16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/1

(1)

La Directiva 2014/107/UE del Consejo (3), por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE (4), es aplicable a partir del 1 de enero de 2016 a los 27 Estados miembros y, a partir del 1 de enero de 2017, a Austria. Dicha Directiva aplica en la Unión la Norma Internacional para el Intercambio Automático de Información Fiscal sobre Cuentas Financieras, garantizándose de esta forma que la información sobre los titulares de cuentas se comunique al Estado miembro en que resida el titular de la cuenta.

(2)

La Directiva 2011/16/UE establece que, en caso de que el titular de la cuenta sea una estructura de intermediación financiera, las instituciones financieras deben examinar dicha estructura así como identificar a sus beneficiarios efectivos e informar sobre estos. Este elemento importante de la aplicación de dicha Directiva se basa en la información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales obtenida con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) para la identificación de los beneficiarios efectivos.

(3)

Para garantizar un control eficaz de la aplicación por las instituciones financieras de los procedimientos de diligencia debida establecidos en la Directiva 2011/16/UE, las autoridades tributarias necesitan poder acceder a la información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. Sin tal acceso, dichas autoridades no podrían controlar, confirmar y auditar que las entidades financieras aplican adecuadamente la Directiva 2011/16/UE, al identificar correctamente a los beneficiarios efectivos de las estructuras intermedias e informar sobre estos.

(4)

La Directiva 2011/16/UE incluye otros intercambios de información y formas de cooperación administrativa entre Estados miembros. El acceso a la información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en poder de las entidades con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849 en el marco de la cooperación administrativa en materia tributaria garantizaría que las autoridades tributarias estén mejor preparadas para cumplir sus obligaciones de conformidad con la Directiva 2011/16/UE y para luchar de manera más eficaz contra la evasión y el fraude fiscales.

(5)

Por consiguiente, es necesario garantizar que las autoridades fiscales puedan acceder a la información, procedimientos, documentos y mecanismos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales para que desempeñen su misión de control de la correcta aplicación de la Directiva 2011/16/UE y para que se pongan en marcha todas las formas de cooperación administrativa establecidas por dicha Directiva.

(6)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cuando la presente Directiva exige que el acceso a los datos personales por parte de las autoridades fiscales se disponga por ley, no requiere necesariamente un acto del Parlamento, sin perjuicio del ordenamiento constitucional del Estado miembro de que se trate. No obstante, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicha ley debe ser clara y precisa, y su aplicación clara y previsible para las personas sujetas a ella.

(7)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, una cooperación administrativa eficaz entre Estados miembros y su control eficaz en condiciones compatibles con el correcto funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la uniformidad y eficacia requeridas, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Con arreglo al principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(8)

Las entidades financieras ya han comenzado a aplicar los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente en virtud de la Directiva 2011/16/UE, y los primeros intercambios de información han de finalizarse para septiembre de 2017. Por consiguiente, a fin de evitar demoras en la supervisión eficaz de la aplicación de dicha Directiva, la presente Directiva de modificación debe entrar en vigor y ser objeto de transposición lo antes posible y a más tardar el 1 de enero de 2018.

(9)

Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2011/16/UE en consecuencia.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/4

(1)

En el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 de la Comisión (2) figura la lista de los terceros países cuyos regímenes de producción y medidas de control de la producción ecológica de productos agrícolas se consideran equivalentes a los establecidos en el Reglamento (CE) n.o 834/2007.

(2)

La República de Corea informó a la Comisión de que su autoridad competente ha retirado el reconocimiento a un organismo de control y añadido otros tres a la lista de los organismos de control reconocidos.

(3)

En el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 figura la lista de las autoridades de control y los organismos de control competentes para realizar controles y expedir certificados en terceros países a efectos de la equivalencia.

(4)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud de «A CERT European Organization for Certification SA» con miras a su inclusión en la lista del anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado reconocer a «A CERT European Organization for Certification SA» para las categorías de productos A y D en lo que se refiere a Albania, Azerbaiyán, Bután, Bielorrusia, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Etiopía, Granada, Georgia, Indonesia, Irán, Jamaica, Jordania, Kenia, Kazajistán, Líbano, Marruecos, Moldavia, antigua República Yugoslava de Macedonia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Pakistán, Serbia, Rusia, Ruanda, Arabia Saudí, Tailandia, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda y Sudáfrica.

(5)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Bioagricert S.r.l.» para modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para la categoría de productos A a Indonesia y Senegal, y para las categorías de productos A y D a Albania y a Bangladés, y ampliar el ámbito de su reconocimiento para la categoría de productos E con respecto a Albania y Tailandia.

(6)

«Caucacert» ha informado a la Comisión de un error en su denominación social, que debe cambiarse por «Caucascert».

(7)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «CCPB Srl» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para las categorías de productos A, B, D, E y F a Georgia, Irán, Jordania y Arabia Saudí, para la categoría de productos B a China, Irak, Mali, Filipinas y Siria, para la categoría de productos C a Marruecos y Túnez, para la categoría de productos E a Túnez y para las categorías de productos E y F a China, Egipto, Irak, Líbano, Marruecos, Mali, Filipinas, San Marino, Siria y Turquía.

(8)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para las categorías de productos A, B y D a Armenia, para las categorías de productos A y D a Bielorrusia, Malaui, Sierra Leona, Somalia y Tayikistán y para la categoría de productos B a Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

(9)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Control Union Certifications» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para las categorías de productos A, B, C, D, E y F a Burundi, Somalia y Sudán del Sur, para las categorías de productos B y C a Angola, Bielorrusia, Yibuti, Eritrea, Fiyi, Liberia, Níger, Chad y Kosovo y para las categorías de productos B, C y D a la República Democrática del Congo y Madagascar.

(10)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Ecocert SA» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para la categoría de productos B a Mozambique y para la categoría de productos C a Bangladés, Chile, Hong Kong, Honduras, Perú y Vietnam.

(11)

Ecocert SA ha informado a la Comisión de que su filial «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști» había cesado sus actividades de certificación en todos los terceros países para los cuales estaba reconocido. «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști» debe, por lo tanto, suprimirse de la lista del anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008.

(12)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud de «Ekoagros» con miras a su inclusión en la lista del anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado reconocer a «Ekoagros» para la categoría de productos A con respecto a Rusia, para las categorías de productos A y B en lo que respecta a Bielorrusia y Ucrania, para las categorías de productos A y D en relación con Tayikistán, y para las categorías de productos A y F en relación con Kazajistán.

(13)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» con objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para las categorías de productos A y D a Jamaica y Vietnam y para la categoría de productos D a Ecuador.

(14)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «IMOswiss AG» con objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para la categoría de productos A a los Emiratos Árabes Unidos, para las categorías de productos A y D a Burundi, para la categoría de productos B a México y Perú y para la categoría de productos C a Brunéi, China, Hong Kong, Honduras, Madagascar y los Estados Unidos. Además, «IMOswiss AG» ha informado a la Comisión de que ha cesado en sus actividades de certificación en Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Rusia y Tayikistán. Por consiguiente, debe suprimirse de la lista de dichos países en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008.

(15)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para las categorías de productos A y D a Zambia, para la categoría de productos B a Laos, Myanmar/Birmania y Tailandia, para la categoría de productos C a Hong Kong, Indonesia y Sri Lanka y para las categorías de productos C y E a Bangladés.

(16)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Mayacert» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para la categoría de productos A a Colombia, la República Dominicana y El Salvador, para las categorías de productos A y D a Belice y Perú y para la categoría de productos B a Guatemala, Honduras y Nicaragua.

(17)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «OneCert International PVT Ltd» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para las categorías de productos A y D a Bangladés, China, Ghana, Camboya, Laos, Myanmar/Birmania, Omán, Rusia y Arabia Saudí.

(18)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Oregon Tilth» para modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para la categoría de productos E con respecto a México.

(19)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Organic Certifiers» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para las categorías de productos A y D a Indonesia.

(20)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Organska Kontrola» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento para la categoría de productos B con respecto a todos los países.

(21)

«QC&I GmbH» ha informado a la Comisión de que había cesado sus actividades de certificación en todos los terceros países para los cuales estaba reconocido. Por consiguiente, debe suprimirse de la lista del anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008.

(22)

La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Suolo e Salute srl» al objeto de modificar sus datos. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito geográfico de su reconocimiento para la categoría de productos A a la República Dominicana y Egipto y ampliar el ámbito de su reconocimiento para la categoría de productos D con respecto a la República Dominicana.

(23)

Cualquier referencia a Taiwán en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 debe entenderse como una referencia al territorio aduanero separado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu.

(24)

Por consiguiente, los anexos III y IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 deben modificarse en consecuencia.

(25)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre la Producción Ecológica.

1)

El anexo III se modifica de conformidad con el anexo I del presente Reglamento.

2)

El anexo IV se modifica de conformidad con el anexo II del presente Reglamento.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/14

(1)

Lallemand SAS ha presentado una solicitud de conformidad con el artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, en la que se propone cambiar el nombre del titular de la autorización en los Reglamentos (CE) n.o 226/2007 (2), (CE) n.o 1293/2008 (3), (CE) n.o 910/2009 (4), (CE) n.o 911/2009 (5), (UE) n.o 1120/2010 (6) y (UE) n.o 212/2011 (7) de la Comisión, y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 95/2013 (8) y (UE) n.o 413/2013 (9) de la Comisión.

(2)

El solicitante alega que Danstar Ferment AG es el propietario legal de los derechos de comercialización de los aditivos para piensos Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M y Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. El solicitante ha presentado información pertinente en apoyo de su solicitud.

(3)

La propuesta de modificación del titular de la autorización tiene carácter puramente administrativo y no implica una nueva evaluación de los aditivos en cuestión. Se ha informado de la solicitud a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

(4)

Para que Danstar Ferment AG pueda explotar sus derechos de comercialización, es necesario modificar los términos de las respectivas autorizaciones.

(5)

Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (CE) n.o 226/2007, (CE) n.o 1293/2008, (CE) n.o 910/2009, (CE) n.o 911/2009, (UE) n.o 1120/2010 y (UE) n.o 212/2011, y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 95/2013 y (UE) n.o 413/2013 en consecuencia.

(6)

Dado que no hay razones de seguridad que exijan la aplicación inmediata de las modificaciones del presente Reglamento a los Reglamentos (CE) n.o 226/2007, (CE) n.o 1293/2008, (CE) n.o 910/2009, (CE) n.o 911/2009, (UE) n.o 1120/2010 y (UE) n.o 212/2011, y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 95/2013 y (UE) n.o 413/2013, es conveniente establecer un período transitorio durante el cual puedan agotarse las existencias.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

1)

en el título, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG»;

2)

en la columna 2 del anexo, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS».

1)

en el título, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG»;

2)

en la columna 2 del anexo, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS».

1)

en el título, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG»;

2)

en la columna 2 del anexo, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS».

1)

en el título, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG»;

2)

en la columna 2 del anexo, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS».

1)

en el título, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG»;

2)

en la columna 2 del anexo, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS».

1)

en el título, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG»;

2)

en la columna 2 del anexo, el texto «Lallemand SAS» se sustituye por el texto «Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS».

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/18

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1831/2003 establece la autorización de aditivos para su uso en la alimentación animal, así como los motivos y los procedimientos para conceder dicha autorización.

(2)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, se presentó una solicitud de autorización del óxido de dicobre, acompañada de la información y la documentación exigidas en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(3)

La solicitud se refiere a la autorización del óxido de dicobre como aditivo en piensos para todas las especies de animales, que debe clasificarse en la categoría de «aditivos nutricionales».

(4)

En su dictamen de 25 de mayo de 2016 (2), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad») concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, el óxido de dicobre no tiene efectos adversos para la salud de los animales o de los consumidores y que no entraña problemas de seguridad para los usuarios si se adoptan las medidas de protección adecuadas.

(5)

Además, la Autoridad concluyó que el óxido de dicobre no plantea más riesgos para el medio ambiente que otras fuentes de cobre y puede considerarse una fuente eficaz de cobre para todas las especies animales. La Autoridad no considera que sean necesarios requisitos específicos de seguimiento tras la comercialización. Asimismo, verificó el informe sobre el método de análisis del aditivo para piensos presentado por el laboratorio de referencia establecido por el artículo 21 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(6)

El nombre del aditivo en la solicitud es óxido de dicobre. No obstante, la denominación del aditivo según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC en sus siglas en inglés) es óxido de cobre (I). En consonancia con la recomendación de la Autoridad en su dictamen sobre el óxido cúprico (3), el aditivo debe denominarse óxido de cobre (I).

(7)

La evaluación del óxido de cobre (I) muestra que se cumplen los requisitos de autorización establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003. Por consiguiente, procede autorizar el uso de dicha sustancia según lo especificado en el anexo del presente Reglamento.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/22

(1)

En el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de conformidad con ese mismo Reglamento.

(2)

El 12 de diciembre de 2016, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió añadir una persona física a la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos. Procede, por tanto, actualizar el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 en consecuencia.

(3)

Con el fin de garantizar la efectividad de las medidas establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor inmediatamente.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/24

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/26

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 de la Comisión (3) ha abierto la venta de leche desnatada en polvo mediante procedimiento de licitación

(2)

A la luz de las ofertas recibidas para la primera licitación parcial, procede fijar un precio mínimo de venta.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/28

(1)

Mediante la Decisión 2007/884/CE del Consejo (2), se autorizó al Reino Unido, hasta el 31 de diciembre de 2010, a limitar al 50 % el derecho del arrendatario a una deducción del impuesto sobre el valor añadido (denominado en lo sucesivo «IVA») soportado en los gastos de alquiler o de arrendamiento financiero de un automóvil, cuando este no se utilice íntegramente con fines profesionales. Asimismo, se autorizaba al Reino Unido a no asimilar a una prestación de servicios a título oneroso el uso privado de un vehículo que un sujeto pasivo haya alquilado o tomado en arrendamiento financiero con fines profesionales. Estas medidas (denominadas en lo sucesivo «medidas de excepcion») suprimían la necesidad de que el arrendatario llevara un registro del kilometraje recorrido con fines privados en vehículos profesionales y permitía a este liquidar el impuesto por el kilometraje real efectuado con fines privados en cada automóvil.

