30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/1

(1)

El Reglamento (CEE) no 737/90 del Consejo, de 22 de marzo de 1990, relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobil (1), ha sido modificado en diversas ocasiones (2) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

Como consecuencia del accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernobil, se han dispersado en la atmósfera cantidades considerables de elementos radiactivos.

(3)

Sin perjuicio del recurso, que pueda tener lugar en el futuro, en la medida de lo necesario, a las disposiciones del Reglamento (Euratom) no 3954/87 del Consejo, de 22 de diciembre de 1987, por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los productos alimenticios y los piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica (3), la Comunidad debe garantizar, por lo que respecta a las consecuencias específicas del accidente de Chernobil, que los productos agrícolas y transformados destinados a la alimentación humana que pudiesen contaminarse, solo puedan ser introducidos en la Comunidad con arreglo a las modalidades comunes.

(4)

Es preciso que esas modalidades comunes salvaguarden la salud de los consumidores, preserven la unidad del mercado sin que ello sea en menoscabo de los intercambios entre la Comunidad y los terceros países, y eviten las desviaciones del tráfico comercial.

(5)

El respeto de las tolerancias máximas debe continuar siendo objeto de controles apropiados, que pueden implicar prohibiciones de importación en caso de inobservancia.

(6)

La contaminación radiactiva presente en muchos productos agrícolas ha descendido y seguirá descendiendo hasta alcanzar los niveles existentes antes del accidente de Chernobil. Por lo tanto, debería establecerse un procedimiento que permita excluir a dichos productos del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(7)

Puesto que el presente Reglamento abarca la totalidad de los productos agrícolas y transformados destinados a la alimentación humana, no procede aplicar el procedimiento a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 2004/68/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, por la que se establecen normas zoosanitarias para la importación y tránsito en la Comunidad de determinados ungulados vivos (4).

(8)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

a)

el anexo I del Tratado;

b)

el Reglamento (CE) no 1667/2006 del Consejo, de 7 de noviembre de 2006, relativo a la glucosa y la lactosa (6);

c)

Reglamento (CEE) no 2783/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, relativo al régimen de intercambios para la ovoalbúmina y la lactoalbúmina (7);

d)

el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por el que se establece el régimen de intercambios aplicables a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas (8).

a)

370 Bq/kg para la leche y los productos lácteos enumerados en el anexo II, así como para los productos alimenticios destinados a la alimentación específica de los lactantes durante los primeros cuatro a seis meses de vida, que respondan a las necesidades de nutrición de esta categoría de personas, acondicionados al por menor en envases claramente identificados y etiquetados como «preparaciones para lactantes»;

b)

600 Bq/kg para todos los demás productos en cuestión.

a)

el 31 de marzo de 2010, salvo que el Consejo decida otra cosa antes de esa fecha, en particular si la lista de los productos excluidos mencionados en el artículo 4 incluyese la totalidad de los productos aptos para el consumo humano a los que se aplica el presente Reglamento;

b)

en el momento en que entre en vigor el Reglamento de la Comisión previsto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (Euratom) no 3954/87, si ello ocurre antes del 31 de marzo de 2010.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/8

(1)

La Comunidad es Parte contratante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Estos instrumentos internacionales establecen la obligación que tienen los Estados de cooperar en la conservación de los recursos vivos de alta mar y disponen que los Estados deberán cooperar directamente o por conducto de las organizaciones o mecanismos subregionales o regionales de ordenación pesquera competentes.

(2)

La ausencia de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera no exime a los Estados de la obligación que tienen, en virtud del Derecho del Mar, de adoptar con respecto a sus nacionales las medidas que puedan resultar necesarias para la conservación de los recursos vivos de alta mar, lo que incluye la protección de los ecosistemas marinos vulnerables frente a los efectos dañinos de las actividades pesqueras.

(3)

El artículo 2 del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (2) establece que la política pesquera común debe aplicar el criterio de precaución al adoptar medidas destinadas a reducir al mínimo los efectos de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos. El artículo 7 de este mismo Reglamento dispone que, si existen pruebas de una amenaza grave para la conservación de los recursos acuáticos vivos o para el ecosistema marino debida a las actividades pesqueras y que requiera una actuación inmediata, la Comisión, previa petición justificada de un Estado miembro o por propia iniciativa, puede decidir la adopción de medidas de urgencia.

(4)

La Comunidad es una firme defensora de la conservación de ecosistemas marinos tales como los arrecifes, los montes marinos, los corales de aguas profundas, las fuentes hidrotermales y los campos de esponjas. Se dispone de abundante información científica que muestra que la integridad de estos ecosistemas se encuentra amenazada por las actividades pesqueras con artes de fondo. La Comunidad ya ha adoptado medidas para cerrar a la pesca de fondo aquellas áreas situadas dentro de las aguas comunitarias donde se localizan tales ecosistemas, y ha desempeñado asimismo una decisiva actuación en la adopción de medidas similares en alta mar en las zonas de competencia de todas las organizaciones regionales de ordenación pesquera existentes que están facultadas para regular las pesquerías de fondo. También ha contribuido activamente a la creación de nuevas organizaciones o mecanismos con el fin de establecer una cobertura global de los océanos del planeta mediante regímenes regionales de conservación y ordenación de la pesca apropiados. No obstante, en algunas zonas de alta mar la creación de estas organizaciones se enfrenta a dificultades importantes.

(5)

En virtud de la Resolución 61/105 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 8 de diciembre de 2006, la comunidad internacional ha convenido en la urgencia de instaurar medidas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables de los efectos destructores de las actividades de pesca de fondo, a través de una reglamentación estricta de tales actividades por parte de organizaciones o mecanismos regionales de ordenación pesquera o por los Estados con respecto a los buques de su pabellón que faenen en zonas donde no existan tales organizaciones o mecanismos.

La Asamblea General ha facilitado orientaciones sobre el tipo de medidas que deben adoptarse al efecto. Los trabajos realizados en la FAO para elaborar directrices internacionales sobre la gestión de dichas actividades pesqueras en el marco del Código de conducta para una pesca responsable también son muy importantes en la concepción y adopción de dichas medidas, así como para su aplicación por los Estados miembros.

(6)

La Comunidad cuenta con una flota de considerable importancia que realiza actividades de pesca de fondo en zonas que no están reguladas por una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera competente para regular dichas actividades pesqueras y donde no es previsible que a corto plazo pueda establecerse una organización o mecanismo de ese tipo. Sin perjuicio de que prosigan los esfuerzos para colmar las lagunas espaciales que todavía tiene el sistema de gobernanza internacional en materia de pesca, la Comunidad debe cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho del Mar en relación con la conservación de los recursos vivos marinos en esas zonas y, por consiguiente, debe adoptar las medidas pertinentes con respecto a las flotas en cuestión. En relación con ello, la Comunidad debe atenerse a las orientaciones facilitadas por la Asamblea General en la Resolución 61/105.

(7)

Un elemento fundamental de las recomendaciones formuladas por la Asamblea General es la adopción de medidas para evaluar, basándose en la información científica más exacta de que se disponga, si cada una de las actividades pesqueras en los fondos marinos puede tener efectos adversos considerables en los ecosistemas marinos vulnerables y, de ser así, asegurar que o bien se ordena para impedir dichos efectos o no se autoriza.

(8)

La aplicación de esta recomendación requiere que los buques pesqueros afectados reciban autorización para faenar en virtud de un permiso de pesca especial expedido de conformidad con el Reglamento (CE) no 1627/94, de 27 de junio de 1994, por el que se establecen disposiciones generales para los permisos de pesca especiales (3) y con el Reglamento (CE) no 2943/95 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1627/94 del Consejo (4). Además, la expedición y validez de dichos permisos deben estar supeditadas a condiciones específicas que garanticen que el efecto de las actividades pesqueras autorizadas ha sido adecuadamente evaluado y que tales actividades se desarrollan con arreglo a la evaluación realizada.

