanda de cumplimiento de una obligación derivada de un contrato o transacción o en relación con estos,

ii)	toda demanda de prórroga o pago de una fianza, una garantía financiera o una indemnización, independientemente de la forma que adopte,

iii)	toda demanda de compensación en relación con un contrato o transacción,

iv)	toda demanda de reconvención,

v)	toda demanda de reconocimiento o ejecución, incluso mediante procedimiento de exequatur, de una sentencia, un laudo arbitral o decisión equivalente, dondequiera que se adopte o se dicte;

b)   «contrato o transacción»: cualquier transacción independientemente de la forma que adopte y de la ley aplicable, tanto si comprende uno o más contratos u obligaciones similares entre partes idénticas o entre partes diferentes; a tal efecto, el término «contrato» incluirá cualquier fianza, garantía o indemnización, en particular financieras, y crédito, jurídicamente independientes o no, así como cualquier disposición conexa derivada de la transacción o en relación con ella;

c)   «autoridades competentes»: las autoridades competentes de los Estados miembros tal como se mencionan en los sitios web enumerados en el anexo III;

d)   «recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios;

e)   «inmovilización de recursos económicos»: toda actuación con la que se pretenda impedir el uso de recursos económicos para obtener fondos, bienes o servicios de cualquier manera, incluidos, aunque no con carácter exclusivo, la venta, el alquiler o la constitución de una hipoteca;

f)   «inmovilización de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos, cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, titularidad, posesión, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera;

g)   «fondos»: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

i)	efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago,

ii)	depósitos en entidades financieras u otros entes, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda,

iii)	valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos y obligaciones, pagarés, warrants, obligaciones sin garantía y contratos sobre derivados,

iv)	intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos,

v)	créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros,

vi)	cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta, y

vii)	documentos que atestigüen una participación en fondos o recursos financieros;

h)   «asistencia técnica»: cualquier apoyo técnico relacionado con la reparación, el desarrollo, la fabricación, el montaje, ensayo, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico, y que puede adoptar la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de conocimientos o capacidades de tipo práctico, o servicios de consulta; la asistencia técnica incluye las formas orales de asistencia;

i)   «servicios de intermediación»:

i)	negociación u organización de transacciones destinadas a la compra, venta o suministro de bienes y tecnología o de servicios técnicos y financieros procedentes de un tercer país a cualquier otro tercer país, o

ii)	venta o compra de bienes y tecnología o de servicios técnicos y financieros que se encuentren en un tercer país con vistas a su traslado a otro tercer país;

j)   «territorio de la Unión»: los territorios de los Estados miembros, incluido su espacio aéreo, en los que es aplicable el Tratado y en las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 2

1.   Queda prohibido:

a)

proporcionar, directa o indirectamente, asistencia técnica, servicios de intermediación y otros servicios relacionados con los bienes y las tecnologías enumerados en la Lista Común de Equipo Militar de la UE (en lo sucesivo, «Lista Común Militar») y el suministro, fabricación, mantenimiento y utilización de bienes y tecnologías enumerados en la Lista Común Militar, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en Venezuela o para su utilización en este país;

b)

proporcionar, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera relacionada con los bienes y las tecnologías enumerados en la Lista Común Militar, incluyendo en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de dichos artículos, o el suministro de asistencia técnica, servicios de intermediación y otros servicios conexos, directa o indirectamente, a cualquier persona, entidad u organismo en Venezuela o para su utilización en este país.

2.   La prohibición establecida en el apartado 1 no se aplicará a la ejecución de contratos celebrados antes del 13 de noviembre de 2017 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de tales contratos, siempre que cumplan lo dispuesto en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (4), en particular los criterios fijados en su artículo 2 y que las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que deseen ejecutar el contrato hayan notificado este a la autoridad competente del Estado miembro en que estén establecidos, en un plazo de cinco días hábiles siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 3

Queda prohibido:

a)	vender, suministrar, transferir o exportar, directa o indirectamente, el equipo que pueda ser utilizado para la represión interna enumerado en el anexo I, procedente o no de la Unión, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo sitos en Venezuela o para su utilización en este país;

b)	proporcionar, directa o indirectamente, asistencia técnica y servicios de intermediación y otros servicios relacionados con el equipo mencionado en la letra a), a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo sitos en Venezuela, o para su utilización en este país;

c)

proporcionar, directa o indirectamente, financiación o ayuda financiera, incluyendo en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como seguros y reaseguros, relacionados con el equipo mencionado en la letra a), a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo sitos en Venezuela, o para su utilización en este país.

Artículo 4

1.   No obstante lo dispuesto en los artículos 2 y 3, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo III podrán autorizar en las condiciones que consideren apropiadas:

a)

el suministro de financiación, ayuda financiera y asistencia técnica relacionadas con: i) equipo militar no letal destinado únicamente a uso humanitario o de protección, o a los programas de desarrollo institucional de las Naciones Unidas y de la Unión o sus Estados miembros, o de organizaciones regionales y subregionales, ii) material destinado a operaciones de gestión de crisis de las Naciones Unidas y de la Unión o de organizaciones regionales y subregionales;

b)

la venta, suministro, transferencia o exportación de equipo que pueda utilizarse para la represión interna y una financiación y asistencia financiera y técnica asociada, destinado únicamente a uso humanitario o de protección, o a los programas de desarrollo institucional de las Naciones Unidas o de la Unión, o a las operaciones de gestión de crisis de las Naciones Unidas y de la Unión o de organizaciones regionales y subregionales;

c)	la venta, suministro, transferencia o exportación de equipo y material para operaciones de desminado y una financiación y asistencia financiera y técnica asociada.

2.   La autorización a que se refiere el apartado 1 sólo podrá concederse antes de iniciar la actividad para la que se solicita.

Artículo 5

Los artículos 2 y 3 no se aplicarán a las prendas de protección, incluidos los chalecos antibala y cascos militares, exportados temporalmente a Venezuela por el personal de las Naciones Unidas, el personal de la Unión o sus Estados miembros, representantes de los medios de comunicación y trabajadores humanitarios y cooperantes, y personal asociado, únicamente para su uso propio.

Artículo 6

1.   Queda prohibido vender, suministrar, transferir o exportar, directa o indirectamente, equipos, tecnología o programas informáticos identificados en el anexo II, procedentes o no de la Unión, a cualquier persona, entidad u organismo sitos en Venezuela o para su utilización en este país, a menos que la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, identificada en los sitios web enumerados en el anexo III, haya dado previamente su autorización.

2.   Las autoridades competentes de los Estados miembros identificadas en los sitios web enumerados en el anexo III no concederán ninguna autorización con arreglo al apartado 1 en caso de tener motivos razonables para determinar que los equipos, tecnología o programas informáticos podrían ser utilizados para la represión interna por parte del Gobierno, organismos públicos, compañías y agencias de Venezuela, o por cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o por indicación suya.

3.   El anexo II incluirá los equipos, tecnología o programas informáticos destinados principalmente a ser utilizados en el seguimiento o la interceptación de internet o de las comunicaciones telefónicas.

4.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente artículo en el plazo de cuatro semanas a partir de la autorización.

Artículo 7

1.   Salvo que la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, identificada en los sitios web enumerados en el anexo III, haya dado previamente su autorización de conformidad con el artículo 6, apartado 2, quedará prohibido:

a)

facilitar, de forma directa o indirecta, asistencia técnica o servicios de corretaje relacionados con los equipos, tecnologías y programas informáticos citados en el anexo II, o relacionados con la instalación, suministro, fabricación, mantenimiento y utilización de los equipos y tecnología citados en el anexo II o con el suministro, instalación, explotación o actualización de los programas informáticos citados en el anexo II, a cualquier persona, entidad u organismo sitos en Venezuela o para su uso en este país;

b)	facilitar, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera relacionadas con los equipos y programas informáticos citados en el anexo II a cualquier persona, entidad u organismo sitos en Venezuela o para su uso en este país;

c)	prestar cualquier tipo de servicio de control o interceptación de telecomunicaciones o por internet al Gobierno, organismos públicos, compañías y agencias de Venezuela así como a cualquier persona o entidad que actúen en su nombre o bajo su dirección.

2.   A efectos del apartado 1, letra c), por «servicio de control o interceptación de telecomunicaciones o por internet» se entenderá los servicios que proporcionen, en particular utilizando equipos, tecnología o programas informáticos identificados en el anexo II, acceso y disponibilidad de los datos de llamadas y telecomunicaciones, entrantes y salientes, de una persona, con fines de extracción, descodificación, grabación, tratamiento, análisis o almacenamiento, o cualquier otra actividad relacionada.

