15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/1

(1)

En su Comunicación titulada «Acta del Mercado Único — Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza — “Juntos por un nuevo crecimiento”» adoptada el 13 de abril de 2011, la Comisión señalaba la necesidad de aumentar la transparencia de la información social y medioambiental facilitada por las empresas de todos los sectores a un nivel alto similar en todos los Estados miembros. Esto es totalmente coherente con la posibilidad de que los Estados miembros exijan, en su caso, nuevas mejoras en la transparencia de la información no financiera de las empresas, lo cual por su propia naturaleza supone un esfuerzo continuo.

(2)

La necesidad de mejorar la divulgación de información de contenido social y medioambiental por parte de las empresas, mediante la presentación de una propuesta legislativa en este ámbito, se reiteró en la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas», adoptada el 25 de octubre de 2011.

(3)

En sus Resoluciones de 6 de febrero de 2013 sobre responsabilidad social de las empresas, tituladas, respectivamente, «Comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible» y «Promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora», el Parlamento Europeo reconocía la importancia de que las empresas divulguen información sobre la sostenibilidad, como pueden ser los factores sociales y medioambientales, con el fin de identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores y los consumidores. De hecho, la divulgación de información no financiera resulta esencial para la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente. En este contexto, la divulgación de información no financiera contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. Así pues, el Parlamento Europeo instó a la Comisión a presentar una propuesta legislativa sobre divulgación de información no financiera por parte de las empresas, que permita una gran flexibilidad en la actuación para tener en cuenta la naturaleza multidimensional de la responsabilidad social de las empresas (RSE) y la diversidad de políticas de RSE aplicadas por las empresas, teniendo al mismo tiempo un nivel suficiente de comparabilidad que responda a las necesidades de los inversores y otras partes interesadas, así como a la necesidad de ofrecer a los consumidores un acceso sencillo a la información sobre las repercusiones de las empresas en la sociedad.

(4)

La coordinación de las disposiciones nacionales aplicables a la divulgación de información no financiera relativa a determinadas grandes empresas es importante para los intereses de las empresas, los accionistas y las demás partes interesadas. La coordinación en esos ámbitos es necesaria, ya que la mayoría de esas empresas opera en varios Estados miembros.

(5)

Es necesario asimismo establecer determinados requisitos legales mínimos acerca del alcance de la información que las empresas deben poner a disposición del público y de las autoridades en la Unión. Las empresas sujetas a la presente Directiva deben ofrecer una imagen fiel y completa de sus políticas, resultados y riesgos.

(6)

Con el fin de mejorar la coherencia y la comparabilidad de la información no financiera divulgada en la Unión, algunas grandes empresas deben preparar un estado no financiero que contenga información relativa por lo menos a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Ese estado debe incluir una descripción de las políticas, resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y debe incluirse en el informe de gestión de la empresa de que se trate. El estado no financiero debe asimismo incluir información sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa, también en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, cuando sea pertinente y proporcionado, con el fin de detectar, prevenir y atenuar los efectos adversos existentes y potenciales. Los Estados miembros deben poder eximir a las empresas sujetas a la presente Directiva de la obligación de elaborar un estado no financiero, cuando la empresa presente un informe separado correspondiente al mismo ejercicio y que incluya el mismo contenido.

(7)

En caso de que se exija a las empresas la elaboración de un estado no financiero, dicho estado debe incluir, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la contaminación atmosférica. Por lo que respecta a las cuestiones sociales y relativas al personal, la información facilitada en el estado puede hacer referencia a las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales, y/o las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de esas comunidades. Por lo que se refiere a los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y al soborno, el estado no financiero podría incluir información sobre la prevención de las violaciones de los derechos humanos y/o sobre los instrumentos existentes para luchar contra la corrupción y el soborno.

(8)

Las empresas sujetas a la presente Directiva deben facilitar información adecuada sobre aquellos aspectos respecto de los que existen más probabilidades de que se materialicen los principales riesgos de efectos graves, junto con los aspectos respecto de los que dichos riesgos ya se han materializado. La importancia de dichos efectos debe evaluarse teniendo en cuenta sus dimensiones y su gravedad. Los riesgos de efectos adversos pueden derivarse de actividades propias de la empresa o pueden estar vinculados a sus actividades, y, cuando sea pertinente y proporcionado, sus productos, servicios o relaciones comerciales, incluidas las cadenas de suministro y subcontratación. Esto no debe entrañar unas cargas administrativas adicionales innecesarias para las pequeñas y medianas empresas.

(9)

Al facilitar esa información, las empresas sujetas a la presente Directiva pueden basarse en marcos nacionales, en marcos de la Unión, como el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), o en marcos internacionales, tales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que ponen en práctica el marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar», las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, la norma (ISO) 26000 de la Organización Internacional de Normalización, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo, la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes, u otros marcos internacionales reconocidos.

(10)

Los Estados miembros deben asegurarse de que existen medios adecuados y eficaces para garantizar la divulgación de información no financiera por parte de las empresas, de conformidad con la presente Directiva. A tal efecto, los Estados miembros deben garantizar que existen unos procedimientos nacionales eficaces para hacer cumplir las obligaciones establecidas en la presente Directiva, y que dichos procedimientos están a disposición de todas las personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo, con arreglo al Derecho nacional, en garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

(11)

El punto 47 del documento final de la Conferencia «Río +20» de las Naciones Unidas, titulado «El futuro que queremos», reconoce la importancia de la presentación de informes sobre sostenibilidad empresarial y alienta a las empresas a que, según proceda, consideren la posibilidad de incorporar información sobre sostenibilidad a su ciclo de presentación de informes. Asimismo, alienta a la industria, los gobiernos interesados y las partes interesadas pertinentes a que, con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas, según proceda, confeccionen modelos de buenas prácticas y faciliten la adopción de medidas en favor de la incorporación de información financiera y no financiera, teniendo en cuenta las experiencias de los marcos normativos ya existentes.

(12)

El acceso de los inversores a la información no financiera constituye un paso adelante en la consecución del objetivo contemplado en la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, consistente en que, de aquí a 2020, se incentive a las empresas, a través de los mercados y de las políticas, para que inviertan en eficiencia.

(13)

El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 24 y 25 de marzo de 2011, pidió que la carga normativa general, principalmente la que soportan las pequeñas y medianas empresas (pymes), se reduzca a escala europea y nacional y propuso medidas para aumentar la productividad, mientras que la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador tiene como finalidad mejorar el entorno empresarial de las pymes y fomentar su internacionalización. Por consiguiente, de conformidad con el principio de «pensar primero a pequeña escala», los nuevos requisitos de divulgación deben aplicarse únicamente a determinadas grandes empresas y a determinados grupos.

