21.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 86/1

(1)

De conformidad con el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la definición y ejecución de todas las políticas y acciones de la Unión, se debe garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. La Unión debe complementar y apoyar las políticas nacionales en materia de salud, fomentar la cooperación entre los Estados miembros y facilitar la coordinación entre sus programas, respetando íntegramente las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de sus políticas de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.

(2)

Se requieren esfuerzos continuados para cumplir los requisitos contemplados en el artículo 168 del TFUE. La promoción de una buena salud a nivel de la Unión es también parte integrante de «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» («Estrategia Europa 2020»). Mantener a las personas sanas y activas durante más tiempo y capacitarlas para asumir un papel activo en la gestión de su propia salud, tendrá efectos positivos en la salud en general, incluida la reducción de las desigualdades en materia de salud, así como en la calidad de vida, la productividad y la competitividad, al tiempo que se reduce la presión en los presupuestos nacionales. El apoyo y el reconocimiento de la innovación, que tiene implicaciones en la salud, contribuye a afrontar el reto de la sostenibilidad del sector sanitario en el contexto del cambio demográfico, y actuar para reducir las desigualdades en materia de salud es importante para alcanzar «un crecimiento integrador». En dicho contexto, es conveniente establecer el tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020) (en lo sucesivo, «Programa»).

(3)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como «un estado de bienestar físico, mental y social completo, que no se limita a la mera ausencia de dolencias o enfermedades». Para mejorar la salud de la población de la Unión y reducir las desigualdades sanitarias es fundamental no centrarse solamente en la salud física. Según la OMS, los problemas de salud mental representan casi el 40 % de los años vividos con discapacidad. Los problemas de salud mental tienen también un amplio alcance, una larga duración y son fuente de discriminación, y contribuye de manera significativa a la desigualdad en el ámbito de la salud. Además, la crisis económica afecta a factores determinantes de la salud mental, a medida que los factores de protección se debilitan y los factores de riesgo aumentan.

(4)

La evaluación de los anteriores programas de acción comunitaria, en el ámbito de la salud pública (2003-2008) y en el ámbito de la salud (2008-2013), adoptados respectivamente mediante las Decisiones nos 1786/2002/CE (4) y 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «anteriores programas de salud»), ha sido positiva, puesto que han aportado numerosos avances y mejoras. El Programa debe basarse en los logros de los anteriores programas de salud. Debe tener también en cuenta las recomendaciones de las auditorías y evaluaciones externas, en particular las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe Especial no 2/2009, en las que se indica que, para el período posterior a 2013, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deberían reconsiderar el alcance de las actividades en materia de salud pública y el enfoque de la financiación de la Unión en este ámbito. Para abordar semejante tarea deberían tenerse en cuenta los medios presupuestarios disponibles y la existencia de otros mecanismos de cooperación que faciliten la colaboración y el intercambio de información entre los participantes de toda Europa.

(5)

En consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, el Programa debe centrarse en una serie de acciones y objetivos bien definidos y con claro y probado valor añadido de la Unión y concentrar su apoyo en un número más reducido de actividades en áreas prioritarias. Con arreglo al principio de subsidiariedad, debe hacerse hincapié en aquellos ámbitos en los que estén en juego aspectos claramente transfronterizos o de mercado interior, o cuando la colaboración a nivel de la Unión suponga ventajas significativas o mejoras de eficiencia.

(6)

El Programa debe constituir un medio de fomentar acciones en ámbitos en los que existe un claro valor añadido de la Unión que pueda demostrarse sobre la base de los siguientes elementos: intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros; apoyo a redes para el intercambio de conocimientos o el aprendizaje mutuo; reacción frente a las amenazas transfronterizas para reducir los riesgos y mitigar sus consecuencias; consideración de determinadas cuestiones relativas al mercado interior en las que la Unión tiene legitimidad material para garantizar soluciones de gran calidad en los Estados miembros; liberación del potencial de innovación en la salud; actuaciones que lleven a la introducción de un sistema de evaluación comparativa para permitir la toma de decisiones informada a nivel de la Unión; mejora de la eficiencia evitando el despilfarro de recursos debido a duplicidades y optimizando el empleo de los recursos financieros.

(7)

La ejecución del Programa debe hacerse de forma que se respeten las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política en materia de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.

(8)

El Informe de 2009 de la OMS sobre la salud en Europa señala que existe margen para aumentar la inversión en salud pública y sistemas de salud. En este sentido, se anima a los Estados miembros a establecer la mejora de la salud como una prioridad en sus programas nacionales y que aprovechen mejor las posibilidades de financiación de la Unión en este ámbito. Por consiguiente, el Programa debe facilitar la incorporación de sus resultados en las políticas nacionales en materia de salud.

(9)

La innovación en materia de salud debe entenderse como una estrategia en materia de salud pública que no se limite a los avances tecnológicos en términos de productos y servicios. El fomento de la innovación en el ámbito de las intervenciones en materia de salud pública, las estrategias de prevención, la gestión del sistema sanitario y de la organización y la prestación de servicios sanitarios y asistencia médica, incluidas las actuaciones encaminadas a promover la salud y prevenir enfermedades, ofrecen la posibilidad de mejorar los resultados en el ámbito de la salud pública y la calidad de la atención a los pacientes y de responder a necesidades no satisfechas, al tiempo que se fomenta la competitividad de los interesados, así como de mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de los servicios sanitarios y la atención médica. Por consiguiente, el Programa debe facilitar la incorporación voluntaria de la innovación en materia de salud, teniendo presentes los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Europea enunciados en las conclusiones del Consejo de 22 de junio de 2006 (6).

(10)

El Programa debe contribuir, en particular en el contexto de la crisis económica, a reducir las desigualdades sanitarias y a promover la igualdad y la solidaridad mediante acciones en el marco de los distintos objetivos, además de fomentar y facilitar el intercambio de buenas prácticas.

(11)

Según los artículos 8 y 10 del TFUE, la Unión debe promover la igualdad entre el hombre y la mujer y luchar contra toda discriminación. En consecuencia, el Programa ha de apoyar la incorporación de la igualdad de género y de los objetivos de no discriminación en todas sus acciones.

(12)

Es necesario capacitar a los ciudadanos, entre otras cosas, aumentando sus conocimientos sobre la salud, para gestionar su salud y su asistencia sanitaria de manera más proactiva, prevenir la mala salud, y para que puedan elegir de modo informado. Es preciso mejorar la transparencia en las actividades y los sistemas de asistencia sanitaria, y mejorar también la disponibilidad de información fiable, independiente y fácilmente comprensible para los pacientes. Las prácticas de asistencia sanitaria deben tener en cuenta las opiniones de los pacientes y la comunicación con los mismos. Es fundamental prestar apoyo a los Estados miembros, las organizaciones de pacientes y los interesados, y este apoyo debe coordinarse a nivel de la Unión, de modo que se ayude eficazmente a los pacientes, sobre todo quienes padecen enfermedades raras, a tener acceso a una asistencia sanitaria transfronteriza.