Artículo 8

1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en los anexos IV y V.

2.   No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en los anexos IV y V ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de fondos o recursos económicos.

3.   El anexo IV incluirá a:

a)	las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela;

b)	las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos cuyas acciones, políticas o actividades socaven de otra forma la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

4.   El anexo V incluirá a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos asociados a las personas y entidades a que se refiere el apartado 3.

5.   Los anexos IV y V contendrán los motivos de inclusión en la lista de las personas, entidades y organismos de que trate.

6.   Los anexos IV y V también contendrán, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas, entidades y organismos de que trate. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los alias, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal (si se conoce) y el cargo o profesión. Respecto de las personas jurídicas, entidades y organismos, dicha información podrá incluir el nombre, la fecha y el lugar de registro, el número de registro y el domicilio social.

Artículo 9

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 8, las autoridades competentes de los Estados miembros identificadas en los sitios internet enumerados en el anexo III podrán autorizar la liberación de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos:

a)

son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas físicas y jurídicas enumeradas en el anexo IV o V, y de los familiares a cargo de dichas personas físicas, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b)	se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

c)	se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos o recursos económicos inmovilizados;

d)

son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando la autoridad competente pertinente haya notificado a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la concesión, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica, o

e)

se ingresan en la cuenta o se pagan con cargo a la cuenta de una misión diplomática o consular o de una organización internacional que goce de inmunidad con arreglo al Derecho internacional, en la medida en que dichos pagos estén destinados a ser utilizados a efectos oficiales de la misión diplomática o consular o de la organización internacional.

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida de conformidad con el apartado 1.

Artículo 10

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 8, las autoridades competentes de los Estados miembros identificadas en los sitios web enumerados en el anexo III podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados cuando concurran las siguientes condiciones:

a)

que los capitales o recursos económicos sean objeto de una resolución arbitral pronunciada antes de la fecha en que la persona física o jurídica, la entidad o el organismo citados en el artículo 8 hubieran sido incluidos en el anexo IV o V; de una resolución judicial o administrativa dictada en la Unión; o de una resolución judicial con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, antes, en o después de dicha fecha;

b)

que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones impuestas por tales resoluciones o reconocidas como válidas en ellos, en los límites establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los derechos de las personas que presenten dichas demandas;

c)	que la resolución no beneficie a una persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo IV o V, y

d)	que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro de que se trate.

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización que haya concedido con arreglo al apartado 1.

Artículo 11

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 8, y siempre y cuando un pago sea adeudado por una persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo IV o V, en virtud de un contrato o acuerdo celebrado por la persona física o jurídica, entidad u organismo en cuestión, o de una obligación que le fuera aplicable, antes de la fecha en que se haya incluido en la lista del anexo IV o V a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar, en las condiciones que consideren oportunas, la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, siempre que la autoridad competente de que se trate haya considerado que:

a)	los fondos o los recursos económicos serán utilizados para efectuar un pago por una persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo IV o V;

b)	el pago no infringe el artículo 8, apartado 2.

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del apartado 1 en el plazo de cuatro semanas a partir de la autorización.

3.   El artículo 8, apartado 2, no impedirá el abono en las cuentas inmovilizadas por instituciones financieras o crediticias que reciban fondos transferidos por terceros a la cuenta de una persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en la lista, siempre que los abonos a dichas cuentas también se inmovilicen. Las entidades financieras o crediticias informarán sin demora a las autoridades competentes sobre cualquier transacción de ese tipo.

4.   Siempre y cuando los intereses, otros beneficios y pagos hayan sido inmovilizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, no se aplicará al abono en las cuentas inmovilizadas de:

a)	intereses u otros beneficios correspondientes a dichas cuentas;

b)	pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el artículo 8 fue incluido en el anexo IV o V, o

c)	pagos adeudados en virtud de una resolución judicial, administrativa o arbitral adoptada en un Estado miembro o ejecutiva en el Estado miembro de que se trate.

Artículo 12

1.   Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos:

a)

proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, tal como información sobre las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 8, a las autoridades competentes del Estado miembro de residencia o establecimiento, y remitirán esa información a la Comisión, directamente o a través de los Estados miembros, y

b)	cooperarán con las autoridades competentes en toda verificación de la información mencionada en la letra a).

2.   Toda información adicional recibida directamente por la Comisión se pondrá a disposición de los Estados miembros.

3.   Cualquier información proporcionada o recibida de conformidad con el presente artículo solo se utilizará a los efectos para los que se proporcionó o recibió.

Artículo 13

1.   La inmovilización de fondos y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevadas a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

2.   Las acciones realizadas por personas físicas o jurídicas, entidades u organismos no generarán responsabilidad alguna para ellas en caso de que no tuviesen conocimiento de que tales acciones podrían infringir las medidas establecidas en el presente Reglamento, ni tuviesen motivos razonables para sospecharlo.

Artículo 14

Queda prohibido participar, de manera consciente y deliberada, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 15

1.   No se estimará demanda alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas por el presente Reglamento, incluidas las demandas de indemnización o cualquier otra pretensión de este tipo, tales como una demanda de compensación o una demanda a título de garantía, en particular cualquier demanda que tenga por objeto la prórroga o el pago de una fianza, una garantía o una indemnización, en particular financieras, independientemente de la forma que adopte, si la presentan:

a)	personas físicas o jurídicas, entidades u organismos designados, enumerados en los anexos IV y V;

b)	cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que actúe a través o en nombre de una de las personas, entidades u organismos a que se refiere la letra a).

2.   En cualquier procedimiento de demanda, la carga de la prueba de que el apartado 1 no prohíbe estimar la demanda recaerá en la persona física o jurídica, entidad u organismo que la formula.

3.   El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos mencionados en el apartado 1 a recurrir por la vía judicial la legalidad del incumplimiento de obligaciones contractuales de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 16

1.   La Comisión y los Estados miembros se comunicarán mutuamente las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y compartirán toda la información pertinente de que dispongan relacionada con el presente Reglamento, y, en particular, la información con respecto a:

a)	los fondos inmovilizados con arreglo al artículo 8 y las autorizaciones concedidas en virtud de los artículos 9 a 11;

b)	los problemas de infracción y ejecución y las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales nacionales.

2.   Los Estados miembros se comunicarán mutua e inmediatamente y comunicarán a la Comisión cualquier otra información pertinente de que tengan conocimiento y que pueda afectar a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Artículo 17

1.   Cuando el Consejo decida someter a una persona física o jurídica, entidad u organismo a las medidas a que se refiere el artículo 8, modificará el anexo IV o V en consecuencia.

2.   El Consejo comunicará su decisión y su justificación a la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el apartado 1, bien directamente si se conoce su dirección, o mediante la publicación de un anuncio, ofreciendo a esa persona, entidad u organismo la oportunidad de presentar observaciones.

3.   En caso de que se formulen observaciones o se presenten nuevas pruebas sustanciales, el Consejo reconsiderará su decisión e informará a la persona física o jurídica, entidad u organismo en consecuencia.

4.   La lista que figura en los anexos IV y V se revisará periódicamente y al menos cada doce meses.

5.   La Comisión estará facultada para modificar el anexo III, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

Artículo 18

1.   Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2.   Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión las normas mencionadas en el apartado 1 tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 19

1.   Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes contempladas en el presente Reglamento y las mencionarán en las páginas web que figuran en el anexo III. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todo cambio de las direcciones que figuren en sus páginas web enumeradas en el anexo III.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Reglamento, cuáles son sus respectivas autoridades competentes, incluidos los datos de contacto de dichas autoridades, así como toda modificación posterior.

3.   Cuando el presente Reglamento requiera notificar, informar o establecer cualquier otra forma de comunicación con la Comisión, la dirección y otros datos de contacto que se utilizarán para dicha comunicación serán los indicados en el anexo III.

Artículo 20

El presente Reglamento se aplicará:

a)	en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo;

b)	a bordo de toda aeronave o buque que esté bajo la jurisdicción de un Estado miembro;

c)	a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d)	a toda persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;

e)	a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.

Artículo 21

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  Véase la página 60 del presente Diario Oficial.

(2)  Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

(3)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

(4)  Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (DO L 335 de 13.12.2008, p. 99).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/38

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2064 DEL CONSEJO

de 13 de noviembre de 2017

por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1420

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (1), y en particular su artículo 2, apartado 3,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 4 de agosto de 2017, el Consejo adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1420 (2) por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001, en el que se establece una lista actualizada de personas, grupos y entidades a los que se aplica el Reglamento (CE) n.o 2580/2001 (en lo sucesivo, «lista»).