(14)

El ámbito de aplicación de dichos requisitos sobre divulgación de información no financiera debe definirse en función del número medio de empleados, del total del balance y del volumen de negocios neto. Las pymes deben ser eximidas de requisitos adicionales, y la obligación de incluir una declaración no financiera solo debe aplicarse a las grandes empresas que sean entidades de interés público y a las entidades de interés público que sean empresas matrices de un gran grupo, en cada caso con un número medio de empleados superior a 500, sobre una base consolidada por lo que respecta a los grupos. Esto no debe impedir a los Estados miembros exigir la divulgación de información no financiera a empresas y grupos que no sean empresas sujetas a la presente Directiva.

(15)

Muchas de las empresas que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) forman parte de grupos de empresas. Procede elaborar informes consolidados de gestión para que la información concerniente a esos grupos de empresas pueda hacerse llegar a los socios y a terceros. Con el fin de alcanzar los objetivos de comparabilidad y coherencia de la información que las empresas deben publicar en la Unión, es preciso coordinar las normativas nacionales que regulan los informes consolidados de gestión.

(16)

Los auditores legales y las sociedades de auditoría únicamente deben comprobar que se haya facilitado el estado no financiero o el informe separado. Además, los Estados miembros deben poder exigir la verificación de la información incluida en el estado no financiero o en el informe separado por parte de un prestador independiente de servicios de verificación.

(17)

Con miras a facilitar la divulgación de información no financiera por parte de las empresas, la Comisión debe preparar unas directrices no vinculantes, que incluyan unos indicadores clave de resultados no financieros de carácter general y sectorial. La Comisión debe tener en cuenta las mejores prácticas existentes, la evolución internacional y los resultados de iniciativas conexas en la Unión. La Comisión debe efectuar las consultas oportunas, también con las partes interesadas. Cuando se refiera a aspectos medioambientales, la Comisión debe incluir, como mínimo, el uso de la tierra, el consumo de agua, las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de materiales.

(18)

La diversidad de competencias y puntos de vista de los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de las empresas facilita una buena comprensión de la organización empresarial y de los negocios de la empresa de que se trate. Esa diversidad permite a los miembros de esos órganos ejercer una crítica constructiva de las decisiones de la dirección y ser más receptivos a las ideas innovadoras, combatiendo así el fenómeno del «pensamiento de grupo», caracterizado por la semejanza de los puntos de vista de los miembros. La diversidad contribuye así a una supervisión eficaz de la dirección y a una gobernanza satisfactoria de la empresa. Es importante, pues, mejorar la transparencia con respecto a la política de diversidad aplicada. Con ello se informaría al mercado de las prácticas de gobierno corporativo y se presionaría así indirectamente a las empresas para que aumenten la diversidad de sus consejos de administración.

(19)

Únicamente algunas grandes empresas deben estar obligadas a divulgar las políticas de diversidad que aplican a sus órganos de administración, dirección y supervisión con respecto a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, o la formación y experiencia profesionales. La divulgación de la política de diversidad debe formar parte de la declaración sobre gobernanza empresarial, tal como establece el artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE. En caso de no aplicarse una política de diversidad, no debe existir obligación alguna de establecerla, aunque la declaración sobre gobernanza empresarial ha de explicar claramente el motivo por el que no se aplica.

(20)

Se ha tomado nota de las iniciativas a escala de la Unión, incluida la presentación de informes por país para distintos sectores, así como de las referencias del Consejo Europeo, en sus conclusiones de 22 de mayo de 2013 y de 19 y 20 de diciembre de 2013, a los informes desglosados por país elaborados por grandes empresas y grupos, así como de disposiciones similares contenidas en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y de los esfuerzos internacionales orientados a mejorar la transparencia en los informes financieros. En el contexto del G8 y el G20, se ha pedido a la OCDE que elabore un modelo normalizado de presentación de informes mediante el que las empresas multinacionales comuniquen a las autoridades tributarias dónde generan sus beneficios y pagan impuestos en todo el mundo. Estos avances complementan las propuestas contenidas en la presente Directiva, como medidas apropiadas para sus respectivos fines.

(21)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, incrementar la pertinencia, la coherencia y la comparabilidad de la información divulgada por determinadas grandes empresas y determinados grupos en la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su efecto, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(22)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluyen la libertad de empresa, el respeto de la vida privada y la protección de los datos de carácter personal. La presente Directiva debe aplicarse con arreglo a esos derechos y principios.

(23)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2013/34/UE en consecuencia.

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 19 bis

Estado no financiero

1.   Las grandes empresas que sean entidades de interés público que, en sus fechas de cierre del balance, superen el criterio de un número medio de empleados superior a 500 durante el ejercicio, incluirán en el informe de gestión un estado no financiero que contenga información, en la medida en que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y el impacto de su actividad, relativa, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, y que incluya:

En el caso de que la empresa no aplique ninguna política en relación con una o varias de esas cuestiones, el estado no financiero ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto.

El estado no financiero mencionado en el párrafo primero incluirá también, en su caso, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en los estados financieros anuales.

Los Estados miembros podrán permitir que, en casos excepcionales, se omita la información relativa a acontecimientos inminentes o cuestiones en curso de negociación cuando, en la opinión debidamente justificada de los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión, que actúen dentro de los límites de las competencias que les confiera el Derecho nacional y sean colectivamente responsables de dicha opinión, la divulgación de dicha información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial de la empresa, siempre que esa omisión no impida una comprensión fiel y equilibrada de la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y del impacto de su actividad.

Al exigir la divulgación de la información a que se refiere el párrafo primero, los Estados miembros dispondrán que las empresas pueden basarse en marcos normativos nacionales, de la Unión o internacionales, y en tal caso, las empresas especificarán en qué marcos se han basado.

2.   Se considerará que las empresas que cumplan la obligación establecida en el apartado 1 han cumplido la obligación relativa al análisis de información no financiera previsto en el artículo 19, apartado 1, párrafo tercero.

3.   Cuando una empresa sea una empresa filial, estará exenta de la obligación establecida en el apartado 1 si la empresa y sus filiales están incluidas en el informe de gestión consolidado o el informe separado de otra empresa, elaborado de conformidad con el artículo 29 y con el presente artículo.

4.   Cuando una empresa elabore un informe separado correspondiente al mismo ejercicio basándose o no en marcos normativos nacionales, de la Unión o internacionales y que incluya la información que se exige para el estado no financiero como se establece en el apartado 1, los Estados miembros podrán eximir a dicha empresa de la obligación de elaborar el estado no financiero establecida en el apartado 1, a condición de que dicho informe separado:

El apartado 2 se aplicará mutatis mutandis a las empresas que elaboren un informe separado tal como se indica en el párrafo primero del presente apartado.

