12.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/1

(1)

La existencia de un auténtico mercado interior de servicios financieros es crucial para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión.

(2)

Un mercado financiero integrado, eficiente y transparente requiere la integridad del mercado. El buen funcionamiento de los mercados de valores y la confianza del público en los mercados son requisitos imprescindibles para el crecimiento económico y la riqueza. El abuso de mercado daña la integridad de los mercados financieros y la confianza del público en los valores y los instrumentos derivados.

(3)

La Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) completó y actualizó el marco jurídico de la Unión para proteger la integridad del mercado. No obstante, dados los cambios legislativos, en los mercados y en las tecnologías que se han producido desde la entrada en vigor de dicha Directiva, que han dado lugar a considerables cambios en el panorama financiero, procede ahora sustituirla. Se precisa asimismo un nuevo instrumento legislativo que asegure la uniformidad de las normas y la claridad de los conceptos clave, y unas reglas de juego únicas que estén en consonancia con las conclusiones del informe de 25 de febrero de 2009 del Grupo de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera en la UE, presidido por Jacques de Larosière («el grupo Larosière»).

(4)

Existe la necesidad de establecer un marco más uniforme y fuerte para preservar la integridad del mercado, evitar el posible arbitraje regulador y garantizar la obligación de rendir cuentas en caso de producirse una tentativa de manipulación, así como para aumentar la seguridad jurídica y reducir la complejidad reguladora para los participantes del mercado. Con el presente Reglamento se pretende contribuir de manera determinante al funcionamiento adecuado del mercado interior y, en consecuencia, debe basarse en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), tal como se interpreta reiteradamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(5)

Para eliminar los obstáculos al comercio y las distorsiones significativas de la competencia que aún subsistan como consecuencia de divergencias entre las legislaciones nacionales e impedir nuevos obstáculos al comercio y distorsiones significativas de la competencia, es necesario adoptar un Reglamento que establezca una interpretación más uniforme del marco de la Unión sobre el abuso de mercado que defina con mayor claridad las normas aplicables en todos los Estados miembros. La adopción de un reglamento para configurar los requisitos del abuso de mercado garantizará la aplicabilidad directa de los mismos. Con ello se deberían garantizar unas condiciones uniformes, evitando las divergencias entre requisitos nacionales que podrían producirse con la transposición de una directiva. El presente Reglamento requerirá que todas las personas sigan las mismas normas en el conjunto de la Unión. Reducirá asimismo la complejidad normativa y los costes de cumplimiento de las empresas, en especial para aquellas que operan con carácter transfronterizo, y contribuirá a eliminar las distorsiones de la competencia.

(6)

La Comunicación de la Comisión de 25 de junio de 2008 relativa a la iniciativa en favor de las pequeñas empresas europeas «Small Business Act» insta a la Unión y a los Estados miembros a establecer normas que reduzcan la carga administrativa, adapten la normativa a las necesidades de los emisores en los mercados para PYME, y faciliten el acceso a la financiación por parte de estos emisores. Algunas disposiciones de la Directiva 2003/6/CE imponen cargas administrativas a los emisores, en particular a aquellos cuyos instrumentos financieros cotizan en los mercados de PYME en expansión, que deben reducirse.

(7)

El concepto de abuso de mercado abarca conductas ilegales en los mercados financieros y, a los efectos del presente Reglamento, debe entenderse como la realización de operaciones con información privilegiada, la comunicación ilícita de la misma y la manipulación de mercado. Tales conductas impiden la plena y adecuada transparencia del mercado, que es una condición previa para la negociación por parte de los agentes económicos en unos mercados financieros integrados.

(8)

La Directiva 2003/6/CE se centró principalmente en los instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados regulados o para los que se haya solicitado su admisión a negociación en dicho mercado. No obstante, en los últimos años son cada vez más los instrumentos negociados en los sistemas multilaterales de negociación (SMN). Existen asimismo instrumentos financieros que se negocian exclusivamente en otras categorías de sistemas organizados de contratación (SOC) o que se negocian únicamente en mercados no organizados (OTC). Por consiguiente, el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe incluir todos los instrumentos financieros negociados en un mercado regulado, un SMN o un SOC y cualquier otra conducta o actuación que pueda influir sobre esos instrumentos financieros, con independencia de que se produzca en un centro de negociación. En el caso de determinados tipos de SMN que, al igual que los mercados regulados, ayudan a las empresas a obtener aportaciones de capital, la prohibición contra el abuso de mercado se aplica igualmente cuando se ha solicitado la admisión a negociación en ese mercado. Por lo tanto, el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe incluir los instrumentos financieros para los que se ha solicitado la admisión a negociación en un SMN. De este modo se mejorará la protección del inversor, se preservará la integridad de los mercados y se logrará que el abuso de mercado a través de dichos instrumentos quede claramente prohibido.

(9)

A efectos de transparencia, los organismos rectores de los mercados regulados, de los SMN o de los SOC deben notificar sin demora a la autoridad competente los detalles de los instrumentos financieros que hayan admitido a negociación, aquellos sobre los que se haya solicitado la admisión a negociación o que se hayan negociado en un centro de negociación. Ha de realizarse una segunda notificación cuando el instrumento deja de ser admitido a negociación. Dichas obligaciones deben aplicarse asimismo a los instrumentos financieros para los que se haya solicitado la admisión a negociación en su centro de negociación y a los instrumentos financieros que hayan sido admitidos a negociación antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. Las notificaciones deben comunicarse a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) por las autoridades competentes y la AEVM debe publicar una lista de todos los instrumentos financieros notificados. El presente Reglamento se aplica a los instrumentos financieros con independencia de que estén o no incluidos en la lista publicada por la AEVM.

(10)

Es posible que determinados instrumentos financieros no negociados en un centro de negociación sean utilizados para cometer abuso de mercado. Se incluyen entre ellos los instrumentos financieros cuyo precio o valor depende de instrumentos financieros negociados en un centro de negociación, o tiene un efecto sobre los mismos, o cuya negociación tiene un efecto sobre el precio o valor de otros instrumentos financieros negociados en un centro de negociación. Como ejemplo de la utilización de dichos instrumentos para el abuso de mercado, se puede mencionar la información privilegiada sobre una acción u obligación que puede utilizarse para comprar un derivado de la acción u obligación o un índice cuyo valor depende de dicha acción u obligación. Cuando un instrumento financiero se utiliza como precio de referencia, un derivado negociado en un OTC puede utilizarse para beneficiarse de precios manipulados o para manipular el precio de un instrumento financiero negociado en un centro de negociación. Otro ejemplo más lo constituye la emisión planificada de una nueva serie de valores que no estén incluidos de otra manera en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, pero cuya negociación pueda afectar al precio o al valor publicado de valores existentes que sí entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento se aplica asimismo a los casos en que el precio o el valor del instrumento negociado en un centro de negociación dependa del instrumento negociado en un OTC. El mismo principio debería aplicarse a los contratos de contado sobre materias primas cuyo precio se basa en el del instrumento derivado, así como a la adquisición de contratos de contado sobre materias primas a los que se refieren los instrumentos financieros.

(11)

La negociación con valores o instrumentos asociados para la estabilización de valores o la negociación con acciones propias en el marco de programas de recompra pueden estar justificadas por motivos económicos, por lo que, en determinadas circunstancias, deben quedar exentas de las prohibiciones relativas al abuso de mercado, siempre que se actúe con la necesaria transparencia cuando se comunica información relevante sobre la estabilización o el programa de recompra.

(12)

La negociación de acciones propias en el marco de programas de recompra y la estabilización de un instrumento financiero que no puedan beneficiarse de las exenciones que dispone el presente Reglamento no deben considerarse en sí mismas abuso de mercado.

(13)

No deben ponerse límites a los Estados miembros, a los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales, a los ministerios, a las demás agencias y entidades de cometido especial de uno o varios Estados miembros, a la Unión ni a otros determinados organismos públicos o personas que actúan en su nombre en lo que atañe a las políticas monetaria, de tipo de cambio o de gestión de la deuda pública, siempre que estas se lleven a cabo en interés público y, exclusivamente, en aplicación de dichas políticas. Tampoco deben ser objeto de restricciones las operaciones, órdenes o conductas efectuadas por la Unión, entidades de cometido especial que operan para uno o varios Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el Mecanismo de Estabilidad Europeo o una entidad financiera internacional creada por dos o más Estados miembros, cuando movilizan recursos financieros o prestan asistencia financiera en beneficio de sus miembros. De conformidad con el presente Reglamento, esa exención de su ámbito de aplicación podría ampliarse a determinados organismos públicos encargados de la gestión de la deuda pública, o que intervengan en su gestión, y a los bancos centrales de terceros países. Al mismo tiempo, esas exenciones respecto de la política monetaria, de tipo de cambio o de gestión de la deuda pública no deben ampliarse a los casos en que dichos organismos realizan operaciones, órdenes o conductas que no tienen por objeto la consecución de dichas políticas o en que las personas que trabajan para dichos organismos efectúan operaciones, órdenes o conductas por cuenta propia.

(14)

Los inversores razonables basan sus decisiones de inversión en información ya disponible, es decir, en información disponible ex ante. Por consiguiente, la cuestión acerca de si, al decidir sobre una inversión, un inversor razonable probablemente tenga en cuenta o no una determinada información, debe analizarse sobre la base de la información disponible ex ante. En dicho análisis se han de tomar en consideración, en tales circunstancias, el efecto previsto de la información a la luz del conjunto de actividades del emisor correspondiente, la fiabilidad de la fuente de información y cualquier otra variable del mercado que, en las circunstancias del caso, pueda afectar a los instrumentos financieros, a los contratos de contado sobre materias primas o a los productos subastados basados en derechos de emisión.

(15)

La información ex post puede utilizarse para verificar la presunción de que la información ex ante era sensible al precio, pero no para actuar contra quienes hayan extraído conclusiones razonables de la información de que disponían ex ante.

(16)

Cuando la información privilegiada se refiera a un proceso que se produce en distintas etapas, cada una de ellas, así como el proceso en su conjunto, podría considerarse información privilegiada. Una etapa intermedia de un proceso prolongado puede ser constitutiva por sí misma de una serie de circunstancias o de un hecho que existen o de los que hay probabilidades realistas de que existan u ocurran, sobre la base de una evaluación general de los factores existentes en el momento pertinente. No obstante, lo anterior no debe interpretarse en el sentido de que ha de tenerse en cuenta la magnitud del efecto de dicha serie de circunstancias o de ese hecho en los precios de los instrumentos financieros en cuestión. Una etapa intermedia debe tener la consideración de información privilegiada si, por sí misma, cumple los criterios relativos a la información privilegiada establecidos en el presente Reglamento.

(17)

La información relativa a un hecho o una serie de circunstancias que constituyen una etapa intermedia de un proceso prolongado puede referirse, por ejemplo, al estado de unas negociaciones contractuales, las cláusulas provisionalmente acordadas en esas negociaciones, la posibilidad de colocación de instrumentos financieros, las condiciones en que vayan a comercializarse los instrumentos financieros, las cláusulas provisionales para la colocación de instrumentos financieros, o la consideración de la inclusión de un instrumento financiero en un índice importante o la eliminación del instrumento financiero de dicho índice.

(18)

Debe mejorarse la seguridad jurídica de los participantes del mercado mediante una definición más precisa de dos de los elementos esenciales del concepto de información privilegiada, a saber, el carácter preciso de esta información y la importancia de su efecto potencial sobre los precios de los correspondientes instrumentos financieros, contratos de materias primas relacionados o productos subastados basados en derechos de emisión. En lo que respecta a los derivados que sean productos energéticos al por mayor, debe considerarse, en particular, como información privilegiada la que deba divulgarse de conformidad con el Reglamento (UE) no 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(19)

El presente Reglamento no tiene por objeto prohibir los debates de carácter general sobre la evolución empresarial y del mercado entre los accionistas y la dirección referentes a un emisor. Dichas relaciones son esenciales para un funcionamiento eficiente de los mercados, y el presente Reglamento no debe prohibirlas.

(20)

Los mercados de contado y los de derivados relacionados con ellos están muy interconectados y son globales; el abuso de mercado puede afectar a ambos y presentar carácter transfronterizo, lo que puede producir riesgos sistémicos significativos. Lo mismo es cierto tanto para las operaciones con información privilegiada como para la manipulación de mercado. En particular, la información privilegiada obtenida en un mercado de contado puede beneficiar a una persona que opera en un mercado financiero. La información privilegiada en relación con un derivado sobre materias primas debe ser definida como información que responda a la definición general de información privilegiada en relación con los mercados financieros y que deba publicarse de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias de la Unión o de Derecho interno, las normas del mercado, los contratos o los usos y las prácticas del mercado de derivados sobre materias primas o mercado de contado en cuestión. Ejemplos notables de dichas normas son las incluidas en el Reglamento (UE) no 1277/2011 por lo que respecta al mercado de la energía y en la base de datos de la Iniciativa de base de datos conjunta de organizaciones (JODI) para el petróleo. Dicha información puede servir como base para las decisiones de los participantes del mercado de celebrar contratos de derivados sobre materias primas o contratos de contado sobre materia primas relacionados con ellos y debe constituir, por lo tanto, información privilegiada que debe divulgarse cuando pueda tener un efecto significativo sobre los precios de dichos derivados o de los contratos de contado sobre materia primas relacionados con ellos.

Además, las estrategias de manipulación pueden extenderse también a los mercados de contado y de derivados. La negociación de instrumentos financieros, incluidos los derivados sobre materias primas, puede emplearse para manipular los contratos de contado sobre materias primas relacionados con ellos, y los contratos de contado sobre materias primas pueden utilizarse para manipular los instrumentos financieros correspondientes. La prohibición de la manipulación de mercado debe, por tanto, reflejar estas interrelaciones. No obstante, no resulta adecuado ni viable ampliar el alcance del presente Reglamento a las conductas que no tengan relación con instrumentos financieros, como la negociación de contratos de contado sobre materias primas que afecten exclusivamente a los mercados de contado. En el caso concreto de los productos energéticos al por mayor, las autoridades competentes deben tener en cuenta las características específicas de las definiciones dadas en el Reglamento (UE) no 1227/2011 al aplicar las definiciones de información privilegiada, de operaciones con información privilegiada y de manipulación de mercado contempladas en el presente Reglamento a los instrumentos financieros relacionados con los productos energéticos al por mayor.

(21)

En virtud de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), la Comisión, los Estados miembros y otros organismos designados oficialmente tienen, entre otras responsabilidades, la de la emisión técnica de los derechos, de su libre asignación a sectores industriales y nuevos entrantes admisibles y, de forma más general, del desarrollo y la ejecución del marco de la política climática de la Unión que respalda la oferta de derechos de emisión para los compradores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE de la UE). En el ejercicio de esas funciones, dichos organismos públicos pueden tener acceso a información no pública que puede influir en los precios y, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE, pueden tener que realizar determinadas operaciones de mercado en relación con los derechos de emisión. Como consecuencia de la clasificación de los derechos de emisión como instrumentos financieros en el marco de la revisión de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), dichos instrumentos también entrarán dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

A fin de preservar la capacidad de la Comisión, los Estados miembros y otros organismos de designación oficial de desarrollar y ejecutar la política climática de la Unión, las actividades de dichos organismos públicos, en la medida en que se realicen en interés público y, explícitamente, en aplicación de dicha política así como en relación con los derechos de emisión, deben ser eximidas de la aplicación del presente Reglamento. Dicha exención no debe repercutir negativamente en la transparencia general del mercado, ya que dichos organismos públicos están obligados por ley a operar de forma que la difusión pública de nuevas decisiones, novedades y datos que puedan influir en los precios, así como el acceso a los mismos, se realicen de forma ordenada, justa y no discriminatoria. Además, la Directiva 2003/87/CE y las medidas de ejecución adoptadas conforme a la misma prevén garantías relativas a la difusión pública justa y no discriminatoria de la información de que disponen las autoridades públicas y que puede influir en los precios. Al mismo tiempo, la exención de los organismos públicos que actúen en aplicación de la política climática de la Unión no debe ampliarse a los casos en los que las prácticas u operaciones realizadas por dichos organismos no lo sean en aplicación de la política climática de la Unión, o cuando las personas que trabajan para alguno de dichos organismos lleven a cabo prácticas u operaciones por cuenta propia.

(22)

De conformidad con el artículo 43 del TFUE y con las normas de aplicación de los acuerdos internacionales celebrados con arreglo al TFUE, la Comisión, los Estados miembros y otros organismos designados oficialmente son responsables de la aplicación de la política agrícola común (PAC) y la política pesquera común (PPC), entre otras materias. En el ejercicio de esas funciones, dichos organismos públicos realizan actividades y adoptan medidas destinadas a la gestión de los mercados agrícolas y de la pesca, incluidos los de intervención pública, y que imponen aranceles adicionales o los suprimen. Habida cuenta del ámbito de aplicación del presente Reglamento, algunas de sus disposiciones que son aplicables a los contratos de contado sobre materias primas que tengan o puedan tener efectos sobre instrumentos financieros, así como sobre instrumentos financieros cuyo valor dependa del valor de los contratos de contado sobre materias primas y que tengan o puedan tener efectos sobre estos contratos, es necesario asegurar que no se restrinjan las actividades de la Comisión, los Estados miembros y otros organismos designados oficialmente, efectuadas en el marco de la ejecución de la PAC y la PPC. A fin de conservar la capacidad de la Comisión, los Estados miembros y otros organismos de designación oficial de desarrollar y ejecutar la PAC y la PPC, sus actividades, en la medida en que se emprendan en interés público y, exclusivamente, en ejecución de dichas políticas, deben quedar exentas de la aplicación del presente Reglamento. Dicha exención no debe repercutir negativamente en la transparencia general del mercado, ya que dichos organismos públicos están obligados por ley a operar de tal forma que la difusión pública de nuevas decisiones, novedades y datos que puedan influir en los precios, así como el acceso a los mismos, se realicen de forma ordenada, justa y no discriminatoria. Al mismo tiempo, la exención de los organismos públicos que actúen en el marco de la ejecución de la PAC y la PPC no debe ampliarse a aquellos casos en los que las prácticas u operaciones realizadas por dichos organismos no persigan la ejecución de la PAC y la PPC, o cuando las personas que trabajen para dichos organismos lleven a cabo prácticas u operaciones por cuenta propia.

(23)

La característica esencial de la operación con información privilegiada consiste en obtener una ventaja injusta a partir de información privilegiada en detrimento de terceros que desconocen la información y, por tanto, en el menoscabo de la integridad de los mercados financieros y la confianza de los inversores. Por consiguiente, la prohibición de operar con información privilegiada debe ser aplicable cuando una persona que posee información privilegiada obtiene una ventaja injusta del beneficio conseguido a partir de dicha información al efectuarse operaciones de mercado sobre la base de dicha información, ya se trate de una adquisición, transmisión o cesión, o de un intento de adquisición, transmisión o cesión, o de una cancelación o modificación, de un intento de cancelación o modificación, de una orden para adquirir, transmitir o ceder, por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, instrumentos financieros a los que se refiere la información en cuestión. La utilización de información privilegiada puede consistir asimismo en el comercio de derechos de emisión y sus derivados, así como en la participación en subastas de derechos de emisión u otros productos subastados basados en los mismos, celebradas de conformidad con el Reglamento (UE) no 1031/2010 de la Comisión (8).

(24)

Cuando una persona física o jurídica que posee información privilegiada adquiere, transmite o cede, o intenta adquirir, transmitir o ceder, por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, instrumentos financieros a los que se refiere dicha información, ha de suponerse que esa persona ha utilizado dicha información. Esta presunción se entiende sin perjuicio del derecho de defensa. La cuestión de si una persona ha infringido la prohibición de realizar operaciones con información privilegiada o ha intentado realizarlas ha de analizarse teniendo en cuenta el objeto del presente Reglamento, que es proteger la integridad de los mercados financieros y aumentar la confianza de los inversores, lo que, a su vez, se basa en la garantía de que estos estarán en igualdad de condiciones y protegidos contra una utilización indebida de información privilegiada.

(25)

Las órdenes formuladas antes de que una persona posea información privilegiada no deben tener la consideración de operaciones con información privilegiada. Sin embargo, cuando una persona tiene conocimiento de información privilegiada, debe presumirse que cualquier cambio basado en esa información, que afecte a órdenes dadas antes de conocerla, incluidas la cancelación o modificación y la tentativa de hacerlo, constituye una operación con información privilegiada. No obstante, dicha presunción podrá ser refutada si la persona demuestra que no ha utilizado información privilegiada al realizar la operación.

(26)

La utilización de información privilegiada puede consistir en la adquisición, transmisión o cesión de un instrumento financiero, o un producto subastado basado en derechos de emisión, o en la cancelación o modificación de una orden, o en la tentativa de adquirir, transmitir o ceder un instrumento financiero, o de cancelar o modificar una orden, por una persona que conoce, o hubiera debido conocer, que la información de que dispone es información privilegiada. A este respecto, las autoridades competentes deben considerar qué es lo que una persona normal y razonable conoce o hubiese debido conocer en esas circunstancias.

(27)

El presente Reglamento debe interpretarse de modo coherente con las medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger los intereses de los titulares de valores negociables que comporten derechos de voto en una empresa (o que puedan comportar tales derechos como consecuencia de su ejercicio o conversión) cuando la empresa reciba una oferta pública de adquisición o cualquier otra propuesta de cambio de control. En particular, el presente Reglamento debe interpretarse de manera coherente con las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas adoptados en relación con ofertas públicas de adquisición, operaciones de fusión y otras operaciones que afectan a la propiedad o al control de las empresas reguladas por las autoridades de supervisión designadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(28)

Los análisis y los cálculos elaborados a partir de datos públicos no deben considerarse en sí mismos como información privilegiada y, por lo tanto, el mero hecho de que una operación se realice sobre la base de dichos análisis o cálculos tampoco debe considerarse en sí mismo una utilización de información privilegiada. Sin embargo, dicha información puede constituir información privilegiada, por ejemplo, si el mercado espera sistemáticamente la publicación o la distribución de la información y dicha publicación o distribución contribuyen al proceso de formación de los precios de los instrumentos financieros, o si la información ofrece opiniones de un comentarista o una entidad de mercado reconocidos que pueden influir sobre los precios de instrumentos financieros relacionados. Los agentes del mercado deben considerar, por lo tanto, en qué medida la información no es pública, así como el posible efecto sobre los instrumentos financieros negociados antes de la publicación o distribución de la información, con objeto de determinar si están negociando con información privilegiada.

