25.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 115/1

(1)

El capital riesgo financia a empresas por lo general muy pequeñas, que se hallan en las fases iniciales de su existencia y ofrecen un elevado potencial de crecimiento y expansión. Además, los fondos de capital riesgo facilitan a las empresas valiosas competencias y conocimientos, contactos comerciales, valor de marca y asesoramiento estratégico. Financiando y asesorando a estas empresas, los fondos de capital riesgo estimulan el crecimiento económico, contribuyen a la creación de empleo y la movilización de capital, fomentan el establecimiento y la expansión de empresas innovadoras, aumentan la inversión de estas en investigación y desarrollo y promueven el espíritu empresarial, la innovación y la competitividad en línea con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (Europa 2020), y en el contexto de los retos de los Estados miembros a largo plazo, tales como los que se recogen en el informe de marzo de 2012 sobre la Estrategia Europea y el Sistema de Análisis de Políticas: «Tendencias Globales 2030 — Ciudadanos en un mundo interconectado y policéntrico».

(2)

Resulta necesario establecer un marco reglamentario común sobre el uso de la designación de «FCRE» para los fondos de capital riesgo europeos admisibles, que regule, entre otras cosas, la composición de la cartera de los fondos que ejerzan su actividad con esa designación, los destinatarios de sus inversiones, los instrumentos de inversión que pueden emplear y las categorías de inversores admisibles para invertir en tales fondos, mediante normas uniformes en la Unión. En ausencia de tal marco común, existe el riesgo de que los Estados miembros adopten medidas divergentes a escala nacional, lo cual repercutiría directa y negativamente en el buen funcionamiento del mercado interior y lo obstaculizaría, pues los fondos que deseen ejercer su actividad en toda la Unión estarían sujetos a normas diferentes en los distintos Estados miembros. Además, la divergencia en cuanto a los requisitos de calidad de la composición de la cartera, los destinatarios de las inversiones y los inversores admisibles podría generar distintos niveles de protección de los inversores y crear confusión acerca de las propuestas de inversión ligadas a un fondo de capital riesgo. Por otro lado, los inversores deben estar en condiciones de comparar las propuestas de inversión de distintos fondos de capital riesgo europeos admisibles. Conviene eliminar los obstáculos importantes a la captación transfronteriza de capital por parte de los fondos de capital riesgo europeos admisibles para evitar falseamientos de la competencia entre tales fondos, así como prevenir que surjan otros posibles obstáculos al comercio y falseamientos significativos de la competencia en el futuro. En consecuencia, la base jurídica adecuada para el presente Reglamento es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), tal como ha sido interpretado en reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(3)

Resulta necesario adoptar un reglamento que establezca normas uniformes para los fondos de capital riesgo europeos admisibles e imponga las mismas obligaciones en todos los Estados miembros a los gestores de dichos fondos que deseen captar capital en toda la Unión utilizando la designación de «FCRE». Esas normas deben garantizar la confianza de los inversores que deseen invertir en tales fondos.

(4)

La definición de los requisitos de calidad para el uso de la designación de «FCRE» a través de un reglamento garantiza que tales requisitos sean aplicables directamente a los gestores de los organismos de inversión colectiva que capten fondos utilizando esa designación. Ello también asegura la uniformidad de las condiciones de utilización de esta designación evitando la existencia de requisitos nacionales divergentes como resultado de la transposición de una directiva. Los gestores de organismos de inversión colectiva que utilicen esta designación deben seguir las mismas normas en toda la Unión, lo que además impulsará la confianza de los inversores. El presente Reglamento reduce la complejidad reglamentaria y el coste en que incurren los gestores para dar cumplimiento a las normas nacionales que regulan tales fondos, a menudo divergentes, especialmente en el caso de aquellos que deseen captar capital en otros Estados miembros. Asimismo, contribuye a eliminar falseamientos de la competencia.

(5)

Como se establece en la Comunicación de la Comisión de 7 de diciembre de 2011 titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a la financiación de las PYME», la Comisión completará en 2012 su examen de los obstáculos fiscales que dificultan las inversiones de capital riesgo transfronterizas, al objeto de ofrecer en 2013 soluciones destinadas a eliminar tales obstáculos y, al mismo tiempo, impedir el fraude y la evasión fiscales.

(6)

Debe existir la posibilidad de que los fondos de capital riesgo europeos admisibles sean gestionados externa o internamente. Cuando un fondo de capital riesgo admisible esté gestionado internamente, el fondo también será el gestor, por lo que deberá satisfacer todos los requisitos aplicables a los gestores establecidos en el presente Reglamento y estar registrado de conformidad con el mismo. Sin embargo, no debe permitirse que los fondos de capital riesgo europeos admisibles que estén gestionados internamente sean gestores externos de otros organismos de inversión colectiva o de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

(7)

A fin de precisar la articulación entre el presente Reglamento y otras normas sobre los organismos de inversión colectiva y sus gestores, es necesario establecer que el presente Reglamento solo debe aplicarse a los gestores de organismos de inversión colectiva distintos de los OICVM contemplados en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (4), que estén establecidos en la Unión y que estén registrados ante la autoridad competente de su Estado miembro de origen de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (5), siempre que dichos gestores gestionen carteras de fondos de capital riesgo europeos admisibles. No obstante, debe permitirse igualmente a los gestores externos de fondos de capital riesgo europeos admisibles que estén registrados de conformidad con el presente Reglamento gestionar OICVM, a condición de que obtengan la autorización prevista en la Directiva 2009/65/CE.

(8)

Además, el presente Reglamento solo se aplica a los gestores de los organismos de inversión colectiva cuyos activos gestionados no rebasen en total el límite previsto en el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/61/UE. Ello significa que para el cálculo de dicho límite a efectos del presente Reglamento se seguirá el cálculo del límite previsto en el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/61/UE.

(9)

Sin embargo, los gestores de fondos de capital riesgo que estén registrados de conformidad con el presente Reglamento y que gestionen activos cuya cuantía aumente ulteriormente hasta rebasar el máximo previsto en el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/61/UE, y que quedan por tanto sujetos a la autorización de las autoridades competentes de sus Estados miembros de conformidad con el artículo 6 de dicha Directiva, deben poder seguir utilizando la designación de «FCRE» para lo relativo a la comercialización de fondos de capital riesgo europeos admisibles en la Unión, a condición de que satisfagan los requisitos establecidos en dicha Directiva y sigan satisfaciendo en todo momento, en relación con los fondos de capital riesgo europeos admisibles, determinados requisitos para el uso de la designación de «FCRE» especificados en el presente Reglamento. Lo anterior se aplica tanto a los fondos de capital riesgo europeos admisibles existentes como a los fondos de capital riesgo europeos admisibles establecidos después de rebasar el máximo.

(10)

Cuando los gestores de organismos de inversión colectiva no deseen utilizar la designación de «FCRE», el presente Reglamento no será de aplicación. En tales casos deben seguir aplicándose las normas nacionales vigentes y las normas generales de la Unión.

(11)

El presente Reglamento debe establecer normas uniformes sobre la naturaleza de los fondos de capital riesgo europeos admisibles, en particular sobre las empresas admisibles en cartera en las que se permitirá invertir a dichos fondos, y sobre los instrumentos de inversión que podrán utilizarse. Esto es necesario a fin de trazar una clara línea demarcatoria entre los fondos de capital riesgo europeos admisibles y fondos alternativos de inversión que desarrollan otras estrategias de inversión menos especializadas, por ejemplo, compras totales de acciones o inversiones inmobiliarias, que el presente Reglamento no trata de fomentar.

(12)

De acuerdo con el objetivo de delimitar estrictamente qué organismos de inversión colectiva han de estar regulados por el presente Reglamento, y garantizar que se especialicen en facilitar capital a pequeñas empresas en las fases iniciales de su existencia, debe considerarse que los fondos de capital riesgo europeos admisibles son aquellos fondos que se proponen invertir al menos el 70 % del total agregado de sus aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido en tales empresas. No debe permitirse que los fondos de capital riesgo europeos admisibles inviertan más del 30 % del total agregado de sus aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido en activos que no sean inversiones admisibles. Esto significa que, si bien el límite del 30 % debe ser en todo momento el límite máximo para las inversiones no admisibles, el límite del 70 % debe reservarse para las inversiones admisibles durante la vida de los fondos de capital riesgo europeos admisibles. Dichos límites deben calcularse sobre la base de los importes que puedan invertirse una vez deducidos todos los costes pertinentes y las tenencias de efectivo y otros medios líquidos equivalentes. Los detalles necesarios para el cálculo de los mencionados límites de inversión deben indicarse en el presente Reglamento.

(13)

La finalidad del presente Reglamento es fomentar el crecimiento y la innovación en las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Unión. Las inversiones en empresas en cartera admisibles establecidas en terceros países pueden aportar más capital a los fondos de inversión riesgo admisibles y beneficiar de esta manera a las PYME de la Unión. Sin embargo, el presente Reglamento no debe favorecer bajo ningún concepto las inversiones hechas en empresas en cartera establecidas en terceros países que se caractericen por la falta de mecanismos adecuados de cooperación entre las autoridades competentes del Estado miembro de origen de los gestores de los fondos de capital riesgo europeos admisibles y las de los Estados miembros en los que se pretendan comercializar participaciones o acciones de fondos de capital riesgo europeos admisibles, o que se caractericen por la falta de intercambios efectivos de información en materia fiscal.

(14)

Para tener derecho a emplear la designación de «FCRE» prevista en el presente Reglamento, los fondos de capital riesgo europeos admisibles deben, por el momento, estar establecidos en la Unión. La Comisión debe revisar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de aplicación del presente Reglamento, la limitación del uso de la designación de «FCRE» a los fondos establecidos en la UE teniendo en cuenta la experiencia adquirida al aplicar la Recomendación de la Comisión relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal.

(15)

Los gestores de un fondo de capital riesgo deben estar capacitados para atraer nuevos compromisos de capital durante el período de vigencia del fondo. Dichos compromisos de capital durante la vida del fondo de capital riesgo deben tenerse en cuenta cuando se contemple la posibilidad de efectuar la siguiente inversión en activos distintos de los activos admisibles. Los compromisos adicionales de capital deben autorizarse con arreglo a criterios precisos y estar sujetos a condiciones establecidas en los reglamentos del fondo de capital riesgo o en sus documentos constitutivos.

(16)

Las inversiones admisibles deben hacerse en forma de instrumentos de capital o cuasi capital. Los instrumentos de cuasi capital abarcan un tipo de instrumento financiero que es una combinación de capital y deuda y en el que la rentabilidad está vinculada a los resultados de la empresa en cartera admisible y el reembolso del instrumento en caso de incumplimiento no está completamente garantizado. Estos instrumentos incluyen una diversidad de instrumentos financieros como préstamos subordinados, aportaciones pasivas, préstamos participativos, derechos de disfrute, obligaciones convertibles y bonos con certificados de opción de compra («warrants»). Como posible complemento, aunque no como sustitutivo, de los instrumentos de capital y de cuasi capital deben permitirse los préstamos garantizados o no garantizados, como, por ejemplo, la financiación mediante créditos puente, concedidos por el fondo de capital riesgo admisible a una empresa en cartera admisible en la que el fondo de capital riesgo admisible ya tenga inversiones admisibles, siempre que para tales préstamos no se emplee más del 30 % del total agregado de las aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido en el fondo de capital riesgo admisible. Además, para reflejar las prácticas empresariales seguidas en el mercado de capital riesgo, debe permitirse a los fondos de capital riesgo europeos admisibles comprar acciones existentes de empresas en cartera admisibles tenidas por accionistas existentes de dichas empresas. Asimismo, con miras a garantizar el mayor número posible de oportunidades de captación de capital, deben permitirse las inversiones en otros fondos de capital riesgo europeos admisibles. Para impedir que las inversiones se diluyan en empresas en cartera admisibles, solo debe permitirse que los fondos de capital riesgo europeos admisibles inviertan en otros fondos de capital riesgo europeos admisibles cuando no hayan invertido más del 10 % del total agregado de sus aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido en otros fondos de capital riesgo europeos admisibles.

(17)

Las actividades centrales de los fondos de capital riesgo aportan financiación a las PYME por medio de inversiones primarias. Los fondos de capital riesgo no deben participar en actividades bancarias sistemáticamente importantes fuera del habitual marco regulador cautelar (el denominado «sistema bancario en la sombra»), ni deben tampoco seguir estrategias típicas del capital inversión como las compras totales de acciones con apalancamiento.

(18)

En sintonía con Europa 2020, el presente Reglamento tiene por objetivo fomentar las inversiones de capital riesgo en PYME innovadoras arraigadas en la economía real. Por consiguiente, las entidades de crédito, las sociedades de inversión, las empresas de seguros, las sociedades financieras de cartera y las sociedades mixtas de cartera deben ser excluidas de la definición de empresa en cartera utilizada en el presente Reglamento.

(19)

A fin de establecer una salvaguardia esencial que permita distinguir los fondos de capital riesgo europeos admisibles a efectos del presente Reglamento de la categoría más amplia de fondos de inversión alternativos que operan con valores emitidos en los mercados secundarios, es necesario establecer disposiciones para que los fondos de capital riesgo europeos admisibles inviertan principalmente en instrumentos emitidos directamente.

(20)

Con objeto de que los gestores de fondos de capital riesgo admisibles dispongan de una cierta flexibilidad en la gestión de las inversiones y la liquidez de sus fondos de capital riesgo europeos admisibles, deben permitirse, por ejemplo, las operaciones con acciones o participaciones en empresas en cartera no admisibles o las adquisiciones de inversiones no admisibles, hasta un máximo de un 30 % del total agregado de las aportaciones de capital y las inversiones de capital no exigido.

(21)

Para garantizar la fiabilidad y el fácil reconocimiento de la designación de «FCRE» por parte de los inversores de toda la Unión, solo los gestores de fondos de capital riesgo admisibles que reúnan los criterios uniformes de calidad establecidos en el presente Reglamento deben tener derecho a utilizar esa designación al comercializar fondos de capital riesgo europeos admisibles en la Unión.

(22)

Para garantizar que los fondos de capital riesgo europeos admisibles tengan un perfil propio e identificable adaptado a su objeto, deben establecerse normas uniformes sobre la composición de su cartera y sobre las técnicas de inversión que podrán emplear.

(23)

Para garantizar que los fondos de capital riesgo europeos admisibles no contribuyan al desarrollo de riesgos sistémicos y que, en sus actividades de inversión, se concentren en el apoyo a empresas en cartera admisibles, no debe permitirse a tales fondos recurrir al apalancamiento. El gestor del fondo de capital riesgo admisible solo debe ser autorizado a contraer préstamos, emitir obligaciones de deuda o proporcionar garantías a nivel de los fondos de capital riesgo europeos admisibles, siempre que dichos préstamos, obligaciones de deuda o garantías estén cubiertos por compromisos no exigidos y, por lo tanto, no se incremente la exposición del fondo por encima del nivel de su capital comprometido. Los anticipos en efectivo efectuados por los inversores de los fondos de capital riesgo europeos admisibles que estén plenamente cubiertos por compromisos de capital de dichos inversores no aumentan la exposición de los fondos de capital riesgo europeos admisibles y, por lo tanto, deben estar permitidos. Asimismo, a fin de que puedan cubrir las necesidades de liquidez extraordinarias que puedan surgir entre una exigencia de desembolso del capital comprometido por parte de los inversores y la recepción efectiva de dicho capital en sus cuentas, deben permitirse los préstamos a corto plazo siempre que las cantidades objeto de tales préstamos no sean superiores al capital comprometido no exigido del fondo.