5.   Los Estados miembros velarán por que el auditor legal o la sociedad de auditoría compruebe si se ha facilitado el estado no financiero mencionado en el apartado 1 o el informe separado mencionado en el apartado 4.

6.   Los Estados miembros podrán exigir que la información contenida en el estado no financiero mencionado en el apartado 1 o el informe separado mencionado en el apartado 4 sea verificada por un prestador independiente de servicios de verificación.»

2)

El artículo 20 se modifica como sigue:

3)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 29 bis

Estado no financiero consolidado

1.   Las entidades de interés público que sean empresas matrices de un gran grupo que, en sus fechas de cierre del balance, superen el criterio de un número medio de empleados superior a 500 durante el ejercicio, incluirán en el informe de gestión consolidado un estado no financiero consolidado que contenga información, en la medida en que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad, relativa, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, y que incluya:

En el caso de que el grupo no aplique ninguna política en relación con una o varias de esas cuestiones, el estado no financiero consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto.

El estado no financiero consolidado mencionado en el párrafo primero incluirá también, en su caso, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en los estados financieros consolidados.

Los Estados miembros podrán permitir que, en casos excepcionales, se omita la información relativa a acontecimientos inminentes o cuestiones en curso de negociación cuando, en la opinión debidamente justificada de los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión, que actúen dentro de los límites de las competencias que les confiera el Derecho nacional y sean colectivamente responsables de dicha opinión, la divulgación de dicha información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial del grupo, siempre que esa omisión no impida una comprensión fiel y equilibrada de la evolución, los resultados y la situación del grupo, y del impacto de su actividad.

Al exigir la divulgación de la información a que se refiere el párrafo primero, los Estados miembros dispondrán que la empresa matriz puede basarse en marcos normativos nacionales, de la Unión o internacionales, y en tal caso, la empresa matriz especificará en qué marcos se ha basado.

2.   Se considerará que las empresas matrices que cumplan la obligación establecida en el apartado 1 han cumplido la obligación relativa al análisis de información no financiera establecida en el artículo 19, apartado 1, párrafo tercero, y en el artículo 29.

3.   Una empresa matriz que sea también una empresa filial estará exenta de la obligación establecida en el apartado 1 si la empresa matriz exenta y sus filiales están incluidas en el informe de gestión consolidado o el informe separado de otra empresa, elaborado de conformidad con el artículo 29 y con el presente artículo.

4.   Cuando una empresa matriz elabore un informe separado correspondiente al mismo ejercicio y relativo a todo el grupo, ya se base o no en marcos normativos nacionales, de la Unión o internacionales e incluya la información que se exige para el estado no financiero consolidado como se establece en el apartado 1, los Estados miembros podrán eximir a dicha empresa matriz de la obligación de elaborar el estado no financiero consolidado establecida en el apartado 1, a condición de que dicho informe separado:

El apartado 2 se aplicará mutatis mutandis a las empresas matrices que elaboren un informe separado tal como se indica en el párrafo primero del presente apartado.

5.   Los Estados miembros velarán por que el auditor legal o la sociedad de auditoría compruebe si se ha facilitado el estado no financiero consolidado mencionado en el apartado 1 o el informe separado mencionado en el apartado 4.

6.   Los Estados miembros podrán exigir que la información contenida en el estado no financiero consolidado mencionado en el apartado 1 o el informe separado mencionado en el apartado 4 sea verificada por un prestador independiente de servicios de verificación.»

4)

En el artículo 33, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los Estados miembros se asegurarán de que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de una empresa, actuando dentro de los límites de las competencias que les confiera el Derecho nacional, sean colectivamente responsables de garantizar que:

se redacten y publiquen de conformidad con los requisitos de la presente Directiva y, en su caso, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002.»

5)

En el artículo 34 se añade el apartado siguiente:

«3.   El presente artículo no se aplicará al estado no financiero mencionado en el artículo 19 bis, apartado 1, y al estado no financiero consolidado mencionado en el artículo 29 bis, apartado 1, o a los informes separados mencionados en el artículo 19 bis, apartado 4, y en el artículo 29 bis, apartado 4.»

6)

En el artículo 48, se inserta el párrafo siguiente antes del último párrafo:

«El informe deberá considerar además, habida cuenta de la evolución en el seno de la OCDE y de los resultados de las iniciativas europeas conexas, la posibilidad de introducir una obligación para las grandes empresas de presentar, con carácter anual, un informe por país para cada Estado miembro y país tercero en el que operen, que contenga información sobre, al menos, los beneficios obtenidos, los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas.»

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/10

(1)

De conformidad con la Decisión 2013/671/UE del Consejo (1) el Acuerdo entre la Unión Europea y la República Francesa con miras a la aplicación, en la colectividad de San Bartolomé, de la legislación de la Unión sobre fiscalidad del ahorro y cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), fue firmado el 17 de febrero de 2014, a reserva de su celebración en una fecha posterior.

(2)

El Acuerdo tiene por objeto garantizar que los mecanismos de las Directivas del Consejo 2011/16/UE (2) y 2003/48/CE (3), destinadas principalmente a luchar contra el fraude y la evasión fiscal transfronterizos, sigan aplicándose a San Bartolomé, a pesar de su cambio de estatuto.

(3)

Procede celebrar el Acuerdo.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/12

(1)

La colectividad de San Bartolomé forma parte integrante de la República Francesa pero ya no forma parte de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2012, de acuerdo con la Decisión 2010/718/UE del Consejo Europeo (1).

(2)

Con el fin de seguir protegiendo los intereses de la Unión y, en particular, de seguir luchando contra el fraude y la evasión fiscales transfronterizos, es necesario garantizar que las disposiciones contenidas en la legislación de la Unión sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, así como sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, siguen aplicándose en la colectividad de San Bartolomé. Asimismo, es necesario cerciorarse de que los textos que modifican dichas disposiciones se aplicarán a la colectividad de San Bartolomé.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/16

(1)

El artículo 43, apartado 3, del Tratado dispone que corresponde al Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptar medidas relativas a la fijación y el reparto de posibilidades de pesca.

(2)

De conformidad con el Reglamento (UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), las medidas de conservación se han de adoptar teniendo en cuenta los dictámenes científicos, técnicos y económicos disponibles, incluidos, cuando proceda, los informes elaborados por el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) y otros organismos consultivos, así como a la luz del asesoramiento facilitado por los consejos consultivos.

(3)

Corresponde al Consejo adoptar las medidas sobre el establecimiento y la asignación de las posibilidades de pesca, además de determinadas condiciones funcionalmente relacionadas con ellas, en su caso. Las posibilidades de pesca deben repartirse entre los Estados miembros de tal modo que se garantice la estabilidad relativa de las actividades pesqueras de cada uno de ellos en relación con cada población o pesquería y teniendo en cuenta debidamente los objetivos de la política pesquera común (PPC) recogidos en el Reglamento (UE) no 1380/2013.

