9.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 274/1

(1)

El Reglamento (UE) no 236/2012 impone determinadas medidas en relación con las ventas en corto y las permutas de cobertura por impago. El artículo 42 del Reglamento (UE) no 236/2012 faculta a la Comisión para adoptar actos delegados con el fin de completar las disposiciones de dicho Reglamento, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El presente acto delegado completa y modifica determinados elementos no esenciales.

(2)

Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente vinculadas, ya que los umbrales de notificación y publicación y la determinación de las permutas de cobertura por impago descubiertas dependen de la definición y los métodos de cálculo de las posiciones cortas, mientras que las disposiciones relativas a los descensos significativos del valor de instrumentos financieros y al descenso de la liquidez de los mercados de deuda soberana y la determinación de los hechos adversos están inextricablemente ligadas. A fin de garantizar la coherencia entre las disposiciones relativas a las ventas en corto que deben entrar en vigor al mismo tiempo, resulta oportuno agrupar todas las disposiciones que requiere el Reglamento (UE) no 236/2012 en un único reglamento.

(3)

El Reglamento (UE) no 236/2012 contiene algunas definiciones. En aras de una mayor claridad y seguridad jurídica, deben adoptarse disposiciones adicionales en relación con las definiciones que figuran en el artículo 2, apartado 1, en particular para precisar en qué momento se considera que una persona física o jurídica posee un instrumento financiero a efectos de la definición de venta en corto y en qué momento una persona física o jurídica «tiene» acciones o instrumentos de deuda a efectos del Reglamento (UE) no 236/2012. Estas precisiones pretenden garantizar que el Reglamento (UE) no 236/2012 surta el efecto previsto de forma coherente, a pesar de los enfoques divergentes de las legislaciones de los Estados miembros. Los conceptos de propiedad y tenencia en relación con los valores no están actualmente armonizados en los Estados miembros, pero el ámbito de aplicación de las disposiciones del Reglamento (UE) no 236/2012 se limita a las ventas en corto y se entiende sin perjuicio de futuras iniciativas legislativas, como legislación de armonización.

(4)

El Reglamento (UE) no 236/2012 impone restricciones y obligaciones, tales como requisitos de notificación y publicación, a las personas físicas o jurídicas que mantienen o abren posiciones cortas netas en acciones y deuda soberana. Es posible mantener y valorar las posiciones largas y cortas en acciones y deuda soberana de diferentes maneras. Con el fin de garantizar un enfoque coherente y hacer efectiva la intención de las medidas sobre posiciones cortas en acciones y deuda soberana, es necesario, por tanto, precisar la forma de calcular las posiciones cortas netas. Las ventas en corto pueden efectuarse a través de instrumentos únicos o a través de cestas de deuda soberana, por lo que es necesario especificar la forma de tener en cuenta en estos cálculos las ventas en corto mediante cestas. A fin de garantizar un enfoque sólido para el cálculo de las posiciones cortas netas, es necesario aplicar, respecto a la especificación de las posiciones largas, un enfoque más restrictivo que respecto a las posiciones cortas en acciones. Puesto que el valor de algunos instrumentos financieros depende de las variaciones del precio de los instrumentos subyacentes, es necesario especificar la forma de tener en cuenta esta circunstancia. Se detalla el método ajustado por la delta porque se trata de una práctica generalmente aceptada.

(5)

Las posiciones cortas netas se calculan por referencia a las posiciones largas y cortas mantenidas por una persona física o jurídica. No obstante, las posiciones largas y cortas pueden ser mantenidas por diferentes entidades de un grupo o en diferentes fondos gestionados por un mismo gestor. Las posiciones cortas netas importantes pueden quedar ocultas al distribuirlas entre entidades de un grupo o entre diferentes fondos. Con objeto de reducir las posibilidades de elusión y velar por que la notificación y declaración de las posiciones cortas proporcionen una imagen precisa y representativa, conviene adoptar disposiciones más detalladas que especifiquen cómo deben calcularse las posiciones cortas netas en el caso de las entidades pertenecientes a un grupo y de los gestores de fondos. Para hacer efectivas estas disposiciones, es necesario precisar el significado de estrategia de inversión, a fin de aclarar qué posiciones cortas de entidades de un grupo y qué posiciones cortas de diferentes fondos deben agregarse. Asimismo, es necesario definir las actividades de gestión para clarificar qué posiciones cortas de fondos deben agregarse. A fin de garantizar que se lleven a cabo las notificaciones, es necesario especificar qué entidades de un grupo o de diferentes fondos deben efectuar los cálculos y proceder a las notificaciones.

(6)

El Reglamento (UE) no 236/2012 impone restricciones a la realización de operaciones con permutas de cobertura por impago soberano descubiertas, pero autoriza las permutas de cobertura por impago soberano cubiertas realizadas con fines legítimos de cobertura. Es posible cubrir una amplia variedad de activos y pasivos mediante permutas de cobertura por impago soberano, pero en muchos casos puede ser difícil distinguir entre cobertura legítima y especulación. Por consiguiente, es necesario precisar en mayor medida los casos en que las permutas de cobertura por impago soberano pueden considerarse cubiertas. Cuando deba precisarse una medida cuantitativa de correlación de forma sistemática, conviene utilizar un método sencillo, ampliamente aceptado y comprensible, como el coeficiente de correlación de Pearson, definido como el cociente entre la covarianza de dos variables y el producto de sus desviaciones típicas. Una correspondencia entre activos y pasivos que consiga una cobertura perfecta resulta difícil en la práctica, debido a las distintas características de los activos y pasivos y a la volatilidad de sus valores. El Reglamento (UE) no 236/2012 exige un enfoque proporcionado respecto de las medidas que se adopten y, a la hora de definir una permuta de cobertura por impago descubierta, es necesario, por tanto, especificar la forma de aplicar un enfoque proporcionado a los activos y pasivos cubiertos mediante una permuta de cobertura por impago cubierta. Si bien el Reglamento (UE) no 236/2012 no prescribe un grado de correlación específico para una posición cubierta en una permuta de cobertura por impago soberano, es necesario precisar que la correlación debe ser significativa.