(13)

Disminuir el peso de las infecciones resistentes y las infecciones asociadas con la atención sanitaria y garantizar la disponibilidad de antibióticos eficaces es fundamental para la eficiencia de los sistemas sanitarios y la seguridad de los pacientes. El Programa ha de apoyar los constantes esfuerzos en mejorar los métodos de análisis para detectar y prevenir la resistencia a los antibióticos y mejorar la conexión en red entre todos los actores del ámbito sanitario, incluidos los del sector veterinario, en relación con la respuesta a la resistencia a los antibióticos.

(14)

En el contexto del envejecimiento de la sociedad, una inversión bien orientada hacia la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades puede aumentar el número de «años de vida sana» y, en consecuencia, permitir que las personas de edad avanzada disfruten de una vida activa y saludable a medida que se hacen mayores. Las enfermedades crónicas son responsables de más del 80 % de las muertes prematuras en la Unión. El Programa debe identificar, difundir y promover la adopción de buenas prácticas y de prácticas probadas en lo que respecta a medidas rentables de promoción de la salud y prevención de enfermedades centradas, en particular, en los principales factores de riesgo, a saber, el consumo de tabaco, el consumo de drogas, el consumo nocivo de alcohol y los hábitos alimentarios poco saludables, la obesidad y la falta de actividad física, así como el VIH/SIDA, la tuberculosis y la hepatitis. Una prevención eficaz contribuiría a aumentar la viabilidad financiera de los sistemas sanitarios. Dentro de un marco que integre consideraciones de género, el Programa debe contribuir a prevenir las enfermedades en todos sus aspectos (prevención primaria, secundaria y terciaria) y a lo largo de toda la vida de los ciudadanos de la Unión, a promover la salud, y a fomentar entornos que propicien estilos de vida saludables, teniendo en cuenta factores subyacentes de índole social y medioambiental, así como las consecuencias para la salud de determinadas discapacidades.

(15)

A fin de reducir al máximo las consecuencias para la salud pública de las amenazas transfronterizas para la salud, tal como se establece en la Decisión no 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), que pueden variar desde la contaminación a gran escala causada por accidentes químicos hasta las pandemias, como las provocadas recientemente por la bacteria E. coli, la cepa de gripe H1N1 o el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo), o los efectos en la salud derivados de los crecientes movimientos de población, el Programa debe contribuir a la creación y el mantenimiento de instrumentos y mecanismos sólidos que permitan detectar, evaluar y gestionar las principales amenazas transfronterizas para la salud. Debido a la naturaleza de esas amenazas, el Programa debe apoyar medidas coordinadas de salud pública a escala de la Unión para abordar diferentes aspectos de las amenazas transfronterizas para la salud, trabajando en la preparación y la planificación de respuestas, en la determinación sólida y fiable de los riesgos, y en el desarrollo de un marco sólido de gestión del riesgo y las crisis. En este contexto, es fundamental que el Programa se complemente con el programa de trabajo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, establecido por el Reglamento (CE) no 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), a fin de combatir las enfermedades transmisibles, y con las actividades que reciben apoyo en el marco de los programas de la Unión en materia de investigación e innovación. Deben hacerse esfuerzos especiales para asegurar la coherencia y las sinergias entre el Programa y el trabajo general en el ámbito de la salud realizado en el marco de otros programas e instrumentos de la Unión, principalmente en relación con la gripe, el VIH/SIDA, la tuberculosis y otras amenazas transfronterizas para la salud en terceros países.

(16)

La acción en el marco del Programa también ha de poder abarcar las amenazas transfronterizas para la salud ocasionadas por incidentes biológicos y químicos o por el medio ambiente y el cambio climático. Como se señala en la Comunicación de la Comisión «Un presupuesto para Europa 2020», la Comisión se ha comprometido a integrar la lucha contra el cambio climático en el conjunto de los programas de gasto de la Unión y a dedicar al menos el 20 % del presupuesto de la Unión a objetivos relacionados con el clima. El gasto del Programa realizado en el marco del objetivo específico relativo a amenazas transfronterizas graves para la salud debe contribuir de manera general a esos objetivos haciendo frente a las amenazas para la salud asociadas al cambio climático. La Comisión debe facilitar información sobre los gastos relativos al cambio climático en el Programa.

(17)

De conformidad con el artículo 114 del TFUE, debe garantizarse un elevado nivel de protección de la salud en la legislación que adopte la Unión relativa al establecimiento y funcionamiento del mercado interior. En consonancia con ese objetivo, el Programa debe realizar esfuerzos especiales para apoyar las acciones necesarias a la consecución de los objetivos de la legislación de la Unión, o que contribuyan a estos, en los ámbitos de las enfermedades transmisibles y otras amenazas para la salud, las células y los tejidos humanos, la sangre, los órganos, los medicamentos, los productos sanitarios, los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, y los productos y la publicidad del tabaco.

(18)

El Programa debe contribuir a la toma de decisiones empíricamente fundadas fomentando un sistema de información y conocimientos sobre salud, tomando en consideración las actividades correspondientes que realizan organizaciones internacionales como la OMS y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El sistema debe consistir, entre otras cosas, en la utilización de los instrumentos existentes y, en su caso, un mayor desarrollo de información sanitaria normalizada y de otras herramientas para el seguimiento de la salud, la recopilación y el análisis de datos sobre la salud, el apoyo a los comités científicos constituidos con arreglo a la Decisión 2008/721/CE de la Comisión (9), y una amplia difusión de los resultados del Programa.

(19)

La política de la Unión en el ámbito sanitario tiene por objetivo complementar y apoyar las políticas sanitarias nacionales, fomentar la cooperación entre Estados miembros y promover la coordinación entre sus programas. El intercambio de buenas prácticas es un instrumento clave de esa política. Dicho intercambio debe permitir a las autoridades nacionales beneficiarse de soluciones eficientes desarrolladas en otros Estados miembros, reducir la duplicidad de esfuerzos y aumentar el valor del dinero invertido, al promover soluciones innovadoras en el ámbito de la salud. Por ello, el Programa debe centrarse principalmente en la cooperación con las autoridades sanitarias competentes en los Estados miembros e impulsar una participación más amplia de todos los Estados miembros según se recomendó en las evaluaciones de los anteriores programas de salud. En particular, debe fomentarse activamente la participación de los Estados miembros cuyo Producto Interior Bruto (PIB) por habitante sea inferior al 90 % de la media de la Unión en acciones cofinanciadas por las autoridades sanitarias competentes de los Estados miembros o los órganos designados por dichas autoridades competentes. Debería considerarse que dichas acciones tienen un interés excepcional y, en particular, responden, concretamente, al objetivo de facilitar una participación más amplia de los Estados miembros cuyo PNB per cápita es inferior al 90 % de la media de la Unión. También se debería reflexionar sobre un apoyo más amplio y adecuado de carácter no financiero a la participación de dichos Estados miembros en esas acciones, por ejemplo en términos de procedimiento de solicitud, transferencia de conocimientos o asimilación de experiencia.