(2)

La Decisión 2007/884/CE fue, en consecuencia, modificada por la Decisión de Ejecución 2011/37/UE (3) y por la Decisión de Ejecución 2013/681/UE (4), que prorrogaron la fecha de expiración de las medidas de excepción hasta el 31 de diciembre de 2016.

(3)

Mediante carta registrada por la Comisión el 14 de marzo de 2016, el Reino Unido solicitó autorización para seguir aplicando las medidas de excepción.

(4)

De conformidad con el artículo 395, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE, la Comisión informó a los demás Estados miembros, mediante carta de 28 de junio de 2016, de la solicitud presentada por el Reino Unido. Por carta de 28 de junio de 2016, la Comisión notificó al Reino Unido que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

(5)

De conformidad con el artículo 3 de la Decisión 2007/884/CE, el Reino Unido presentó a la Comisión un informe sobre la aplicación de la Decisión, que incluía un análisis de la restricción porcentual. Según la información facilitada por el Reino Unido, la restricción al 50 % del derecho de deducción sigue reflejando las actuales circunstancias por lo que respecta a la proporción de uso profesional y privado de los vehículos en cuestión.

(6)

Procede, por lo tanto, autorizar al Reino Unido a seguir aplicando las medidas de excepción por un plazo limitado, que finalizará el 31 de diciembre de 2019.

(7)

En caso de que el Reino Unido considere que se precisa una nueva prórroga después de 2019, deberá remitir a la Comisión, junto con la solicitud de prórroga y a más tardar el 1 de abril de 2019, un informe que incluya un análisis del porcentaje aplicado.

(8)

La prórroga de las medidas de excepción solo tendrá una incidencia insignificante sobre el importe global de los ingresos fiscales percibidos en la fase de consumo final y no tendrá repercusiones negativas sobre los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

(9)

Procede, por lo tanto, modificar la Decisión 2007/884/CE en consecuencia.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/30

(1)

El 29 de marzo de 2016, los Países Bajos solicitaron autorización, con arreglo al artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE, para aplicar un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a los vehículos eléctricos. A petición de la Comisión, los Países Bajos facilitaron información complementaria los días 6 de abril, 20 de junio y 18 de agosto de 2016.

(2)

El tipo impositivo reducido tiene por objeto promover la utilización de vehículos eléctricos mediante la reducción del coste de la electricidad utilizada para propulsar el vehículo.

(3)

El uso de vehículos eléctricos evita las emisiones de contaminantes atmosféricos causadas por la combustión de la gasolina y el gasóleo u otros combustibles fósiles y, por lo tanto, contribuye a una mejora de la calidad del aire en las ciudades. Además, el uso de vehículos eléctricos puede reducir las emisiones de CO2 si la electricidad utilizada se produce a partir de fuentes de energía renovables. Se prevé, por lo tanto, que la medida contribuirá a la consecución de los objetivos de la Unión en materia de medio ambiente, salud y clima.

(4)

Los Países Bajos solicitaron expresamente que el tipo impositivo reducido se aplicara a la electricidad suministrada a los vehículos eléctricos tanto de uso profesional como no profesional y que la medida incluyera también las estaciones de recarga no accesibles al público.

(5)

Los Países Bajos solicitaron que se aplicara un tipo impositivo reducido únicamente a las estaciones de recarga en las que la electricidad se utiliza para recargar un vehículo eléctrico directamente y que no se aplicara a la electricidad que se ofrece a través del intercambio de baterías.

(6)

La aplicación de un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a los vehículos eléctricos a través de las estaciones de recarga mejorará las perspectivas de negocio de los puntos de recarga accesibles al público en los Países Bajos, lo que debería hacer más atractivo el uso de vehículos eléctricos y mejorar la calidad del aire.

(7)

Teniendo en cuenta el número limitado de vehículos eléctricos y el hecho de que el nivel de imposición de la electricidad suministrada a los vehículos eléctricos a través de estaciones de recarga estará por encima del nivel mínimo de imposición para uso profesional establecido en el artículo 10 de la Directiva 2003/96/CE, es improbable que la medida produzca distorsiones en la competencia durante el período en el que esté vigente y, por lo tanto, cabe afirmar que no afectará negativamente al buen funcionamiento del mercado interior.

(8)

El nivel de imposición aplicable a la electricidad suministrada a través de puntos de recarga a los vehículos eléctricos de uso no profesional será superior al nivel mínimo de imposición establecido en el artículo 10 de la Directiva 2003/96/CE para el uso no profesional.

(9)

De conformidad con el artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2003/96/CE, toda autorización concedida en virtud del artículo 19, apartado 1, de dicha Directiva debe limitarse estrictamente en el tiempo. Los Países Bajos solicitaron que se concediera la autorización por un período de cuatro años, a fin de garantizar que el período de autorización sea lo bastante prolongado como para no disuadir a los operadores económicos de efectuar las inversiones necesarias.

(10)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Unión en materia de ayudas estatales.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/32

(1)

Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro deben ser controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo.

(2)

El mandato del auditor externo del Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland expiró después de la auditoría del ejercicio de 2015. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2016.

(3)

Banc Ceannais na hÉireann/el Central Bank of Ireland ha seleccionado a Mazars como auditor externo para los ejercicios de 2016 a 2020.

(4)

El Consejo de Gobierno del BCE ha recomendado que Mazars sea nombrado auditor externo del Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland para los ejercicios de 2016 a 2020.

(5)

Siguiendo la recomendación del Consejo de Gobierno del BCE, la Decisión 1999/70/CE del Consejo (2) debe modificarse en consecuencia.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/34

(1)

Las Decisiones 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) y 2007/307/CE (4) de la Comisión establecen las normas para la retirada del mercado de colza oleaginosa híbrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), colza oleaginosa híbrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) y colza oleaginosa Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), y sus productos derivados («material modificado genéticamente»). Estas Decisiones se adoptaron después de que el titular de la autorización, la empresa Bayer CropScience AG, indicara a la Comisión que no tenía intención de presentar una solicitud de renovación de la autorización de dicho material modificado genéticamente de acuerdo con el artículo 8, apartado 4, párrafo primero, el artículo 11, el artículo 20, apartado 4, y el artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003.

(2)

Las tres Decisiones preveían un período transitorio inicial de cinco años durante el cual se permitía la comercialización de alimentos y piensos que contuvieran este material modificado genéticamente, consistieran en el mismo o estuvieran elaborados a partir de él en una proporción del 9 % como máximo, siempre que dicha presencia fuera accidental o técnicamente inevitable. El período transitorio tenía como finalidad tener en cuenta la posible presencia en la cadena alimentaria humana y animal de restos ínfimos de material modificado genéticamente incluso después de que Bayer CropScience AG hubiera decidido dejar de vender semillas derivadas de esos organismos modificados genéticamente e incluso si se hubieran adoptado todas las medidas para evitar la presencia de dicho material modificado genéticamente.

(3)

A la luz de la experiencia después de la retirada del mercado de dicho material modificado genéticamente, la Decisión de Ejecución 2012/69/UE (5) modificó las tres Decisiones para prorrogar el período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2016. Dados los niveles muy bajos de restos que se habían notificado, dicha Decisión redujo la presencia tolerada de ese material modificado genéticamente en los alimentos y los piensos al 0,1 % expresado como fracción de la masa.

(4)

Las Decisiones 2007/305/CE, 2007/306/CE y 2007/307/CE también establecieron una serie de medidas que Bayer CropScience AG debía adoptar para garantizar la retirada efectiva del mercado de este material modificado genéticamente e impusieron obligaciones de presentación de informes a Bayer CropScience AG.

(5)

En diciembre de 2013 y en marzo de 2016, Bayer CropScience AG notificó que, a pesar de las medidas adoptadas para evitar la presencia de esos organismos modificados genéticamente de conformidad con las Decisiones 2007/305/CE, 2007/306/CE y 2007/307/CE, en los últimos años se habían detectado todavía restos ínfimos en mercancías de colza oleaginosa. Esta presencia persistente de restos puede explicarse por la naturaleza biológica de la colza oleaginosa, que puede permanecer inactiva durante largos períodos, y por las prácticas agrícolas empleadas para cosechar las semillas, que pudieron ocasionar pérdidas accidentales cuya magnitud era difícil de evaluar en las fechas de adopción de las Decisiones 2007/305/CE, 2007/306/CE y 2007/307/CE, y la Decisión de Ejecución 2012/69/UE. La presencia de restos ha seguido una tendencia a la disminución.

(6)

En este contexto, procede prorrogar el período transitorio otros tres años hasta el 31 de diciembre de 2019 para permitir la eliminación completa de los restos de colzas oleaginosas Ms1×Rf1, Ms1×Rf2 y Topas 19/2 en la cadena alimentaria humana y animal.

(7)

A fin de contribuir en mayor medida a la eliminación de dicho material modificado genéticamente, conviene también que Bayer CropScience AG siga aplicando el programa interno requerido de conformidad con las Decisiones 2007/305/CE, 2007/306/CE y 2007/307/CE y recogiendo datos, como hacía anteriormente de manera voluntaria, sobre la presencia de dicho material en mercancías de colza oleaginosa importadas en la Unión desde Canadá, el único país en el que se cultivaban dichas colzas oleaginosas con fines comerciales. Bayer CropScience AG debe presentar un informe sobre ambos aspectos a más tardar el 1 de enero de 2019.

(8)

Bayer CropScience AG debe garantizar la disponibilidad constante de materiales de referencia certificados para permitir que los laboratorios de control efectúen sus análisis durante dicho período transitorio.

(9)

Procede, por tanto, modificar las Decisiones 2007/305/CE, 2007/306/CE y 2007/307/CE en consecuencia.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

El destinatario aplicará un programa interno para garantizar la retirada efectiva del mercado de la colza oleaginosa ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 y la combinación híbrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 durante la reproducción y la producción de semillas y recogerá datos sobre la presencia de dichos organismos modificados genéticamente en los envíos de colza oleaginosa a la Unión procedentes de Canadá.

A más tardar el 1 de enero de 2019, el destinatario presentará a la Comisión un informe sobre la aplicación de este programa y sobre la presencia de dichos organismos modificados genéticamente en los envíos de colza oleaginosa a la Unión procedentes de Canadá.».

2)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

1.   Hasta el 31 de diciembre de 2019, en los alimentos o piensos notificados de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra a), y el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, se tolerará la presencia de material que contenga colza oleaginosa ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 y la combinación híbrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4, que consista en ellas o que esté elaborado a partir de ellas, siempre y cuando dicha presencia:

2.   El destinatario garantizará la disponibilidad del material de referencia certificado para la colza oleaginosa ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 a través de la American Oil Chemists Society en la dirección https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).».

3)

Queda suprimido el anexo.

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

El destinatario aplicará un programa interno para garantizar la retirada efectiva del mercado de la colza oleaginosa ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 y la combinación híbrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 durante la reproducción y la producción de semillas y recogerá datos sobre la presencia de dichos organismos modificados genéticamente en los envíos de colza oleaginosa a la Unión procedentes de Canadá.

A más tardar el 1 de enero de 2019, el destinatario presentará a la Comisión un informe sobre la aplicación de este programa y sobre la presencia de dichos organismos modificados genéticamente en los envíos de colza oleaginosa a la Unión procedentes de Canadá.».

2)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

1.   Hasta el 31 de diciembre de 2019, en los alimentos o piensos notificados de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra a), y el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, se tolerará la presencia de material que contenga colza oleaginosa ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 y la combinación híbrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, que consista en ellas o que esté elaborado a partir de ellas, siempre y cuando dicha presencia:

2.   El destinatario garantizará la disponibilidad del material de referencia certificado para la colza oleaginosa ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 a través de la American Oil Chemists Society en la dirección https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).».

3)

Queda suprimido el anexo.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/38

(1)

El procedimiento para el reconocimiento de las entidades de contrapartida central («ECC») establecidas en terceros países que se prevé en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 tiene por objeto permitir a las ECC establecidas y autorizadas en terceros países cuyas normas de regulación sean equivalentes a las contenidas en dicho Reglamento prestar servicios de compensación a miembros compensadores o plataformas de negociación establecidos en la Unión. Dicho procedimiento de reconocimiento y las decisiones de equivalencia previstas en él contribuyen, pues, a la realización del objetivo general del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, reducir el riesgo sistémico potenciando el recurso a ECC sólidas y seguras para la compensación de contratos de derivados extrabursátiles, incluso cuando dichas ECC estén establecidas y autorizadas en un tercer país.

(2)

Para que el régimen jurídico de un tercer país se considere equivalente al régimen jurídico de la Unión con respecto a las ECC, el resultado sustancial del marco jurídico y de supervisión aplicable debe ser equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. Por tanto, la finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que el marco jurídico y de supervisión de la India garantiza que las ECC establecidas y autorizadas en dicho país no exponen a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a un nivel de riesgo más elevado que aquel al que quedarían expuestos por las ECC autorizadas en la Unión y que, por consiguiente, no suponen niveles inaceptables de riesgo sistémico en la Unión. En este sentido, debe, en particular, tenerse en cuenta el grado significativamente menor de riesgo inherente a las actividades de compensación realizadas en mercados financieros más pequeños que el mercado financiero de la Unión.