(9)

La aplicación de las recomendaciones formuladas por la Asamblea General también requiere el establecimiento de las correspondientes medidas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales se expiden los permisos. Ello incluye la presencia a bordo de observadores, así como medidas específicas relativas al funcionamiento de los sistemas de localización de buques vía satélite, que serán aplicables en caso de avería técnica o de falta de funcionamiento del sistema, además de las estipuladas en el Reglamento (CE) no 2244/2003 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los sistemas de localización de buques vía satélite (5).

(10)

La identificación de los ecosistemas marinos vulnerables en zonas que no están reguladas por una organización regional de ordenación pesquera es una tarea que se encuentra en curso de realización y para la cual la información científica disponible es relativamente escasa. Es por ello imperativo prohibir la utilización de artes de fondo en zonas en las que los riesgos de los efectos adversos significativos que tales actividades pesqueras puedan producir en los ecosistemas marinos vulnerables no han sido objeto de una evaluación científica adecuada.

(11)

El incumplimiento de condiciones específicas como las relativas a las zonas no evaluadas, el funcionamiento del sistema de localización de buques y el desplazamiento de las actividades pesqueras a otro lugar si se ha encontrado fortuitamente un ecosistema marino vulnerable puede dar lugar a que se produzcan daños irreparables a esos ecosistemas y, por lo tanto, debe ser incluido en la lista de infracciones graves que se establece en el Reglamento (CE) no 1447/1999 del Consejo, de 24 de junio de 1999, por el que se establece una lista de tipos de conductas que infringen gravemente las normas de la política pesquera común (6).

(12)

La protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales se rige por el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (7), que es plenamente aplicable al tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento, en especial en lo referente al derecho de acceso, rectificación, bloqueo y supresión de los datos por los interesados y al de notificación a terceros, elementos que, por lo tanto, no se han pormenorizado en el presente Reglamento.

a)

que se encuentren bajo la responsabilidad de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera con competencias para regular dichas actividades;

b)

donde esté en curso un proceso de creación de una organización regional de ordenación pesquera, si los participantes en dicho proceso han acordado medidas provisionales para proteger los ecosistemas marinos vulnerables de los efectos destructores derivados de la utilización de artes de fondo.

a)

«ecosistema marino»: un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su entorno abiótico, que interaccionan como una unidad funcional;

b)

«ecosistema marino vulnerable»: todo ecosistema marino cuya integridad (es decir, estructura y función en el ecosistema) se vea, de acuerdo con la mejor información científica disponible y con el principio de precaución, amenazada por efectos adversos significativos provocados por el contacto físico con artes de fondo en el transcurso normal de operaciones de pesca, incluidos, entre otros, los arrecifes, los montes marinos, las fuentes hidrotermales, los corales de aguas frías o los campos de esponjas de aguas frías. Los ecosistemas más vulnerables son los que se alteran con facilidad y además son muy lentos en recuperarse, o pueden no recuperarse nunca;

c)

«efectos adversos significativos»: los efectos (evaluados individualmente, en combinación o de forma acumulativa) que ponen en peligro la integridad del ecosistema de un modo que reduce la capacidad de las poblaciones afectadas para reponerse y degrada la productividad natural a largo plazo de los hábitats, o que causa de forma no solo temporal pérdidas significativas de riqueza de especies, de hábitats o de tipos de comunidad;

d)

«artes de fondo»: artes desplegados en contacto con el fondo marino en el transcurso normal de operaciones de pesca, incluidos las redes de arrastre de fondo, las dragas, las redes de enmalle de fondo, los palangres de fondo, las nasas y los lazos.

a)

la localización prevista de las actividades;

b)

las especies que esté previsto capturar;

c)

el tipo de artes y la profundidad a la que se calarán, y

d)

la configuración del perfil batimétrico del fondo marino de los caladeros de que se trate, cuando las autoridades competentes del Estado del pabellón aún no dispongan de esta información.

a)

registrará de forma independiente, en el mismo formato que se utilice en el cuaderno diario del buque, la información sobre capturas que se exige en el artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común (8);

b)

registrará toda modificación del plan de pesca a que se refiere el artículo 5, apartado 2;

c)

documentará todo encuentro fortuito con ecosistemas marinos vulnerables contemplado en el artículo 7, lo que incluirá la recopilación de información que pueda resultar de utilidad a efectos de la protección del lugar;

d)

registrará las profundidades a las que se calan los artes;

e)

presentará un informe a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate dentro de los 20 días siguientes a la finalización del período de observación. Se remitirá a la Comisión una copia de dicho informe en el plazo de 30 días a partir de la recepción de una petición escrita al respecto.

a)

tener relación de parentesco con el capitán del buque u otro oficial que preste servicio en el buque al que haya sido asignado;

b)

ser empleado del capitán del buque al que haya sido asignado;

c)

ser empleado del representante del capitán;

d)

ser empleado de una empresa controlada por el capitán o su representante;

e)

tener relación de parentesco con el representante del capitán.

a)

además de la información exigida en el artículo 18 del Reglamento (CEE) no 2847/93, las capturas realizadas por los buques pesqueros mencionados en el artículo 1, calculadas sobre la base de la información registrada en los cuadernos diarios, así como los registros completos de los días de pesca fuera de puerto y los informes presentados por los observadores, con un desglose por trimestre del año, por tipo de arte y por especie;

b)

el cumplimiento de los planes de pesca y de los requisitos establecidos en los artículos 6, 7 y 8 por los buques pesqueros mencionados en el artículo 1, apartado 1, y las medidas adoptadas para corregir e imponer sanciones con respecto a los casos de incumplimiento y de infracciones graves referidos en el artículo 10;

c)

su aplicación del artículo 8.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/14

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/16

(1)

El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión para declarar, con arreglo al artículo 87 del Tratado, que, en determinadas condiciones, las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas («PYME») son compatibles con el mercado común y no están sujetas a las obligaciones de notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(2)

El Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (3), no se aplica a las actividades relacionadas con la producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura amparadas por el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (4).

(3)

La Comisión ha aplicado en numerosas decisiones los artículos 87 y 88 del Tratado a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y también ha establecido su política al respecto, más recientemente en las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (5) (en adelante denominadas «las Directrices para el sector pesquero»). A la luz de la considerable experiencia de la Comisión en la aplicación de dichos artículos a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca, resulta oportuno, con el fin de garantizar una supervisión eficaz y de simplificar la gestión sin perjuicio de la labor de seguimiento de la Comisión, que esta institución haga uso de las facultades que le confiere el Reglamento (CE) no 994/98 también en el caso de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca, en la medida en que el artículo 89 del Tratado se ha declarado aplicable a esos productos.

(4)

La Comisión evalúa la compatibilidad de las ayudas estatales en el sector pesquero en función de los objetivos tanto de la política de la competencia como de la política pesquera común (PPC).

(5)

El presente Reglamento debe cubrir las ayudas concedidas en el sector pesquero que la Comisión viene autorizando sistemáticamente desde hace muchos años. Estas ayudas no requieren que la Comisión realice una evaluación caso por caso de su compatibilidad con el mercado común, siempre que se ajusten a lo establecido en el Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (6), y en el Reglamento (CE) no 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca (7), y cumplan otras condiciones específicas. Si bien el Reglamento (CE) no 1198/2006 solo está en vigor desde el 4 de septiembre de 2006, la Comisión ha adquirido, sobre la base de las actuales Directrices para el sector pesquero, suficiente experiencia en la aplicación de condiciones similares al tipo de medidas en cuestión para establecer que las condiciones de dicho Reglamento son suficientemente precisas para justificar que no sea necesario efectuar una evaluación caso por caso.