(7)

En virtud del Reglamento (UE) no 236/2012, toda persona física o jurídica que mantenga una posición corta neta en deuda soberana que supere un determinado umbral debe notificarla a la autoridad competente pertinente. Así pues, es necesario fijar adecuadamente este umbral. No debe ser obligatorio notificar los valores mínimos que no tengan un impacto significativo en el mercado de deuda soberana pertinente; el umbral debe tener en cuenta, entre otras cosas, la liquidez de cada mercado de obligaciones y el stock de deuda soberana pendiente, así como los objetivos de la presente medida.

(8)

Los datos necesarios para el cálculo de los umbrales de notificación de las posiciones cortas netas en relación con la deuda soberana emitida no estarán disponibles en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Por tanto, los dos criterios utilizados para fijar los umbrales de notificación iniciales en la fecha de publicación deben ser, en primer lugar, el saldo vivo total de la deuda soberana emitida por el emisor soberano y, en segundo lugar, la existencia de un mercado líquido de futuros para esa deuda soberana. Deben adoptarse umbrales revisados cuando se disponga de los datos pertinentes sobre todos los criterios.

(9)

Cuando la liquidez de un mercado de deuda soberana descienda por debajo de un determinado umbral, pueden suspenderse temporalmente las restricciones impuestas a los inversores que realicen ventas en corto descubiertas de deuda soberana, a fin de fomentar la liquidez en ese mercado. Cuando se produzca un descenso significativo del valor de un instrumento financiero en una plataforma de negociación, las autoridades competentes pueden prohibir o restringir las ventas en corto o limitar de algún otro modo las operaciones con ese instrumento. Existe una amplia gama de instrumentos y es necesario especificar el umbral aplicable a cada una de las distintas clases de instrumentos financieros, teniendo en cuenta sus diferencias y las distintas volatilidades de sus mercados respectivos.

(10)

El presente Reglamento no especifica ningún umbral para que se considere significativo el descenso del valor de las participaciones de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) cotizados, excepto en el caso de los fondos cotizados que son OICVM, ya que, aunque este precio puede variar libremente en la plataforma de negociación, está sujeto, en virtud de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (2), a una norma que obliga a mantener los precios cercanos al valor de inventario neto del OICVM. Tampoco se especifica un umbral para que se considere significativo el descenso del valor de los instrumentos derivados distintos de los indicados en el presente Reglamento.

(11)

El presente Reglamento aclara las competencias de intervención tanto de las autoridades competentes pertinentes como de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), que fue creada y ejerce sus competencias de conformidad con el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), en caso de hechos o circunstancias adversos. Es preciso elaborar una lista de estos hechos a fin de garantizar un enfoque coherente, permitiendo a la vez la adopción de medidas adecuadas en caso de que se produzcan hechos o circunstancias adversos imprevistos.

(12)

Por motivos de seguridad jurídica, es necesario que el presente Reglamento entre en vigor el mismo día que el Reglamento Delegado (UE) no 919/2012 de la Comisión (4).

—

artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) no 236/2012, especificando en mayor medida las definiciones de propiedad y venta en corto,

—

artículo 3, apartado 7, del Reglamento (UE) no 236/2012, especificando en mayor medida los casos mencionados y el método de cálculo de las posiciones cortas netas y la definición de tenencia,

—

artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) no 236/2012, especificando en mayor medida las posiciones descubiertas en permutas de cobertura por impago soberano y los métodos de cálculo en el caso de entidades de un grupo y de actividades de gestión de fondos,

—

artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) no 236/2012, especificando en mayor medida el umbral de notificación aplicable a las posiciones cortas significativas en deuda soberana,

—

artículo 13, apartado 4, del Reglamento (UE) no 236/2012, especificando en mayor medida el umbral de liquidez para la suspensión de las restricciones sobre las ventas en corto de deuda soberana,

—

artículo 23, apartado 7, del Reglamento (UE) no 236/2012, especificando en mayor medida el significado de descenso significativo del valor de los instrumentos financieros distintos de las acciones líquidas,

—

artículo 30 del Reglamento (UE) no 236/2012, especificando en mayor medida los criterios y factores a tener en cuenta al determinar en qué casos se producen los hechos o circunstancias adversos a que se refieren los artículos 18 a 21 y el artículo 27, y las amenazas a que se refiere el artículo 28, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 236/2012.

a)

la venta de instrumentos financieros que hayan sido transferidos en virtud de un acuerdo de préstamo de valores o con pacto de recompra, a condición de que los valores se devuelvan o el cedente los recupere, de forma que la liquidación pueda efectuarse en la fecha de vencimiento;

b)

la venta de un instrumento financiero por una persona física o jurídica que haya comprado este instrumento antes de venderlo, pero sin haberlo recibido en el momento de la venta, a condición de que el instrumento financiero se entregue en un momento que permita efectuar la liquidación en la fecha de vencimiento;

c)

la venta de un instrumento financiero por una persona física o jurídica que haya ejercido una opción o un derecho similar sobre ese instrumento, a condición de que el instrumento financiero se entregue en un momento que permita efectuar la liquidación en la fecha de vencimiento.

a)

cuando la persona física o jurídica sea propietaria de la acción o el instrumento de deuda, de conformidad con el artículo 3, apartado 1;

b)

cuando tenga una pretensión ejecutoria a que se le transfiera la propiedad de la acción o el instrumento de deuda, de conformidad con la legislación aplicable a la venta pertinente.

a)

será irrelevante el hecho de haber acordado o no una liquidación en efectivo o la entrega física de los activos subyacentes;

b)

las posiciones cortas en instrumentos financieros que confieran un derecho sobre acciones no emitidas, derechos de suscripción, bonos convertibles y otros instrumentos comparables no se considerarán posiciones cortas a la hora de calcular la posición corta neta.