(3)

El 1 de septiembre de 2013, la Comisión recibió el dictamen técnico de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre el marco jurídico y de supervisión aplicable a las ECC autorizadas en la India. En él se concluye que el marco jurídico y de supervisión aplicable a nivel nacional garantiza que las ECC autorizadas en dicho país que han adoptado políticas y procedimientos internos relativos a diversos ámbitos que constituyen requisitos jurídicamente vinculantes cumplen requisitos jurídicamente vinculantes que son equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(4)

De conformidad con el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben cumplirse tres condiciones para determinar que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país con respecto a las ECC autorizadas en el mismo es equivalente al establecido en el citado Reglamento.

(5)

Con arreglo a la primera condición, las ECC autorizadas en un tercer país deben cumplir requisitos jurídicamente vinculantes que sean equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(6)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en la India a las ECC autorizadas en dicho país que compensan valores de empresas y derivados financieros y que están sometidas a la supervisión y vigilancia de la Securities and Exchange Board of India (Comisión del Mercado de Valores de la India, «SEBI» por sus siglas en inglés) («el régimen de la SEBI») se recogen en la Ley (de Regulación) de los Contratos de Valores de 1956 («SCRA», por sus siglas en inglés) y los Reglamentos de los Contratos de Valores y de las Sociedades de Compensación y del Mercado de Valores de 2012 («Reglamentos»), aprobados en junio de 2012 por la SEBI en el ejercicio de las competencias que le atribuye la SCRA y la Ley de la Comisión del Mercado de Valores de la India («Ley de la SEBI»). La SEBI emitió una circular el 4 de septiembre de 2013 («Circular») por la cual aprobó los Principios aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero («PIMF») enunciados en abril de 2012 por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (2) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, y exigió a las infraestructuras del mercado financiero, incluidas las sociedades de compensación, que se atuviesen a ellos.

(7)

La SCRA y los Reglamentos establecen un régimen de autorización por la Administración Central y la SEBI de los servicios de compensación como sociedades de compensación reconocidas. Los servicios de compensación solicitantes deben cumplir requisitos específicos destinados a garantizar su buen funcionamiento y la protección de los inversores. La Administración Central o la SEBI también pueden imponer condiciones a las sociedades de compensación reconocidas. Estas deben adoptar normas y procedimientos internos que son evaluados por la Administración Central y la SEBI antes de concederles la autorización como sociedades de compensación reconocidas y que tienen que ajustarse a las condiciones impuestas a cada una de ellas. Las normas y procedimientos internos de dichas sociedades no pueden modificarse sin la aprobación previa de la SEBI. Además, la SEBI puede adoptar normas internas aplicables a las sociedades de compensación reconocidas para cuestiones específicas, o modificar sus normas internas vigentes, cuando lo considere necesario o conveniente. Además, la SEBI puede imponerles sanciones por el incumplimiento de sus normas y procedimientos internos o de las instrucciones dictadas por la SEBI.

(8)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC autorizadas en la India que compensan valores emitidos por las Administraciones Públicas, instrumentos del mercado monetario e instrumentos del mercado de divisas y que están sujetas a la supervisión del Reserve Bank of India (Banco de Reserva de la India, «RBI» por sus siglas en inglés) («régimen del RBI») se recogen en la Ley de Sistemas de Pago y Liquidación de 2007 («PSSA» por sus siglas en inglés) y los Reglamentos de los Sistemas de Pago y Liquidación de 2008 («Reglamentos PSS»). El RBI autoriza a las entidades a operar una cámara de compensación si reúnen las condiciones exigidas («cámaras de compensación autorizadas»). Por otra parte, el RBI puede imponer condiciones específicas aplicables a una autorización, que será válida mientras se cumplan las condiciones específicas impuestas. Con arreglo a la PSSA, las cámaras de compensación autorizadas deben adoptar normas y procedimientos internos, y su funcionamiento se debe ajustar a lo dispuesto en ellos.

(9)

Además, la PSSA autoriza al RBI a emitir instrucciones generales o instrucciones dirigidas a cámaras de compensación autorizadas concretas. Las cámaras de compensación autorizadas deben cumplir ambos tipos de instrucciones. El 26 de julio de 2013, el RBI publicó el «Documento Estratégico para la Regulación y la Supervisión de las Infraestructuras del Mercado Financiero», que indicaba que todas las cámaras de compensación autorizadas están obligadas al cumplimiento de los PIMF.

(10)

La presente Decisión se refiere únicamente a la equivalencia del marco jurídico y de supervisión aplicable a las sociedades de compensación reconocidas y a las cámaras de compensación autorizadas, y no al aplicable a las ECC que prestan servicios de compensación en los mercados de materias primas y que están sometidas a la regulación y supervisión de la Forward Markets Commission (Comisión de los Mercados a Plazo).

(11)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC autorizadas en la India se estructuran, por tanto, en dos niveles. Los principios fundamentales que deben cumplir las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas a fin de obtener la autorización para prestar servicios de compensación en la India («reglas primarias») son los siguientes: a) en el marco del régimen de la SEBI, los principios fundamentales aplicables a las sociedades de compensación reconocidas establecidos en la SCRA y los Reglamentos, complementados por la Circular de 4 de septiembre de 2013, que exige el cumplimiento de los PIMF; y b) en el marco del régimen del RBI, la PSSA y los Reglamentos PSS, junto con el Documento Estratégico para la Regulación y la Supervisión de las Infraestructuras del Mercado Financiero, que también exige el cumplimiento de los PIMF. Esas reglas primarias constituyen el primer nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en la India. A fin de demostrar el cumplimiento de las reglas primarias, las sociedades de compensación reconocidas deben presentar sus normas y procedimientos internos a la SEBI para su aprobación. En el marco del régimen RBI, las cámaras de compensación autorizadas deben cumplir en su funcionamiento sus normas y procedimientos internos. Dichas normas y procedimientos internos constituyen el segundo nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes en la India, que deben prescribir, en detalle, la forma en que las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas han de satisfacer dichas normas. Por otra parte, las normas y los procedimientos internos de las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas contienen disposiciones adicionales que complementan las reglas primarias en determinados aspectos. Dichas normas y procedimientos internos, que instrumentan los PIMF, son jurídicamente vinculantes para las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas.

(12)

La evaluación de la equivalencia del marco jurídico y de supervisión aplicable a las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas establecidas en la India debe tener en cuenta también el resultado que propician por lo que respecta a la reducción del nivel de riesgo al que se ven expuestos los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión al participar en esas entidades. El resultado en lo que respecta a la reducción del riesgo viene determinado, por una parte, por el nivel de riesgo inherente a las actividades de compensación llevadas a cabo por la ECC de que se trate, que depende del tamaño del mercado financiero en que opera, y, por otra, por la idoneidad del marco jurídico y de supervisión aplicable a las ECC para reducir el nivel de riesgo. Para lograr un resultado equivalente en lo que respecta a la reducción del riesgo, son necesarios unos requisitos más estrictos en la materia en el caso de las ECC que desarrollan sus actividades en mercados financieros más grandes, cuyo nivel inherente de riesgo es mayor, que en el de las ECC que llevan a cabo sus actividades en mercados financieros más pequeños, cuyo nivel inherente de riesgo es menor.

(13)

El mercado financiero en el que las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas en la India llevan a cabo sus actividades de compensación es de tamaño significativamente inferior al de aquel en que operan las ECC establecidas en la Unión. Durante los tres últimos años, el valor total de las operaciones con derivados compensadas en la India ha representado menos del 1 % del valor total de las operaciones con derivados compensadas en la Unión. Por consiguiente, la participación en las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas establecidas en la India expone a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a riesgos significativamente menores que los que conlleva su participación en las ECC autorizadas en la Unión.

(14)

El marco jurídico y de supervisión aplicable a las sociedades de compensación reconocidas y a las cámaras de compensación autorizadas establecidas en la India puede, por lo tanto, considerarse equivalente si resulta adecuado para reducir dicho menor nivel de riesgo. Las reglas primarias aplicables a las dichas sociedades y cámaras de la India, complementadas por sus normas y procedimientos internos, que exigen el cumplimiento de los PIMF, reducen el menor nivel de riesgo existente en la India y logran un resultado de reducción del riesgo equivalente al perseguido por el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(15)

Por lo tanto, debe concluirse que el marco jurídico y de supervisión de la India garantiza que las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas en dicho país cumplen requisitos jurídicamente vinculantes que son equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(16)

Con arreglo a la segunda condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión de la India con respecto a las ECC autorizadas en dicho país debe prever que tales ECC estén sometidas de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(17)

La supervisión de las sociedades de compensación reconocidas la lleva a cabo la SEBI, que puede adoptar normas internas aplicables a dichas sociedades para cuestiones específicas, o modificar sus normas internas vigentes, lo que surtirá el mismo efecto que si hubieran sido adoptadas o modificadas por la propia sociedad de compensación. Por otra parte, la SEBI puede impartir instrucciones a las sociedades de compensación reconocidas por motivos de interés público, o en beneficio de la negociación, de los inversores o del mercado de valores. Las sociedades de compensación reconocidas son objeto de inspecciones, investigaciones y auditorías de la SEBI, a la que deben facilitar información sobre sus actividades. La SCRA establece sanciones en caso de incumplimiento de las normas y procedimientos internos de dichas sociedades o de las instrucciones dictadas por la SEBI. Por último, la Administración Central o la SEBI pueden retirar las autorizaciones de las citadas sociedades por motivos de interés público o en beneficio de la negociación.

(18)

La supervisión de las cámaras de compensación autorizadas la lleva a cabo el RBI, que puede solicitarles información y está facultado para inspeccionar sus dependencias y efectuar auditorías. Además, en circunstancias específicas, puede impartir instrucciones a las cámaras de compensación autorizadas para que pongan fin a su conducta y realicen las actuaciones que se estimen necesarias para corregir la situación. Por otra parte, se prevén sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones de la PSSA y los reglamentos, así como de las órdenes o instrucciones dictadas por el RBI. Por último, el RBI puede revocar la autorización para gestionar una cámara de compensación autorizada en caso de que dicha cámara de compensación autorizada contravenga las disposiciones de la PSSA, los Reglamentos PSS, o las órdenes o instrucciones dictadas por el RBI o en caso de incumplimiento de las condiciones a que está sujeta la autorización.

(19)

Cabe concluir, por lo tanto, que las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas en la India están sujetas de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(20)

Con arreglo a la tercera condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión de la India debe incluir un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC autorizadas en virtud de regímenes jurídicos de terceros países («ECC de terceros países»).

(21)

Las ECC de terceros países pueden solicitar la autorización como «cámara de compensación autorizada» en el marco del régimen del RBI, que permite a las ECC de terceros países prestar los mismos servicios de compensación que las ECC establecidas en la India. Las ECC de terceros países pueden quedar exentas de determinados requisitos aplicables a las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas en la India, siempre que cumplan los PIMF y se celebre un acuerdo de cooperación entre el RBI y el supervisor del tercer país. La evaluación de la solicitud de autorización puede basarse en la información facilitada por el supervisor del tercer país.

(22)

Por lo tanto, debe considerarse que el marco jurídico y de supervisión de la India establece un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC de terceros países.

(23)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en la India, en el momento de su adopción, a las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas. La Comisión, en colaboración con la AEVM, debe seguir realizando un seguimiento regular de la evolución del marco jurídico y de supervisión de las sociedades de compensación reconocidas y las cámaras de compensación autorizadas, así como del cumplimiento de las condiciones en las que se basa la adopción de la presente Decisión.

(24)

La revisión periódica del marco jurídico y de supervisión aplicable en la India a las ECC autorizadas en dicho país no ha de obstar para que la Comisión pueda emprender, en cualquier momento, una revisión específica, al margen de la revisión general, cuando hechos concretos la obliguen a reevaluar la equivalencia reconocida por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(25)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/42

(1)

El Reglamento (UE) n.o 648/2012 establece requisitos en materia de compensación y de gestión bilateral del riesgo para los contratos de derivados extrabursátiles («OTC»), así como requisitos de información para estos contratos. Con arreglo al artículo 2, punto 7, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, se entiende por derivados OTC los contratos de derivados cuya ejecución no tiene lugar en un mercado regulado, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), o en un mercado de un tercer país que se considere equivalente a un mercado regulado de conformidad con el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Por consiguiente, todo contrato de derivados cuya ejecución tenga lugar en un mercado de un tercer país que no se considere equivalente a un mercado regulado se clasificará como OTC a efectos del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(2)

De conformidad con el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012, un mercado de un tercer país se considerará equivalente a un mercado regulado cuando cumpla requisitos jurídicamente vinculantes equivalentes a los requisitos establecidos en el título III de la Directiva 2004/39/CE y esté sometido a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en dicho tercer país de forma permanente.

(3)

Para que un mercado de un tercer país se considere equivalente a un mercado regulado a tenor de la Directiva 2004/39/CE, el resultado de los requisitos jurídicamente vinculantes y del marco jurídico y de supervisión aplicables debe ser, en sustancia, equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. La finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados autorizados de Singapur son equivalentes a los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE y que esos mercados están sometidos a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos de forma permanente. Los mercados autorizados en la fecha de adopción de la presente Decisión deben identificarse, por tanto, como mercados considerados equivalentes a un mercado regulado a tenor de la Directiva 2004/39/CE.