(29)

A fin de evitar prohibir de manera no deliberada formas legítimas de actividad financiera, es decir, cuando no hay abuso de mercado, es necesario reconocer determinadas conductas legítimas, lo que puede incluir, por ejemplo, el reconocimiento de la función de los creadores de mercado cuando actúan en su legítima capacidad de proporcionar liquidez al mercado.

(30)

No debe considerarse operación con información privilegiada el mero hecho de que los creadores de mercado o las personas autorizadas para actuar como contrapartes se limiten a proseguir su negocio legítimo de compra y venta de instrumentos financieros, o de que las personas autorizadas a ejecutar órdenes por cuenta de terceros con información privilegiada se limiten a ejecutarlas o modificarlas diligentemente. No obstante, la protección que dispensa el presente Reglamento a los creadores de mercado, a organismos autorizados para actuar como contrapartes o a personas autorizadas a ejecutar en nombre de terceros órdenes con información privilegiada no se extiende a actividades claramente prohibidas en virtud del presente Reglamento, incluida la práctica comúnmente conocida como front-running (operativa anticipada a la de los clientes). Cuando las personas jurídicas adoptan todas las medidas razonables para evitar que se produzcan abusos de mercado, pero, aun así, alguna persona física empleada por ellas comete abusos de mercado en su nombre, no debe imputarse abuso de mercado a la persona jurídica. Otro ejemplo que no debe considerarse utilización de información privilegiada lo constituyen las operaciones realizadas en cumplimiento de una obligación vencida. El mero hecho de tener acceso a la información privilegiada de otra empresa y la utilización de la misma en el contexto de una oferta pública de adquisición con el fin de obtener el control de dicha empresa o de proponer una fusión con la misma no deben considerarse operaciones con información privilegiada.

(31)

Dado que la adquisición o la cesión de instrumentos financieros supone necesariamente la adopción previa de la decisión relativa a la adquisición, transmisión o cesión por parte de la persona que efectúa una u otra de estas operaciones, el mero hecho de realizar dicha adquisición, transmisión o cesión no debe considerarse en sí mismo como utilización de información privilegiada. La actuación sobre la base de planes y estrategias de negociación propios no debe considerarse operación con información privilegiada. No obstante, ninguna de dichas personas, ya sean personas físicas o jurídicas, deben estar protegidas por su función profesional; solo deben estar protegidas si actúan de forma adecuada y correcta, respetando las normas propias de su profesión y del presente Reglamento, es decir, la integridad del mercado y la protección de los inversores. Sin embargo, se podría considerar que se ha producido una infracción si la autoridad competente determina que, tras esas operaciones u órdenes, o esas conductas, hubo razones ilegítimas o que la persona operó con información privilegiada.

(32)

Las prospecciones de mercado son interacciones entre un vendedor de instrumentos financieros y uno o más inversores potenciales, antes del anuncio de la operación, destinadas a evaluar el interés de los inversores potenciales en una posible operación, su precio, volumen y estructura. Las prospecciones de mercado pueden implicar una oferta inicial o secundaria de valores relevantes y son diferentes de las negociaciones normales. Constituyen un instrumento muy valioso para evaluar la opinión de los potenciales inversores, reforzar el diálogo con los accionistas y velar por que las negociaciones se desarrollen sin problemas, así como para armonizar las opiniones de los emisores, los accionistas existentes y los nuevos potenciales inversores. Pueden ser particularmente beneficiosas cuando los mercados no infunden confianza, carecen de un índice de referencia o son volátiles. Por lo tanto, la capacidad de realizar prospecciones de mercado es importante para el correcto funcionamiento de los mercados financieros y dichas prospecciones no deben ser consideradas por sí mismas abuso de mercado.

(33)

Los ejemplos de prospecciones de mercado incluyen las situaciones en que la empresa vendedora dialoga con un emisor sobre una posible operación y decide evaluar el interés del inversor potencial con objeto de determinar las condiciones de la operación; los casos en que un emisor anuncia una emisión de deuda o una oferta adicional de acciones y la empresa vendedora contacta a inversores relevantes y les informa sobre todas las condiciones de la operación con objeto de obtener un compromiso financiero de participación en la operación; o cuando la empresa vendedora pretende vender una gran cantidad de valores en nombre de un inversor e intenta evaluar el interés potencial en dichos valores de otros inversores potenciales.

(34)

La realización de prospecciones de mercado puede requerir la comunicación de información privilegiada a inversores potenciales. Por lo general, solo será posible obtener un beneficio financiero de una negociación sobre la base de información privilegiada comunicada en una prospección de mercado si existe un mercado para el instrumento financiero objeto de la prospección de mercado o para un instrumento financiero relacionado. Dado el calendario de tales diálogos, es posible que la información privilegiada pueda ser comunicada al inversor potencial durante la prospección de mercado después de que el instrumento financiero haya sido admitido a negociación en un mercado regulado o negociado en un SMN o SOC. Antes de iniciar una prospección de mercado, el participante del mercado que comunica información debe evaluar si esta implicará la comunicación de información privilegiada.

(35)

Se considerará que se ha comunicado legítimamente información privilegiada, si esta se comunica en el normal ejercicio de un trabajo, una profesión o las funciones de una persona. Cuando la prospección de mercado incluye la comunicación de información privilegiada, se considerará que el participante del mercado que la comunica lo hace en el normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones si, en el momento de realizar la comunicación, obtiene el consentimiento de la persona a la que se revela información y le informa de que puede estar recibiendo información privilegiada, de que las disposiciones del presente Reglamento limitarán su capacidad de negociar con dicha información o de actuar sobre la base de la misma, de que deben adoptarse medidas razonables para proteger continuamente la confidencialidad de la información, y de que debe informar al participante del mercado que realiza la prospección sobre la identidad de todas las personas físicas y jurídicas a las que se comunica la información en el curso de la formulación de las respuestas a la prospección de mercado. El participante del mercado que comunica la información debe cumplir asimismo las obligaciones, que habrán de establecerse detalladamente en las normas técnicas de regulación, relativas al mantenimiento de registros de la información divulgada. No se puede presumir que aquellos participantes del mercado que no cumplen el presente Reglamento cuando realizan prospecciones de mercado revelan ilícitamente información privilegiada, pero tampoco se puede permitir que puedan beneficiarse de la exención concedida a aquellos que cumplen dichas disposiciones. La cuestión de si han infringido la prohibición de comunicación ilícita de información privilegiada debe analizarse teniendo en cuenta todas las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, y todos los participantes del mercado que comunican información deben tener la obligación de registrar por escrito, antes de realizar una prospección de mercado, si esta implicará la comunicación de información privilegiada.

(36)

Los inversores potenciales que son objeto de una prospección de mercado deben considerar, por su parte, si la información que se les ha comunicado equivale a información privilegiada, lo que les impediría negociar basándose en ella o revelarla, a su vez. Los inversores potenciales siguen sujetos a las normas relativas a las operaciones con información privilegiada y la comunicación ilícita de la misma, como dispone el presente Reglamento. La AEVM debe publicar directrices, con objeto de ayudar a los inversores potenciales en sus consideraciones así como por lo que respecta a las medidas que deben adoptar para no contravenir el presente Reglamento.

(37)

El Reglamento (UE) no 1031/2010 prevé dos regímenes paralelos en caso de abuso de mercado aplicables a las subastas de derechos de emisión. No obstante, como consecuencia de la clasificación de los derechos de emisión como instrumentos financieros, el presente Reglamento debe ofrecer unas reglas de juego únicas aplicables a las medidas relativas al abuso de los mercados primario y secundario de derechos de emisión. El presente Reglamento debe aplicarse además a conductas u operaciones, incluyendo ofertas, relativas a las subastas en mercados regulados autorizados como plataformas de subasta de derechos de emisión y a los demás productos subastados basados en esos derechos, incluidos los casos en los que los productos subastados no sean instrumentos financieros, en virtud del Reglamento (UE) no 1031/2010.

(38)

El presente Reglamento debe prever medidas en materia de manipulación de mercado que puedan adaptarse a nuevas formas de negociación de valores o nuevas estrategias potencialmente abusivas. Para reflejar el hecho de que la negociación de instrumentos financieros se lleva a cabo de forma cada vez más automatizada, es deseable que la definición de manipulación de mercado proporcione ejemplos específicos de las estrategias abusivas que se pueden aplicar a través de cualquier medio disponible de negociación, incluidas la negociación algorítmica y de alta frecuencia. Los ejemplos presentados no pretenden ser exhaustivos ni sugerir que la aplicación de las mismas estrategias a través de otros medios no constituya abuso.

(39)

Las prohibiciones relativas al abuso de mercado deben incluir asimismo a las personas que colaboran para cometer abuso de mercado. Los ejemplos pueden incluir, sin ser exhaustivos, a intermediarios que idean y recomiendan estrategias de inversión destinadas a cometer abuso de mercado, a personas que alientan a personas que poseen información privilegiada a revelar dicha información de forma ilícita o a personas que elaboran programas informáticos en colaboración con un operador con objeto de facilitar el abuso de mercado.

(40)

Con objeto de asegurar que la responsabilidad recae tanto en la persona jurídica como en toda persona física que participe en la toma de decisiones de la persona jurídica, es necesario reconocer los diferentes mecanismos jurídicos nacionales de los Estados miembros. Dichos mecanismos deben estar directamente relacionados con los sistemas de atribución de la responsabilidad en el Derecho interno.

(41)

Para completar la prohibición de manipulación de mercado, el presente Reglamento debe incluir asimismo una prohibición de las tentativas de manipulación de mercado. Las tentativas de manipulación de mercado deben distinguirse de la conducta que puede dar lugar a manipulación de mercado, dado que ambas actividades están prohibidas por el presente Reglamento. Tal tentativa puede incluir situaciones en las que una acción se inicia pero no se concluye, por ejemplo, como consecuencia de un fallo tecnológico o de una orden de negociación que no se ejecuta. La prohibición de las tentativas de manipulación de mercado es necesaria para permitir a las autoridades competentes sancionar tales tentativas.

(42)

Sin perjuicio del objetivo del presente Reglamento y sus disposiciones directamente aplicables, la persona que efectúa operaciones o emite órdenes de negociación que pueden considerarse manipulación de mercado puede demostrar que sus motivos para efectuar dichas operaciones o emitir dichas órdenes de negociación eran legítimos y que las operaciones y órdenes de negociación se ajustaban a prácticas aceptadas en el mercado en cuestión. Solo la autoridad competente responsable de la supervisión de los abusos de mercado en el mercado en cuestión puede determinar que se trata de una práctica aceptada. Una práctica aceptada en un mercado determinado no puede considerarse aplicable a otros mercados a menos que las autoridades competentes de estos últimos hayan aceptado oficialmente tal práctica. Aun así, puede considerarse que se ha producido una infracción si la autoridad competente determina que no ha habido razones legítimas tras dichas operaciones u órdenes de negociación.

(43)

El presente Reglamento debe aclarar que la manipulación o la tentativa de manipulación de mercado con un instrumento financiero también puede realizarse mediante instrumentos financieros relacionados, como los derivados, que son objeto de negociación en un centro de negociación diferente o en mercados OTC.

(44)

El precio de muchos instrumentos financieros se fija sobre la base de índices de referencia. La manipulación o la tentativa de manipulación de los índices de referencia, incluidos los tipos de interés del mercado interbancario, puede tener graves repercusiones en la confianza de los mercados y dar lugar a pérdidas significativas para los inversores o a distorsiones de la economía real. Por tanto, conviene adoptar disposiciones específicas en relación con los índices de referencia, a fin de preservar la integridad de los mercados y garantizar que las autoridades competentes puedan prohibir claramente la manipulación de estos índices. Dichas disposiciones deben cubrir todos los índices de referencia publicados, incluidos aquellos a los que se puede acceder a través de internet, de forma gratuita o no, como los índices de referencia CDS y los índices de índices. Es necesario completar la prohibición general de la manipulación de mercado con la prohibición de la manipulación de los índices de referencia, de la transmisión de información falsa o engañosa, del suministro de datos falsos o engañosos, o de cualquier otra acción que suponga una manipulación del cálculo de un índice de referencia, cuando el cálculo se defina de forma amplia para incluir la recepción y evaluación de todos los datos relativos al cálculo de dicho índice de referencia, así como, en particular datos tratados, incluida la metodología utilizada, basada, total o parcialmente, en algoritmos o en apreciaciones. Dichas normas se añaden a lo dispuesto en el Reglamento (UE) no 1227/2011 que prohíbe la transmisión deliberada, a empresas que realizan estimaciones de precios o informes sobre el mercado de productos energéticos al por mayor, de información falsa que induzca a error a los participantes en el mercado que actúan apoyándose en estas estimaciones de precios o en estos informes de mercado.

(45)

Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes de mercado entre los distintos centros y plataformas de negociación sometidos al presente Reglamento, se debe requerir a toda persona que gestione mercados regulados, SMN y SOC que establezca y mantenga mecanismos, sistemas y procedimientos eficaces para prevenir y detectar la manipulación de mercado y las prácticas abusivas.

(46)

La manipulación o la tentativa de manipulación de los instrumentos financieros puede consistir también en la introducción de órdenes que pueden no ejecutarse. Además, es posible manipular un instrumento financiero actuando fuera del correspondiente centro de negociación. Las personas que tramiten o ejecuten operaciones profesionalmente deben estar obligadas a establecer y mantener mecanismos, sistemas y procedimientos eficaces para detectar y notificar las operaciones sospechosas. Deben notificar igualmente las órdenes y operaciones sospechosas realizadas fuera del correspondiente centro de negociación.

(47)

La manipulación o la tentativa de manipulación de los instrumentos financieros puede consistir también en la difusión de información falsa o engañosa. La diseminación de tal información puede tener una repercusión significativa en los precios de los instrumentos financieros en un período relativamente corto. Puede consistir en la invención de información manifiestamente falsa, pero también en la omisión intencionada de hechos importantes, así como en la transmisión conscientemente imprecisa de información. Esta forma de manipulación de mercado es especialmente dañina para los inversores, porque les induce a basar sus decisiones de inversión en información incorrecta o distorsionada. Es también dañina para los emisores, porque reduce la confianza en la información de que se dispone sobre ellos. La falta de confianza del mercado puede, a su vez, perjudicar su capacidad para emitir nuevos instrumentos financieros o para conseguir crédito de otros participantes del mercado con objeto de financiar sus operaciones. La información se difunde en el mercado muy rápidamente. Como consecuencia, el perjuicio para los inversores y los emisores puede persistir bastante tiempo, hasta que se descubra que la información es falsa o engañosa y pueda ser corregida por el emisor o por los responsables de su difusión. Es preciso, por tanto, cualificar la difusión de información falsa o engañosa tipificando los rumores y las noticias falsas o engañosas como infracción del presente Reglamento. Y es conveniente, consiguientemente, no permitir a quienes actúan en los mercados financieros la libre expresión de información contraria a su propia opinión o a su mejor juicio que sepan o deban saber que es falsa o engañosa, en detrimento de los inversores y los emisores.

(48)

Habida cuenta del aumento del uso de sitios web, blogs y redes sociales, es importante dejar claro que la difusión de información falsa o engañosa a través de internet, incluidos sitios de redes sociales o blogs no atribuibles, debe considerarse, a efectos del presente Reglamento, abuso de mercado, al igual que cuando se comete a través de canales de comunicación más tradicionales.

(49)

La difusión pública de la información privilegiada por parte del emisor es esencial para evitar las operaciones con ese tipo de información y evitar inducir a confusión o engaño a los inversores. Por tanto, los emisores deben hacer pública cuanto antes la información privilegiada. No obstante, en circunstancias especiales, esta obligación puede perjudicar los legítimos intereses del emisor. En dichas circunstancias, ha de permitirse retrasar la difusión, siempre que no pueda inducir a confusión o engaño al público y que el emisor esté en condiciones de garantizar la confidencialidad de la información. Los emisores de un instrumento financiero solo estarán sujetos a la obligación de difundir información privilegiada si solicitan o aprueban la admisión a negociación del instrumento financiero.

(50)

A los efectos de la aplicación de los requisitos sobre difusión pública de información privilegiada y el aplazamiento de dicha difusión tal y como se establece en el presente Reglamento, los intereses legítimos pueden referirse, en particular, a las siguientes circunstancias no exhaustivas: a) negociaciones en curso o aspectos relacionados con ellas, cuando la difusión pública puede afectar al resultado o al curso normal de dichas negociaciones. En particular, en caso de que la viabilidad financiera del emisor se encuentre en grave e inminente peligro, si bien no le sea aplicable la normativa en materia de insolvencia, la difusión pública de la información podría aplazarse de modo limitado cuando dicha difusión pueda perjudicar gravemente los intereses de los accionistas existentes y potenciales comprometiendo la celebración de negociaciones específicas destinadas a asegurar la recuperación financiera a largo plazo del emisor; b) las decisiones adoptadas o los contratos celebrados por el órgano de administración o gestión de un emisor que requieran la aprobación de otro órgano del emisor para que sean efectivas, cuando la organización de dicho emisor requiera la separación entre dichos organismos, siempre que la difusión pública de la información antes de su aprobación, junto con el anuncio simultáneo de que dicha aprobación aún está pendiente, ponga en peligro la correcta evaluación de la información por parte del público.

(51)

Por otra parte, el requisito de hacer pública la información privilegiada afecta a todos los participantes del mercado de derechos de emisión. Para evitar que el mercado se vea sujeto a obligaciones de notificación que no sean útiles y mantener la eficiencia, desde el punto de vista del coste, de la medida contemplada, parece necesario limitar el carácter normativo de tal requisito únicamente a los operadores del RCDE de la UE de los que, por su tamaño y actividad, cabe esperar razonablemente que van a tener un efecto significativo en el precio de los derechos de emisión, de los productos subastados basados en esos derechos o de los instrumentos financieros relacionados con ellos y sobre la participación en subastas en virtud del Reglamento (UE) no 1031/2010. A efectos de la aplicación de dicha exención, la Comisión debe adoptar, mediante un acto delegado, medidas destinadas a establecer un valor umbral mínimo. La información que debe divulgarse debe referirse a las operaciones físicas de la parte divulgadora y no a sus planes o estrategias en relación con el comercio de derechos de emisión, productos subastados basados en esos derechos o instrumentos financieros relacionados con ellos. Cuando los participantes del mercado de derechos de emisión ya estén cumpliendo requisitos de comunicación equiparables, en particular los impuestos por el Reglamento (UE) no 1227/2011, la obligación de hacer pública la información privilegiada relativa a los derechos de emisión no debe generar duplicidades en la publicación de información obligatoria con idéntico contenido de fondo. En el caso de los participantes del mercado de derechos de emisión con emisiones agregadas o una potencia térmica nominal igual o inferior al umbral fijado, dado que se considera que la información sobre sus operaciones físicas no es material a efectos de difusión, debe considerarse asimismo que no tiene efectos significativos en el precio de los derechos de emisión, de los productos subastados basados en esos derechos o de los instrumentos financieros derivados relacionados con ellos. No obstante, se debe aplicar a dichos participantes del mercado de derechos de emisión la prohibición de realizar operaciones con información privilegiada en relación con cualquier otra información a la que tengan acceso y que constituya información privilegiada.

(52)

A fin de proteger el interés público, preservar la estabilidad del sistema financiero y, por ejemplo, evitar que las crisis de liquidez de las entidades financieras se conviertan en crisis de insolvencia debido a repentinas retiradas de fondos, en circunstancias excepcionales puede ser adecuado permitir que las entidades de crédito y entidades financieras retrasen la difusión de la información confidencial. En particular, esto puede aplicarse a la información relativa a problemas de liquidez temporales, cuando necesitan recibir préstamos de los bancos centrales, incluida la provisión urgente de liquidez de un banco central, si la difusión de la información tiene un impacto sistémico. Este retraso debe condicionarse a la obtención, por parte del emisor, del consentimiento de la autoridad competente pertinente y a que esté claro que el interés público y económico general del retraso de la difusión es superior al interés del mercado de recibir la información objeto del retraso.

(53)

En el caso de las entidades financieras, en particular cuando reciben préstamos de los bancos centrales, incluidas la provisión urgente de liquidez, la evaluación de si la información reviste importancia sistémica, o de si un retraso en su publicación resulta de interés público, debe realizarla la autoridad competente, previa consulta, según proceda, al banco central nacional, la autoridad macroprudencial o cualquier otra autoridad nacional.

(54)

La utilización o el intento de utilización de información privilegiada para operaciones por cuenta propia o de terceros debe prohibirse claramente. La utilización de información privilegiada puede consistir asimismo en el comercio de derechos de emisión y sus derivados, así como en la participación en subastas de derechos de emisión u otros productos subastados basados en los mismos celebradas de conformidad con el Reglamento (UE) no 1031/2010 por personas que saben, o que debieran saber, que la información que poseen es información privilegiada. La información relativa a los planes y estrategias de negociación propios de los participantes en el mercado no debe considerarse información privilegiada, si bien la información relativa a los planes y estrategias de negociación de terceros puede equivaler a información privilegiada.

(55)

El requisito de difusión de la información privilegiada puede ser gravoso para las pequeñas y medianas empresas como se definen en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), cuyos instrumentos financieros son admitidos a negociación en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME, dados los costes ligados al control de la información en su poder y al asesoramiento jurídico sobre la necesidad de divulgar la información y el momento de hacerlo. No obstante, la rápida difusión de la información privilegiada es esencial para que estos emisores puedan lograr la confianza de los inversores. En este sentido, la AEVM debe estar en condiciones de elaborar directrices encaminadas a ayudar a los emisores a cumplir su obligación de publicar la información privilegiada, sin comprometer con ello la protección de los inversores.

(56)

Las listas de iniciados son una herramienta importante para la investigación por parte del regulador de los posibles abusos de mercado, pero las diferencias nacionales acerca de los datos que deben incluirse en dichas listas imponen una carga administrativa innecesaria sobre los emisores. Por consiguiente, han de uniformizarse los campos de datos que deben contener esas listas, para reducir los costes mencionados. Es importante que las personas incluidas en dichas listas estén informadas de ello, así como de las consecuencias de dicha inclusión, con arreglo al presente Reglamento y a la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11). El requisito de mantener y actualizar constantemente la lista de iniciados impone una pesada carga administrativa, en particular, sobre los emisores que operan en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME. Puesto que las autoridades competentes están en condiciones de detectar eficazmente los casos de abuso de mercado sin necesidad de disponer en todo momento de las referidas listas, se debe eximir de tal obligación a los mencionados emisores, reduciendo de este modo los costes administrativos impuestos por el presente Reglamento. No obstante, dichos emisores deben facilitar a las autoridades competentes, a requerimiento de estas, una lista de iniciados.