(2)	El Consejo ha decidido que ya no existen motivos para que se mantenga a una de dichas entidades en la lista.

(3)	La lista debe, pues, modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

La lista a que se refiere el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 se modifica como se establece en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  DO L 344 de 28.12.2001, p. 70.

(2)  Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1420 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/150 (DO L 204 de 5.8.2017, p. 3).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/40

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2065 DE LA COMISIÓN

de 13 de noviembre de 2017

por el que se confirman las condiciones de aprobación de la sustancia activa 8-hidroxiquinoleína que se establecen en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 por lo que se refiere a la inclusión de la sustancia activa 8-hidroxiquinoleína en la lista de sustancias candidatas a la sustitución

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 13, apartado 2, letra c), su artículo 78, apartado 2, y su artículo 80, apartado 7,

Considerando lo siguiente:

(1)

La sustancia activa 8-hidroxiquinoleína se aprobó, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 993/2011 de la Comisión (2), y figura en la parte B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (3). De conformidad con la línea 18 de la parte B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011, solo se podrán autorizar los usos como fungicida y bactericida en invernaderos.

(2)

El 31 de enero de 2014, Probelte S.A.U, sociedad a petición de la cual se había aprobado la sustancia 8-hidroxiquinoleína, presentó, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, una solicitud para una modificación de las condiciones de aprobación de la sustancia activa 8-hidroxiquinoleína con el fin de eliminar la restricción relativa a las aplicaciones en invernaderos y para permitir usos en el campo de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia. El expediente que contiene la información relativa a la extensión solicitada de los usos se remitió a España, que había sido designado Estado miembro ponente mediante el Reglamento (CE) n.o 1490/2002 de la Comisión (4).

(3)	España evaluó la información presentada por el solicitante y elaboró una adenda al proyecto de informe de evaluación. Asimismo, el 25 de marzo de 2015 presentó dicha adenda a la Comisión, con copia a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad»).

(4)	La Autoridad transmitió la adenda al solicitante y a los demás Estados miembros y la puso a disposición del público, abriendo un plazo de sesenta días para la presentación de observaciones por escrito.

(5)	Teniendo en cuenta la adenda al proyecto de informe de evaluación, la Autoridad adoptó su conclusión sobre la sustancia 8-hidroxiquinoleína el 29 de abril de 2016 (5), en lo que se refiere a su uso en exteriores sin restricciones.

(6)

Paralelamente, España presentó una propuesta de clasificación y etiquetado armonizados de la sustancia 8-hidroxiquinoleína a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en virtud del artículo 37 del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). El Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA emitió un dictamen (7) sobre esta propuesta en el que llegaba a la conclusión de que esta sustancia activa debe ser clasificada como tóxica para la reproducción de la categoría 1B.

(7)

En su conclusión, la Autoridad determinó que se observaban algunos efectos tóxicos en los órganos endocrinos. Por lo tanto, debe considerarse también que la sustancia 8-hidroxiquinoleína tiene propiedades de alteración endocrina. La Autoridad comunicó su conclusión al solicitante, a los Estados miembros y a la Comisión, y la puso a disposición del público.

(8)

Teniendo en cuenta la adenda al proyecto de informe de evaluación del Estado miembro ponente, el dictamen del Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA y la conclusión de la Autoridad, la Comisión presentó el 6 de octubre de 2017 una adenda al informe de revisión y un proyecto de Reglamento al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(9)

Se ofreció al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre la adenda en el informe de revisión relativo a la 8-hidroxiquinoleína. El solicitante presentó sus observaciones, que se examinaron con detenimiento. Sin embargo, pese a los argumentos presentados por el solicitante, no pudieron eliminarse los problemas mencionados en los considerandos 6 y 7.

(10)

Por consiguiente, no ha quedado demostrado que quepa esperar que los productos fitosanitarios que contengan 8-hidroxiquinoleína cumplan en general los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, salvo en caso de que se mantengan las restricciones previstas en la actualidad para esta sustancia activa.

(11)

La evaluación de la petición del solicitante de modificar las condiciones de aprobación no puede considerarse una revisión de la aprobación de la sustancia 8-hidroxiquinoleína. Por consiguiente, las condiciones de aprobación de la sustancia activa 8-hidroxiquinoleína, que figuran en la línea 18 de la parte B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011, deben mantenerse sin cambios y deben confirmarse.

(12)

De conformidad con el artículo 80, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión (8) establece la lista de sustancias incluidas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo (9) o aprobadas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 con arreglo a las disposiciones transitorias del artículo 80, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, que cumplen los criterios establecidos en el punto 4 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 («la lista de sustancias candidatas a la sustitución»). Dado que la sustancia 8-hidroxiquinoleína, aprobada con arreglo al artículo 80, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, también cumple los criterios establecidos en el anexo II, punto 4, guiones sexto y séptimo, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, procede incluir esta sustancia activa en dicha lista. Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 en consecuencia.

(13)

Los Estados miembros deben disponer de un plazo razonable para adaptarse a las disposiciones del presente Reglamento, dado que es posible que algunas de las solicitudes de autorización de productos fitosanitarios que contengan 8-hidroxiquinoleína estén a punto de ultimarse, sin que exista ninguna posibilidad de llevar a cabo la evaluación comparativa dentro del plazo establecido por el artículo 37 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. La obligación de realizar una evaluación comparativa de los productos fitosanitarios que contengan sustancias candidatas a la sustitución se establece en el artículo 50, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(14)	Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Confirmación de las condiciones de aprobación

Se confirman las condiciones de aprobación de la sustancia activa 8-hidroxiquinoleína que figuran en la línea 18 de la parte B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011.

Artículo 2

Modificación del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408

Se inserta la denominación «8-hidroxiquinoleína» entre la entrada «1-metilciclopropeno» y la entrada «aclonifén».

Artículo 3

Aplicación diferida del artículo 2

El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408, modificado por el artículo 2, se aplicará a efectos del artículo 50, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, únicamente a las solicitudes de autorización de productos fitosanitarios que contengan 8-hidroxiquinoleína presentadas después del 4 de abril de 2018.

Artículo 4

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.

(2)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 993/2011 de la Comisión, de 6 de octubre de 2011, por el que se aprueba la sustancia activa 8-hidroxiquinoleína, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 (DO L 263 de 7.10.2011, p. 1).

(3)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas aprobadas (DO L 153 de 11.6.2011, p. 1).

(4)  Reglamento (CE) n.o 1490/2002 de la Comisión, de 14 de agosto de 2002, por el que se establecen disposiciones adicionales de aplicación de la tercera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 451/2000 (DO L 224 de 21.8.2002, p. 23).

(5)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 8-hydroxyquinoline» (Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa 8-hidroxiquinoleína en plaguicidas). EFSA Journal 2016;14(6):4493. Disponible en línea en: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(6)  Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).

(7)  «Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Quinolin-8-ol; 8-hydroxyquinoline» (Dictamen sobre la propuesta de clasificación y etiquetado armonizados a nivel de la UE de quinolin-8-ol; 8-hidroxiquinoleína). ECHA 2015. Disponible en línea en: www.echa.europa.eu

(8)  Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, que establece una lista de sustancias candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 67 de 12.3.2015, p. 18).

(9)  Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 230 de 19.8.1991, p. 1)

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/43

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2066 DE LA COMISIÓN

de 13 de noviembre de 2017

relativo a la aprobación del polvo de semillas de mostaza como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 23, apartado 5, leído en relación con su artículo 13, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 6 de junio de 2016, la Comisión recibió, de conformidad con el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, una solicitud del Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), Francia, para la aprobación del polvo de semillas de mostaza como sustancia básica. Dicha solicitud iba acompañada de la información que se exige en el artículo 23, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(2)

La Comisión pidió asistencia científica a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «Autoridad»). El 20 de enero de 2017, la Autoridad presentó a la Comisión un informe técnico sobre el polvo de semillas de mostaza (2). El 20 de julio de 2017, la Comisión presentó el proyecto de informe de revisión (3) y un proyecto del presente Reglamento al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, y los ultimó para la reunión de dicho Comité el 6 de octubre de 2017.

(3)

La documentación aportada por el solicitante demuestra que el polvo de semillas de mostaza cumple los criterios para ser considerado un alimento según la definición del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Por otra parte, aunque no se utiliza principalmente con fines fitosanitarios, resulta útil a esos efectos en un producto compuesto por la propia sustancia y agua. En consecuencia, debe considerase una sustancia básica.