(4)

El marco jurídico aplicable en Singapur a los mercados autorizados está integrado por la Ley de Valores y Futuros (Securities and Futures Act, SFA), por los Reglamentos de 2005 de Valores y Futuros aplicables a los mercados [Securities and Futures (Markets) Regulations 2005], al gobierno corporativo de los mercados autorizados, las cámaras de compensación autorizadas y las sociedades de cartera autorizadas [Securities and Futures (Corporate Governance of Approved Exchanges, Approved Clearing Houses and Approved Holding Companies) Regulations 2005], a las ofertas de inversión y a las acciones y obligaciones [Securities and Futures (Offers of Investments) (Shares and Debentures) Regulations 2005], por los Reglamentos de 2004 de Valores y Futuros aplicable a la autorización y desarrollo de la actividad [Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations 2004] y por las Directrices (Guidelines) publicadas por la Autoridad Monetaria de Singapur (Monetary Authority of Singapore, MAS) en virtud del artículo 321 de la SFA, incluidas las Directrices sobre Regulación de Mercados n.o SFA 02-G01 y las Directrices sobre los Criterios de Aptitud y Honorabilidad n.o FSG-G01. Las Directrices sobre Regulación de Mercados imponen obligaciones a los mercados autorizados, como la de gestionar el mercado de forma equitativa, ordenada y transparente. El artículo 321, apartado 5, de la SFA establece que el incumplimiento de alguna de las directrices puede ser alegado por cualquiera de las partes, en procedimientos civiles o penales, para demostrar o negar la existencia de responsabilidad. Además, el artículo 334, aparatado 1, y el artículo 335 facultan a la MAS para imponer multas a los mercados autorizados si constata que han contravenido alguna de las directrices. Asimismo, algunas normas relativas al desarrollo de la actividad y a la admisión a negociación que concretan los requisitos de la SFA se recogen en el código normativo de cada mercado autorizado. Las normas relativas al desarrollo de la actividad y a la admisión a negociación, así como cualquier modificación de las mismas, deben presentarse a la MAS antes de su aplicación. La SFA prevé sanciones en caso de que las normas relativas al desarrollo de la actividad o a la admisión a negociación no se ajusten a los requisitos establecidos por la MAS. Con arreglo a la SFA, las normas relativas al desarrollo de la actividad se consideran un contrato vinculante para el mercado autorizado y sus miembros, de forma que deben respetarse y cumplirse en todo momento.

(5)

Los resultados de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados autorizados en Singapur son, en sustancia, equivalentes a los de los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE en los siguientes ámbitos: proceso de autorización, requisitos de definición, acceso al mercado autorizado, requisitos organizativos, requisitos relativos a la alta dirección, admisión a negociación de instrumentos financieros, suspensión y exclusión de instrumentos de la negociación, vigilancia del cumplimiento de las normas del mercado autorizado y acceso a los mecanismos de compensación y liquidación.

(6)

Con arreglo a la Directiva 2004/39/CE, los requisitos de transparencia prenegociación y posnegociación solo se aplican a las acciones admitidas a negociación en mercados regulados. A pesar de que las acciones pueden ser admitidas a negociación en mercados autorizados en Singapur, la Comisión considera que la evaluación de esos requisitos no es pertinente a los efectos de la presente Decisión, dado que su objetivo es verificar la equivalencia de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados de terceros países en lo que se refiere a los contratos de derivados que se ejecutan en esos mercados.

(7)

Por consiguiente, cabe concluir que los resultados de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados autorizados en Singapur son equivalentes a los de los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE.

(8)

Los mercados autorizados de Singapur están sujetos a la supervisión de la MAS, un organismo público creado en virtud del artículo 3 de la Ley de la Autoridad Monetaria de Singapur (Monetary Authority of Singapore Act). La MAS es el regulador principal de la actividad en los mercados de capitales de Singapur. El artículo 46 de la SFA faculta a la MAS para impartir instrucciones a los mercados autorizados relativas a cuestiones especificadas en la propia SFA, a fin de asegurar la protección de los inversores, el funcionamiento equitativo, ordenado y transparente de los mercados, la integridad y la estabilidad de los mercados de capitales y el cumplimiento de las condiciones o restricciones que pueda imponer la MAS. Asimismo, la MAS está facultada por ley para emitir comunicaciones, directrices, códigos, declaraciones estratégicas y notas prácticas vinculantes. También puede imponer multas y formular amonestaciones por el incumplimiento de las disposiciones de la SFA o de su legislación derivada, incluidas las comunicaciones e instrucciones. Además, la MAS puede proceder a la destitución de directivos si considera que ello redunda en beneficio público. Por último, la MAS supervisa los controles y las prácticas de gestión del riesgo de los mercados autorizados mediante inspecciones in situ y a distancia.

(9)

Cabe, por tanto, concluir que dichos mercados autorizados están sujetos en Singapur a una supervisión y ejecución efectivas de forma permanente.

(10)

Así pues, debe considerarse que las condiciones establecidas en el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012 se cumplen en relación con los mercados autorizados en Singapur.

(11)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en Singapur a los mercados autorizados en el momento de su adopción. La Comisión debe continuar realizando un seguimiento regular de la evolución del marco jurídico y de supervisión aplicable a los mercados autorizados, así como del cumplimiento de las condiciones en las que se basa la adopción de la presente Decisión. En particular, debe volver a examinar la presente Decisión teniendo en cuenta el inicio de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(12)

La revisión periódica del marco jurídico y de supervisión aplicable a los mercados autorizados en Singapur debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión pueda emprender, en cualquier momento, una revisión específica cuando algún hecho importante la obligue a reevaluar la equivalencia reconocida por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/45

(1)

El Reglamento (UE) n.o 648/2012 establece requisitos en materia de compensación y de gestión bilateral del riesgo para los contratos de derivados extrabursátiles («OTC»), así como requisitos de información para estos contratos. Con arreglo al artículo 2, punto 7, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, se entiende por derivados OTC los contratos de derivados cuya ejecución no tiene lugar en un mercado regulado, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), o en un mercado de un tercer país que se considere equivalente a un mercado regulado de conformidad con el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Por consiguiente, todo contrato de derivados cuya ejecución tenga lugar en un mercado de un tercer país que no se considere equivalente a un mercado regulado se clasificará como OTC a efectos del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(2)

De conformidad con el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012, un mercado de un tercer país se considerará equivalente a un mercado regulado cuando cumpla requisitos jurídicamente vinculantes equivalentes a los requisitos establecidos en el título III de la Directiva 2004/39/CE y esté sometido a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en dicho tercer país de forma permanente.

(3)

Para que un mercado de un tercer país se considere equivalente a un mercado regulado a tenor de la Directiva 2004/39/CE, el resultado de los requisitos jurídicamente vinculantes y del marco jurídico y de supervisión aplicables debe ser, en sustancia, equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. La finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados de instrumentos financieros y a los mercados de materias primas de Japón son equivalentes a los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE y que esos mercados están sometidos a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos de forma permanente. Los mercados autorizados como mercados de instrumentos financieros o mercados de materias primas en la fecha de adopción de la presente Decisión deben identificarse, por tanto, como mercados considerados equivalentes a un mercado regulado a tenor de la Directiva 2004/39/CE.

(4)

El marco jurídico aplicable en Japón a los mercados de instrumentos financieros y a los mercados de materias primas está integrado por la Ley de Mercados e Instrumentos Financieros de 2006 (Financial Instruments and Exchange Act 2006, FIEA), que establece el marco regulatorio de los mercados de instrumentos financieros, y la Ley de Derivados sobre Materias Primas de 2009 (Commodity Derivatives Act 2009, CDA), que establece el marco regulatorio y de supervisión aplicable a los mercados de materias primas. Los contratos de derivados cuyo subyacente es una materia prima se negocian en los mercados de materias primas, y los derivados basados en instrumentos financieros se negocian en los mercados de instrumentos financieros. Las normas aplicables a los mercados de instrumentos financieros se desarrollan en la Orden de Ejecución de la FIEA (Order for Enforcement of the Financial Instruments and Exchange Act) y en el Decreto Ministerial sobre los Mercados de Instrumentos Financieros (Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Exchanges), mientras que las aplicables a los mercados de materias primas se desarrollan en la Orden de Ejecución de la CDA (Order for Enforcement of the Commodity Derivatives Act) y en el Decreto de Ejecución de la CDA (Ordinance for Enforcement of the Commodity Derivatives Act). Además, tanto los mercados de materias primas como los mercados de instrumentos financieros gozan de una potestad de autorregulación relativamente amplia en lo que se refiere a ciertos requisitos. Dicha potestad de autorregulación del mercado de instrumentos financieros comprende, en particular, las normas de actividad relativas a la admisión a negociación y a la exclusión de la negociación de los instrumentos financieros, a las disposiciones de negociación y a los requisitos de admisión. Las normas de funcionamiento deben presentarse al primer ministro de Japón para su aprobación (artículo 81 de la FIEA). La potestad de autorregulación del mercado de materias primas es ejercida por el Comité o Departamento de Autorregulación de dicho mercado. La normativa del mercado de materias primas establece normas de negociación y requisitos de admisión, que deben presentarse al Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF, por sus siglas en inglés) y al Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI, por sus siglas en inglés) para su aprobación. Las normas de autorregulación son jurídicamente vinculantes para los mercados.

(5)

Los resultados de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados autorizados en Japón son equivalentes a los de los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE en los siguientes ámbitos: proceso de autorización, requisitos de definición, acceso al mercado, requisitos organizativos, requisitos relativos a la alta dirección, admisión a negociación de los instrumentos financieros, suspensión y exclusión de los instrumentos de la negociación, vigilancia del cumplimiento y acceso a los mecanismos de compensación y liquidación.

(6)

Con arreglo a la Directiva 2004/39/CE, los requisitos de transparencia prenegociación y posnegociación solo se aplican a las acciones admitidas a negociación en mercados regulados. A pesar de que las acciones pueden ser admitidas a negociación en los mercados de instrumentos financieros, la Comisión considera que la evaluación de esos requisitos no es pertinente a los efectos de la presente Decisión, dado que su objetivo es verificar la equivalencia de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados de terceros países en lo que se refiere a los contratos de derivados que se ejecutan en esos mercados.

(7)

Por consiguiente, cabe concluir que los resultados de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados de instrumentos financieros y los mercados de materias primas de Japón son equivalentes a los de los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE.

(8)

El funcionamiento de los mercados de materias primas está sujeto a la supervisión del METI y del MAFF. La CDA establece el marco aplicable a las facultades de supervisión de ambos ministerios. En particular, el METI y el MAFF aprueban las normas del mercado y las normas aplicables a los contratos de intermediación, a la resolución de controversias y al comité de vigilancia de las operaciones de los mercados de materias primas, así como cualesquiera modificaciones de las mismas. Además, para garantizar la protección de los inversores y que la negociación se lleva a cabo en condiciones equitativas, el METI y el MAFF pueden exigir a los mercados de materias primas que modifiquen sus estatutos u otra normativa, o sus métodos de funcionamiento, o que adopten cualquier otra medida a fin de mejorar la manera en que desarrollan sus operaciones. Si un mercado de materias primas no ejerce adecuadamente su potestad de autorregulación y no adopta las medidas necesarias para garantizar la protección de los inversores y que la negociación se lleve a cabo en condiciones equitativas, el METI y el MAFF pueden retirar la autorización o suspender total o parcialmente las actividades de dicho mercado. Los mercados de instrumentos financieros están sujetos a la supervisión del primer ministro de Japón, cuya competencia se halla delegada en el comisario de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (Japan Financial Services Agency, JFSA). En la sección 5.a del capítulo V de la FIEA se establecen las medidas de supervisión de que dispone la JFSA. En concreto, cuando el mercado de instrumentos financieros contraviene las leyes y reglamentos, la JFSA puede retirarle la autorización o disponer la suspensión total o parcial de sus actividades. Además, puede exigirle que modifique sus estatutos o sus normas de funcionamiento, o las aplicables a los contratos de intermediación, o cualesquiera otras normas o prácticas de negociación, o que adopte otras medidas necesarias a efectos de supervisión. Los estatutos del mercado de instrumentos financieros deben prever sanciones por vulneración de sus normas por parte de sus miembros. Si el mercado de instrumentos financieros no desempeña sus funciones de vigilancia del mercado de forma eficaz, la JFSA puede adoptar medidas coercitivas, como la retirada de la autorización o la suspensión de las actividades.

(9)

Cabe, por tanto, concluir que los mercados de instrumentos financieros y los mercados de materias primas están sujetos en Japón a una supervisión y ejecución efectivas de forma permanente.

(10)

Así pues, debe considerarse que las condiciones establecidas en el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012 se cumplen en relación con los mercados de instrumentos financieros y los mercados de materias primas autorizados en Japón.

(11)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en Japón a los mercados de instrumentos financieros y los mercados de materias primas en el momento de su adopción. La Comisión debe continuar realizando un seguimiento regular de la evolución del marco jurídico y de supervisión aplicable a dichos mercados, así como del cumplimiento de las condiciones en las que se basa la adopción de la presente Decisión. En particular, debe volver a examinar la presente Decisión teniendo en cuenta el inicio de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(12)

La revisión periódica del marco jurídico y de supervisión aplicable a los mercados de instrumentos financieros y los mercados de materias primas de Japón debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión pueda emprender, en cualquier momento, una revisión específica cuando algún hecho importante la obligue a reevaluar la equivalencia reconocida por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/48

(1)

El Reglamento (UE) n.o 648/2012 establece requisitos en materia de compensación y de gestión bilateral del riesgo para los contratos de derivados extrabursátiles («OTC»), así como requisitos de información para estos contratos. Con arreglo al artículo 2, punto 7, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, se entiende por derivados OTC los contratos de derivados cuya ejecución no tiene lugar en un mercado regulado, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), o en un mercado de un tercer país que se considere equivalente a un mercado regulado de conformidad con el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Por consiguiente, todo contrato de derivados cuya ejecución tenga lugar en un mercado de un tercer país que no se considere equivalente a un mercado regulado se clasificará como OTC a efectos del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(2)

De conformidad con el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012, un mercado de un tercer país se considerará equivalente a un mercado regulado cuando cumpla requisitos jurídicamente vinculantes equivalentes a los requisitos establecidos en el título III de la Directiva 2004/39/CE y esté sometido a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en dicho tercer país de forma permanente.