(4)

Por lo tanto, los totales admisibles de capturas (TAC) deben establecerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 1380/2013 y teniendo en cuenta los principios mencionados en el considerando 2.

(5)

En el caso de las pesquerías de pequeños pelágicos (arenque y espadín), bacalao y salmón del mar Báltico, la obligación de desembarque a que se refiere el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1380/2013 se aplica a partir del 1 de enero de 2015. El artículo 16, apartado 2, de dicho Reglamento establece que, cuando se introduzca una obligación de desembarque para una población de peces, las posibilidades de pesca se fijan teniendo en cuenta el cambio desde la fijación de las posibilidades de pesca como reflejo de los desembarques a la fijación de las posibilidades de pesca como reflejo de las capturas.

(6)

En lo que respecta a las poblaciones objeto de planes plurianuales específicos, las posibilidades de pesca deben fijarse con arreglo a las normas establecidas en dichos planes. Por lo tanto, los límites de capturas deben fijarse de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento (CE) no 1098/2007 del Consejo (2) (en lo sucesivo, «plan para el bacalao del mar Báltico»).

(7)

El dictamen científico sobre el esfuerzo pesquero para el bacalao báltico facilitado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) indicaba que cuando se aplique la obligación de desembarque a una determinada población, la fijación de limitaciones del esfuerzo más bajas no contribuiría a alcanzar los objetivos de la PPC reformada. Por tanto, procede fijar los límites del esfuerzo para las poblaciones de bacalao de las subdivisiones CIEM 22-24 en el nivel de 2014. Fijar los límites del esfuerzo pesquero en el nivel de 2014 facilitará la introducción de la obligación de desembarque y contribuirá a lograr los objetivos de la PPC definidos en el Reglamento (UE) no 1380/2013.

(8)

A la luz de los dictámenes científicos emitidos, puede introducirse flexibilidad en la gestión del esfuerzo pesquero para la población de bacalao de las subdivisiones CIEM 22-24 del mar Báltico sin por ello poner en peligro los objetivos del plan para el bacalao del mar Báltico y sin ocasionar un aumento de la mortalidad por pesca. Esa flexibilidad permitiría gestionar más eficazmente el esfuerzo pesquero cuando las cuotas no estén asignadas por igual entre la flota de un Estado miembro y facilitaría una reacción rápida ante los intercambios de cuotas. Así pues, debe autorizarse que un Estado miembro asigne a los buques pesqueros que enarbolan su pabellón días adicionales de ausencia del puerto cuando se retire un número igual de días de ausencia del puerto a otros buques pesqueros que enarbolan el pabellón de dicho Estado miembro.

(9)

Según estudios científicos recientes, el CIEM no ha podido determinar los puntos de referencia biológicos para las poblaciones de bacalao de las subdivisiones CIEM 25-32 y aconseja que el TAC para estas poblaciones se base en el planteamiento que se aplica a las poblaciones para las que se dispone de datos limitados. Como consecuencia de la falta de puntos de referencia biológicos, es imposible aplicar las normas para la fijación de las posibilidades de pesca respecto de las poblaciones de bacalao de las subdivisiones CIEM 25-32. El hecho de no fijar las posibilidades de pesca puede suponer una amenaza grave para la sostenibilidad de la población, por lo cual procede fijar los TAC para la citadas poblaciones de bacalao en un nivel correspondiente al planteamiento desarrollado y recomendado por el CIEM y fijar los límites del esfuerzo pesquero en el nivel de 2014. Fijar los límites del esfuerzo pesquero en el nivel de 2014 facilitará la introducción de la obligación de desembarque, permitirá una pesca más selectiva y contribuirá a lograr los objetivos de la PPC definidos en el Reglamento (UE) no 1380/2013.

(10)

La utilización de las posibilidades de pesca que se fijan en el presente Reglamento está supeditada al Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo (3), en particular a sus artículos 33 y 34, que se refieren, respectivamente, al registro de las capturas y del esfuerzo pesquero y a los datos sobre el agotamiento de las posibilidades de pesca. Por consiguiente, es necesario especificar los códigos que deben utilizar los Estados miembros cuando remitan a la Comisión los datos relativos a los desembarques de las poblaciones a las que se aplica el presente Reglamento.

(11)

El Reglamento (CE) no 847/96 del Consejo (4) establece condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC, incluyendo disposiciones sobre flexibilidad en relación con las poblaciones sujetas a TAC cautelares y TAC analíticos en sus artículos 3 y 4, respectivamente. Con arreglo al artículo 2 de dicho Reglamento, al fijar los TAC el Consejo debe decidir las poblaciones a las que no se aplicarán los artículos 3 o 4, basándose, en particular, en la situación biológica de estas. Más recientemente, se ha introducido el mecanismo de flexibilidad interanual para todas las poblaciones sujetas a la obligación de desembarcar, en virtud del artículo 15, apartado 9, del Reglamento (UE) no 1380/2013. Por consiguiente, con el fin de evitar un exceso de flexibilidad que socavaría el principio de explotación racional y responsable de los recursos biológicos marinos vivos, obstaculizaría el logro de los objetivos de la PPC y deterioraría el estado biológico de las poblaciones, debe precisarse que los artículos 3 y 4 del Reglamento (CE) no 847/96 se aplican a los TAC analíticos únicamente en caso de que los Estados miembros no hagan uso de la flexibilidad interanual prevista en el artículo 15, apartado 9, del Reglamento (UE) no 1380/2013.

(12)

El dictamen científico sobre el espadín en el mar del Norte cubre el período de julio a junio del año siguiente, aunque el TAC se establece para el período de enero a diciembre. El dictamen científico más reciente para el período de julio de 2014 a junio de 2015 indica que el TAC puede aumentarse significativamente. Por tanto, en el segundo semestre de 2014 hay una disponibilidad de espadín mayor que la prevista. Dado que esta población está sujeta a una evaluación analítica y se encuentra dentro de límites biológicos seguros, se cumplen las condiciones para la aplicación de los artículos 3 y 4 del Reglamento (CE) no 847/96 que permiten una flexibilidad interanual de la cuota, y debe permitirse dicha aplicación a fin de que las pesquerías puedan aprovechar el aumento de la disponibilidad de espadín de la forma más eficiente posible. Procede modificar el Reglamento (UE) no 43/2014 en consecuencia.