(6)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros notifiquen las ayudas a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca. Tales notificaciones serán evaluadas por la Comisión a la luz del presente Reglamento y sobre la base de las Directrices para el sector pesquero.

(7)

Las ayudas que los Estados miembros deseen conceder al sector pesquero y se encuentren fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento o de otros Reglamentos adoptados de conformidad con el artículo 1 del Reglamento (CE) no 994/98 seguirán estando sujetas a la obligación de notificación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. Estas ayudas se evaluarán a la luz del presente Reglamento y de las Directrices para el sector pesquero.

(8)

El presente Reglamento debe dejar exenta cualquier ayuda que cumpla todas las condiciones que se establecen en él y cualquier régimen de ayudas, siempre que las ayudas que se puedan conceder en el marco de dicho régimen cumplan todas las condiciones pertinentes que establece el presente Reglamento. Las ayudas individuales concedidas en el marco de un régimen de ayudas y las ayudas ad hoc deberán hacer expresamente referencia al presente Reglamento.

(9)

En aras de la coherencia con las medidas de ayuda financiadas por la Comunidad, conviene armonizar los límites máximos de las ayudas contempladas en el presente Reglamento con los establecidos para el mismo tipo de ayudas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

(10)

Es esencial que no se conceda ayuda alguna en los casos de incumplimiento del Derecho comunitario y, en particular, de las normas de la política pesquera común. Por consiguiente, un Estado miembro solo podrá conceder una ayuda en el sector pesquero si las medidas financiadas y sus efectos se ajustan al Derecho comunitario. Por lo tanto, antes de conceder una ayuda, los Estados miembros habrán de velar por que los beneficiarios de las ayudas estatales cumplan las normas de la política pesquera común.

(11)

Con el fin de garantizar que las ayudas son proporcionales y se limitan al importe necesario, siempre que sea posible los umbrales se expresarán como intensidades de ayuda en relación con un conjunto de costes subvencionables. Para calcular la intensidad de la ayuda, la ayuda pagadera en varios plazos debe actualizarse a su valor en el momento de su concesión. El tipo de interés empleado a efectos de actualización y para calcular el importe de la ayuda en el caso de las ayudas que no consisten en subvenciones será el tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (8).

(12)

En vista de la necesidad de lograr un equilibrio adecuado entre el objetivo de minimizar el falseamiento de la competencia en el sector beneficiario de la ayuda y los objetivos del presente Reglamento, procede establecer que este no deje exentas las subvenciones individuales que superen un importe máximo determinado, incluso si forman parte de un régimen de ayudas que haya quedado exento en virtud del presente Reglamento.

(13)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las actividades relacionadas con la exportación ni a las ayudas que favorecen a los productos nacionales en detrimento de los importados. Concretamente, no debe aplicarse a la ayuda destinada a financiar la creación y funcionamiento de una red de distribución en otros países. Las ayudas destinadas a sufragar los costes de participación en ferias comerciales, o de estudios o de servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o un producto ya existente en un nuevo mercado no deben constituir normalmente ayudas a la exportación.

(14)

Las ayudas concedidas a empresas en crisis, a efectos de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (9), deben evaluarse con arreglo a dichas Directrices a fin de evitar su elusión. Por consiguiente, las ayudas a tales empresas deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Con objeto de reducir la carga administrativa para los Estados miembros, cuando se concedan ayudas reguladas por el presente Reglamento, debe simplificarse la definición de lo que puede considerarse una empresa en crisis en comparación con la definición utilizada en dichas Directrices. Además, las pequeñas y medianas empresas que estén constituidas desde hace menos de tres años no se considerarán, a efectos del presente Reglamento, empresas en crisis en relación con ese período, excepto si, con arreglo al Derecho interno, cumplen los criterios para ser objeto de un procedimiento de quiebra o insolvencia. Estas simplificaciones se entienden sin perjuicio del derecho que, con arreglo a dichas Directrices, tales PYME puedan tener a recibir ayudas no reguladas por el presente Reglamento, a las que sigue aplicándose plenamente la definición que figura en las mencionadas Directrices.

(15)

La Comisión tiene que velar por que las ayudas autorizadas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común. Por consiguiente, deben excluirse del ámbito del presente Reglamento las ayudas concedidas a beneficiarios que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. En consecuencia, toda ayuda ad hoc abonada a tales beneficiarios y todo régimen de ayuda que no contenga una disposición que excluya explícitamente a tales beneficiarios seguirá estando sujeta a las obligaciones de notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado. Esta disposición no debe afectar a las expectativas legítimas de los beneficiarios de regímenes de ayuda que no estén sujetos a una orden de recuperación pendiente.

(16)

Con objeto de eliminar diferencias que podrían dar pie a falseamientos de la competencia y para facilitar la coordinación entre las distintas iniciativas comunitarias y nacionales destinadas a las PYME, conviene que la definición de «pequeñas y medianas empresas» utilizada a efectos del presente Reglamento sea la que figura en el anexo I del Reglamento (CE) no 70/2001.

(17)

Para garantizar la transparencia, la igualdad de trato y un control eficaz, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas que sean transparentes. La ayuda transparente es aquella cuyo equivalente bruto de subvención puede calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación de riesgo. La ayuda consistente en préstamos, en particular, debe considerarse transparente si el equivalente bruto de subvención se ha calculado sobre la base del tipo de referencia que se establece en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (10). La ayuda consistente en medidas fiscales debe considerarse transparente si la medida establece un límite que garantice que el umbral aplicable no va a sobrepasarse.

(18)

La ayuda consistente en regímenes de garantía debe considerarse transparente cuando el método utilizado para calcular el equivalente bruto de subvención haya sido aceptado tras su notificación a la Comisión. La Comisión estudiará tales notificaciones sobre la base de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (11). La ayuda consistente en regímenes de garantía debe asimismo considerarse transparente si el beneficiario es una PYME y el equivalente bruto de subvención ha sido calculado sobre la base de las primas refugio establecidas en las secciones 3.3 y 3.5 de dicha Comunicación.

(19)

Habida cuenta de la dificultad que entraña el cálculo del equivalente de subvención de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, dichas ayudas deben quedar incluidas en el presente Reglamento solo si el importe total del anticipo reembolsable es inferior al umbral de notificación individual aplicable y las intensidades máximas de ayuda que se contemplan en el presente Reglamento.

(20)

Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, las ayudas no deben tener, por lo general, como única consecuencia la reducción permanente o periódica de los costes de explotación que tendría que soportar, en condiciones normales, el beneficiario, y deberían ser proporcionales a los obstáculos que se han de superar para lograr los beneficios socioeconómicos que se considera revierten en interés comunitario. Las ayudas estatales cuyo objetivo se limite a la mejora de la situación financiera del productor, sin contribuir en modo alguno al desarrollo del sector, y especialmente las que se otorgan tomando como base para su concesión únicamente el precio, la cantidad, la unidad de producción o la unidad de los medios de producción, se consideran ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común. Por otro lado, estas ayudas suelen perturbar el mecanismo de las organizaciones comunes de mercado. En consecuencia, el campo de aplicación del presente Reglamento debe limitarse a las ayudas a la inversión y a ciertas medidas socioeconómicas.