(3)

Para que un mercado de un tercer país se considere equivalente a un mercado regulado a tenor de la Directiva 2004/39/CE, el resultado de los requisitos jurídicamente vinculantes y del marco jurídico y de supervisión aplicables debe ser, en sustancia, equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. La finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados financieros de Australia son equivalentes a los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE y que esos mercados están sometidos a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos de forma permanente. Los mercados autorizados en Australia como mercados financieros en la fecha de adopción de la presente Decisión deben identificarse, por tanto, como mercados considerados equivalentes a un mercado regulado a tenor de la Directiva 2004/39/CE.

(4)

La Ley de Sociedades de 2001 (Corporations Act 2001) es la norma jurídica primaria que establece regímenes jurídicos de obligado cumplimiento para los mercados financieros, en el marco del régimen australiano de autorización de mercados (Australian Market Licensing, AML) y del régimen de las Normas de Integridad del Mercado (Market Integrity Rules, MIR). En Australia, se exige una autorización para gestionar mercados financieros. La Ley de Sociedades establece un régimen de regulación que permite a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) adoptar MIR que son aplicables a los organismos rectores de los mercados, a los participantes en dichos mercados, a otras entidades prescritas y a los productos financieros negociados en los mercados financieros. En los instrumentos secundarios o delegados aprobados con arreglo a la Ley de Sociedades, entre los que se incluyen los Reglamentos de Sociedades de 2001 (Corporations Regulations 2001), se establecen requisitos adicionales. Por último, la ASIC publica orientaciones regulatorias que detallan cómo deben cumplir los titulares de autorizaciones las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, incluidas sus obligaciones de disponer de mecanismos adecuados para gestionar los mercados, de garantizar su funcionamiento ordenado, transparente y equitativo, y otras exigencias que se encuentran entre los criterios que deben evaluarse. El incumplimiento de las orientaciones regulatorias determina la adopción de medidas coercitivas por parte de la ASIC.

(5)

Los resultados de los requisitos jurídicamente vinculantes establecidos en la legislación, en las MIR y en las orientaciones regulatorias aplicables a los mercados financieros autorizados en Australia son equivalentes a los de los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE en los siguientes ámbitos: proceso de autorización, requisitos de definición, acceso al mercado organizado, requisitos organizativos, requisitos relativos a la alta dirección, admisión a negociación de instrumentos financieros, suspensión y exclusión de instrumentos de la negociación, vigilancia del cumplimiento de las normas del mercado financiero y acceso a los mecanismos de compensación y liquidación.

(6)

Con arreglo a la Directiva 2004/39/CE, los requisitos de transparencia prenegociación y posnegociación solo se aplican a las acciones admitidas a negociación en mercados regulados. A pesar de que las acciones pueden ser admitidas a negociación en los mercados financieros de Australia, la Comisión considera que la evaluación de esos requisitos no es pertinente a los efectos de la presente Decisión, dado que su objetivo es verificar la equivalencia de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados de terceros países en lo que se refiere a los contratos de derivados que se ejecutan en esos mercados.

(7)

Por consiguiente, cabe concluir que los resultados de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados financieros autorizados en Australia son, en sustancia, equivalentes a los de los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE.

(8)

La ASIC es un organismo público creado en virtud de la Ley de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones de 2001 (Australian Securities and Investments Commission Act 2001), y es competente para administrar y aplicar la legislación australiana en materia de mercados financieros y velar por su cumplimiento. Las competencias regulatorias y coercitivas de la ASIC comprenden la investigación de supuestos incumplimientos del ordenamiento jurídico, el levantamiento de actas de infracción, la solicitud de sanciones civiles ante los órganos judiciales y la incoación de procedimientos judiciales. Además, la ASIC está facultada para llevar a cabo inspecciones de los mercados financieros sin previo aviso. Dicha facultad se extiende a la inspección de registros, archivos y documentos. Por otra parte, el Ministro de Servicios Financieros puede impartir instrucciones escritas a los organismos rectores de los mercados financieros para que adopten medidas específicas a fin de cumplir sus obligaciones como mercado financiero autorizado, si considera que dichas obligaciones se están incumpliendo (art. 794A de la Ley de Sociedades). Si los mercados financieros no cumplen las instrucciones, la ASIC puede acudir a la vía judicial para exigir el cumplimiento (art. 794A de la Ley de Sociedades). Asimismo, la ASIC está facultada para impartir instrucciones a entidades concretas (en particular a los organismos rectores y los participantes de mercados autorizados) si considera necesario o beneficioso para el interés público proteger a quienes negocian con un producto financiero o una categoría de productos financieros (art. 798J de la Ley de Sociedades). Además, la ASIC puede someter el asunto a los órganos judiciales e incoar un procedimiento a fin de dar cumplimiento a sus medidas regulatorias y de investigación, solicitando al órgano judicial que dicte una resolución que exija el cumplimiento de las medidas que haya adoptado en virtud de sus competencias regulatorias y de investigación (art. 70 de la Ley de Sociedades). Por otra parte, si una entidad incumple una instrucción impartida con arreglo a la Ley de Sociedades, la ASIC puede acudir a un órgano judicial para interesar una resolución que exija el cumplimiento de dicha instrucción. Por último, la ASIC ha celebrado protocolos de cooperación e intercambio de información con todos los organismos rectores de mercado relevantes para facilitar la supervisión del mercado y de los participantes con arreglo a las MIR.

(9)

Cabe, por tanto, concluir que los mercados financieros están sujetos en Australia a una supervisión y ejecución efectivas de forma permanente.

(10)

Así pues, debe considerarse que las condiciones establecidas en el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012 se cumplen en relación con los mercados financieros autorizados en Australia.

(11)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en Australia a los mercados financieros en el momento de su adopción. La Comisión debe continuar realizando un seguimiento regular de la evolución del marco jurídico y de supervisión aplicable a los mercados financieros, así como del cumplimiento de las condiciones en las que se basa la adopción de la presente Decisión. En particular, debe volver a examinar la presente Decisión teniendo en cuenta el inicio de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(12)

La revisión periódica del marco jurídico y de supervisión aplicable a los mercados financieros en Australia debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión pueda emprender, en cualquier momento, una revisión específica cuando algún hecho importante la obligue a reevaluar la equivalencia reconocida por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/51

(1)

El Reglamento (UE) n.o 648/2012 establece requisitos en materia de compensación y de gestión bilateral del riesgo para los contratos de derivados extrabursátiles, así como requisitos de información para estos contratos. Con arreglo al artículo 2, punto 7, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, se entiende por derivados extrabursátiles los contratos de derivados cuya ejecución no tiene lugar en un mercado regulado, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), o en un mercado de un tercer país que se considere equivalente a un mercado regulado de conformidad con el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Por consiguiente, todo contrato de derivados cuya ejecución tenga lugar en un mercado de un tercer país que no se considere equivalente a un mercado regulado se clasificará como extrabursátil a efectos del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(2)

De conformidad con el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012, un mercado de un tercer país se considerará equivalente a un mercado regulado cuando cumpla requisitos jurídicamente vinculantes equivalentes a los requisitos establecidos en el título III de la Directiva 2004/39/CE y esté sometido a una supervisión y ejecución efectivas en dicho tercer país de forma permanente.

(3)

Para que un mercado de un tercer país se considere equivalente a un mercado regulado a tenor de la Directiva 2004/39/CE, el resultado de los requisitos jurídicamente vinculantes de las disposiciones de supervisión y ejecución aplicables debe ser, en sustancia, equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados. Así pues, la finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados organizados de Canadá son equivalentes a los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE y que esos mercados están sometidos a una supervisión y ejecución efectivas de forma permanente. Los mercados autorizados como mercados organizados en la fecha de adopción de la presente Decisión deben identificarse, por tanto, como mercados considerados equivalentes a un mercado regulado a tenor de la Directiva 2004/39/CE.

(4)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados organizados autorizados en Canadá se estructuran en tres niveles. El primer nivel comprende la legislación provincial o territorial, que establece los requisitos generales que deben cumplir los operadores de plataformas de negociación si desean llevar a cabo actividades en una provincia o territorio. Otros requisitos más específicos y detallados aplicables a los mercados organizados se establecen en Instrumentos Nacionales, que constituyen el segundo nivel. Estos son adoptados por las Autoridades Reguladoras de Valores (Securities Regulatory Authorities, SRA) de cada provincia y territorio y regulan ámbitos tales como el acceso en condiciones equitativas y la transparencia, la compensación y la liquidación y las obligaciones de información y publicación. Las órdenes de reconocimiento constituyen el tercer nivel. Las dicta, para cada mercado organizado, la SRA competente, y en ellas se establecen las condiciones de funcionamiento impuestas a cada uno de estos mercados. Las órdenes de reconocimiento dictadas por las SRA tienen fuerza de ley, y cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en ellas constituye un incumplimiento de la legislación en materia de valores o de futuros sobre materias primas.

(5)

Los resultados de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados organizados en Canadá son, en sustancia, equivalentes a los de los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE en los siguientes ámbitos: proceso de autorización, requisitos de definición, acceso al mercado organizado, requisitos organizativos, requisitos relativos a la alta dirección, admisión a negociación de instrumentos financieros, suspensión y exclusión de instrumentos de la negociación, vigilancia del cumplimiento de las normas del mercado organizado y acceso a los mecanismos de compensación y liquidación.

(6)

Con arreglo a la Directiva 2004/39/CE, los requisitos de transparencia prenegociación y posnegociación solo se aplican a las acciones admitidas a negociación en mercados regulados. A pesar de que las acciones pueden ser admitidas a negociación en mercados organizados autorizados en Canadá, la Comisión considera que la evaluación de esos requisitos no es pertinente a los efectos de la presente Decisión, dado que su objetivo es verificar la equivalencia de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados de terceros países en lo que se refiere a los contratos de derivados que se ejecutan en esos mercados.

(7)

Por consiguiente, cabe concluir que los resultados de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los mercados organizados autorizados en Canadá son equivalentes a los de los requisitos previstos en el título III de la Directiva 2004/39/CE.

(8)

Las SRA son responsables de la regulación y la supervisión de los mercados organizados autorizados en su jurisdicción. Entre sus competencias de supervisión se incluyen, entre otras, la facultad de adoptar decisiones respecto de la negociación y de la manera en que los mercados organizados llevan a cabo su actividad. Además, las condiciones de las órdenes de reconocimiento de los mercados organizados obligan a estos a comunicar a las SRA los supuestos incumplimientos de la legislación en materia de valores por parte de los participantes y sus clientes, así como a comunicarles periódicamente el estado de sus investigaciones y actuaciones disciplinarias. Para cumplir sus obligaciones en materia de supervisión, los mercados organizados disponen de personal con funciones de investigación y de control del cumplimiento que realiza un seguimiento permanente de la negociación y lleva a cabo exámenes in situ de la documentación relativa a la negociación de los participantes. Las SRA también tienen la facultad de imponer sanciones a los mercados organizados por las infracciones de la legislación en materia de valores (leyes, instrumentos nacionales, normas y órdenes de reconocimiento). Las sanciones pueden consistir en multas o amonestaciones, en la revocación de la orden de reconocimiento o la suspensión de la inscripción, o en la imposición de nuevas condiciones que deban cumplir los mercados organizados para ajustarse a lo dispuesto en la legislación en materia de valores.

(9)

Cabe, por tanto, concluir que se considera que dichos mercados financieros están sujetos en Canadá a una supervisión y ejecución efectivas de forma permanente.

(10)

Así pues, debe considerarse que las condiciones establecidas en el artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012 se cumplen en relación con los mercados organizados autorizados en Canadá.

(11)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en Canadá a los mercados organizados en el momento de su adopción. La Comisión debe continuar realizando un seguimiento regular de la evolución del marco jurídico y de supervisión aplicable a los mercados organizados, así como del cumplimiento de las condiciones en las que se basa la adopción de la presente Decisión. En particular, debe volver a examinar la presente Decisión teniendo en cuenta el inicio de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(12)

La revisión periódica del marco jurídico y de supervisión aplicable a los mercados organizados en Canadá debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión pueda emprender, en cualquier momento, una revisión específica cuando algún hecho importante la obligue a reevaluar la equivalencia reconocida por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/54

(1)

El procedimiento para el reconocimiento de las entidades de contrapartida central («ECC») establecidas en terceros países que se prevé en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 tiene por objeto permitir a las ECC establecidas y autorizadas en terceros países cuyas normas de regulación sean equivalentes a las contenidas en dicho Reglamento prestar servicios de compensación a miembros compensadores o plataformas de negociación establecidos en la Unión. Dicho procedimiento de reconocimiento y las decisiones de equivalencia previstas en él contribuyen, pues, a la realización del objetivo general del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, reducir el riesgo sistémico potenciando el recurso a ECC sólidas y seguras para la compensación de contratos de derivados extrabursátiles, incluso cuando dichas ECC estén establecidas y autorizadas en un tercer país.

(2)

Para que el régimen jurídico de un tercer país se considere equivalente al régimen jurídico de la Unión con respecto a las ECC, el resultado sustancial del marco jurídico y de supervisión aplicable debe ser equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. Por tanto, la finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que el marco jurídico y de supervisión de Nueva Zelanda garantiza que las ECC establecidas y autorizadas en dicho país no exponen a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a un nivel de riesgo más elevado que aquel al que quedarían expuestos por las ECC autorizadas en la Unión y que, por consiguiente, no suponen niveles inaceptables de riesgo sistémico en la Unión. En este sentido, debe, en particular, tenerse en cuenta el grado significativamente menor de riesgo inherente a las actividades de compensación realizadas en mercados financieros más pequeños que el mercado financiero de la Unión.