(4)

Según los exámenes efectuados, cabe esperar que el polvo de semillas de mostaza satisfaga, en general, los requisitos establecidos en el artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, en particular con respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Procede, por tanto, aprobar el polvo de semillas de mostaza como sustancia básica.

(5)	No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, leído en relación con su artículo 6, y teniendo en cuenta los actuales conocimientos científicos y técnicos, es preciso incluir determinadas condiciones y restricciones.

(6)	De conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (5) debe modificarse en consecuencia.

(7)	Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Aprobación de una sustancia básica

Queda aprobado el polvo de semillas de mostaza como sustancia básica con arreglo a lo establecido en el anexo I.

Artículo 2

Modificaciones del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo II del presente Reglamento.

Artículo 3

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA, 2017: Informe técnico sobre el resultado de la consulta con los Estados miembros y la EFSA relativa a la solicitud de aprobación del polvo de semillas de mostaza de Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea y Brassica nigra como sustancia básica para uso fitosanitario como fungicida. Publicación de referencia de la EFSA 2017:EN-1169, 35 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2017.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

(5)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas aprobadas (DO L 153 de 11.6.2011, p. 1).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/47

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2067 DE LA COMISIÓN

de 13 de noviembre de 2017

sobre la no aprobación del extracto de pimentón (capsantina, capsorrubina E 160 c) como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 23, apartado 5, leído en relación con su artículo 13, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con lo establecido en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, el 19 de junio de 2015 la Comisión recibió una solicitud de Group Peyraud Nature para la aprobación de la especia de Capsicum spp. como sustancia básica. Dicha solicitud iba acompañada de la información que se exige en el artículo 23, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento.

(2)

La Comisión pidió asistencia científica a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad»). El 10 de octubre de 2016, la Autoridad presentó a la Comisión un informe técnico sobre la sustancia en cuestión (2). La Comisión presentó el informe de revisión (3) y el proyecto del presente Reglamento sobre la no aprobación del extracto de pimentón (capsantina, capsorrubina E 160 c) al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos el 24 de enero de 2017, y los finalizó para la reunión de dicho Comité de 6 de octubre de 2017.

(3)	Durante la consulta organizada por la Autoridad, el solicitante aceptó sustituir el nombre de la sustancia básica por extracto de pimentón (capsantina, capsorrubina E 160 c).

(4)

La documentación aportada por el solicitante muestra que el extracto de pimentón (capsantina, capsorrubina E 160 c) cumple los criterios de producto alimenticio según la definición del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y que no se utiliza principalmente para fines fitosanitarios.

(5)

En el informe técnico de la Autoridad se mencionaban problemas específicos sobre la exposición a uno de sus componentes, la capsaicina, y la no disponibilidad de estimaciones de la exposición al extracto de pimentón (capsantina, capsorrubina E 160 c), específicamente debido a su uso como plaguicida y, por consiguiente, no pudo finalizarse la evaluación del riesgo para los operarios, trabajadores, personas circunstantes y organismos no destinatarios.

(6)	La Comisión invitó al solicitante a presentar sus observaciones sobre el proyecto de informe de revisión. El solicitante presentó sus observaciones, que se examinaron con detenimiento.

(7)	Sin embargo, pese a los argumentos presentados por el solicitante, no pudieron descartarse los problemas relacionados con la sustancia.

(8)

Por consiguiente, como se establece en el informe de revisión de la Comisión, no se ha demostrado que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. Por lo tanto, no procede aprobar el extracto de pimentón (capsantina, capsorrubina E 160 c) como sustancia básica.

(9)	El presente Reglamento no excluye la presentación de una nueva solicitud de aprobación del extracto de pimentón (capsantina, capsorrubina E 160 c) como sustancia básica de conformidad con el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(10)	Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

No se aprueba como sustancia básica el extracto de pimentón (capsantina, capsorrubina E 160 c).

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.

(2)  Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for paprika extract, capsanthin, capsorubin E 160 c (admissibility accepted when named Capsicum spp. spice) for use in plant protection as repellent various invertebrates, mammals and birds [«Informe técnico sobre el resultado de la consulta con los Estados miembros y la EFSA sobre la solicitud de aprobación como sustancia básica del extracto de pimentón, capsantina, capsorrubina E 160 c (admisibilidad aceptada cuando se denominaba especia de Capsicum spp.) para uso fitosanitario como repelente de diversos invertebrados, mamíferos y aves» (documento no disponible en español)]. Publicación de referencia de la EFSA 2016:EN-1096. 54 pp.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/49

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2068 DE LA COMISIÓN

de 13 de noviembre de 2017

sobre la no aprobación del sorbato de potasio como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 23, apartado 5, leído en relación con su artículo 13, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, el 9 de octubre de 2015 la Comisión recibió una solicitud de Decco Iberica Post Cosecha S.A.U con vistas a la aprobación del sorbato de potasio como sustancia básica. El 14 de julio de 2016, la Comisión recibió una solicitud actualizada. Dicha solicitud iba acompañada de la información que se exige en el artículo 23, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(2)

La Comisión pidió asistencia científica a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad»). La Autoridad facilitó a la Comisión un informe técnico sobre el sorbato de potasio el 12 de mayo de 2017 (2). La Comisión presentó el informe de revisión (3) y el proyecto del presente Reglamento, por el que se establece la no aprobación del sorbato de potasio, al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos el 20 de julio de 2017, y los ultimó para la reunión de dicho Comité el 6 de octubre de 2017.

(3)	La documentación aportada por el solicitante demuestra que el sorbato de potasio cumple los criterios para ser considerado un alimento según la definición del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(4)

Sin embargo, en el informe técnico de la Autoridad se señalaban problemas específicos relacionados con la exposición al sorbato de potasio a través, en particular, de los residuos de plaguicidas. La Autoridad concluía que la información sobre residuos era muy limitada y que, en consecuencia, no podía realizar una evaluación fiable del riesgo para los consumidores. No puede descartarse que se supere la ingesta diaria admisible temporal de sorbato de potasio debido a la exposición adicional de los consumidores a los residuos del sorbato de potasio utilizado en plaguicidas.

(5)	La Comisión invitó al solicitante a presentar observaciones sobre el informe técnico de la Autoridad y sobre el proyecto de informe de revisión. El solicitante no presentó observaciones.

(6)	Por consiguiente, como se establece en el informe de revisión de la Comisión, no se ha demostrado que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. Por tanto, procede no aprobar el sorbato de potasio como sustancia básica.

(7)	El presente Reglamento no excluye la presentación de una nueva solicitud de aprobación del sorbato de potasio como sustancia básica de conformidad con el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(8)	Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

No se aprueba la sustancia sorbato de potasio como sustancia básica.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), 2017: Informe técnico sobre el resultado de la consulta con los Estados miembros y la EFSA relativa a la solicitud de aprobación del sorbato de potasio como sustancia básica para su uso fitosanitario como fungicida en cítricos, frutas de hueso y frutas de pepita. Publicación de referencia de la EFSA 2017:EN-1232. 53 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1232.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/51

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2069 DE LA COMISIÓN

de 13 de noviembre de 2017

que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam y proquinazid

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 17, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

(1)	En la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (2) figuran las sustancias activas que se consideran aprobadas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(2)

De conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión (3), se han presentado solicitudes para renovar la aprobación de las sustancias activas incluidas en el presente Reglamento. Sin embargo, la aprobación de esas sustancias puede expirar, por razones ajenas al solicitante, antes de que se haya tomado una decisión sobre su renovación. Por consiguiente, es necesario prorrogar sus períodos de aprobación conforme al artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(3)

Habida cuenta del tiempo y los recursos necesarios para completar la evaluación de las solicitudes de renovación de las aprobaciones del gran número de sustancias activas cuya aprobación expira entre 2019 y 2021, la Decisión de Ejecución C(2016) 6104 de la Comisión (4) estableció un programa de trabajo que agrupaba sustancias activas similares y definía prioridades a la vista de los intereses de seguridad para la salud humana y animal o el medio ambiente, tal como dispone el artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(4)

Dado que las sustancias activas incluidas en el presente Reglamento no entran en las categorías prioritarias de la Decisión de Ejecución C(2016) 6104, el período de aprobación debe prorrogarse dos o tres años, teniendo en cuenta: la fecha de expiración actual; el hecho de que, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012, el expediente complementario de una sustancia activa debe presentarse en los treinta meses previos a la expiración de la aprobación; la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de responsabilidades y de trabajo entre los Estados miembros que actúan como ponentes y coponentes; y los recursos disponibles necesarios para la evaluación y la toma de decisiones. Por tanto, conviene prorrogar el período de aprobación de la sustancia activa proquinazid por dos años, y los de las sustancias activas flonicamid (IKI-220), metalaxil y penoxsulam, por tres años.