(21)

Con objeto de garantizar que la ayuda es necesaria y que constituye un incentivo para realizar determinadas actividades, conviene que el presente Reglamento no se aplique a las ayudas en favor de actividades que el beneficiario llevaría a cabo por sí mismo en condiciones normales de mercado. Se considerará que existe tal incentivo si el beneficiario ha presentado una solicitud al Estado miembro antes del inicio de las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto o las medidas subvencionadas.

(22)

Con el fin de determinar si se han respetado los umbrales de notificación individual y las intensidades máximas de ayuda que establece el presente Reglamento, conviene tener en cuenta el importe total de ayuda pública a la actividad o proyecto beneficiarios, independientemente de si se financia a través de fuentes locales, regionales, nacionales o comunitarias.

(23)

Por consiguiente, el presente Reglamento debe contemplar las siguientes ayudas: ayudas a la paralización temporal o definitiva de las actividades pesqueras, ayudas para la financiación de medidas socioeconómicas, ayudas en favor de inversiones productivas en acuicultura, ayudas para medidas hidroambientales, ayudas para medidas de salud pública y de sanidad animal, ayudas en favor de la pesca en aguas interiores, ayudas en favor de la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura, ayudas para medidas de interés común aplicadas con el apoyo activo de los operadores o por organizaciones que actúen en nombre de los productores o por cualquier otra organización reconocida por los Estados miembros, ayudas para medidas de interés común destinadas a la protección y desarrollo de la fauna y de la flora acuáticas mejorando al mismo tiempo el medio acuático, ayudas en favor de inversiones en puertos pesqueros públicos o privados, lugares de desembarque y fondeaderos de pesca, ayudas para medidas de interés común relativas a la aplicación de un política de mejora de la calidad y de valorización, de desarrollo de nuevos mercados y de campañas de promoción en favor de los productos de la pesca y de la acuicultura, ayudas en favor de proyectos piloto, ayudas para la modificación de buques pesqueros con vistas a su reconversión y ayudas para asistencia técnica.

(24)

Cuando las exenciones fiscales establecidas en el artículo 14 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (12), se aplican por igual a todo el sector pesquero, la Comisión estima que pueden contribuir al desarrollo del sector así como al interés común. Estas exenciones han sido aplicadas igualmente por los Estados miembros y la experiencia adquirida en la aplicación de estas medidas al amparo del Reglamento (CE) no 1595/2004 ha mostrado que no afectan negativamente a las condiciones de los intercambios comerciales y contribuyen al logro de los objetivos de la política pesquera común garantizando unas condiciones sociales y económicas sostenibles. Habida cuenta de la transparencia de la medida, pues la ayuda se calcula sobre la base de la cantidad real de combustible consumida por el buque, así como del hecho de que el presente Reglamento únicamente se aplica a las PYME y de que en la Unión Europea la inmensa mayoría de empresas pesqueras son PYME (la mayor parte de las empresas que se benefician de estas exenciones fiscales son pequeñas empresas que poseen solamente un buque), la Comisión considera que tales medidas no van a provocar un falseamiento indebido de las condiciones de competencia ni a afectar a las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común. Por consiguiente, estas exenciones fiscales, en la medida en que constituyen ayudas estatales, se deben declarar compatibles con el mercado común y exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, siempre que se ajusten a las Directrices y sean aplicables a todo el sector pesquero. Además, el presente Reglamento también debería, en determinadas condiciones, declarar compatibles con el mercado común y exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado las exenciones o las reducciones fiscales aplicables a la pesca en aguas interiores y a las instalaciones de piscicultura que puedan introducir los Estados miembros en virtud del artículo 15 de la Directiva 2003/96/CE.

(25)

Para garantizar la transparencia y un seguimiento eficaz, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 994/98, conviene establecer un formulario normalizado mediante el cual los Estados miembros deben facilitar a la Comisión información resumida cada vez que, en aplicación del presente Reglamento, se establezca un régimen de ayudas o se conceda una ayuda individual. La Comisión asignará un número de identificación a cada medida de ayuda que le sea comunicada. La asignación de un número a una medida de ayuda no implica que la Comisión haya examinado si la ayuda en cuestión cumple las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Por consiguiente, no crea expectativas legítimas del Estado miembro ni del beneficiario sobre la compatibilidad de la ayuda con el presente Reglamento.

(26)

Por las mismas razones, la Comisión debe establecer requisitos específicos sobre la forma y el contenido de los informes anuales que deben presentarle los Estados miembros. Conviene asimismo fijar normas relativas a los registros que los Estados miembros deben llevar sobre los regímenes de ayudas y las ayudas individuales exentos en virtud del presente Reglamento, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (13).

(27)

Con objeto de poder efectuar el seguimiento de la aplicación del presente Reglamento, la Comisión debe estar asimismo en condiciones de obtener de los Estados miembros toda la información necesaria sobre las medidas aplicadas al amparo del mismo. Por consiguiente, el hecho de que los Estados miembros no faciliten información sobre estas medidas de ayuda dentro de un plazo razonable puede considerarse indicativo de que no se están respetando las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Así, si un Estado miembro no facilita información que permita la supervisión de una medida de ayuda, la Comisión puede llegar a decidir que quede suspendido, en relación con el Estado miembro de que se trate, el Reglamento o determinados elementos de este y que todas las medidas de ayuda subsiguientes, incluidas las nuevas medidas de ayuda individuales concedidas sobre la base de regímenes de ayuda previamente regulados por el presente Reglamento, deban ser notificadas a la Comisión de conformidad con el artículo 88 del Tratado. La Comisión debe autorizar nuevamente la íntegra aplicación del Reglamento tan pronto como el Estado miembro afectado haya proporcionado una información correcta y completa.

(28)

Teniendo en cuenta la fecha de expiración del Reglamento (CE) no 1198/2006 y el hecho de que las condiciones de concesión de las ayudas en virtud del presente Reglamento han sido alineadas con las previstas para la aplicación del Fondo Europeo de Pesca, conviene limitar el período de aplicación del presente Reglamento a la fecha de expiración del Reglamento (CE) no 1198/2006. En caso de que el presente Reglamento expire sin haber sido prorrogado, los regímenes de ayuda declarados exentos por el mismo deberán seguir gozando de la exención por un período de seis meses.

(29)

Es oportuno establecer disposiciones transitorias para las notificaciones pendientes en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, así como para las ayudas concedidas antes de dicha fecha que no hayan sido notificadas e incumplan, por consiguiente, la obligación del artículo 88, apartado 3, del Tratado, así como para las ayudas que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) no 1595/2004 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2004, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca (14).

a)

las ayudas cuyo importe se fije sobre la base del precio o la cantidad de los productos comercializados;

b)

las ayudas a las actividades relacionadas con la exportación, especialmente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora;

c)

la ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales con preferencia sobre los bienes importados;

d)

las ayudas concedidas a empresas en crisis;

e)

los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente la concesión de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común;

f)

las ayudas ad hoc en favor de empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

a)

«ayuda»: toda medida que cumpla todos los criterios establecidos en el artículo 87, apartado 1, del Tratado;

b)

«régimen de ayudas»: toda disposición con arreglo a la cual se puedan conceder ayudas individuales a las empresas definidas en la misma de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, y toda disposición con arreglo a la cual puedan concederse ayudas, no vinculadas a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período de tiempo o por un importe indefinidos;

c)

«ayuda individual»: una ayuda ad hoc y las concesiones de ayuda notificables sobre la base de un régimen de ayudas;

d)

«ayuda ad hoc»: una ayuda individual que no se concede sobre la base de un régimen de ayudas;

e)

«intensidad de la ayuda»: el importe de la misma expresado en porcentaje de los costes subvencionables;

f)