(20)

Las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas del ámbito sanitario, en particular las asociaciones de pacientes y de profesionales de la salud, desempeñan un papel importante a la hora de facilitar a la Comisión la información y el asesoramiento necesarios para la ejecución del Programa. A este respecto, es posible que necesiten contribuciones del Programa que les permita funcionar. Por esa razón, el Programa debe ser accesible a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones de pacientes que trabajen en el ámbito de la salud pública y que desempeñen un papel efectivo en los procesos de diálogo civil a escala de la Unión, como la participación en grupos consultivos, y que contribuyan de esa manera a la consecución de los objetivos específicos del Programa.

(21)

El Programa debe promover las sinergias, evitando redundancias con otros programas y acciones afines de la Unión, fomentando, cuando proceda, la incorporación de los avances innovadores derivados de la investigación en el sector sanitario. Debe hacerse un uso adecuado de otros fondos y programas de la Unión dentro de sus respectivos ámbitos de actividad, en particular del Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020 (Horizonte 2020), creado por el Reglamento (UE) no 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), así como de sus resultados, de los Fondos Estructurales, el Programa Europeo de Empleo e Innovación Social, creado por el Reglamento (UE) no 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, creados por el Reglamento (UE) no 2012/2002 (12), la Estrategia de la Unión de salud y seguridad en el

trabajo (2007-2012), el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), creado por el Reglamento (UE) no 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), creado por el Reglamento 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), el Programa de protección de los consumidores, el Programa «Justicia», creado por el Reglamento (UE) no 1382/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), el Programa conjunto «Vida Cotidiana Asistida por el Entorno», el Programa para la educación, la formación, la juventud y el deporte (Erasmus+), creado por el Reglamento (UE) no 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), el Programa Estadístico Europeo, creado por el Reglamento (UE) no 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) y la Cooperación de innovación europea en el campo del envejecimiento activo y saludable.

(22)

De conformidad con el artículo 168, apartado 3, del TFUE, la Unión y los Estados miembros deben favorecer la cooperación con terceros países y las organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública. Conviene, por tanto, que el Programa se abra a la participación de terceros países, principalmente de los países en vías de adhesión, los países candidatos y los candidatos potenciales que se benefician de una estrategia de preadhesión, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)/Espacio Económico Europeo (EEE), los países limítrofes y aquellos a los que se aplica la política europea de vecindad (PEV) y otros países, conforme a las condiciones establecidas por los correspondientes acuerdos bilaterales o multilaterales.

(23)

A fin de contribuir a la consecución de los objetivos del Programa, debe facilitarse el establecimiento de relaciones adecuadas con terceros países no participantes en el Programa, teniendo en cuenta los correspondientes acuerdos entre esos países y la Unión. Esto puede suponer que la Unión tenga que organizar eventos sobre salud o que terceros países tengan que realizar actividades, que complementen las financiadas a cargo del Programa en áreas de interés mutuo, siempre que no se requiera una contribución financiera del Programa.

(24)

A fin de maximizar la eficacia y la eficiencia de las acciones a nivel internacional y de la Unión, y con miras a la ejecución del Programa, conviene establecer una cooperación con organizaciones internacionales competentes, como las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, sobre todo la OMS, así como con el Consejo de Europa y la OCDE.

(25)

La duración del Programa debe ser de siete años a fin de adaptarla al marco financiero plurianual, que se establece en el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (18).El presente Reglamento establece una dotación financiera para todo el período de duración del Programa, que, en la acepción del apartado 17 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (19), ha de constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(26)

De conformidad con el artículo 54 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012, del Parlamento Europeo y el Consejo (20), el presente Reglamento proporciona la base jurídica para la acción y para la ejecución del Programa.

(27)

Para garantizar la continuidad del apoyo financiero prestado en virtud del Programa al funcionamiento de los organismos, la Comisión debe poder evaluar, en el programa anual de trabajo de 2014, los costes directamente vinculados a la ejecución de las actividades que reciben apoyo que pueden optar a la financiación, incluso cuando hayan corrido a cargo del beneficiario antes de que se presentara la solicitud de financiación.

(28)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento por medio de programas anuales de trabajo, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (21).

(29)

La ejecución del Programa debe respetar plenamente el principio de transparencia. A lo largo de toda la duración del Programa, los recursos presupuestarios deben distribuirse entre sus diferentes objetivos de forma equilibrada, teniendo en cuenta las ventajas probables para la promoción de la salud. Las acciones seleccionadas y financiadas deben responder a los objetivos específicos del Programa y presentar un claro valor añadido de la Unión. Los programas anuales de trabajo deben establecer, en particular, los criterios de selección básicos aplicables a los beneficiarios potenciales de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012, a fin de garantizar la capacidad financiera y operativa de estos para realizar las acciones subvencionadas por el Programa y, en su caso, las pruebas necesarias para demostrar su independencia.

(30)

Es preciso supervisar y evaluar periódicamente el valor y el impacto del Programa. Dicha evaluación debe tener en cuenta que la consecución de los objetivos perseguidos podría exigir un período de tiempo superior a la duración del Programa. Transcurrida la mitad de la duración del Programa, pero no más tarde del 30 de junio de 2017, debe elaborarse un informe de evaluación intermedia para evaluar el estado de ejecución de las prioridades temáticas del Programa.

(31)

A fin de que el Programa aproveche plenamente los resultados del informe de evaluación intermedia sobre su ejecución y para facilitar todos los ajustes necesarios para la consecución de los objetivos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con objeto de suprimir cualquiera de las prioridades temáticas establecidas en el presente Reglamento o de incluir nuevas prioridades temáticas en el presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, también con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(32)

La cooperación de las autoridades nacionales es esencial para facilitar la información a los candidatos potenciales de manera que se garantice una participación equitativa en el Programa, así como para difundir los conocimientos que se obtengan con el Programa entre las partes interesadas del sector a nivel nacional. Por lo tanto, es necesario que los Estados miembros designen puntos nacionales de contacto que apoyen las actividades antes mencionadas.

(33)

Para la aplicación del presente Reglamento, la Comisión debe consultar a los expertos pertinentes, entre ellos los puntos nacionales de contacto.