(57)

La elaboración, por los emisores, o por toda persona que actué en su nombre o por cuenta de ellos, de listas de las personas que trabajan para ellos en virtud de un contrato de trabajo u otra relación y que tienen acceso a información privilegiada relativa, directa o indirectamente, al emisor, constituye una valiosa medida para proteger la integridad del mercado. Dichas listas pueden servir a los emisores o a esas personas para controlar el flujo de información privilegiada y ayudarles de este modo en el cumplimiento de sus obligaciones de confidencialidad. Además, tales listas pueden constituir asimismo un útil instrumento para que las autoridades competentes identifiquen a toda persona que tiene acceso a información privilegiada, así como la fecha en que han obtenido acceso a la misma. El acceso a información privilegiada relativa, directa o indirectamente, al emisor por parte de las personas incluidas en las mencionadas listas se entiende sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento.

(58)

Una mayor transparencia de las operaciones efectuadas por las personas con responsabilidades de dirección en entidades emisoras y, en su caso, por las personas estrechamente vinculadas a ellas, constituye una medida preventiva contra el abuso de mercado, en particular contra las operaciones con información privilegiada. La publicación de dichas operaciones, al menos de forma individual, también puede ser una fuente de información de gran utilidad para los inversores. Hay que aclarar que la obligación de publicar estas operaciones de los directivos se extiende también a la pignoración o al préstamo de instrumentos financieros, dado que la pignoración de acciones puede tener un efecto material y potencialmente desestabilizador en la empresa en caso de que se produzca una cesión repentina e imprevista. Sin difusión pública, el mercado ignora que hay una mayor posibilidad de que en el futuro se produzca, por ejemplo, un cambio importante en la propiedad de las acciones, un incremento en la oferta de acciones en el mercado, o la pérdida de derechos de voto en dicha empresa. Por tal razón, debe realizarse una notificación con arreglo al presente Reglamento cuando la pignoración de valores se efectúe como parte de una operación más amplia en la que el directivo pignore los valores como garantía para la obtención de crédito de terceros. Además, la transparencia total y adecuada del mercado es un requisito previo para la confianza de los agentes del mercado y, en particular, de los accionistas de una empresa. Es asimismo necesario aclarar que la obligación de publicar dichas operaciones de los directivos incluye las operaciones realizadas por otras personas que actúen por cuenta del directivo. Con objeto de lograr un equilibrio adecuado entre el nivel de transparencia y el volumen de notificaciones recibidas por las autoridades competentes y por el público, deben establecerse en el Reglamento umbrales por debajo de los cuales no es preciso notificar las operaciones.

(59)

La notificación de las operaciones efectuadas por una persona con responsabilidades de dirección por cuenta propia, o por una persona estrechamente vinculada con ella, no solo es información valiosa para los participantes en el mercado sino que constituye también un medio adicional para la supervisión de los mercados por las autoridades competentes. La obligación de notificar las operaciones se entiende sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por el presente Reglamento.

(60)

La notificación de las operaciones debe realizarse de conformidad con las normas sobre transferencia de datos personales establecidas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12).

(61)

A las personas con responsabilidades de dirección se les debe prohibir entablar negociaciones antes del anuncio de los estados financieros intermedios o de cierre de ejercicio, que el emisor en cuestión ha de publicar de conformidad con las normas del centro de negociación en el que las acciones del emisor son admitidas a negociación, o conforme al Derecho interno, salvo si existen circunstancias específicas y limitadas que justifiquen la concesión de un permiso para negociar a las personas con responsabilidades de dirección por parte de los emisores. No obstante, la concesión de tal permiso por parte del emisor se entiende sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por el presente Reglamento.

(62)

La eficacia de la supervisión se garantiza con la atribución de un conjunto de competencias, instrumentos y recursos eficaces a la autoridad competente de cada Estado miembro. De este modo, el presente Reglamento prevé, en particular, un conjunto mínimo de competencias en materia de supervisión e investigación que se debe confiar en el Derecho interno a las autoridades competentes de los Estados miembros. Cuando la legislación nacional así lo requiera, dichas competencias se ejercerán mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes. En el ejercicio de sus competencias en virtud del presente Reglamento, las autoridades competentes deben actuar de forma objetiva e imparcial y ser autónomas en la toma de decisiones.

(63)

Asimismo, las instituciones del mercado y los agentes económicos en su conjunto deben contribuir a la integridad del mercado. En este sentido, la designación de una autoridad competente única en materia de abuso de mercado no excluye los vínculos de colaboración entre esta última y los organismos del mercado, o la delegación de competencias a dichos organismos bajo la responsabilidad de la autoridad competente, con vistas a garantizar una supervisión eficaz del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. Cuando las personas que formulan o difunden recomendaciones en materia de inversión u otra información en la que se recomiende o sugiera una estrategia de inversión en relación con uno más instrumentos financieros también negocien por cuenta propia con dichos instrumentos, las autoridades competentes deben, entre otras cosas, poder exigir o pedir a dichas personas toda la información necesaria para determinar si las recomendaciones formuladas o difundidas por dichas personas son conformes con el presente Reglamento.

(64)

Para la detección de los casos de operaciones con información privilegiada y de manipulación de mercado, las autoridades competentes, de conformidad con la legislación nacional, deben tener acceso a los locales de personas físicas y jurídicas con objeto de proceder a la incautación de documentos. El acceso a dichos locales es necesario cuando hay sospechas razonables de la existencia de documentos y otros datos relativos al objeto de una investigación que pueden ser relevantes para probar un caso de información privilegiada o de manipulación de mercado. Además, el acceso a dichos locales es necesario cuando: la persona a la que se ha dirigido una solicitud de información no la atiende (en todo o en parte), o cuando hay motivos razonables para creer que, si se le dirigiera esa solicitud, no la atendería, o que el documento o información contemplado en la solicitud sería retirado, alterado o destruido. Si, con arreglo a la normativa nacional, es necesaria una autorización previa de la autoridad judicial del Estado miembro interesado, el derecho de acceso a los locales se debe ejercer tras la obtención previa de dicha autorización.

(65)

Los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre grabaciones de conversaciones telefónicas de las empresas de servicios de inversión, entidades de crédito y entidades financieras que realizan y documentan la realización de las operaciones, así como los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos de las empresas de telecomunicaciones, constituyen una prueba decisiva, a veces la única, para detectar y probar la existencia de operaciones con información privilegiada y de manipulación de mercado. Los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos pueden servir para determinar la identidad de una persona responsable de la difusión de información falsa o engañosa o que las personas de que se trate han estado en contacto durante un cierto tiempo, o la existencia de una relación entre dos o más personas. Por consiguiente, las autoridades competentes deben poder exigir las grabaciones existentes de conversaciones telefónicas, las comunicaciones electrónicas y los registros de tráfico de datos de que disponga una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito o entidad financiera de conformidad con la Directiva 2014/65/UE. El acceso a los registros de tráfico de datos y datos telefónicos es necesario para probar e investigar posibles operaciones con información privilegiada o manipulación de mercado y, por tanto, para detectar y sancionar el abuso de mercado. Para introducir condiciones de competencia equitativas en la Unión en lo que respecta al acceso a los registros de tráfico de datos y sobre datos telefónicos que mantenga una empresa de telecomunicaciones o a las grabaciones existentes de conversaciones telefónicas y tráfico de datos que mantenga una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito o entidad financiera, las autoridades competentes deben poder exigir, de conformidad con la normativa nacional, los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos que mantengan las empresas de telecomunicaciones en la medida en que lo autorice la normativa nacional, y las grabaciones existentes de conversaciones telefónicas así como los registros de tráfico de datos que mantengan las empresas de servicios de inversión en los casos en que haya una sospecha razonable de la existencia de dichos registros relativos al asunto de la inspección o la investigación que puedan ser relevantes para probar un caso de información privilegiada o de manipulación de mercado en infracción del presente Reglamento. El acceso a los registros telefónicos y de tráfico de datos que mantiene una empresa de telecomunicaciones no incluye el acceso al contenido de las comunicaciones telefónicas vocales.

(66)

Si bien el presente Reglamento establece una serie de competencias de las que, como mínimo, han de disponer las autoridades competentes, estas competencias deben ejercerse en el marco de un sistema completo de Derecho nacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la privacidad. Para el ejercicio de dichas competencias, que pueden dar lugar a graves injerencias en el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el hogar y las comunicaciones, los Estados miembros deben disponer de salvaguardias adecuadas y eficaces contra todo abuso, por ejemplo, cuando proceda, un requisito de autorización previa de las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros deben permitir que las autoridades competentes puedan ejercer dichas competencias invasivas, en la medida necesaria para realizar una investigación correcta de casos graves, cuando no haya medios equivalentes para lograr eficazmente el mismo resultado.

(67)

Puesto que los abusos de mercado se pueden cometer transfronterizamente y afectando a diversos mercados, salvo en circunstancias excepcionales, las autoridades competentes deben cooperar e intercambiar información con otras autoridades competentes y reguladoras, y con la AEVM, sobre todo en el marco de las actividades de investigación. Cuando una autoridad competente adquiera el convencimiento de que se están realizando o se han realizado actos que constituyen abuso de mercado en otro Estado miembro, o actos que afectan a instrumentos financieros negociados en otro Estado miembro, deberá notificarlo a la correspondiente autoridad competente y a la AEVM. En los casos de abuso de mercado con efectos transfronterizos, la AEVM deberá poder coordinar la investigación cuando así lo solicite alguna de las autoridades competentes implicadas.

(68)

Es necesario que las autoridades competentes dispongan de las herramientas necesarias para la supervisión cruzada de los carnés de órdenes en los distintos mercados. De conformidad con la Directiva 2014/65/UE, las autoridades competentes pueden solicitar y recibir de otras autoridades competentes datos relativos al carné de órdenes con objeto de contribuir a la supervisión y detección de casos de manipulación de mercado a nivel transfronterizo.

(69)

Al objeto de garantizar los intercambios de información y la cooperación con las autoridades de terceros países en relación con la aplicación eficaz del presente Reglamento, las autoridades competentes deben formalizar acuerdos de cooperación con sus homólogas en dichos países. Cualquier transferencia de datos personales efectuada en el marco de dichos acuerdos debe ajustarse a la Directiva 95/46/CE y al Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (13).

(70)

Un marco prudencial y de conducta sólido en el sector financiero debe basarse en unos regímenes de supervisión, investigación y sanción eficaces. Para ello, las autoridades de supervisión deben disponer de competencias de actuación suficientes y contar con regímenes sancionadores equitativos, rigurosos y disuasorios contra todas las malas conductas en el ámbito financiero, así como con unas sanciones que se ejecuten de manera efectiva. Sin embargo, el grupo Larosière consideró que no se da actualmente ninguna de estas circunstancias. En la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, sobre regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros, se hace una revisión de las facultades sancionadoras existentes y de su aplicación práctica, con el objetivo de promover la convergencia de las sanciones aplicadas en el conjunto de las actividades de supervisión.

(71)

Por consiguiente, se debe establecer un conjunto de sanciones y otras medidas administrativas que garanticen un planteamiento común de los Estados miembros y refuercen sus efectos disuasorios. Las autoridades competentes deben tener la posibilidad de imponer la inhabilitación permanente para el ejercicio de funciones de gestión en empresas de servicios de inversión. Las sanciones impuestas en casos específicos deben determinarse teniendo en cuenta, cuando proceda, factores tales como la restitución de los beneficios adquiridos indebidamente, la gravedad y duración de la infracción, las circunstancias agravantes o atenuantes y la necesidad de producir efectos disuasorios, y han de prever, cuando proceda, una reducción cuando se coopere con la autoridad competente. En particular, el importe real de las multas administrativas que deben imponerse en un caso específico puede alcanzar el nivel máximo previsto en el presente Reglamento, o el nivel más elevado previsto en el Derecho interno, para las infracciones muy graves, mientras que a las infracciones leves se les pueden imponer multas significativamente inferiores al nivel máximo, igual que en los casos de acuerdo. El presente Reglamento no limita la capacidad de los Estados miembros de prever niveles más elevados para las sanciones administrativas o las otras medidas administrativas.

(72)

Aun cuando nada impide que los Estados miembros prevean legalmente sanciones administrativas y penales por las mismas infracciones, no se les puede exigir que establezcan sanciones administrativas en relación con las infracciones del presente Reglamento que ya estén sujetas al Derecho penal interno a fecha de 3 de julio de 2016. De conformidad con el Derecho interno, los Estados miembros no están obligados a imponer tanto sanciones administrativas como penales por el mismo delito, pero lo pueden hacer si se lo permite su Derecho interno. No obstante, el mantenimiento de sanciones penales, en vez de sanciones administrativas, para las infracciones del presente Reglamento o de la Directiva 2014/57/UE no debe reducir ni afectar a la capacidad de las autoridades competentes de cooperar y acceder a información e intercambiarla en tiempo oportuno con las autoridades competentes de otros Estados miembros a los fines del presente Reglamento, incluso cuando las infracciones pertinentes se remitan a las autoridades judiciales competentes para su procesamiento penal.

(73)

Con objeto de asegurar que las decisiones adoptadas por las autoridades competentes tienen un efecto disuasorio en el público, por lo general deben publicarse. La publicación de las decisiones es asimismo una herramienta importante para que las autoridades competentes informen a los participantes en el mercado sobre las conductas que se considera que constituyen una infracción del presente Reglamento, así como para promover conductas más adecuadas entre los participantes en el mercado. Si dicha publicación causa un daño desproporcionado a las personas implicadas y pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, las autoridades competentes deben publicar las sanciones administrativas y otras medidas administrativas de forma anónima, con arreglo al Derecho interno, o aplazar su publicación. Las autoridades competentes deben tener la opción de no publicar las sanciones y las otras medidas administrativas cuando se considere que su publicación anónima o diferida es insuficiente para asegurar que no se pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros. Tampoco se puede exigir a las autoridades competentes que publiquen aquellas medidas que se consideren de naturaleza menor y cuya publicación tuviera consecuencias desproporcionadas.

(74)

Los confidentes proporcionan a las autoridades competentes nueva información que permite detectar y sancionar los casos de operaciones con información privilegiada y de manipulación de mercado. No obstante, pueden verse disuadidos de ello por miedo a las represalias o por falta de incentivos. La comunicación de las infracciones del presente Reglamento es necesaria para que las autoridades competentes puedan detectar y sancionar los abusos de mercado. Son necesarias medidas sobre los confidentes para facilitar la detección de los abusos de mercado y asegurar la protección y el respeto de los derechos de los confidentes y de los acusados. Por tanto, el presente Reglamento debe garantizar la implantación de mecanismos adecuados para que los confidentes puedan alertar a las autoridades competentes acerca de posibles infracciones y protegerles de represalias. Los Estados miembros deben poder prever incentivos financieros para las personas que ofrecen información relevante sobre posibles infracciones del presente Reglamento. Sin embargo, han de tener derecho a tales incentivos únicamente los confidentes que saquen a la luz nueva información que no estuviera ya sujeta al deber de notificación y que dé lugar a la imposición de sanciones por infracción del presente Reglamento. Los Estados miembros deben velar asimismo por que los programas de incentivos establecidos para los confidentes incluyan mecanismos dirigidos a garantizar la debida protección del acusado, especialmente en lo relativo al derecho de protección de sus datos personales, y procedimientos para garantizar su derecho a defenderse y a ser oído antes de que se adopte una decisión que le afecte, además del derecho a recurrir judicialmente esa decisión.

(75)

Puesto que los Estados miembros han adoptado disposiciones en aplicación de la Directiva 2003/6/CE, y que los actos delegados, normas técnicas de regulación y normas técnicas de ejecución previstos en el presente Reglamento deben ser adoptados antes de que el marco normativo llegue a aplicarse de manera efectiva, resulta necesario retrasar durante un plazo suficiente la aplicación de las disposiciones sustantivas del presente Reglamento.

(76)

Con el fin de facilitar una transición sin problemas hasta la fecha de aplicación del presente Reglamento, las prácticas existentes en el mercado con anterioridad a esa fecha y aceptadas por las autoridades competentes con arreglo al Reglamento (CE) no 2273/2003 de la Comisión (14) a los efectos de la aplicación del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2003/6/CE, podrán seguir aplicándose, siempre que sean notificadas a la AEVM en un plazo de tiempo definido, hasta que la autoridad competente adopte una decisión sobre la continuación de esas prácticas de acuerdo con el presente Reglamento.

(77)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta). Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios. En particular, cuando el presente Reglamento se refiera a las normas que rigen la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación, así como a las normas o los códigos que regulan la profesión periodística, dichas libertades han de tenerse en cuenta, ya que están garantizadas en la Unión y en los Estados miembros y reconocidas en virtud del artículo 11 de la Carta y otras disposiciones pertinentes.

(78)

Con objeto de incrementar la transparencia e informar mejor sobre el funcionamiento de los regímenes sancionadores, las autoridades competentes deben facilitar anualmente a la AEVM datos anónimos y agregados. Dichos datos deben incluir el número de investigaciones abiertas, el número de investigaciones en curso y el número de investigaciones cerradas durante el período pertinente.

(79)

La Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001 son los actos jurídicos que regulan el tratamiento de los datos personales por parte de la AEVM en el marco del presente Reglamento y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de los organismos públicos independientes designados por estos. Todo intercambio o comunicación de información por las autoridades competentes debe realizarse con arreglo a las disposiciones sobre transmisión de datos de naturaleza personal previstas en la Directiva 95/46/CE. Cualquier intercambio o comunicación de información por parte de la AEVM debe ajustarse a las disposiciones sobre transferencia de datos personales establecidas en el Reglamento (CE) no 45/2001.

(80)

El presente Reglamento, así como los actos delegados, actos de ejecución, normas técnicas de regulación, normas técnicas de ejecución y directrices, adoptados con arreglo al mismo, debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Unión sobre la competencia.

(81)

A fin de especificar los requisitos que establece el presente Reglamento, procede otorgar a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE con respecto a la ampliación de la exención del ámbito de aplicación del presente Reglamento a determinados organismos públicos y bancos centrales de terceros países, así como a determinados organismos públicos designados de terceros países que tienen un acuerdo de relación con la Unión con arreglo al artículo 25 de la Directiva 2003/87/CE; a los indicadores de manipulaciones enumerados en el anexo I; a los umbrales para determinar la aplicación de la obligación de difusión pública de los participantes del mercado de derechos de emisión; a las condiciones en las que se podría permitir la negociación durante un período cerrado y a los tipos de ciertas operaciones llevadas a cabo por personas con responsabilidades de gestión o personas estrechamente vinculadas con la misma que requieran notificación. Es especialmente importante que la Comisión realice consultas apropiadas durante su trabajo preparatorio, incluso a nivel de expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe velar por que los documentos correspondientes se transmitan de manera simultánea, oportuna y apropiada al Parlamento Europeo y al Consejo.

(82)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con los procedimientos para la notificación de las infracciones del mismo con objeto de especificar los procedimientos, incluidas las disposiciones para el seguimiento de los informes y las medidas destinados a la protección de las personas que trabajan en virtud de un contrato de trabajo, así como las medidas destinadas a la protección de los datos personales. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

(83)

Las normas técnicas en materia de servicios financieros han de garantizar condiciones uniformes en toda la Unión en las materias contempladas en el presente Reglamento. En tanto que organismo con conocimientos muy especializados, es conveniente y apropiado encomendar a la AEVM la elaboración y presentación a la Comisión de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución que no impliquen opciones políticas.

(84)

Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación que elabore la AEVM a fin de especificar el contenido de las notificaciones que deberán realizar los organismos rectores de mercados regulados, SMN y SOC sobre los instrumentos financieros que sean admitidos a negociación, o que sean negociados o para los que se haya solicitado la admisión a negociación en su centro de negociación, así como las modalidades y condiciones de la elaboración, publicación y mantenimiento de la lista de dichos instrumentos por parte de la AEVM; determinar las condiciones que deben cumplir los programas de recompra y las medidas de estabilización, incluidas las condiciones de negociación, las restricciones relativas a la duración y el volumen y las obligaciones de comunicación e información, así como las condiciones de los precios para la estabilización, en relación con los sistemas relativos a los procedimientos y mecanismos aplicables por los centros de negociación para prevenir y detectar los abusos de mercado y con los sistemas y modelos que han de usar las personas para detectar y notificar las órdenes y operaciones sospechosas; especificar los mecanismos, procedimientos y requisitos relativos al mantenimiento de registros adecuados en el proceso de prospección del mercado, así como en relación con los mecanismos técnicos aplicables a determinadas categorías de personas para la presentación objetiva de información en la que se recomiende una estrategia de inversión y para la comunicación de intereses particulares o indicaciones de conflicto de intereses mediante actos delegados en virtud del artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (16). Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos.

(85)

Asimismo, deben otorgarse a la Comisión poderes para que adopte normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución en virtud del artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1093/2010. Debe encomendarse a la AEVM que elabore y presente a la Comisión proyectos de normas técnicas de ejecución relativas a la difusión pública de la información privilegiada, a los formatos de las listas de iniciados y a los formatos y procedimientos para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes y entre estas y la AEVM.

(86)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, evitar el abuso de mercado a través de operaciones con información privilegiada, la comunicación ilícita de la misma y la manipulación de mercado, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(87)

Dado que las disposiciones de la Directiva 2003/6/CE ya no son pertinentes ni suficientes, procede derogar dicha Directiva con efectos a partir del 3 de julio de 2016. Los requisitos y prohibiciones del presente Reglamento están estrechamente relacionados con los de la Directiva 2014/65/UE, por lo que deben entra en vigor en la fecha de entrada en vigor de esta última Directiva.

(88)

Para la correcta aplicación del presente Reglamento es necesario que los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para garantizar que el 3 de julio de 2016 a más tardar, su normativa nacional cumple con las disposiciones del presente Reglamento relativas a las autoridades competentes y sus facultades, las sanciones administrativas y otras medidas administrativas, la comunicación de infracciones y la publicación de decisiones.