a)

tener en cuenta las posiciones de los fondos y carteras cuya gestión haya sido delegada por un tercero;

b)

excluir las posiciones de los fondos y carteras cuya gestión haya delegado en un tercero.

i)

ninguna entidad legal del grupo alcance o rebase el umbral de notificación o publicación,

ii)

tanto el propio grupo como alguna de las entidades legales del mismo alcancen o rebasen simultáneamente el umbral de notificación o publicación.

a)

cuando se trate de coberturas a efectos del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) no 236/2012, las posiciones en permutas de cobertura por impago soberano no se considerarán descubiertas a tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) no 236/2012 y podrán utilizarse para cubrir el riesgo de disminución del valor de los activos o pasivos correlacionado con el riesgo de disminución del valor de la deuda soberana a la que esté vinculada la permuta de cobertura por impago, cuando dichos activos o pasivos se refieran a entidades del sector público o privado del mismo Estado miembro;

b)

las posiciones en permutas de cobertura por impago soberano en las que los activos o pasivos se refieran a entidades del sector público o privado del mismo Estado miembro que el emisor soberano de referencia de la permuta de cobertura por impago no se considerarán descubiertas a tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) no 236/201 cuando:

c)

las posiciones en permutas de cobertura por impago soberano, en las que los activos o pasivos se refieran a un emisor soberano, y el emisor soberano de referencia de la permuta de cobertura por impago sea garante o accionista, no se considerarán descubiertas a tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) no 236/201 cuando:

a)

cuando exista una empresa matriz en un Estado miembro y una filial en otro Estado miembro y se haya concedido un préstamo a la filial; cuando la empresa matriz preste apoyo crediticio explícito o implícito a la filial, se permitirá la adquisición de permutas de cobertura por impago soberano en el Estado miembro de la empresa matriz y no en el de la filial;

b)

cuando una sociedad de cartera matriz posea o controle una filial de explotación en un Estado miembro diferente; si la sociedad matriz es la emisora del bono, pero los activos e ingresos cubiertos son propiedad de la filial, se permitirá adquirir permutas de cobertura por impago soberano vinculadas al Estado miembro de la filial;

c)

para cubrir una exposición frente a una sociedad establecida en un Estado miembro que haya invertido en deuda soberana de un segundo Estado miembro, en la medida en que, en caso de descenso significativo del valor de la deuda soberana del segundo Estado miembro, esa sociedad resultaría afectada de forma importante y a condición de que esté establecida en ambos Estados miembros; cuando la correlación entre este riesgo y la deuda del segundo Estado miembro sea mayor que la correlación entre este riesgo y la deuda del Estado miembro en que está establecida la sociedad, se permitirá adquirir permutas de cobertura por impago soberano vinculadas al segundo Estado miembro.

a)

cuando el deudor o la contraparte de un activo o pasivo cubierto sea una sociedad que realice actividades en toda la Unión o cuando la exposición cubierta se refiera a la Unión o a los Estados miembros cuya moneda es el euro, se permitirá cubrir esta exposición mediante un índice adecuado, europeo o de la zona del euro, de permutas de cobertura por impago de bonos soberanos;

b)

cuando la contraparte de un activo o pasivo cubierto sea un emisor supranacional, se permitirá cubrir el riesgo de contraparte mediante una cesta con una selección adecuada de permutas de cobertura por impago soberano vinculadas a los garantes o accionistas de la entidad.

a)

justificar ante dicha autoridad competente cuál de los supuestos previstos en el artículo 15 se cumplía en el momento de abrir la posición;

b)

demostrar a dicha autoridad competente la superación del test de correlación contemplado en el artículo 18 y el cumplimiento de los requisitos de proporcionalidad contemplados en el artículo 19 con respecto a esa posición en permutas de cobertura por impago soberano en cualquier momento mientras mantenga la posición.

a)

una posición larga en deuda soberana del emisor pertinente;

b)

toda posición o cartera utilizada en el contexto de la cobertura de exposiciones frente al emisor soberano al que esté vinculada la permuta de cobertura por impago;

c)

todo activo o pasivo que se refiera a entidades del sector público del Estado miembro a cuya deuda soberana esté vinculada la permuta de cobertura por impago; se incluyen aquí las exposiciones frente a administraciones centrales, regionales y locales, y frente a entidades del sector público, así como toda exposición garantizada por la entidad de referencia, incluidos los contratos financieros, las carteras de activos o de obligaciones financieras, o las operaciones de permuta de divisas o tipos de interés, en las cuales la permuta de cobertura por impago soberano se utilice como instrumento de gestión del riesgo de contraparte para cubrir las exposiciones frente a contratos financieros y de comercio exterior;

d)

las exposiciones frente a entidades del sector privado establecidas en el Estado miembro a que va vinculada la permuta de cobertura por impago soberano; estas exposiciones incluyen, entre otras, los préstamos, el riesgo de crédito de contraparte (incluida la exposición potencial caso de requerirse capital reglamentario para tal exposición), los títulos de crédito y las garantías; los activos y pasivos pueden incluir, por ejemplo, contratos financieros, carteras de activos o de obligaciones financieras, y operaciones de permuta de divisas o tipos de interés, en las cuales la permuta de cobertura por impago soberano se utilice como instrumento de gestión del riesgo de contraparte para cubrir las exposiciones frente a contratos financieros y de comercio exterior;

e)

toda exposición indirecta frente a cualquiera de las entidades mencionadas, asumida a través de la exposición frente a índices, fondos o entidades con fines especiales.

a)

el test de correlación cuantitativa se superará cuando se obtenga un coeficiente de correlación de Pearson de, al menos, el 70 % entre el precio de los activos o pasivos y el precio de la deuda soberana, calculado sobre una base histórica utilizando datos correspondientes a los días de negociación de un período mínimo de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se haya abierto la posición en la permuta de cobertura por impago soberano;

b)

el test de correlación cualitativa se superará cuando la correlación sea significativa, es decir, cuando la correlación se base en datos adecuados y no refleje una mera dependencia temporal; la correlación se calculará sobre una base histórica utilizando datos correspondientes a los días de negociación de un período mínimo de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se haya abierto la posición en la permuta de cobertura por impago soberano, aplicando una ponderación que dé más peso a los datos más recientes; se utilizará un período distinto si se demuestra que las condiciones imperantes en ese período eran similares a las existentes en el momento de abrir la posición en la permuta de cobertura por impago soberano o a las que podrían darse en el período de la exposición que se va a cubrir; en el caso de los activos que no tengan un precio de mercado líquido o que carezcan de un historial de precios suficientemente largo, se utilizará un valor sustitutivo adecuado.