(24)

Para garantizar que los fondos de capital riesgo europeos admisibles solo se comercialicen entre inversores que tengan la experiencia, el conocimiento y la competencia para tomar sus propias decisiones en materia de inversión y evaluar correctamente los riesgos que llevan aparejados tales fondos, y para mantener la confianza de los inversores en los fondos de capital riesgo europeos admisibles, deben establecerse determinadas salvaguardias específicas. Así pues, los fondos de capital riesgo europeos admisibles solo deben comercializarse entre inversores que sean clientes profesionales o puedan considerarse clientes profesionales con arreglo a la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (6). No obstante, a fin de tener una base de inversores para las inversiones en fondos de capital riesgo europeos admisibles lo suficientemente amplia, conviene también que algunos otros inversores —por ejemplo, los particulares con grandes patrimonios— tengan acceso a esos fondos. Para esos otros inversores deben establecerse salvaguardias específicas que aseguren que los fondos de capital riesgo europeos admisibles solo se comercializan entre inversores con el perfil adecuado. Esas salvaguardias excluyen la comercialización mediante planes de ahorro periódico. Además, deben ser posibles las inversiones por parte de ejecutivos, directores o empleados que participen en la actividad de un gestor de un fondo de capital riesgo admisible cuando las inversiones se realicen en el fondo de capital riesgo admisible que gestionen, puesto que dichas personas tienen conocimientos suficientes para participar en inversiones de capital riesgo.

(25)

Para garantizar que solo los gestores de fondos de capital riesgo admisibles que reúnan determinados criterios uniformes de calidad en cuanto a su comportamiento en el mercado utilicen la designación de «FCRE», deben establecerse normas sobre el ejercicio de la actividad de dichos gestores de fondos de capital riesgo admisibles y las relaciones con sus inversores. Por la misma razón, se deben establecer también condiciones uniformes sobre la gestión de conflictos de intereses por parte de esos gestores. Esas normas y condiciones deben requerir, asimismo, que los gestores dispongan de los mecanismos organizativos y administrativos necesarios para garantizar una gestión adecuada de los conflictos de intereses.

(26)

Cuando el gestor de un fondo de capital riesgo admisible se proponga delegar funciones en terceros, la responsabilidad del gestor ante el fondo de capital riesgo y sus inversores no debe verse afectada por tal delegación de funciones por parte del gestor del fondo de capital riesgo a un tercero. Por otra parte, el gestor no debe delegar funciones hasta tal punto que, en esencia, ya no pueda considerarse que gestiona el fondo de capital riesgo admisible y se haya convertido en una mera entidad ficticia. El gestor debe seguir siendo responsable de la correcta ejecución de las funciones delegadas y del cumplimiento del presente Reglamento en todo momento. La delegación de funciones no debería ir en detrimento de la eficacia de la supervisión del gestor y, en particular, no debería impedir que dicho gestor actúe, o gestione el fondo de capital riesgo, en interés de sus inversores.

(27)

Para garantizar la integridad de la designación de «FCRE», conviene establecer criterios de calidad respecto a la organización de los gestores de fondos de capital riesgo admisibles. En consecuencia, deben fijarse requisitos uniformes y proporcionados respecto a la necesidad de mantener recursos técnicos y humanos adecuados.

(28)

Con el fin de garantizar la adecuada gestión de los fondos de capital riesgo europeos admisibles y la capacidad de los gestores para cubrir posibles riesgos derivados de sus actividades, deben establecerse requisitos uniformes y proporcionados para que los gestores de fondos de capital riesgo admisibles mantengan fondos propios suficientes. La cuantía de dichos fondos propios debe ser suficiente para asegurar la continuidad y la adecuada gestión de los fondos de capital riesgo europeos admisibles.

(29)

A efectos de la protección de los inversores, es necesario garantizar que los activos de los fondos de capital riesgo europeos admisibles se evalúen correctamente. Por tanto, los reglamentos o los documentos constitutivos de esos fondos deben contener disposiciones sobre la valoración de activos. Esto garantizará la integridad y la transparencia de la valoración.

(30)

A fin de garantizar que los gestores de fondos de capital riesgo admisibles que hagan uso de la designación de «FCRE» rindan cuenta suficiente de sus actividades, deben establecerse normas uniformes sobre la presentación de informes anuales.

(31)

Para garantizar la integridad de la designación de «FCRE» a ojos de los inversores, resulta necesario que la misma solo sea utilizada por gestores de fondos de capital riesgo admisibles que sean plenamente transparentes en cuanto a su política de inversiones y los destinatarios de estas. Por tanto, deben fijarse normas uniformes sobre los requisitos de información que incumban a dichos gestores en relación con sus inversores. En particular, deben fijarse obligaciones de información precontractuales sobre la estrategia y los objetivos de inversión de los fondos de capital riesgo europeos admisibles, los instrumentos de inversión utilizados, los costes y gastos conexos, y el perfil de riesgo/remuneración de la inversión propuesta por un fondo admisible. En aras de lograr una elevada transparencia, esas obligaciones deben comprender también información sobre cómo se calcula la retribución de los gestores de fondos de capital riesgo admisibles.

(32)

Para garantizar la supervisión efectiva de los requisitos uniformes contenidos en el presente Reglamento, la autoridad competente del Estado miembro de origen debe supervisar el cumplimiento, por parte del gestor de fondos de capital riesgo admisibles, de dichos requisitos. A tal efecto, el gestor que tenga la intención de comercializar dichos fondos con la designación de «FCRE» debe informar de tal intención a la autoridad competente de su Estado miembro de origen. La autoridad competente debe registrar al gestor del fondo si se ha facilitado toda la información necesaria y si se han implantado mecanismos adecuados para cumplir los requisitos del presente Reglamento. El registro debe ser válido en toda la Unión.

(33)

Para facilitar una comercialización transfronteriza eficaz de los fondos de capital riesgo europeos admisibles, el registro del gestor debe efectuarse con la mayor celeridad.

(34)

Si bien en el presente Reglamento se incluyen salvaguardias para garantizar que los fondos se utilizan correctamente, las autoridades de supervisión deben velar por que se cumplan dichas salvaguardias.

(35)

Para garantizar la supervisión efectiva del cumplimiento de los criterios uniformes establecidos en el presente Reglamento, deben establecerse normas sobre las circunstancias en las que debe actualizarse la información facilitada a la autoridad competente en el Estado miembro de origen.

(36)

A los efectos de la supervisión efectiva de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, se debe establecer también un proceso de notificaciones transfronterizas entre las autoridades de supervisión competentes, que se pondrá en marcha con el registro del gestor del fondo de capital riesgo admisible en su Estado miembro de origen.

(37)

A fin de mantener unas condiciones transparentes en lo relativo a la comercialización de fondos de capital riesgo europeos admisibles en toda la Unión, debe encomendarse a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados, AEVM), creada mediante el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), la misión de mantener una base de datos central en la que figuren todos los gestores de fondos de capital riesgo admisibles y los fondos de capital riesgo europeos admisibles que gestionen, registrados de conformidad con el presente Reglamento.

(38)

En aquellos casos en que la autoridad competente del Estado miembro de acogida tenga motivos claros y demostrables para considerar que el gestor de un fondo de capital riesgo admisible actúa en incumplimiento del presente Reglamento en su territorio, debe informar inmediatamente de ello a la autoridad competente del Estado miembro de origen, que adoptará las medidas pertinentes.

(39)

Si, el gestor de un fondo de capital riesgo admisible sigue actuando de forma claramente contraria al presente Reglamento, a pesar de las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen o en caso de que la autoridad competente del Estado miembro de origen no actúe en un plazo razonable, la autoridad competente del Estado miembro de acogida debe poder adoptar, después de informar de ello a la autoridad competente del Estado miembro de origen, todas las medidas necesarias para proteger a los inversores, incluida la posibilidad de impedir al gestor en cuestión seguir comercializando sus fondos de capital riesgo en el territorio del Estado miembro de acogida.

(40)

Para garantizar la supervisión efectiva de los criterios uniformes establecidos en el presente Reglamento, este comprende una lista de facultades de supervisión que deben tener a su disposición las autoridades competentes.

(41)

Para garantizar su correcto cumplimiento, el presente Reglamento comprende sanciones administrativas y otras medidas para los casos de vulneración de sus disposiciones esenciales, a saber, de sus normas sobre la composición de la cartera, sobre las salvaguardias relativas a la identidad de los inversores admisibles y sobre el uso de la designación de «FCRE» exclusivamente por los gestores de fondos de capital riesgo admisibles que estén registrados de conformidad con el presente Reglamento. La vulneración de esas disposiciones esenciales debe conllevar, cuando proceda, la prohibición del uso de la designación y la retirada del gestor en cuestión del registro.

(42)

Las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida y la AEVM deben intercambiarse información en materia de supervisión.

(43)

La cooperación efectiva en materia reglamentaria entre las entidades responsables de supervisar el cumplimiento de los criterios uniformes establecidos en el presente Reglamento exige la aplicación de un grado elevado de secreto profesional a todas las autoridades nacionales pertinentes y a la AEVM.

(44)

A fin de especificar los requisitos establecidos en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, para los tipos de conflictos de intereses que deban evitar los gestores de fondos de capital riesgo admisibles y las medidas que deban tomarse a este respecto. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, con inclusión de expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(45)

Las normas técnicas aplicables a los servicios financieros se considera que garantizan una armonización coherente y un elevado nivel de supervisión en toda la Unión. Como organismo con conocimientos muy especializados, resulta eficiente y adecuado confiar a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución, que no impliquen decisiones de política, para su presentación a la Comisión.

(46)

Resulta oportuno conferir a la Comisión competencias para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución, con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010. Debe confiarse a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución sobre el formato de la notificación a que se refiere el presente Reglamento.

(47)

A más tardar cuatro años después de la fecha de aplicación el presente Reglamento, la Comisión debe llevar a cabo una revisión del mismo a fin de evaluar la evolución del mercado de capital riesgo. La revisión debe incluir un examen general del funcionamiento de las normas del presente Reglamento y de la experiencia adquirida en su aplicación. Basándose en la revisión, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de propuestas legislativas.

(48)

Además, la Comisión debe iniciar, a más tardar cuatro años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento, un examen de la interacción entre el presente Reglamento y otras normas sobre organismos de inversión colectiva y sus gestores, en particular las de la Directiva 2011/61/UE. Dicho examen se centrará, en particular, en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, dilucidando si es necesario ampliarlo para permitir que los gestores de grandes fondos de inversión alternativos hagan uso de la designación de «FCRE». Basándose en dicho examen, la Comisión deberá presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de propuestas legislativas.

(49)

En el contexto de esta revisión, la Comisión debe evaluar los obstáculos que puedan haber impedido la aceptación de los fondos por los inversores, incluido el efecto en los inversores institucionales de otros reglamentos de carácter cautelar que puedan aplicárseles. Además, la Comisión debe recoger datos para evaluar la contribución de los FCRE a otros programas de la Unión que, como Horizonte 2020, también se proponen apoyar la innovación en la Unión.

(50)

A la luz de la Comunicación de la Comisión de 6 de octubre de 2010 titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020 — Unión por la innovación», y de la Comunicación de la Comisión de 7 de diciembre de 2011 titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME», es importante garantizar en toda la Unión la eficacia de los regímenes oficiales en apoyo de los mercados de capital riesgo y la coordinación y coherencia entre las distintas políticas de la Unión orientadas hacia el fomento de la innovación, incluidas las políticas sobre competencia e investigación. Un centro de interés clave de las políticas de innovación y crecimiento de la Unión es la tecnología verde, teniendo en cuenta el objetivo de la Unión de convertirse en un agente de talla mundial en materia de crecimiento sostenible y de eficiencia energética y de uso de los recursos, así como en lo relativo a la financiación para PYME. A la hora de revisar el presente Reglamento, la Comisión debe evaluar sus efectos en el progreso hacia tal objetivo.

(51)

La AEVM debe evaluar sus necesidades de personal y recursos derivadas de la asunción de sus poderes y obligaciones de conformidad con el presente Reglamento y presentar un informe al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

(52)

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) invierte, entre otros ámbitos, en fondos de capital riesgo de toda la Unión. Las medidas que contiene el presente Reglamento para la fácil identificación de los fondos de capital riesgo con características comunes definidas deben hacer más fácil para el FEI identificar los fondos de capital riesgo contemplados en el presente Reglamento como posibles objetivos de inversión. Por consiguiente, debe animarse al FEI a invertir en fondos de capital riesgo europeos admisibles.

(53)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, más concretamente el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7) y la libertad de empresa (artículo 16).

(54)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (8), rige el tratamiento de datos personales llevado a cabo en los Estados miembros en el contexto del presente Reglamento y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de las autoridades públicas independientes designadas por los Estados miembros. Es oportuno que las actividades de tratamiento de datos personales que realice la AEVM en virtud del presente Reglamento y bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos se rijan por lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (9).

(55)

El presente Reglamento se establece sin perjuicio de la aplicación de las normas que regulan las ayudas de Estado a los fondos de capital riesgo europeos admisibles.

(56)

Dado que los objetivos del presente Reglamento —a saber, garantizar la aplicación de requisitos uniformes en la comercialización de los fondos de capital riesgo europeos admisibles y establecer un sistema sencillo de registro para los gestores de fondos de capital riesgo admisibles, facilitando la comercialización de esos fondos en toda la Unión, que tenga plenamente en cuenta la necesidad de garantizar el equilibrio entre la seguridad y la fiabilidad asociadas al uso de la designación de «FCRE» con el funcionamiento eficiente del mercado de capital riesgo y el coste para las distintas partes interesadas— no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y que, por consiguiente, por razón de su escala y sus efectos, pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

a)

sus activos gestionados no rebasen en total el límite a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/61/UE;

b)

estén establecidos en la Unión;

c)

estén sujetos al requisito de registro ante las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra a), de la Directiva 2011/61/UE, y

d)

gestionen carteras de fondos de capital riesgo europeos admisibles.

a)

cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 2011/61/UE, y

b)

sigan cumpliendo lo dispuesto en los artículos 3 y 5 y en el artículo 13, apartado 1, letras c) e i), del presente Reglamento.