(13)

El Reglamento (UE) no 43/2014 permite actualmente, respecto de determinadas poblaciones, que un Estado miembro utilice en 2015 las cantidades no utilizadas que no superen el 10 % de su cuota disponible en 2014. El 6 de agosto de 2014, la Federación de Rusia impuso la prohibición de importar determinados productos agrícolas y pesqueros de la Unión Europea. Como consecuencia, algunas de las exportaciones que los productores habían previsto realizar a Rusia en el otoño de 2014 resultan imposibles y en algunos casos no se pueden encontrar mercados alternativos con poca antelación. A la vista de estas circunstancias excepcionales y de la urgencia del asunto, es necesario permitir determinados ajustes para la temporada de pesca 2014. Teniendo en cuenta el dictamen científico positivo y el enfoque positivo de los Estados costeros pertinentes, conviene permitir, con carácter excepcional y únicamente para las poblaciones afectadas de forma más grave o directa por la prohibición rusa, un aumento del porcentaje de las cantidades no utilizadas en 2014 que pueden trasladarse a 2015. Esta medida excepcional se limita a la temporada pesquera 2014. Se espera que dicha medida permita encontrar nuevos mercados o adaptar las capturas en caso de que la prohibición siga aplicándose en 2015. Por los mismos motivos, debe introducirse en el Reglamento (UE) no 1180/2013 del Consejo (5) la opción correspondiente de transferir las posibilidades de pesca no utilizadas. Procede modificar los Reglamentos (UE) no 43/2014 y (UE) no 1180/2013 en consecuencia.

(14)

Para evitar la interrupción de las actividades pesqueras y garantizar los medios de existencia de los pescadores de la Unión, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2015. Por las razones de urgencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación. Por las razones expuestas en el considerando 13, las disposiciones sobre la posibilidad de transferir las posibilidades de pesca no utilizadas en 2014 deben aplicarse con efectos a partir del 1 de enero de 2014.

i)

capturar durante el período de un año, en el caso de pesca sujeta a la obligación de desembarque de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1380/2013, o

ii)

desembarcar durante el período de un año, en el caso de pesca no sujeta a la obligación de desembarque de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1380/2013;

a)

los intercambios que puedan realizarse en virtud del artículo 16, apartado 8, del Reglamento (UE) no 1380/2013;

b)

las deducciones y reasignaciones efectuadas en virtud del artículo 37 del Reglamento (CE) no 1224/2009;

c)

los desembarques adicionales autorizados con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) no 847/96 o al artículo 15, apartado 9, del Reglamento (UE) no 1380/2013;

d)

las cantidades retenidas con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) no 847/96 o transferidas con arreglo al artículo 15, apartado 9, del Reglamento (UE) no 1380/2013;

e)

las deducciones efectuadas en virtud de lo dispuesto en los artículos 105, 106 y 107 del Reglamento (CE) no 1224/2009.

1)

El artículo 18 bis queda modificado como sigue:

2)

En el anexo IA, la entrada para espadín y capturas accesorias asociadas en aguas de la Unión de las zonas IIa y IV se sustituye por el texto siguiente:

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 5 bis

Flexibilidad en la fijación de las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones

1.   El presente artículo se aplicará a las siguientes poblaciones:

2.   Las cantidades que no superen el 25 % de la cuota de un Estado miembro para las poblaciones especificadas en el apartado 1 que no se hayan utilizado en 2014 serán añadidas a efectos de calcular la cuota del Estado miembro afectado en lo que se refiere a la población correspondiente a 2015. Las cantidades intercambiadas con otros Estados miembros en virtud del artículo 16, apartado 8, del Reglamento (UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), así como cualesquiera cantidades deducidas en aplicación de los artículos 37, 105 y 107 del Reglamento (CE) no 1224/2009 se tendrán en cuenta a efectos de determinar las cantidades utilizadas y las cantidades no utilizadas con arreglo al presente apartado.

3.   El artículo 4 del Reglamento (CE) no 847/96 no se aplicará a las poblaciones mencionadas en el apartado 1 del presente artículo respecto de los Estados miembros afectados.

(9)  Reglamento (UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1954/2003 y (CE) no 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) no 2371/2002 y (CE) no 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).»"

2)

En el anexo I se incluirá la siguiente nota a pie de página respecto de las entradas relativas a las siguientes poblaciones: arenque en las subdivisiones 30-31; arenque en aguas de la Unión de las subdivisiones 25-27, 28.2, 29 y 32; arenque en la subdivisión 28.1; espadín en aguas de la Unión de las subdivisiones 22-32:

«No será aplicable el artículo 3 del Reglamento (CE) no 847/96.

No será aplicable el artículo 4 del Reglamento (CE) no 847/96.»

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/27

(1)

La Directiva 2013/36/UE faculta a la autoridad competente o la autoridad designada de los Estados miembros para imponer requisitos de fondos propios más elevados a las entidades de importancia sistémica mundial (EISM), a fin de compensar los riesgos más elevados que dichas EISM representan para el sistema financiero y las posibles repercusiones de su quiebra en los contribuyentes. La Directiva expone algunos principios básicos de los métodos de identificación de las EISM y de clasificación de las EISM en subcategorías en función de su importancia sistémica. Con arreglo a dicha clasificación, se les atribuirá un requisito adicional de capital de nivel 1 ordinario: el colchón para EISM. La metodología de identificación y clasificación de las EISM se basa en cinco categorías que miden la importancia sistémica de un banco para el mercado financiero mundial, y se especifica con más detalle en el presente Reglamento.

(2)

A fin de seguir el enfoque de la Directiva 2013/36/UE, el presente Reglamento debe tener en cuenta las normas relativas a la metodología de evaluación de los bancos de importancia sistémica mundial y al requerimiento de absorción de pérdidas adicional del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que se basan en el marco aplicable a las entidades financieras de importancia sistémica mundial establecido por el Consejo de Estabilidad Financiera a raíz de su informe Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — FSB Recommendations and Time Lines.

(3)

La Directiva 2013/36/UE indica claramente que los métodos de identificación y clasificación se armonizan en todos los Estados miembros gracias a la utilización de parámetros uniformes y transparentes para determinar la puntuación general de un ente y medir su importancia sistémica. A fin de garantizar que la muestra de bancos y grupos bancarios de la Unión o autorizados en terceros países que sirva de referencia para reflejar el sistema financiero mundial sea uniforme en toda la Unión, conviene que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) establezca esa muestra. Las entidades añadidas a la muestra o excluidas de ella sobre la base del criterio supervisor deben elegirse con rigor para garantizar la función de referencia de la muestra, sin atender a otros motivos.