a)

la exposición cubierta se refiere a una empresa que es propiedad del emisor soberano o si el emisor soberano posee una mayoría de su capital social con derecho de voto o es garante de las deudas de la empresa;

b)

la exposición cubierta se refiere a una administración regional, local o municipal del Estado miembro;

c)

la exposición cubierta se refiere a una empresa cuyos flujos de caja dependen de forma significativa de contratos de un emisor soberano o de un proyecto financiado o garantizado en gran medida por un emisor soberano (por ejemplo, un proyecto de infraestructura).

a)

el tamaño de la posición nominal;

b)

el ratio de sensibilidad de las exposiciones frente a las obligaciones del emisor soberano a que se refiere la permuta de cobertura por impago;

c)

la naturaleza dinámica o estática de la estrategia de cobertura.

a)

los umbrales que no requerirán la notificación de las posiciones cortas netas de un valor mínimo en ningún emisor soberano;

b)

el saldo vivo total de la deuda soberana de un emisor soberano y el tamaño medio de las posiciones mantenidas por los participantes en el mercado en relación con la deuda soberana de dicho emisor;

c)

la liquidez del mercado de deuda soberana de cada emisor soberano, incluida, en su caso, la liquidez del mercado de futuros para dicha deuda soberana.

a)

un umbral inicial del 0,1 %, aplicable cuando el saldo vivo total de la deuda soberana emitida esté comprendido entre 0 y 500000 millones EUR;

b)

un umbral del 0,5 %, aplicable cuando el saldo vivo total de la deuda soberana emitida sea superior a 500000 millones EUR o cuando exista un mercado de futuros líquido para la deuda soberana en cuestión.

a)

añadiendo cada vez un 0,05 % al umbral de notificación inicial del 0,1 %, empezando en 0,15 %;

b)

añadiendo cada vez un 0,25 % al umbral inicial del 0,5 %, empezando en 0,75 %.

a)

una disminución igual o superior al 10 % del precio de la acción, cuando esta esté incluida en el principal índice bursátil nacional y constituya el instrumento financiero subyacente de un contrato de derivados admitido a negociación en una plataforma de negociación;

b)

una disminución igual o superior al 20 % del precio de la acción, cuando este precio sea igual o superior a 0,50 EUR, o el equivalente en la moneda local;

c)

una disminución igual o superior al 40 % del precio de la acción en todos los demás casos.

a)

problemas graves de índole financiera, monetaria o presupuestaria que puedan dar lugar a inestabilidad financiera en relación con un Estado miembro, un banco u otra entidad financiera considerada importante para el sistema financiero mundial, como compañías de seguros, proveedores de infraestructuras de mercado y sociedades de gestión de activos que operen dentro de la Unión, cuando ello pueda representar una amenaza para el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o para la estabilidad del sistema financiero de la Unión;

b)

una decisión de calificación o un impago de un Estado miembro, un banco u otra entidad financiera considerada importante para el sistema financiero mundial, como compañías de seguros, proveedores de infraestructuras de mercado y sociedades de gestión de activos que operen dentro de la Unión, que genere o permita razonablemente suponer que va a generar una grave incertidumbre sobre su solvencia;

c)

fuertes presiones para la venta o una volatilidad inusual que provoque una importante espiral bajista de los instrumentos financieros relacionados con los bancos u otras entidades financieras consideradas importantes para el sistema financiero mundial, como compañías de seguros, proveedores de infraestructuras de mercado y sociedades de gestión de activos que operen dentro de la Unión, así como con emisores soberanos, en su caso;

d)

daños de consideración en las estructuras físicas de emisores financieros importantes, las infraestructuras de mercado, los sistemas de compensación y liquidación y las autoridades de supervisión, que puedan afectar negativamente a los mercados, en particular cuando los daños sean el resultado de un desastre natural o de un atentado terrorista;

e)

perturbaciones significativas de un sistema de pago o de un proceso de liquidación, en particular en el contexto de operaciones interbancarias, que causen o puedan causar fallos o retrasos importantes en los pagos o en la liquidación en los sistemas de pago de la Unión, especialmente cuando puedan dar lugar a la propagación de tensiones financieras o económicas a los bancos u otras entidades financieras consideradas importantes para el sistema financiero mundial, como compañías de seguros, proveedores de infraestructuras de mercado y sociedades de gestión de activos, o a un Estado miembro.

a)

cualquier amenaza de inestabilidad financiera, monetaria o presupuestaria grave en relación con un Estado miembro o el sistema financiero de un Estado miembro, cuando ello pueda poner seriamente en peligro el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o de una parte del sistema financiero de la Unión;

b)

la posibilidad de impago de cualquier Estado miembro o emisor supranacional;

c)

cualquier daño grave en las estructuras físicas de emisores financieros importantes, las infraestructuras de mercado, los sistemas de compensación y liquidación y las autoridades de supervisión, que puedan afectar gravemente a los mercados transfronterizos, en particular cuando los daños sean el resultado de un desastre natural o de un atentado terrorista, si ello puede poner en peligro el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o de una parte del sistema financiero de la Unión;

d)

cualquier perturbación grave de un sistema de pago o de un proceso de liquidación, en particular en el contexto de operaciones interbancarias, que cause o pueda causar fallos o retrasos importantes en los pagos o en la liquidación en los sistemas de pago transfronterizos de la Unión, especialmente cuando pueda dar lugar a la propagación de tensiones financieras o económicas en el conjunto o una parte del sistema financiero de la Unión.