—

no haya sido admitida a cotización en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación (SMN), según la definición del artículo 4, apartado 1, puntos 14 y 15, de la Directiva 2004/39/CE,

—

emplee a menos de 250 personas, y

—

tenga un volumen de negocios anual no superior a 50 millones EUR o un balance anual total no superior a 43 millones EUR,

—

una entidad de crédito definida en el artículo 4, punto 1, de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (10),

—

una empresa de inversión definida en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE,

—

una empresa de seguros definida en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (11),

—

una sociedad financiera de cartera definida en el artículo 4, punto 19, de la Directiva 2006/48/CE, o

—

una sociedad mixta de cartera definida en el artículo 4, punto 20, de la Directiva 2006/48/CE,

—

no figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,

—

haya firmado un acuerdo con el Estado miembro de origen del gestor de fondos de capital riesgo admisible y con cada Estado miembro en que se pretende comercializar las participaciones o acciones del fondo de capital riesgo, de tal modo que se garantice que el tercer país se ajusta plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE y vela por un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos;

—

haya sido emitido por una empresa en cartera admisible y adquirido directamente por el fondo de capital riesgo admisible a dicha empresa,

—

haya sido emitido por una empresa en cartera admisible a cambio de un valor participativo emitido por dicha empresa, o

—

haya sido emitido por una empresa que posea una participación mayoritaria en una empresa en cartera admisible que sea su filial, y haya sido adquirido por el fondo de capital riesgo admisible a cambio de un instrumento de capital emitido por la empresa en cartera admisible,

a)

que se comprometan a invertir como mínimo 100 000 EUR, y

b)

que declaren por escrito, en un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión, que son conscientes de los riesgos ligados al compromiso o la inversión previstos.

a)

operar, en el ejercicio de su actividad, honestamente, con la competencia, el esmero y la diligencia debidos, y con lealtad;

b)

aplicar políticas y procedimientos adecuados para evitar malas prácticas que quepa esperar razonablemente que afecten a los intereses de los inversores y de las empresas en cartera admisibles;

c)

ejercer sus actividades de tal modo que defiendan al máximo los intereses de los fondos de capital riesgo europeos admisibles que gestionen, los inversores de dichos fondos y la integridad del mercado;

d)

aplicar un elevado grado de diligencia en la selección y la supervisión permanente de las inversiones en empresas en cartera admisibles;

e)

poseer un conocimiento y una comprensión adecuados de las empresas en cartera admisibles en las que inviertan;

f)

tratar a sus inversores de manera equitativa;

g)

garantizar que ningún inversor reciba un trato preferente, salvo que tal trato preferente se indique en el reglamento o los documentos constitutivos del fondo de capital riesgo admisible.

a)

los gestores de fondos de capital riesgo admisibles, las personas que dirijan efectivamente la actividad de dichos gestores, los empleados o cualquier persona que controle o sea controlada directa o indirectamente por gestores, y el fondo de capital riesgo europeo admisible gestionado por dichos gestores o los inversores de dicho fondo de capital riesgo admisible;

b)

un fondo de capital riesgo admisible o sus inversores y otro fondo de capital riesgo admisible gestionado por el mismo gestor, o por sus inversores;

c)

un fondo de capital riesgo admisible o sus inversores y un organismo de inversión colectiva u OICVM gestionado por el mismo gestor, o por sus inversores.

a)

los tipos de conflictos de intereses a que se refiere el apartado 2 del presente artículo;

b)

las medidas que adoptarán los gestores de fondos de capital riesgo admisibles en términos de estructuras y de procedimientos administrativos y de organización para detectar, prevenir, gestionar, controlar y revelar los conflictos de intereses.

a)

identidad de dicho gestor y de cualesquiera otros proveedores de servicios contratados por dicho gestor en relación con la gestión de los fondos de capital riesgo europeos admisibles, con descripción de sus obligaciones;

b)

importe de los fondos propios de los que dispone dicho gestor, así como una declaración detallada sobre los motivos por los que dicho gestor considera que esos fondos propios son suficientes para mantener los recursos humanos y técnicos adecuados necesarios para la correcta gestión de sus fondos de capital riesgo europeos admisibles;

c)

descripción de la estrategia y los objetivos de inversión del fondo de capital riesgo admisible, que incluirá información sobre:

d)

descripción del perfil de riesgo del fondo de capital riesgo admisible y de los riesgos asociados a los activos en los que puede invertir o las técnicas de inversión que pueden emplearse;

e)

descripción del procedimiento de valoración del fondo de capital riesgo admisible y de la metodología de fijación de precios para la valoración de los activos, incluidos los métodos utilizados para valorar las empresas en cartera admisibles;

f)

descripción de cómo se calcula la retribución del gestor de fondos de capital riesgo admisibles;

g)

descripción de todos los costes pertinentes, con indicación de su importe máximo;

h)

los resultados financieros históricos del fondo de capital riesgo, si tal información está disponible;

i)

servicios de apoyo a las empresas y demás actividades de apoyo prestado por el gestor de fondos de capital riesgo admisibles u organizado a través de terceros para facilitar el desarrollo, el crecimiento o, en otro ámbito, las operaciones corrientes de las empresas en cartera admisibles en las que invierte el fondo de capital riesgo admisible o, en caso de que no se lleven a cabo esos servicios o actividades, explicación al respecto;

j)

descripción de los procedimientos mediante los cuales el fondo de capital riesgo admisible puede modificar su estrategia o su política de inversión, o ambas.

a)

identidad de las personas que dirijan efectivamente la actividad de gestión de los fondos de capital riesgo europeos admisibles;

b)

nombre de los fondos de capital riesgo europeos admisibles, las participaciones o acciones que vayan a comercializarse, así como sus estrategias de inversión;

c)

información sobre las medidas adoptadas para cumplir los requisitos del capítulo II;

d)

una lista de los Estados miembros en los que el gestor de fondos de capital riesgo admisibles se proponga comercializar cada fondo de capital riesgo admisible;

e)

una lista de los Estados miembros en los que el gestor de fondos de capital riesgo admisibles haya establecido o se proponga establecer fondos de capital riesgo europeos admisibles.

a)

que las personas que dirijan efectivamente la actividad de gestión del fondo de capital riesgo admisible tengan la honorabilidad suficiente y hayan adquirido experiencia suficiente también en relación con las estrategias de inversión aplicadas por el gestor del fondo de capital riesgo admisible;

b)

que la información requerida en virtud del apartado 1 está completa;

c)

que las medidas notificadas de conformidad con el apartado 1, letra c), son apropiadas para cumplir los requisitos del capítulo II;

d)

que la lista notificada en virtud del apartado 1, letra e), del presente artículo, indique que todos los fondos de capital riesgo europeos admisibles se han establecido de conformidad con el artículo 3, letra b), inciso iii), del presente Reglamento.

a)

un nuevo fondo de capital riesgo admisible;

b)

un fondo de capital riesgo admisible existente en un Estado miembro no mencionado en la lista contemplada en el artículo 14, apartado 1, letra d).

a)

solicitar el acceso a cualquier documento bajo cualquier forma o realizar una copia del mismo;

b)

exigir al gestor de fondos de capital riesgo admisibles que facilite información sin demora;

c)

requerir información acerca de toda persona relacionada con las actividades del gestor de fondos de capital riesgo admisibles o de los fondos de capital riesgo europeos admisibles;

d)

realizar inspecciones in situ con o sin previo aviso;

e)

adoptar medidas adecuadas para garantizar que el gestor de fondos de capital riesgo admisibles siga cumpliendo los requisitos del presente Reglamento;

f)

emitir un requerimiento para garantizar que el gestor de fondos de capital riesgo admisibles cumpla los requisitos del presente Reglamento y se abstenga de repetir cualquier conducta que implique una infracción del presente Reglamento.

a)

incumplan los requisitos aplicables a la composición de la cartera, en contravención del artículo 5;

b)

comercialicen las acciones y participaciones de los fondos de capital riesgo europeos admisibles entre inversores no admisibles, en contravención del artículo 6;

c)

utilicen la designación de «FCRE» sin estar registrados ante la autoridad competente de su Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 14;

d)

utilicen la designación de «FCRE» para comercializar fondos no establecidos de conformidad con el artículo 3, letra b), inciso iii), del presente Reglamento;

e)

hayan obtenido el registro mediante declaraciones falsas u otros medios irregulares, en contravención del artículo 14;

f)

no operen, en el ejercicio de su actividad, con honradez ni con la competencia, el esmero y la diligencia debidos, en contravención del artículo 7, letra a), ni con lealtad;

g)

no apliquen políticas y procedimientos adecuados para evitar malas prácticas, en contravención del artículo 7, letra b);

h)

incumplan reiteradamente las disposiciones del artículo 12 relativas al informe anual;

i)

incumplan reiteradamente la obligación de informar a los inversores de conformidad con el artículo 13.

a)

adoptará medidas para garantizar que los gestores de fondos de capital riesgo admisibles cumplen lo dispuesto en los artículos 5 y 6, el artículo 7, letras a) y b), y los artículos 12, 13 y 14;

b)

prohibirá el uso de la designación de «FCRE» por los gestores de fondos de capital riesgo admisibles en cuestión y los eliminará del registro.

a)

en qué medida se ha hecho uso de la designación de «FCRE» por los gestores de fondos de capital riesgo admisibles en los distintos Estados miembros, ya sea en el ámbito nacional o transfronterizo;

b)

la distribución geográfica y sectorial de las inversiones realizadas por los fondos de capital riesgo europeos admisibles;

c)

la conveniencia de los requisitos de información en virtud del artículo 13, en particular en el sentido de si son suficientes para que los inversores puedan tomar una decisión informada sobre la inversión;

d)

la utilización de distintas inversiones admisibles por gestores de fondos de capital riesgo admisibles y, en especial, la posible necesidad de ajustar las inversiones admisibles contempladas en el presente Reglamento;

e)

la posibilidad de extender la comercialización de los fondos de capital riesgo europeos admisibles a los inversores minoristas;

f)

la eficacia, proporcionalidad y aplicación de las sanciones administrativas y otras medidas dispuestas por los Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento;

g)

los efectos del presente Reglamento en el mercado de capital riesgo;

h)

la posibilidad de permitir que los fondos de capital riesgo establecidos en terceros países utilicen la designación de «FCRE», teniendo en cuenta la experiencia adquirida al aplicar la Recomendación de la Comisión relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal;

i)

la conveniencia de complementar el presente Reglamento con un régimen depositario;

j)

una evaluación de los obstáculos que puedan haber impedido la inversión en fondos que utilicen la designación de «FCRE», incluidos los efectos en los inversores institucionales de otras normas cautelares en Derecho de la Unión.

a)

a más tardar el 22 de julio de 2017 para las letras a) a g), i) y j), y

b)

a más tardar el 22 de julio de 2015 para la letra h).

25.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 115/18

(1)

Cada vez hay más inversores que no se limitan a buscar una rentabilidad financiera, sino que persiguen también objetivos de carácter social, por lo que en la Unión ha ido emergiendo un mercado de inversión social compuesto en parte por fondos de inversión que invierten en empresas sociales. La actividad de tales fondos de inversión consiste en proporcionar financiación a las empresas sociales que impulsan cambios sociales al ofrecer soluciones innovadoras a problemas sociales, por ejemplo contribuyendo a hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis financiera, y al aportar una valiosa contribución a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador».

(2)

El presente Reglamento se inscribe en el marco de la iniciativa en favor del emprendimiento social, presentada por la Comisión en su Comunicación de 25 de octubre de 2011 titulada «Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales».

(3)

Resulta necesario establecer un marco reglamentario común sobre el uso de la designación de fondo de emprendimiento social europeo admisible («FESE»), que regule, entre otras cosas, la composición de la cartera de los fondos que ejerzan su actividad con esa designación, los destinatarios de sus inversiones, los instrumentos de inversión que pueden emplear y las categorías de inversores admisibles para invertir en tales fondos, mediante normas uniformes en la Unión. En ausencia de tal marco común, existe el riesgo de que los Estados miembros adopten medidas divergentes a escala nacional, lo cual repercutiría directa y negativamente en el buen funcionamiento del mercado interior y lo obstaculizaría, pues los fondos que deseen ejercer su actividad en toda la Unión estarían sujetos a normas diferentes en los distintos Estados miembros. Además, la divergencia en cuanto a los requisitos de calidad de la composición de la cartera, los destinatarios de las inversiones y los inversores admisibles podría generar distintos niveles de protección de los inversores y crear confusión acerca de las propuestas de inversión ligadas a los fondos de emprendimiento social europeos. Por otro lado, los inversores deben estar en condiciones de comparar las propuestas de inversión de distintos fondos de emprendimiento social europeos admisibles. Conviene eliminar los obstáculos importantes a la captación transfronteriza de capital por parte de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles y evitar falseamientos de la competencia entre tales fondos, así como prevenir que surjan otros posibles obstáculos al comercio y falseamientos significativos de la competencia en el futuro. Así pues, la base jurídica adecuada para el presente Reglamento es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), interpretado en consonancia con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(4)

Resulta necesario adoptar un Reglamento que establezca normas uniformes para los fondos de emprendimiento social europeos admisibles e imponga las mismas obligaciones en todos los Estados miembros a sus gestores que deseen captar capital en toda la Unión utilizando la designación «FESE». Esas normas deben garantizar la confianza de los inversores que deseen invertir en tales fondos. El Reglamento no debe aplicarse a los regímenes nacionales existentes que permiten invertir en el emprendimiento social y no utilizan la designación «FESE».

(5)

La definición de los requisitos de calidad para el uso de la designación «FESE» a través de un Reglamento garantizará que tales requisitos sean aplicables directamente a los gestores de los organismos de inversión colectiva que capten fondos utilizando esa designación. Ello asegurará la uniformidad de las condiciones de utilización de esta designación evitando la existencia de requisitos nacionales divergentes como resultado de la transposición de una directiva. Un Reglamento implica que los gestores de organismos de inversión colectiva que utilicen esta designación deben seguir las mismas normas en toda la Unión, lo que además impulsará la confianza de los inversores que deseen invertir en fondos dedicados a la inversión en empresas sociales. Además, un Reglamento reduce la complejidad reglamentaria y el coste en que incurren los gestores para dar cumplimiento a las normas nacionales que regulan tales fondos, a menudo divergentes, especialmente en el caso de aquellos que deseen captar capital en otros Estados miembros. Asimismo, contribuye a eliminar falseamientos de la competencia.

(6)

Un fondo de emprendimiento social europeo admisible debe poder gestionarse externa o internamente. Cuando un fondo de emprendimiento social europeo admisible se gestione internamente, el fondo será también el gestor y deberá por tanto cumplir todos los requisitos aplicables a los gestores en virtud del presente Reglamento y estar registrado de conformidad con el presente Reglamento. No obstante, no debe permitirse que un fondo de emprendimiento social europeo admisible gestionado internamente sea el gestor externo de otros organismos de inversión colectiva o de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

(7)

A fin de precisar la articulación entre el presente Reglamento y otras normas sobre los organismos de inversión colectiva y sus gestores, es necesario establecer que el presente Reglamento solo debe aplicarse a los gestores de organismos de inversión colectiva distintos de los OICVM, de conformidad con la definición del artículo 1 de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (4), que estén establecidos en la Unión y que estén registrados ante la autoridad competente de su Estado miembro de origen de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (5), siempre y cuando estos gestores gestionen carteras de fondos de emprendimiento social europeos admisibles. Sin embargo, debe permitirse igualmente que los gestores externos de fondos de emprendimiento social europeos admisibles que estén registrados de conformidad con el presente Reglamento puedan gestionar OICVM sujetos a autorización de conformidad con la Directiva 2009/65/CE.

(8)

Además, el presente Reglamento solo se aplica a los gestores de aquellos organismos de inversión colectiva cuyos activos gestionados no rebasen en total el límite a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/61/UE. Ello significa que el cálculo del límite a efectos del presente Reglamento se basa en el cálculo del límite mencionado en el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/61/UE.

(9)

No obstante, los gestores registrados de conformidad con el presente Reglamento, cuyos activos en total aumenten posteriormente de tal manera que rebasen el límite a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/61/UE, y que estén por tanto sujetos a autorización de las autoridades competentes de su Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 6 de dicha Directiva, podrán seguir utilizando la designación «FESE» en relación con la comercialización de fondos de emprendimiento social europeos admisibles en la Unión, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la citada Directiva y sigan cumpliendo determinados requisitos para la utilización de la designación de fondos de emprendimiento social europeos admisibles tal como se indica en el presente Reglamento, siempre en relación con los fondos de emprendimiento social europeos admisibles. Ello se aplica tanto a los fondos de emprendimiento social europeos admisibles existentes como a los fondos de emprendimiento social europeos admisibles establecidos una vez rebasado el límite.

(10)

Cuando los gestores de organismos de inversión colectiva no deseen utilizar la designación «FESE», el presente Reglamento no será de aplicación. En tales casos deben seguir aplicándose las normas nacionales vigentes y las normas generales de la Unión.