(5)

Teniendo en cuenta el objetivo del artículo 17, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, en los casos en que no se presente ningún expediente complementario de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 en los treinta meses previos a la fecha de expiración respectiva establecida en el anexo del presente Reglamento, la Comisión debe fijar como fecha de expiración la fecha prevista antes del presente Reglamento, o bien la fecha posterior más próxima posible.

(6)

Teniendo en cuenta el objetivo del artículo 17, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, en los casos en que la Comisión adopte un reglamento por el que no se renueve la aprobación de una sustancia activa que figure en el anexo del presente Reglamento por no cumplirse los criterios de aprobación, la Comisión debe fijar como fecha de expiración la fecha prevista antes del presente Reglamento o, si fuera posterior, la fecha de entradaen vigor del Reglamento por el que no se renueve la aprobación de la sustancia activa en cuestión. En los casos en que la Comisión adopte un reglamento por el que se disponga la renovación de una sustancia activa que figure en el anexo del presente Reglamento, la Comisión debe intentar fijar, en función de las circunstancias, la fecha de aplicación más temprana posible.

(7)	Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en consecuencia.

(8)	Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.

(2)  DO L 153 de 11.6.2011, p. 1.

(3)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación de las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 252 de 19.9.2012, p. 26).

(4)  Decisión de Ejecución de la Comisión, de 28 de septiembre de 2016, relativa al establecimiento de un programa de trabajo para la evaluación de las solicitudes de renovación de la aprobación de las sustancias activas que expiran en 2019, 2020 y 2021 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 357 de 29.9.2016, p. 9).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/54

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DECISIÓN (UE) 2017/2070 DEL CONSEJO

de 6 de noviembre de 2017

por la que se nombra a un suplente del Comité de las Regiones, propuesto por la República de Finlandia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 305,

Vista la propuesta del Gobierno finlandés,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020.

(2)	Ha quedado vacante un puesto de suplente del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato de D. Wille VALVE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se nombra suplente del Comité de las Regiones, para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2020, a:

—	D. Tony WIKSTRÖM, Ledamot i Ålands lagting.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

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(1)  Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 20 de 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 de febrero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 31 de 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decisión (UE) 2015/994 del Consejo, de 23 de junio de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 159 de 25.6.2015, p. 70).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/55

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DECISIÓN (PESC) 2017/2071 DEL CONSEJO

de 13 de noviembre de 2017

por la que se nombra al representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 33 y su artículo 31, apartado 2,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1)	El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/438/PESC (1) por la que se nombraba a D. Herbert SALBER representante especial de la Unión Europea (REUE) para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia.

(2)	El 17 de febrero de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/299 (2) por la que se prorroga el mandato del REUE para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia hasta el 30 de junio de 2018.

(3)	A raíz del nombramiento de D. Herbert SALBER para otro puesto, debe nombrarse a D. Toivo KLAAR para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia a partir del 13 de noviembre de 2017.

(4)	El REUE desempeñará su mandato en el contexto de una situación que puede deteriorarse y podría impedir el logro de los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 del Tratado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   El mandato de D. Herbert SALBER como representante especial de la Unión Europea (REUE) para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia concluye el 15 de agosto de 2017.

2.   Se nombra a D. Toivo KLAAR REUE para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia para el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2017 y el 30 de junio de 2018. Ejercerá su mandato de acuerdo con la Decisión (PESC) 2017/299.

3.   El Consejo podrá decidir que el mandato del REUE concluya antes, sobre la base de una evaluación del Comité Político y de Seguridad y a propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Artículo 2

Los gastos relacionados con la continuidad administrativa entre los mandatos de los REUE durante el periodo que va del 15 de agosto de 2017 al 12 de noviembre de 2017 se sufragarán con el importe de referencia financiera establecido en el artículo 5, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2017/299.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

El artículo 1, apartado 1 y el artículo 2 se aplicarán a partir del 15 de agosto de 2017.

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(1)  Decisión 2014/438/PESC del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que se modifica y prorroga el mandato del Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia (DO L 200 de 9.7.2014, p. 11).

(2)  Decisión (PESC) 2017/299 del Consejo, de 17 de febrero de 2017, por la que se prorroga el mandato del representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia (DO L 43 de 21.2.2017, p. 214).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/57

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DECISIÓN (PESC) 2017/2072 DEL CONSEJO

de 13 de noviembre de 2017

por la que se actualiza y modifica la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se modifica la Decisión (PESC) 2017/1426

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1)	El 27 de diciembre de 2001, el Consejo adoptó la Posición Común 2001/931/PESC (1).

(2)	El 4 de agosto de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/1426 (2) por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC (en lo sucesivo, «lista»).

(3)	El Consejo ha decidido que ya no existen motivos para que se mantenga a una entidad en la lista.

(4)	La lista debe, pues, modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo de la Decisión (PESC) 2017/1426 se modifica según se establece en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  Posición común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 93).

(2)  Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2017/154 (DO L 204 de 5.8.2017, p. 95).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/59

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DECISIÓN (PESC) 2017/2073 DEL CONSEJO

de 13 de noviembre de 2017

por la que se modifica la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1)	El 27 de diciembre de 2001, el Consejo adoptó la Posición Común 2001/931/PESC (1).

(2)

El Consejo ha decidido que ya no existen razones para mantener a una entidad en la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC. Las medidas restrictivas aplicables a esa entidad fueron suspendidas mediante la Decisión (PESC) 2016/1711 del Consejo (2).

(3)	La Posición Común 2001/931/PESC debe por ello modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el artículo 5 de la Posición Común 2001/931/PESC, se suprime el párrafo segundo.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  Posición común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 93).

(2)  Decisión (PESC) 2016/1711 del Consejo, de 27 de septiembre de 2016, que modifica la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 259I de 27.9.2016, p. 3).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/60

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DECISIÓN (PESC) 2017/2074 DEL CONSEJO

de 13 de noviembre de 2017

relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1)	La Unión sigue estando profundamente preocupada por el continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela.

(2)

En las Conclusiones que adoptó el 15 de mayo de 2017, el Consejo pidió a todos los agentes políticos y las instituciones de Venezuela que trabajen de forma constructiva en pro de una solución a la crisis del país respetando plenamente el Estado de Derecho y los derechos humanos, así como las instituciones democráticas y la separación de poderes. Indicó asimismo que la liberación de los opositores políticos encarcelados y el respeto de los derechos constitucionales constituyen pasos esenciales para restaurar la confianza y ayudar al país a recuperar su estabilidad política.

(3)

La Unión ha expresado reiteradamente su pleno apoyo a los esfuerzos que se están haciendo en Venezuela por facilitar con carácter urgente un diálogo constructivo y efectivo entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria, a fin de crear las condiciones necesarias para dar soluciones pacíficas a los desafíos multidimensionales a los que se enfrenta el país.

(4)

La Unión ha alentado encarecidamente a que se facilite la cooperación exterior para atender a las necesidades más acuciantes de la población, y está firmemente resuelta a ayudar a Venezuela a encontrar soluciones pacíficas y democráticas, en particular apoyando las iniciativas regionales e internacionales dirigidas a tal fin.

(5)

El 26 de julio de 2017, la Unión expresó su inquietud por las numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos y de uso excesivo de la fuerza, y pidió a las autoridades de Venezuela que respetasen la Constitución de Venezuela (en lo sucesivo, «Constitución») y el Estado de Derecho y garantizasen el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a manifestarse pacíficamente.

(6)

El 2 de agosto de 2017, la Unión manifestó su profundo malestar ante la decisión de las autoridades de Venezuela de seguir adelante con el proceso de elección de una Asamblea Constituyente, decisión que ha agravado de forma duradera la crisis en el país y que puede poner en entredicho a otras instituciones legítimas previstas por la Constitución, como la Asamblea Nacional. Al tiempo que pedía a todas las partes a que se abstuvieran de recurrir a la violencia y llamaba a las autoridades a garantizar el pleno respeto de todos los derechos humanos, y tras expresar su disposición a prestar asistencia en todas las cuestiones que pudieran aliviar la situación cotidiana del pueblo venezolano, la Unión también manifestó que estaba dispuesta a intensificar gradualmente su respuesta en caso de que prosiguiera el menoscabo de los principios democráticos y el incumplimiento de la Constitución.