(34)

Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, las sanciones.

(35)

Procede garantizar una transición entre el Programa y el programa anterior al que sustituye, en particular, en lo tocante a la continuidad de las disposiciones plurianuales de gestión, como la financiación de la asistencia técnica y administrativa. A partir del 1 de enero de 2021, los créditos de asistencia técnica y administrativa deben cubrir, en caso necesario, los gastos relativos a la gestión de las acciones que no hayan concluido a finales de 2020.

(36)

Dado que los objetivos generales del presente Reglamento, a saber, complementar y apoyar las políticas de los Estados miembros, y proporcionarles un valor añadido, para mejorar la salud de la población de la Unión y reducir las desigualdades sanitarias, promoviendo la salud, fomentando la innovación en la sanidad, aumentando la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y protegiendo a los ciudadanos de la Unión de las amenazas transfronterizas graves para la salud, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos del presente Reglamento, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(37)

Se sustituye la Decisión no 1350/2007/CE por el presente Reglamento. Por consiguiente, debe derogarse dicha Decisión.

(38)

Conviene garantizar una transición fluida y sin interrupciones entre el programa anterior en el ámbito de la salud (2008-2013) y el Programa, y ajustar la duración de este al Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013. Por lo tanto, el Programa debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2014.

1)

Con el fin de promover la salud, prevenir las enfermedades y fomentar entornos que propicien estilos de vida saludables: determinar, difundir y promover la adopción de buenas prácticas y de prácticas probadas en lo que respecta a medidas rentables de promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el tratamiento, en particular, de los principales factores de riesgo para la salud relacionados con el estilo de vida, prestando especial atención al valor añadido de la Unión.

El cumplimiento de este objetivo se medirá, en particular, a través del incremento del número de Estados miembros que participan en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, utilizando a tal fin buenas prácticas y de prácticas probadas mediante medidas y acciones adoptadas al nivel adecuado en los Estados miembros.

2)

Con el fin de proteger a los ciudadanos de la Unión frente a amenazas transfronterizas graves para la salud: determinar e impulsar planteamientos coherentes y fomentar su puesta en práctica para mejorar la preparación y coordinación ante emergencias sanitarias.

El cumplimiento de este objetivo se medirá, en particular, a través del incremento del número de Estados miembros que incorporan planteamientos coherentes en la elaboración de sus planes de respuesta.

3)

Con el fin de apoyar el desarrollo de las capacidades en materia de salud pública y contribuir a unos sistemas sanitarios innovadores, eficientes y sostenibles: reconocer y desarrollar herramientas y mecanismos a escala de la Unión para hacer frente a la escasez de recursos, tanto humanos como financieros, y facilitar la introducción voluntaria de innovaciones en estrategias de intervención y prevención en materia de salud pública.

El cumplimiento de este objetivo se medirá, en particular, a través del incremento del número de dictámenes emitidos y del número de Estados miembros que utilizan las herramientas y los mecanismos identificados para contribuir a unos resultados eficaces en sus sistemas sanitarios.

4)

Con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos de la Unión a una asistencia sanitaria mejor y más segura: mejorar el acceso, en una dimensión transfronteriza, a los conocimientos y práctica médicos, y la información sobre determinadas enfermedades, facilitar la aplicación de los resultados de las investigaciones y desarrollar instrumentos para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes, entre otras cosas mediante acciones que contribuyan a mejorar la cultura en materia de salud.

El cumplimiento de este objetivo se medirá, en particular, a través del incremento del número de redes europeas de referencia establecidas de acuerdo con la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (22) (en lo sucesivo, «redes europeas de referencia»); el aumento del número de proveedores de atención sanitaria y de centros de conocimiento especializado que se unan a las redes europeas de referencia; y el aumento del número de Estados miembros que utilizan las herramientas desarrolladas.

a)

los países en vías de adhesión, los países candidatos y los que son candidatos potenciales que se benefician de una estrategia de preadhesión, conforme a los principios y condiciones generales de su participación en los programas de la Unión definidos en los respectivos acuerdos marco, decisiones de los Consejos de Asociación o acuerdos similares;

b)

los países de la AELC/EEE, con arreglo a las condiciones establecidas en el Acuerdo EEE;

c)

los países limítrofes, y los países a los que se aplica la PEV de conformidad con las condiciones definidas en el correspondiente acuerdo bilateral o multilateral;

d)

otros países, con arreglo a las condiciones establecidas en el correspondiente acuerdo bilateral o multilateral.

a)

acciones con un claro valor añadido de la Unión cofinanciadas por las autoridades sanitarias competentes de los Estados miembros o de terceros países que participan en el Programa conforme al artículo 6, o por organismos del sector público y organismos no gubernamentales mencionados en el artículo 8, apartado 1, que actúen de forma individual o en red, que hayan recibido el mandato de dichas autoridades competentes;

b)

acciones con un claro valor añadido de la Unión previstas de forma expresa y debidamente justificadas en los programas anuales de trabajo cofinanciadas por otros organismos públicos, no gubernamentales o privados, mencionados en el artículo 8, apartado 1, incluidas organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de la salud y, en este último caso, cuando se considere apropiado, sin que sea necesaria una convocatoria de propuestas previa;

c)

el funcionamiento de los organismos no gubernamentales a los que hace referencia el artículo 8, apartado 2, cuando sea necesario un apoyo financiero para la consecución de uno o varios objetivos específicos del Programa.

a)

al menos el 30 % del presupuesto de la acción propuesta se destine a Estados miembros con un PIB per cápita inferior al 90 % de la media de la Unión, y

b)

participen en la acción organismos de al menos 14 países participantes, de los cuales al menos cuatro sean países con un PIB per cápita inferior al 90 % de la media de la Unión.

a)

ser no gubernamentales, sin ánimo de lucro, independientes de la industria, el comercio y las empresas, y estar exentos de cualquier otro conflicto de interés;

b)

operar en el ámbito de la salud pública, desempeñar un papel efectivo en el proceso de diálogo civil a escala de la Unión y perseguir al menos uno de los objetivos específicos del Programa;

c)

actuar a escala de la Unión y al menos en la mitad de los Estados miembros y presentar una cobertura geográfica equilibrada en la Unión.

a)

si una o varias prioridades temáticas de las enumeradas en el anexo I no se pueden ejecutar ni alcanzar de acuerdo con los objetivos del Programa y dentro de la duración restante del Programa;

b)

si la evaluación establece una o varias prioridades temáticas específicas y significativas que no se enumeran en el anexo I, pero que resultan necesarias para alcanzar los objetivos generales y específicos del Programa;

c)

los motivos para las conclusiones a que se refieren las letras a) y b).

21.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 86/14

(1)

Las redes y servicios de telecomunicaciones son infraestructuras que se apoyan cada día más en internet, encontrándose las redes de banda ancha y los servicios digitales estrechamente interrelacionados. Internet se está convirtiendo en la plataforma dominante para la comunicación, los servicios, la educación, la participación en la vida social y política, el contenido cultural y la actividad empresarial. Por ello, la disponibilidad transeuropea de un acceso a internet que sea generalizado, de alta velocidad y seguro, así como de servicios digitales de interés público resulta esencial para el crecimiento social y económico, la competitividad, la inclusión social y el mercado interior.

(2)

El 17 de junio de 2010 el Consejo Europeo aprobó la Comunicación de la Comisión de 26 de agosto de 2010, titulada la Agenda Digital para Europa, cuya finalidad es trazar el rumbo que permita maximizar el potencial económico y social de las tecnologías de la información y la comunicación. Su objetivo es estimular la oferta y la demanda de infraestructuras de internet de alta velocidad y servicios digitales competitivos basados en internet, con miras a avanzar hacia un verdadero mercado único digital, esencial para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

(3)

El Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) determina las condiciones, métodos y procedimientos para proporcionar asistencia financiera de la Unión en el sector de las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía. Dado que existen retos y oportunidades similares en los sectores cubiertos por el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), existe un amplio margen para explotar las sinergias, en particular combinando la financiación del MCE con otras fuentes de financiación.

(4)

Existe ya un gran número de servicios digitales transfronterizos que efectúan intercambios entre las administraciones públicas europeas en apoyo de las políticas de la Unión. Al aportar soluciones nuevas, es importante aprovechar las ya existentes en el contexto de otras iniciativas europeas, evitar la duplicación de los trabajos y garantizar la coordinación y armonización de los enfoques y soluciones utilizados en distintas iniciativas y políticas, como por ejemplo el programa ISA, el programa establecido por la Decisión no 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), el programa Fiscalis establecido por el Reglamento (UE) no 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y Horizonte 2020 establecido por el Reglamento (UE) no 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Del mismo modo, es importante que las soluciones se ajusten a las normas internacionales o europeas acordadas, o a las especificaciones abiertas para la interoperabilidad, particularmente las definidas por la Comisión de conformidad con el Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), y demás especificaciones y orientaciones pertinentes, tales como el marco europeo de interoperabilidad (MEI) para los servicios públicos europeos.

(5)

Las normas técnicas europeas propiciarán el desarrollo de redes de banda ancha de alta velocidad. Para que la Unión desempeñe un papel central en la industria de las telecomunicaciones son necesarios programas de la Unión en materia de investigación y desarrollo y un seguimiento más importante de los procedimientos de normalización.

(6)

Proyectos piloto a gran escala entre los Estados miembros y cofinanciados por el Programa de Innovación y Competitividad (9), como PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX o SPOC, han validado servicios digitales transfronterizos clave en el mercado interior, sobre la base de unos componentes elementales comunes, que se están consolidando gracias al proyecto eSENS. Esos proyectos piloto han alcanzado ya, o alcanzarán en un futuro próximo, el nivel de madurez necesario para el despliegue. Los proyectos de interés común existentes ya han demostrado el claro valor añadido que tiene la actuación a nivel europeo, por ejemplo en los ámbitos del patrimonio cultural (Europeana), la protección de la infancia (Internet más segura) y la seguridad social (EESSI), habiéndose propuesto otros, como en el ámbito de la protección del consumidor (ODR).

(7)

Por lo que se refiere a las infraestructuras de servicios digitales, los componentes elementales deben tener prioridad frente a otras infraestructuras de servicios digitales, ya que los primeros son condición previa para las segundas. Las infraestructuras de servicios digitales deben, entre otras cosas, crear valor añadido europeo y satisfacer necesidades acreditadas. Deben estar suficientemente maduras para su despliegue, tanto técnica como operativamente, habiéndose demostrado este extremo en particular a través de proyectos piloto. Deben basarse en un plan de sostenibilidad concreto para garantizar la explotación a medio o largo plazo de las plataformas centrales de servicios con posterioridad al MCE. Por lo tanto, la asistencia financiera amparada en el presente Reglamento se debe ir eliminando progresivamente en la medida de lo posible, al tiempo que, en su caso, se movilizan fondos procedentes de fuentes distintas del MCE.

(8)

Es importante financiar las infraestructuras de servicios digitales que sean necesarias para el cumplimiento de obligaciones jurídicas de conformidad con el Derecho de la Unión o que desarrollen o aporten componentes elementales, con un impacto potencialmente elevado sobre el desarrollo de servicios públicos paneuropeos, con miras a prestar apoyo a múltiples infraestructuras de servicios digitales y, con el tiempo, desarrollar gradualmente un ecosistema europeo de interoperabilidad. En este contexto, por obligaciones jurídicas se entienden las disposiciones específicas que exijan el desarrollo o el uso de infraestructuras de servicios digitales, o que exijan resultados que solo pueden lograrse a través de infraestructuras europeas de servicios digitales.

(9)

En tanto que infraestructuras de servicios digitales bien establecidas, Europeana y «Una internet más segura para los niños» deben tener prioridad en la financiación. En particular, durante los primeros años del marco financiero plurianual para el período 2014-2020, establecido en el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (10), ha de garantizarse la continuidad de la financiación de la Unión procedente de otros programas de la Unión destinada al MCE, a fin de permitir la prestación ininterrumpida y eficaz del servicio al mismo nivel que el previsto con arreglo al mecanismo de financiación actual. El 10 de mayo de 2012, el Consejo destacó la importancia crucial de garantizar la viabilidad a largo plazo de Europeana, también en términos de gobernanza y financiación (11).

(10)

Se debe garantizar un entorno en línea seguro, integrador y positivo para los niños y los jóvenes. Ha de garantizarse el funcionamiento del Programa «Una internet más segura» después de 2014, como medida crucial para la protección y la promoción de los derechos del niño en el entorno en línea. Al aplicarse el presente Reglamento debe darse apoyo financiero, tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros, a la aplicación de la Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños, sobre todo en lo que se refiere a los Centros para una Internet más segura de los Estados miembros. Las actividades de estos centros, que incluyen nodos de sensibilización y actividades de concienciación, centros de ayuda para los niños, los padres y los cuidadores sobre las mejores formas de que los niños utilicen internet, así como líneas directas para informar de los contenidos sobre abusos sexuales a menores en internet, son un elemento clave y un requisito previo para el éxito de esa estrategia.

(11)

En un futuro acto de la Unión, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, se determinarán detalladamente los requisitos y las condiciones para el reconocimiento mutuo de los factores clave, a los que aquí se hace referencia como componentes elementales de las infraestructuras de servicios digitales. Dicho acto incluirá varios de los componentes elementales más importantes, por ejemplo, la identificación y la firma electrónicas, como parte de los proyectos de interés común que contempla el anexo del presente Reglamento.

(12)

Las infraestructuras de servicios digitales establecidas de conformidad con la Decisión 922/2009/CE, facilitarán la interacción electrónica transfronteriza e intersectorial entre las administraciones públicas europeas. Esto, a su vez, permitirá la prestación de servicios esenciales, por ejemplo en ámbitos como la identificación y autenticación y la contratación pública electrónicas, la interconexión transfronteriza de los registros mercantiles, los servicios sanitarios transfronterizos electrónicos interoperables y la cooperación transfronteriza en materia de ciberseguridad, contribuyendo así a la realización del mercado único digital. Dicha interacción entre las administraciones se conseguirá mediante la creación o la mejora de plataformas centrales de servicios interoperables, basadas en componentes elementales comunes ya existentes o aportando componentes adicionales esenciales para el desarrollo de otras plataformas centrales de servicios, y los correspondientes servicios genéricos que enlacen las infraestructuras nacionales con las plataformas centrales de servicios para prestar unos servicios digitales transfronterizos.

(13)

Los Estados miembros deben alentar a las autoridades locales y regionales a que participen de manera plena y eficaz en la gobernanza de las infraestructuras de servicios digitales, y garantizar que los proyectos de interés común relativos a la prestación transfronteriza de servicios de administración electrónica tengan en cuenta las recomendaciones del MEI.

(14)

En su «Resolución de 6 de julio de 2011 sobre la banda ancha europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital» (12) el Parlamento Europeo puso de relieve que los servicios de banda ancha son esenciales para la competitividad de la industria de la Unión y contribuyen en gran medida al crecimiento económico, la cohesión social y la creación de empleo de calidad en la Unión. Si la Unión ha de ser el centro de la innovación, el conocimiento y los servicios, será esencial invertir en tecnologías punta y con perspectivas de futuro.

(15)

Un mercado europeo con cerca de 500 millones de personas conectadas a la banda ancha de alta velocidad actuaría como punta de lanza para el desarrollo del mercado interior, creando una masa crítica de usuarios única a escala mundial que ofrecería a todas las regiones nuevas oportunidades y daría a cada usuario un mayor valor y a la Unión la capacidad de ser una economía basada en el conocimiento líder a escala mundial. Un rápido despliegue de redes de banda ancha de alta velocidad resulta crucial para el desarrollo de la productividad de la Unión y para la aparición de nuevas y pequeñas empresas que pueden convertirse en líderes en diversos sectores, por ejemplo, en la atención sanitaria, la industria manufacturera y el sector de los servicios.

(16)

La combinación de nuevas oportunidades, en términos de infraestructuras y de nuevos servicios innovadores e interoperativos, debería servir para crear un círculo virtuoso mediante el estímulo de una demanda creciente de banda ancha de alta velocidad, a la que sería más viable responder desde un punto de vista comercial.

(17)

La Agenda Digital para Europa establece que, a más tardar en 2020, todos los europeos deben tener acceso a internet a velocidades superiores a 30 Mbps y el 50 % o más de los hogares europeos deben estar abonados a conexiones de internet de velocidad superior a 100 Mbps.

(18)

Habida cuenta del rápido desarrollo de los servicios y programas digitales que exigen conexiones a internet cada vez más rápidas y de la veloz evolución de las tecnologías de vanguardia que las facilitan convendrá, en el marco de la evaluación de la Agenda Digital para Europa, considerar la revisión de los objetivos de banda ancha para 2020, de forma que se garantice que la Unión dispone de velocidades de banda ancha competitivas comparada con las demás economías mundiales.

(19)

Parte de los proyectos para la banda ancha deberán ser más ambiciosos, intentar obtener velocidades más altas y funcionar de ese modo como proyectos piloto de una conectividad más rápida y como modelos que puedan reproducirse.

(20)

En su Resolución de 12 de septiembre de 2013 sobre una Agenda Digital para el crecimiento, la movilidad y el empleo: ha llegado la hora de acelerar, el Parlamento Europeo destacó que uno de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, revisada con perspectivas de futuro para 2020, consiste en conectar todos los hogares de la Unión con conexiones de banda ancha de 100 Mbps, con un 50 % de los hogares abonados a 1 Gbps o más.

(21)

El sector privado debe desempeñar el papel de liderazgo en el despliegue y la modernización de las redes de banda ancha, con el apoyo de un marco regulador competitivo y favorable a la inversión. Cuando la inversión privada sea insuficiente, los Estados miembros deberían llevar a cabo los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital. La asistencia financiera pública a la banda ancha deben limitarse a los programas o iniciativas relacionados con proyectos que no puedan ser financiados exclusivamente por el sector privado, extremo confirmado por una evaluación previa que describa los fallos de mercado o las situaciones de inversión insuficiente, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (13).

(22)

Los instrumentos financieros para las redes de banda ancha no deben falsear indebidamente la competencia, excluir las inversiones privadas ni desincentivar a los operadores privados para invertir. En particular, deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos 101, 102, 106 y 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como en su caso a las Directrices de la Unión para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha.

(23)

La financiación pública para las redes de banda ancha debe utilizarse únicamente en las infraestructuras que cumplan la legislación aplicable, especialmente en materia de competencia, y con obligaciones de acceso en virtud de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(24)

Dado que los recursos financieros disponibles en virtud del MCE son limitados, la asistencia financiera debe centrarse en el establecimiento de mecanismos de financiación a nivel de la Unión que atraigan inversiones adicionales, promuevan un efecto multiplicador y faciliten por tanto el uso eficiente de fondos privados y otros fondos públicos para la inversión. Este enfoque permite contribuciones de las empresas y los agentes institucionales muy por encima de los niveles de financiación directamente aplicables a través del MCE.

(25)

Vistos los limitados recursos financieros disponibles con arreglo al MCE, y a fin de garantizar la adecuada financiación de las infraestructuras de servicios digitales, la dotación presupuestaria total para la banda ancha no deberá superar el importe mínimo necesario para una intervención rentable, que habrá de determinarse mediante una evaluación previa que tenga en cuenta, entre otros factores, el tipo de instrumentos financieros previstos, el posible efecto multiplicador para una cartera de proyectos mínima eficaz y las condiciones del mercado.