(4)

El proceso de identificación de las EISM debe basarse en datos comparables y tener en cuenta que las entidades necesitan saber claramente si se les aplicará un requisito de colchón y cuál será su importe; por este motivo, en los métodos deben incluirse los plazos y procedimientos aplicables a este proceso. Sin embargo, puesto que la identificación de las EISM debe basarse en datos actualizados relativos a la muestra de grandes grupos bancarios mundiales, algunos de los cuales están autorizados en terceros países, los datos necesarios no estarán disponibles antes del segundo semestre de cada año. A fin de permitir a las entidades cumplir las obligaciones derivadas de su condición de EISM, el requisito relativo al colchón debe surtir efecto aproximadamente un año después de su identificación como EISM.

(5)

La Directiva 2013/36/UE establece cinco categorías para medir la importancia sistémica, que constan de indicadores cuantificables. A fin de reducir al mínimo la carga administrativa de las entidades y autoridades, esas categorías son idénticas a las aplicadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Al precisar los indicadores cuantificables, el presente Reglamento debe seguir el mismo planteamiento. Los indicadores elegidos deben reflejar los distintos aspectos de las posibles externalidades negativas de la quiebra de un ente y sus funciones esenciales para la estabilidad del sistema financiero. El sistema de referencia para evaluar la importancia sistémica debe ser los mercados financieros mundiales y la economía mundial.

(6)

Con el fin de definir una metodología precisa para la identificación y clasificación de las EISM de conformidad con las normas básicas establecidas en la Directiva 2013/36/UE, es importante delimitar claramente los conceptos de «ente pertinente», «valor del indicador», «denominador» y «puntuación de corte» mediante su definición a efectos del presente Reglamento.

(7)

La importancia sistémica de cada grupo bancario medida por los indicadores en base consolidada debe expresarse como puntuación general individual correspondiente a un determinado año, que mida su posición con respecto a otros entes de la muestra. Sobre la base de esta puntuación general, los bancos deben identificarse como EISM y clasificarse en subcategorías a las que se aplicarán diferentes requisitos de colchón de capital. Al calcular la puntuación como media de las puntuaciones por categoría, cada una de las cinco categorías debe recibir una ponderación del 20 %. Conviene aplicar un límite máximo a la categoría relativa a la posibilidad de sustitución a efectos del cálculo de la puntuación general, habida cuenta de que, tras un análisis de los datos hasta 2013 inclusive, dicha categoría resultó tener un impacto desproporcionado en la puntuación en el caso de los bancos predominantes en la prestación de servicios de pago, suscripción y custodia de activos.

(8)

Las autoridades pertinentes deben tener la posibilidad, aplicando un criterio supervisor prudente, de reclasificar una EISM de una subcategoría inferior en una subcategoría superior o de designar como EISM a un ente cuya puntuación general sea inferior a la puntuación de corte de la subcategoría más baja. Dado que la identificación según el criterio supervisor comparte el mismo objetivo que el proceso ordinario de puntuación, debe basarse también en la importancia sistémica del banco para el mercado financiero mundial y la economía mundial, en consonancia con la metodología utilizada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El riesgo de quiebra del banco no debe tomarse en consideración, puesto que ya se tiene en cuenta en otros requisitos prudenciales, entre otros el importe total de la exposición al riesgo y, en su caso, en otros requisitos de fondos propios, como el colchón contra riesgos sistémicos.

(9)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la ABE a la Comisión.

(10)

La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(11)

El presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, ya que la obligación de mantener un colchón para EISM establecida en el artículo 131, apartado 4, de la Directiva 2013/36/UE se aplicará y se introducirá de forma progresiva desde el 1 de enero de 2016. Por consiguiente, y a fin de informar oportunamente a las entidades sobre el colchón para EISM que les sea aplicable y de darles tiempo suficiente para obtener el capital necesario, conviene que las EISM sean identificadas a principios de 2015 a más tardar.

(12)

El requisito de colchón para EISM debe introducirse gradualmente a lo largo de un período de tres años, de conformidad con el artículo 162, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE: la primera fase de este requisito, contemplada en el artículo 162, apartado 5, letra a), de la Directiva 2013/36/UE, debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2016 en el caso de las EISM identificadas por las autoridades pertinentes a principios de 2015 sobre la base de los datos correspondientes al cierre del ejercicio anterior a julio de 2014. La segunda fase del requisito relativo al colchón para EISM, contemplada en el artículo 162, apartado 5, letra b), de la Directiva 2013/36/UE, debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2017 en el caso de las EISM identificadas por las autoridades pertinentes antes de finales de 2015 o, a más tardar, a principios de 2016, sobre la base de los datos correspondientes al cierre del ejercicio anterior a julio de 2015.

a)

la subcategoría 1 comprenderá las puntuaciones de 130 a 229 puntos básicos;

b)

la subcategoría 2 comprenderá las puntuaciones de 230 a 329 puntos básicos;

c)

la subcategoría 3 comprenderá las puntuaciones de 330 a 429 puntos básicos;

d)

la subcategoría 4 comprenderá las puntuaciones de 430 a 529 puntos básicos;

e)

la subcategoría 5 comprenderá las puntuaciones de 530 a 629 puntos básicos.

a)

activos dentro del sistema financiero;

b)

pasivos dentro del sistema financiero;

c)

valores en circulación.

a)

activos en custodia;

b)

actividad de pago;

c)

operaciones suscritas en los mercados de deuda y de renta variable.

a)

importe nocional de los derivados no negociados en mercados organizados;

b)

activos incluidos en el nivel 3 de valor razonable, medidos de conformidad con el Reglamento (UE) no 1255/2012 de la Comisión (4);

c)

valores mantenidos para negociar y disponibles para la venta.

a)

créditos transnacionales;

b)

pasivos transnacionales.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/37

(1)

El artículo 544 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (2) contempla simplificar la ultimación del régimen de perfeccionamiento activo. En virtud de esta simplificación, se considera que determinadas mercancías se han exportado o reexportado, a pesar de que se hayan introducido en el mercado de la Unión sin declaración aduanera posterior y sin que se haya realizado el pago de los derechos de importación.

(2)

El artículo 544, letra c), del Reglamento (CEE) no 2454/93 aborda el suministro de aeronaves civiles. La simplificación en el proceso de ultimación del perfeccionamiento activo en lo que respecta a las aeronaves civiles fomenta la competitividad del sector de la aviación internacionalmente y contribuye a crear un valor añadido en la Unión.

(3)

El ámbito de aplicación del artículo 544, letra c), del Reglamento (CEE) no 2454/93 debe ampliarse a las aeronaves militares para que se beneficien de la mencionada ultimación simplificada de la misma forma que las aeronaves civiles.

(4)

Por tanto, el Reglamento (CEE) no 2454/93 debe modificarse en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/38

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/40

(1)

El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra (1) («el Acuerdo»), se firmó el 6 de octubre de 2010. El Acuerdo contiene un Protocolo relativo a la Cooperación Cultural («el Protocolo»), que, con arreglo a su artículo 1, establece el marco de cooperación entre las Partes a fin de facilitar el intercambio de actividades, bienes y servicios culturales, incluso, entre otros, en el sector audiovisual.