(7)

En este contexto, y en consonancia con la Declaración de la Unión de 2 de agosto de 2017, deben imponerse medidas restrictivas específicas a determinadas personas físicas y jurídicas responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de actos de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, y a personas, entidades u organismos cuyas acciones, políticas o actividades suponen un menoscabo de la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, así como a las personas, entidades y organismos asociados con ellas.

(8)

Por otra parte, ante el riesgo de que se produzcan nuevos actos de violencia, uso excesivo de la fuerza y nuevas violaciones o abusos de los derechos humanos, es adecuado establecer medidas restrictivas consistentes en la prohibición de exportar armas a Venezuela, restricciones específicas aplicables a los equipos que puedan utilizarse para la represión interna y medidas para impedir el empleo abusivo de equipos de comunicaciones.

(9)	Las medidas restrictivas deben ser graduales, selectivas, flexibles y reversibles, sin que ello afecte a la población en general, y deben aspirar a la promoción de un proceso creíble y significativo que pueda conducir a una solución negociada pacífica.

(10)	La ejecución de determinadas medidas requiere una nueva actuación de la Unión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

CAPÍTULO I

RESTRICCIONES DE LA EXPORTACIÓN

Artículo 1

1.   Se prohíbe a los nacionales de los Estados miembros, o desde el territorio de los Estados miembros o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Venezuela de todo tipo de armamento y material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para ellos, sean o no originarios del territorio de los Estados miembros.

2.   Se prohíbe:

a)

prestar, directa o indirectamente, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo sitos en Venezuela o para su utilización en dicho país, asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios relacionados con actividades militares y con el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de todo tipo de armamento y material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para ellos;

b)

ofrecer financiación o asistencia financiera relativas a actividades militares, incluidos, en particular, subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de todo tipo de armamento y material relacionado, o para prestar, directa o indirectamente, asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios relacionados, a cualquier persona, entidad u organismo sitos en Venezuela o para su utilización en dicho país.

Artículo 2

La prohibición establecida en el artículo 1 no se aplicará a la ejecución de contratos celebrados antes del 13 de noviembre de 2017 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de tales contratos, siempre que cumplan lo dispuesto en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (1), en particular los criterios fijados en su artículo 2 y que las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que deseen ejecutar el contrato hayan notificado este a la autoridad competente del Estado miembro en que estén establecidos, en un plazo de cinco días hábiles siguiente a la entrada en vigor de la presente Decisión.

Artículo 3

1.   Se prohíbe a los nacionales de los Estados miembros, o desde el territorio de los Estados miembros o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Venezuela de equipos que puedan utilizarse para la represión interna sean o no originarios del territorio de los Estados miembros.

2.   Se prohíbe:

a)

prestar, directa o indirectamente, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo sitos en Venezuela o para su utilización en dicho país, asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios relacionados con equipos que puedan utilizarse para la represión interna y con el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de dichos equipos;

b)

ofrecer financiación o asistencia financiera relativas a equipos que puedan utilizarse para la represión interna, incluidos, en particular, subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de dichos equipos, o para prestar, directa o indirectamente, asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios relacionados, a cualquier persona, entidad u organismo sitos en Venezuela o para su utilización en dicho país.

3.   La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes a los que deba aplicarse el presente artículo.

Artículo 4

1.   Los artículos 1 y 3 no se aplicarán a:

a)

la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de equipos militares no letales o de equipos que puedan utilizarse para la represión interna y que estén destinados exclusivamente a uso humanitario o de protección o a programas de consolidación institucional de las Naciones Unidas y de la Unión y sus Estados miembros o de organizaciones regionales y subregionales, o de material destinado a operaciones de gestión de crisis de las Naciones Unidas y de la Unión o a organizaciones regionales y subregionales;

b)	la venta, suministro, transferencia o exportación de equipos y material de desminado para su empleo en operaciones de desminado;

c)	el mantenimiento de equipos no letales que puedan ser utilizados por la marina y los guardacostas de Venezuela destinados exclusivamente a la protección de las fronteras, la estabilidad regional y la interceptación de estupefacientes;

d)	la prestación de financiación y asistencia financiera relacionada con los equipos o el material a que se refieren las letras a), b) y c);

e)	la prestación de asistencia técnica relacionada con los equipos o el material a que se refieren las letras a), b) y c),

siempre que la correspondiente autoridad competente haya aprobado previamente dichas exportaciones.

2.   Los artículos 1 y 3 no se aplicarán a las prendas de protección, incluidos los chalecos antibala y cascos militares, exportados temporalmente a Venezuela por el personal de las Naciones Unidas, el personal de la Unión o de sus Estados miembros, representantes de los medios de comunicación y trabajadores humanitarios y cooperantes, y personal asociado, únicamente para su uso personal.

Artículo 5

1.   Queda prohibida la venta, el suministro, la transferencia o la exportación, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos, de equipos, tecnología y programas informáticos destinados principalmente al control o la interceptación, por parte del régimen venezolano o en su nombre, de las comunicaciones telefónicas o por internet en redes fijas o móviles en Venezuela, incluida la prestación de cualquier servicio para el seguimiento o la interceptación de las telecomunicaciones o de internet de cualquier tipo, así como la prestación de asistencia financiera y técnica para instalar, utilizar o actualizar dichos equipos, tecnología o programas informáticos.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de equipos, tecnología y programas informáticos, incluida la prestación de cualquier servicio para el seguimiento o la interceptación de las telecomunicaciones o de internet de cualquier tipo, así como la prestación relacionada de asistencia financiera y técnica, a que se refiere el apartado 1 si tuvieren motivos razonables para determinar que los equipos, tecnología o programas informáticos no serían utilizados para la represión interna por parte del Gobierno, organismos públicos, compañías y agencias de Venezuela, o cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o por indicación suya.

El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente apartado, en el plazo de cuatro semanas a partir de la autorización.

3.   La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los elementos pertinentes a los que deba aplicarse el presente artículo.

CAPÍTULO II

RESTRICCIONES DE LA ADMISIÓN

Artículo 6

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él:

a)	las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela;

b)	las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela,

enumeradas en el anexo I.

2.   El apartado 1 no obliga a los Estados miembros a denegar la entrada en su territorio a sus propios nacionales.

3.   El apartado 1 se entiende sin perjuicio de aquellos casos en los que un Estado miembro esté obligado por una disposición de Derecho internacional, es decir:

a)	como país anfitrión de una organización internacional intergubernamental;

b)	como país anfitrión de una conferencia internacional convocada o auspiciada por las Naciones Unidas;

c)	en virtud de un acuerdo multilateral que confiera privilegios e inmunidades, o

d)	en virtud del Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.

4.   Se considerará que el apartado 3 es también aplicable cuando un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

5.   Se informará debidamente al Consejo en todos los casos en que un Estado miembro conceda una exención de conformidad con los apartados 3 o 4.

6.   Los Estados miembros podrán conceder exenciones de las medidas impuestas en el apartado 1 cuando el viaje esté justificado por razones humanitarias urgentes o en razón de la asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales, a reuniones promovidas por la Unión, o celebradas en un Estado miembro que ejerza la Presidencia de la OSCE, en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela.

7.   Los Estados miembros que deseen conceder alguna de las exenciones a que se refiere el apartado 6 lo notificarán por escrito al Consejo. Se considerará que una exención está autorizada a menos que uno o varios miembros del Consejo presenten objeciones por escrito en los dos días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la exención propuesta. En caso de que uno o varios miembros del Consejo formulen objeciones, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, autorizar la exención propuesta.

8.   La autorización de entrada en el territorio de un Estado miembro o de tránsito por él concedida de conformidad con los apartados 3, 4, 6 y 7 por un Estado miembro a personas enumeradas en el anexo I estará limitada al objeto para el cual fue concedida y a las personas a las que se refiera.

CAPÍTULO III

INMOVILIZACIÓN DE FONDOS Y DE RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 7

1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a:

a)	las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela;

b)	las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela,

enumerados en el anexo I.

2.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a las personas, entidades u organismos mencionados en el apartado 1, que se enumeran en el anexo II.

3.   No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I o II ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de fondos o recursos económicos.