(89)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen el 10 de febrero de 2012 (17).

a)

los instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado regulado o para los que se haya solicitado la admisión a negociación en un mercado regulado;

b)

los instrumentos financieros negociados en un SMN, los admitidos a negociación en un SMN o para los que se haya solicitado la admisión a negociación en un SMN;

c)

los instrumentos financieros negociados en un SOC;

d)

los instrumentos financieros no comprendidos en las letras a), b) o c), cuyo precio o valor dependa de los instrumentos financieros mencionados en esas letras o tenga un efecto sobre el precio o el valor de los mismos, incluidos, aunque no de forma exclusiva, las permutas de riesgo de crédito y los contratos por diferencias.

a)

los contratos de contado sobre materias primas, que no sean productos energéticos al por mayor, en los que la operación, orden o conducta tenga, pueda tener o pretenda tener algún efecto en el precio o valor de un instrumento financiero contemplado en el apartado 1;

b)

cualquier tipo de instrumento financiero, incluyendo los contratos de derivados o los instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito, en los que la operación, orden, oferta o conducta tenga o pueda tener algún efecto en el precio o valor de un contrato de contado sobre materias primas, cuando el precio o valor dependan del precio o valor de dichos instrumentos financieros, y

c)

cualquier conducta en relación con índices de referencia.

a)

miembro del órgano de administración, gestión o supervisión de dicha entidad, o

b)

alto directivo que no es miembro de los órganos mencionados en la letra a) y que tiene acceso regular a información privilegiada relativa, directa o indirectamente, a dicha entidad, así como competencias para adoptar decisiones en materia de gestión que afectan a la evolución futura y a las perspectivas empresariales de dicha entidad;

a)

el cónyuge o cualquier persona considerada equivalente a un cónyuge por el Derecho nacional;

b)

los hijos a su cargo, de conformidad con el Derecho nacional;

c)

cualquier otro familiar con el que se hubiese convivido al menos desde un año antes de la fecha de la operación de que se trate, o

d)

una persona jurídica, fideicomiso (trust) o asociación, en la que ocupe un cargo directivo una persona con responsabilidades de dirección o una persona mencionada en las letras a), b) o c), o que esté directa o indirectamente controlada por dicha persona, o que se haya creado para beneficio de dicha persona, o cuyos intereses económicos sean en gran medida equivalentes a los de dicha persona;

i)

elaborada por un analista independiente, una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, cualquier otra persona cuya actividad principal sea hacer recomendaciones de inversión o las personas físicas que trabajen para ellas en virtud de un contrato de trabajo, o de otra forma, en la que se exprese, de manera directa o indirecta, una propuesta de inversión concreta respecto de un instrumento financiero o un emisor, o

ii)

elaborada por personas distintas de las contempladas en el inciso i), en la que se proponga directamente una decisión de inversión concreta respecto de un instrumento financiero;

i)

acciones y valores equiparables a las acciones,

ii)

obligaciones u otras formas de deuda titulizada, o

iii)

deuda titulizada convertible o canjeable por acciones u otros valores equiparables a las acciones;

i)

contratos o derechos de suscripción, adquisición, transmisión o cesión de valores,

ii)

derivados financieros de valores,

iii)

en los casos en que los valores sean instrumentos de deuda convertibles o canjeables, los valores en que pueden convertirse o por los que pueden canjearse esos instrumentos de deuda convertibles o canjeables,

iv)

instrumentos emitidos o garantizados por el emisor o garante de los valores y cuyo precio de mercado pueda influir de manera importante en el precio de los valores, o a la inversa,

v)

cuando los valores sean valores equiparables a las acciones, las acciones representadas por dichos valores y cualesquiera otros valores equiparables a dichas acciones;

a)

los nombres y los identificadores de los instrumentos financieros para los que se haya solicitado la admisión a negociación, o que sean admitidos a negociación o que hayan sido negociados por primera vez en mercados regulados, SMN o SOC;

b)

la fecha y hora en que se solicitó la admisión a negociación, se realizó la admisión a negociación o la primera negociación;

c)

los detalles de los centros de negociación en los que se haya solicitado la admisión a negociación de los instrumentos financieros, hayan sido admitidos a negociación o hayan sido negociados por primera vez, y

d)

la fecha y la hora en que dejen de negociarse o de admitirse a negociación los instrumentos financieros.

a)

el contenido de las notificaciones contempladas en el apartado 1, y

b)

las modalidades y condiciones de elaboración, publicación y mantenimiento de la lista a la que se refiere el apartado 3.

a)

los detalles completos del programa se hagan públicos antes del comienzo de la negociación;

b)

las operaciones sean notificadas como elementos integrantes del programa de recompra, a la autoridad competente del centro de negociación de conformidad con el apartado 3, y a continuación sean difundidas al público;

c)

se respeten límites adecuados en cuanto al precio y al volumen, y

d)

se efectúe de conformidad con los objetivos a que se refiere el apartado 2 y las condiciones establecidas en el presente artículo y en las normas técnicas de regulación contempladas en el apartado 6.

a)

la reducción del capital de un emisor;

b)

el cumplimiento de las obligaciones inherentes a los instrumentos financieros de deuda convertibles en acciones, o

c)

el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los programas de opciones de acciones u otras asignaciones de acciones para los empleados o los miembros de los órganos de administración o supervisión del emisor o de una empresa asociada.

a)

la estabilización se realice durante un período limitado;

b)

la información relevante sobre la estabilización se haya hecho pública y se haya notificado a la autoridad competente de acuerdo con el apartado 5;

c)

se respeten límites adecuados en cuanto al precio, y

d)

dicha negociación cumpla con las condiciones para la estabilización establecidas en las normas técnicas de regulación mencionadas en el apartado 6.

a)

por un Estado miembro;

b)

por los miembros del SEBC;

c)

por cualquier ministerio, agencia o entidad de cometido especial de uno o varios Estados miembros, o por cualquier persona que actúe por cuenta de ellos, y,

d)

en el caso de los Estados miembros de estructura federal, por cualquiera de los miembros de la federación.

a)

la Unión;

b)

una entidad de cometido especial de uno o varios Estados miembros;

c)

el Banco Europeo de Inversiones;

d)

el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera;

e)

el Mecanismo Europeo de Estabilidad;

f)

una entidad financiera internacional establecida por dos o más Estados miembros cuyo objetivo sea captar financiación y prestar asistencia financiera en beneficio de aquellos de sus miembros que experimenten graves problemas financieros o se vean amenazados por ellos.

a)

la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores o a uno o varios instrumentos financieros o sus derivados y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos o de los instrumentos derivados relacionados con ellos;

b)

en relación con los instrumentos derivados sobre materias primas, la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios de esos instrumentos derivados o directamente a un contrato de contado sobre materias primas relacionado con ellos y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos derivados o contratos de contado sobre materias primas relacionados con ellos, y siempre que se trate de información de la que quepa razonablemente esperar que se haga pública o que deba hacerse pública obligatoriamente, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales o reglamentarias de la Unión o nacionales, en las normas del mercado, en los contratos o en los usos y las prácticas de los correspondientes mercados de derivados sobre materias primas o de contado;

c)

en relación con los derechos de emisión o con los productos subastados basados en esos derechos, la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios de esos instrumentos financieros y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos o de los instrumentos financieros derivados relacionados con ellos;

d)

en cuanto a las personas encargadas de la ejecución de las órdenes relativas a los instrumentos financieros, la información transmitida por un cliente en relación con sus órdenes pendientes relativas a instrumentos financieros, que sea de carácter concreto, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores o a uno o varios instrumentos financieros y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de esos instrumentos financieros, los precios de contratos de contado sobre materias primas o los precios de los instrumentos derivados relacionados con ellos.

a)

recomienda, sobre la base de dicha información, que otra persona adquiera, trasmita o ceda instrumentos financieros a los que se refiere la información, o induce a esa persona a realizar la adquisición, trasmisión o cesión, o

b)

recomienda, sobre la base de dicha información, que otra persona cancele o modifique una orden relativa al instrumento financiero al que se refiere la información, o induce a dicha persona a realizar esa cancelación o modificación.

a)

ser miembro de los órganos de administración, gestión o supervisión del emisor o del participante del mercado de derechos de emisión;

b)

participar en el capital del emisor o del participante del mercado de derechos de emisión;

c)

tener acceso a dicha información en el ejercicio de su trabajo, profesión o funciones, o

d)

estar involucrada en actividades delictivas.

a)

haya establecido, aplicado y mantenido mecanismos y procedimientos internos adecuados y eficaces que garantizan eficazmente que ni la persona física que adoptó en su nombre la decisión de adquirir, transmitir o ceder los instrumentos financieros a los que se refiere la información, ni ninguna otra persona física que pueda haber influido en dicha decisión, estaba en posesión de la información privilegiada, y

b)

no haya alentado, recomendado o inducido a la persona física que, por cuenta de la persona jurídica, adquirió, transmitió o cedió los instrumentos financieros a los que se refiere la información, o no haya influido en esa persona física por cualquier otro medio.

a)

por lo que respecta al instrumento financiero al que se refiere dicha información, sea un creador de mercado o una persona autorizada para actuar como contraparte, y la adquisición, transmisión o cesión de los instrumentos financieros a los que se refiere dicha información se realice de forma legítima en el curso normal del ejercicio de su función como creador de mercado o como contraparte en relación con dicho instrumento financiero, o

b)

esté autorizada a ejecutar órdenes por cuenta de terceros, y la adquisición, transmisión o cesión de los instrumentos financieros a los que se refiere la orden se realice de forma legítima en el curso normal del ejercicio de su trabajo, profesión o funciones.

a)

dicha obligación se derive de una orden dada o de un acuerdo celebrado antes de que la persona en cuestión tuviera conocimiento de la información privilegiada, o

b)

esa operación tenga por objeto cumplir una disposición legal o reglamentaria anterior a la fecha en que la persona en cuestión tuviera conocimiento de la información privilegiada.

a)

un emisor;

b)

un oferente en el mercado secundario de un instrumento financiero, cuando el volumen o valor de la operación la hagan diferente de las negociaciones habituales e implique un método de venta basado en la evaluación previa del interés potencial de los inversores potenciales;

c)

un participante del mercado de derechos de emisión, o

d)

un tercero que actúe en nombre o por cuenta de alguna de las personas contempladas en las letras a) b) o c).

a)

la información es necesaria para permitir a dichos titulares formarse una opinión sobre su disposición a ofrecer sus valores, y

b)

la disposición de dichos titulares a ofrecer sus valores es razonablemente necesaria para tomar la decisión de realizar la oferta pública de adquisición o fusión.

a)

obtener el consentimiento de la persona receptora de la prospección de mercado para la recepción de información privilegiada;

b)

informar a la persona receptora de la prospección de mercado de que se le prohíbe utilizar dicha información, o intentar utilizarla, adquiriendo, transmitiendo o cediendo, por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, instrumentos financieros que guarden relación con esa información;

c)

informar a la persona receptora de la prospección de mercado de que se le prohíbe utilizar dicha información, o intentar utilizarla, mediante la cancelación o modificación de una orden ya dada relativa a un instrumento financiero con el que guarde relación la información, y

d)

informar a la persona receptora de la prospección de mercado de que al aceptar la recepción de la información se obliga a mantener su confidencialidad.

a)

los factores que dichas personas deben tener en cuenta cuando se les comunica información en el marco de una prospección de mercado para que valoren si la información puede considerarse información privilegiada;

b)

las medidas que debe adoptar dichas personas si les ha sido comunicada información privilegiada, para cumplir lo dispuesto en los artículos 8 y 10 del presente Reglamento, y

c)

los registros que deben mantener dichas personas para demostrar que han cumplido lo dispuesto en los artículos 8 y 10 del presente Reglamento.

a)

ejecutar una operación, dar una orden de negociación o cualquier otra conducta que:

a menos que la persona que hubiese efectuado la operación o dado la orden de negociación o realizado cualquier otra conducta demuestre que esa operación, orden o conducta se han efectuado por razones legítimas y de conformidad con una práctica de mercado aceptada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13;

b)

ejecutar una operación, dar una orden de negociación o cualquier otra actividad o conducta que afecte o pueda afectar, mediante mecanismos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio, al precio de uno o varios instrumentos financieros, de un contrato de contado sobre materias primas relacionado o de un producto subastado basado en derechos de emisión;

c)

difundir información a través de los medios de comunicación, incluido internet, o por cualquier otro medio, transmitiendo así o pudiendo transmitir señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, de un contrato de contado sobre materias primas relacionado o de un producto subastado basado en derechos de emisión, o pudiendo así fijar en un nivel anormal o artificial el precio de uno o varios instrumentos financieros, de un contrato de contado sobre materias primas relacionado o de un producto subastado basado en derechos de emisión, incluida la difusión de rumores, cuando el autor de la difusión sepa o debiera saber que la información era falsa o engañosa;

d)

transmitir información falsa o engañosa o suministrar datos falsos en relación con un índice de referencia, cuando el autor de la transmisión o del suministro de datos supiera o debiera haber sabido que eran falsos o engañosos, o cualquier otra conducta que suponga una manipulación del cálculo de un índice de referencia.

a)

la intervención de una persona, o de varias en concierto, para asegurarse una posición dominante sobre la oferta o demanda de un instrumento financiero, de un contrato de contado sobre materia primas relacionado o de un producto subastado basado en derechos de emisión, que afecte o pueda afectar a la fijación, de forma directa o indirecta, de precios de compra o de venta o que cree o pueda crear otras condiciones de negociación no equitativas;

b)

la compra o venta de instrumentos financieros, en el momento de apertura o cierre del mercado, que tenga o pueda tener el efecto de inducir a confusión o engaño a los inversores que operen basándose en las cotizaciones mostradas, incluidas las cotizaciones de apertura o de cierre;

c)

la formulación de órdenes en un centro de negociación, incluidas la cancelación o modificación de las mismas, a través de cualesquiera métodos de negociación disponibles, incluidos los medios electrónicos, como las estrategias de negociación algorítmica y de alta frecuencia, que produzca alguno de los efectos contemplados en el apartado 1, letras a) o b), al:

d)

aprovechar el acceso, ocasional o regular, a los medios de comunicación, tradicionales o electrónicos, para exponer una opinión sobre un instrumento financiero, contrato de contado sobre materias primas relacionado o producto subastado basado en derechos de emisión (o, de modo indirecto, sobre el emisor de los mismos) después de haber tomado posiciones sobre ese instrumento, contrato o producto subastado basado en derechos de emisión, y, a continuación, aprovechar los efectos que las opiniones expresadas tengan sobre el precio de dicho instrumento, contrato o producto subastado basado en derechos de emisión, sin haber revelado al público simultáneamente el conflicto de intereses de una manera adecuada y efectiva;

e)

la compra o venta en el mercado secundario, antes de la subasta prevista en el Reglamento (UE) no 1031/2010, de derechos de emisión o de instrumentos derivados relacionados con ellos, con el resultado de fijar el precio de adjudicación de los productos subastados en un nivel anormal o artificial o de inducir a confusión o engaño a los oferentes en las subastas.

a)

si la práctica de mercado ofrece un grado de transparencia sustancial para el mercado;

b)

si la práctica de mercado garantiza un alto grado de protección del funcionamiento de las fuerzas del mercado y la adecuada interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda;

c)

si la práctica de mercado tiene un impacto positivo en la liquidez y eficiencia del mercado;

d)

si la práctica de mercado tiene en cuenta el mecanismo de negociación del mercado en cuestión y permite a los participantes del mercado reaccionar de forma adecuada y oportuna a la nueva situación del mercado creada por dicha práctica;

e)

si la práctica de mercado no genera riesgos para la integridad de los mercados directa o indirectamente relacionados, regulados o no, en el instrumento financiero de que se trate dentro de la Unión;

f)

el resultado de cualquier investigación realizada sobre la práctica de mercado en cuestión por parte de cualquier autoridad competente u otra autoridad, en particular sobre la posible infracción por dicha práctica de mercado de normas o reglamentos destinados a impedir el abuso de mercado, o de códigos de conducta, tanto si se refiere al mercado de que se trate como si se refiere, directa o indirectamente, a mercados relacionados dentro de la Unión, y

g)

las características estructurales del mercado en cuestión, incluyendo, entre otros, si se trata de un mercado regulado o no, los tipos de instrumentos financieros que se negocian y el tipo de participantes del mercado, incluido el grado de participación de inversores particulares en el mercado en cuestión.

a)

realizar o intentar realizar operaciones con información privilegiada;

b)

recomendar que otra persona realice operaciones con información privilegiada o inducirla a ello, o

c)

comunicar ilícitamente información privilegiada.

a)

los mecanismos, sistemas y procedimientos apropiados para que las personas cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2, y

b)

los modelos de notificación que deban usar para cumplir los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2.

a)

que la difusión inmediata pueda perjudicar los intereses legítimos del emisor o del participante del mercado de derechos de emisión;

b)

que el retraso en la difusión no pueda inducir al público a confusión o engaño;

c)

que el emisor o el participante del mercado de derechos de emisión esté en condiciones de garantizar la confidencialidad de la información.

a)

que la difusión de la información privilegiada entrañe el riesgo de socavar la estabilidad financiera del emisor y del sistema financiero;

b)

que convenga al interés público retrasar la difusión;

c)

que se pueda garantizar la confidencialidad de la información, y

d)

que la autoridad competente especificada en el apartado 3 haya autorizado el retraso sobre la base del cumplimiento de las condiciones establecidas en las letras a), b) y c).

a)

si el emisor es una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión, la autoridad designada con arreglo al artículo 133, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (25);

b)

en los casos distintos del recogido en la letra a), cualquier otra autoridad nacional responsable de la supervisión del emisor.

a)

las modalidades técnicas para una difusión pública adecuada de información privilegiada a que se refieren los apartados 1, 2, 8 y 9, y

b)

las modalidades técnicas del retraso de la difusión pública de información privilegiada a que se refieren los apartados 4 y 5.

a)

elaborar una lista de todas las personas que tengan acceso a información privilegiada y trabajen para ellas en virtud de un contrato de trabajo, o que desempeñen funciones a través de las cuales tengan acceso a información privilegiada, como asesores, contables o agencias de calificación crediticia (lista de iniciados);

b)

actualizar sin demora la lista de iniciados con arreglo al apartado 4, y

c)

facilitar la lista de iniciados lo antes posible a la autoridad competente a requerimiento de esta.

a)

la identidad de toda persona que tenga acceso a información privilegiada;

b)

el motivo de la inclusión de esa persona en la lista de iniciados;

c)

la fecha y la hora en que dicha persona obtuvo acceso a la información privilegiada, y

d)

la fecha de elaboración de la lista de personas con acceso a información privilegiada.

a)

cuando cambie el motivo de la inclusión de una persona que ya figure en la lista de iniciados;

b)

cuando deba incluirse en la lista de iniciados a una nueva persona, por tener acceso a información privilegiada, y

c)

cuando una persona deje de tener acceso a información privilegiada.

a)

que el emisor tome todas las medidas razonables para garantizar que cualquier persona con acceso a información privilegiada reconozca las obligaciones legales y reglamentarias que ello implica y sea consciente de las sanciones aplicables a las operaciones con información privilegiada y a la comunicación ilícita de la misma, y

b)

que el emisor sea capaz de facilitar a la autoridad competente, a requerimiento de esta, una lista de iniciados.

a)

los participantes del mercado de derechos de emisión, respecto de la información privilegiada correspondiente a los derechos de emisión que se origine en relación con las operaciones físicas de esos participantes del mercado de derechos de emisión;

b)

cualquier plataforma de subastas, subastador y entidad supervisora de la subasta en relación con las subastas de derechos de emisión u otros productos subastados basados en esos derechos que se celebren de conformidad con el Reglamento (UE) no 1031/2010.

a)

por lo que respecta a los emisores, toda operación ejecutada por cuenta propia relativa a acciones o instrumentos de deuda de dicho emisor, instrumentos derivados u otros instrumentos financieros vinculados a ellos;

b)

por lo que respecta a los participantes del mercado de derechos de emisión, toda operación ejecutada por cuenta propia relativa a derechos de emisión, productos subastados basados en esos derechos o instrumentos derivados relacionados con ellos.

a)

que hayan solicitado u aprobado la admisión a negociación de sus instrumentos financieros en un mercado regulado, o

b)

en el caso de un instrumento negociado exclusivamente en un SMN o SOC, que hayan obtenido la aprobación para la negociación de sus instrumentos financieros en un SMN o SOC o que hayan solicitado la admisión a negociación de sus instrumentos financieros en un SMN de un Estado miembro.

a)

el nombre de la persona;

b)

el motivo de la notificación;

c)

el nombre del emisor o participante del mercado de derechos de emisión de que se trate;

d)

la descripción y el identificador del instrumento financiero;

e)

la naturaleza de la operación u operaciones (por ejemplo, adquisición o transmisión), indicando si están vinculadas al ejercicio de programas de opciones de acciones o a los ejemplos específicos contemplados en el apartado 7;

f)

la fecha y el lugar de la operación u operaciones, y

g)

el precio y el volumen de las operaciones. En el caso de una prenda cuyas condiciones prevean la modificación de su valor, dicha cláusula deberá hacerse pública junto con su valor en la fecha de la pignoración.

a)

la pignoración o el préstamo de instrumentos financieros por alguna de las personas con responsabilidades de dirección y personas estrechamente vinculadas con ellas mencionadas en el apartado 1, o en nombre de alguna de las anteriores;

b)

las operaciones realizadas por cualquier persona que prepare o ejecute operaciones o por alguien que actúe por cuenta de una persona con responsabilidades de dirección o de una persona estrechamente vinculada con ella, tal como se contempla en el apartado 1, incluidos los casos en que se actúe con facultades discrecionales;

c)

las operaciones realizadas en el marco de una póliza de seguro de vida, definida con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26), cuando:

a)

las normas del centro de negociación en el que las acciones del emisor son admitidas a negociación, o

b)

el Derecho nacional.

a)

caso por caso debido a circunstancias excepcionales, como la concurrencia de graves dificultades financieras, que requieran la inmediata venta de acciones, o

b)

cuando se negocien operaciones en el marco de o en relación con un plan de opciones o de ahorro de los empleados o en relación con la cualificación o suscripción de acciones, y cuando se negocien operaciones en las que no se producen cambios en la titularidad final del valor en cuestión, habida cuenta de que la negociación de esos tipos de operaciones presenta características particulares.

a)

las personas afectadas o las personas estrechamente vinculadas con ellas obtengan, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio de la publicación o difusión de la información en cuestión, o

b)

la publicación o difusión se lleve a cabo con la intención de inducir a confusión o engaño al mercado en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los instrumentos financieros.