(26)

El apoyo del MCE al despliegue de la banda ancha debe complementar la asistencia prestada en virtud de otros programas e iniciativas de la Unión, entre las que se incluyen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), en los casos en que una evaluación previa revele fallos de mercado o situaciones de inversión insuficiente y cuando así lo decidan las autoridades de gestión. La asistencia financiera del MCE al despliegue de la banda ancha debe contribuir a los esfuerzos de los Estados miembros tanto directamente como facilitando un vehículo de inversión para contribuciones voluntarias y delimitadas procedentes de otras fuentes, incluidos los Fondos EIE, permitiendo así a los Estados miembros aprovechar los conocimientos técnicos y los efectos de escala de los mecanismos gestionados por la Unión con el fin de aumentar la eficiencia del gasto público.

(27)

Para garantizar la máxima rentabilidad, y habida cuenta de los limitados recursos, debe poder disponerse de la financiación del MCE para los proyectos basados en la tecnología que mejor se adapte al proyecto concreto, puedan ayudar a impulsar los modelos empresariales innovadores y demuestren elevadas posibilidades de reproducción. Cuando los proyectos se financien con aportaciones voluntarias del MCE, como los Fondos EIE, o mediante financiación nacional o regional, los criterios de admisibilidad deberán ser más flexibles y tener en cuenta la situación y condiciones específicas existentes en las zonas en que se prevea utilizar esa financiación.

(28)

La Unión podrá apoyar el despliegue de las redes de banda ancha que contribuyan al logro de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en todas las zonas. La reducción de la brecha digital y la mejora de la inclusión digital son objetivos importantes de la Agenda Digital para Europa. Así pues, todas las acciones de la Unión en el ámbito de la banda ancha deberán abordar las necesidades especiales de las zonas suburbanas o rurales, en particular las de baja densidad de población y las regiones menos desarrolladas que necesiten conexiones. Se incluye el despliegue de redes de banda ancha para conectar las regiones insulares, sin litoral, montañosas, apartadas y periféricas, incluidos los Estados miembros insulares, con las regiones centrales de la Unión, así como acciones para mejorar la fiabilidad o el rendimiento de las conexiones entre estas regiones y las regiones centrales de la Unión.

(29)

Para completar el mercado único digital deberá alentarse la compatibilidad del programa del MCE y las actividades nacionales y regionales en materia de banda ancha.

(30)

Al aplicar el presente Reglamento, los modos de asistencia financiera deben ajustarse a las características de las acciones en cuestión. Así, en el ámbito de las infraestructuras de servicios digitales, deben considerarse prioritarias las plataformas centrales de servicios que no pueden financiarse con cargo a otras fuentes, financiándolas mediante contratos públicos o, excepcionalmente, subvenciones, en tanto que a los servicios genéricos debe concedérseles únicamente una asistencia financiera limitada a partir del MCE. Por otra parte, cualquier asistencia financiera del MCE debe marcarse como objetivo el uso eficiente de los fondos de la Unión y, por lo tanto, las redes de banda ancha deben recibir el apoyo de instrumentos financieros que garanticen un efecto multiplicador más elevado que el de las subvenciones.

(31)

La intervención de conformidad con el presente Reglamento debe tener como objetivo la obtención de sinergias y de interoperabilidad entre los diferentes proyectos de interés común que se describen en el anexo, así como con otras infraestructuras, en particular las infraestructuras de transporte y energía apoyadas por el MCE, las infraestructuras de investigación pertinentes financiadas, por ejemplo, en Horizonte 2020, y las infraestructuras pertinentes apoyadas por los ESIF, evitando al mismo tiempo las duplicidades y las cargas administrativas excesivas.

(32)

La asistencia financiera a los proyectos de interés común debe complementarse con acciones horizontales, incluida la asistencia técnica, medidas de estímulo de la demanda y coordinación, con el propósito de que la intervención de la Unión tenga la máxima repercusión.

(33)

Al comprometer fondos para la intervención en redes de banda ancha, la Comisión debe tener debidamente en cuenta los resultados de las evaluaciones de los actuales instrumentos financieros de la Unión.

(34)

La Comisión debe estar asistida por un grupo de expertos integrado por representantes de todos los Estados miembros que debe ser consultado, entre otras cosas, sobre el seguimiento de la aplicación del presente Reglamento, la planificación, la evaluación y el tratamiento de los problemas ligados a su aplicación, así como efectuar contribuciones al respecto.

(35)

El grupo de expertos deberá asimismo cooperar con las entidades que participen en la aplicación del presente Reglamento, como autoridades locales y regionales, proveedores de acceso a internet, administradores de redes públicas y fabricantes de componentes, así como autoridades reguladoras nacionales y el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), establecido en el Reglamento (CE) no 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

(36)

El Reglamento (UE) no 1316/2013 crea el Comité de Coordinación del MCE, que es también un comité con arreglo al Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (16). El Reglamento (UE) no 1316/2013 confiere asimismo a la Comisión competencias para adoptar, de conformidad con el procedimiento de examen, programas de trabajo anuales y plurianuales, también en el sector de las telecomunicaciones, quedando estos sujetos al presente Reglamento. A este respecto es importante precisar que, a la hora de debatir los temas relacionados con el presente Reglamento, en particular los proyectos de programas de trabajo anuales y plurianuales, los Estados miembros deben estar representados en el Comité de Coordinación del MCE por expertos del sector de las infraestructuras de telecomunicaciones.

(37)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, en particular, el desarrollo coordinado de redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la naturaleza transfronteriza y de las infraestructuras que se apoyan, y a sus efectos en todo el territorio de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(38)

A fin de apoyar aquellos proyectos que sean de interés común en el sector de las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía, el Reglamento (UE) no 1316/2013 determina las condiciones, los métodos y procedimientos para prestar asistencia financiera de la Unión a redes transeuropeas. También establece el desglose de los recursos de que se disponga con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013, en los tres sectores. El Reglamento (UE) no 1316/2013 es aplicable a partir del 1 de enero de 2014. Por consiguiente, procede hacer coincidir la fecha de inicio de aplicabilidad del presente Reglamento con la del Reglamento (UE) no 1316/2013 y del Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013. En consecuencia, el presente Reglamento ha de ser aplicable a partir del 1 de enero de 2014.