«productos de la pesca»: los productos capturados en el mar o en aguas interiores y los productos de acuicultura que se enumeran en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 104/2000;

g)

«pequeñas y medianas empresas» («PYME»): las empresas que se definen en el artículo 2, apartado 7 del Reglamento (CE) no …/2008, de 2 de julio de 2008, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado por los que se declaran compatibles con el mercado común determinadas categorías de ayudas (15);

h)

«ayuda transparente»: una ayuda para la que es posible calcular previamente con exactitud el equivalente bruto de subvención sin necesidad de efectuar una evaluación de riesgo;

i)

«empresa en crisis»: una empresa que reúna las siguientes condiciones:

a)

las subvenciones directas y las bonificaciones de intereses;

b)

las ayudas consistentes en préstamos, cuando el equivalente bruto de subvención se haya calculado a partir de los tipos de interés que prevalezcan en el mercado en el momento de concesión de la ayuda y teniendo en cuenta la existencia de garantías normales o de riesgos anormales vinculados al préstamo;

c)

las ayudas consistentes en regímenes de garantía,

d)

las ayudas consistentes en medidas fiscales, cuando estas medidas establezcan un límite que garantice que no se supera el umbral aplicable.

a)

las ayudas consistentes en aportaciones de capital;

b)

las ayudas consistentes en medidas de capital riesgo.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en el artículo 24 del Reglamento (CE) no 1198/2006, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en el artículo 26, apartado 3, y en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 28 y 29 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en los artículos 9 y 10 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 28 y 30 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 11 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 28 y 31 del Reglamento (CE) no 1198/2006, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 28 y 32 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 12 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en el artículo 33 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 34 y 35 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 36 y 38 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 36 y 39 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 17 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 36 y 40 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 18 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 36 y 41 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en los artículos 36 y 42 del Reglamento (CE) no 1198/2006 y en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 498/2007, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

a)

las ayudas cumplan las condiciones establecidas en el artículo 46, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 1198/2006, y

b)

el importe de las ayudas en equivalente de subvención no supere el nivel total de la contribución pública fijado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1198/2006.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/29

(1)

En el Reglamento (CE) no 882/2004 se establecen las tareas, los cometidos y los requisitos generales que deben cumplir los laboratorios comunitarios de referencia para los piensos y alimentos y para la salud animal. En el anexo VII, parte II, de dicho Reglamento se enumeran los laboratorios comunitarios de referencia para la sanidad animal y los animales vivos.

(2)

La Directiva 2006/88/CE establece los requisitos zoosanitarios para la comercialización, la importación y el tránsito por la Comunidad de los animales y los productos de la acuicultura, así como determinadas medidas mínimas de prevención y el control de determinadas enfermedades de dichos animales. Según dicha Directiva, los laboratorios comunitarios de referencia para las enfermedades de los animales acuáticos deben cumplir las funciones y tareas establecidas en la parte I de su anexo VI.

(3)

Una vez finalizado el procedimiento de selección, el Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory (Reino Unido) debe ser designado laboratorio comunitario de referencia para las enfermedades de los crustáceos.

(4)

Una vez finalizado el procedimiento de selección, el Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de la Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) (Francia) debe ser designado laboratorio comunitario de referencia para la rabia.

(5)

Una vez finalizado el procedimiento de selección, el Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (Visavet) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (España) debe ser designado laboratorio comunitario de referencia para la tuberculosis bovina.

(6)

Procede designar los laboratorios comunitarios de referencia para las enfermedades de los crustáceos, la rabia y la tuberculosis bovina por un período inicial de cinco años a partir del 1 de julio de 2008, a fin de poder evaluar su funcionamiento y su respeto de las normas.

(7)

Además de las funciones y los cometidos generales establecidos en el artículo 32, apartado 2, del Reglamento (CE) no 882/2004, determinadas responsabilidades y tareas relacionadas con las características de los agentes que causan la enfermedad deben asumirse a nivel comunitario para garantizar una mayor coordinación. Por consiguiente, procede que el presente Reglamento establezca dichas responsabilidades y tareas suplementarias con respecto a los laboratorios comunitarios de referencia para la rabia y la tuberculosis bovina.

(8)

Por lo tanto, debe modificarse en consecuencia la parte II del anexo VII del Reglamento (CE) no 882/2004.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/33

(1)

El anexo I del Reglamento (CE) no 1763/2004 enumera las personas afectadas por el bloqueo de capitales y recursos económicos que establece ese mismo Reglamento.

(2)

La Comisión está facultada para modificar dicho anexo, a la luz de las Decisiones del Consejo por las que se aplique la Posición Común 2004/694/PESC del Consejo, de 11 de octubre de 2004, sobre otras medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) (2). La Decisión 2008/613/PESC del Consejo (3), de 24 de julio de 2008, aplica esa Posición Común. Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) no 1763/2004 en consecuencia.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/34

(1)

El Reglamento (CE) no 2015/2004 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, que fija para 2007 y 2008 las posibilidades de pesca de los buques pesqueros comunitarios para determinadas poblaciones de peces de aguas profundas (3), establece las cuotas correspondientes a 2007 y 2008.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón de los Estados miembros mencionados en dicho anexo o que están registrados en estos Estados miembros han agotado la cuota asignada para 2008.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir la pesca, la conservación a bordo, el transbordo y el desembarque de peces de dicha población.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/36

(1)

Deben eliminarse todas las ambigüedades respecto a la aplicabilidad del artículo 18 del Reglamento (CE) no 1013/2006 a los traslados de residuos en caso de que un país, en su respuesta a la solicitud de la Comisión de conformidad con el artículo 37, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1013/2006 haya señalado que no prohibirá dichos traslados ni aplicará el procedimiento de notificación y autorización previas por escrito que se prevé en el artículo 35 de dicho Reglamento.

(2)

La Comisión ha recibido respuestas de Bosnia y Herzegovina, Irán y Togo a sus solicitudes por escrito en las que se pide confirmación escrita de que los residuos que se enumeran en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) no 1013/2006 y cuya exportación no está prohibida en virtud de su artículo 36 pueden ser exportados de la Comunidad con fines de valorización en dichos países y en las que se les solicita que señalen a qué procedimiento de control, en su caso, serían sometidos en el país correspondiente. La Comisión también ha recibido información adicional relativa a Costa de Marfil, Malasia, Moldova (2), Rusia y Ucrania. Procede, por tanto, modificar el anexo del Reglamento (CE) no 1418/2007 de la Comisión (3) para tener todo ello en cuenta.

(3)

El Gobierno de Liechtenstein ha señalado que debe considerarse que dicho país está sujeto a la Decisión de la OCDE. Por tanto, el artículo 37, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1013/2006 no es aplicable a dicho país, y Liechtenstein debe suprimirse del anexo del Reglamento (CE) no 1418/2007.

(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1418/2007 en consecuencia.

1)

Se inserta el artículo 1 bis siguiente:

«Artículo 1 bis

En caso de que un país, en su respuesta a una solicitud por escrito enviada por la Comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 37, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1013/2006 señale, respecto a determinados traslados de residuos, que no los prohibirá ni aplicará el procedimiento de notificación y autorización previas por escrito que se prevé en el artículo 35 de dicho Reglamento, se aplicará el artículo 18 de dicho Reglamento mutatis mutandis, a tales traslados.».

2)

El anexo del Reglamento (CE) no 1418/2007 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/45

(1)

El Reglamento (CE) no 996/97 de la Comisión, de 3 de junio de 1997, relativo a la apertura y el modo de gestión de un contingente arancelario de importación de delgados congelados de la especie bovina del código NC 0206 29 91 (3), ha abierto un contingente arancelario para la importación de productos del sector de la carne de vacuno.