9.10.2012   

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L 274/16

(1)

El método de cálculo del descenso significativo del valor de los instrumentos financieros que figuran en el anexo I, sección C, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (2), debe adaptarse a las diferentes maneras en que se refleja dicho descenso en función del tipo de instrumento financiero de que se trate. Ese método podrá basarse en un descenso real del precio del instrumento financiero, un aumento del rendimiento de un instrumento de deuda emitido por una empresa o un aumento del rendimiento a lo largo de la curva de rendimientos de los instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos.

(2)

El presente Reglamento debe leerse en relación con el Reglamento Delegado (UE) no 918/2012 de la Comisión (3), que define los umbrales aplicables al descenso significativo del valor de acciones no líquidas, instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos y empresas, fondos cotizados, instrumentos del mercado monetario y derivados cuyo único instrumento financiero subyacente se negocia en una plataforma de negociación. Por tanto, el presente Reglamento debe limitarse a especificar el método de cálculo del descenso significativo del valor de estos instrumentos.

(3)

A fin de garantizar la coherencia y la seguridad jurídica para los participantes en el mercado y las autoridades competentes, resulta oportuno que la fecha de aplicación del presente Reglamento sea la misma que la del Reglamento (UE) no 236/2012 y la del Reglamento Delegado (UE) no 918/2012.

(4)

Puesto que el Reglamento (UE) no 236/2012 reconoce la necesidad de adoptar normas técnicas vinculantes antes de que el Reglamento pueda aplicarse de forma efectiva, y habida cuenta de que es fundamental especificar antes del 1 de noviembre de 2012 los elementos no esenciales necesarios para facilitar el cumplimiento de dicho Reglamento por los participantes en el mercado y su aplicación por las autoridades competentes, conviene que el presente Reglamento entre en vigor el día siguiente al de su publicación.

(5)

El presente Reglamento se basa en el proyecto de normas técnicas reglamentarias presentado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.

(6)

La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre el proyecto de normas técnicas reglamentarias en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (4).

a)

acciones no líquidas;

b)

los siguientes instrumentos financieros no derivados:

c)

derivados cuyo único subyacente es un instrumento financiero negociado en una plataforma de negociación.

9.10.2012   

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L 274/18

(1)

El Reglamento (UE) no 44/2012 del Consejo, de 17 de enero de 2012, por el que se establecen para 2012 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales (2), fija las cantidades de atún rojo que los buques pesqueros de la Unión Europea pueden pescar en 2012 en el océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y en el mar Mediterráneo.

(2)

El Reglamento (CE) no 302/2009 del Consejo, de 6 de abril de 2009, por el que se establece un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo, se modifica el Reglamento (CE) no 43/2009 y se deroga el Reglamento (CE) no 1559/2007 (3), exige que los Estados miembros comuniquen a la Comisión la cuota asignada a cada uno de sus buques de más de 24 metros y, en lo que concierne a los buques de captura de menos de 24 metros, al menos la cuota asignada a las organizaciones de productores o a los grupos de buques que faenan con aparejos similares.

(3)

La política pesquera común tiene por objeto garantizar la viabilidad del sector pesquero a largo plazo a través de la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos sobre la base del principio de precaución.

(4)

De conformidad con el artículo 36, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1224/2009, cuando la Comisión, basándose en la información que deben proporcionar los Estados miembros y en otra información que obre en su posesión, considere que se han agotado las posibilidades de pesca de la Unión Europea, de un Estado miembro o de un grupo de Estados miembros para uno o más artes o flotas, debe informar de ello a los Estados miembros interesados y prohibir las actividades pesqueras para la zona, el arte de pesca, la población o el grupo de poblaciones de que se trate o para la flota dedicada a esas actividades pesqueras concretas.

(5)

La información que obra en poder de la Comisión indica que han quedado agotadas las posibilidades de pesca de atún rojo en el océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y en el mar Mediterráneo asignadas a los palangreros con pabellón o matrícula de Chipre.

(6)

El 22 de agosto de 2012, Chipre comunicó a la Comisión que había decretado el cese de las actividades pesqueras de sus palangreros activos en la pesquería de atún rojo de 2012. El 5 de septiembre, Chipre comunicó a la Comisión que este cese surtía efecto desde las 9.39 horas del 22 de agosto de 2012.

(7)

Sin perjuicio de la mencionada actuación de Chipre, es necesario que la Comisión confirme la prohibición de la pesca de atún rojo en el océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y en el mar Mediterráneo a partir del 22 de agosto de 2012 a las 9.39 horas para los palangreros con pabellón o matrícula de Chipre.

9.10.2012   

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L 274/20

(1)

En el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.

(2)

El 27 de septiembre de 2012, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió retirar a una persona física de su lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos, tras considerar las peticiones para que se le excluyera de esta lista presentadas por esta persona y el informe exhaustivo del Defensor del Pueblo realizado con arreglo a la Resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

(3)

El anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 debe modificarse en consecuencia.

9.10.2012   

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L 274/22

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

9.10.2012   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 274/24

(1)

La sección 4.2 del anexo I de la Directiva 86/297/CEE del Consejo (2) establece disposiciones generales para las tomas de fuerza delanteras. El cuadro 2 de dicho anexo prevé la aplicación de la norma ISO 8759-1:1998 a categorías de tractores equipados con una toma de fuerza delantera; dicha norma también establece dimensiones para el emplazamiento de la toma de fuerza delantera. No obstante, dichos requisitos relativos al emplazamiento no son compatibles con un gran número de tractores agrícolas y forestales debido a las nuevas prescripciones sobre diseño.

(2)

Los requisitos relativos a las tomas de fuerza delanteras establecidos en la Directiva 86/297/CEE solo tratan aspectos relacionados con la seguridad, a saber, el emplazamiento, los requisitos relativos a la protección y la zona despejada de la toma de fuerza. El emplazamiento de la toma de fuerza establecido por la Directiva 86/297/CEE no es compatible con varias categorías de tractores disponibles actualmente en el mercado y sus instrumentos y equipo. El cuadro 2 del anexo I de la Directiva 86/297/CEE ya exime a las categorías de tractores T4.1 y T4.3 del cumplimiento de los requisitos relativos al emplazamiento.