4.   La autoridad competente de un Estado miembro podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que considere oportunas y tras haber comprobado que los fondos o recursos económicos:

a)

son necesarios para atender a las necesidades básicas de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I o II y de los familiares a cargo de dichas personas físicas, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b)	se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

c)	se destinan exclusivamente al pago de comisiones o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales o recursos económicos inmovilizados;

d)

son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando la correspondiente autoridad competente haya notificado a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos dos semanas antes de concederla, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica, o

e)

se ingresan en la cuenta o se pagan con cargo a la cuenta de una misión diplomática o consular o de una organización internacional que goce de inmunidad con arreglo al Derecho internacional, en la medida en que dichos pagos estén destinados a ser utilizados para los fines oficiales de la misión diplomática o consular o de la organización internacional.

El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización que conceda con arreglo al presente apartado.

5.   No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados cuando concurran las siguientes condiciones:

a)

que los fondos o recursos económicos sean objeto de una resolución arbitral dictada antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refieren los apartados 1 o 2 fuera inscrita en el anexo I o II, o de una resolución judicial o administrativa pronunciada en la Unión, o de una resolución judicial ejecutable en el Estado miembro afectado, antes o después de esa fecha;

b)	que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones impuestas por tales resoluciones o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

c)	que la resolución no beneficie a una persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I o II, y

d)	que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro afectado.

El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización que conceda con arreglo al presente apartado.

6.   Los apartados 1 y 2 no impedirán que una persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I o II pueda efectuar pagos adeudados en virtud de contratos o acuerdos celebrados por la persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I o II, o de una obligación que le fuera aplicable, antes de la fecha en que dicha persona física o jurídica, entidad u organismo fue incluida en la lista, siempre y cuando el Estado miembro correspondiente haya determinado que el pago no viola lo dispuesto en el apartado 3.

7.   El apartado 3 no se aplicará al abono en las cuentas inmovilizadas de:

a)	intereses u otros beneficios correspondientes a dichas cuentas;

b)	pagos adeudados en virtud de contratos, acuerdos u obligaciones anteriores a la fecha en que las cuentas quedaron sujetas a las medidas previstas en los apartados 1, 2 y 3, o

c)	pagos adeudados en virtud de resoluciones judiciales, administrativas o arbitrales dictadas en la Unión, o ejecutables en el Estado miembro en cuestión,

siempre y cuando dichos intereses, beneficios y pagos sigan estando sujetos a lo dispuesto en los apartados 1 o 2.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 8

1.   El Consejo, por unanimidad, a propuesta de un Estado miembro o de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, establecerá y modificará las listas que figuran en los anexos I y II.

2.   El Consejo comunicará la decisión a que se refiere el apartado 1 y la motivación de su inclusión en la lista a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectados, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, o mediante la publicación de un aviso, y ofrecerá a dicha persona, entidad u organismo la oportunidad de presentar observaciones al respecto.

3.   Cuando se presenten observaciones o nuevas pruebas sustanciales, el Consejo reconsiderará la decisión a que se refiere el apartado 1 e informará en consecuencia a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectados.

Artículo 9

1.   Los anexos I y II contendrán los motivos de inclusión en la lista de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refieren el artículo 6, apartado 1, el artículo 7, apartado 1, y el artículo 7, apartado 2, respectivamente.

2.   Los anexos I y II también contendrán, cuando se disponga de ella, la información que sea necesaria para identificar a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos de que se trate. En el caso de personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los apodos, la fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte y de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y el cargo o profesión. En el caso de las personas jurídicas, entidades u organismos, la información podrá incluir el nombre, el lugar y la fecha de registro, los datos registrales y el lugar de actividad.

Artículo 10

Queda prohibido participar, de manera consciente y deliberada, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas establecidas en la presente Decisión.

Artículo 11

No se estimará demanda alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas en virtud de la presente Decisión, incluidas las demandas de indemnización o cualquier otra pretensión de este tipo, tales como una demanda de compensación o una demanda a título de garantía, en particular cualquier demanda que tenga por objeto la prórroga o el pago de una fianza, una garantía o una indemnización, en especial financiera o de un crédito, independientemente de la forma que adopte, si la presentan:

a)	personas físicas o jurídicas, entidades u organismos designados enumerados en el anexo I o II;

b)	cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que actúe a través o en nombre de una de las personas, entidades u organismos a que se refiere la letra a).

Artículo 12

Para que las medidas establecidas en la presente Decisión tengan el mayor impacto posible, la Unión animará a terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares a las previstas en la presente Decisión.

Artículo 13

La presente Decisión se aplicará hasta el 14 de noviembre de 2018.

La presente Decisión estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, según proceda, si el Consejo estima que no se han cumplido sus objetivos.

Artículo 14

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (DO L 335 de 13.12.2008, p. 99).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/69

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DECISIÓN DELEGADA (UE) 2017/2075 DE LA COMISIÓN

de 4 de septiembre de 2017

por la que se sustituye el anexo VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (1), y en particular su artículo 43, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

Se debe dotar de transparencia a los procedimientos de adjudicación de capacidad, y tener en cuenta, al mismo tiempo, la eficiencia del proceso de adjudicación, así como las preocupaciones prácticas de todos los grupos de interés a los que afecta la utilización y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

(2)	Los candidatos a la adjudicación de capacidad de infraestructura deben poder presentar solicitudes de incorporación de capacidad en el horario de servicio anual entre el plazo de presentación de solicitudes para el proyecto de horario y antes de que se produzca el cambio de horario de servicio.

(3)	Una vez se hayan adjudicado los surcos ferroviarios, los derechos contractuales del candidato deben incluir el derecho a rechazar o aprobar una petición de reprogramación efectuada por el administrador de infraestructuras.

(4)	Las restricciones temporales de capacidad son necesarias para mantener las infraestructuras y los equipos en buen estado y permitir el desarrollo de las infraestructuras de conformidad con las necesidades del mercado.

(5)

Los candidatos deben recibir con antelación una información sobre las futuras restricciones de capacidad que les permita adaptar sus operaciones y necesidades de transporte en función de las restricciones de capacidad de las infraestructuras. Si la información sobre las futuras restricciones de capacidad ha sido ya publicada al inicio del período de presentación de solicitudes de incorporación de capacidad en el horario anual, puede reducirse la necesidad de reprogramar los surcos ferroviarios ya adjudicados.

(6)

Al elegir entre diferentes alternativas de restricciones de capacidad, los administradores de infraestructuras deben tener en cuenta no solo sus propios costes, sino también las limitaciones operativas y comerciales de los candidatos afectados y el riesgo de que se recurra para el transporte a modos de transporte menos respetuosos del medio ambiente.

(7)

Los administradores de infraestructuras deben establecer, publicar y aplicar criterios transparentes en lo que se refiere a la desviación de trenes y la adjudicación de una capacidad restringida a diferentes tipos de tráfico. Pueden hacerlo conjunta o individualmente respecto de sus restricciones de capacidad.

(8)	Los administradores de infraestructuras deben adaptar las declaraciones sobre la red y los procedimientos de confección de los horarios, a fin de garantizar el oportuno cumplimiento de las nuevas normas sobre restricciones de capacidad introducidas por la presente Decisión.

(9)

Por lo que se refiere a las operaciones de trenes que cruzan más de una red, los administradores de infraestructuras afectados deben coordinarse para reducir al mínimo las repercusiones en el tráfico de las restricciones de capacidad y para sincronizar los trabajos en un trayecto determinado o evitar restringir la capacidad en un trayecto de desviación.

(10)

Por motivos de claridad jurídica y habida cuenta del número de modificaciones que es preciso introducir en el anexo VII de la Directiva 2012/34/UE, dicho anexo debe sustituirse en su totalidad. Además, a fin de simplificar el marco reglamentario, una Decisión Delegada es el instrumento jurídico apropiado, ya que establece normas claras y detalladas que no requieren una transposición por parte de los Estados miembros, lo que garantiza su aplicación rápida y uniforme en toda la Unión.

(11)

Como consecuencia del momento en que está fijado el cambio de horario de servicio de conformidad con el punto 2 del anexo de la presente Decisión y de los plazos para llevar a cabo la coordinación, consulta y publicación de las restricciones de capacidad que establecen los puntos 8 a 11 de dicho anexo, los administradores de infraestructuras únicamente estarán en condiciones de cumplir por primera vez los requisitos de los puntos 8 a 11 en lo que concierne al cambio de horario de servicio de diciembre de 2019 en relación con la segunda ronda de publicación y de diciembre de 2020 con respecto a la primera; los requisitos del punto 12 en lo que concierne al cambio de horario de servicio de diciembre de 2018 y los requisitos de los puntos 14 a 17 en lo que concierne al cambio de horario de servicio de diciembre de 2018.