(2)

Las solicitudes de certificados de importación presentadas entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009 son superiores a las cantidades disponibles. Procede, por lo tanto, determinar en qué medida pueden expedirse los certificados de importación mediante la fijación de un coeficiente de asignación que se aplicará a las cantidades solicitadas.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/46

(1)

El Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas (2), establece una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE. Dicha lista incluye el difenacum.

(2)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 1451/2007, el difenacum se ha evaluado conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE para su uso en el tipo de producto 14, rodenticidas, conforme a la definición del anexo V de la Directiva 98/8/CE.

(3)

Finlandia fue designada Estado miembro ponente y el 21 de marzo de 2006 presentó a la Comisión el informe de la autoridad competente, junto con una recomendación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1451/2007.

(4)

Los Estados miembros y la Comisión examinaron el informe de la autoridad competente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1451/2007, las conclusiones del examen se incorporaron a un informe de evaluación en la reunión del Comité permanente de biocidas de 29 de noviembre de 2007.

(5)

El examen del difenacum no ha puesto de manifiesto ninguna cuestión pendiente o preocupación que tenga que abordar el Comité científico de los riesgos sanitarios y medioambientales.

(6)

Según los distintos exámenes efectuados, puede esperarse que los productos biocidas utilizados como rodenticidas que contienen difenacum no presenten riesgos para los seres humanos, excepto en el caso de accidentes fortuitos en los que intervengan niños. Se ha detectado un riesgo en lo que se refiere a animales a los que no van dirigidas estas sustancias y al medio ambiente. Sin embargo, los roedores objetivo son parásitos y constituyen, por lo tanto, un peligro para la salud pública. Por otro lado, aún no se ha demostrado que existan alternativas adecuadas al difenacum, igualmente eficaces y menos nocivas para el medio ambiente. Procede, por tanto, incluir el difenacum en el anexo I durante un período limitado, con el objeto de velar por que se puedan conceder, modificar o suspender en todos los Estados miembros autorizaciones de los productos biocidas utilizados como rodenticidas que contienen difenacum, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 98/8/CE.

(7)

Teniendo en cuenta las conclusiones del informe de evaluación, procede disponer que se apliquen medidas específicas de reducción del riesgo, en la autorización de los productos, a los productos que contengan difenacum y se utilicen como rodenticidas. El objetivo de dichas medidas debería ser limitar el riesgo de exposición directa o indirecta de seres humanos y animales a los que no van dirigidos los productos, así como los efectos a largo plazo de la sustancia en el medio ambiente.

(8)

Por los riesgos detectados y sus características, que lo hacen potencialmente persistente, propenso a la bioacumulación y tóxico, o muy persistente y muy propenso a la bioacumulación, el difenacum debe incluirse en el anexo I por un período limitado a cinco años y ser objeto de una evaluación de riesgos comparativa, de conformidad con el artículo 10, apartado 5, inciso i), párrafo segundo, de la Directiva 98/8/CE antes de que se renueve su inclusión en el anexo I.

(9)

Es importante que las disposiciones de la presente Directiva se apliquen simultáneamente en todos los Estados miembros para garantizar la igualdad de trato de los productos biocidas comercializados que contienen difenacum como sustancia activa y asimismo para facilitar el correcto funcionamiento del mercado de los productos biocidas en general.

(10)

Debe permitirse que, antes de la inclusión de una sustancia activa en el anexo I, transcurra un plazo razonable para que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se deriven y para que los solicitantes que tengan preparados expedientes puedan aprovechar plenamente el período de diez años de protección de los datos, que comienza en la fecha de inclusión, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra c), inciso ii), de la Directiva 98/8/CE.

(11)

Tras la inclusión, debe permitirse que transcurra un plazo razonable para que los Estados miembros apliquen el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 98/8/CE y, en particular, para que concedan, modifiquen o suspendan las autorizaciones de productos biocidas en productos de tipo 14 que contienen difenacum al efecto de garantizar que cumplen la Directiva 98/8/CE.

(12)

Por tanto, la Directiva 98/8/CE debe modificarse en consecuencia.

(13)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de biocidas.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/49

(1)

La Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al séptimo programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) (2) (en lo sucesivo denominado «el séptimo programa marco») prevé la participación de la Comunidad en programas de investigación y desarrollo emprendidos por varios Estados miembros, incluida la participación en las estructuras creadas para la ejecución de dichos programas, a tenor del artículo 169 del Tratado.

(2)

En el séptimo programa marco se han definido una serie de criterios para identificar los ámbitos en que pueden emprenderse dichas iniciativas al amparo del artículo 169 del Tratado: la adecuación a los objetivos comunitarios, la claridad de la definición del objetivo marcado y su adecuación a los objetivos del séptimo programa marco, la presencia de una base preexistente (programas de investigación nacionales actuales o previstos), el valor añadido europeo, la masa crítica, en lo que se refiere al tamaño y número de los programas implicados y a la semejanza de las actividades que cubren, y la eficacia del artículo 169 del Tratado como el medio más apropiado para el logro de los objetivos.

(3)

La Decisión 2006/971/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, relativa al programa específico «Cooperación» por el que se ejecuta el séptimo programa marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) (3) (en lo sucesivo denominado programa específico «Cooperación») identifica una iniciativa del artículo 169 en el campo de la vida cotidiana asistida por el entorno como uno de los campos idóneos para la participación comunitaria en programas de investigación nacionales ejecutados de manera conjunta al amparo del artículo 169 del Tratado.

(4)

En su Comunicación de 1 de junio de 2005 titulada «i2010: Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo», la Comisión propuso la puesta en marcha de una iniciativa insignia sobre la atención a las personas en una sociedad que envejece.

(5)

En su Comunicación de 12 de octubre de 2006 titulada «El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad», la Comisión destacó que el envejecimiento de la población es uno de los retos más importantes a que se enfrentan todos los países de la Unión Europa y que la mayor utilización de las nuevas tecnologías podría facilitar el control de los gastos sanitarios, mejorar el bienestar y fomentar la participación activa de las personas mayores, incrementando al mismo tiempo la competitividad, en apoyo de la Estrategia de Lisboa revisada para el crecimiento y el empleo.

(6)

Especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el envejecimiento progresivo de la población puede verse como una oportunidad para un nuevo mercado de bienes y servicios que responda a las necesidades de las personas mayores. No obstante, el rápido desarrollo y el uso de las nuevas TIC no debe ser motivo de exclusión social ni ahondar la brecha digital; sin embargo, la formación digital es una condición imprescindible para garantizar la inclusión y la participación en la sociedad de la información.

(7)

La presente iniciativa en el campo de la vida cotidiana asistida por el entorno debe tener en cuenta la realidad del envejecimiento de la población en Europa, en la que el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres como consecuencia de una esperanza de vida media más larga en aquellas.

(8)

La prolongación de la vida activa es un elemento esencial de las nuevas directrices en materia de empleo. El planteamiento de la UE de cara al envejecimiento aspira a movilizar todo el potencial de los ciudadanos, sea cual sea su edad —de acuerdo con un enfoque basado en el ciclo vital—, y hace hincapié en la necesidad de adoptar en este ámbito estrategias globales y no fragmentadas.

(9)

Actualmente, diversas actividades o programas de investigación y desarrollo, emprendidos individualmente por los Estados miembros a nivel nacional en el campo de las TIC y el envejecimiento, no están suficientemente coordinados a escala europea ni permiten adoptar un enfoque comunitario coherente en la investigación y el desarrollo de productos y servicios innovadores, basados en las TIC, para envejecer bien.