(11)

El presente Reglamento debe establecer normas uniformes sobre la naturaleza de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles, en particular sobre las empresas admisibles en cartera en las que se permitirá invertir a los fondos de emprendimiento social europeos admisibles, y sobre los instrumentos de inversión que podrán utilizarse. Esto es necesario a fin de trazar una clara línea demarcatoria entre un fondo de emprendimiento social europeo admisible y fondos alternativos de inversión que desarrollan otras estrategias de inversión menos especializadas, por ejemplo, compras, que el presente Reglamento no pretende favorecer.

(12)

A fin de garantizar la claridad y seguridad necesarias, el presente Reglamento debe, asimismo, establecer criterios uniformes para definir las empresas sociales que podrán ser empresas en cartera admisibles. Una empresa social, agente de la economía social, es una empresa cuyo principal objetivo es tener una incidencia social, más que generar beneficios para sus propietarios o sus socios. Opera proporcionando bienes y servicios al mercado y utiliza sus beneficios fundamentalmente para alcanzar objetivos sociales. Está gestionada de manera responsable y transparente, en particular mediante la participación de empleados, consumidores y partes interesadas en sus actividades comerciales.

(13)

Dado que el objetivo primordial de las empresas sociales es lograr un impacto social positivo, antes que maximizar sus beneficios, el presente Reglamento debe solamente promover el apoyo a las empresas en cartera admisibles que centren su actividad en la consecución de impactos sociales medibles y positivos. Entre los impactos sociales medibles y positivos se podría incluir la prestación de servicios a los inmigrantes que, de otra manera, quedan excluidos, o la reinserción de grupos marginalizados en el mercado laboral facilitando empleo, ayuda o formación. Las empresas sociales utilizan sus beneficios para alcanzar su objetivo social primordial y son objeto de una gestión responsable y transparente. En los casos, generalmente excepcionales, en los que una empresa en cartera admisible desee repartir beneficios entre sus accionistas y propietarios, la empresa en cartera admisible deberá haber implantado procedimientos y reglas predefinidos sobre cómo se procederá a dicho reparto. Estas reglas deben especificar que el reparto de beneficios no ha de menoscabar el objetivo social primordial.

(14)

Las empresas sociales abarcan un amplio elenco de sociedades que adoptan distintas formas jurídicas y cuya función consiste en proporcionar servicios o bienes sociales a personas vulnerables, marginadas, desfavorecidas o excluidas. Entre tales servicios figuran el acceso a la vivienda, la asistencia sanitaria, la ayuda a ancianos o personas con discapacidad, el cuidado infantil, el acceso al empleo y la formación y la gestión de la dependencia. Asimismo, las empresas sociales incluyen empresas que emplean un método de producción de bienes o servicios que representan su objetivo social, pero cuyas actividades pueden situarse fuera del ámbito de la facilitación de bienes o servicios sociales. Esas actividades incluyen la integración social y profesional mediante el acceso al empleo de personas desfavorecidas debido, entre otras cosas, a una cualificación insuficiente o a problemas sociales o profesionales que llevan a la exclusión y la marginación. Esas actividades también pueden abarcar la protección medioambiental con un impacto social, como las medidas contra la contaminación, el reciclado y las energías renovables.

(15)

En consonancia con el objetivo de delimitar con precisión los organismos de inversión colectiva que debe abarcar el presente Reglamento y con objeto de concentrar los esfuerzos en proporcionar capital a las empresas sociales, los fondos de emprendimiento social europeos admisibles deben considerarse como fondos que se proponen invertir como mínimo el 70 % del total agregado de sus aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido en esas empresas. No debe permitirse que los fondos de emprendimiento social europeos admisibles inviertan más del 30 % del total agregado de sus aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido en activos distintos de las inversiones admisibles. Ello significa que, si bien el 30 % debe ser en todo momento el límite máximo para las inversiones no admisibles, el 70 % debe reservarse para las inversiones admisibles durante el período de vigencia de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles. Dichos límites deben calcularse sobre la base de los importes que puedan invertirse una vez deducidos todos los costes pertinentes y las tenencias de efectivo y otros medios líquidos equivalentes. El presente Reglamento debe establecer las precisiones necesarias para el cálculo de los límites de inversión mencionados.

(16)

El objetivo del presente Reglamento es apoyar el crecimiento de las empresas sociales en la Unión. Las inversiones en empresas en cartera admisibles establecidas en terceros países pueden aportar más capital a los fondos de emprendimiento social europeos admisibles y, por ende, beneficiar a las empresas sociales en la Unión. Sin embargo, no deberían efectuarse bajo ningún concepto inversiones en empresas en cartera establecidas en terceros países que se caracterizan por la falta de acuerdos de cooperación adecuados entre las autoridades competentes del Estado miembro de origen del gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles y con cada Estado miembro en que se pretende comercializar las participaciones o acciones del fondo de emprendimiento social europeo admisible, o por la falta de un intercambio efectivo de información en materia fiscal.

(17)

Como primera medida, debe establecerse un fondo de emprendimiento social en la Unión, con el fin de poder acogerse a la designación «FESE» establecida en el presente Reglamento. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de aplicación del presente Reglamento, la Comisión debe reconsiderar la limitación impuesta a la utilización de la designación «FESE» a los fondos establecidos en la Unión, a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de la Recomendación de la Comisión relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal.

(18)

Los gestores de fondos de emprendimiento social europeos deben estar capacitados para atraer nuevos compromisos de capital durante el período de vigencia del fondo. Estos nuevos compromisos de capital durante el período de vigencia del fondo de emprendimiento social europeo admisible deben tenerse en cuenta a la hora de considerar las próximas inversiones en activos que no sean activos admisibles. Deben autorizarse nuevos compromisos de capital de conformidad con los criterios y las condiciones que se establezca en el reglamento o los documentos constitutivos del fondo de emprendimiento social europeo admisible.

(19)

Habida cuenta de las necesidades específicas de financiación de las empresas sociales, resulta necesario precisar qué tipos de instrumentos deben utilizar los fondos de emprendimiento social europeos admisibles para dicha financiación. Así pues, el presente Reglamento establece normas uniformes sobre los instrumentos que deben utilizar los fondos de emprendimiento social europeos admisibles al realizar inversiones, a saber, instrumentos de capital y cuasi capital, instrumentos de deuda, como pagarés y certificados de depósito, inversiones en otros fondos de emprendimiento social europeos, admisibles préstamos garantizados o no garantizados, y subvenciones. No obstante, para evitar que las inversiones se diluyan en empresas en cartera admisibles, solo debe permitirse que los fondos de emprendimiento social europeos admisibles inviertan en otros fondos de emprendimiento social europeos admisibles cuando estos últimos no hayan invertido a su vez más del 10 % del total agregado de sus aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido en otros fondos de emprendimiento social europeos admisibles.

(20)

La principal actividad de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles consiste en ofrecer financiación a empresas sociales a través de inversiones primarias. Los fondos de emprendimiento social europeos admisibles no deben participar en actividades bancarias sistemáticamente importantes fuera del habitual marco regulador cautelar (el denominado «sistema bancario en la sombra»), ni tampoco seguir estrategias típicas del capital de inversión privado, como compras financiadas con deuda.

(21)

Para mantener la flexibilidad necesaria en su cartera de inversiones, los fondos de emprendimiento social europeos admisibles pueden invertir en otros activos distintos de las inversiones admisibles dentro del límite del 30 % para las inversiones no admisibles. Las tenencias de efectivo y otros medios líquidos equivalentes no deben tomarse en consideración para el cálculo de dicho límite en la medida en que el efectivo y otros medios líquidos equivalentes no deben considerarse como inversiones. Los fondos de emprendimiento social europeos admisibles deben efectuar inversiones de su cartera que sean coherentes con su estrategia de inversión ética, absteniéndose, por ejemplo, de realizar inversiones en la industria armamentística, que puedan vulnerar los derechos humanos o que supongan el vertido de residuos de equipos electrónicos.

(22)

Para garantizar la fiabilidad y el fácil reconocimiento de la designación «FESE» por parte de los inversores de toda la Unión, el presente Reglamento debe disponer que solo los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles que reúnan los criterios uniformes de calidad establecidos en el presente Reglamento tengan derecho a utilizar la designación «FESE» al comercializar fondos de emprendimiento social europeos admisibles en la Unión.

(23)

Para garantizar que los fondos de emprendimiento social europeos admisibles tengan un perfil propio e identificable adaptado a su objeto, deben establecerse normas uniformes sobre la composición de su cartera y sobre las técnicas de inversión que podrán emplear.

(24)

Para garantizar que los fondos de emprendimiento social europeos admisibles no contribuyan al desarrollo de riesgos sistémicos y que, en sus actividades de inversión, se concentren en el apoyo a empresas en cartera admisibles, no debe permitirse a tales fondos recurrir al apalancamiento. Los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles solo deben poder contraer préstamos, emitir obligaciones de deuda o proporcionar garantías al nivel de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles cuando dichos préstamos, obligaciones de deuda o garantías estén cubiertos por compromisos no exigidos y, por lo tanto, no aumente la exposición del fondo por encima del nivel de su capital comprometido. Con arreglo a este planteamiento, los anticipos en efectivo efectuados por los inversores del fondo de emprendimiento social europeo admisible que estén plenamente cubiertos por compromisos de capital por dichos inversores no aumentan la exposición de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles y, por lo tanto, deben estar permitidos. Asimismo, a fin de que puedan cubrir las necesidades de liquidez extraordinarias que puedan surgir entre una exigencia de desembolso del capital comprometido por parte de los inversores y la recepción efectiva de dicho capital en sus cuentas, deben permitirse los préstamos a corto plazo siempre que no sean superiores al capital comprometido no exigido.

(25)

Para garantizar que los fondos de emprendimiento social europeos admisibles solo se comercialicen entre inversores que tengan la experiencia, el conocimiento y la competencia para tomar sus propias decisiones en materia de inversión y evaluar correctamente los riesgos que llevan aparejados tales fondos, y para mantener la confianza de los inversores en los fondos de emprendimiento social europeos admisibles, deben establecerse determinadas salvaguardias específicas. Así pues, los FESE solo deben comercializarse entre inversores que sean clientes profesionales o puedan considerarse clientes profesionales con arreglo a la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (6). No obstante, a fin de tener una base de inversores para las inversiones en fondos de emprendimiento social europeos admisibles lo suficientemente amplia, conviene también que algunos otros inversores —por ejemplo, los particulares con grandes patrimonios— tengan acceso a esos fondos. Para esos otros inversores deben establecerse salvaguardias específicas que aseguren que los fondos de emprendimiento social europeos solo se comercializan entre inversores con el perfil adecuado. Esas salvaguardias excluyen la comercialización mediante planes de ahorro periódico. Además, los ejecutivos, directores o empleados que participen en la gestión de un gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles podrán realizar inversiones, en tanto en cuanto las inversiones se realicen en los fondos de emprendimiento social europeos admisibles que gestionen, puesto que dichas personas tienen el conocimiento suficiente para participar en este tipo de inversiones.

(26)

Para garantizar que solo los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles que reúnan determinados criterios uniformes de calidad en cuanto a su comportamiento en el mercado utilicen la designación «FESE», el presente Reglamento debe establecer normas sobre el ejercicio de la actividad de dichos gestores y las relaciones con sus inversores. Por la misma razón, el presente Reglamento debe también establecer condiciones uniformes sobre la gestión de conflictos de intereses por parte de los gestores de fondos de emprendimiento social europeos. Esas normas deben requerir, asimismo, que el gestor disponga de los mecanismos organizativos y administrativos necesarios para garantizar una gestión adecuada de los conflictos de intereses.

(27)

Cuando el gestor de un fondo de emprendimiento social europeo admisible se proponga delegar funciones en terceros, la responsabilidad del gestor ante el fondo de emprendimiento social europeo admisible y sus inversores no se verá afectada por dicha delegación de funciones en terceros. Por otra parte, el gestor no debe delegar funciones hasta tal punto que, en esencia, ya no pueda considerarse como gestor del fondo de emprendimiento social europeo admisible y hasta tal punto que se convierta en una mera entidad ficticia. El gestor debe seguir siendo responsable de la correcta ejecución de las funciones delegadas y del cumplimiento del presente Reglamento en todo momento. La delegación de funciones no debe ir en detrimento de la eficacia de la supervisión del gestor y, en particular, no debe impedir que dicho gestor actúe o gestione el fondo en interés de sus inversores.

(28)

La consecución de un impacto social positivo, más allá de la mera generación de rentabilidad financiera para los inversores, constituye una de las características esenciales de los fondos de inversión en empresas sociales, que los distingue de otros tipos de fondos de inversión. Por tanto, el presente Reglamento debe exigir que los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles implanten procedimientos de medición del impacto social positivo que deben alcanzar las inversiones en empresas en cartera admisibles.

(29)

En la actualidad, los fondos destinados a resultados o impactos sociales suelen evaluar y recopilar información para saber en qué medida las empresas sociales logran alcanzar los resultados o impactos que se han fijado. Una empresa social puede abarcar una extensa y variada gama de resultados o impactos sociales. Por ello se han desarrollado diferentes modos de identificar los resultados o impactos sociales y medirlos. Así, una empresa que se proponga ayudar a personas desfavorecidas puede indicar el número de personas a las que ha ayudado, por ejemplo, contratando a personas que, de otra manera, no hubieran sido contratadas. Asimismo, una empresa que trate de mejorar la reinserción social de presos que hayan recobrado la libertad puede evaluar sus resultados por lo que se refiere a tasas de reincidencia. Los fondos ayudan a las empresas a preparar y proporcionar información sobre sus objetivos y logros y recopilarla para los inversores. Si bien la información sobre los resultados e impactos sociales reviste gran importancia para los inversores, resulta difícil establecer comparaciones entre las distintas empresas sociales y los diversos fondos debido a las diferencias en la manera de plantear los resultados e impactos sociales y a la diversidad de los enfoques actuales. Con el fin de promover la mayor coherencia y comparabilidad a largo plazo de dicha información, así como la mayor eficacia de los procedimientos para obtener la información, se deben elaborar actos delegados en este ámbito. Estos actos delegados deberían garantizar asimismo una mayor claridad para los supervisores, los fondos de emprendimiento social europeos admisibles y las empresas sociales.

(30)

Para garantizar la integridad de la designación «FESE», el presente Reglamento debe, asimismo, contener criterios de calidad respecto a la organización de los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles. En consecuencia, debe fijar requisitos uniformes y proporcionados respecto a la necesidad de mantener recursos técnicos y humanos adecuados.

(31)

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles y la capacidad de los gestores para cubrir los posibles riesgos derivados de sus actividades, el presente Reglamento debe fijar requisitos uniformes y proporcionados para que los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles mantengan fondos propios suficientes. El importe de estos fondos propios debe ser suficiente para asegurar la continuidad y la correcta gestión de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles.

(32)

A efectos de la protección de los inversores, es necesario garantizar que los activos de los fondos de emprendimiento social europeos se evalúen correctamente. Por tanto, el reglamento o los documentos constitutivos de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles deben contener normas sobre la valoración de activos. Esto garantizará la integridad y la transparencia de la valoración.

(33)

A fin de garantizar que los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles que hagan uso de la designación «FESE» rindan cuenta suficiente de sus actividades, deben establecerse normas uniformes sobre la presentación de informes anuales.

(34)

Si bien en el presente Reglamento se incluyen salvaguardias para garantizar que los fondos se utilizan correctamente, las autoridades de supervisión deben velar por que se cumplan dichas salvaguardias.