(12)	Procede, por tanto, modificar la Directiva 2012/34/UE en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo VII de la Directiva 2012/34/UE se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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(1)  DO L 343 de 14.12.2012, p. 32.

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14.11.2017

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/74

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DECISIÓN (UE) 2017/2076 DE LA COMISIÓN

de 7 de noviembre de 2017

que modifica la Decisión 2009/607/CE en lo relativo al período de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los revestimientos rígidos

[notificada con el número C(2017) 7247]

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE (1), y en particular su artículo 8, apartado 2 y apartado 3, letra c), Previa consulta al Comité de Etiquetado Ecológico de la Unión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)

La validez de los criterios ecológicos actuales para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los revestimientos rígidos, y de los requisitos de evaluación y comprobación correspondientes, establecidos en la Decisión 2009/607/CE de la Comisión (2), expira el 30 de noviembre de 2017. Se ha realizado una evaluación que confirma la pertinencia y adecuación de los criterios ecológicos actuales, así como de los requisitos de evaluación y comprobación correspondientes, establecidos en la Decisión 2009/607/CE. Así pues, procede prorrogar el período de validez de esos criterios y de los requisitos de evaluación y comprobación.

(2)	Procede, por tanto, modificar la Decisión 2009/607/CE en consecuencia.

(3)	Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 66/2010.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El artículo 3 de la Decisión 2009/607/CE se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

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(1)  DO L 27 de 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decisión 2009/607/CE de la Comisión, de 9 de julio de 2009, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los revestimientos rígidos (DO L 208 de 12.8.2009, p. 21).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/75

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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2077 DE LA COMISIÓN

de 10 de noviembre de 2017

que modifica la Decisión 2005/50/CE relativa a la armonización del espectro radioeléctrico en la banda de 24 GHz para el uso temporal por equipos de radar de corto alcance para automóviles en la Comunidad

[notificada con el número C(2017) 7374]

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Decisión n.o 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (1), y en particular su artículo 4, apartado 6,

Considerando lo siguiente:

(1)

La Decisión 2005/50/CE de la Comisión (2), modificada por la Decisión de Ejecución 2011/485/UE de la Comisión (3), armoniza las condiciones técnicas para la disponibilidad y el uso eficiente de la banda del espectro radioeléctrico en la gama de 24 GHz para los equipos de radar de corto alcance para automóviles. Estos radares ayudan a evitar colisiones de automóviles.

(2)	La Decisión 2005/50/CE impone a los Estados miembros obligaciones de información estadística, incluido el requisito de recoger, con carácter anual, datos sobre el número de vehículos equipados con radar de corto alcance que utilizan la banda del espectro radioeléctrico en la gama de 24 GHz.

(3)

Aun cuando procede mantener la obligación de seguimiento del uso de la banda de 24 GHz por los radares de corto alcance, parece ahora desproporcionado exigir a cada autoridad nacional que facilite sistemáticamente datos estadísticos todos los años, según prevé la Decisión 2005/50/CE. Los recursos administrativos nacionales se utilizarían mejor si los Estados miembros presentaran estos informes estadísticos solo cuando la Comisión lo solicitase. La Comisión podría solicitar tales informes estadísticos en el caso posible, aunque improbable, de que se notificase una interferencia o un fuerte aumento del número de vehículos equipados con radares de 24 GHz.

(4)

Desde la adopción de la Decisión 2005/50/CE, los servicios protegidos por ella nunca han notificado interferencias perjudiciales. El número de vehículos equipados con radar de corto alcance que utilizan la banda del espectro radioeléctrico en la gama de 24 GHz se ha mantenido en general en valores bajos y, en cualquier caso, a un nivel que se sitúa muy por debajo del umbral del 7 % del número total de vehículos en circulación en cada Estado miembro. Este umbral se considera el porcentaje crítico por debajo del cual se presume que no habría interferencias perjudiciales para otros usuarios de la banda de 24 GHz.

(5)	Por tanto, debe modificarse en consecuencia la Decisión 2005/50/CE.

(6)	Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del Espectro Radioeléctrico,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La Decisión 2005/50/CE se modifica como sigue:

En el anexo de la Decisión, las palabras «Deberán recogerse anualmente los siguientes datos:» se sustituyen por: «Deberán recogerse los siguientes datos cuando la Comisión lo solicite:».

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

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(1)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 1.

(2)  Decisión 2005/50/CE de la Comisión, de 17 de enero de 2005, relativa a la armonización del espectro radioeléctrico en la banda de 24 GHz para el uso temporal por equipos de radar de corto alcance para automóviles en la Comunidad (DO L 21 de 25.1.2005, p. 15).

(3)  Decisión de Ejecución 2011/485/UE de la Comisión, de 29 de julio de 2011, que modifica la Decisión 2005/50/CE relativa a la armonización del espectro radioeléctrico en la banda de 24 GHz, para el uso temporal, por equipos de radar de corto alcance para automóviles, en la Comunidad (DO L 198 de 30.7.2011, p. 71).

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14.11.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 295/77

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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2078 DE LA COMISIÓN

de 10 de noviembre de 2017

por la que se autoriza una ampliación de los usos de betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo

[notificada con el número C(2017) 7391]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (1), y en particular su artículo 7,

Considerando lo siguiente:

(1)

Mediante la Decisión de Ejecución 2011/762/UE de la Comisión (2) se autorizó, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 258/97, la comercialización de los betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario para su uso en determinados alimentos y productos alimenticios, incluidas las bebidas, así como en los complementos alimenticios y en los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso.

(2)

El 25 de abril de 2016, la empresa Leiber GmbH presentó una solicitud a las autoridades competentes de Irlanda para la ampliación de los usos y niveles de uso de los betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario. En particular, se solicitó la ampliación del uso de los betaglucanos de levadura a otras categorías de alimentos, así como el aumento de los niveles máximos de uso de los betaglucanos de levadura por día para las categorías de alimentos ya autorizadas por la Decisión 2011/762/UE.

(3)

El 7 de noviembre de 2016, las autoridades competentes de Irlanda emitieron su informe de evaluación inicial. En dicho informe se llegó a la conclusión de que la ampliación de los usos y los niveles máximos de uso propuestos para los betaglucanos de levadura cumplen los criterios aplicables a los nuevos alimentos establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 258/97.

(4)	El 15 de noviembre de 2016, la Comisión remitió el informe de evaluación inicial a los demás Estados miembros.

(5)

Varios Estados miembros presentaron objeciones motivadas en el plazo de sesenta días establecido en el artículo 6, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 258/97. En consecuencia, el solicitante modificó la solicitud relativa a las categorías de alimentos y los niveles de uso propuestos. Dicha modificación y las explicaciones adicionales proporcionadas por el solicitante mitigaron estas preocupaciones a satisfacción de los Estados miembros y de la Comisión.

(6)

La Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece los requisitos para los complementos alimenticios. El Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece los requisitos relativos a la adición de vitaminas y minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos. El Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) establece requisitos generales de composición e información sobre los alimentos para lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso. Estos actos pueden aplicarse a los betaglucanos de levadura. En consecuencia, procede autorizar los betaglucanos de levadura sin perjuicio de los requisitos establecidos en esa y en cualquier otra legislación que se aplique paralelamente al Reglamento (CE) n.o 258/97.

(7)	Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2002/46/CE, el Reglamento (CE) n.o 1925/2006 y el Reglamento (UE) n.o 609/2013, los betaglucanos de levadura (Saccharomyces cerevisiae) que se especifican en el anexo I de la presente Decisión podrán comercializarse en la Unión como nuevo ingrediente alimentario para los usos definidos y en los niveles máximos de uso establecidos en el anexo II de la presente Decisión.

Artículo 2

La denominación de los betaglucanos de levadura (Saccharomyces cerevisiae) autorizados mediante la presente Decisión en el etiquetado de los alimentos que los contengan será «betaglucanos de levadura (Saccharomyces cerevisiae)».

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será Leiber GmbH, 49565, 24 Hafenstraße Bramsche, Alemania.

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(1)  DO L 43 de 14.2.1997, p. 1.

(2)  Decisión de Ejecución 2011/762/UE de la Comisión, de 24 de noviembre de 2011, relativa a la autorización de comercialización de betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 313 de 26.11.2011, p. 41).

(3)  Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (DO L 183 de 12.7.2002, p. 51).

(4)  Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos (DO L 404 de 30.12.2006, p. 26).

(5)  Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 41/2009 y (CE) n.o 953/2009 de la Comisión (DO L 181 de 12.6.2013, p. 35).

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