(10)

Deseosos de seguir un planteamiento coherente a escala europea en el ámbito de las TIC para envejecer bien y de actuar con eficacia, varios Estados miembros han tomado la iniciativa de crear un programa conjunto de investigación y desarrollo titulado «Vida cotidiana asistida por el entorno» (denominado en lo sucesivo «programa conjunto AAL») en el ámbito de las TIC para envejecer mejor en la sociedad de la información, con el fin de obtener sinergias en términos de gestión y recursos financieros, asegurando un mecanismo único y común de evaluación, con la ayuda de expertos independientes, sobre la base de la práctica establecida en aplicación del Reglamento (CE) no 1906/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 diciembre de 2006, por el que se establecen las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en las acciones del séptimo programa marco, y las normas de difusión de los resultados de la investigación (2007-2013) (4), y de combinar otros conocimientos técnicos y recursos disponibles en varios países de Europa.

(11)

El programa conjunto AAL pretende afrontar el desafío demográfico del envejecimiento mediante la creación del marco jurídico y organizativo necesario para una cooperación europea a gran escala entre los Estados miembros, en relación con la investigación aplicada y la innovación en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación y el envejecimiento, en una sociedad que envejece. Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia (en lo sucesivo denominados «los Estados miembros participantes») e Israel, Noruega y Suiza han aceptado coordinar y ejecutar conjuntamente actividades dirigidas a contribuir al programa conjunto AAL. El valor global de su participación se estima en 150 millones EUR como mínimo durante el período de vigencia del séptimo programa marco. La participación de cada uno de estos países en el programa conjunto AAL debe condicionarse a una contribución financiera mínima proporcional a la demanda potencial de sus comunidades investigadoras nacionales, que debe ser como mínimo de 200 000 EUR para la participación en el programa de trabajo anual.

(12)

El programa conjunto AAL también debe fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en sus actividades, de conformidad con los objetivos del séptimo programa marco.

(13)

Con el fin de aumentar el impacto del programa conjunto AAL, los Estados miembros participantes e Israel, Noruega y Suiza han aceptado la participación comunitaria en el programa conjunto AAL. La Comunidad debe participar en el programa aportando una contribución financiera de hasta 150 millones EUR. Puesto que el programa conjunto AAL responde a los objetivos científicos del séptimo programa marco y que el ámbito de investigación del programa conjunto AAL pertenece al tema TIC del programa específico «Cooperación», la contribución financiera comunitaria debe proceder de los créditos presupuestarios asignados a este tema. También puede recurrirse a otras fuentes de financiación, por ejemplo el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en particular por medio del Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido creado conjuntamente por el BEI y la Comisión, de conformidad con el anexo III de la Decisión 2006/971/CE.

(14)

La concesión de la ayuda financiera comunitaria debe supeditarse a la definición de un plan de financiación basado en compromisos formales de las autoridades nacionales competentes de ejecutar de manera conjunta las actividades y los programas de investigación y desarrollo emprendidos a nivel nacional y de contribuir a la financiación de la ejecución conjunta del programa conjunto AAL.

(15)

La ejecución conjunta de los programas de investigación nacionales requiere la creación o la existencia de una estructura de ejecución especializada, conforme a lo dispuesto en el programa específico «Cooperación».

(16)

Los Estados miembros participantes han acordado confiar a esta estructura la ejecución del programa conjunto AAL.

(17)

La estructura de ejecución especializada debe ser la destinataria de la contribución financiera de la Comunidad y garantizar la ejecución eficaz del programa conjunto AAL.

(18)

Para ejecutar eficazmente el programa conjunto AAL, la estructura de ejecución especializada debe conceder ayuda financiera a los terceros que participen en el programa conjunto AAL y que sean seleccionados a raíz de una convocatoria de propuestas.

(19)

La contribución comunitaria debe estar sujeta al compromiso de recursos por los Estados miembros participantes e Israel, Noruega y Suiza y al pago efectivo de sus contribuciones financieras.

(20)

La Comunidad debe tener derecho a reducir, retirar o suprimir su contribución financiera si el programa conjunto AAL se ejecuta de forma inadecuada, parcial o tardía, de conformidad con las condiciones previstas en un acuerdo que se celebrará entre la Comunidad y la estructura de ejecución especializada y en el que se establecerán las modalidades de la contribución comunitaria.

(21)

Cualquier Estado miembro debe poder participar en el programa conjunto AAL.

(22)

De conformidad con el séptimo programa marco, la Comunidad debe tener derecho a definir las condiciones relativas a su contribución financiera al programa conjunto AAL en relación con la participación en el mismo de cualquier país asociado al séptimo programa marco o, si resulta esencial para la ejecución del programa conjunto AAL, de cualquier otro país que se adhiera al programa durante su ejecución, de conformidad con la presente Decisión.

(23)

Deben tomarse las medidas adecuadas para evitar irregularidades y fraudes y darse los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o incorrectamente utilizados, según lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (5), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (6), y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (7).

(24)

De conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (8) (en lo sucesivo denominado «el Reglamento financiero») y el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (9) (en lo sucesivo denominado «las normas de desarrollo»), la contribución comunitaria debe gestionarse de manera centralizada indirecta, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54, apartado 2, letra c), y el artículo 56 del Reglamento financiero, y en el artículo 35, el artículo 38, apartado 2, y el artículo 41 de las normas de desarrollo.

(25)

Es esencial que las actividades de investigación realizadas en el marco del programa conjunto AAL respeten los principios éticos básicos, en particular los que se exponen en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como los principios de integración de la perspectiva de género y de la igualdad de género. En la ejecución del programa conjunto AAL se debe tener en cuenta el fomento de la participación de las mujeres en la ciencia y la investigación.

(26)

El programa conjunto AAL debe fomentar asimismo el acceso equitativo y simplificado en todos los Estados miembros a aquellos productos y servicios pertinentes basados en las TIC.

(27)

La Comisión debe proceder a una evaluación intermedia en 2010, en la que valore la calidad y eficacia de la ejecución del programa conjunto AAL y los avances hacia los objetivos fijados. Dicha evaluación debe considerar también la necesidad de que se realicen otras evaluaciones intermedias antes de la evaluación final en 2013.

a)

la demostración por los Estados miembros participantes e Israel, Noruega y Suiza de que el programa conjunto AAL, tal como se describe en el anexo I, se ha puesto efectivamente en marcha;

b)

el establecimiento o designación oficial por los Estados miembros participantes e Israel, Noruega y Suiza, o por las organizaciones designadas por los Estados miembros participantes e Israel, Noruega y Suiza, de una estructura de ejecución especializada con personalidad jurídica, que será responsable de ejecutar el programa conjunto AAL y de recibir, asignar y supervisar la contribución financiera comunitaria en el marco de la gestión centralizada indirecta, de conformidad con el artículo 54, apartado 2, letra c), y el artículo 56 del Reglamento financiero y con el artículo 35, el artículo 38, apartado 2, y el artículo 41 de las normas de desarrollo;

c)

el establecimiento de un modelo de gobernanza adecuado y eficaz para el programa conjunto AAL, de conformidad con el anexo II, que forma parte integrante de la presente Decisión;

d)

la realización eficaz de las actividades del programa conjunto AAL que se describen en el anexo I por la estructura de ejecución especializada, lo que implica la organización de convocatorias de propuestas para la concesión de subvenciones;

e)

el compromiso de los Estados miembros participantes e Israel, Noruega y Suiza de contribuir a la financiación del programa conjunto AAL y el pago efectivo de su contribución financiera, en particular la financiación de los participantes en los proyectos seleccionados tras las convocatorias de propuestas organizadas en el marco del programa conjunto AAL;

f)

el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales de la Comunidad y, especialmente, las normas establecidas en el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (10);

g)

la garantía de un nivel elevado de excelencia científica y la observancia de principios éticos, de conformidad con los principios generales del séptimo programa marco, los principios de integración de la perspectiva de género y de la igualdad de género, así como los principios del desarrollo sostenible, y

h)

la formulación de disposiciones que regulen los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades llevadas a cabo en el marco del programa conjunto AAL y la ejecución y coordinación de las actividades y programas de investigación y desarrollo emprendidos a escala nacional por los Estados miembros participantes e Israel, Noruega y Suiza, de manera que fomenten la generación de conocimientos y apoyen su amplia difusión y utilización.