(3)

De conformidad con el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben cumplirse tres condiciones para determinar que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país con respecto a las ECC autorizadas en el mismo es equivalente al establecido en el citado Reglamento.

(4)

Con arreglo a la primera condición, las ECC autorizadas en un tercer país deben cumplir requisitos jurídicamente vinculantes que sean equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(5)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en Nueva Zelanda a las ECC autorizadas en dicho país se recogen en la Parte 5C de la Ley del Banco de Reserva de Nueva Zelanda de 1989 («reglas primarias») y las órdenes por las que se autoriza a las ECC como sistema de liquidación designado («órdenes de designación»). Las reglas primarias y las órdenes de designación fijan los requisitos que las ECC han de cumplir de forma permanente para poder prestar servicios de compensación en Nueva Zelanda. Las ECC establecidas en Nueva Zelanda pueden ser autorizadas como sistemas de liquidación designados por el Gobernador General, a propuesta del Ministro de Hacienda y del Ministro de Comercio y con arreglo a una recomendación conjunta del Banco de Nueva Zelanda y la Autoridad de Mercados Financieros (denominados conjuntamente «reguladores conjuntos»). Se pueden imponer condiciones para la autorización de una ECC como sistema de liquidación designado. Las órdenes de designación aprueban las normas y procedimientos internos específicos de cada sistema de liquidación designado, que contienen los requisitos que dichos sistemas de liquidación designados deben cumplir, y que deben ser coherentes con las orientaciones de alto nivel publicadas por los reguladores conjuntos. Con arreglo a la Ley del Banco de Reserva de Nueva Zelanda de 1989, los sistemas de liquidación designados deben cumplir las normas internacionales pertinentes relativas a los sistemas de compensación y liquidación, incluidos los Principios aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero (PIMF) enunciados en abril de 2012 por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (2) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO). Los reguladores conjuntos han publicado una declaración estratégica, denominada «The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems» (Designación y supervisión de los sistemas de liquidación designados), que obliga a dichos sistemas a cumplir los PIMF.

(6)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC autorizadas en Nueva Zelanda se estructuran, por tanto, en dos niveles. Los principios básicos contenidos en las reglas primarias conforman las normas de alto nivel que deben cumplir los sistemas de liquidación designados para poder ser autorizados a prestar servicios de compensación en Nueva Zelanda. Esas reglas primarias constituyen el primer nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes en Nueva Zelanda. A fin de demostrar el cumplimiento de las reglas primarias, los sistemas de liquidación designados deben presentar sus normas y procedimientos internos a los reguladores conjuntos para su aprobación. Dichas normas y procedimientos internos, junto con las órdenes de designación por las que se aprueban, constituyen el segundo nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en Nueva Zelanda, que deben prescribir, en detalle, la forma en que el sistema de liquidación designado satisfará dichas normas y los PIMF. Los reguladores conjuntos evalúan el cumplimiento por los sistemas de liquidación designados de esas normas y de los PIMF. Una vez que un sistema ha sido autorizado como sistema de liquidación designado, las normas y procedimientos internos pasan a ser jurídicamente vinculantes para el mismo y no pueden ser modificados si los reguladores conjuntos se oponen a ello.

(7)

La evaluación de la equivalencia del marco jurídico y de supervisión aplicable a los sistemas de liquidación designados establecidos en Nueva Zelanda debe tener en cuenta también el resultado que propician por lo que respecta a la reducción del nivel de riesgo al que se ven expuestos los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión al participar en esas entidades. El resultado en lo que respecta a la reducción del riesgo viene determinado, por una parte, por el nivel de riesgo inherente a las actividades de compensación llevadas a cabo por la ECC de que se trate, que depende del tamaño del mercado financiero en que opera, y, por otra, por la idoneidad del marco jurídico y de supervisión aplicable a las ECC para reducir el nivel de riesgo. Para lograr un resultado equivalente en lo que respecta a la reducción del riesgo, son necesarios unos requisitos más estrictos en la materia en el caso de las ECC que desarrollan sus actividades en mercados financieros más grandes, cuyo nivel inherente de riesgo es mayor, que en el de las ECC que llevan a cabo sus actividades en mercados financieros más pequeños, cuyo nivel inherente de riesgo es menor.

(8)

El mercado financiero en el que los sistemas de liquidación designados autorizados en Nueva Zelanda llevan a cabo sus actividades de compensación es de tamaño significativamente inferior al de aquel en que operan las ECC establecidas en la Unión. Durante los tres últimos años, el valor total de las operaciones con derivados compensadas en Nueva Zelanda ha representado menos del 1 % del valor total de las operaciones con derivados compensadas en la Unión. Por consiguiente, la participación en los sistemas de liquidación designados establecidos en Nueva Zelanda expone a los miembros compensadores y a las plataformas de negociación establecidos en la Unión a riesgos significativamente menores que los que conlleva su participación en las ECC autorizadas en la Unión.

(9)

El marco jurídico y de supervisión aplicable a los sistemas de liquidación designados establecidos en Nueva Zelanda puede, por lo tanto, considerarse equivalente si resulta adecuado para reducir dicho menor nivel de riesgo. Las reglas primarias aplicables a los sistemas de liquidación designados autorizados en Nueva Zelanda, complementadas por sus normas y procedimientos internos, que incorporan los PIMF, reducen el menor nivel de riesgo existente en Nueva Zelanda y logran un resultado de reducción del riesgo equivalente al perseguido por el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(10)

Por lo tanto, debe concluirse que el marco jurídico y de supervisión de Nueva Zelanda garantiza que los sistemas de liquidación designados autorizados en dicho país cumplen requisitos jurídicamente vinculantes que son equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(11)

Con arreglo a la segunda condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión de Nueva Zelanda con respecto a las ECC autorizadas en dicho país debe prever que tales ECC estén sometidas de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(12)

La supervisión de los sistemas de liquidación designados autorizados en Nueva Zelanda la llevan a cabo los reguladores conjuntos, que pueden solicitar información a los sistemas de liquidación designados y a sus participantes e imponerles sanciones si se niegan a atender dicha solicitud. Los reguladores conjuntos pueden revocar la autorización de un sistema de liquidación designado. Asimismo, supervisan el cumplimiento, por parte de los sistemas de liquidación designados, de las condiciones a que está sujeta la autorización de los mismos. Estas condiciones pueden incluir requisitos de notificación a los reguladores conjuntos de hechos significativos (tales como el incumplimiento del marco de gestión del riesgo o de la política de recursos financieros del sistema, o modificaciones de dicho marco o política), de presentación de informes periódicos a los reguladores conjuntos y de publicación de información, incluida una autoevaluación conforme a las normas internacionales pertinentes (PIMF). Los reguladores conjuntos se reúnen periódicamente con la alta dirección de los sistemas de liquidación designados y pueden revisar la autorización y someterla a condiciones adicionales o revocarla si no se cumplen los requisitos aplicables.

(13)

Cabe concluir, por lo tanto, que los sistemas de liquidación designados autorizados en Nueva Zelanda están sujetos de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(14)

Con arreglo a la tercera condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión de Nueva Zelanda debe incluir un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC autorizadas en virtud de regímenes jurídicos de terceros países («ECC de terceros países»).

(15)

Las ECC de terceros países pueden operar en Nueva Zelanda siempre que el marco jurídico y de supervisión aplicable a dichas entidades y a sus participantes sea jurídicamente sólido. Por otra parte, las ECC de terceros países deben estar sujetas a una supervisión efectiva que garantice el cumplimiento del marco jurídico y de supervisión aplicable. Se puede celebrar un memorándum de acuerdo entre el Banco de Nueva Zelanda y la autoridad de supervisión del tercer país competente respecto de la ECC.

(16)

Por lo tanto, debe considerarse que el marco jurídico y de supervisión de Nueva Zelanda establece un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC de terceros países.

(17)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en Nueva Zelanda, en el momento de su adopción, a los sistemas de liquidación designados. La Comisión, en colaboración con la AEVM, debe seguir realizando un seguimiento regular de la evolución del marco jurídico y de supervisión de los sistemas de liquidación designados en Nueva Zelanda, así como del cumplimiento de las condiciones en las que se basa la adopción de la presente Decisión.

(18)

La revisión periódica del marco jurídico y de supervisión aplicable en Nueva Zelanda a las ECC autorizadas en dicho país no ha de obstar para que la Comisión pueda emprender, en cualquier momento, una revisión específica, al margen de la revisión general, cuando hechos concretos la obliguen a reevaluar la equivalencia reconocida por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(19)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/57

(1)

El procedimiento para el reconocimiento de las entidades de contrapartida central («ECC») establecidas en terceros países que se prevé en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 tiene por objeto permitir a las ECC establecidas y autorizadas en terceros países cuyas normas de regulación sean equivalentes a las contenidas en dicho Reglamento prestar servicios de compensación a miembros compensadores o plataformas de negociación establecidos en la Unión. Dicho procedimiento de reconocimiento y la decisión de equivalencia prevista en él contribuyen, pues, a la realización del objetivo general del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, reducir el riesgo sistémico potenciando el recurso a ECC sólidas y seguras para la compensación de contratos de derivados extrabursátiles, incluso cuando dichas ECC estén establecidas y autorizadas en un tercer país.

(2)

Para que el régimen jurídico de un tercer país se considere equivalente al régimen jurídico de la Unión con respecto a las ECC, el resultado sustancial del marco jurídico y de supervisión aplicable debe ser equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. Por tanto, la finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que el marco jurídico y de supervisión de Japón garantiza que las ECC establecidas y autorizadas en dicho país no exponen a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a un nivel de riesgo más elevado que aquel al que quedarían expuestos por las ECC autorizadas en la Unión y que, por consiguiente, no suponen niveles inaceptables de riesgo sistémico en la Unión. En este sentido, debe, en particular, tenerse en cuenta el grado significativamente menor de riesgo inherente a las actividades de compensación realizadas en mercados financieros más pequeños que el mercado financiero de la Unión.

(3)

De conformidad con el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben cumplirse tres condiciones para determinar que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país con respecto a las ECC autorizadas en el mismo es equivalente al establecido en el citado Reglamento.

(4)

Con arreglo a la primera condición, las ECC autorizadas en un tercer país deben cumplir requisitos jurídicamente vinculantes que sean equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(5)

Los requisitos jurídicamente vinculantes de Japón aplicables a las ECC autorizadas en dicho país se recogen en la Ley de Mercados e Instrumentos Financieros de 2006, por la que se establece el marco de supervisión para los organismos de compensación de valores y derivados financieros, y la Ley sobre los Derivados de Materias Primas de 2009, que establece el marco de supervisión para los organismos de compensación de materias primas. La presente Decisión solo cubre el régimen establecido en la Ley sobre los Derivados de Materias Primas para los organismos de compensación de operaciones con materias primas («OCOMP»). Esta Ley establece los requisitos que los OCOMP han de cumplir de forma permanente para poder prestar servicios de compensación en Japón. Los OCOMP deben ser autorizados por el ministro competente, que puede establecer condiciones para la concesión de una autorización como OCOMP. El titular del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca («MASP») es el ministro competente respecto de los OCOMP que solo presten servicios de compensación en mercados de materias primas que dependen del MASP. El titular del Ministerio de Economía, Comercio e Industria («MECI») es el ministro competente respecto de los OCOMP que solo presten servicios de compensación en mercados de materias primas que dependen del MECI. Para los restantes OCOMP, son competentes tanto el titular del MECI como el titular del MASP.

(6)

Además, en noviembre de 2014, el MECI y el MASP publicaron las «Directrices Básicas para la Supervisión de los Organismos de Compensación de Materias Primas» («las Directrices»), que concretan el marco de supervisión relativo a los OCOMP a la luz de los Principios aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero (PIMF) enunciados en abril de 2012 por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (2) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, y en particular la forma en que los OCOMP deben cumplir la Ley sobre los Derivados de Materias Primas. Las Directrices se instrumentan en las normas y los procedimientos internos de los OCOMP.

(7)

Con arreglo a las reglas primarias, los OCOMP deben adoptar normas empresariales internas —las normas y procedimientos internos de los OCOMP— que se ajusten a la legislación y la normativa aplicables y que permitan que las operaciones con derivados se realicen de modo adecuado y seguro. Las normas empresariales internas también garantizan que la capacidad financiera de los OCOMP es suficiente para llevar a cabo la compensación de materias primas; que las previsiones de ingresos y gastos correspondientes a la actividad de los OCOMP son favorables; que el personal de los OCOMP dispone de conocimientos y experiencia suficientes para llevar a cabo la compensación de materias primas debidamente y con seguridad; y que la estructura y el sistema de los OCOMP se desarrollan de forma adecuada para que la liquidación pueda funcionar correctamente. Dichas normas y procedimientos internos deben ser aprobados por el ministro competente y no pueden ser modificados si este se opone a ello.

(8)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los OCOMP autorizados en Japón se estructuran, por tanto, en dos niveles. Los principios básicos relativos a los OCOMP contenidos en las reglas primarias conforman las normas de alto nivel que deben cumplir los OCOMP para poder ser autorizados a prestar servicios de compensación en Japón (conjuntamente, las «reglas primarias»). Esas reglas primarias constituyen el primer nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes que se aplican a los OCOMP en Japón. A fin de demostrar el cumplimiento de las reglas primarias, los OCOMP deben presentar sus normas y procedimientos internos al ministro competente para su aprobación. Dichas normas y procedimientos internos constituyen el segundo nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los OCOMP en Japón, que deben prescribir, en detalle, la forma en que el OCOMP solicitante satisfará dichas normas de conformidad con las Directrices. Por otra parte, las normas y los procedimientos internos de los OCOMP contienen disposiciones adicionales que complementan las reglas primarias. El MECI y el MASP evalúan el cumplimiento por los OCOMP de esas normas y de los PIMF. Una vez aprobados por el ministro competente, las normas y los procedimientos internos pasan a ser jurídicamente vinculantes para el OCOMP.

(9)

La evaluación de la equivalencia del marco jurídico y de supervisión aplicable a los OCOMP establecidos en Japón debe tener en cuenta también el resultado que propician por lo que respecta a la reducción del nivel de riesgo al que se ven expuestos los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión al participar en esas entidades. El resultado en lo que respecta a la reducción del riesgo viene determinado, por una parte, por el nivel de riesgo inherente a las actividades de compensación llevadas a cabo por la ECC de que se trate, que depende del tamaño del mercado financiero en que opera, y, por otra, por la idoneidad del marco jurídico y de supervisión aplicable a las ECC para reducir el nivel de riesgo. Para lograr un resultado equivalente en lo que respecta a la reducción del riesgo, son necesarios unos requisitos más estrictos en la materia en el caso de las ECC que desarrollan sus actividades en mercados financieros más grandes, cuyo nivel inherente de riesgo es mayor, que en el de las ECC que llevan a cabo sus actividades en mercados financieros más pequeños, cuyo nivel inherente de riesgo es menor.

(10)

El mercado financiero en el que los OCOMP autorizados en Japón llevan a cabo sus actividades de compensación es de tamaño significativamente inferior al de aquel en que operan las ECC establecidas en la Unión. Durante los tres últimos años, el valor total de las operaciones con derivados compensadas en Japón ha representado menos del 2 % del valor total de las operaciones con derivados compensadas en la Unión. Por consiguiente, la participación en los OCOMP establecidos en Japón expone a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a riesgos significativamente menores que los que conlleva su participación en las ECC autorizadas en la Unión.

(11)

El marco jurídico y de supervisión aplicable a los OCOMP establecidos en Japón puede, por lo tanto, considerarse equivalente si resulta adecuado para reducir dicho menor nivel de riesgo. Las reglas primarias aplicables a los OCOMP autorizados en Japón, completadas por las normas y los procedimientos internos, que incorporan los PIMF, reducen el menor nivel de riesgo existente en Japón y logran un resultado de reducción del riesgo equivalente al perseguido por el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(12)

Por lo tanto, debe concluirse que el marco jurídico y de supervisión de Japón garantiza que los OCOMP autorizados en dicho país cumplen requisitos jurídicamente vinculantes que son equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(13)

Con arreglo a la segunda condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión de Japón con respecto a las ECC autorizadas en dicho país debe prever que tales ECC estén sometidas de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(14)

El MECI y el MASP, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, son los encargados de la supervisión de los OCOMP autorizados en Japón. El MECI y el MASP pueden solicitar a los OCOMP y sus miembros compensadores que presenten informes u elementos justificativos relativos a sus activos o a su actividad. El MECI y el MASP también pueden llevar a cabo inspecciones de los OCOMP y sus miembros compensadores, incluido el examen de sus libros y documentos o cualquier otro elemento relacionado con su actividad. El MECI y el MASP pueden, si lo consideran necesario o adecuado para el funcionamiento correcto y fiable de los servicios de compensación, solicitar a los OCOMP que modifiquen sus estatutos, sus normas empresariales o de otro tipo o sus métodos empresariales, o que adopten las medidas necesarias para mejorar sus operaciones comerciales o el estado de sus activos. El MECI y el MASP pueden también imponer a los OCOMP medidas disciplinarias, así como multas, por incumplimiento de las disposiciones aplicables.

(15)

Cabe concluir, por lo tanto, que los OCOMP autorizados en Japón están sujetos de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(16)

Con arreglo a la tercera condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión de Japón debe incluir un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC autorizadas en virtud de regímenes jurídicos de terceros países («ECC de terceros países»).

(17)

Las ECC de terceros países pueden solicitar la autorización como OCOMP para prestar en Japón servicios idénticos a los que estén autorizadas a prestar en el tercer país de que se trate. La Agencia de Servicios Financieros de Japón, previa consulta con el ministro competente en relación con el mercado de cada materia prima, está facultada para designar las materias primas que se pueden negociar en un Mercado de Instrumentos Financieros con arreglo a la Ley de Mercados e Instrumentos Financieros de Japón. Si las ECC de terceros países compensan dichos contratos designados negociados en un Mercado de Instrumentos Financieros, pueden solicitar a la Agencia de Servicios Financieros de Japón una autorización como «ECC extranjera» que les permita prestar en Japón servicios idénticos a los que están autorizadas a prestar en ese tercer país. Los criterios aplicados a las ECC de terceros países que solicitan una autorización son similares a los aplicados a los organismos de compensación japoneses, pero las ECC de terceros países están exentas de determinados requisitos aplicables a las ECC nacionales autorizadas en Japón si han obtenido una autorización equivalente de la autoridad correspondiente de ese tercer país con la que la Agencia de Servicios Financieros de Japón haya celebrado un acuerdo de cooperación. Las ECC de terceros países que compensan contratos no designados para poder ser negociados en un Mercado de Instrumentos Financieros deben solicitar una autorización al MECI y al MASP con arreglo a la Ley sobre los Derivados de Materias Primas de Japón. Al considerar una solicitud de autorización, el MECI y el MASP toman en consideración la situación de la ECC en cuanto a autorización en el tercer país.

(18)

Por lo tanto, debe considerarse que el marco jurídico y de supervisión de Japón establece un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC de terceros países.

(19)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en Japón a los OCOMP en el momento de su adopción. La Comisión debe seguir realizando un seguimiento de la evolución del marco jurídico y de supervisión de Japón aplicable a los OCOMP y el cumplimiento de las condiciones que han servido de base para la adopción de la presente Decisión.

(20)

La revisión periódica del marco jurídico y de supervisión aplicable en Japón a las ECC autorizadas en dicho país no ha de obstar para que la Comisión, en cooperación con la Autoridad Europea de Valores y Mercados, pueda emprender, en cualquier momento, una revisión específica, al margen de la revisión general, cuando hechos concretos la obliguen a reevaluar la equivalencia reconocida por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(21)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/61

(1)

El procedimiento para el reconocimiento de las entidades de contrapartida central («ECC») establecidas en terceros países que se prevé en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 tiene por objeto permitir a las ECC establecidas y autorizadas en terceros países cuyas normas de regulación sean equivalentes a las contenidas en dicho Reglamento prestar servicios de compensación a miembros compensadores o plataformas de negociación establecidos en la Unión. Dicho procedimiento de reconocimiento y las decisiones de equivalencia previstas en él contribuyen, pues, a la realización del objetivo general del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, reducir el riesgo sistémico potenciando el recurso a ECC sólidas y seguras para la compensación de contratos de derivados extrabursátiles, incluso cuando dichas ECC estén establecidas y autorizadas en un tercer país.

(2)

Para que el régimen jurídico de un tercer país se considere equivalente al régimen jurídico de la Unión con respecto a las ECC, el resultado sustancial del marco jurídico y de supervisión aplicable debe ser equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. Por tanto, la finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que el marco jurídico y de supervisión de Brasil garantiza que las ECC establecidas y autorizadas en dicho país no exponen a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a un nivel de riesgo más elevado que aquel al que quedarían expuestos por las ECC autorizadas en la Unión y que, por consiguiente, no suponen niveles inaceptables de riesgo sistémico en la Unión. En este sentido, debe, en particular, tenerse en cuenta el grado significativamente menor de riesgo inherente a las actividades de compensación realizadas en mercados financieros más pequeños que el mercado financiero de la Unión.

(3)

De conformidad con el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben cumplirse tres condiciones para determinar que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país con respecto a las ECC autorizadas en el mismo es equivalente al establecido en el citado Reglamento.

(4)

Con arreglo a la primera condición, las ECC autorizadas en un tercer país deben cumplir requisitos jurídicamente vinculantes que sean equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(5)

Los requisitos jurídicamente vinculantes de Brasil aplicables a las ECC autorizadas en dicho país se recogen en la Ley 10214, de 27 de marzo de 2001, y las resoluciones del Consejo Monetario Nacional (CMN), las circulares del Banco Central de Brasil (BCB) y las instrucciones de la Comisión del Mercado de Valores de Brasil (CVM) adoptadas con arreglo a la misma. En particular, la Resolución 2882, modificada por la Resolución 3081, regula las actividades de las cámaras de compensación y de los prestadores de servicios de compensación, establece los principios aplicables al funcionamiento de las cámaras de compensación y a los prestadores de servicios de compensación y faculta al BCB para regular, autorizar y supervisar las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación.

(6)

Las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación establecidos en Brasil deben ser autorizados por el BCB a prestar servicios de compensación. Al considerar la autorización de las cámaras de compensación o de los prestadores de servicios de compensación, el BCB debe tener en cuenta la solidez, el correcto funcionamiento y la mejora del sistema de pagos de Brasil. El BCB también puede establecer «las condiciones que considere apropiadas» antes o después de conceder dicha autorización, basándose en la estabilidad del sistema financiero, el riesgo y la eficiencia de las cámaras de compensación y de los prestadores de servicios de compensación. Las cámaras de compensación que gestionen un sistema de importancia sistémica que genere riesgos para la solidez y el correcto funcionamiento del sistema financiero brasileño, lo cual deberá ser determinado por el BCB según el volumen y la naturaleza de los sistemas de compensación, pueden estar sujetas a normas diferentes de las aplicables al resto de cámaras de compensación y prestadores de servicios de compensación.

(7)

El BCB ha adoptado diversas medidas para aplicar la Resolución 2882 y garantizar el cumplimiento, por parte de las cámaras de compensación y de los prestadores de servicios de compensación, de los valores, principios y normas aplicables al sistema de pagos. En particular, la Circular 3057 regula con todo detalle el funcionamiento de las cámaras de compensación y de los prestadores de servicios de compensación y establece diversos requisitos que deben cumplir, entre los que se incluyen requisitos de capital, normas sobre transparencia, medidas de control de riesgos y requisitos operativos. El BCB ha publicado el Comunicado n.o 25097 sobre la adopción de los Principios aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero (PIMF) enunciados en abril de 2012 por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (2) (CSPL/CPSS) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO), en virtud del cual el BCB aplica los PIMF al supervisar y vigilar las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación.

(8)

De conformidad con la Circular 3057, las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación deben adoptar normas y procedimientos internos que garanticen el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes y abarquen todos los aspectos pertinentes relacionados con su funcionamiento, incluidas las salvaguardias para la gestión de los riesgos de crédito, de liquidez y operativo. En el procedimiento de autorización, dichas normas y procedimientos internos se presentan al BCB, que los evalúa en primer lugar. Además, las modificaciones significativas de las normas y los procedimientos internos también deben ser aprobadas por el BCB. Las modificaciones no significativas de las normas y los procedimientos internos deben comunicarse al BCB en un plazo de 30 días desde su realización, y el BCB puede oponerse a ellas.

(9)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC autorizadas en Brasil se estructuran, por tanto, en dos niveles. Los principios básicos contenidos en la Ley 10214 y las resoluciones, circulares e instrucciones adoptadas con arreglo a la misma establecen las normas de alto nivel que las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación deben cumplir para poder ser autorizados a prestar servicios de compensación en Brasil (conjuntamente, «reglas primarias»). Esas reglas primarias constituyen el primer nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes en Brasil. A fin de demostrar el cumplimiento de las reglas primarias, las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación deben presentar sus normas y procedimientos internos al BCB para su aprobación o aceptación. Dichas normas y procedimientos internos constituyen el segundo nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes en Brasil, que deben prescribir, en detalle, la forma en que las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación han de satisfacer dichas normas. El BCB evaluará el cumplimiento de esas normas y de los PIMF por parte de las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación. Una vez aprobados por el BCB, las normas y los procedimientos internos pasan a ser jurídicamente vinculantes para las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación.

(10)

La evaluación de la equivalencia del marco jurídico y de supervisión aplicable a las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación en Brasil debe tener en cuenta también el resultado que propician por lo que respecta a la reducción del nivel de riesgo al que se ven expuestos los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión al participar en esas entidades. El resultado en lo que respecta a la reducción del riesgo viene determinado, por una parte, por el nivel de riesgo inherente a las actividades de compensación llevadas a cabo por la ECC de que se trate, que depende del tamaño del mercado financiero en que opera, y, por otra, por la idoneidad del marco jurídico y de supervisión aplicable a las ECC para reducir el nivel de riesgo. Para lograr un resultado equivalente en lo que respecta a la reducción del riesgo, son necesarios unos requisitos más estrictos en la materia en el caso de las ECC que desarrollan sus actividades en mercados financieros más grandes, cuyo nivel inherente de riesgo es mayor, que en el de las ECC que llevan a cabo sus actividades en mercados financieros más pequeños, cuyo nivel inherente de riesgo es menor.

(11)

El mercado financiero en el que las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación establecidos en Brasil llevan a cabo sus actividades de compensación es de tamaño significativamente inferior al de aquel en que operan las ECC establecidas en la Unión. Durante los tres últimos años, el valor total de las operaciones con derivados compensadas en Brasil ha representado menos del 3 % del valor total de las operaciones con derivados compensadas en la Unión. Por consiguiente, la participación en las cámaras de compensación y en los prestadores de servicios de compensación expone a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a riesgos significativamente menores que los que conlleva su participación en las ECC autorizadas en la Unión.