a)

directamente;

b)

en colaboración con otras autoridades o con las instituciones de los mercados;

c)

bajo su responsabilidad por delegación a dichas autoridades u organismos de los mercados;

d)

mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes.

a)

acceder a cualquier documento y dato bajo cualquier forma, y obtener copia del mismo;

b)

solicitar o exigir información de cualquier persona, inclusive de aquellas que intervienen sucesivamente en la transmisión de órdenes o en la ejecución de las operaciones consideradas, así como de sus directivos, y en caso necesario citar e interrogar a una persona con el fin de obtener información;

c)

en relación con los instrumentos derivados sobre materias primas, requerir información a los participantes de los mercados de contado relacionados mediante formularios normalizados, recibir informes sobre las operaciones y acceder directamente a los sistemas de los operadores;

d)

realizar inspecciones e investigaciones in situ en locales que no sean las residencias privadas de personas físicas;

e)

en las condiciones del párrafo segundo, acceder a los locales de personas físicas y jurídicas a fin de proceder a la incautación de documentos y datos bajo cualquier forma cuando haya una sospecha razonable de la existencia de documentos o datos relativos al asunto de la inspección o investigación que puedan ser relevantes para probar un caso de operación con información privilegiada o de manipulación de mercado que infrinjan el presente Reglamento;

f)

remitir asuntos para su investigación penal;

g)

solicitar las grabaciones existentes de conversaciones telefónicas, las comunicaciones electrónicas o los registros de tráfico de datos que mantengan las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito o las entidades financieras;

h)

solicitar, en la medida en que lo permita la legislación nacional, los registros existentes sobre tráfico de datos que mantenga una empresa de telecomunicaciones cuando haya una sospecha razonable de que se haya cometido una infracción y cuando dichos registros puedan ser relevantes para la investigación de una infracción del artículo 14, letras a) o b), o del artículo 15;

i)

solicitar la congelación o el embargo de activos, o ambos;

j)

suspender la negociación del instrumento financiero en cuestión;

k)

requerir el cese temporal de toda práctica que la autoridad competente considere contraria al presente Reglamento;

l)

imponer una prohibición temporal del ejercicio de una actividad profesional, y

m)

adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el público sea informado adecuadamente, mediante, entre otros, la corrección de la información falsa o engañosa publicada, también mediante solicitud al emisor o a otra persona que haya publicado o difundido información falsa o engañosa para que publique una rectificación.

a)

la comunicación de la información en cuestión pueda ir en perjuicio de la seguridad del Estado miembro destinatario, particularmente en la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves;

b)

al acceder al requerimiento puedan verse perjudicadas sus propias actividades de investigación o ejecución o, en su caso, una investigación penal;

c)

ya se ha iniciado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas ante las autoridades del Estado miembro destinatario, o

d)

ya ha recaído, en relación con dichas personas, una sentencia firme por los mismos hechos en el Estado miembro destinatario.

a)

realizar ella misma la investigación o inspección in situ;

b)

permitir a la autoridad competente solicitante participar en la investigación o inspección in situ;

c)

permitir a la autoridad competente que haya presentado la solicitud realizar ella misma la investigación o inspección in situ;

d)

designar a auditores o expertos para que realicen la investigación o inspección in situ;

e)

compartir tareas específicas relacionadas con las actividades de supervisión con las demás autoridades competentes.

a)

la entidad supervisora de la subasta, con respecto a las subastas de derechos de emisión u otros productos subastados basados en esos derechos que se celebren de conformidad con el Reglamento (UE) no 1031/2010, y

b)

las autoridades competentes y los administradores de los registros, incluido el Administrador Central, y demás organismos públicos encargados de la supervisión del cumplimiento en virtud de la Directiva 2003/87/CE.

a)

la infracción de los artículos 14 y 15, el artículo 16, apartados 1 y 2, el artículo 17, apartados 1, 2, 4, 5 y 8, el artículo 18, apartados 1 a 6, el artículo 19, apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11, y el artículo 20, apartado 1, y

b)

la falta de cooperación o acatamiento de las investigaciones, inspecciones o requerimientos a que se refiere el artículo 23, apartado 2.

a)

un requerimiento dirigido a la persona responsable de la infracción para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;

b)

la restitución de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas debido a la infracción, en caso de que puedan determinarse;

c)

una amonestación pública que indique la persona responsable y el carácter de la infracción;

d)

la revocación o suspensión de la autorización a una empresa de servicios de inversión;

e)

la prohibición temporal de ejercer funciones de dirección en empresas de servicios de inversión a personas con responsabilidades de dirección en una empresa de servicios de inversión o a cualquier otra persona física que se considere responsable de la infracción;

f)

en caso de infracción reiterada de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, la prohibición permanente de ejercer funciones de dirección en empresas de servicios de inversión a personas con responsabilidades de dirección en una empresa de servicios de inversión o a cualquier otra persona física que se considere responsable de la infracción;

g)

la prohibición temporal de negociación por cuenta propia a personas con responsabilidades de dirección en una empresa de servicios de inversión o a cualquier otra persona física que se considere responsable de la infracción;

h)

sanciones pecuniarias administrativas máximas de al menos el triple del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, en caso de que puedan determinarse;

i)

Si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas máximas de al menos:

j)

si se trata de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas máximas de al menos:

a)

la gravedad y duración de la infracción;

b)

el grado de responsabilidad de la persona responsable de la infracción;

c)

la solvencia financiera de la persona responsable de la infracción, reflejada, por ejemplo, en el volumen de negocios total si se trata de una persona jurídica o en los ingresos anuales si se trata de una persona física;

d)

la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la persona responsable de la infracción, en la medida en que puedan determinarse;

e)

el grado de cooperación de la persona responsable de la infracción con la autoridad competente, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la restitución de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la misma;

f)

las infracciones anteriores de la persona responsable de la infracción;

g)

las medidas adoptadas por la persona responsable de la infracción tras su comisión para evitar que la misma se repita.

a)

procedimientos específicos para la recepción de comunicaciones de infracciones y su seguimiento, incluido el establecimiento de canales de comunicación seguros para tales comunicaciones de infracciones;

b)

en el marco de su actividad laboral, la protección adecuada de las personas que trabajen en virtud de un contrato de trabajo que comuniquen infracciones o sean acusadas de cometerlas, frente a represalias, discriminación u otros tipos de trato injusto;

c)

la protección de los datos personales tanto de la persona que comunique la infracción como de la persona física presuntamente responsable de su comisión, incluida la protección en relación con la preservación de la confidencialidad de su identidad, en todas las fases del procedimiento, sin perjuicio de que dicha información tenga que ser comunicada en virtud de la normativa nacional, en el marco de investigaciones o procedimientos judiciales posteriores.

a)

retrasar la publicación de la decisión hasta el momento en que dejen de existir los motivos que justifican tal retraso;

b)

publicar la decisión de manera anónima de conformidad con la normativa nacional, cuando dicha publicación garantice la protección efectiva de los datos personales de que se trate;

c)

no publicar en modo alguno la decisión cuando la autoridad competente considere que dicha publicación de conformidad con las letras a) y b) sería insuficiente para garantizar:

a)

la idoneidad de introducir normas comunes sobre la necesidad de que todos los Estados miembros prevean sanciones administrativas aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación de mercado;

b)

la cuestión de si la definición de información privilegiada es suficiente para cubrir toda la información relevante para que las autoridades competentes puedan luchar de forma eficaz contra los abusos de mercado;

c)

la idoneidad de las condiciones en que se da el mandato relativo a la prohibición de negociación de conformidad con el artículo 19, apartado 11, con miras a determinar la existencia de otras circunstancias adicionales en las que deba aplicarse la prohibición;

d)

valorar la posibilidad de establecer un marco de la Unión para la supervisión cruzada de los carnés de órdenes en los distintos mercados en relación con el abuso de mercado, incluidas las recomendaciones relativas a dicho marco, y

e)

el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a los índices de referencia.

12.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/62

(1)

El Reglamento (CE) no 812/2004 del Consejo (3) confiere competencias a la Comisión para que aplique algunas de las disposiciones en él establecidas. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, conviene que tales competencias se adapten a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(2)

A fin de garantizar una adaptación eficaz de algunas disposiciones del Reglamento (CE) no 812/2004 al progreso técnico y científico, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a las especificaciones técnicas y a las condiciones necesarias en relación con las características de la señal y las características de aplicación del uso de dispositivos acústicos de disuasión. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(3)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de las disposiciones del Reglamento (CE) no 812/2004 que establecen el procedimiento y el formato a efectos de información por parte de los Estados miembros, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(4)

Teniendo en cuenta la exigencia de que los Estados miembros tomen las medidas necesiaras para establecer un sistema estricto de protección de los cetáceos, de conformidad con el Reglamento (CE) no 812/2004, y dadas las deficiencias de dicho Reglamento observadas por la Comisión, deben examinarse a más tardar el 31 de diciembre de 2015 la conveniencia y eficacia de las disposiciones del citado Reglamento para proteger a los cetáceos. Sobre la base de dicho examen, la Comisión, si procede, debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta legislativa global para garantizar una protección efectiva de los cetáceos, incluido mediante el proceso de regionalización.

(5)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) no 812/2004 en consecuencia.

1)

En el artículo 3, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los dispositivos acústicos de disuasión que se utilicen en aplicación del artículo 2, apartado 1, deberán cumplir las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el anexo II. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 8 bis, con el objeto de actualizar las características de la señal y las características de aplicación correspondiente del anexo II, a fin de garantizar que dicho anexo continúa reflejando el estado del progreso técnico y científico. Cuando adopte tales actos delegados, la Comisión preverá suficiente tiempo para la aplicación de dichas adaptaciones.».

2)

En el artículo 7 se añade el apartado siguiente:

«3.   A más tardar el 31 de diciembre de 2015, la Comisión examinará la eficacia de las medidas establecidas en el presente Reglamento y, si procede, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta legislativa global para garantizar la protección efectiva de los cetáceos.».

3)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

Ejecución

La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan disposiciones específicas relativas al procedimiento y al formato de los informes previstos en el artículo 6. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 8 ter, apartado 2.».

4)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 8 bis

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3, apartado 1, se otorgan a la Comisión por un período de cuatro años a partir del 2 de julio de 2014. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cuatro años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 1, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá fin a la delegación de poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 1, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 8 ter

Procedimiento de comitología

1.   La Comisión estará asistida por el Comité de Pesca y Acuicultura establecido en el artículo 47 del Reglamento (UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.

(5)  Reglamento (UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1954/2003 y (CE) no 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) no 2371/2002 y (CE) no 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22)."

(6)  Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»."

12.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/65

(1)

Un objetivo clave de la política común de transportes es el desarrollo sostenible. Ello exige una estrategia integrada que garantice a la vez el correcto funcionamiento de los sistemas de transporte de la Unión y la protección del medio ambiente.

(2)

El desarrollo sostenible del transporte aéreo requiere la introducción de medidas dirigidas a reducir el impacto acústico producido por las aeronaves en los aeropuertos de la Unión. Dichas medidas deben mejorar el entorno sonoro en la zona que circunda los aeropuertos de la Unión con el fin de mantener o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y propiciar la compatibilidad entre las actividades de navegación aérea y las zonas residenciales, en especial en lo que se refiere a los vuelos nocturnos.

(3)

La resolución A33/7 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) introduce el concepto de «enfoque equilibrado» con relación a la gestión del ruido (enfoque equilibrado) y establece un método coherente para hacer frente al ruido de las aeronaves. El enfoque equilibrado debe seguir siendo la base de la reglamentación sobre ruido para la aviación, como industria global. El enfoque equilibrado reconoce el valor de las pertinentes obligaciones jurídicas, los acuerdos existentes, la legislación en vigor y las políticas establecidas, sin prejuzgarlos. La incorporación de las normas internacionales del enfoque equilibrado al presente Reglamento debe reducir significativamente los riesgos de litigios internacionales en el caso de que los operadores de terceros países resulten afectados por restricciones operativas con relación al ruido.

(4)

A raíz de la supresión de las aeronaves más ruidosas de conformidad con la Directiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y la Directiva 2006/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), se hace necesaria una actualización del modo de utilización de las restricciones operativas para permitir a las autoridades gestionar las actuales aeronaves más ruidosas con objeto de mejorar el entorno acústico en las proximidades de los aeropuertos de la Unión dentro del marco internacional del enfoque equilibrado en relación con la gestión del ruido.

(5)

El informe de la Comisión de 15 de febrero de 2008 titulado «Restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la UE» apuntaba la necesidad de clarificar en el texto de la Directiva 2002/30/CE la asignación de responsabilidades y las obligaciones y derechos precisos de las partes interesadas durante el proceso de evaluación del ruido al objeto de garantizar que se adopten medidas con una adecuada relación coste- eficacia para alcanzar los objetivos de reducción de los niveles de ruido para cada aeropuerto.

(6)

La introducción de restricciones operativas por los Estados miembros en los aeropuertos de la Unión en cada caso concreto, aunque suponga una limitación de la capacidad, puede contribuir a mejorar el entorno acústico en los alrededores de los aeropuertos. No obstante, existe la posibilidad de que se introduzcan distorsiones de la competencia o que se obstaculice la eficacia global de la red de aviación de la Unión debido al uso ineficaz de la capacidad existente. Dado que el objetivo específico de reducción del ruido del presente Reglamento no pueden ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, y que, sin embargo, la Unión sí puede alcanzarlos de manera más eficaz por medio de normas armonizadas sobre el proceso de introducción de restricciones operativas como parte del proceso de gestión del ruido, la Unión podría adoptar medidas de acuerdo con los principios de subsidiariedad según lo estipulado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo. Dicho método armonizado no impone objetivos para la calidad del ruido, que continúan emanando de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), u otras normas pertinentes de la Unión o de la legislación interna de cada Estado miembro, y no prejuzga la selección concreta de medidas.

(7)

El presente Reglamento debe aplicarse únicamente en los Estados miembros con aeropuertos con más de 50 000 movimientos de aeronaves civiles por año civil, y cuando se estudie la posibilidad de introducir restricciones operativas relacionadas con el ruido en un aeropuerto de estas características.

(8)

El presente Reglamento debe aplicarse a las aeronaves utilizadas en la aviación civil. No debe aplicarse a aeronaves tales como las aeronaves militares y las aeronaves que llevan a cabo operaciones aduaneras, policiales y de lucha contra incendios. Por otra parte, ciertas operaciones de carácter excepcional, como los vuelos efectuados por razones humanitarias de urgencia, las operaciones de búsqueda y rescate en situaciones de emergencia, vuelos para la prestación de asistencia médica y operaciones de socorro en caso de catástrofes, deben ser exceptuadas de la aplicación del presente Reglamento.

(9)

Si bien las evaluaciones del ruido deberían realizarse con carácter regular de conformidad con la Directiva 2002/49/CE, tales evaluaciones solamente deberían traducirse en medidas de reducción del ruido adicionales en el caso de que la combinación actual de las medidas paliativas del ruido no alcanzara los objetivos de reducción del ruido, teniendo en cuenta el desarrollo previsible del aeropuerto. En el caso de los aeropuertos en los que se haya observado un problema de ruido, deberían definirse medidas adicionales de reducción del ruido de conformidad con la metodología del enfoque equilibrado. A fin de garantizar la generalización de la aplicación del enfoque equilibrado dentro de la Unión, se recomienda su utilización siempre que el Estado miembro de que se trate lo considere oportuno, incluso rebasando el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Las restricciones operativas relacionadas con el ruido solo deberían introducirse cuando las demás medidas del enfoque equilibrado no basten para alcanzar los objetivos específicos de reducción del ruido.

(10)

Aun cuando un análisis coste-beneficio proporciona una indicación de los efectos totales del bienestar económico al establecer una comparación entre todos los costes y beneficios, una evaluación del coste-eficacia se centra en alcanzar un objetivo concreto de la manera más económica, lo que exige una comparación solamente de los costes. El Reglamento no debe impedir que los Estados miembros recurran a un análisis coste-beneficio cuando sea oportuno.

(11)

Se debe reconocer la importancia de los aspectos sanitarios vinculados a los problemas de ruido, y por ello es importante que estos aspectos se tengan en cuenta de manera sistemática en todos los aeropuertos cuando se adopten decisiones sobre los objetivos de reducción del ruido, atendiendo a la existencia de normas comunes de la Unión en la materia. Por consiguiente, han de evaluarse los aspectos sanitarios de conformidad con la legislación de la Unión sobre evaluación de los efectos del ruido.

(12)

Las evaluaciones del ruido deben basarse en criterios objetivos y medibles comunes a todos los Estados miembros, y deben tener en cuenta la información existente disponible, por ejemplo la derivada de la aplicación de la Directiva 2002/49/CE. Los Estados miembros deberán velar por que dicha información sea fiable, se obtenga de forma transparente y sea accesible para las autoridades competentes y las partes interesadas. Las autoridades competentes deben habilitar las necesarias herramientas pertinentes de control.

(13)

La autoridad competente responsable de la adopción de restricciones operativas relativas al ruido debe ser independiente de cualquier organización implicada en el funcionamiento del aeropuerto, el transporte aéreo, la prestación de servicios de navegación aérea, o representativa de los intereses de estos, así como de los residentes de las zonas vecinas al aeropuerto. No debe interpretarse esta disposición en el sentido de que exija a los Estados miembros la modificación de sus estructuras de administración o sus procesos de decisión.

(14)

Está generalmente aceptado que los Estados miembros han optado por las restricciones operativas relacionadas con el ruido de acuerdo con la legislación nacional sobre la base de métodos de determinación del ruido aceptados a nivel nacional, aun cuando puedan no ser todavía totalmente coherentes con el método descrito en el documento no 29 de la Conferencia Europea de Aviación Civil titulado «Informe sobre el método estándar de cálculo de niveles de ruido en el entorno de aeropuertos civiles» (Doc. no 29 de la CEAC) ni utilizar la información sobre niveles sonoros de las aeronaves reconocida a nivel internacional. No obstante, la eficiencia y la eficacia de una restricción operativa relativa al ruido deberán evaluarse conforme a los métodos que se indican en el documento no 29 de la CEAC y el enfoque equilibrado. Consecuentemente, los Estados miembros deben adaptar sus evaluaciones de restricciones operativas en la legislación nacional para cumplir plenamente el documento no 29 de la CEAC.

(15)

Procede introducir una definición nueva más amplia de las restricciones operativas en comparación con la de la Directiva 2002/30/CE, para facilitar la aplicación de las nuevas tecnologías y de las capacidades operativas del equipo de las aeronaves y de tierra. Su aplicación no debe tener por efecto demorar la aplicación de medidas operativas que pudieran aliviar de manera inmediata el impacto acústico sin afectar sustancialmente a la capacidad operativa de un aeropuerto. Así pues, no debe considerarse que tal medida constituya una nueva restricción operativa.

(16)

La centralización de la información sobre el ruido reduciría notablemente la carga administrativa, tanto para los operadores de aeronaves como de aeropuertos. Esta información se facilita y gestiona actualmente a nivel de cada aeropuerto y debe ponerse a disposición de los operadores de aeronaves y aeropuertos para que puedan efectuar su cometido. Es importante utilizar la base de datos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea («la Agencia») referente a la certificación de los niveles de ruido como herramienta de validación de los datos de cada vuelo de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol). Dichos datos ya están siendo solicitados de manera sistemática a efectos de gestión de flujo central, aunque en la actualidad no se encuentran a disposición de la Comisión ni de la Agencia, y han de especificarse a los fines del presente Reglamento y para la reglamentación sobre comportamiento de la gestión del tráfico aéreo. El buen acceso a datos de modelación validados, determinado según los procesos y prácticas correctas internacionalmente reconocidos, debe mejorar la calidad de los mapas de ruido de los distintos aeropuertos para respaldar decisiones políticas.

(17)

Con objeto de evitar consecuencias no deseadas en la seguridad de la navegación aérea, en la seguridad de los aeropuertos y en la competencia, la Comisión debe notificar a la autoridad competente pertinente si estima que el proceso seguido para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido no se ajusta a los requisitos del presente Reglamento. La autoridad competente correspondiente podrá estudiar la notificación de la Comisión e informarla de sus intenciones antes de introducir las restricciones operativas.

(18)

A fin de tener presente el enfoque equilibrado, debe contemplarse la posibilidad de exenciones, en circunstancias especiales, para los operadores de países en desarrollo, sin las cuales esos operadores sufrirían un perjuicio excesivo. La expresión «países en desarrollo» debe interpretarse en el contexto específico de la aviación, y no incluye a todos los países que, en otro caso, la comunidad internacional denominaría de esa forma. Es menester garantizar, en particular, que tales exenciones, si la hubiere, sean compatibles con el principio de no discriminación.

(19)

A fin de reflejar el continuo progreso tecnológico en las técnicas de motores y fuselajes, así como de los métodos para representar los mapas de ruido, la facultad para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión en cuanto a la actualización periódica de las normas sobre ruido para las aeronaves a que se hace referencia en el presente Reglamento y la referencia a los métodos de certificación asociados, teniendo en cuenta, en su caso, las modificaciones de los correspondientes documentos de la OACI así como la actualización de la referencia al método para calcular los niveles de ruido. Además, deben tenerse en cuenta también las modificaciones del documento no 29 de la CEAC para las actualizaciones técnicas mediante actos delegados, según proceda. Es particularmente importante que la Comisión lleve a cabo las consultas pertinentes durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de los expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión simultánea, oportuna y apropiada de todos los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(20)

Aunque el presente Reglamento requiere una evaluación periódica de la situación acústica en los aeropuertos, esta evaluación no supondrá necesariamente la adopción de restricciones operativas nuevas relacionadas con el ruido, ni la revisión de las ya existentes en la fecha de su entrada en vigor, incluidas las que se deriven de resoluciones judiciales o procesos locales de mediación. No deberán considerarse restricciones operativas relacionadas con el ruido las modificaciones técnicas menores sin repercusiones sustantivas en la capacidad o en las operaciones.

(21)

Cuando el proceso de consulta previo a la adopción de una restricción operativa relacionada con el ruido se hubiera iniciado de la Directiva 2002/30/CE y aún esté en curso en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, convendrá permitir que la decisión definitiva se adopte de conformidad con la Directiva 2002/30/CE, a fin de preservar los avances ya efectuados en ese proceso.

(22)

A la vista de la necesidad de una aplicación coherente del método de evaluación acústica dentro del mercado de la aviación de la Unión, el presente Reglamento establece normas comunes en el ámbito de las restricciones operativas relacionadas con el ruido.

(23)

Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 2002/30/CE.

a)

facilitar el cumplimiento en cada aeropuerto concreto de objetivos específicos de reducción del ruido incluidos los aspectos relativos a la salud, observando al mismo tiempo las normas pertinentes de la Unión, en particular las establecidas por la Directiva 2002/49/CE y la legislación vigente en cada Estado miembro;

b)

permitir que se utilicen las restricciones operativas de acuerdo con el enfoque equilibrado, al objeto de alcanzar el desarrollo sostenible de la capacidad del aeropuerto y de la red de gestión del tráfico aéreo desde una perspectiva puerta a puerta.

a)

se defina el objetivo de reducción del ruido para dicho aeropuerto atendiendo, según proceda, a lo dispuesto en el artículo 8 y el anexo V de la Directiva 2002/49/CE;

b)

se determinen las medidas disponibles para reducir el impacto acústico;

c)

se evalúe detenidamente la la relación coste- eficacia probable de las medidas de mitigación del ruido;

d)

se seleccionen las medidas, atendiendo al interés público en el ámbito del transporte aéreo por lo que se refiere a las perspectivas de desarrollo de sus aeropuertos, sin detrimento de la seguridad;

e)

se consulte a las partes interesadas de forma transparente acerca de las actuaciones previstas;

f)

se adopten las medidas y se prevea la notificación suficiente de las mismas;

g)

se apliquen las medidas, y

h)

se prevea la resolución de conflictos.

a)

el efecto previsible de una reducción en origen de la contaminación acústica causada por las aeronaves;

b)

ordenación y gestión del suelo;

c)

utilización de procedimientos operativos de reducción del ruido;

d)

no se apliquen las restricciones operativas como primera medida, sino únicamente previo estudio de las demás medidas del enfoque equilibrado.

a)

se apliquen el método, los indicadores y la información previstos en el anexo I de manera que se tenga en cuenta debidamente la contribución de cada tipo de medida dentro del enfoque equilibrado, antes de la introducción de restricciones operativas;

b)

se establezca, en el nivel adecuado, una cooperación técnica entre los operadores aeroportuarios, los operadores de aeronaves y los proveedores de servicios de navegación aérea para el estudio de medidas destinadas a mitigar el ruido. Las autoridades competentes velarán asimismo por que se consulte a los residentes locales o a sus representantes, así como a las autoridades locales pertinentes, y por que se les facilite información técnica sobre las medidas de mitigación del ruido;

c)

se evalúe la relación coste- eficacia de toda nueva restricción operativa, conforme a lo dispuesto en el anexo II. Las modificaciones técnicas menores de medidas sin implicaciones importantes para la capacidad o las operaciones no se considerarán restricciones operativas nuevas;

d)

se organice el proceso de consulta con las partes interesadas, que podrá adoptar la forma de un proceso de mediación, de manera oportuna y concreta, garantizando el carácter abierto y transparente en lo referente a los datos y la metodología de cálculo. Las partes interesadas dispondrán al menos de tres meses antes de la adopción de las nuevas restricciones operativas para formular observaciones. Las partes interesadas incluirán, como mínimo:

a)

observando la legislación nacional, aquella relativa a los presuntos incumplimientos debidos a cambios de los procedimientos de vuelo, en relación con el impacto generado y los motivos de dichos cambios;

b)

los criterios generales aplicados para la distribución y gestión del tráfico en cada aeropuerto, en la medida en que estos criterios puedan tener repercusiones ambientales o impacto acústico, y

c)

los datos recogidos por sistemas de medición del ruido, si los hubiera.

a)

la nacionalidad y la matrícula de la aeronave;

b)

la documentación de niveles de ruido de la aeronave utilizada, junto con el peso máximo real de despegue asociado;

c)

toda modificación de la aeronave que afecte a sus niveles de ruido y que conste en la documentación de ruido.

a)

dispongan de un certificado de ruido conforme a las normas especificadas en el capítulo 3, volumen 1 del anexo 16 del Convenio de Chicago;

b)

hayan estado en servicio en la Unión durante el quinquenio previo a la entrada en vigor del presente Reglamento;

c)

figuren en el registro del país en desarrollo en cuestión durante dicho quinquenio, y

d)

continúen estando explotadas por una persona jurídica o física en dicho país.

a)

operaciones de carácter tan excepcional que resultaría irracional denegar una exención temporal, con inclusión de los vuelos de ayuda humanitaria, o

b)

vuelos sin fines lucrativos para trabajos de reforma, reparación o mantenimiento.

a)

las actualizaciones técnicas de las normas de certificación de ruido expuestas en el artículo 5, apartado 5, y en el artículo 9, apartado 1, letra a); y del procedimiento de certificación fijado en el artículo 7, apartado 1;

b)

actualizaciones técnicas de la metodología y de los indicadores que figuran en el anexo I.

12.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/79

(1)

El Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo (2), dispone que los productos de doble uso deben someterse a un control eficaz cuando sean exportados de la Unión o se encuentren en régimen de tránsito en ella, o bien cuando sean entregados a un tercer país como resultado de servicios de corretaje prestados por un corredor residente o establecido en la Unión.

(2)

Con el fin de que los Estados miembros y la Unión puedan respetar sus compromisos internacionales, el anexo I del Reglamento (CE) no 428/2009 establece la lista común de productos de doble uso sujetos a controles en la Unión. Las decisiones sobre los productos sujetos a control se adoptan en el marco del Grupo Australia, el Régimen de Control de Tecnología de Misiles, el Grupo de Suministradores Nucleares, el Arreglo de Wassenaar y la Convención sobre Armas Químicas.

(3)

El Reglamento (CE) no 428/2009 dispone que la lista de productos de doble uso establecida en el anexo I de dicho Reglamento se actualice de conformidad con las correspondientes obligaciones y compromisos, y sus respectivas modificaciones, que hayan asumido los Estados miembros como miembros de los regímenes internacionales de no proliferación y de los acuerdos internacionales de control de las exportaciones o en virtud de la ratificación de tratados internacionales pertinentes.

(4)

La lista de productos de doble uso establecida en el anexo I del Reglamento (CE) no 428/2009 ha de actualizarse regularmente con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones de seguridad internacionales, garantizar la transparencia y mantener la competitividad de los exportadores. Los retrasos con respecto a la actualización de dicha lista de productos de doble uso pueden tener efectos negativos en la seguridad y en los esfuerzos internacionales de no proliferación, así como en el ejercicio de actividades económicas por parte de los exportadores de la Unión. Al mismo tiempo, el carácter técnico de las modificaciones y el hecho de que estas deban ser conformes con las decisiones adoptadas en los regímenes internacionales de control de las exportaciones significa que debe utilizarse un procedimiento acelerado para que las necesarias actualizaciones entren en vigor en la Unión.

(5)

El Reglamento (CE) no 428/2009 establece las autorizaciones generales de exportación de la Unión como uno de los cuatro tipos de autorización de exportación disponibles de conformidad con dicho Reglamento. Estas autorizaciones generales de exportación permiten a los exportadores establecidos en la Unión exportar determinados productos a determinados destinos siempre que se respeten las condiciones de las autorizaciones generales.

(6)

El anexo II del Reglamento (CE) no 428/2009 contiene la autorización general de exportación de la Unión actualmente en vigor en la Unión. Dada la índole de estas autorizaciones generales de exportación de la Unión, podría darse la necesidad de suprimir determinados destinos de las autorizaciones, en particular si la evolución de las circunstancias indica que deben dejar de autorizarse las transacciones de exportación facilitadas en virtud de una autorización general de exportación de la Unión para un destino concreto. La retirada de un destino del ámbito de aplicación de una autorización general de exportación de la Unión no debe impedir que un exportador solicite otro tipo de autorización de exportación con arreglo a las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) no 428/2009.

(7)

Con el fin de garantizar las actualizaciones regulares y oportunas de la lista común de productos de doble uso de conformidad con las obligaciones y los compromisos contraídos por los Estados miembros en el marco de los regímenes internacionales de control de las exportaciones, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en lo relativo a la modificación del anexo I del Reglamento (CE) no 428/2009 dentro de los límites establecidos en el artículo 15 de dicho Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos.

(8)

Para que la Unión pueda responder con rapidez a toda evolución de las circunstancias que afecte a la evaluación de la sensibilidad de las exportaciones realizadas al amparo de las autorizaciones generales de exportación de la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modificación del anexo II del Reglamento (CE) no 428/2009 en lo tocante a la supresión de destinos del ámbito de aplicación de las autorizaciones generales de exportación de la Unión. Dado que estas modificaciones únicamente deben realizarse en los casos en que se considere que ha aumentado el riesgo de las correspondientes exportaciones y que seguir utilizando las autorizaciones generales de exportación en estas exportaciones podría tener efectos adversos inminentes para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, la Comisión puede seguir en estos casos un procedimiento de urgencia.

(9)

Al preparar y elaborar los actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(10)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 428/2009 en consecuencia.

1)

En el artículo 9, apartado 1, se añaden los párrafos siguientes:

«A fin de garantizar que las autorizaciones generales de exportación de la Unión descritas en los anexos II bis a II septies solo se concedan para las operaciones de bajo riesgo, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 bis, con el fin de suprimir del ámbito de aplicación de dichas autorizaciones los destinos que pasen a estar sometidos a un embargo de armas con arreglo a lo contemplado en el artículo 4, apartado 2.

Cuando, en el caso de que se hayan dictado embargos de armas de ese tipo, existan razones imperiosas de urgencia que exijan la supresión de determinados destinos del ámbito de aplicación de una autorización general de exportación de la Unión, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 23 ter a los actos delegados adoptados en virtud del presente apartado.».

2)

En el artículo 15, se añade el apartado siguiente:

«3.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 bis, en lo relativo a la actualización de la lista de productos de doble uso que figura en el anexo I. La actualización del anexo I se realizará dentro de los límites establecidos en el apartado 1 del presente artículo. Cuando la actualización del anexo I se refiera a productos de doble uso enumerados también en los anexos II bis a II septies o IV, se modificarán estos anexos en consecuencia.».

3)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 23 bis

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 9, apartado 1, y en el artículo 15, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 2 de julio de 2014. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 9, apartado 1, y el artículo 15, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá fin a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9, apartado 1, y el artículo 15, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones, o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 23 ter

1.   Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entrarán en vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formule ninguna objeción con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parlamento Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento de urgencia.

2.   Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 23 bis, apartado 5. En tal caso, la Comisión derogará el acto sin demora alguna tras la notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones.».

12.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/84

(1)

La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto deficiencias en la transparencia de los mercados financieros, lo cual puede contribuir a la generación de efectos socioeconómicos nocivos. Reforzar la transparencia es uno de los principios compartidos para consolidar el sistema financiero, tal como se confirma en la declaración emitida por los líderes del G-20 en Londres el 2 de abril de 2009. A fin de reforzar la transparencia y de mejorar el funcionamiento del mercado interior para los instrumentos financieros, debe crearse un nuevo marco que establezca requisitos uniformes para la transparencia de las operaciones en los mercados de instrumentos financieros. El marco debe establecer normas exhaustivas para una amplia gama de instrumentos financieros. Debe complementar los requisitos de transparencia de las órdenes y operaciones con acciones que establece la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(2)

El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la supervisión financiera de la UE, presidido por Jacques de Larosière, invitó a la Unión a elaborar un conjunto de normas más armonizado en materia de regulación financiera. En el contexto de la futura arquitectura de supervisión europea, el Consejo Europeo de 18 y 19 de junio de 2009 subrayó la importancia de crear un código normativo europeo único aplicable a todas las entidades financieras del mercado interior.

(3)

Por consiguiente, la nueva legislación debe constar de dos instrumentos jurídicos distintos, una Directiva y el presente Reglamento. Estos dos instrumentos deben constituir conjuntamente el marco jurídico que regule los requisitos aplicables a las empresas de servicios de inversión, a los mercados regulados y a los prestadores de servicios de suministro de datos. Procede, por tanto, leer el presente Reglamento en relación con dicha Directiva. La necesidad de crear un conjunto único de normas para todas las entidades en lo que se refiere a determinados requisitos y de evitar un posible arbitraje regulatorio, así como de proporcionar más seguridad jurídica y menos complejidad reglamentaria a los participantes en el mercado, justifica el uso de una base jurídica que permita la creación de un reglamento. Para suprimir los últimos obstáculos a la negociación y falseamientos significativos de la competencia debidos a divergencias entre las legislaciones nacionales y para evitar que puedan surgir esos obstáculos y esos falseamientos, es necesario adoptar un reglamento que establezca normas uniformes aplicables en todos los Estados miembros. El objetivo del presente acto jurídico directamente aplicable es contribuir de forma determinante al buen funcionamiento del mercado interior y debe, por tanto, basarse en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, (TFUE), interpretado de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(4)

La Directiva 2004/39/CE establece normas para la transparencia pre-negociación y post-negociación de las operaciones con acciones admitidas a cotización en un mercado regulado y a la comunicación a las autoridades competentes de las operaciones en instrumentos financieros admitidos a cotización en un mercado regulado. Es necesario refundir la Directiva para reflejar adecuadamente la evolución de los mercados financieros y para solventar las deficiencias y colmar las lagunas que, entre otros puntos, puso de manifiesto la crisis de los mercados financieros.

(5)

Las disposiciones relativas a los requisitos en materia de negociación y de transparencia reglamentaria deben adoptar una forma jurídica directamente aplicable a todas las empresas de servicios de inversión, que han de ajustarse a normas uniformes en todos los mercados de la Unión, para garantizar la aplicación uniforme de un único marco regulador, reforzar la confianza en la transparencia de los mercados de toda la Unión, reducir la complejidad reglamentaria y los costes de conformidad de las empresas de servicios de inversión, especialmente para las entidades financieras que ejercen su actividad sobre una base transfronteriza, y contribuir a la eliminación de los falseamientos de la competencia. La adopción de un reglamento, que garantiza la aplicabilidad directa, constituye el modo más adecuado de alcanzar dichos objetivos reglamentarios y garantiza unas condiciones uniformes, ya que evita los posibles requisitos nacionales divergentes que pueden surgir en la transposición de una directiva.

(6)

Es importante asegurar que la negociación de los instrumentos financieros se realice siempre que sea posible en centros organizados y que dichos centros estén regulados adecuadamente. En virtud de la Directiva 2004/39/CE se desarrollaron algunos sistemas de negociación que no quedaron adecuadamente recogidos en el régimen normativo. En adelante, todo sistema de negociación de instrumentos financieros, como las entidades conocidas actualmente como «valores entre operadores», debe estar sometido a una regulación apropiada y estar autorizado con arreglo a uno de los tipos de centros de negociación multilaterales o como internalizador sistemático en las condiciones que establecen el presente Reglamento y la Directiva 2014/65/UE del Parlamento europeo y del Consejo (5).

(7)

Deben aclararse las definiciones de mercado regulado y de sistema multilateral de negociación (SMN), y deben mantenerse estrechamente alineadas entre sí para reflejar que cubren de manera efectiva las mismas funciones de negociación organizada. Las definiciones deben excluir los sistemas bilaterales en los que una empresa de servicios de inversión participa en cada negociación por cuenta propia, incluso como contraparte exenta de riesgo, interpuesta entre el comprador y el vendedor. No debe autorizarse que los mercados regulados ni los SMN ejecuten órdenes de clientes con capital propio. El término «sistema» engloba todos aquellos mercados que operan únicamente sobre la base de un conjunto de normas y un centro de negociación, así como los que operan solo con arreglo a un conjunto de normas. Los mercados regulados y los SMN no están obligados a utilizar un sistema «técnico» para casar órdenes y deben poder utilizar otros protocolos de negociación, incluidos sistemas en los que los usuarios puedan negociar con cotizaciones solicitadas a proveedores múltiples. Un mercado compuesto únicamente por un conjunto de normas que regulan aspectos relacionados con la condición de miembro, la admisión de instrumentos a negociación, la negociación entre miembros y las obligaciones de comunicación y, en su caso, de transparencia es un mercado regulado o un SMN en el sentido del presente Reglamento y las operaciones concluidas con arreglo a dichas normas se consideran concluidas en el marco de un mercado regulado o un SMN. La expresión «intereses de compra y venta» debe entenderse en sentido amplio e incluye órdenes, cotizaciones e indicaciones de interés.

Uno de los requisitos importantes se refiere a la obligación de que los intereses se confronten dentro del sistema, según normas no discrecionales establecidas por el operador del sistema. Dicho requisito significa que se confronten con arreglo a las normas del sistema o por medio de los métodos o procedimientos de funcionamiento interno del sistema, incluidos los procedimientos integrados en los programas informáticos. Por «normas no discrecionales» han de entenderse aquellas normas que no permiten al mercado regulado ni su organismo rector ni a la empresa de servicios de inversión que gestiona un SMN ningún margen de discrecionalidad sobre el modo de interacción de los intereses. Las definiciones exigen que los intereses se confronten de tal modo que den lugar a un contrato, que ocurre cuando la ejecución se realiza con arreglo a las normas del sistema o por medio de los métodos o procedimientos de funcionamiento interno del sistema.

(8)

Para que los mercados financieros de la Unión sean más transparentes y eficientes y para que las condiciones de competencia entre los distintos centros que proponen servicios de negociación multilateral sean equitativas, es necesario introducir una nueva categoría de centros de negociación dentro de los sistemas organizados de contratación («SOC») para los bonos y obligaciones, titulizaciones, los derechos de emisión y los derivados, así como garantizar que esté adecuadamente regulada y aplique normas no discriminatorias por lo que respecta al acceso al sistema. Se ofrece una definición amplia de dicha nueva categoría para que, ahora y en adelante, pueda englobar todas las formas de negociación y ejecución organizadas que no correspondan a las funcionalidades o a las especificaciones reglamentarias de los centros de negociación existentes. Por consiguiente, deben aplicarse requisitos organizativos y normas de transparencia adecuados que propicien una formación de precios eficiente. La nueva categoría abarca los sistemas aptos para negociar derivados elegibles para la obligación de compensación que sean suficientemente líquidos.

No debe incluir los sistemas en los que no existe una auténtica ejecución u organización de las operaciones, como los paneles de cotización utilizados para difundir intereses de compra y venta, otras entidades que agregan o agrupan posibles intereses de compra y venta, los servicios electrónicos de confirmación post-negociación, o la compresión de carteras, que reduce los riesgos independientes del mercado en las carteras de derivados existentes, sin modificar el riesgo de mercado de la cartera. Existe una serie de empresas que no están reguladas como tales por el presente Reglamento ni por la Directiva 2014/65/UE como entidades de contrapartida central (ECC) y registros de operaciones, así como empresas de servicios de inversión u organismos rectores del mercado, que pueden prestar servicios de compresión de carteras. Cabe aclarar que, cuando las empresas de servicios de inversión y los organismos rectores del mercado realizan servicios de compresión de carteras, algunas disposiciones del presente Reglamento y de la Directiva 2014/65/UE no son aplicables en relación con dicha compresión. Dado que los depositarios centrales de valores (DCV) estarán sujetos a los mismos requisitos que las empresas de servicios de inversión cuando presten determinados servicios de inversión o realicen determinadas actividades de inversión, las disposiciones del presente Reglamento y de la Directiva 2014/65/UE no deben ser aplicables a empresas que no estén reguladas por ellos cuando presten servicios de compresión de carteras.

(9)

Dicha nueva categoría de SOC viene a completar la tipología de centros de negociación existente. Mientras que los mercados regulados y los SMN están sujetos a normas no discrecionales para la ejecución de las operaciones, el gestor de un SOC debería poder llevar a cabo la ejecución de las órdenes de manera discrecional, supeditada, en su caso, a los requisitos de transparencia pre-negociación y a las obligaciones de ejecución óptima. Por consiguiente, las operaciones realizadas en un SOC gestionado por una empresa de servicios de inversión o un organismo rector del mercado deben estar sujetas a normas de conducta y obligaciones en materia de ejecución óptima y gestión de órdenes de clientes. Asimismo, cualquier organismo rector del mercado autorizado para gestionar un SOC debe cumplir las disposiciones relativas a las condiciones y procedimientos de autorización de empresas de servicios de inversión que se establecen en el capítulo 1 de la Directiva 2014/65/UE. La empresa de o el gestor del mercado que gestionen un SON pueden ejercer su capacidad discrecional en dos niveles distintos: por una primero, cuando deciden formular una orden en el SOC o retirarla, y, segundo, cuando deciden no casar una orden concreta con las órdenes disponibles en el sistema en un momento dado, siempre y cuando dicha decisión atienda a instrucciones específicas de los clientes y a las obligaciones de ejecución óptima.

En el sistema que casa entre sí órdenes de clientes, el organismo rector poder decidir si desea casar dos o más órdenes dentro del sistema, cuándo hacer la operación y por qué importe. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartados 1, 2, 4 y 5 de la Directiva 2014/65/UE y sin perjuicio del artículo 20, apartado 3, de la Directiva 2014/65/UE, la empresa debería poder facilitar la negociación entre clientes confrontando en una operación dos o más intereses de negociación potencialmente compatibles. En los dos niveles de discrecionalidad, el gestor del SOC debe atender a sus obligaciones en virtud de los artículos 18 y 27 de la Directiva 2014/65/UE. El organismo rector del mercado o empresa de servicios de inversión que gestione un SOC debe indicar con claridad a los usuarios del centro de negociación cómo ejercerá dicha facultad discrecional. Dado que un SOC constituye un auténtico centro de negociación, el gestor del centro debe ser neutral. Por consiguiente, la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado que gestione el SOC debe estar sometido a los requisitos en relación con la ejecución no discriminatoria y ni la empresa de servicios de inversión u organismo rector del mercado que gestione el SOC ni ninguna entidad que forme parte del mismo grupo o persona jurídica que la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado debe poder ejecutar órdenes de clientes en un SOC con su propio capital.