30.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/58

(1)

La Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al séptimo programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) (3) (denominado en lo sucesivo «el séptimo programa marco») prevé la participación de la Comunidad en programas de investigación y desarrollo emprendidos por varios Estados miembros, incluida la participación en las estructuras creadas para la ejecución de dichos programas, a tenor del artículo 169 del Tratado.

(2)

En el séptimo programa marco se establecen una serie de criterios para identificar los ámbitos en que pueden emprenderse dichas iniciativas al amparo del artículo 169: la adecuación a los objetivos comunitarios, la claridad de la definición del objetivo marcado y su pertinencia para los objetivos del séptimo programa marco, la presencia de una base preexistente (programas de investigación nacionales actuales o previstos), el valor añadido europeo, la masa crítica en lo que se refiere al tamaño y número de los programas en cuestión y a la semejanza de las actividades que cubren, y la eficacia del artículo 169 del Tratado como medio más apropiado para el logro de los objetivos.

(3)

La Decisión 2006/974/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, relativa al programa específico «Capacidades» por el que se ejecuta el séptimo programa marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) (4) (denominado en lo sucesivo «programa específico “Capacidades”») recoge una iniciativa al amparo del artículo 169 en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que trabajan en investigación entre los ámbitos idóneos para la participación comunitaria en programas de investigación nacionales ejecutados de manera conjunta sobre la base del artículo 169 del Tratado.

(4)

En sus conclusiones de 24 de septiembre de 2004, el Consejo reconoció la importante función que desempeña el séptimo programa marco al impulsar el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación (EEI) y, en este contexto, subrayó la importancia de estrechar los vínculos entre el EEI y las organizaciones intergubernamentales europeas tales como Eureka.

(5)

En sus conclusiones de 25 y 26 de noviembre de 2004, el Consejo destacó la importancia de las PYME para el crecimiento y la competitividad de Europa y, por tanto, la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión aumentaran la eficacia y complementariedad de los programas nacionales y europeos de apoyo a las PYME. El Consejo alentaba a la Comisión a estudiar el posible desarrollo de un esquema de carácter ascendente (bottom up) para las PYME que realizan tareas de investigación. Asimismo, recordaba la importancia de coordinar los programas nacionales para el desarrollo del EEI. El Consejo invitaba a los Estados miembros y a la Comisión a cooperar estrechamente para determinar un número limitado de ámbitos en los que aplicar el artículo 169 del Tratado. También instaba a la Comisión a intensificar la cooperación y la coordinación entre las Comunidades y las actividades realizadas en el marco de estructuras intergubernamentales, en particular con Eureka, haciendo referencia a la Conferencia Ministerial de Eureka de 18 de junio de 2004.

(6)

En su Resolución, Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión, de 10 de marzo de 2005, sobre la ciencia y la tecnología (5), el Parlamento Europeo animaba a los Estados miembros a adoptar incentivos fiscales y de otro tipo para el fomento de la innovación industrial, incluidos los vínculos con Eureka, en particular en relación con las PYME, y subrayaba que el EEI solo sería posible si la Unión asignaba una proporción creciente de recursos para investigación con el objetivo de mejorar la coordinación entre las políticas de investigación a escala europea, nacional y regional, tanto desde el punto de vista de su contenido como de su financiación, y, si se trataba de fondos adicionales con respecto a la política de investigación, en los Estados miembros y entre ellos. El Parlamento Europeo declaraba que los demás mecanismos de financiación y de apoyo, entre los que mencionaba a Eureka, deberían utilizarse de un modo más eficaz y coordinado en favor de la Investigación y Desarrollo (denominado en lo sucesivo «I + D») y de la innovación. Asimismo, preconizaba el refuerzo de la cooperación entre los programas nacionales de investigación y pedía a la Comisión que desarrollara iniciativas basándose en el artículo 169 del Tratado.

(7)

En su Comunicación de 4 de junio de 2003 titulada «Invertir en investigación: un plan de acción para Europa», la Comisión destacaba la importancia de la participación de las PYME en las medidas directas de apoyo a la investigación y la innovación, pues resulta crucial para impulsar la capacidad innovadora de amplios segmentos de la economía.

(8)

En la actualidad, algunos programas y actividades de I + D emprendidos por los Estados miembros individualmente a escala nacional para respaldar las actividades de I + D llevadas a cabo por las PYME no están lo suficientemente coordinados a escala europea y no permiten un planteamiento europeo coherente con miras a un programa de investigación y desarrollo tecnológico eficaz.

(9)

Con el fin de disponer de un planteamiento coherente a escala europea en el campo de las PYME que realizan actividades de I + D y de actuar eficazmente, varios Estados miembros han tomado en el marco de Eureka la iniciativa de crear un programa conjunto de I + D denominado «Eurostars» (denominado en lo sucesivo, «programa conjunto Eurostars») en beneficio de las PYME que realizan actividades de I + D al objeto de obtener una masa crítica en términos de recursos administrativos y financieros y la combinación de los conocimientos especializados y recursos suplementarios disponibles en varios países de Europa.

(10)

El programa conjunto Eurostars tiene como objetivo apoyar a las PYME que realizan actividades de I + D estableciendo el marco jurídico y de organización necesario para la cooperación europea a gran escala entre los Estados miembros en el campo de la investigación aplicada y la innovación en cualquier ámbito tecnológico o industrial en beneficio de dichas PYME. Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido (denominados en lo sucesivo «los Estados miembros participantes»), así como Islandia, Israel, Noruega, Suiza y Turquía (denominados en lo sucesivo «los demás países participantes») han acordado coordinar y realizar conjuntamente actividades que contribuirán al programa conjunto Eurostars. El valor global de su participación está estimado en 300 millones EUR como mínimo a lo largo de los seis años de duración propuesta del programa. Conviene que la contribución financiera de la Comunidad represente como máximo el 25 % de la contribución pública total al programa conjunto Eurostars, que se estima en 400 millones EUR.

(11)

A fin de aumentar la repercusión del programa conjunto Eurostars, los Estados miembros participantes y los demás países participantes han acordado que la Comunidad participe en dicho programa. Esa participación debe consistir en una contribución financiera de 100 millones EUR como máximo a lo largo del programa conjunto Eurostars. Dado que este programa cumple los objetivos científicos del séptimo programa marco y que su ámbito pertenece al tema «Investigación en beneficio de las PYME» del programa específico «Capacidades», la contribución financiera comunitaria debe proceder de los créditos presupuestarios asignados a este tema. Puede haber otras posibilidades de financiación, tales como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en particular por medio del Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido creado conjuntamente por el BEI y la Comisión, de conformidad con el anexo III de la Decisión 2006/974/CE.

(12)

La concesión de la ayuda financiera comunitaria debe supeditarse a la definición de un plan de financiación basado en compromisos formales de las autoridades nacionales competentes de ejecutar de manera conjunta las actividades y los programas de I + D emprendidos a nivel nacional y de contribuir a la financiación de la ejecución conjunta del programa conjunto Eurostars.