(12)

El marco jurídico y de supervisión aplicable a las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación establecidos en Brasil puede, por lo tanto, considerarse equivalente si resulta adecuado para reducir dicho menor nivel de riesgo. Las reglas primarias aplicables a las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación, complementadas por sus normas y procedimientos internos, que exigen el cumplimiento de los PIMF, reducen el menor nivel de riesgo existente en Brasil y logran un resultado de reducción del riesgo equivalente al perseguido por el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(13)

Por lo tanto, debe concluirse que el marco jurídico y de supervisión de Brasil garantiza que las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación autorizados en dicho país cumplen requisitos jurídicamente vinculantes que son equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(14)

Con arreglo a la segunda condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión de Brasil con respecto a las ECC autorizadas en dicho país debe prever que tales ECC estén sometidas de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(15)

El BCB realiza un seguimiento continuo del cumplimiento, por parte de las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación, de los requisitos jurídicamente vinculantes que les son aplicables. Además, el BCB dispone de diversos medios para garantizar dicho cumplimiento. En particular, el BCB está facultado para solicitar información a las cámaras de compensación y a los prestadores de servicios de compensación, formularles advertencias y solicitarles que introduzcan en sus normas las modificaciones que se consideren necesarias. Además, el BCB también puede imponer multas a las cámaras de compensación o los prestadores de servicios de compensación por las infracciones de los requisitos jurídicamente vinculantes que les son aplicables, e incluso está facultado para retirarles la autorización.

(16)

Cabe concluir, por lo tanto, que las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación autorizados en Brasil están sujetos de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(17)

Con arreglo a la tercera condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión de Brasil debe incluir un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC autorizadas en virtud de regímenes jurídicos de terceros países («ECC de terceros países»).

(18)

Las ECC autorizadas en un tercer país cuyo marco jurídico y de supervisión garantice resultados similares a los garantizados por el marco jurídico y de supervisión aplicable en Brasil y cumpla los PIMF, que tenga una normativa equivalente en materia de blanqueo de capitales y en el que las ECC estén sujetas a una supervisión efectiva, pueden prestar servicios en Brasil. Asimismo, con vistas a otorgar reconocimiento, se requiere la celebración de acuerdos de cooperación entre el BCB y la autoridad del tercer país competente respecto de la ECC solicitante.

(19)

Por lo tanto, debe considerarse que el marco jurídico y de supervisión de Brasil establece un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC de terceros países.

(20)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en Brasil, en el momento de su adopción, a las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación. La Comisión debe seguir realizando un seguimiento regular de la evolución del marco jurídico y de supervisión aplicable a las cámaras de compensación y los prestadores de servicios de compensación, así como del cumplimiento de las condiciones en las que se basa la adopción de la presente Decisión.

(21)

La revisión periódica del marco jurídico y de supervisión aplicable en Brasil a las ECC autorizadas en dicho país no ha de obstar para que la Comisión pueda emprender, en cualquier momento, una revisión específica, al margen de la revisión general, cuando hechos concretos la obliguen a reevaluar la equivalencia reconocida por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(22)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/65

(1)

El procedimiento para el reconocimiento de las entidades de contrapartida central («ECC») establecidas en terceros países que se prevé en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 tiene por objeto permitir a las ECC establecidas y autorizadas en terceros países cuyas normas de regulación sean equivalentes a las contenidas en dicho Reglamento prestar servicios de compensación a miembros compensadores o plataformas de negociación establecidos en la Unión. Dicho procedimiento de reconocimiento y la decisión de equivalencia prevista en el mismo contribuyen, pues, a la realización del objetivo general del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, reducir el riesgo sistémico potenciando el recurso a ECC sólidas y seguras para la compensación de contratos de derivados extrabursátiles, incluso cuando dichas ECC estén establecidas y autorizadas en un tercer país.

(2)

Para que el régimen jurídico de un tercer país se considere equivalente al régimen jurídico de la Unión con respecto a las ECC, el resultado sustancial del marco jurídico y de supervisión aplicable debe ser equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. Por tanto, la finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que el marco jurídico y de supervisión del Centro Financiero Internacional de Dubai (en lo sucesivo, «DIFC», por sus siglas en inglés) garantiza que las ECC establecidas y autorizadas en el mismo no exponen a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a un nivel de riesgo más elevado que aquel al que quedarían expuestos por las ECC autorizadas en la Unión y que, por consiguiente, no suponen niveles inaceptables de riesgo sistémico en la Unión. En este sentido, debe, en particular, tenerse en cuenta el grado significativamente menor de riesgo inherente a las actividades de compensación realizadas en mercados financieros más pequeños que el mercado financiero de la Unión.

(3)

De conformidad con el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben cumplirse tres condiciones para determinar que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país con respecto a las ECC autorizadas en el mismo es equivalente al establecido en el citado Reglamento.

(4)

Con arreglo a la primera condición, las ECC autorizadas en un tercer país deben cumplir requisitos jurídicamente vinculantes que sean equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(5)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en el DIFC a las ECC autorizadas en el mismo se recogen en la Ley Reguladora de 2004 y en la Ley de Mercados de 2012 («Normativa del DIFC»). Estas normas se complementan con el Código Normativo de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai («Dubai Financial Services Authority» o «DFSA», por sus siglas en inglés), que contiene un módulo sobre las entidades del mercado autorizadas («AMI», por sus siglas en inglés).

(6)

Las entidades de contrapartida central establecidas en el DIFC deben ser autorizadas por la DFSA como AMI. La presente Decisión solo se refiere al régimen aplicable a las AMI que prestan el servicio financiero autorizado consistente en gestionar una cámara de compensación en el DIFC. Para que se les conceda una autorización de compensación, las AMI tienen que cumplir los requisitos específicos establecidos por la DFSA en su Código Normativo. Las AMI deben prestar los servicios de compensación de forma segura y eficaz y deben gestionar con prudencia los riesgos asociados a sus actividades y operaciones. Además, deben disponer de suficientes recursos financieros, humanos y de sistemas.

(7)

La Normativa del DIFC aplica íntegramente las normas internacionales establecidas de conformidad con los Principios aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero (PIMF) enunciados en abril de 2012 por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (2) (CSPL/CPSS) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO).

(8)

La Normativa del DIFC también exige que las AMI adopten las normas y procedimientos internos que garanticen el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes y que sean necesarios para la adecuada regulación de sus servicios de compensación y liquidación. La Norma 5.6 sobre las AMI exige que dichas normas y procedimientos internos contengan disposiciones específicas, en particular en materia de impago. Dichas normas y procedimientos internos, así como cualquier modificación de los mismos, han de someterse a la DFSA antes de su aplicación. La DFSA puede rechazar las normas propuestas o exigir modificaciones de las mismas. De conformidad con la Normativa del DIFC, las normas internas de las AMI son jurídicamente vinculantes y oponibles a los miembros y otros participantes.

(9)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las AMI autorizadas en el DIFC se estructuran, por tanto, en dos niveles. Los principios fundamentales que figuran en el Código Normativo de la DFSA y en la Normativa del DIFC conforman las normas de alto nivel que deben cumplir las AMI para poder ser autorizadas a prestar servicios de compensación en el DIFC (conjuntamente, «reglas primarias»). Esas reglas primarias constituyen el primer nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes en el DIFC. A fin de demostrar su conformidad con las reglas primarias, la Norma 5.6 sobre las AMI, relativa a las «normas de actividad», exige que las AMI presenten las normas y procedimientos internos elaborados a la DFSA para que los apruebe con carácter previo a su aplicación, pudiendo la DFSA rechazarlos o vetarlos. Las normas y procedimientos internos constituyen el segundo nivel de requisitos en el DIFC.

(10)

La evaluación de la equivalencia del marco jurídico y de supervisión aplicable a las AMI en el DIFC debe tener en cuenta también el resultado que propician por lo que respecta a la reducción del nivel de riesgo al que se ven expuestos los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión al participar en esas entidades. El resultado en lo que respecta a la reducción del riesgo viene determinado, por una parte, por el nivel de riesgo inherente a las actividades de compensación llevadas a cabo por la ECC de que se trate, que depende del tamaño del mercado financiero en que opera, y, por otra, por la idoneidad del marco jurídico y de supervisión aplicable a las ECC para reducir el nivel de riesgo. Para lograr un resultado equivalente en lo que respecta a la reducción del riesgo, son necesarios unos requisitos más estrictos en la materia en el caso de las ECC que desarrollan sus actividades en mercados financieros más grandes, cuyo nivel inherente de riesgo es mayor, que en el de las ECC que llevan a cabo sus actividades en mercados financieros más pequeños, cuyo nivel inherente de riesgo es menor.

(11)

El mercado financiero en el que las AMI autorizadas en el DIFC llevan a cabo sus actividades de compensación es de tamaño significativamente inferior al de aquel en que operan las ECC establecidas en la Unión. Desde 2011, el volumen de negociación o de compensación de derivados ha sido mínimo. Por consiguiente, la participación en las ECC autorizadas en el DIFC expone a los miembros compensadores y a las plataformas de negociación establecidos en la Unión a riesgos significativamente menores que los que conlleva su participación en las ECC autorizadas en la Unión.

(12)

El marco jurídico y de supervisión aplicable a las ECC autorizadas en el DIFC puede, por lo tanto, considerarse equivalente si resulta adecuado para reducir dicho menor nivel de riesgo. Las reglas primarias aplicables a tales ECC, complementadas por sus normas y procedimientos internos, que exigen el cumplimiento de los PIMF, reducen el menor nivel de riesgo existente en el DIFC y logran un resultado de reducción del riesgo equivalente al perseguido por el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(13)

Por lo tanto, debe concluirse que el marco jurídico y de supervisión del DIFC garantiza que las AMI autorizadas en él cumplen requisitos jurídicamente vinculantes que son equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(14)

Con arreglo a la segunda condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión del DIFC con respecto a las ECC autorizadas en él debe prever que tales ECC estén sometidas de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(15)

La DFSA, como supervisor de las AMI del DIFC, somete a estas a control para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables. Tiene competencia general para autorizarlas y sancionarlas, lo que incluye, entre otras cosas, la facultad de anular la autorización de las AMI y de imponerles sanciones. La DFSA lleva a cabo una supervisión diaria y adopta un ciclo de gestión continua de riesgos que incluye la detección, la evaluación, la priorización y la reducción de riesgos. La Ley Reguladora de 2004 confiere a la DFSA amplias competencias para hacer cumplir sus disposiciones y normas. La DFSA está facultada para llevar a cabo investigaciones sobre supuestas infracciones de sus normas y tiene competencias para realizar inspecciones, obtener libros y registros de forma coactiva o someter a las personas físicas a interrogatorios bajo juramento o promesa solemne. La DFSA puede, entre otras medidas, imponer sanciones pecuniarias, amonestar públicamente y prohibir a personas concretas operar en el DIFC.

(16)

Cabe concluir, por lo tanto, que las AMI autorizadas en el DIFC están sujetas de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(17)

Con arreglo a la tercera condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión del DIFC debe incluir un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC autorizadas en virtud de regímenes jurídicos de terceros países («ECC de terceros países»).

(18)

Las ECC de terceros países que deseen compensar operaciones con derivados en el DIFC han de solicitar el reconocimiento de la DFSA. El Módulo de Reconocimiento establece los criterios y el procedimiento para el reconocimiento.

(19)

Para que se conceda el reconocimiento, el país o territorio en el que esté establecida la ECC debe disponer de un régimen regulador suficientemente sólido y similar al marco jurídico y de supervisión aplicable en el DIFC. Asimismo, antes de que se apruebe la solicitud de las ECC de terceros países, es preciso que las autoridades competentes del DIFC y de los terceros países celebren acuerdos de cooperación.

(20)

Por lo tanto, debe considerarse que el marco jurídico y de supervisión del DIFC establece un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC de terceros países.

(21)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en el DIFC a las AMI en el momento de su adopción. La Comisión, en colaboración con la AEVM, debe seguir realizando un seguimiento regular de la evolución del marco jurídico y de supervisión de las AMI, así como del cumplimiento de las condiciones en las que se basa la adopción de la presente Decisión.

(22)

La revisión periódica del marco jurídico y de supervisión aplicable en el DIFC a las ECC autorizadas en él no ha de obstar para que la Comisión pueda emprender, en cualquier momento, una revisión específica, al margen de la revisión general, cuando hechos concretos la obliguen a reevaluar la equivalencia reconocida por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(23)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

16.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 342/68

(1)

El procedimiento para el reconocimiento de las entidades de contrapartida central («ECC») establecidas en terceros países que se prevé en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 tiene por objeto permitir a las ECC establecidas y autorizadas en terceros países cuyas normas de regulación sean equivalentes a las contenidas en dicho Reglamento prestar servicios de compensación a miembros compensadores o plataformas de negociación establecidos en la Unión. Dicho procedimiento de reconocimiento y las decisiones de equivalencia previstas en él contribuyen, pues, a la realización del objetivo general del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, reducir el riesgo sistémico potenciando el recurso a ECC sólidas y seguras para la compensación de contratos de derivados extrabursátiles, incluso cuando dichas ECC estén establecidas y autorizadas en un tercer país.

(2)

Para que el régimen jurídico de un tercer país se considere equivalente al régimen jurídico de la Unión con respecto a las ECC, el resultado sustancial del marco jurídico y de supervisión aplicable debe ser equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. Por tanto, la finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que el marco jurídico y de supervisión de los Emiratos Árabes Unidos («EAU») garantiza que las ECC establecidas y autorizadas en dicho país no exponen a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a un nivel de riesgo más elevado que aquel al que quedarían expuestos por las ECC autorizadas en la Unión y que, por consiguiente, no suponen niveles inaceptables de riesgo sistémico en la Unión. En este sentido, debe, en particular, tenerse en cuenta el grado significativamente menor de riesgo inherente a las actividades de compensación realizadas en mercados financieros más pequeños que el mercado financiero de la Unión.

(3)