(2)

De conformidad con el artículo 15.10, apartado 5, del Acuerdo, este se aplica de forma provisional en virtud de la Decisión 2011/265/UE del Consejo (2) (en lo sucesivo, «la Decisión») desde el 1 de julio de 2011, hasta tanto no terminen los procedimientos necesarios para su celebración.

(3)

Con arreglo al artículo 6 de la Decisión, la posición que debe adoptar la Unión Europea en el Comité de Cooperación Cultural («el Comité») sobre las decisiones que tengan consecuencias jurídicas será determinada por el Consejo de conformidad con el Tratado.

(4)

El artículo 3 bis del Protocolo dispone que el Comité establecerá, tan pronto se constituya, una lista de quince personas para desempeñar la función de árbitro.

(5)

La Unión debe determinar la posición que ha de adoptarse en el Comité por lo que respecta al establecimiento de la lista de árbitros.

(6)

Por consiguiente, la posición de la Unión en el seno del Comité debe basarse en el proyecto de Decisión que figura adjunto.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/44

(1)

Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 16 de mayo de 2014, Lituania solicitó autorización para introducir una medida de excepción a lo dispuesto en el artículo 287, apartado 11, de la Directiva del IVA, a fin de seguir concediendo una exención a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no sea superior al contravalor en moneda nacional de 45 000 EUR, al tipo de conversión vigente el día de su adhesión a la Unión (denominada en lo sucesivo «la medida»). La medida eximiría a dichos sujetos pasivos de algunas o de todas las obligaciones relativas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) establecidas en el título XI, capítulos 2 a 6, de la Directiva del IVA.

(2)

Mediante carta de 6 de junio de 2014, la Comisión informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por Lituania. Por carta de 12 de junio de 2014, la Comisión notificó a Lituania que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

(3)

Los Estados miembros ya cuentan con un régimen especial aplicable a las pequeñas empresas contemplado en el título XII de la Directiva del IVA. La medida cuya prórroga se solicita solo constituye una excepción a lo dispuesto en dicho título en cuanto que el límite de volumen de negocios anual previsto para poder acogerse al régimen especial es superior al autorizado actualmente en relación con Lituania de conformidad con el artículo 287, apartado 11, de la Directiva del IVA, que asciende a 29 000 EUR.

(4)

Mediante la Decisión de Ejecución 2011/335/UE del Consejo (2), Lituania quedó autorizada, como medida de excepción, a eximir del IVA, hasta el 31 de diciembre de 2014, a los sujetos pasivos cuyo volumen anual de negocios no sobrepasara los 45 000 EUR. Dado que este umbral ha dado como resultado una reducción de obligaciones en materia de IVA para las empresas más pequeñas, debe autorizarse a Lituania a prorrogar la medida durante un período limitado. Los sujetos pasivos pueden seguir optando por el régimen normal del IVA.

(5)

Según la información facilitada por Lituania, la prórroga de la excepción solo tendrá una incidencia insignificante sobre los ingresos tributarios recaudados en la fase de consumo final.

(6)

La medida de excepción no tendrá repercusión alguna en los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/46

(1)

Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 1 de julio de 2014, Letonia solicitó autorización para aplicar una medida de excepción a lo dispuesto en el artículo 287, apartado 10, de la Directiva del IVA, a fin de conceder una exención a los sujetos pasivos cuyo volumen anual de negocios no rebase los 50 000 EUR (denominada en lo sucesivo «la medida». La medida eximiría a dichos sujetos pasivos de algunas o de todas las obligaciones relativas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) establecidas en el título XI, capítulos 2 a 6, de la Directiva del IVA. La medida ya había sido concedida a Letonia mediante la Decisión de Ejecución 2010/584/UE del Consejo (2), cuyo término expiró el 31 de diciembre de 2013.

(2)

Mediante carta de 7 de agosto de 2014, la Comisión informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por Letonia. Por carta de 11 de agosto de 2014, la Comisión notificó a Letonia que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

(3)

Los Estados miembros ya cuentan con un régimen especial aplicable a las pequeñas empresas contemplado en el título XII de la Directiva del IVA. La presente medida solo constituye una excepción a lo dispuesto en dicho título XII en la medida en que el límite de volumen de negocios anual previsto para poder acogerse al régimen especial es superior al autorizado para Letonia de conformidad con el artículo 287, apartado 10, de la Directiva del IVA, que asciende a 17 200 EUR.

(4)

Un límite superior para el régimen especial constituye una medida de simplificación, ya que puede reducir significativamente las obligaciones en materia de IVA de las empresas más pequeñas, al tiempo que dicho régimen especial es facultativo para los sujetos pasivos y permite a las empresas optar por el sistema normal del IVA.

(5)

Según la información facilitada por Letonia, la excepción solo tendrá una incidencia insignificante sobre el importe global de los ingresos tributarios recaudados en la fase de consumo final.

(6)

La medida de excepción no tendrá repercusión alguna en los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/48

(1)

Mediante carta registrada en la Comisión el 26 de mayo de 2014, Estonia solicitó autorización para aplicar una excepción a las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE que regulan el derecho a deducción del IVA soportado en relación con los vehículos de turismo.

(2)

Mediante carta de 11 de junio de 2014, la Comisión informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por Estonia. Mediante carta de 12 de junio de 2014, la Comisión notificó a Estonia que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

(3)

Los artículos 168 y 168 bis de la Directiva 2006/112/CE disponen que los sujetos pasivos tienen derecho a deducir el IVA que grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios que vayan a utilizar para las necesidades de sus operaciones gravadas. El artículo 26, apartado 1, letra a), de la misma Directiva establece el requisito de declarar el IVA cuando alguno de los bienes de la empresa se utilice con fines no profesionales.

(4)

A menudo, resulta muy difícil determinar con precisión el uso no profesional y, aun en los casos en que es posible, el sistema para lograrlo suele ser complicado. En virtud de la autorización solicitada, el importe del IVA deducible soportado en los gastos respecto de los vehículos de turismo no utilizados íntegramente con fines profesionales debe adoptar, con algunas excepciones, la forma de un porcentaje a tanto alzado. Basándose en la información actualmente disponible, las autoridades estonias consideran justificable un porcentaje del 50 %. Al mismo tiempo, y a fin de evitar la doble imposición, resulta oportuno suprimir el requisito de declarar el IVA sobre el uso no profesional de un vehículo de turismo cuando este último haya estado sujeto a una limitación autorizada por la presente Decisión. Con esa medida de simplificación desaparece la necesidad de contabilizar el uso privado de los vehículos de empresa y se evita la evasión fiscal que podría derivarse de una contabilidad incorrecta.