(39)

Procede pues derogar la Decisión no 1336/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

a)

los objetivos de los proyectos de interés común y las prioridades operativas de estos;

b)

la identificación de proyectos de interés común;

c)

los criterios por los que las acciones que contribuyan a los proyectos de interés común podrán optar a la asistencia financiera de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) no 1316/2013 en su desarrollo, implementación, despliegue, interconexión e interoperabilidad;

d)

las prioridades a efectos de financiación de proyectos de interés común.

a)

«infraestructuras de telecomunicaciones», las redes de banda ancha y las infraestructuras de servicios digitales;

b)

«infraestructuras de servicios digitales», las infraestructuras que permiten que los servicios de red se presten por vía electrónica, habitualmente a través de internet, facilitando servicios interoperables transeuropeos de interés común a los ciudadanos, las empresas y poderes públicos, y que se componen de plataformas centrales de servicios y servicios genéricos;

c)

«componentes elementales», las infraestructuras básicas de servicios digitales que sean habilitadores esenciales que vayan a reutilizarse en infraestructuras más complejas de servicios digitales;

d)

«plataformas centrales de servicios», los núcleos centrales de las infraestructuras de servicios digitales cuyo propósito es garantizar la conectividad, el acceso y la interoperabilidad transeuropeos, y que están abiertas a los Estados miembros, con posibilidad de estarlo para otras entidades;

e)

«servicios genéricos», los servicios de pasarela que conectan una o más infraestructuras nacionales a plataformas centrales de servicios;

f)

«redes de banda ancha», las redes de acceso alámbricas e inalámbricas, la infraestructura auxiliar y las redes centrales capaces de ofrecer conectividad a una velocidad muy elevada;

g)

«acciones horizontales», las acciones relativas a estudios y apoyo a programas, tal como se definen en el artículo 2, apartados 6 y 7, del Reglamento (UE) no 1316/2013, respectivamente.

a)

crecimiento económico y apoyo a la realización y funcionamiento del mercado interior al servicio de la competitividad de la economía europea, incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME);

b)

contribuir a mejorar la vida cotidiana de ciudadanos, empresas y poderes públicos a todos los niveles mediante la promoción de redes de banda ancha, la interconexión y la interoperabilidad de las redes de banda ancha locales, regionales y nacionales de telecomunicaciones, así como del acceso no discriminatorio a tales redes y la inclusión digital.

a)

interoperabilidad, conectividad, despliegue sostenible, explotación y mejora de las infraestructuras de servicios digitales transeuropeos, así como coordinación a nivel europeo;

b)

eficiencia en el flujo de las inversiones públicas y privadas para fomentar el despliegue y la modernización de las redes de banda ancha con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos en materia de banda ancha de la Agenda Digital para Europa.

a)

proponerse la creación o la mejora de plataformas centrales de servicios interoperables, y cuando sea posible internacionalmente compatibles, acompañadas de servicios genéricos para las infraestructuras de servicios digitales;

b)

ofrecer unos vehículos de inversión eficientes para las redes de banda ancha, atraer a nuevas categorías de inversores y promotores de proyectos y fomentar la replicabilidad de los proyectos y modelos de negocio innovadores.

a)

la contratación pública, y/o

b)

subvenciones.

a)

los instrumentos financieros definidos en el Reglamento (UE) no 1316/2013, que estarán abiertos a contribuciones adicionales de otros sectores del MCE, otros instrumentos, programas y líneas presupuestarias del presupuesto de la Unión, los Estados miembros, incluidas las autoridades regionales y locales, y cualquier otro inversor, incluidos los inversores privados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1316/2013, y/o

b)

la combinación de instrumentos financieros y subvenciones procedentes de fuentes públicas distintas del MCE, ya sean fuentes públicas nacionales o de la Unión.

a)

la contratación pública, y/o

b)

subvenciones.

a)

tener la madurez suficiente para su despliegue según haya demostrado en particular el éxito de proyectos piloto realizados al amparo de programas como los programas de la Unión relacionados con la innovación y la investigación;

b)

contribuir a las políticas de la Unión y a las actividades en favor del mercado interior;

c)

crear valor añadido europeo y contar con una estrategia, y planificación para la sostenibilidad a largo plazo, en su caso a través de fuentes de financiación distintas del MCE, cuya calidad habrá de demostrarse mediante un análisis de viabilidad y de coste/beneficio; esa estrategia se actualizará cuando proceda;

d)

ajustarse a las normas internacionales o europeas o a las especificaciones y orientaciones abiertas acordadas en materia de interoperabilidad, tales como el marco europeo de interoperabilidad, y aprovechar las soluciones existentes.

a)

efectuar una contribución significativa a la realización de los objetivos de la Agenda Digital para Europa;

b)

contar con unas fases de desarrollo y preparación de proyectos suficientemente maduras y sustentadas en mecanismos de implementación eficaces;

c)

abordar fallos de mercado o situaciones de inversión insuficiente;

d)

no dar lugar a falseamientos del mercado ni a la exclusión de la inversión privada;

e)

utilizar la tecnología que parezca más adecuada para abordar las necesidades de la zona geográfica de que se trate, teniendo en cuenta factores geográficos, sociales y económicos basados en criterios objetivos y en consonancia con la neutralidad tecnológica;

f)

desplegar la tecnología mejor adaptada al proyecto concreto y al mismo tiempo proponer el mejor equilibrio entre las tecnologías punta en términos de capacidad del flujo de datos, la seguridad de la transmisión, la resiliencia de la red y la relación coste-eficacia;

g)

tener elevadas posibilidades de reproducción y/o basarse en modelos de negocio innovadores.

a)

preparar o apoyar acciones de aplicación en su despliegue o gobernanza y abordar los problemas de ejecución existentes o nuevos,

b)

crear nueva demanda de infraestructuras de servicios digitales.

a)

el seguimiento de la aplicación del presente Reglamento;

b)

tener en cuenta los planes nacionales o las estrategias nacionales, si procede;

c)

la adopción de medidas para evaluar la aplicación de los programas de trabajo en el plano financiero y en el técnico;

d)

la resolución de los problemas de ejecución de proyectos existentes o nuevos;

e)

la definición de orientaciones estratégicas previas al establecimiento de los programas de trabajo anuales y plurianuales a que hace referencia el artículo 17 del Reglamento (UE) no 1316/2013, especialmente por lo que se refiere a la selección y retirada de las acciones que contribuyen a los proyectos de interés común y la determinación del desglose presupuestario, así como la revisión de esos programas de trabajo.

a)

la disponibilidad de las infraestructuras de servicios digitales, cuantificada por el número de Estados miembros conectados a cada infraestructura de servicios digitales;

b)

el porcentaje de ciudadanos y empresas que utilizan las infraestructuras de servicios digitales y la disponibilidad transfronteriza de esos servicios;

c)

el volumen de las inversiones atraídas en el ámbito de la banda ancha y el efecto multiplicador, para los proyectos financiados mediante las fuentes públicas a que se refiere el artículo 5, apartado 5, letra b).

21.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 86/27

(1)

El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 269/2014.

(2)

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben añadirse más personas a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el Anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014.

(3)

Por consiguiente, el Anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014 debe modificarse en consecuencia,

21.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 86/30

(1)

El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC.

(2)

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben añadirse más personas a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el Anexo de la Decisión 2014/145/PESC.

(3)

Por consiguiente, el Anexo de la Decisión 2014/145/PESC debe modificarse en consecuencia.