Con el fin de facilitar la ejecución de las órdenes de uno o varios clientes referentes a bonos y obligaciones, titulizaciones, derechos de emisión y derivados que no hayan sido declarados sujetos a la obligación de compensación de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), debe permitirse a los gestores de SOC utilizar la interposición de la cuenta propia sin riesgo de mercado a tenor de lo definido en la Directiva 2014/65/UE, siempre y cuando el cliente haya dado su consentimiento a dicho proceso. En relación con los instrumentos de deuda soberana para los cuales no existe un mercado líquido, una empresa de servicios de inversión o un organismo rector del mercado que gestione un SOC debe poder emprender actividades de negociación por cuenta propia distintas de la interposición de la cuenta propia sin riesgo de mercado. Cuando se utilice la interposición de la cuenta propia deben cumplirse todos los requisitos en materia de transparencia pre-negociación y post-negociación. Ni el gestor de un SOC ni ninguna entidad que forme parte del mismo grupo empresarial o persona jurídica que la empresa de servicios de inversión u organismo rector del mercado debe actuar como internalizador sistemático en el SOC que gestione. Por otra parte, el gestor de un SOC debe estar sometido a las mismas obligaciones que un SMN en relación con la buena gestión de posibles conflictos de intereses.

(10)

Toda la negociación organizada debe realizarse en centros regulados y ser plenamente transparente, tanto en la fase de pre-negociación como de post-negociación. Por lo tanto, deben aplicarse a todos los tipos de centros de negociación y a todos los instrumentos financieros que se negocien en ellos unos requisitos de transparencia calibrados adecuadamente.

(11)

Para garantizar que un mayor volumen de la negociación se realice en los centros de negociación regulados y los internalizadores sistemáticos, el presente Reglamento debe imponer a las empresas de servicios de inversión una obligación de negociación en lo que respecta a las acciones admitidas a cotización en un mercado regulado o negociadas en un centro de negociación. Dicha obligación de negociación exige que las empresas de servicios de inversión realicen toda negociación, incluidas las operaciones de negociación por cuenta propia y las realizadas para ejecutar órdenes de clientes, en un mercado regulado, un SMN, un internalizador sistemático o un centro de negociación equivalente de un tercer país. No obstante, debe permitirse la exclusión de dicha obligación si existe una razón legítima para ello. Dichas razones legítimas se darán cuando las operaciones sean no sistemáticas, puntuales, irregulares e infrecuentes, o sean operaciones de negociación técnicas como las operaciones de traspaso (give-up), que no contribuyen al proceso de formación de precios. Dicha exclusión de tal obligación de negociación no debe utilizarse para eludir las restricciones impuestas al empleo de la exención del precio de referencia ni del precio negociado ni para gestionar una red de cruce de órdenes ni ningún otro sistema de cruce.

La opción de que las operaciones se hagan en un internalizador sistemático no afecta al régimen aplicable a los internalizadores sistemáticos que se establece en el presente Reglamento. Lo que se pretende es que, si la empresa de servicios de inversión cumple los criterios pertinentes, especificados en el presente Reglamento, para ser considerada un internalizador sistemático en la acción de que se trate, la operación puede realizarse de ese modo; ahora bien, si no tiene la consideración de internalizador sistemático en esa acción concreta, la empresa de servicios de inversión debe seguir estando autorizada para realizar la operación en otro internalizador sistemático, cuando sea conforme con sus obligaciones de ejecución óptima y pueda acogerse a esa opción. Además, a fin de asegurar que la negociación multilateral por lo que respecta a acciones, certificados de depósito, fondos cotizados, certificados y otros instrumentos financieros similares está correctamente regulada, deben autorizarse como un SMN las empresas de servicios de inversión que operen un sistema de case interno con carácter multilateral. Debe aclararse que las disposiciones de ejecución óptima recogidas en la Directiva 2014/65/UE deben aplicarse de modo que no supongan un impedimento para las obligaciones de negociación del presente Reglamento.

(12)

La negociación de certificados de depósito, fondos cotizados, certificados, instrumentos financieros similares y acciones distintas de las admitidas a negociación en un mercado regulado se realiza a grandes rasgos del mismo modo y cumple una finalidad económica casi idéntica que la negociación de acciones admitidas a negociación en un mercado regulado. Así pues, las disposiciones sobre transparencia aplicables a las acciones admitidas a negociación en mercados regulados deberían ampliarse a esos instrumentos financieros.

(13)

Si bien es cierto que se reconoce, en principio, la necesidad de un régimen de exenciones en materia de transparencia pre-negociación para apoyar un funcionamiento eficiente de los mercados, deben examinarse las exenciones vigentes para las acciones, aplicables con arreglo a la Directiva 2004/39/CE y al Reglamento (CE) no 1287/2006 de la Comisión (7), a fin de evaluar si siguen siendo pertinentes tanto su ámbito de aplicación como las condiciones para su concesión. Para garantizar una aplicación uniforme de las exenciones a los requisitos de transparencia pre-negociación aplicables a las acciones y, en último término, a instrumentos financieros asimilados y a instrumentos distintos de acciones y de instrumentos asimilados en determinados modelos de mercado y tipos y volúmenes de órdenes, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados, AEVM) establecida en el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) (AEVM) debe evaluar la compatibilidad de cada solicitud de exención con las normas establecidas en el presente Reglamento y en actos delegados contemplados en este. La evaluación de la AEVM debe adoptar la forma de un dictamen de conformidad con el artículo 29 del Reglamento (UE) no 1095/2010. Además, la AEVM debe revisar en un plazo adecuado las exenciones existentes para las acciones y evaluar, siguiendo el mismo procedimiento, si siguen cumpliendo las normas establecidas en el presente Reglamento y en los actos delegados contemplados en el presente Reglamento.

(14)

La crisis financiera ha puesto de manifiesto algunos puntos débiles en cuanto al modo en que los participantes en el mercado pueden acceder a la información sobre las oportunidades de negociación y los precios en instrumentos financieros distintos de las acciones, especialmente en materia de calendario, grado de detalle, igualdad de acceso y fiabilidad. Por consiguiente, conviene introducir requisitos de transparencia pre-negociación y post-negociación oportunos que tengan en cuenta las características y estructuras de mercado diferentes de determinados tipos de instrumentos financieros distintos de las acciones, y calibrarlos en función de los diferentes tipos de sistemas de negociación, incluidos los sistemas de carné de órdenes y los basados en cotizaciones, así como los sistemas híbridos, de subasta periódica y de negociación de viva voz. A fin de proporcionar un marco de transparencia sólido para todos los instrumentos financieros pertinentes, esos requisitos deben aplicarse a los bonos y obligaciones, las titulizaciones, los derechos de emisión y los derivados negociados en un centro de negociación. Por tanto, las exenciones de la transparencia pre-negociación y las adaptaciones de los requisitos en relación con el aplazamiento de la publicación deben estar disponibles únicamente en algunos casos concretos.

(15)

Es necesario introducir un nivel adecuado de transparencia para la negociación en los mercados de bonos y obligaciones, titulizaciones y derivados, a fin de facilitar la valoración de los productos y la eficiencia en la formación de precios. Las titulizaciones deben incluir, en particular, los títulos respaldados por activos, tal como se definen en el artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 809/2004 de la Comisión (9), que comprenden, entre otros instrumentos, las obligaciones garantizadas por deuda.

(16)

Para garantizar la uniformidad de las condiciones aplicables a los centros de negociación, conviene aplicar los mismos requisitos de transparencia pre-negociación y post-negociación a los distintos tipos de centros. Los requisitos de transparencia deben calibrarse para los distintos tipos de instrumentos financieros, incluidas las acciones e instrumentos asimilados, los bonos y obligaciones y los derivados, teniendo en cuenta los intereses de los inversores y los emisores, incluidos los emisores de bonos y obligaciones públicos, y la liquidez del mercado. Los requisitos deben calibrarse para los distintos tipos de negociación, incluidos los sistemas dirigidos por órdenes y los dirigidos por precios, como los sistemas de cotización bajo petición, así como los sistemas híbridos y de negoción de viva voz, y tener en cuenta el tamaño de las operaciones, incluido el efectivo negociado y otros criterios pertinentes.

(17)

Con el fin de evitar cualquier repercusión negativa en el proceso de formación de precios, es preciso establecer un mecanismo adecuado de limitación del volumen máximo de las órdenes introducidas en sistemas que se basen en una metodología de negociación en virtud de la cual el precio se determine de conformidad con un precio de referencia y para ciertas operaciones negociadas. Dicho mecanismo debe tener un límite máximo doble: uno aplicable a cada centro de negociación que se acoja a dichas exenciones de modo que únicamente un porcentaje determinado de la negociación pueda realizarse en cada centro de negociación, y otro límite máximo global que, de ser superado, dé lugar a la suspensión de la utilización de dichas exenciones en toda la Unión. Por lo que se refiere a las operaciones negociadas, el mecanismo solo debe aplicarse a aquellas que se realicen dentro de la horquilla vigente de precios ponderados por volumen reflejada en el carné de órdenes o en las cotizaciones de los creadores de mercado del centro de negociación que gestionen ese sistema. Deben quedar excluidas las operaciones negociadas en acciones, certificados de depósito, fondos cotizados, certificados u otros instrumentos financieros similares no líquidos y las operaciones que estén sujetas a condiciones distintas del precio de mercado vigente, ya que no contribuyen al proceso de formación de precios.

(18)

A fin de garantizar que las operaciones extrabursátiles no comprometan la eficiencia de la formación de precios ni la transparencia y equidad de los distintos modos de negociación, deben aplicarse requisitos de transparencia pre-negociación adecuados a las empresas de servicios de inversión que negocien por cuenta propia instrumentos financieros extrabursátiles, en la medida en que lo hagan en su calidad de internalizadores sistemáticos en relación con acciones, certificados de depósito, fondos cotizados, certificados u otros instrumentos financieros similares para los que existe un mercado líquido, bonos y obligaciones, titulizaciones, derechos de emisión y derivados negociados en un centro de negociación y para los que exista un mercado líquido.

(19)

Una empresa de servicios de inversión que ejecute órdenes de clientes con su capital propio debe considerarse un internalizador sistemático, salvo que las operaciones se realicen al margen de los centros de negociación de manera ocasional, ad hoc e irregular. Así pues, los internalizadores sistemáticos deben definirse como empresas de servicios de inversión que, de forma organizada, frecuente, sistemática y sustancial, negocian por cuenta propia mediante la ejecución de órdenes de clientes al margen de un centro de negociación. Los requisitos que para los internalizadores sistemáticos se prevén en el presente Reglamento deben aplicarse a las empresas de servicios de inversión exclusivamente por lo que atañe a cada instrumento financiero individual (por ejemplo, en el nivel del código ISIN) para el cual la empresa sea un internalizador sistemático. Con objeto de garantizar la aplicación objetiva y efectiva de la definición de internalizador sistemático a las empresas de servicios de inversión, debe existir un umbral predeterminado de internalización sistemática que contenga una especificación precisa de lo que se entiende por negociar de forma frecuente, sistemática y sustancial.

(20)

Aunque un SOC sea cualquier sistema o dispositivo en el que interactúen los intereses de compra y de venta de múltiples terceros, no debe autorizarse a un internalizador sistemático a confrontar intereses de compra y venta entre terceros. Por ejemplo, las plataformas denominadas «de operador único», en las que la negociación se efectúa siempre con una única empresa de servicios de inversión como contraparte, deben considerarse internalizadores sistemáticos en caso de que cumplan los requisitos previstos en el presente Reglamento. En cambio, las plataformas denominadas «de operadores múltiples», en las que varios operadores interactúan respecto del mismo instrumento financiero, no deben considerarse internalizadores sistemáticos.

(21)

Los internalizadores sistemáticos deben poder decidir, basándose en su política comercial y de forma objetiva y no discriminatoria, los clientes a quienes dan acceso a sus cotizaciones, diferenciando entre categorías de clientes, y también deben poder tener en cuenta las diferencias entre estos, por ejemplo en relación con el riesgo de crédito. No se debe obligar a los internalizadores sistemáticos a publicar cotizaciones en firme, ejecutar órdenes de clientes, ni dar acceso a sus cotizaciones en relación con las operaciones en acciones e instrumentos asimilados cuyo tamaño supere el tamaño estándar del mercado y operaciones en instrumentos distintos de acciones y de instrumentos asimilados cuyo tamaño supere el tamaño específico del instrumento financiero. Los internalizadores sistemáticos deben someterse a la supervisión de sus autoridades competentes por lo que atañe al cumplimiento de las obligaciones que les incumben y deben facilitar a estas la información necesaria para realizar dicha labor de control.

(22)

El presente Reglamento no pretende exigir la aplicación de normas de transparencia pre-negociación a las operaciones extrabursátiles distintas de las realizadas dentro de un internalizador sistemático.

(23)

Los usuarios deben poder acceder de forma fácil y rápida a los datos de mercado, en el formato más desagregado posible, para que los inversores, y sus proveedores de servicios de datos, puedan adaptar las soluciones de datos a sus necesidades. Por consiguiente, los datos sobre transparencia pre-negociación y post-negociación deberían hacerse públicos de forma «disociada» a fin de reducir los costes de la compra de datos para los participantes en el mercado.

(24)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), y el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), deben aplicarse plenamente al intercambio, la transmisión y el tratamiento de los datos personales a efectos del presente Reglamento y, en particular, del título IV, por los Estados miembros y la AEVM.

(25)

Habida cuenta del acuerdo alcanzado por las partes en la cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh el 25 de septiembre de 2009 para trasladar la negociación de los contratos de derivados extrabursátiles normalizados a mercados organizados o, en su caso, a plataformas de negociación electrónica, debe definirse un procedimiento reglamentario formal para que las negociaciones entre contrapartes financieras y grandes contrapartes no financieras con todos los derivados considerados compensables y con un grado de liquidez suficiente se realicen en una serie de centros de negociación que estén sujetos a una regulación comparable y que permitan a los participantes negociar con múltiples contrapartes. La evaluación del grado de liquidez suficiente debe tener en cuenta las características del mercado a escala nacional, con elementos como el número y el tipo de participantes en un mercado determinado, y las características de la operación, como el volumen y la frecuencia de las operaciones en dicho mercado.

Un mercado líquido en una categoría de productos derivados se caracterizará por un alto número de participantes activos en el mercado, con una combinación adecuada de proveedores de liquidez y tomadores de liquidez, en relación con el número de productos negociados, que realizan con frecuencia operaciones con tales productos en volúmenes inferiores a lo que se considera un volumen elevado. Un indicio de este tipo de actividad de mercado es la existencia de un gran número de ofertas y demandas en espera del derivado de que se trate, dando lugar a un diferencial reducido para una operación de un tamaño normal del mercado. La evaluación del grado de liquidez suficiente debe reconocer que la liquidez de un derivado puede modificarse de forma significativa en función de las condiciones del mercado y de su ciclo de vida.

(26)

Habida cuenta del acuerdo alcanzado por las partes en la cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh el 25 de septiembre de 2009 para trasladar la negociación de los contratos de derivados extrabursátiles normalizados a mercados organizados o, en su caso, a plataformas de negociación electrónica, por una parte, y del grado de liquidez relativamente limitado de varios derivados extrabursátiles, por otra, conviene prever una serie de centros en los que puedan negociarse las operaciones de conformidad con ese compromiso. Todos los centros admisibles deben estar sujetos a requisitos reglamentarios estrechamente alineados en cuanto a los aspectos organizativos y operativos, las disposiciones para reducir los conflictos de interés, la supervisión de toda la actividad negociadora, la transparencia pre-negociación y post-negociación calibrada en función de los instrumentos financieros y los tipos de sistema de negociación, y permitir a los múltiples intereses de negociación de terceros interactuar entre sí. No obstante, debe dejarse a los gestores de los centros la posibilidad de organizar de forma discrecional operaciones de conformidad con ese compromiso entre múltiples terceras partes, a fin de mejorar las condiciones de ejecución y liquidez.

(27)

La obligación de concluir operaciones con derivados correspondientes a una categoría de derivados de la que se haya declarado que está sujeta a la obligación de negociación en un mercado regulado, un SMN, un SOC o un centro de negociación de un tercer país no debe aplicarse a los componentes de los servicios de reducción de riesgos post-negociación no determinantes en la formación de los precios que reducen los riesgos no de mercado en las carteras de derivados incluidas las carteras de derivados extrabursátiles actuales, de conformidad con el Reglamento (UE) no 648/2012, sin modificar el riesgo de mercado de la cartera. Asimismo, aunque conviene prever disposiciones específicas para los servicios de compresión de carteras, el presente Reglamento no tiene por objeto evitar el uso de los servicios de reducción de riesgos post-negociación.

(28)

La obligación de negociación establecida para dichos derivados debe permitir una competencia efectiva entre los centros de negociación admisibles. Por consiguiente, esos centros no deben poder invocar derechos exclusivos en relación con derivados sujetos a dicha obligación de negociación e impedir que otros centros ofrezcan negociaciones con esos instrumentos financieros. Para que haya una competencia efectiva entre centros de negociación de derivados, es fundamental que estos centros dispongan de un acceso transparente y no discriminatorio a las ECC. Por acceso no discriminatorio a una ECC debe entenderse el derecho de un centro de negociación a un trato no discriminatorio en lo que se refiere a la forma en que los contratos negociados en su plataforma son tratados en cuanto a los requisitos en materia de garantía y compensación de contratos equivalentes económicamente y de garantías cruzadas respecto de contratos correlacionados compensados por la misma ECC, así como a unas tarifas de compensación no discriminatorias.

(29)

Los poderes de las autoridades competentes deben completarse con un mecanismo explícito que permita prohibir o restringir la comercialización, distribución y venta de cualquier instrumento financiero o depósito estructurado que suscite una preocupación significativa en cuanto a la protección del inversor, el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados financieros, o de los mercados de materias primas, o la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero, junto con poderes de intervención y coordinación adecuados para la AEVM, o para la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Mercados y Valores) (ABE) establecida por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) en el caso de los depósitos estructurados. El ejercicio de esos poderes por parte de las autoridades competentes y, en casos excepcionales, por parte de la AEVM o la ABE debe supeditarse al cumplimiento de varias condiciones específicas. Cuando se cumplan esas condiciones, la autoridad competente o, en casos excepcionales, la AEVM o la ABE, deben poder imponer una prohibición o restricción con carácter preventivo antes de que un instrumento financiero o un depósito estructurado haya sido comercializado, distribuido o vendido a los clientes.

Dichos poderes no implican la obligación de que la autoridad competente, la AEVM o la ABE introduzcan o apliquen una concesión de licencia o aprobación de un producto, ni eximen a las empresas de servicios de inversión de su responsabilidad de cumplir todos los requisitos pertinentes dispuestos en el presente Reglamento y la Directiva 2014/65/UE. Procede incluir entre los criterios de intervención de las autoridades competentes el funcionamiento correcto y la integridad de los mercados de materias primas, con objeto de permitir una actuación que contrarreste los efectos externos negativos que las actividades de los mercados financieros pueden tener en los mercados de materias primas. Tal es el caso, en particular, de los mercados de materias primas agrícolas cuya finalidad es garantizar un suministro adecuado de alimentos para la población. En tales casos, las medidas deberían coordinarse con las autoridades competentes respecto de los mercados de materias primas de que se trate.

(30)

Las autoridades competentes deben notificar a la AEVM los detalles de cada una de sus solicitudes de reducir una posición en relación con un contrato de derivados y de cada limitación puntual y cada limitación ex ante de posiciones, a fin de mejorar la coordinación y la convergencia en la aplicación de dichos poderes. Conviene publicar en el sitio web de la AEVM los detalles esenciales de cualquier limitación ex ante de posiciones por una autoridad competente.

(31)

La AEVM debe poder pedir a cualquier persona que le informe sobre su posición con respecto a un contrato de derivados o que reduzca esa posición, y limitar la posibilidad de las personas de iniciar operaciones individuales con respecto a derivados sobre materias primas. La AEVM debe informar a continuación a las autoridades competentes de las medidas que se proponga adoptar, y publicarlas.

(32)

Los datos de las operaciones con instrumentos financieros deben comunicarse a las autoridades competentes para que estas puedan detectar e investigar posibles casos de abuso de mercado, y controlar tanto el funcionamiento equitativo y ordenado de los mercados como las actividades de las empresas de servicios de inversión. El ámbito de dicha supervisión abarca todos los instrumentos financieros negociados en un centro de negociación y los instrumentos financieros en los que el subyacente es un instrumento financiero negociado en un centro de negociación o en los que el subyacente es un índice o una cesta compuesta de instrumentos financieros negociados en un centro de negociación. La obligación debe aplicarse con independencia de que se hayan ejecutado tales operaciones con cualquiera de dichos instrumentos financieros en un centro de negociación o no. Para evitar a las empresas de servicios de inversión una carga administrativa innecesaria, los instrumentos financieros que no son susceptibles de abuso de mercado deben excluirse de la obligación de comunicación. Las comunicaciones deben utilizar un código identificador de entidades jurídicas en línea con los compromisos del G-20. La AEVM debe informar a la Comisión sobre el funcionamiento de la citada comunicación a las autoridades competentes y la Comisión debe poder, si procede, adoptar medidas para proponer cambios.

(33)

El gestor de un centro de negociación debe proporcionar a su autoridad competente los datos de referencia pertinentes de los instrumentos financieros. Las autoridades competentes deben transmitir sin demora dichas notificaciones a la AEVM, que las debe publicar inmediatamente en su sitio web para que la AEVM y las autoridades competentes puedan utilizar, analizar e intercambiar las comunicaciones de operaciones.

(34)

Para cumplir su papel de instrumento de seguimiento del mercado, las comunicaciones sobre operaciones deben identificar a la persona que tomó la decisión de inversión, así como a las personas responsables de su ejecución. Además del régimen de transparencia previsto en el Reglamento (UE) no 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), la identificación de las ventas en corto proporciona información adicional útil para permitir a las autoridades competentes vigilar los niveles de ventas en corto. Las autoridades competentes deben disponer de pleno acceso a los registros en todas las fases del proceso, desde la decisión inicial de negociar hasta la ejecución de la orden. Por consiguiente, conviene que las empresas de servicios de inversión mantengan registros de todas sus órdenes y de todas sus operaciones con instrumentos financieros, y se exige de los gestores de plataformas que mantengan registros de todas las órdenes recibidas por sus sistemas. La AEVM debe coordinar el intercambio de información entre autoridades competentes para garantizar que tengan acceso a todos los registros de operaciones y órdenes, incluidas las operaciones y las órdenes realizadas en plataformas que ejercen su actividad fuera de su territorio, con instrumentos financieros que están bajo su supervisión.

(35)

Debe evitarse que se comunique dos veces la misma información. Los informes que se envíen a los registros de operaciones inscritos o reconocidos de conformidad con el Reglamento (UE) no 648/2012 en relación con los instrumentos financieros pertinentes y que contengan todos los datos necesarios a efectos de comunicación de operaciones no deben transmitirse además a las autoridades competentes; serán los registros de operaciones los que transmitirán la información a las autoridades competentes. Procede modificar el Reglamento (UE) no 648/2012 a este respecto.

(36)

Todo intercambio o transmisión de información efectuado por las autoridades competentes debe ser conforme con las disposiciones sobre transferencia de datos personales establecidas en la Directiva 95/46/CE. Todo intercambio o comunicación de información que realice la AEVM debe hacerse con arreglo a las disposiciones relativas a la transmisión de datos personales previstas en el Reglamento (CE) no 45/2001, que debe ser plenamente aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de lo previsto en el presente Reglamento.

(37)

El Reglamento (UE) no 648/2012 establece los criterios por los que se determinan las categorías de derivados extrabursátiles que deben estar sujetos a la obligación de compensación. El falseamiento de la competencia se evita al exigir un acceso no discriminatorio de los centros de negociación a las ECC que compensan los derivados extrabursátiles, y un acceso no discriminatorio de esas ECC que compensan los derivados extrabursátiles a los datos de negociación de estos centros de negociación. Dado que los derivados extrabursátiles se definen como contratos de derivados cuya ejecución no se realiza en un mercado regulado, deben introducirse requisitos similares para los mercados regulados en virtud del presente Reglamento. Los derivados negociados en mercados regulados también deben compensarse de forma centralizada.

(38)

Además de los requisitos de la Directiva 2004/39/CE y de la Directiva 2014/65/UE que impiden a los Estados miembros restringir indebidamente el acceso a infraestructuras de post-negociación como las ECC y los sistemas de liquidación, es necesario que el presente Reglamento suprima varios barreras comerciales adicionales que pueden ser utilizados para evitar la competencia en la compensación de los instrumentos financieros. A fin de evitar toda práctica discriminatoria, es preciso que las ECC acepten compensar operaciones ejecutadas en distintos centros de negociación, siempre que estos últimos cumplan los requisitos técnicos y operativos establecidos por la ECC, incluidos los requisitos relativos a la gestión de riesgos. La entidad de contrapartida central solo debe denegar el acceso si no se cumplen ciertos criterios de acceso especificados en normas técnicas de regulación. En el caso de las ECC de nueva creación cuya autorización o reconocimiento tenga, en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, una validez inferior a tres años, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de aprobar un período transitorio de hasta dos años y medio antes de que tales entidades queden expuestas al pleno acceso sin discriminación en lo que respecta a los valores negociables y los instrumentos del mercado monetario. Sin embargo, la ECC que opte por acogerse al régimen transitorio no puede disfrutar de derechos de acceso a centros de negociación al amparo del presente Reglamento durante el período de vigencia de dicho régimen. Asimismo, ningún centro de negociación que tenga un vínculo estrecho con esa ECC puede beneficiarse de los derechos de acceso a una ECC al amparo del presente Reglamento durante el período de vigencia del régimen transitorio.

(39)

El Reglamento (UE) no 648/2012 establece las condiciones en que debe garantizarse un acceso no discriminatorio entre ECC y centros de negociación para los derivados extrabursátiles. El Reglamento (UE) no 648/2012 define como derivados extrabursátiles los contratos de derivados cuya ejecución no tiene lugar en un mercado regulado o en un mercado de un tercer país que se considere equivalente a un mercado regulado de conformidad con el artículo 19, apartado 6, de la Directiva 2004/39/CE. Con el fin de evitar lagunas o superposiciones y de garantizar la coherencia entre el Reglamento (UE) no 648/2012 y el presente Reglamento, los requisitos que establece el presente Reglamento sobre acceso no discriminatorio entre ECC y centros de negociación deben ser aplicables a los derivados negociados en mercados regulados o en mercados de terceros países que se consideren equivalentes a mercados regulados de conformidad con la Directiva 2014/65/UE y a todos los instrumentos financieros que no sean derivados.

(40)

Debe exigirse de los centros de negociación que permitan a las ECC que deseen compensar operaciones ejecutadas en ellos acceder a ellos y a sus flujos de datos sobre una base transparente y no discriminatoria. No obstante, este requisito no debería hacer necesaria la utilización de acuerdos de interoperabilidad para la compensación de operaciones con derivados, ni dar lugar a una fragmentación de liquidez de manera tal que se comprometa el funcionamiento armonioso y ordenado de los mercados. El centro de negociación solo debe denegar el acceso si no se cumplen ciertos criterios de acceso especificados en normas técnicas de regulación. Por lo que respecta a los derivados negociables en un mercado regulado, resultaría desproporcionado exigir que los centros de negociación de menor tamaño, en particular los que estén estrechamente vinculados a ECC, cumplan de manera inmediata los requisitos en materia de acceso no discriminatorio si no se han dotado aún de medios técnicos que les permitan relacionarse en condiciones de igualdad con una parte mayoritaria del mercado de infraestructuras de post-negociación. Por consiguiente, los centros de negociación que estén por debajo del umbral correspondiente deben poder optar, al igual que las ECC con las que estén asociados, por una exención de los requisitos de acceso no discriminatorio en lo que respecta a los derivados negociables en un mercado regulado, durante un período de 30 meses, con posibilidad de prórrogas. Sin embargo, el centro de negociación que opte por acogerse a tal exención no debe poder disfrutar de derechos de acceso a las ECC al amparo del presente Reglamento mientras esté vigente la exención.

Asimismo, ninguna ECC que tenga un vínculo estrecho con ese centro de negociación debe poder beneficiarse de los derechos de acceso a un centro de negociación al amparo del presente Reglamento mientras esté vigente la exención. El Reglamento (UE) no 648/2012 estipula que, cuando un servicio financiero relacionado con contratos de derivados esté sujeto a derechos de propiedad comercial e intelectual, se debe poder acceder a las licencias correspondientes en condiciones proporcionadas, justas, razonables y no discriminatorias. En consecuencia, es necesario que se permita a las ECC y los centros de negociación acceder, en condiciones proporcionadas, justas, razonables y no discriminatorias, a las licencias y a la información sobre los índices de referencia utilizados para determinar el valor de los instrumentos financieros, y que todas las licencias se ofrezcan en condiciones comerciales razonables. Sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre competencia, cuando se elabore un nuevo índice de referencia tras la entrada en vigor del presente Reglamento, la obligación de licencia debe comenzar 30 meses después de que el instrumento financiero que sirva de referencia para ese índice empiece a negociarse o se admita a negociación. El acceso a las licencias es fundamental para facilitar el acceso entre centros de negociación y ECC de conformidad con los artículos 35 y 36, ya que, de lo contrario, los acuerdos de licencia podrían seguir impidiendo el acceso entre los centros de negociación y las ECC a las que han solicitado acceso.

El objetivo de la eliminación de obstáculos y prácticas discriminatorias es aumentar la competencia en materia de compensación y negociación de instrumentos financieros, con lo que se reducirán los costes de las inversiones y de los préstamos, se eliminarán ineficiencias y se fomentará la innovación en los mercados de la Unión. La Comisión debe continuar vigilando atentamente la evolución de la infraestructura de post-negociación y, en su caso, intervenir para impedir que se produzcan falseamientos de la competencia en el mercado interior, en particular, cuando la denegación del acceso a la infraestructura o a los índices de referencia vulnere los artículos 101 o 102 del TFUE. Las funciones de concesión de licencias de conformidad con el presente Reglamento deben entenderse sin perjuicio de la obligación general de los propietarios de los índices de referencia con arreglo al derecho de la competencia de la Unión y a los artículos 101 y 102 del TFUE, en particular, en relación con el acceso a los índices de referencia que sean imprescindibles para la entrada en un mercado nuevo. Las aprobaciones de las autoridades competentes de no aplicar derechos de acceso durante períodos de transición no constituyen autorizaciones ni modificaciones de autorizaciones.

(41)

La prestación de servicios en la Unión por empresas de terceros países está sujeta a requisitos y regímenes nacionales. Dichos regímenes son muy distintos y las empresas autorizadas en virtud de ellos no disfrutan de la libertad de prestar servicios y del derecho de establecimiento en Estados miembros distintos del Estado miembro en el que están establecidos. Procede introducir un marco común regulador a escala de la Unión. El régimen debe armonizar el marco actual, fragmentado, garantizar la seguridad y el trato uniforme a las empresas de terceros países que accedan a la Unión, asegurar que la Comisión haya realizado una evaluación de equivalencia efectiva del marco prudencial y de ejercicio de la actividad de los terceros países, y ofrecer un nivel comparable de protección a los clientes de la Unión que reciban servicios de empresas de terceros países.

Al aplicar el régimen, la Comisión y los Estados miembros deben dar prioridad a los ámbitos cubiertos por los compromisos y acuerdos del G-20 con los principales socios comerciales de la Unión, y deben tener en cuenta el papel central que la Unión desempeña en los mercados financieros mundiales y velar por que la aplicación de requisitos relativos a los terceros países no impida que los inversores y emisores de la Unión inviertan en u obtengan financiación de terceros países, ni que los inversores y emisores de terceros países inviertan, reúnan capital o disfruten de otros servicios financieros en los mercados de la Unión, a no ser que ello sea necesario por razones prudenciales objetivas y basadas en pruebas. Cuando realice las evaluaciones, la Comisión debe observar los Objetivos y Principios para la Regulación de los Mercados de Valores de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), así como a sus recomendaciones en su versión modificada e interpretada por la OICV.

Cuando no se pueda tomar una decisión que determine la equivalencia efectiva, la prestación de servicios por empresas de terceros países en la Unión seguirá estando sujeta a los regímenes nacionales. La Comisión debe emprender la evaluación de la equivalencia por iniciativa propia. Los Estados miembros deben poder indicar su interés por que un determinado tercer país o determinados terceros países sean objeto de la evaluación de equivalencia realizada por la Comisión, sin que dicha indicación sea vinculante para que la Comisión emprenda el proceso de equivalencia. La evaluación de equivalencia debe basarse en los resultados; debe evaluar en qué grado el respectivo marco de regulación y supervisión del tercer país logra efectos de regulación similares y oportunos y en qué grado cumple los mismos objetivos que el Derecho de la Unión. Cuando emprenda dichas evaluaciones de equivalencia, la Comisión debe poder establecer prioridades entre las jurisdicciones de terceros países teniendo en cuenta la importancia de la búsqueda de equivalencia para las empresas y los clientes de la Unión, la existencia de acuerdos de supervisión y cooperación entre el tercer país y los Estados miembros, la existencia de un sistema equivalente efectivo de reconocimiento de las empresas de servicios de inversión autorizadas en virtud de regímenes extranjeros y el interés y la voluntad del tercer país en relación con su participación en el proceso de evaluación de la equivalencia. La Comisión debe realizar un seguimiento de los cambios significativos del marco de regulación y supervisión del tercer país y, en su caso, revisar las decisiones de equivalencia.

(42)

La prestación de servicios sin sucursales debe limitarse, en virtud del presente Reglamento, a las contrapartes elegibles y a los clientes profesionales per se. Debe estar sujeta a un registro ante la AEVM y a una supervisión en el tercer país. Deben establecerse disposiciones de cooperación adecuadas entre la AEVM y las autoridades competentes del tercer país.

(43)

Las disposiciones del presente Reglamento sobre la prestación de servicios o la realización de actividades por empresas de terceros países no deben afectar a la posibilidad de que personas establecidas en la Unión reciban, por iniciativa exclusivamente propia, servicios de inversión prestados por una empresa de un tercer país, ni de que empresas de servicios de inversión o entidades de crédito de la Unión reciban, por iniciativa exclusivamente propia, servicios o actividades de inversión de una empresa de un tercer país, ni de que un cliente reciba, por iniciativa exclusivamente propia, servicios de inversión de una empresa de un tercer país por mediación de dicha entidad de crédito o empresa de servicios de inversión. Cuando una empresa de un tercer país preste servicios a una persona establecida en la Unión, por iniciativa de tal persona, no debe considerarse que dichos servicios se prestan en el territorio de la Unión. Cuando una empresa de un tercer país capte clientes o posibles clientes en la Unión, o promocione o anuncie en la Unión servicios o actividades de inversión junto con servicios auxiliares, no debe considerarse un servicio prestado por iniciativa exclusiva del cliente.

(44)

Por lo que respecta al reconocimiento de las empresas de terceros países, y de conformidad con las obligaciones internacionales de la Unión contraídas en virtud del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, incluido el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, las decisiones por las que se determina que los marcos de regulación y supervisión de terceros países son equivalentes al marco de regulación y supervisión de la Unión solo deben adoptarse si el marco jurídico y de supervisión del tercer país establece un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las empresas de servicios de inversión autorizadas en el marco de sistemas jurídicos extranjeros, de conformidad con, entre otros, los objetivos y normas de regulación generales establecidos por el G-20 en septiembre de 2009 para mejorar la transparencia en los mercados de derivados, reducir el riesgo sistémico y proteger contra el abuso de mercado. Dicho sistema debe considerarse equivalente siempre que garantice que el resultado sustancial obtenido con el marco regulador aplicable es similar a los requisitos fijados por la Unión, y debe considerarse efectivo si las normas se aplican de manera coherente.

(45)

Se ha observado una serie de prácticas fraudulentas en mercados secundarios de contado de derechos de emisión que pueden socavar la confianza en el régimen de comercio de derechos de emisión, creado por la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14), y se están adoptando medidas para reforzar el sistema de registros de estos derechos de emisión y las condiciones de apertura de una cuenta para su negociación. Para reforzar la integridad y proteger el funcionamiento eficaz de esos mercados, incluida una supervisión exhaustiva de la actividad negociadora, procede completar las medidas adoptadas en virtud de la Directiva 2003/87/CE, integrando plenamente los derechos de emisión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y de la Directiva 2014/65/UE, así como del Reglamento (UE) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) y de la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16), clasificándolos como instrumentos financieros.

(46)

Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado. En particular, deben adoptarse actos delegados en lo que se refiere a la ampliación del ámbito de aplicación de determinadas disposiciones del presente Reglamento a bancos centrales de terceros países, a ciertos pormenores de las definiciones, a determinados aspectos relacionados con el coste de la puesta a disposición de los datos de mercado, al acceso a cotizaciones, a los volúmenes en los cuales, o por debajo de los cuales, una empresa debe efectuar operaciones con cualquier otro cliente con cuota disponible, a la compresión de carteras y a la explicitación del momento en que una preocupación significativa relativa a la protección del inversor o una amenaza para la protección del inversor, para el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados financieros o de los mercados de materias primas o para la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión pueden justificar una actuación de la AEVM, de la ABE o de las autoridades competentes, a la prórroga del período transitorio con arreglo al artículo 35, apartado 5, del presente Reglamento por un período de tiempo determinado, y a la exclusión temporal de los derivados negociables en un mercado regulado del ámbito de aplicación de ciertas disposiciones del presente Reglamento por un determinado período de tiempo. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(47)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución relativas a la adopción de decisiones de equivalencia sobre el marco jurídicos y de supervisión de terceros países para la prestación de servicios por empresas de terceros países o centros de negociación de terceros países, a efectos de su admisibilidad como centros de negociación de derivados sujetos a la obligación de negociación, y de acceso de ECC y centros de negociación de terceros países a ECC y centros de negociación establecidos en la Unión. Dichos poderes deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(48)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de requisitos uniformes relativos a instrumentos financieros en relación con la publicación de datos sobre la negociación, la comunicación de operaciones a las autoridades competentes, la negociación de derivados y acciones en centros organizados, el acceso no discriminatorio a las ECC, los centros de negociación y los índices de referencia, los poderes de intervención y los poderes sobre gestión de posiciones y límites a las posiciones o la prestación de servicios o actividades de inversión por empresas de terceros países, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ya que, aunque las autoridades competentes nacionales están en una posición más favorable para controlar la evolución del mercado, solo en el contexto de la Unión puede entenderse plenamente el impacto general de los problemas relacionados con la transparencia en la negociación, la comunicación de operaciones, la negociación con derivados y las prohibiciones de productos y prácticas, sino que, debido a las dimensiones y efectos, dichos objetivos pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(49)

Ninguna medida adoptada por una autoridad competente o por la AEVM en el ejercicio de sus funciones debe discriminar, directa o indirectamente, a un Estado miembro o grupo de Estados miembros como lugar de prestación de servicios y actividades de inversión en cualquier divisa. Ninguna medida adoptada por la ABE en el ejercicio de sus funciones en virtud del presente Reglamento debe discriminar, directa o indirectamente, a ningún Estado miembro o grupo de Estados miembros.

(50)

Las normas técnicas de los servicios financieros deben garantizar una protección adecuada de los depositantes, inversores y consumidores en toda la Unión. Como organismo con conocimientos muy especializados, resulta eficiente y adecuado confiar a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación que no impliquen decisiones políticas, para su presentación a la Comisión.

(51)

La Comisión debe adoptarlos proyectos de normas técnicas de regulación elaboradas por la AEVM en lo que se refiere a las características precisas de los requisitos de transparencia en la negociación, a las operaciones de política monetaria, cambiaria y en materia de estabilidad financiera y los tipos de determinadas operaciones pertinentes en virtud del presente Reglamento, a las condiciones detalladas de las exenciones en materia de transparencia pre-negociación, a las disposiciones sobre publicación diferida post-negociación, a los criterios de aplicación de las obligaciones de transparencia pre-negociación en el caso de los internalizadores sistemáticos, a la publicación post-negociación por empresas de servicios de inversión, al contenido y frecuencia de las solicitudes de datos para la información a efectos de transparencia y de otros cálculos, a las operaciones que no contribuyen al proceso de formación de precios, a los datos de las órdenes que deben conservarse, al contenido y especificación de los datos de referencia del instrumento financiero, a los tipos de contratos que tengan un efecto directo, sustancial y previsible en la Unión y casos en los que la obligación de negociación de derivados es necesaria, a los requisitos de los sistemas y los procedimientos para garantizar que las operaciones con derivados compensados se presenten y acepten a efectos de compensación, a la especificación de los tipos de acuerdos de compensación indirecta, a los derivados sujetos a una obligación de negociación en centros de negociación organizados, al acceso no discriminatorio a una ECC y a un centro de negociación, al acceso no discriminatorio a los índices de referencia y a la obligación de concesión de licencia, y a la información que la empresa solicitante de un tercer país debe facilitar a la AEVM en su solicitud de registro. La Comisión debe adoptar dichos proyectos de normas técnicas de regulación por medio de actos delegados en virtud del artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1093/2010.

(52)

El artículo 95 de la Directiva 2014/65/UE establece una exención transitoria para algunos contratos de derivados energéticos de la sección C, punto 6. Es, por tanto, necesario que las normas técnicas que especifiquen la obligación de compensación que desarrolle la AEVM con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 648/2012 tengan esto en cuenta y no impongan una obligación de compensación a los contratos de derivados que, ulteriormente, sea objeto de una exención transitoria para los contratos de derivados energéticos de la sección C, punto 6.

(53)

Debe aplazarse la aplicación de los requisitos del presente Reglamento para que coincida con la entrada en vigor de las medidas de transposición de la Directiva refundida y para establecer todas las medidas de ejecución esenciales. Así, el paquete reglamentario en su totalidad entrará en vigor simultáneamente. No obstante, conviene no aplazar la entrada en vigor de las competencias relativas a las medidas de ejecución, de modo que puedan darse lo antes posible los pasos necesarios para elaborar y adoptar dichas medidas de ejecución.

(54)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, el derecho a la protección de los datos de carácter personal (artículo 8), la libertad de empresa (artículo 16), el derecho a la protección del consumidor (artículo 38), el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), y el derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por la misma infracción (artículo 50), y debe aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.

(55)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, sido consultado de acuerdo con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, emitió un dictamen el 10 de febrero de 2012 (18).

a)

publicación de datos sobre la negociación;

b)

comunicación de operaciones a las autoridades competentes;

c)

negociación de derivados en centros organizados;

d)

acceso no discriminatorio a los mecanismos de compensación y a la negociación con índices de referencia;

e)

poderes de intervención de las autoridades competentes, de la AEVM y la ABE, y poderes de la AEVM en materia de controles de la gestión de posiciones y límites de las posiciones.

f)

prestación de servicios de inversión o realización de actividades de inversión por empresas de terceros países con arreglo a una decisión aplicable de la Comisión en materia de equivalencia con o sin sucursal.

a)

identificará las disposiciones aplicables en los terceros países pertinentes en relación con la publicación reglada de las operaciones de los bancos centrales, incluidas las operaciones realizadas por miembros del SEBC en esos terceros países, y

b)

evaluará las posibles repercusiones que los requisitos de publicación reglada en la Unión puedan tener en las operaciones de los bancos centrales de terceros países.

a)

a efectos de lo dispuesto en los artículos 9, 11 y 18, un mercado de un instrumento financiero o una categoría de instrumentos financieros en el que existan de manera continua compradores y vendedores interesados y disponibles, y que se evalúe con arreglo a los siguientes criterios, tomando en consideración las estructuras de mercado específicas del instrumento financiero o de la categoría de instrumentos financieros de que se trate:

b)

a efectos de los artículos 4, 5 y 14, un mercado de un instrumento financiero en el que el instrumento financiero se negocie diariamente y el mercado se evalúe con arreglo a los siguientes criterios:

a)

los participantes en un centro de negociación no puedan concluir una operación con otro u otros participantes en dicho centro debido a la falta de acuerdos de compensación accesibles a todos los participantes, o

b)

un miembro compensador o sus clientes se verían obligados a mantener sus posiciones en un instrumento financiero en más de una ECC, quedando limitadas por ello las posibilidades de compensación de las exposiciones financieras;

a)

los sistemas de case de órdenes que se basen en una metodología de negociación en virtud de la cual el precio del instrumento financiero contemplado en el artículo 3, apartado 1, se derive del centro de negociación en el que el instrumento financiero haya sido admitido a negociación por primera vez o el mercado más importante en términos de liquidez, y en los que ese precio de referencia esté ampliamente difundido y sea considerado un precio de referencia fiable por los participantes en el mercado, la utilización continuada de dicha exención estará supeditada a las condiciones establecidas en el artículo 5;

b)

los sistemas que formalicen operaciones negociadas que:

c)

las órdenes cuyo tamaño sea elevado en comparación con el tamaño normal del mercado;

d)

las órdenes mantenidas en un mecanismo de gestión de órdenes del centro de negociación a la espera de su publicación.