(3)

No pueden cumplir dichos requisitos los tractores de las categorías T1, T2, T3, T4.2 y T5, además de los de las categorías T4.1 y T4.3 exentos actualmente de cumplir los requisitos del apartado 4.2 de la norma ISO 8759-1:1998.

(4)

Varios tractores pueden equiparse con tipos especiales de toma de fuerza, a los que no se aplica la norma ISO 8759-1:1998.

(5)

En el caso de los tractores de categoría T3, la norma solo se aplica cuando el tractor está equipado con una toma de fuerza especificada en dicha norma. No obstante, otras categorías de vehículos, como los T2 y determinados tractores T1 de pequeño tamaño pueden equiparse con tipos especiales de toma de fuerza, que no están contemplados por la norma. En consecuencia, la exención del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 8759-1:1998 debe ampliarse también a las categorías de tractores T1 y T2.

(6)

En las categorías C correspondientes se experimenta el mismo tipo de dificultades.

(7)

Como las especificaciones de la norma ISO 8759-1:1998, con excepción de su apartado 4.2, deben aplicarse a los tractores de todas las categorías T y C equipados con tomas de fuerza delanteras, el cuadro 2 resulta innecesario, por lo que debe suprimirse.

(8)

Por tanto, procede modificar en consecuencia la Directiva 86/297/CEE.

(9)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité establecido en el artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2003/37/CE.

1)

El punto 4.2 se sustituye por el texto siguiente:

«4.2.   Disposiciones relativas a las tomas de fuerza delanteras

Las especificaciones de la norma ISO 8759-1:1998, con excepción de su apartado 4.2, se aplican a los tractores de todas las categorías T y C equipados con tomas de fuerza delanteras como se especifica en dicha norma.».

2)

Se suprime el cuadro 2.

9.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 274/26

(1)

Por carta registrada en la Comisión el 3 de febrero de 2012, Hungría solicitó autorización para aplicar, desde el 1 de julio de 2012 y durante un período de dos años, una medida de excepción al artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE, en el que se designa a la persona deudora del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las autoridades tributarias. En su carta, Hungría aseguró que no trataría de solicitar una renovación de dicha autorización.

(2)

De conformidad con el artículo 395, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE, la Comisión informó a los demás Estados miembros de la solicitud realizada por Hungría mediante carta de 26 de abril de 2012 y por carta de 2 de mayo de 2012, de que obraba en su poder toda la información que consideraba necesaria para examinar su solicitud. La Comisión presentó el 29 de junio de 2012 su propuesta de autorización para aplicar la medida de excepción.

(3)

Por regla general, el deudor del IVA es el sujeto pasivo que efectúa la entrega de los bienes, de conformidad con el artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE. La finalidad de la excepción solicitada por Hungría es que, por un período limitado, el deudor pase a ser el sujeto pasivo destinatario de las entregas de determinados productos agrícolas sin elaborar del sector de los cereales y de las semillas oleaginosas.

(4)

Hungría ha podido constatar en dichos sectores que una serie de operadores practican diversas formas de evasión fiscal, tanto a escala nacional como en el contexto de los intercambios intracomunitarios, eludiendo el pago a las autoridades tributarias del IVA que han repercutido en sus entregas. Sus clientes, en la medida en que sean sujetos pasivos con pleno derecho a deducción, siguen estando autorizados a deducir el IVA.

(5)

Designar como deudor del IVA al sujeto pasivo destinatario de los bienes entregados, en lugar del proveedor, constituiría una medida temporal de urgencia que tendría por efecto poner fin a este tipo de evasión fiscal. Para que sea efectiva la medida, esta debe aplicarse a la cosecha de 2012. Terminaría tras un período de dos años que debe ser suficiente para que Hungría adopte en el sector agrícola medidas definitivas y compatibles con la Directiva 2006/112/CE, que puedan evitar y combatir este tipo de evasión.

(6)

Para evitar que la evasión fiscal se desplace a la fase de transformación, o a otros productos o sectores, resulta oportuno que Hungría imponga medidas de control y obligaciones en materia de declaración adecuadas y que las notifique a la Comisión.

(7)

A fin de garantizar que la medida se aplique exclusivamente a determinados productos agrícolas específicos y de velar por su seguridad jurídica, procede que los productos cubiertos por la presente medida se determinen utilizando la nomenclatura combinada contemplada en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (2).

(8)

La medida es proporcionada a los objetivos perseguidos ya que está limitada en el tiempo y no se aplica de forma general, sino que afecta exclusivamente a unos productos determinados con exactitud que normalmente no se destinan al consumo final en estado transformado, y en relación con los cuales la evasión fiscal ha causado importantes pérdidas de ingresos en concepto de IVA.

(9)

Esta medida especial no tiene repercusiones negativas sobre los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

9.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 274/28

(1)

El 13 de septiembre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/570/UE, Euratom, por la que se nombra a los miembros del Comité Económico y Social Europeo para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2010 y el 20 de septiembre de 2015 (1).

(2)

Ha quedado vacante un cargo de miembro del Comité Económico y Social Europeo a raíz del término del mandato del Sr. Andreas LOUROUTZIATIS.

9.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 274/29

(1)

El 22 de diciembre de 2009 y el 18 de enero de 2010, el Consejo adoptó las Decisiones 2009/1014/UE (1) y 2010/29/UE (2) por las que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de enero de 2015.

(2)

Han quedado vacantes seis cargos de miembros del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato del Sr. Decebal ARNĂUTU, la Sra. Veronica DIACONU, la Sra. Edita Emőke LOKODI, el Sr. Constantin OSTAFICIUC, el Sr. Vasile SAVA y el Sr. Gheorghe Bunea STANCU. Han quedado vacantes cinco cargos de suplentes del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato del Sr. Árpád Szabolcs CSEHI, el Sr. Gheorghe FLUTUR, la Sra. Mariana MIRCEA, el Sr. Mircia MUNTEAN y la Sra. Ioana TRIFOI.

a)

como miembros a:

y

b)

como suplentes a:

9.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 274/30

(1)

El 17 de noviembre de 2009, la Comisión otorgó al Comité de responsables europeos de reglamentación de valores (CERV), cuyas tareas han sido asumidas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados —creada el 1 de enero de 2011 en virtud del Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (2) (AEVM) —, un mandato por el que requería su asesoramiento sobre la evaluación técnica del marco jurídico y de supervisión vigente en Australia para las agencias de calificación crediticia.

(2)

En su dictamen, emitido el 18 de abril de 2012, la AEVM proponía que el marco jurídico y de supervisión de Australia con respecto a las agencias de calificación crediticia fuera considerado equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) no 1060/2009.

(3)

De conformidad con el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1060/2009, para que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país se considere equivalente al Reglamento (CE) no 1060/2009, han de darse necesariamente tres condiciones.

(4)

Con arreglo a la primera condición, las agencias de calificación crediticia del tercer país considerado deben estar sujetas a autorización o registro y a una supervisión y un control de cumplimiento efectivos de manera continuada. En Australia, el marco jurídico y de supervisión en relación con las agencias de calificación crediticia se introdujo el 1 de enero de 2010. Todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, a saber, la Ley de Sociedades [Corporations Act (2001)] y la Ley de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones [Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Act (2001)] han entrado en vigor. De conformidad con el citado marco regulador, las agencias de calificación crediticia tienen la obligación de registrarse y están sujetas a la supervisión continuada de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). El marco jurídico y de supervisión de Australia confiere a la ASIC poderes suficientes para permitir una supervisión y un control de cumplimiento efectivos respecto de las agencias de calificación crediticia, y la faculta para sancionar a aquellas agencias que infrinjan la normativa aplicable. La ASIC puede así obtener un mandato para proceder a la incautación de libros que las agencias de calificación no hayan presentado. Asimismo puede, al amparo del oportuno mandato emitido por la autoridad judicial competente, efectuar registros de los locales de las agencias de calificación. Además, la Ley de Sociedades faculta a la ASIC para que solicite a un tribunal federal la orden de revocación de la autorización de cualquier agencia de calificación crediticia. Una vez revocada la autorización, la ASIC puede solicitar a los tribunales que dicten una orden en virtud de la cual se prohíba de manera permanente a la agencia de calificación considerada la emisión de calificaciones crediticias en Australia. La Ley de Sociedades autoriza también a la ASIC a solicitar una orden con vistas a poner fin a toda conducta ilícita de una agencia de calificación, o a imponer multas en caso de vulneración de cualquiera de las obligaciones previstas en la legislación pertinente en materia de servicios financieros. El acuerdo de cooperación celebrado entre la AEVM y la ASIC prevé el intercambio de información en lo que se refiere a las medidas de supervisión y coercitivas adoptadas contra agencias de calificación crediticia de ámbito transfronterizo.

(5)

Con arreglo a la segunda condición, las agencias de calificación crediticia del tercer país deben estar sujetas a normas jurídicamente vinculantes equivalentes a las establecidas en los artículos 6 a 12 y el anexo I del Reglamento (CE) no 1060/2009. El marco jurídico y de supervisión australiano satisface los objetivos del marco regulador de la UE aplicable a las agencias de calificación crediticia en lo que respecta a la gestión de los conflictos de intereses. La obligación de gestión de los conflictos de intereses que impone la legislación australiana (Ley ASIC) incluye otra serie de requisitos de organización en relación, concretamente, con la externalización, la conservación de la documentación y la confidencialidad. En lo que atañe al gobierno corporativo, las condiciones de autorización de la ASIC exigen que las agencias de calificación crediticia estén organizadas de modo que sus intereses comerciales no menoscaben la independencia y la exactitud de sus actividades de calificación crediticia. El marco regulador de Australia exige asimismo que las agencias de calificación establezcan una función de revisión rigurosa de los métodos de calificación y prevé toda una serie de requisitos de información relativos a las calificaciones de crédito y a las actividades de calificación. Así pues, el marco jurídico y de supervisión australiano satisface los objetivos del Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre la gestión de los conflictos de intereses, los procesos y procedimientos organizativos de que deben dotarse las agencias de calificación crediticia, la calidad de las calificaciones y de los métodos de calificación, la divulgación de las calificaciones y la información general y periódica sobre las actividades de calificación crediticia. El citado marco ofrece, por tanto, protección equivalente en cuanto a la integridad, transparencia y buena gobernanza de las agencias de calificación crediticia, así como a la fiabilidad de las actividades de calificación crediticia.

(6)

Con arreglo a la tercera condición, el régimen regulador del tercer país debe impedir la interferencia de las autoridades de supervisión y de otras autoridades públicas de ese país con el contenido de los métodos y las calificaciones crediticias. Toda interferencia de ese tipo con las calificaciones de crédito y los métodos de calificación sería contraria a los objetivos del capítulo 7 de la Ley de Sociedades australiana de 2001 y asimismo a los objetivos de la ASIC. Ni la ASIC ni ninguna otra autoridad pública tiene el poder de interferir en el contenido de las calificaciones y los métodos de calificación.

(7)

A la luz de los factores examinados, se considera que el marco jurídico y de supervisión vigente en Australia para las agencias de calificación crediticia reúne las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1060/2009. En consecuencia, el citado marco jurídico y de supervisión debe considerarse equivalente al marco jurídico y de supervisión que establece el Reglamento (CE) no 1060/2009. La Comisión, en colaboración con la AEVM, seguirá supervisando la evolución del marco jurídico y de supervisión de Australia aplicable a las agencias de calificación crediticia y el cumplimiento de las condiciones sobre la base de las cuales se ha adoptado la presente Decisión.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité europeo de valores.

9.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 274/32

(1)

El 12 de junio de 2009, la Comisión otorgó al Comité de responsables europeos de reglamentación de valores (CERV), cuyas tareas han sido asumidas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados —creada el 1 de enero de 2011 en virtud del Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (2) (AEVM)—, un mandato por el que requería su asesoramiento experto sobre la evaluación técnica del marco jurídico y de supervisión vigente en los Estados Unidos de América para las agencias de calificación crediticia.

(2)

En su primer dictamen, emitido el 21 de mayo de 2010, el CERV destacó dos ámbitos (relativos a la calidad de los métodos de calificación y las calificaciones crediticias y a la divulgación de estas) en los que persistían diferencias importantes entre el marco normativo estadounidense y el de la Unión. Posteriormente, tras la entrada en vigor de la Ley Dodd-Frank de Protección del Consumidor y Reforma de Wall Street el 21 de julio de 2010, la AEVM ha actualizado su asesoramiento técnico a la Comisión, indicando que el marco jurídico y de supervisión de los EE. UU. en lo que respecta a las agencias de calificación crediticia puede considerarse ahora equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) no 1060/2009.

(3)

De conformidad con el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1060/2009, para que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país se considere equivalente al Reglamento (CE) no 1060/2009, han de darse necesariamente tres condiciones.

(4)

Con arreglo a la primera condición, las agencias de calificación crediticia del tercer país considerado deben estar sujetas a autorización o registro y a una supervisión y un control de cumplimiento efectivos de manera continuada. El marco jurídico y de supervisión a que están sujetas las agencias de calificación crediticia en los EE. UU. consta de la Ley de Reforma de las Agencias de Calificación Crediticia (Credit Rating Agency Reform Act) de 2006 (en lo sucesivo, «Ley de Agencias de Calificación»), cuyo objeto es mejorar la calidad de las calificaciones, fomentando la rendición de cuentas, la transparencia y la competencia en el sector de la calificación crediticia, con el fin de proteger a los inversores y en aras del interés general, y los artículos 15 E (3), 17 (4) y 21 B a) (5) de la Ley de la Bolsa de Valores (Securities Exchange Act, en lo sucesivo, «Ley de Bolsa»). Las disposiciones de la Ley de Agencias de Calificación pasaron a ser aplicables a partir de la adopción por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), en junio de 2007, de una serie de disposiciones de aplicación de un programa de registro y supervisión de las agencias de calificación crediticia que se inscriban como organizaciones de calificación estadística reconocidas a nivel nacional (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, NRSRO). Para que se permita la utilización de sus calificaciones con fines reglamentarios, las agencias de calificación crediticia deben registrarse en la SEC y quedan sujetas a la supervisión permanente de esta. Las amplias facultades de supervisión conferidas a la SEC le permiten investigar si las agencias de calificación crediticia cumplen con sus obligaciones legales. La SEC está facultada, entre otras cosas, para acceder a la documentación, llevar a cabo investigaciones y realizar inspecciones in situ, así como exigir acceso a los archivos de grabaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas. La SEC puede ejercer las citadas facultades no solo respecto de las agencias de calificación crediticia, sino también respecto de otras personas que intervengan en actividades de calificación crediticia. De acuerdo con el artículo 15 E (p) (3) (A) de la Ley de Bolsa, la SEC está obligada a efectuar un examen de cada NRSRO al menos una vez al año, y a informar de los resultados de esos exámenes (6). En caso de que la SEC determine que una NRSRO ha infringido alguna de las obligaciones que se derivan del marco reglamentario pertinente, puede adoptar un amplio abanico de medidas de supervisión para poner fin a la infracción. Entre estas medidas cabe citar la posibilidad de proceder a la baja registral, de suspender la utilización de las calificaciones con fines reglamentarios y de ordenar a las agencias de calificación crediticia que pongan fin a la infracción. La SEC también puede imponer severas sanciones a las agencias de calificación crediticia que incumplan los requisitos pertinentes. Así pues, las NRSRO están sujetas a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos de manera continuada. El acuerdo de cooperación celebrado entre la AEVM y la SEC prevé el intercambio de información en lo que se refiere a las medidas de supervisión y coercitivas adoptadas contra agencias de calificación crediticia de ámbito transfronterizo.

(5)

Con arreglo a la segunda condición, las agencias de calificación crediticia del tercer país deben estar sujetas a normas jurídicamente vinculantes equivalentes a las establecidas en los artículos 6 a 12 y el anexo I del Reglamento (CE) no 1060/2009. El marco jurídico y de supervisión estadounidense satisface los objetivos del Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre la gestión de los conflictos de intereses, los procesos y procedimientos organizativos de que deben dotarse las agencias de calificación crediticia, la calidad de las calificaciones y de los métodos de calificación, la divulgación de las calificaciones y la información general y periódica sobre las actividades de calificación crediticia. Así pues, el citado marco ofrece protección equivalente en cuanto a la integridad, transparencia y buena gobernanza de las agencias de calificación crediticia, así como a la fiabilidad de las actividades de calificación crediticia.

(6)

Con arreglo a la tercera condición, el régimen regulador del tercer país debe impedir la interferencia de las autoridades de supervisión y de otras autoridades públicas de ese país con el contenido de los métodos y las calificaciones crediticias. En este sentido, cabe señalar que la legislación prohíbe a la SEC y a cualquier otra autoridad pública de los EE. UU. interferir con el contenido de las calificaciones y los métodos de calificación.

(7)

A la luz de los factores examinados, se considera que el marco jurídico y de supervisión vigente en EE. UU. para las agencias de calificación crediticia reúne las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1060/2009. En consecuencia, el citado marco jurídico y de supervisión debe considerarse equivalente al marco jurídico y de supervisión que establece el Reglamento (CE) no 1060/2009. La Comisión, en colaboración con la AEVM, seguirá supervisando la evolución del marco jurídico y de supervisión de los EE.UU. aplicable a las agencias de calificación crediticia y el cumplimiento de las condiciones sobre la base de las cuales se ha adoptado la presente Decisión.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité europeo de valores.