(35)

Para garantizar la integridad de la designación «FESE» a ojos de los inversores, resulta necesario que la misma solo sea utilizada por gestores de fondos de emprendimiento social europeos que sean plenamente transparentes en cuanto a su política de inversiones y los destinatarios de estas. El presente Reglamento, por tanto, debe fijar normas uniformes sobre los requisitos de información que incumban a los gestores en relación con sus inversores. Esos requisitos incluyen los elementos específicos de las inversiones en empresas sociales, a fin de que se pueda conseguir una mayor coherencia y comparabilidad de tal información. Los datos incluirán información sobre los criterios y procedimientos utilizados para seleccionar empresas en cartera admisibles concretas como destinatarias de las inversiones. También se debe facilitar información sobre el impacto social positivo que debe conseguirse con la política de inversión y sobre cómo debe seguirse y evaluarse ese impacto. Para garantizar la confianza necesaria de los inversores en tales inversiones, también se debe facilitar información sobre los activos de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles que no se inviertan en empresas en cartera admisibles y sobre cómo deben seleccionarse estas últimas.

(36)

Para garantizar la supervisión efectiva de los requisitos uniformes contenidos en el presente Reglamento, la autoridad competente del Estado miembro de origen debe supervisar el cumplimiento, por parte del gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles, de dichos requisitos. A tal efecto, el gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles que desee comercializar sus fondos con la designación «FESE» debe informar de su intención a la autoridad competente de su Estado miembro de origen. La autoridad competente debe registrar al gestor del fondo si se ha facilitado toda la información necesaria y si se han implantado mecanismos adecuados para cumplir los requisitos del presente Reglamento. El registro debe ser válido en toda la Unión.

(37)

Para facilitar una comercialización transfronteriza eficaz de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles, el registro del gestor debe efectuarse con la mayor celeridad.

(38)

Para garantizar la supervisión efectiva del cumplimiento de los criterios uniformes establecidos en el presente Reglamento, este debe contener normas sobre las circunstancias en las que debe actualizarse la información facilitada a la autoridad competente en el Estado miembro de origen.

(39)

A los efectos de la supervisión efectiva de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, este debe prever también un proceso de notificaciones transfronterizas entre las autoridades de supervisión competentes que se pondrá en marcha con el registro del gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles en su Estado miembro de origen.

(40)

A fin de mantener unas condiciones transparentes en lo relativo a la comercialización de fondos de emprendimiento social admisibles por sus gestores en toda la Unión, debe encomendarse a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM), creada mediante el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), la misión de mantener una base de datos central en la que figuren todos los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles y los fondos de emprendimiento social europeos admisibles gestionados por estos, registrados de conformidad con el presente Reglamento.

(41)

En aquellos casos en que la autoridad competente del Estado miembro de acogida tenga motivos claros y demostrables para considerar que el gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles actúa en incumplimiento del presente Reglamento en su territorio, debe informar inmediatamente de ello a la autoridad competente del Estado miembro de origen, que debe adoptar las medidas pertinentes.

(42)

Si, a pesar de las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen o en caso de que la autoridad competente del Estado miembro de origen no actúe en un plazo razonable, el gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles sigue actuando de forma claramente contraria al presente Reglamento, la autoridad competente del Estado miembro de acogida debe poder adoptar, después de informar de ello a la autoridad competente del Estado miembro de origen, todas las medidas pertinentes para proteger a los inversores, incluida la posibilidad de impedir al gestor de que se trate seguir comercializando su fondo de emprendimiento social europeo admisible en el territorio del Estado miembro de acogida.

(43)

Para garantizar la supervisión efectiva de los criterios uniformes establecidos en el presente Reglamento, este debe contener una lista de facultades de supervisión que deben tener a su disposición las autoridades competentes.

(44)

Para garantizar su correcto cumplimiento, el presente Reglamento debe comprender sanciones y medidas administrativas para los casos de vulneración de sus disposiciones esenciales, a saber, de sus normas sobre la composición de la cartera, sobre las salvaguardias relativas a la identidad de los inversores admisibles y sobre el uso de la designación «FESE» exclusivamente por los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles registrados de conformidad con el presente Reglamento. Debe establecerse que la vulneración de esas disposiciones esenciales conlleve, cuando proceda, la prohibición del uso de la designación y la retirada del gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles del registro.

(45)

Las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida y la AEVM deben intercambiarse información en materia de supervisión.

(46)

La cooperación efectiva en materia reglamentaria entre las entidades responsables de supervisar el cumplimiento de los criterios uniformes establecidos en el presente Reglamento exige la aplicación de un grado elevado de secreto profesional a todas las autoridades nacionales pertinentes y a la AEVM.

(47)

La contribución de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles al desarrollo de un mercado europeo de inversiones sociales dependerá de la adopción de la designación por parte de los gestores de fondos, del reconocimiento de la designación «FESE» por parte de los inversores y del desarrollo de un ecosistema sólido para las empresas sociales en toda la Unión que ayude a estas empresas a aprovechar las opciones de financiación que se ofrezcan. Para tal fin, todas las partes interesadas, incluidos los operadores del mercado, las autoridades competentes de los Estados miembros, la Comisión y otras entidades pertinentes dentro de la Unión, deben esforzarse por elevar el nivel de conciencia sobre las posibilidades que ofrece el presente Reglamento.

(48)

A fin de especificar los requisitos establecidos en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, para la especificación de los tipos de bienes y servicios o los métodos de producción de bienes y servicios que representen un objetivo social, así como las circunstancias en las que puedan distribuirse beneficios a propietarios e inversores, de los tipos de conflictos de intereses que deban evitar los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles y las medidas que deban tomarse a este respecto, de los detalles de los procedimientos de medición del impacto social que deban conseguir las empresas en cartera admisibles, y del contenido y procedimiento para facilitar información a los inversores. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, con inclusión de expertos, tomando en consideración las iniciativas de autorregulación y los códigos de conducta. Las consultas que lleve a cabo la Comisión durante sus trabajos preparatorios en relación con los actos delegados sobre los detalles de los procedimientos de medición del impacto social que deban conseguir las empresas en cartera admisibles deben implicar a las partes interesadas pertinentes y a la AEVM. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(49)

Las normas técnicas aplicables a los servicios financieros se considera que garantizan una armonización coherente y un elevado nivel de supervisión en toda la Unión. Como organismo con conocimientos muy especializados, resulta eficiente y adecuado confiar a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución, que no impliquen decisiones de política, para su presentación a la Comisión.

(50)

Resulta oportuno conferir a la Comisión competencias para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución, con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010. Debe confiarse a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución sobre el formato de la notificación a que se refiere el presente Reglamento.

(51)

A más tardar cuatro años después de la fecha de aplicación el presente Reglamento, se debe llevar a cabo una revisión del mismo a fin de tomar en consideración la evolución en toda la Unión del mercado de fondos de emprendimiento social europeos admisibles. La revisión debe incluir un examen general del funcionamiento de las normas del presente Reglamento y de la experiencia adquirida en su aplicación. Basándose en la revisión, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de propuestas legislativas.

(52)

Además, la Comisión debe iniciar, a más tardar cuatro años después de la fecha de aplicación el presente Reglamento, un examen de la interacción entre el presente Reglamento y otras normas sobre organismos de inversión colectiva y sus gestores, en particular las de la Directiva 2011/61/UE. Dicho examen se centrará, en particular, en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, dilucidando si es necesario ampliarlo para permitir que los gestores de grandes fondos de inversión alternativos hagan uso de la designación «FESE». Basándose en el examen, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de propuestas legislativas.

(53)

En el contexto de esta revisión, la Comisión debe evaluar los obstáculos que puedan haber impedido la aceptación de los fondos por los inversores, incluido el efecto en los inversores institucionales de otros reglamentos de carácter cautelar que puedan aplicárseles. Asimismo, la Comisión debe recopilar datos para evaluar la contribución de la designación «FESE» a otros programas de la Unión, como Horizonte 2020, que también tengan como objetivo apoyar la innovación en la Unión.

(54)

En relación con el examen, por parte de la Comisión, de los obstáculos fiscales que dificultan las inversiones de capital riesgo transfronterizas, como se indica en la Comunicación de la Comisión de 7 de diciembre de 2011 titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a la financiación de las PYME» y en el contexto de la revisión del presente Reglamento, la Comisión debe considerar la posibilidad de llevar a cabo un examen equivalente de los posibles obstáculos fiscales para los fondos de emprendimiento social y evaluar posibles incentivos fiscales destinados a fomentar el emprendimiento social en la Unión.

(55)

La AEVM debe evaluar sus necesidades de personal y recursos derivadas de los poderes y obligaciones que debe asumir en virtud del presente Reglamento y presentar un informe al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

(56)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, más concretamente el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7) y la libertad de empresa (artículo 16).

(57)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (8), rige el tratamiento de datos personales llevado a cabo en los Estados miembros en el contexto del presente Reglamento y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de las autoridades públicas independientes designadas por los Estados miembros. Es oportuno que las actividades de tratamiento de datos personales que realice la AEVM en virtud del presente Reglamento y bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos se rijan por lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (9).

(58)

Dado que los Estados miembros no pueden realizar en grado suficiente el objetivo del presente Reglamento —a saber, el desarrollo de un mercado interior de fondos de emprendimiento social europeos admisibles mediante el establecimiento de un marco para el registro de los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles que facilite la comercialización de esos fondos en toda la Unión—, y que, en consecuencia, dicho objetivo puede conseguirse mejor a escala de la Unión debido a sus dimensiones y efectos, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

a)

cuyos activos gestionados no rebasen en total el límite a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/61/UE;

b)

establecidos en la Unión;

c)

sujetos al requisito de registro ante las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra a), de la Directiva 2011/61/UE, y

d)

siempre y cuando gestionen carteras de fondos de emprendimiento social europeos.

a)

cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 2011/61/UE, y

b)

sigan cumpliendo lo dispuesto en los artículos 3, 5, 10, en el artículo 13, apartado 2, y en el artículo 14, apartado 1, letras d), e) y f), del presente Reglamento.

—

proporcione servicios o bienes a personas vulnerables, marginadas, desfavorecidas o excluidas,

—

emplee un método de producción de bienes o servicios que represente su objetivo social, o

—

proporcione ayuda financiera exclusivamente a las empresas sociales tal como se definen en los dos primeros guiones,

—

no figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,

—

haya firmado un acuerdo con el Estado miembro de origen del gestor del fondo de emprendimiento social europeo admisible y con cada Estado miembro en que se pretende comercializar las participaciones o acciones del fondo de emprendimiento social europeo admisible, de tal modo que se garantice que el tercer país se ajusta plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE y vela por un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos;

—

haya sido emitido por una empresa en cartera admisible y adquirido directamente por un fondo de emprendimiento social europeo a dicha empresa, o

—

haya sido emitido por una empresa en cartera admisible a cambio de un valor participativo emitido por dicha empresa, o

—

haya sido emitido por una empresa que posea una participación mayoritaria en una empresa en cartera admisible que sea su filial, y haya sido adquirido por el fondo de emprendimiento social europeo a cambio de un instrumento de capital emitido por la empresa en cartera admisible,

a)

que tales inversores se comprometan a invertir como mínimo 100 000 EUR, y

b)

que tales inversores declaren por escrito, en un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión, que son conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto.

a)

operar, en el ejercicio de su actividad, honestamente, con lealtad y con la competencia, el esmero y la diligencia debidos;

b)

aplicar políticas y procedimientos adecuados para evitar malas prácticas que quepa esperar razonablemente que afecten a los intereses de los inversores y de las empresas en cartera admisibles;

c)

ejercer sus actividades para promover el impacto social positivo de las empresas en cartera admisibles en las que hayan invertido, defendiendo al máximo los intereses de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles que gestionen, los inversores en dichos fondos y la integridad del mercado;

d)

aplicar un elevado grado de diligencia en la selección y la supervisión permanente de las inversiones en empresas en cartera admisibles y el impacto social positivo de dichas empresas;

e)

poseer un conocimiento y una comprensión adecuados de las empresas en cartera admisibles en las que inviertan;

f)

tratar a sus inversores de manera equitativa;

g)

garantizar que ningún inversor reciba un trato preferente, salvo que tal trato preferente se indique en el reglamento o los documentos constitutivos del fondo de emprendimiento social europeo admisible.

a)

los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles, las personas que dirijan efectivamente la actividad de dichos gestores, los empleados o cualquier persona que controle o sea controlada directa o indirectamente por dichos gestores, y el fondo de emprendimiento social europeo admisible gestionado por dichos gestores o sus inversores;

b)

un fondo de emprendimiento social europeo admisible o sus inversores y otro fondo de emprendimiento social europeo admisible gestionado por el mismo gestor, o sus inversores;

c)

un fondo de emprendimiento social europeo admisible o sus inversores y un organismo de inversión colectiva u OICVM gestionado por el mismo gestor, o sus inversores.

a)

los tipos de conflictos de intereses a que se refiere el apartado 2 del presente artículo;

b)

las medidas que adoptarán los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles en términos de estructuras y de procedimientos administrativos y de organización para detectar, prevenir, gestionar, controlar y revelar los conflictos de intereses.

a)

el empleo y el mercado laboral;

b)

las normas y los derechos en materia de calidad del trabajo;

c)

la inclusión social y la protección de determinados grupos;

d)

la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación;

e)

la salud y la seguridad públicas;

f)

el acceso a los sistemas de protección social, salud y educación, y los efectos en los mismos.

a)

los pormenores pertinentes sobre el resultado social global obtenido por la política de inversiones y el método empleado para medir ese resultado;

b)

una declaración sobre las desinversiones efectuadas en relación con las empresas en cartera admisibles;

c)

explicaciones acerca de si se han efectuado desinversiones en relación con los activos del fondo de emprendimiento social europeo admisible no invertidos en empresas en cartera admisibles sobre la base de los criterios contemplados en el artículo 14, apartado 1, letra f);

d)

un resumen de las actividades llevadas a cabo por el gestor del fondo de emprendimiento social europeo admisible, en relación con las empresas en cartera admisibles, con arreglo a lo establecido en el artículo 14, apartado 1, letra l);

e)

información sobre la naturaleza y finalidad de las inversiones distintas de las inversiones en carteras admisibles mencionadas en el artículo 5, apartado 1.

a)

identidad del gestor del fondo de emprendimiento social europeo admisible y de cualesquiera otros proveedores de servicios contratados por el gestor del fondo de emprendimiento social europeo admisible en relación con su gestión, con descripción de sus obligaciones;

b)

importe de los fondos propios de los que dispone dicho gestor, así como una declaración detallada sobre los motivos por los que dicho gestor considera que esos fondos propios son suficientes para mantener los recursos humanos y técnicos adecuados necesarios para la correcta gestión de su fondo de emprendimiento social europeo admisible;

c)

descripción de la estrategia y los objetivos de inversión del fondo de emprendimiento social europeo admisible, que incluirá:

d)

impacto social positivo que se trate de generar con la política de inversión del fondo de emprendimiento social europeo admisible, incluyendo, en su caso, proyecciones razonables de tal impacto e información sobre resultados anteriores en este ámbito;

e)

metodologías que vayan a utilizarse para medir el impacto social;

f)

descripción de los activos distintos de los relativos a las empresas en cartera admisibles y procedimientos y criterios empleados para seleccionarlos, salvo que se trate de efectivo u otros medios líquidos equivalentes;

g)

descripción del perfil de riesgo del fondo de emprendimiento social europeo admisible y de los riesgos asociados a los activos en los que puede invertir o las técnicas de inversión que pueden emplearse;

h)

descripción del procedimiento de valoración del fondo de emprendimiento social europeo admisible y de la metodología de fijación de precios para la valoración de los activos, incluidos los métodos utilizados para valorar las empresas en cartera admisibles;

i)

descripción de cómo se calcula la retribución del gestor del fondo de emprendimiento social europeo admisible;

j)

descripción de todos los costes pertinentes, con indicación de su importe máximo;

k)

resultados financieros históricos del fondo de emprendimiento social europeo admisible, si tal información está disponible;

l)

servicios de apoyo a las empresas y demás actividades de apoyo prestado u organizado a través de terceros por el gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles para facilitar el desarrollo, el crecimiento o, en otro ámbito, las operaciones corrientes de las empresas en cartera admisibles en las que invierte el fondo de emprendimiento social europeo admisible o, en caso de que no se lleven a cabo esos servicios o actividades, explicación al respecto;

m)

descripción de los procedimientos mediante los cuales el fondo de emprendimiento social europeo admisible puede modificar su estrategia o su política de inversión, o ambas.

a)

el contenido de la información a que se refiere el apartado 1, letras c) a f) y letra l), del presente artículo;

b)

cómo puede presentarse de manera uniforme la información a que se refiere el apartado 1, letras c) a f) y letra l), del presente artículo para asegurar el mayor grado posible de comparabilidad.

a)

identidad de las personas que dirijan efectivamente la actividad de gestión de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles;

b)

nombre de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles cuyas participaciones o acciones vayan a comercializarse, así como sus estrategias de inversión;

c)

información sobre las medidas adoptadas para cumplir los requisitos del capítulo II;

d)

una lista de los Estados miembros en los que el gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles se proponga comercializar cada fondo de emprendimiento social europeo admisible;

e)

una lista de los Estados miembros y terceros países en los que el gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles haya establecido o se proponga establecer fondos de emprendimiento social europeos admisibles.

a)

que las personas que dirijan efectivamente la actividad de gestión del fondo de emprendimiento social europeo admisible tengan la honorabilidad suficiente y hayan adquirido experiencia suficiente también en relación con las estrategias de inversión aplicadas por el gestor del fondo de emprendimiento social europeo admisible;

b)

que la información requerida contemplada en el apartado 1 está completa;

c)

que las medidas notificadas de conformidad con el apartado 1, letra c), son apropiadas para cumplir los requisitos del capítulo II;

d)

que la lista notificada en virtud del apartado 1, letra e), indique que todos los fondos de emprendimiento social europeos admisibles se han establecido de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b), inciso iii), del presente Reglamento.

a)

comercializar un fondo de emprendimiento social europeo admisible nuevo;

b)

comercializar un fondo de emprendimiento social europeo admisible existente en un Estado miembro no mencionado en la lista contemplada en el artículo 15, apartado 1, letra d).

a)

solicitar el acceso a cualquier documento bajo cualquier forma y recibir o realizar una copia del mismo;

b)

exigir al gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles que facilite información sin demora;

c)

requerir información acerca de toda persona relacionada con las actividades del gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles o del fondo de emprendimiento social europeo admisible;

d)

realizar inspecciones in situ con o sin previo aviso;

e)

adoptar medidas adecuadas para garantizar que el gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles siga cumpliendo los requisitos del presente Reglamento;

f)

emitir un requerimiento para garantizar que el gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles cumpla los requisitos del presente Reglamento y se abstenga de repetir cualquier conducta que implique una infracción del presente Reglamento.

a)

incumpla los requisitos aplicables a la composición de la cartera, en contravención del artículo 5;

b)

comercialice las acciones y participaciones de un fondo de emprendimiento social europeo admisible entre inversores no admisibles, en contravención del artículo 6;

c)

utilice la designación «FESE» sin estar registrado ante la autoridad competente de su Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 15;

d)

utilice la designación «FESE» para comercializar fondos no establecidos de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b), inciso iii);

e)

haya obtenido un registro mediante declaraciones falsas u otros medios irregulares, en contravención del artículo 15;

f)

no opere, en el ejercicio de su actividad, honestamente, ni con la competencia, el esmero y la diligencia debidos, ni con lealtad, en contravención del artículo 7, letra a);

g)

no aplique políticas y procedimientos adecuados para evitar malas prácticas, en contravención del artículo 7, letra b);

h)

incumpla reiteradamente los requisitos del artículo 13 relativos al informe anual;

i)

incumpla reiteradamente la obligación de informar a los inversores de conformidad con el artículo 14.

a)

adoptará medidas para garantizar que el gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles cumpla lo dispuesto en los artículos 5 y 6, el artículo 7, letras a) y b), y los artículos 13, 14 y 15;

b)

prohibirá el uso de la designación «FESE» y eliminará al gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles del registro.

a)

en qué medida se ha hecho uso de la designación «FESE» por los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles en los distintos Estados miembros, ya sea en el ámbito nacional o transfronterizo;

b)

la distribución geográfica y sectorial de las inversiones realizadas por los fondos de emprendimiento social europeos admisibles;

c)

la adecuación de los requisitos de información en virtud del artículo 14, en particular en el sentido de si son suficientes para que los inversores puedan tomar una decisión informada sobre la inversión;

d)

la utilización de las distintas inversiones admisibles por parte de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles y qué repercusiones ha tenido dicha utilización en el desarrollo de las empresas sociales de toda la Unión;

e)

la conveniencia de crear un distintivo europeo para «empresas sociales»;

f)

la posibilidad de permitir que los fondos de emprendimiento social establecidos en un tercer país se acojan a la designación «FESE», a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de la Recomendación de la Comisión relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal;

g)

la aplicación práctica de los criterios de determinación de las empresas en cartera admisibles y sus repercusiones en el desarrollo de las empresas sociales de toda la Unión y su impacto social positivo;

h)

un análisis de los procedimientos que los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles han aplicado para medir el impacto social positivo de las empresas en cartera admisibles a que se refiere el artículo 10, y una evaluación de la viabilidad de la introducción de normas armonizadas para medir el impacto social a escala de la Unión de manera coherente con la política social de la Unión;

i)

la posibilidad de extender la comercialización de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles a los inversores minoristas;

j)

la conveniencia de incluir fondos de emprendimiento social europeos admisibles en activos aptos de conformidad con la Directiva 2009/65/CE;

k)

la conveniencia de complementar el presente Reglamento con un régimen depositario;

l)

un examen de los posibles obstáculos fiscales para los fondos de emprendimiento social y una evaluación de los posibles incentivos fiscales destinados a fomentar el emprendimiento social en la Unión;

m)

una evaluación de los obstáculos que puedan haber impedido las inversiones en fondos que empleen la denominación «FESE», incluidos los efectos de otras normas legislativas cautelares de la Unión en los inversores institucionales.

a)

a más tardar el 22 de julio de 2017 por lo que se refiere a las letras a) a e) y g) a m), y

b)

a más tardar el 22 de julio de 2015 por lo que se refiere a la letra f).

25.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 115/39

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión para lanzar una nueva estrategia llamada «Europa 2020». Una de las prioridades de la Estrategia Europa 2020 es el crecimiento sostenible que debe alcanzarse fomentando una economía con un uso más eficiente de los recursos, más sostenible y más competitiva. La estrategia sitúa las infraestructuras de energía en primera línea dentro de la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», subrayando la necesidad de mejorar urgentemente las redes europeas, interconectándolas a nivel continental, especialmente para integrar las fuentes de energía renovables.

(2)

No se ha alcanzado aún el objetivo, recogido en las Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, de que todos los Estados miembros alcancen un nivel de interconexiones eléctricas equivalente por lo menos al 10 % de su capacidad de producción instalada.

(3)

La Comunicación de la Comisión titulada «Las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada», a la que siguieron las Conclusiones del Consejo de 28 de febrero de 2011 y la resolución del Parlamento Europeo (4), propugnaba una nueva política de infraestructuras energéticas para optimizar el desarrollo continental de las redes de aquí a 2020 e incluso después, con el fin de permitir a la Unión alcanzar los objetivos esenciales de su política energética en materia de competitividad, sostenibilidad y seguridad del abastecimiento.

(4)

El Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 subrayó la necesidad de modernizar y expandir la infraestructura energética europea y de interconectar las redes a través de las fronteras para garantizar que surta efecto la solidaridad entre los Estados miembros, que se implanten realmente rutas alternativas de suministro y tránsito y fuentes de energía alternativas y que las energías renovables se desarrollen y puedan competir con las energías tradicionales. Insistió en que ningún Estado miembro debía permanecer aislado de las redes europeas de gas y electricidad después de 2015 ni ver su seguridad energética en peligro por carecer de las conexiones apropiadas.

(5)

La Decisión no 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), establece orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. (RTE-E). Los objetivos de dichas orientaciones son apoyar la plena realización del mercado interior de la energía de la Unión y al mismo tiempo fomentar la producción, el transporte, la distribución y la utilización racionales de los recursos energéticos, reducir el aislamiento de las regiones menos favorecidas e insulares, reforzar y diversificar los suministros energéticos, las fuentes y las rutas de suministro de la Unión también mediante la cooperación con terceros países, y contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

(6)

La evaluación del actual marco de las RTE-E ha mostrado claramente que ese marco, aunque ha contribuido positivamente a determinados proyectos al darles visibilidad política, adolece de falta de visión, de enfoque y de flexibilidad para colmar las lagunas detectadas en la infraestructura. Por consiguiente, la Unión debe redoblar sus esfuerzos para responder a los desafíos futuros en este ámbito, y debe dedicarse la debida atención a identificar posibles desequilibrios futuros de la demanda y el suministro de energía.

(7)

Acelerar la renovación de las infraestructuras energéticas existentes y la implantación de las nuevas es crucial para alcanzar los objetivos de política energética y de cambio climático de la Unión, que consisten en completar el mercado interior de la energía, garantizando la seguridad de suministro, en particular para el gas y el petróleo, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % (el 30 % si las condiciones son las adecuadas), incrementando la cuota de energías renovables en el consumo energético final hasta el 20 % (6) y logrando un incremento del 20 % en la eficiencia energética de aquí a 2020, con posibilidad de que los aumentos de la eficiencia energética contribuyan a reducir las necesidades de construcción de nuevas infraestructuras. Al mismo tiempo, la Unión tiene que preparar su infraestructura para continuar la descarbonización de su sistema energético a más largo plazo, con el horizonte de 2050. Por consiguiente, el presente Reglamento debe tener capacidad para incorporar posibles objetivos futuros de política energética y de cambio climático de la Unión.

(8)

A pesar de que la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (7), y la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (8), establecen un mercado interior de la energía, el mercado sigue estando fragmentado debido a que las interconexiones entre las redes energéticas nacionales son insuficientes y a que la utilización de la infraestructura energética existente no es óptima. Sin embargo, es vital contar con unas redes integradas e implantar redes inteligentes en toda la Unión para garantizar un mercado competitivo e integrado que funcione correctamente, para llegar a una utilización óptima de las infraestructuras energéticas, para incrementar la eficiencia energética y la integración de las fuentes renovables de energía descentralizadas y para fomentar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible.

(9)

La infraestructura energética de la Unión debe ser mejorada con el fin de prevenir los fallos técnicos e incrementar su resiliencia ante estos fallos, las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, los efectos negativos del cambio climático y las amenazas a su seguridad, en particular por lo que se refiere a las infraestructuras críticas europeas, contempladas en la Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (9).

(10)

Transportar petróleo mediante oleoductos terrestres en lugar de hacerlo en buques puede contribuir notablemente a reducir el riesgo medioambiental asociado al transporte de petróleo.

(11)

La importancia de las redes inteligentes para lograr los objetivos de la política energética de la Unión ha sido reconocida en la Comunicación de 12 de abril de 2011 de la Comisión titulada «Redes inteligentes: de la innovación a la implantación».

(12)

Las instalaciones de almacenamiento de energía y las instalaciones de recepción, almacenamiento y regasificación o descompresión de gas natural licuado (GNL) y de gas natural comprimido (GNC) desempeñan un papel cada vez más importante en la infraestructura energética europea. La expansión de estas instalaciones de infraestructura energética constituye un componente importante de una infraestructura de red eficaz.

(13)

La Comunicación de la Comisión de 7 de septiembre de 2011 titulada «La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras fronteras» subrayó la necesidad de que la Unión incluyese el fomento del desarrollo de la infraestructura energética en sus relaciones exteriores con el fin de apoyar el desarrollo socioeconómico más allá de las fronteras de la Unión. La Unión debe facilitar proyectos de infraestructura que conecten las redes energéticas de la Unión con las redes de terceros países, en particular con países vecinos y con países con los cuales la Unión ha establecido una cooperación específica en materia energética.

(14)

A fin de asegurar la estabilidad del voltaje y la frecuencia, ha de prestarse especial atención a la estabilidad de la red eléctrica europea en las condiciones cambiantes debidas a la entrada creciente de energía procedente de recursos renovables que son de naturaleza variable.

(15)

Las inversiones necesarias, de aquí a 2020, en infraestructuras de transporte de electricidad y gas de importancia europea han sido calculadas en cerca de 200 000 millones EUR. El importante incremento en los volúmenes de inversión en comparación con las tendencias anteriores y la urgencia de ejecutar las prioridades en materia de infraestructura energética hacen necesario un nuevo enfoque en la forma de regular y financiar las infraestructuras energéticas, en particular las de carácter transfronterizo.

(16)

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión para el Consejo de 10 de junio de 2011, titulado «Necesidades y carencias de la inversión en infraestructuras energéticas», hacía hincapié en que aproximadamente la mitad del total de inversiones necesarias para la década hasta 2020 corren el riesgo de no materializarse en absoluto o de no hacerlo a tiempo debido a obstáculos relacionados con la concesión de autorizaciones, la regulación y la financiación.

(17)

El presente Reglamento establece normas para el desarrollo y la interoperabilidad a tiempo de las redes transeuropeas de energía, con vistas a alcanzar los objetivos en materia de política energética del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía y la seguridad del suministro en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro de energía, así como el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables, y fomentar la interconexión de las redes de energía. Con la persecución de estos objetivos, el presente Reglamento contribuye al crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y aporta beneficios para toda la Unión en cuanto a competitividad y cohesión económica, social y territorial.

(18)

Para el desarrollo de las redes transeuropeas y su interoperabilidad efectiva, es fundamental garantizar la coordinación operativa entre los gestores de redes de transporte de electricidad («gestores de redes de transporte»). A fin de garantizar la existencia de condiciones uniformes para la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) no 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (10), a este respecto, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (11). Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de las orientaciones sobre la coordinación operativa entre los gestores de redes de transporte a escala de la Unión, habida cuenta de que estas orientaciones se aplicarán a todos esos gestores.

(19)

En virtud del presente Reglamento, se atribuyen importantes cometidos adicionales a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía («la Agencia»), establecida por el Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), y debe concedérsele el derecho a percibir tasas por algunos de estos cometidos adicionales.

(20)

Al cabo de intensas consultas con todos los Estados miembros y partes interesadas, la Comisión ha identificado 12 prioridades estratégicas transeuropeas en materia de infraestructura energética cuyo desarrollo antes de 2020 es esencial para el logro de los objetivos de la Unión en materia de política energética y de cambio climático. Dichas prioridades abarcan diferentes regiones geográficas o áreas temáticas en el ámbito del transporte y almacenamiento de electricidad, transporte de gas, almacenamiento e infraestructuras de gas natural licuado o comprimido, redes inteligentes, autopistas de la electricidad, transporte de dióxido de carbono e infraestructuras de petróleo.

(21)

Los proyectos de interés común deben cumplir criterios comunes, transparentes y objetivos, con vistas a su contribución a los objetivos de la política energética. En lo relativo a la electricidad y al gas, para poder figurar en la segunda lista de la Unión y en las siguientes, los proyectos propuestos deben formar parte del último plan decenal de desarrollo de la red disponible. Dicho plan debe tener en cuenta, concretamente, las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, en relación con la necesidad de integrar los mercados periféricos de la energía.

(22)

Deben crearse grupos regionales a efectos de proponer y revisar proyectos de interés común con miras a establecer listas regionales de proyectos de interés común. Con el fin de garantizar un amplio consenso, dichos grupos regionales deben asegurar una estrecha cooperación entre los Estados miembros, las autoridades reguladoras nacionales, los promotores de proyectos y las partes interesadas pertinentes. La cooperación debe basarse en la medida de lo posible en las actuales estructuras de cooperación regional de las autoridades reguladoras nacionales y de los gestores de redes de transporte y otras estructuras establecidas por los Estados miembros y la Comisión. En el contexto de esta cooperación, siempre que sea necesario, las autoridades reguladoras nacionales asesorarán a los grupos regionales, entre otras cuestiones, sobre la viabilidad de los aspectos de regulación de los proyectos propuestos y sobre la viabilidad del calendario propuesto para la aprobación por las autoridades reguladoras.

(23)

A fin de que la lista de proyectos de interés común de la Unión («lista de la Unión») se limite a proyectos que supongan la máxima contribución al desarrollo de los corredores y áreas prioritarios en materia de infraestructura energética estratégica, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar y revisar la lista de la Unión, con arreglo al artículo 290 del TFUE, al tiempo que se respeta el derecho de los Estados miembros a aprobar proyectos de interés común relacionados con su territorio. De acuerdo con el análisis realizado en la evaluación de impacto adjunta a la propuesta en que se basa el presente Reglamento, se calcula que el número de proyectos de este tipo es de unos 100 en el ámbito de la electricidad y de unos 50 en el ámbito del gas. Partiendo de esta estimación y de la necesidad de evitar la dispersión del presente Reglamento, el número total de proyectos de interés común debe mantenerse manejable, por lo que no debe ser muy superior a 220. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(24)

Se establecerá una lista de la Unión nueva cada dos años. Los proyectos de interés común que hayan concluido o que ya no cumplan los criterios y requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento no deben figurar en la siguiente lista de la Unión. Por esta razón, los proyectos de interés común en curso que se quiera retomar en la siguiente lista de la Unión deben someterse al mismo procedimiento de selección para la elaboración de listas regionales y para la elaboración de listas de la Unión que los nuevos proyectos propuestos; no obstante, se velará por reducir todo lo posible la carga administrativa resultante, por ejemplo, utilizando en la medida de lo posible la información ya suministrada anteriormente y teniendo en cuenta los informes anuales de los promotores de los proyectos.

(25)

Los proyectos de interés común deben ejecutarse lo más rápidamente posible y deben ser objeto de un estrecho seguimiento y de evaluación, al tiempo que la carga administrativa para los promotores de los proyectos se mantiene en un mínimo. La Comisión debe nombrar coordinadores europeos para los proyectos que presenten dificultades particulares.

(26)

Los procesos de concesión de autorizaciones no deben ni dar lugar a cargas administrativas que sean desproporcionadas con el tamaño o la complejidad de un proyecto, ni crear barreras al desarrollo de las redes transeuropeas ni al acceso al mercado. Las conclusiones del Consejo de 19 de febrero de 2009 pusieron de manifiesto la necesidad de detectar y suprimir las barreras a la inversión, por ejemplo mediante la generalización de los procedimientos de planificación y consulta. Dichas conclusiones fueron reforzadas por las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, que una vez más subrayó la importancia de agilizar y mejorar los procesos de concesión de autorizaciones, respetando las competencias nacionales.

(27)

Se deben coordinar la planificación y la ejecución de los proyectos de interés común de la Unión en materia de infraestructuras de energía, de transportes y de telecomunicaciones con el fin de generar sinergias siempre que ello tenga sentido en la perspectiva de la economía en general o desde los puntos de vista técnico, medioambiental o de la planificación territorial, y teniendo debidamente en cuenta los aspectos de seguridad pertinentes. Por tanto, en la planificación de las distintas redes transeuropeas se podría privilegiar la integración de las redes de transporte, de comunicaciones y de energía, a fin de garantizar que se utiliza el mínimo posible de terreno y asegurar, cuando sea posible, la reutilización de rutas existentes o en desuso, con objeto de reducir al mínimo las repercusiones sociales, económicas, ambientales y financieras negativas.

(28)

Es necesario dar «carácter prioritario» a nivel nacional a los proyectos de interés común, para garantizar la rapidez de su tramitación administrativa. Las autoridades competentes deben considerar de interés público los proyectos de interés común. Debe concederse autorización a proyectos que tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente, por razones imperiosas de interés público de primer orden, cuando se cumplan todas las condiciones contempladas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (13), y la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (14).

(29)

La constitución de una autoridad o autoridades competentes a escala nacional que integren o coordinen todos los procesos de concesión de autorizaciones («ventanilla única») debe reducir la complejidad, incrementar la eficiencia y la transparencia y ayudar a mejorar la cooperación entre los Estados miembros. Una vez designadas, las autoridades competentes deben comenzar a ejercer sus funciones lo antes posible.

(30)

A pesar de la existencia de normas establecidas para la participación del público en los procedimientos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente, son necesarias medidas adicionales para garantizar los máximos niveles posibles de transparencia y participación del público en todas las cuestiones pertinentes del procedimiento de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común.

(31)

La aplicación correcta y coordinada de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (15), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (16), cuando sea aplicable; del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 (17) («Convenio de Aarhus») y del Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo («Convenio de Espoo») deben garantizar la armonización de los principios clave para la evaluación de los impactos ambientales, también en un contexto transfronterizo. Los Estados miembros deben coordinar sus evaluaciones para proyectos de interés común y contemplar evaluaciones conjuntas, cuando sea posible. Debe alentarse a los Estados miembros a intercambiar las mejores prácticas y a desarrollar capacidades administrativas con respecto a los procesos de concesión de autorizaciones.

(32)

Es importante racionalizar y mejorar los procesos de concesión de autorizaciones. Esto debe llevarse a cabo —en la medida de lo posible y a fin de observar debidamente el principio de subsidiariedad— respetando las competencias y los procedimientos nacionales para la construcción de nuevas infraestructuras. Habida cuenta de la urgencia de desarrollar las infraestructuras energéticas, la simplificación de los procesos de concesión de autorizaciones debe ir acompañada de una fecha límite clara para la decisión que hayan de adoptar las correspondientes autoridades en relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe favorecer una mayor eficiencia en la definición y tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente y participación del público. Por lo que se refiere a las fechas límite máximas establecidas por el presente Reglamento, los Estados miembros deben tratar, no obstante, de acortarlas si ello es viable. Las autoridades competentes deben velar por el respeto de los plazos y los Estados miembros deben tratar de garantizar que los recursos que cuestionen la legalidad material o formal de una decisión global sean tramitados de la forma más eficiente posible.

(33)

Cuando los Estados miembros lo consideren conveniente, podrán incluir en las decisiones globales decisiones tomadas en el contexto de negociaciones con propietarios del suelo sobre la concesión de acceso a bienes inmuebles, su propiedad o el derecho de utilizarlos; la planificación territorial que determina el uso general del suelo en una región determinada e incluye otros proyectos como autopistas, ferrocarriles, edificios y zonas de protección de la naturaleza, y no se emprende con la finalidad específica del proyecto previsto; la concesión de licencias de explotación. En el contexto de los procesos de concesión de autorizaciones, los proyectos de interés común podrán comprender infraestructuras relacionadas en la medida en que ello sea esencial para la construcción o el funcionamiento del proyecto.

(34)

El presente Reglamento, en particular las disposiciones relativas a la concesión de autorizaciones, participación del público y ejecución de proyectos de interés común, será aplicable sin perjuicio del Derecho internacional y de la legislación de la Unión, incluidas las disposiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana, así como las disposiciones adoptadas en virtud de la política pesquera común y la política marítima integrada.

(35)

Por lo general, deben hacerse cargo de la totalidad de los costes de desarrollo, construcción, explotación y mantenimiento de los proyectos de interés común los usuarios de la infraestructura. Los proyectos de interés común deben poder beneficiarse de la distribución transfronteriza de los costes si una evaluación de la demanda del mercado o de los efectos esperados sobre las tarifas indica que no cabe esperar que se recuperen los costes mediante las tarifas pagadas por los usuarios de la infraestructura.

(36)

La base para el debate sobre la distribución adecuada de los costes debe estar constituida por el análisis de los costes y beneficios de un proyecto de infraestructura sobre la base de una metodología armonizada para un análisis de todo el sistema energético, en el marco de los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la UE elaborados por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte en virtud del Reglamento (CE) no 714/2009, y del Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (18), y revisada por la Agencia. Dicho análisis podría tomar en consideración los indicadores y los valores de referencia correspondientes para la comparación de los costes unitarios de inversión.

(37)

En un mercado interior de la energía cada vez más integrado, son necesarias normas claras y transparentes para la distribución transnacional de los costes, con el fin de acelerar la inversión en infraestructura transfronteriza. El Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 recordó la importancia de fomentar un marco de regulación atractivo para la inversión en redes, cuyas tarifas se fijen a niveles que guarden relación con las necesidades de financiación y para que los costes de las inversiones transfronterizas se repartan de manera adecuada, fomentando la competencia y la competitividad, y teniendo presentes las consecuencias que ello acarreará para los consumidores. Al decidir sobre la distribución transfronteriza de costes, las autoridades reguladoras nacionales deben velar por que su impacto en las tarifas nacionales no suponga una carga desproporcionada para los consumidores. Las autoridades reguladoras nacionales deben asimismo evitar los riesgos de duplicar el apoyo a los proyectos tomando en consideración las tasas y los ingresos reales o estimados. Estas tasas e ingresos deben tomarse en consideración solamente en la medida en que estén concebidos para cubrir los costes de que se trate y guarden la relación más estrecha posible con el proyecto. Si una solicitud de inversión toma en consideración beneficios más allá de las fronteras de los Estados miembros interesados, las autoridades reguladoras nacionales consultarán a los gestores de redes de transporte interesados sobre el análisis de costes y beneficios específico del proyecto.

(38)

La legislación en vigor sobre el mercado interior de la energía exige que las tarifas de acceso a las redes del gas y la electricidad constituyan incentivos adecuados para la inversión. Las autoridades reguladoras nacionales deben garantizar, cuando apliquen la legislación del mercado interior de la energía, un marco regulador estable y previsible con incentivos para proyectos de interés común, incluidos incentivos a largo plazo, que guarden relación con el nivel de riesgo específico del proyecto. Esto es aplicable en particular a las tecnologías de transporte de electricidad innovadoras que permitan una integración a gran escala de la energía renovable, de los recursos energéticos distribuidos o de la respuesta a la demanda en las redes interconectadas, así como a la infraestructura de transporte de gas que ofrezca una capacidad avanzada o una flexibilidad adicional al mercado que permita un comercio a corto plazo o un suministro de reserva en caso de interrupciones del suministro.

(39)

El presente Reglamento se aplicará solamente a la concesión de autorizaciones para proyectos de interés común con arreglo a la definición establecida en el mismo, la participación del público en estos proyectos y su tratamiento en el plano de la regulación. No obstante, los Estados miembros podrán aplicar, en virtud de su legislación nacional, las mismas normas o normas similares a otros proyectos no considerados proyectos de interés común en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. En lo relativo a los incentivos de regulación, los Estados miembros podrán aplicar, en virtud de su legislación nacional, las mismas normas o normas similares a proyectos de interés común pertenecientes a la categoría de almacenamiento de electricidad.

(40)

Los Estados miembros que actualmente no disponen de la consideración jurídica de asunto de máxima importancia posible a nivel nacional atribuible a proyectos de infraestructuras de energía en el contexto de los procesos de concesión de autorizaciones deben considerar la posibilidad de introducirla, en particular analizando si ello podría dar lugar a un proceso de concesión de autorizaciones más rápido.

(41)

El Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER), establecido mediante el Reglamento (CE) no 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), ha demostrado el valor añadido de impulsar la financiación privada mediante una importante ayuda financiera de la Unión que permita la ejecución de proyectos de importancia europea. El Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 reconoció que es posible que algunos proyectos de infraestructura energética tengan que percibir una financiación pública limitada a fin de completar la financiación privada. A la luz de la crisis económica y financiera y de las restricciones presupuestarias, el apoyo específico, a través de subvenciones e instrumentos financieros, debe desarrollarse dentro del próximo marco financiero plurianual, que atraerá a nuevos inversores a los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética, al tiempo que la contribución presupuestaria de la Unión se mantiene en un mínimo. Las medidas correspondientes deben tener en cuenta la experiencia adquirida durante la fase piloto tras la introducción de los bonos para la financiación de proyectos de infraestructura.

(42)

Los proyectos de interés común en los campos de la electricidad, el gas, el petróleo y el dióxido de carbono deben poder optar a la ayuda financiera de la Unión para estudios y, en determinadas condiciones, para trabajos tan pronto como se disponga de la correspondiente financiación en el marco del Reglamento pertinente relativo al Mecanismo «Conectar Europa», en forma de subvenciones o en forma de instrumentos financieros innovadores. Esto asegurará que se pueda proporcionar una ayuda a la medida a aquellos proyectos de interés común que no sean viables dentro del marco regulador y en las condiciones del mercado existentes. Es importante evitar cualquier distorsión de la competencia, en particular entre proyectos que contribuyan a la realización de los mismos corredores prioritarios de la Unión. Esta ayuda financiera debe asegurar las sinergias necesarias con los Fondos Estructurales, que financiarán las redes inteligentes de distribución de energía de importancia local o regional. Se aplica a los proyectos de interés común un enfoque compuesto de tres fases. En primer lugar, el mercado debe tener prioridad para invertir. En segundo lugar, si el mercado no efectúa inversiones, se deben examinar soluciones legislativas, ajustar en caso necesario el marco regulador aplicable y garantizar su correcta aplicación. En tercer lugar, si las dos fases anteriores no bastan para que se produzcan las inversiones necesarias en proyectos de interés común, podría concederse ayuda financiera de la Unión si el proyecto de interés común cumple los criterios de subvencionabilidad aplicables.

(43)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el desarrollo y la interoperabilidad de las redes transeuropeas de energía y la conexión a dichas redes, no puede ser logrado de manera suficiente por los Estados miembros y puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(44)

Procede, por lo tanto, modificar los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009 en consecuencia.

(45)

Procede, por lo tanto, derogar la Decisión no 1364/2006/CE.

a)

contempla la identificación de proyectos de interés común necesarios para desarrollar dichos corredores y aéreas prioritarios que entren dentro de las categorías de infraestructura energética de electricidad, gas, petróleo y dióxido de carbono que figuran en el anexo II («categorías de infraestructuras energéticas»);

b)

facilita la ejecución puntual de proyectos de interés común mediante la racionalización, una coordinación más estrecha y la aceleración de los procesos de concesión de autorizaciones, y mediante la mejora de la participación del público;

c)

establece normas y orientaciones para la distribución transfronteriza de los costes y de los incentivos relativos al riesgo para los proyectos de interés común;

d)

determina las condiciones de admisibilidad de los proyectos de interés común para la ayuda financiera de la Unión.

a)

un gestor de redes de transporte, un gestor de redes de distribución u otro operador o inversor que desarrolle un proyecto de interés común, o

b)

si se trata de varios gestores de redes de transporte, gestores de redes de distribución, otros operadores, inversores o cualquier grupo de estas categorías, la entidad dotada de personalidad jurídica en virtud de la legislación nacional aplicable que haya sido designada mediante un acuerdo contractual entre ellos y que tenga capacidad para contraer obligaciones jurídicas y asumir la responsabilidad financiera en nombre de las partes del acuerdo contractual;

a)

cada propuesta relativa a un proyecto de interés común exigirá la aprobación de los Estados miembros a cuyo territorio se refiera el proyecto; si un Estado miembro decide no conceder su aprobación, expondrá la debida motivación ante el Grupo Regional interesado;

b)

tendrá en cuenta el asesoramiento de la Comisión orientado a disponer de un número total manejable de proyectos de interés común.

a)

se asegurará de que solo se incluyan los proyectos que cumplan los criterios contemplados en el artículo 4;

b)

garantizará la coherencia transregional teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia contemplado en el anexo III, sección 2, punto 12;

c)

tendrá en cuenta las opiniones de los Estados miembros de conformidad con el anexo III, sección 2, punto 9, y

d)

tratará de que sea manejable el número total de proyectos de interés común de la lista de la Unión.

a)

el proyecto es necesario para al menos uno de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética;

b)

los beneficios totales potenciales del proyecto, evaluados de conformidad con los criterios específicos respectivos previstos en el apartado 2, superan a los costes, también a largo plazo, y

c)

el proyecto cumple con cualquiera de los siguientes criterios:

a)

en lo relativo a proyectos de transporte y almacenamiento de electricidad que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 1, letras a) a d), el proyecto deberá contribuir de forma significativa, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos:

b)

en cuanto a los proyectos de gas que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 2, el proyecto deberá contribuir de forma significativa, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos:

c)

en cuanto a los proyectos de las redes inteligentes de electricidad que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contemplada en el anexo II, punto 1, letra e), el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes:

d)

en cuanto a los proyectos de transporte de petróleo que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 3, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes:

e)

en cuanto a los proyectos de transporte de dióxido de carbono que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 4, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes:

a)

la urgencia de cada proyecto propuesto con vistas al cumplimiento de los objetivos de la política energética de la Unión en cuanto a integración del mercado, entre otras cosas poniendo fin al aislamiento de al menos un Estado miembro, y competencia, sostenibilidad y seguridad del suministro;

b)

el número de Estados miembros afectados por cada proyecto, garantizando la igualdad de oportunidades en lo relativo a los proyectos que interesen a Estados miembros periféricos;

c)

la contribución de cada proyecto a la cohesión territorial, y

d)

su complementariedad con otros proyectos propuestos.

a)

estudios de viabilidad y diseño;

b)

la aprobación de la autoridad reguladora nacional o de otra autoridad pertinente;

c)

la construcción y puesta en servicio, y

d)

el calendario para la concesión de autorizaciones a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 4, letra b).

a)

los progresos alcanzados en el desarrollo, construcción y puesta en servicio del proyecto, en particular en el marco de los procedimientos de concesión de autorizaciones y de consulta;

b)

si procede, los retrasos respecto al plan de ejecución, los motivos de estos retrasos y otras dificultades encontradas;

c)

si procede, un plan revisado para subsanar los retrasos.

a)

cuando sean aplicables las medidas a que se refiere el artículo 22, apartado 7, letras a), b) o c), de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE de conformidad con las legislaciones nacionales respectivas, las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se efectúen las inversiones;

b)

si las medidas de las autoridades reguladoras nacionales de conformidad con la letra a) no son aplicables, el promotor del proyecto elegirá a una tercera parte para financiar o construir el proyecto total o parcialmente. El promotor del proyecto actuará antes de que el retraso en relación con la fecha de puesta en servicio prevista en el plan de ejecución sea superior a dos años;

c)

si no se elige una tercera parte de conformidad con la letra b), el Estado miembro o, cuando el Estado miembro la haya dispuesto así, la autoridad reguladora nacional, en el plazo de dos meses a partir del vencimiento del plazo al que se hace referencia en la letra b), podrá designar a una tercera parte para financiar o construir el proyecto, que el promotor del proyecto deberá aceptar;

d)

si el retraso respecto a la fecha de puesta en servicio según el plan de ejecución supera los dos años y dos meses, la Comisión, con arreglo al acuerdo y con la plena cooperación de los Estados miembros interesados, podrá publicar una convocatoria de propuestas abierta a cualquier tercera parte que pueda llegar a ser promotor de proyecto para que construya el proyecto de acuerdo con un calendario de plazos convenido;

e)

cuando se apliquen las letras c) o d), el gestor de redes en cuya zona se localice la inversión facilitará a los operadores o inversores o a la tercera parte que ejecute el proyecto toda la información necesaria para realizar la inversión, conectará nuevos activos a la red de transporte y, en general, hará todo cuanto esté en su mano para facilitar la ejecución de la inversión, así como la explotación y el mantenimiento seguros, eficientes y fiables del proyecto de interés común.

a)

fomentará el proyecto o proyectos para los que haya sido designado coordinador europeo e impulsar el diálogo transfronterizo entre los promotores de proyecto y todas las partes interesadas;

b)

ayudará a todas las partes, cuando sea necesario, en las consultas a las partes interesadas y en la obtención de las autorizaciones necesarias para el proyecto o proyectos;

c)

si procede, asesorará a los promotores del proyecto sobre la financiación del proyecto;

d)

garantizará que se cuenta con el apoyo adecuado y la dirección estratégica por parte de los Estados miembros interesados para la preparación y ejecución del proyecto o proyectos;

e)

presentará todos los años y, si procede, a la conclusión de su mandato, un informe a la Comisión acerca del progreso del proyecto o proyectos y de cualquier dificultad u obstáculo que puedan llegar a representar un retraso importante para la fecha de entrada en servicio del proyecto o proyectos. La Comisión transmitirá el informe al Parlamento Europeo y a los Grupos interesados.

a)

la autoridad competente notifique a la Comisión dicha delegación y la información sea publicada por la autoridad competente o por el promotor de proyecto en el sitio web contemplado en el artículo 9, apartado 7;

b)

solamente una autoridad será responsable por cada proyecto de interés común, será el único punto de contacto para el promotor de proyecto en el procedimiento orientado a la decisión global relativa a un determinado proyecto de interés común, y coordinará la presentación de todos los documentos y la información pertinentes.

a)

El procedimiento previo a la solicitud, que cubrirá el período entre el comienzo del proceso de concesión de autorizaciones y la aceptación por parte de la autoridad competente del expediente de solicitud presentado, deberá tener lugar en un plazo indicativo de dos años.

Este procedimiento incluirá la preparación de los informes ambientales que deben elaborar los promotores de proyectos.

A efectos del establecimiento del comienzo del proceso de concesión de autorizaciones, los promotores de proyecto notificarán por escrito el proyecto a la autoridad competente de los Estados miembros de que trate, y acompañarán la notificación de una descripción razonablemente detallada del proyecto. En el plazo máximo de tres meses tras la recepción de la notificación, la autoridad competente, en nombre asimismo de otras autoridades interesadas, acusará recibo o, si considera que el proyecto no está suficientemente maduro para entrar en el proceso de concesión de autorizaciones, rechazará por escrito la notificación. En caso de rechazo, la autoridad competente deberá justificar su decisión, en nombre asimismo de otras autoridades interesadas. La fecha de firma del acuse de recibo de la notificación por parte de la autoridad competente se considerará el inicio del proceso de concesión de autorizaciones. Cuando afecte a dos o más Estados miembros, la aceptación de la última notificación por parte de la autoridad competente interesadas se considerará la fecha del inicio del proceso de concesión de autorizaciones.

b)

El procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario, que abarca el período desde la fecha de aceptación del expediente de solicitud presentado hasta que es adoptada la decisión global, no deberá superar un año y seis meses. Los Estados miembros podrán establecer una fecha límite más temprana para el plazo si lo consideran adecuado.

a)

tras acusar recibo de la notificación, con arreglo al apartado 1, letra a), la autoridad competente determinará, en estrecha cooperación con las demás autoridades interesadas y, si procede, sobre la base de una propuesta del promotor del proyecto, el nivel de contenido y de detalle de la información que deberá presentar el promotor de proyecto para solicitar la decisión global. Para ello se basará en la lista de control mencionada en el anexo VI, punto 1, letra e);

b)

la autoridad competente elaborará, en estrecha cooperación con el promotor de proyecto y otras autoridades interesadas y teniendo en cuenta los resultados de las actividades realizadas en virtud de la letra a), un calendario detallado para el proceso de concesión de autorizaciones con arreglo a las directrices fijadas en el anexo VI, punto 2.

En el caso de los proyectos que atraviesan la frontera entre dos o más Estados miembros, las autoridades competentes de los Estados miembros interesados prepararán un programa conjunto y ajustarán sus calendarios;

c)

a la recepción del proyecto de expediente de solicitud, la autoridad competente, en caso necesario y en nombre asimismo de otras autoridades interesadas, solicitará al promotor de proyecto que presente la información que falte, que solamente podrá referirse a asuntos señalados en la letra a). En el plazo de tres meses a partir de la presentación de la información que faltase, la autoridad competente admitirá a examen por escrito la solicitud. Las solicitudes de información adicional solamente podrán realizarse si están justificadas por nuevas circunstancias.

a)

un análisis de costes y beneficios específico del proyecto y coherente con la metodología elaborada en virtud del artículo 11, que tenga en cuenta los beneficios aportados más allá de las fronteras del Estado miembro de que se trate;

b)

un plan estratégico que evalúe la viabilidad financiera del proyecto, incluida la solución de financiación elegida y, para proyectos de interés común que entren dentro de la categoría establecida en el anexo II, punto 2, los resultados de las pruebas en el mercado, y

c)

si los promotores de proyecto llegan a un acuerdo al respecto, una propuesta motivada de distribución transfronteriza de los costes.

—

los ingresos derivados de la congestión u otras tasas,

—

los ingresos procedentes del mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte establecido con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) no 714/2009.

a)

una evaluación de los impactos identificados, incluidos los relativos a las tarifas de la red, en cada uno de los Estados miembros en cuestión;

b)

una evaluación del plan estratégico mencionado en el apartado 3, letra b);

c)

las externalidades positivas, a escala regional o de la Unión, que generaría el proyecto;

d)

los resultados de la consulta con los promotores de proyecto en cuestión.

a)

una exención de la aplicación de los artículos 32, 33, 34 y 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE;

b)

una exención de la aplicación del artículo 16, apartado 6, del Reglamento (CE) no 714/2009, o una exención de la aplicación del artículo 32 y del artículo 37, apartados 6 y 10, de la Directiva 2009/72/CE, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 714/2009;

c)

una exención en virtud del artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE (20), o

d)

una exención en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1228/2003 (21).

a)

una exención de la aplicación de los artículos 32, 33, 34 y del artículo 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE, o

b)

una exención de la aplicación del artículo 16, apartado 6, del Reglamento (CE) no 714/2009, o una exención de la aplicación del artículo 32 y del artículo 37, apartados 6 y 10, de la Directiva 2009/72/CE, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 714/2009;

c)

una exención en virtud del artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE, o

d)

una exención en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1228/2003.

a)

las normas para las inversiones anticipadoras, o

b)

las normas para el reconocimiento de costes eficientes realizados antes de la puesta en servicio del proyecto, o

c)

las normas para obtener un rendimiento adicional sobre el capital invertido para el proyecto, o

d)

cualquier otra medida considerada necesaria y adecuada.

a)

en relación con los incentivos mencionados en el apartado 1 sobre la base de una evaluación comparativa de las mejores prácticas de las autoridades reguladoras nacionales;

b)

en relación con una metodología común para evaluar los riesgos más elevados asumidos en las inversiones en proyectos de infraestructura de electricidad y gas.

a)

el análisis de costes y beneficios específico del proyecto, con arreglo al artículo 12, apartado 3, letra a), demuestra la existencia de externalidades positivas significativas, como la seguridad de suministro, la solidaridad o la innovación;

b)

el proyecto ha obtenido una decisión de distribución transfronteriza de los costes de conformidad con el artículo 12; o, en el caso de proyectos de interés común recogidos en la categoría que se establece en el anexo II, punto 1, letra c), y que, por lo tanto, no obtienen una decisión de distribución transfronteriza de los costes, el proyecto aspirará a ofrecer servicios transfronterizos, aportar innovación tecnológica y garantizar la seguridad del funcionamiento de la red transfronteriza;

c)

el proyecto es inviable desde el punto de vista comercial de acuerdo con el plan estratégico y otras evaluaciones realizadas, en particular, por inversores o acreedores potenciales o por la autoridad reguladora nacional. La decisión sobre los incentivos y su justificación contemplada en el artículo 13, apartado 2, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad comercial del proyecto.

a)

los avances realizados en la planificación, desarrollo, construcción y puesta en servicio de proyectos de interés común seleccionados de conformidad con el artículo 3 y, si procede, los retrasos en la ejecución y otras dificultades encontradas;

b)

los fondos comprometidos y desembolsados por la Unión para proyectos de interés común, comparados con el valor total de los proyectos de interés común financiados;

c)

por lo que respecta a los sectores de la electricidad y el gas, la evolución del nivel de interconexión entre Estados miembros, la evolución equivalente de los precios de la energía, así como el número de casos de fallos sistémicos de la red, sus causas y los costes económicos correspondientes;

d)

la concesión de autorizaciones y la participación del público, en particular:

e)

el tratamiento normativo, en particular:

f)

la eficiencia de la contribución del presente Reglamento a los objetivos de integración del mercado en 2014 y 2015, los objetivos para 2020 en materia de clima y energía y, a largo plazo, al paso a una economía hipocarbónica en 2050.

a)

información general actualizada, por ejemplo información geográfica, para cada proyecto de interés común;

b)

el plan de ejecución, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, para cada proyecto de interés común;

c)

los principales resultados de los análisis de costes y beneficios sobre la base de la metodología elaborada en virtud del artículo 11 para los proyectos de interés común en cuestión, excepto en el caso de la información sensible desde el punto de vista comercial;

d)

la lista de la Unión;

e)

los fondos asignados y desembolsados por la Unión para cada proyecto de interés común.

1)

El artículo 8 se modifica como sigue:

2)

El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 11

Costes

Los costes relacionados con las actividades de la REGRT de Electricidad mencionadas en los artículos 4 a 12 del presente Reglamento y en el artículo 11 del Reglamento (UE) no 347/2013 correrán a cargo de los gestores de redes de transporte y se tendrán en cuenta en el cálculo de las tarifas. Las autoridades reguladoras solo aprobarán dichos costes cuando sean razonables y proporcionados.».

3)

En el artículo 18 se inserta el apartado siguiente:

«4 bis.   La Comisión podrá adoptar orientaciones sobre la aplicación de la coordinación operativa entre los gestores de redes de transporte a escala de la Unión. Estas orientaciones serán coherentes con los códigos de red mencionados en el artículo 6 del presente Reglamento y se basarán en ellos y en las especificaciones adoptadas y el dictamen de la Agencia mencionado en el artículo 8, apartado 3, letra a), del presente Reglamento. Para adoptar estas orientaciones, la Comisión tendrá en cuenta los diferentes requisitos operativos regionales y nacionales.

Dichas orientaciones se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen mencionado en el artículo 23, apartado 3.».

4)

En el artículo 23, se añade el apartado siguiente:

«3.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (26).

1)

En el artículo 8, apartado 10, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

2)

El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 11

Costes

Los costes relacionados con las actividades de la REGRT de Electricidad mencionadas en los artículos 4 a 11 del presente Reglamento y en el artículo 12 del Reglamento (UE) no 347/2013 correrán a cargo de los gestores de redes de transporte y se tendrán en cuenta en el cálculo de las tarifas. Las autoridades reguladoras solo aprobarán dichos costes cuando sean razonables y proporcionados.».