(5)

La limitación del derecho a deducción prevista por la autorización solicitada debe aplicarse al IVA pagado en relación con la compra, el arrendamiento financiero, la adquisición intracomunitaria y la importación de los vehículos de turismo que se especifican, y con sus gastos conexos, incluida la adquisición de carburante.

(6)

La autorización solicitada solo debe aplicarse a los vehículos de turismo con un peso no superior a 3 500 kilogramos y con un máximo de ocho plazas, excluida la del conductor. Se considera irrelevante cualquier uso no profesional de los vehículos de turismo que rebasen los 3 500 kilos o que tengan más de ocho plazas, excluida la del conductor, debido a su naturaleza o al tipo de actividad a la que se destinan. Procede establecer asimismo una lista pormenorizada de los vehículos de turismo específicos que quedan excluidos de la autorización debido a su uso particular.

(7)

Se ha de fijar como término de la autorización el 31 de diciembre de 2017, a fin de permitir reexaminar la necesidad y eficacia de la medida de excepción y de la tasa de reparto entre uso profesional y privado en la que se basa.

(8)

En caso de que Estonia considere necesario prorrogar la autorización más allá de 2017, debe remitir a la Comisión, el 31 de marzo de 2017 a más tardar, una solicitud de prórroga acompañada de un informe que incluya la revisión del porcentaje aplicado.

(9)

La excepción solo tendrá una incidencia insignificante sobre el importe global de los ingresos tributarios percibidos en la fase de consumo final y no tendrá repercusiones negativas sobre los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

a)

los vehículos adquiridos para su posterior reventa, alquiler o arrendamiento financiero;

b)

los vehículos utilizados para el transporte de pasajeros contra retribución, incluidos los servicios de taxi;

c)

los vehículos utilizados para impartir lecciones de conducción.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/50

(1)

La Directiva 64/432/CEE establece las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios dentro de la Unión de animales de las especies bovina y porcina. Establece, entre otras cosas, que durante el transporte a su lugar de destino, los bovinos y porcinos deben ir acompañados de un certificado sanitario conforme a los modelos 1 o 2 que figuran en su anexo F.

(2)

De conformidad con el artículo 1 del Reglamento (CE) no 599/2004 de la Comisión (2), los diferentes certificados sanitarios o de salubridad exigidos en relación con los intercambios intracomunitarios deben presentarse sobre la base del modelo armonizado que figura en el anexo de dicho Reglamento.

(3)

Al hacer las necesarias adaptaciones del contenido de los certificados sanitarios establecidos como modelos 1 y 2 del anexo F de la Directiva 64/432/CEE es necesario adaptar también el formato de estos modelos de certificados sanitarios.

(4)

Las disposiciones del artículo 6, apartado 2, letra e), y apartado 3, de la Directiva 64/432/CEE expiraron el 31 de diciembre de 2000 y, por tanto, no deben seguir figurando como opción de certificación en el modelo 1 de certificado sanitario que figura en el anexo F de dicha Directiva.

(5)

El Reglamento (CE) no 2075/2005 de la Comisión (3) establece normas para la determinación de la situación de las explotaciones en las que se crían porcinos domésticos.

(6)

El Reglamento (UE) no 216/2014 de la Comisión (4), que modifica el Reglamento (CE) no 2075/2005, establece los requisitos que deben cumplir los operadores de empresas alimentarias para obtener el reconocimiento oficial de las explotaciones que cumplen condiciones controladas de estabulación y establece excepciones a las disposiciones sobre análisis en el momento del sacrificio para tales explotaciones.

(7)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 1114/2014 de la Comisión (5), que modifica el Reglamento (CE) no 2075/2005, aclara las condiciones que deben aplicarse cuando los porcinos domésticos de cría y de producción se trasladan de una explotación a otra a través de centros de concentración.

(8)

Para que los Estados miembros efectúen los ensayos adecuados para la detección de triquinas en el momento del sacrificio y no se ponga en peligro la situación sanitaria de la explotación de destino de los porcinos domésticos de cría y de producción, la información sobre el reconocimiento oficial del cumplimiento de condiciones controladas de estabulación por la explotación de origen de los animales objeto de comercio, con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) no 2075/2005, debe incluirse en el modelo de certificado sanitario para el comercio dentro de la Unión de porcinos que figura como modelo 2 en el anexo F de la Directiva 64/432/CEE.

(9)

Procede, por tanto, modificar el anexo F de la Directiva 64/432/CEE en consecuencia.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/61

(1)

El artículo 2, apartado 6, letra d), del anexo III del Acuerdo de Asociación ACP-CE requiere que el Comité de Embajadores ACP-CE haga un seguimiento de la estrategia general del CDE y supervise el trabajo del Consejo de Administración del CDE.

(2)

El Consejo de Administración del CDE supervisará los trabajos del CDE [artículo 2, apartado 7, letra b)], adoptará el programa y el presupuesto del CDE [artículo 2, apartado 7, letra c)] y presentará informes y evaluaciones periódicos al Comité de Embajadores [artículo 2, apartado 7, letra d)].

(3)

Los estatutos y el reglamento interno del CDE, aprobados por la Decisión no 8/2005 del Comité de Embajadores ACP-CE («los estatutos del CDE»), y el Reglamento financiero del CDE, aprobado por la Decisión no 5/2004 del Comité de Embajadores ACP-CE («el Reglamento financiero del CDE»), ofrecen las garantías en materia de información y supervisión del Comité de Embajadores ACP-CE.

(4)

El Consejo de Ministros ACP-CE, en su 39a reunión celebrada en Nairobi los días 19 y 20 de junio de 2014, acordó, en una Declaración común, proceder al cierre ordenado del CDE y a la modificación del anexo III del Acuerdo de Asociación ACP-CE, y otorgar a tal fin una delegación de poderes al Comité de Embajadores ACP-CE para que lleve adelante este asunto con vistas a adoptar las decisiones necesarias.

(5)

En dicha Declaración común del Consejo de Ministros ACP-CE se establece un Grupo de trabajo conjunto ACP-CE para garantizar que el CDE se cierre en las mejores condiciones posibles.

15.11.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 330/63

1.

En la segunda página del sumario, en la página 21, en el título del Reglamento y en el segundo visto del preámbulo:

2.

En la página 24, en el artículo 14, en el apartado 2:

3.

En la página 24, en el artículo 14, en el apartado 3, en el párrafo segundo:

4.

En la página 24, en el artículo 17:

5.

En la página 25, en el artículo 19, en el apartado 3, en elpárrafo segundo:

6.

En la página 25, en el artículo 21, en el apartado 1:

7.

En la página 25, en el artículo 21, en el apartado 2: