5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/1

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/3

(1)

La sustancia denominada tetracloruro de carbono (CTC), que agota la capa de ozono, está incluida en la lista de sustancias reguladas del grupo IV del anexo I del Reglamento (CE) no 2037/2000, por lo que es preciso aplicar a su uso las restricciones que dispone el Reglamento.

(2)

Teniendo en cuenta la nueva información y la evolución técnica aportadas por el grupo de trabajo sobre agentes de transformación del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono en su informe de situación de octubre de 2004 (2), las Partes en el Protocolo de Montreal adoptaron la Decisión XVII/7 (3) en su decimoséptima reunión de diciembre de 2005. Más en concreto, la Decisión XVII/7 añade el tetracloruro de carbono en el cuadro A (revisado) de la Decisión X/14 como agente de transformación en la producción de cianocobalamina radiomarcada, que es un medicamento utilizado en el diagnóstico de las causas posibles de la deficiencia de vitamina B12.

(3)

En la actualidad el uso del tetracloruro de carbono como agente de transformación en la producción de cianocobalamina radiomarcada está prohibido en la Comunidad por el Reglamento (CE) no 2037/2000. Con el fin de permitir este uso particular, según con lo acordado en la reciente Decisión adoptada en el marco del Protocolo de Montreal, es necesario modificar el anexo VI del Reglamento.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2037/2000.

5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/5

(1)

El Reglamento (CE) no 517/94 estableció restricciones cuantitativas a la importación de determinados productos textiles originarios de determinados terceros países, con unas licencias de importación que debían concederse según el orden de llegada de las notificaciones de las solicitudes correspondientes.

(2)

De conformidad con ese Reglamento, en determinadas circunstancias es posible utilizar otros métodos de asignación, dividir los contingentes en secciones o reservar una proporción de un contingente concreto para solicitudes basadas en pruebas de importaciones anteriores.

(3)

Con el fin de no perturbar indebidamente la continuidad de los flujos comerciales, conviene adoptar antes de que comience el año contingentario el régimen de gestión de los contingentes establecidos para 2007.

(4)

Las medidas adoptadas en años anteriores, como por ejemplo las del Reglamento (CE) no 2038/2005 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2005, por el que se establece el régimen de gestión y distribución de los contingentes textiles aplicables en 2006 con arreglo al Reglamento (CE) no 517/94 del Consejo (2), han resultado satisfactorias, por lo que conviene adoptar normas similares para 2007.

(5)

Con el fin de satisfacer al mayor número posible de operadores, es conveniente flexibilizar el método de asignación basado en el orden de recepción de las notificaciones fijando un tope para las cantidades que pueden ser asignadas a cada operador en virtud de ese método.

(6)

Para garantizar una cierta continuidad en los intercambios comerciales y la eficacia de la administración de los contingentes, debe permitirse que los operadores presenten una primera solicitud de autorización de importación durante 2007 por una cantidad equivalente a la que hayan importado durante 2006.

(7)

Para asegurar la utilización óptima de los contingentes, los operadores que hayan utilizado al menos la mitad de la cantidad ya autorizada deben poder presentar otra solicitud, siempre que queden cantidades disponibles en los contingentes.

(8)

En aras de una buena gestión, las licencias de importación deben ser válidas durante nueve meses a partir de su fecha de expedición, sin rebasar no obstante el final del año. Los Estados miembros deben expedir licencias únicamente después de que la Comisión les haya notificado que existen cantidades disponibles y solo si el operador interesado puede probar la existencia de un contrato y certificar, en ausencia de una disposición concreta en contrario, que no se le ha concedido ya una licencia de importación a la Comunidad, en virtud del presente Reglamento, para las categorías y los países de que se trate. Sin embargo, las autoridades nacionales competentes deben estar autorizadas a prorrogar, a petición de los importadores, durante tres meses y hasta el 31 de marzo de 2008, la validez de las licencias al amparo de las cuales ya se haya importado al menos la mitad de la cantidad correspondiente en el momento de la solicitud de dicha prórroga.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de productos textiles establecido en virtud del artículo 25 del Reglamento (CE) no 517/94.

a)

demuestra la existencia de un contrato sobre el suministro de tales bienes, y

b)

certifica por escrito que, respecto a las categorías y los países interesados:

5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/12

(1)

En el Reglamento (CE) no 517/94 se establecen las restricciones cuantitativas anuales aplicables a determinados productos textiles originarios de Montenegro, Kosovo (2) y Corea del Norte.

(2)

A partir del 1 de enero de 2007, la Unión Europea contará con dos nuevos Estados miembros: Rumanía y Bulgaria. En el artículo 6, apartado 7, del Acta de adhesión se establece que se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Comunidad a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir con el fin de tener en cuenta la adhesión de los nuevos Estados miembros a la Comunidad. Deben adaptarse, por tanto, las restricciones cuantitativas aplicables a las importaciones en la Comunidad ampliada de determinados productos textiles procedentes de terceros países, de manera que incluyan las importaciones en los dos nuevos Estados miembros. Para ello, es necesario modificar determinados anexos del Reglamento (CE) no 517/94.

(3)

Al objeto de evitar que la ampliación de la Comunidad tenga efectos restrictivos sobre el comercio, a la hora de modificar las cantidades y a fin de ajustar los nuevos niveles de contingentes conviene utilizar un método que tenga en cuenta las importaciones tradicionales en los nuevos Estados miembros. Una fórmula que consista en el promedio de las importaciones procedentes de terceros países en los dos nuevos Estados miembros durante los tres últimos años proporciona una medida adecuada de dichos flujos tradicionales. La independencia de Montenegro data del 3 de junio de 2006, por lo que la Comisión no dispone de cifras individuales relativas a los intercambios comerciales entre Montenegro y Kosovo, por un lado, y los nuevos Estados miembros, por otro. Por consiguiente, los nuevos niveles de contingentes se han establecido utilizando el criterio más adecuado para ello, a saber, los índices de población de los dos nuevos Estados miembros. En ambos casos, se ha añadido un índice de crecimiento.

(4)

Por consiguiente, los anexos III B, IV y VI del Reglamento (CE) no 517/94 han de modificarse de manera que contengan los niveles de contingentes aplicables en 2007. Las normas detalladas que rigen la asignación de contingentes correspondientes a 2007 figuran en el Reglamento (CE) no 1785/2006 de la Comisión (3), relativo a la gestión de los contingentes textiles establecidos para el año 2007 con arreglo al Reglamento (CE) no 517/94.

(5)

Lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 517/94 se aplicará a las importaciones en los nuevos Estados miembros. Por consiguiente, debe modificarse en consecuencia dicho Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité textil establecido en virtud del artículo 25 del Reglamento (CE) no 517/94.

5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/17

(1)

El Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (2), dispone que las sociedades que se rijan por la legislación de un Estado miembro, cuyos valores sean admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro, elaboren sus cuentas consolidadas con arreglo a las normas internacionales de contabilidad establecidas, conocidas como Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para los ejercicios financieros que comiencen el 1 de enero de 2005, o después de esa fecha.

(2)

El Reglamento (CE) no 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la información contenida en los folletos así como al formato, la incorporación por referencia, la publicación de dichos folletos y la difusión de publicidad (3), establece que la información financiera histórica facilitada por los emisores de terceros países en los folletos de oferta pública de valores o de admisión a cotización de valores en un mercado regulado se exprese siguiendo, o bien las normas NIIF adoptadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1606/2002, o las normas nacionales de contabilidad de un tercer país equivalentes a estas. En caso de que la información financiera histórica aportada no haya sido elaborada según dichas normas, deberá presentarse en el folleto bajo la forma de estados financieros reformulados.

(3)

No obstante, el artículo 35 del Reglamento (CE) no 809/2004 incluye ciertas disposiciones transitorias en virtud de las cuales, en una serie de casos limitados, los emisores de terceros países quedan exentos de la obligación de reformular la información financiera histórica que no haya sido elaborada con arreglo a las NIIF o a las normas de contabilidad equivalentes de un tercer país. Conforme a dichas disposiciones transitorias, la obligación de reformular la información financiera histórica no afectará a ningún folleto registrado antes del 1 de enero de 2007 por un emisor de un tercer país que haya preparado esa información financiera histórica ateniéndose a normas internacionalmente aceptadas o a las normas nacionales de contabilidad de un tercer país y al que le hayan sido admitidos valores a cotización en un mercado regulado antes de esa fecha. En ese último caso, cuando la información financiera histórica no ofrezca una imagen fiel de los activos y pasivos, la situación financiera y los beneficios y las pérdidas y ganancias del emisor, deberá completarse con toda la información adicional o más detallada que se considere necesaria para transmitir una imagen fiel.

(4)

En virtud del Reglamento (CE) no 809/2004, en su actual redacción, los folletos registrados a partir del 1 de enero de 2007 ya no podrán acogerse a las exenciones transitorias mencionadas, y la información financiera histórica cuya presentación no se atenga ni a las normas NIIF ni a las normas de contabilidad equivalentes de un tercer país deberá ser reformulada.

(5)

Desde la adopción del Reglamento (CE) no 1606/2002, son muchos los países que han integrado las normas NIIF directamente en sus normas de contabilidad nacionales. Ello demuestra claramente que se está alcanzado uno de los objetivos de dicho Reglamento, a saber, el fomento de una convergencia cada vez mayor de las normas de contabilidad, de modo que las NIIF se acepten a escala internacional y gocen de auténtico valor universal. Por consiguiente, procede que los emisores de terceros países queden exentos de reformular la información financiera histórica preparada con arreglo a las normas de contabilidad nacionales, o de facilitar una descripción explicativa de las diferencias, según lo previsto a continuación en el artículo 1, punto 2, apartado 5 bis modificado, siempre que, con arreglo a la NIC 1 (Presentación de Estados Financieros), tal información incluya una declaración explícita y sin reservas de que se cumplen las NIIF.

(6)

El Comité de responsables europeos de reglamentación de valores (CRERV), creado mediante la Decisión 2001/527/CE de la Comisión (4), consideró, en su dictamen de junio de 2005, que los respectivos principios contables generalmente aceptados (PCGA) de Estados Unidos, Japón y Canadá, globalmente considerados, son equivalentes a las NIIF adoptadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1606/2002, siempre que se tomen algunas medidas, tales como comunicaciones de información adicionales y, en algunos casos, la presentación de estados financieros suplementarios.

(7)

En enero de 2005, el Consejo de Normas de Contabilidad de Japón y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC/IASB) anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un proyecto conjunto destinado reducir a las diferencias existentes entre las NIIF y los PCGA de Japón, y, en marzo de 2005, pusieron en marcha un programa de trabajo conjunto a fin de lograr la convergencia de los PCGA japoneses con las NIIF. En enero de 2006, el Consejo de Normas de Contabilidad de Canadá hizo público su objetivo de implantar para las empresas públicas un único conjunto de normas de elevada calidad internacionalmente aceptadas, concluyendo que la mejor forma de cumplir dicho objetivo era hacer converger las normas contables canadienses con las NIIF en un plazo de cinco años. En febrero de 2006, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos y el CNIC/IASB publicaron un Memorándum de Acuerdo en el que se esboza un programa de trabajo con vistas a la convergencia de los PCGA estadounidenses y las NIIF antes de que finalice 2009, una de las condiciones impuestas por la Comisión Oficial del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos previa a la eliminación de los requisitos de conciliación existentes en relación con los emisores extranjeros que aplican las NIIF y que se hallan registrados ante el SEC.

(8)

No obstante, resulta importante que se preserve la calidad de la información financiera de las NIIF —basada en principios—, que las NIIF se apliquen de forma coherente, que se ofrezca a empresas e inversores la seguridad jurídica adecuada, y que se garantice a las empresas de la UE un trato equitativo de sus estados financieros a escala mundial. La futura evaluación de la equivalencia debería basarse en un análisis técnico y objetivo pormenorizado de las diferencias existentes entre las NIIF y las normas de contabilidad de un tercer país, así como en la aplicación concreta de esos PCGA frente a las NIIF. Antes de proceder a la adopción de cualquier decisión en materia de equivalencia, es preciso analizar atentamente los avances realizados en el proceso de convergencia.

(9)

Teniendo en cuenta la labor realizada por los organismos de normalización contable de Canadá, Japón y Estados Unidos a fin de lograr la convergencia de estas últimas con las NIIF, resulta procedente autorizar las disposiciones transitorias previstas en el artículo 35 del Reglamento (CE) no 809/2004, en virtud de las cuales se exime a los emisores de terceros países de la obligación de reformular la información financiera histórica preparada de acuerdo con las normas de contabilidad de Estados Unidos, Japón o Canadá, o, en su caso, de facilitar una descripción explicativa de las diferencias, por un período adicional máximo de dos años, en tanto los organismos de normalización contable y los reguladores mantienen un diálogo activo, prosigue el proceso de convergencia, y se completa el informe de situación.

(10)

Si bien muchos países han integrado directamente las NIIF en sus PCGA, otros están tratando de lograr la convergencia de las NIIF con sus PCGA en un plazo determinado. Habida cuenta de ello, resulta adecuado eximir también a los emisores de esos terceros países, por un período transitorio máximo de dos años, de la obligación de reformular su información financiera histórica, o, en su caso, de aportar una descripción explicativa de las diferencias existentes, siempre que la autoridad nacional responsable haya contraído un compromiso público a tal efecto y establecido un programa de trabajo. A fin de garantizar que la exención solo se aplique en los casos en que se cumplan estos requisitos, se exigirá al emisor del tercer país que aporte pruebas que demuestren a las autoridades competentes que la autoridad nacional ha adquirido un compromiso público y ha elaborado un programa de trabajo. Con objeto de asegurar la coherencia a escala comunitaria, el CRERV debe coordinar la evaluación que las autoridades competentes realicen respecto del cumplimiento de los requisitos en lo relativo a los PCGA de terceros países concretos.

(11)

Durante el período de dos años mencionado, la Comisión no solo debe mantener un diálogo activo con las autoridades competentes del tercer país considerado, sino realizar un seguimiento estrecho de los progresos en materia de convergencia de las NIIF con los PCGA de Canadá, Japón, Estados Unidos y otros terceros países que hayan establecido un programa de convergencia, a fin de asegurarse de que se encuentra en condiciones de adoptar una decisión sobre la equivalencia, como mínimo, seis meses antes del 1 de enero de 2009. Además, la Comisión debe efectuar un seguimiento activo de los progresos que vayan realizando las autoridades competentes del tercer país considerado a fin de eliminar cualquier requisito que obligue a los emisores comunitarios que acceden a sus mercados financieros a conciliar los estados financieros elaborados con arreglo a las NIIF. Al finalizar el período transitorio adicional, la decisión de la Comisión deberá permitir situar a los emisores comunitarios y no comunitarios en pie de igualdad.

(12)

La Comisión debe informar periódicamente al Comité europeo de valores y al Parlamento Europeo de los progresos realizados de cara a la supresión de la obligación de conciliación y en relación con el proceso de convergencia. Así, antes del 1 de abril de 2007, la Comisión debe comunicar al Comité europeo de valores y al Parlamento Europeo el calendario previsto por las autoridades nacionales del ámbito contable de Canadá, Japón y Estados Unidos en relación con la convergencia. Por otro lado, antes del 1 de abril de 2008, y previa consulta del CRERV, la Comisión debe informar al Comité europeo de valores y al Parlamento Europeo sobre la evaluación de los PCGA de terceros países utilizados por los emisores que no estén obligados a reformular su información histórica o, en su caso, a facilitar una descripción explicativa de las diferencias incluidas en un folleto registrado ante la autoridad competente antes del 1 de enero de 2009. Por último, antes del 1 de enero de 2008, y previa consulta del CRERV, la Comisión se cerciorará de que existe una definición de equivalencia utilizada para la determinación de la equivalencia de los PCGA de terceros países basándose en un mecanismo de equivalencia creado al efecto.

(13)

Por consiguiente, resulta apropiado modificar el artículo 35 del Reglamento (CE) no 809/2004 de modo que los emisores de terceros países no se vean obligados a reformular su información financiera histórica o, en su caso, a facilitar una descripción explicativa de las diferencias en los casos descritos durante un período máximo de dos años, de forma que se pueda proseguir el diálogo. En todos los demás casos, los emisores de terceros países estarán obligados a reformular su información financiera histórica con arreglo a las NIIF adoptadas, o, en su caso, a facilitar una descripción explicativa de las diferencias existentes, en cualquier folleto registrado ante una autoridad competente el 1 de enero de 2007, o después de esa fecha.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores.

1)

El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 bis, a partir del 1 de enero de 2007 los emisores de terceros países mencionados en los apartados 3 y 4 presentarán su información financiera histórica con arreglo a las normas internacionales de contabilidad adoptadas en virtud del Reglamento (CE) no 1606/2002, o a normas de contabilidad de un tercer país equivalentes a estas. En caso de que dicha información financiera histórica no se atenga a alguna de esas normas, deberá presentarse bajo la forma de estados financieros reformulados.».

2)

Se insertan los siguientes apartados 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies y 5 sexies:

«5 bis.   Los emisores de terceros países no estarán sujetos al requisito establecido en el anexo I, punto 20.1, en el anexo IV, punto 13.1, en el anexo VII, punto 8.2, en el anexo X, punto 20.1, o en el anexo XI, punto 11.1, de reformular la información financiera histórica, ni al requisito establecido en el anexo VII, punto 8.2 bis, en el anexo IX, punto 11.1, o en el anexo X, punto 20.1 bis, de facilitar una descripción explicativa de las diferencias existentes entre las normas internacionales de contabilidad adoptadas en virtud del Reglamento (CE) no 1606/2002 y los principios contables con arreglo a los cuales se elabora dicha información, que figure en un folleto registrado ante una autoridad competente antes del 1 de enero de 2009, siempre que se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

5 ter.   Antes del 1 de abril de 2007, la Comisión presentará al Comité europeo de valores y al Parlamento Europeo un primer informe sobre el calendario de trabajo de las autoridades responsables de las normas nacionales de contabilidad de Estados Unidos, Japón y Canadá, en relación con la convergencia entre las NIIF y los principios de contabilidad generalmente aceptados de dichos países.

La Comisión efectuará un estrecho seguimiento e informará periódicamente al Comité europeo de valores y al Parlamento Europeo sobre los avances en el proceso de convergencia entre las Normas Internacionales de Información Financiera y los principios contables generalmente aceptados de Canadá, Japón y Estados Unidos, así como de los progresos realizados de cara a la eliminación de los requisitos de conciliación aplicables a los emisores comunitarios en esos países. En particular, informará inmediatamente al Comité europeo de valores y al Parlamento Europeo en caso de que el proceso no progrese de forma satisfactoria.

5 quater.   La Comisión informará asimismo periódicamente al Comité europeo de valores y al Parlamento Europeo del desarrollo de los debates en materia de reglamentación y de los avances en el proceso de convergencia entre las Normas Internacionales de Información Financiera y los principios contables generalmente aceptados de los terceros países mencionados en el apartado 5 bis, letra c), así como de los progresos realizados de cara a la eliminación de cualquier requisito de reconciliación. En particular, informará inmediatamente al Comité europeo de valores y al Parlamento Europeo en caso de que el proceso no progrese de forma satisfactoria.

5 quinquies.   Además de las obligaciones previstas en los apartados 5 ter y 5 quater, la Comisión entablará y mantendrá un diálogo regular con las autoridades de terceros países y, antes del 1 de abril de 2008, presentará al Comité europeo de valores y al Parlamento Europeo un informe sobre los avances en el proceso de convergencia y los progresos realizados de cara la eliminación de cualquier requisito de conciliación aplicable a los emisores de la Comunidad en virtud de las normas de un tercer país de los mencionados en el apartado 5 bis, letras b) o c). La Comisión podrá encomendar a terceros la elaboración de dicho informe.

5 sexies.   Como mínimo seis meses antes del 1 de enero de 2009, la Comisión procederá a determinar la equivalencia de los principios contables generalmente aceptados de los terceros países aplicando una definición de equivalencia y un mecanismo de equivalencia que deberá haber establecido antes del 1 de enero de 2008, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 24 de la Directiva 2003/71/CE. A efectos del cumplimiento del presente apartado, la Comisión deberá consultar previamente al Comité de responsables europeos de reglamentación de valores sobre la idoneidad de la definición de equivalencia, del mecanismo de equivalencia y sobre la determinación de la equivalencia que se va a efectuar.».

5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/21

(1)

Las operaciones de traslado de residuos radiactivos o combustible gastado están sujetas a una serie de preceptos establecidos por la legislación comunitaria e internacional, que se refieren en particular a la seguridad del transporte de materias radiactivas y a las condiciones en que los residuos radiactivos o el combustible gastado se almacenan, de manera definitiva o no, en el país de destino.

(2)

Además de estos preceptos, la protección sanitaria de los trabajadores y de la población en general exige que los traslados de residuos radiactivos o combustible gastado entre Estados miembros y los que entren en la Comunidad y salgan de ella estén sujetos a un régimen común y obligatorio de autorización previa.

(3)

Tal como declaró el Consejo en su Resolución de 22 de mayo de 2002 sobre la creación en los Estados miembros de sistemas nacionales de vigilancia y control de la presencia de materiales radiactivos en el reciclaje de materiales metálicos (3), es importante reducir al mínimo el riesgo radiológico derivado de la presencia de materiales radiactivos en los materiales metálicos destinados al reciclaje.

(4)

La Directiva 92/3/Euratom, de 3 de febrero de 1992, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad (4), estableció un régimen de control estricto y autorización previa para los traslados de residuos radiactivos que ha resultado satisfactorio. No obstante, es preciso modificar dicho régimen teniendo en cuenta la experiencia adquirida para aclarar y añadir conceptos y definiciones, abordar situaciones que no se habían previsto, simplificar el procedimiento vigente para el traslado de residuos radiactivos entre Estados miembros y garantizar la coherencia con otras disposiciones comunitarias e internacionales, especialmente con la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos (denominada en lo sucesivo «la Convención conjunta»), a la que la Comunidad se adhirió el 2 de enero de 2006.

(5)

En el marco de la quinta fase de la iniciativa SLIM (Simplificación de la legislación en el mercado interior), se creó un grupo de trabajo integrado por representantes de los Estados miembros y de los usuarios a fin de tratar una serie de problemas planteados por los usuarios de la Directiva 92/3/Euratom y, al mismo tiempo, adecuarla a los instrumentos y normas internacionales actuales.

(6)

El procedimiento establecido en la Directiva 92/3/Euratom se ha aplicado en la práctica solo a los traslados de combustible gastado que no está destinado a ser reutilizado, que, a efectos de dicha Directiva, se considera por tanto «residuo radiactivo». Desde el punto de vista radiológico, no está justificado excluir del procedimiento de vigilancia y control el combustible gastado que está destinado al reprocesamiento. Por lo tanto, procede que la presente Directiva se aplique a todos los traslados de combustible gastado, tanto si está destinado al almacenamiento definitivo como al reprocesamiento.

(7)

La elección de la política nacional de gestión de los residuos nucleares y del combustible gastado que estén en la jurisdicción de un Estado miembro debe seguir siendo plena competencia del Estado miembro, optando algunos de los Estados miembros por reprocesar el combustible gastado y otros por almacenarlo de forma definitiva sin prever ninguna otra utilización para él. La presente Directiva debe entenderse, por lo tanto, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a exportar su combustible gastado para que sea reprocesado, y ninguna de sus disposiciones debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro de destino tiene que aceptar traslados de residuos radiactivos y combustible gastado para su tratamiento o almacenamiento definitivo, salvo en el caso de una devolución. Cualquier decisión de denegación de dichos traslados debe justificarse sobre la base de los criterios establecidos en la presente Directiva.

(8)

La simplificación de los procedimientos vigentes no debe ir en detrimento del derecho actual de los Estados miembros a oponerse a los traslados de residuos que requieran su consentimiento, o a supeditarlos a determinadas condiciones. Las objeciones no deben ser arbitrarias y deben basarse en el Derecho nacional, comunitario o internacional pertinente. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional y, en particular, del ejercicio, por los buques y las aeronaves, de los derechos y libertades de navegación marítima, fluvial y aérea establecidos en virtud del Derecho internacional.

(9)

La posibilidad de que un Estado miembro de destino o de tránsito rechace el procedimiento automático de consentimiento de traslados impone una carga administrativa injustificada y crea incertidumbre. La obligación de las autoridades de los países de destino y tránsito de acusar recibo de la solicitud, junto con la ampliación del plazo de concesión del consentimiento, debe permitir que se presuma la aprobación tácita con un grado elevado de certidumbre.

(10)

Las «autorizaciones» de los traslados en el sentido de la presente Directiva no deben sustituir a ninguno de los requisitos nacionales específicos aplicables a los traslados tales como los permisos de transporte.

(11)

Para proteger la salud humana y el medio ambiente de los peligros que suponen los residuos radiactivos, deben tenerse en cuenta los riesgos existentes fuera de la Comunidad. En el caso de los residuos radiactivos y del combustible gastado que salgan de la Comunidad, el tercer país de destino no solo debe ser informado del traslado sino que, además, ha de dar su consentimiento al respecto.

(12)

Las autoridades competentes del Estado miembro de destino deben cooperar y comunicarse con las demás autoridades competentes afectadas para evitar retrasos indebidos y garantizar el buen funcionamiento del procedimiento de consentimiento establecido por la presente Directiva.

(13)

El requisito de que la persona responsable del traslado adopte, si procede, medidas de seguridad correctivas en caso de no realización del traslado no debe impedir la aplicación de los mecanismos establecidos por los Estados miembros a escala nacional.

(14)

El requisito de que el poseedor sea responsable de los costes afrontados en caso de no realización del traslado no debe impedir la aplicación de los mecanismos establecidos por los Estados miembros a escala nacional, ni de cualquier arreglo contractual entre el poseedor y cualquier otra persona que participe en el traslado.

(15)

Aunque los residuos radiactivos deben almacenarse, en la medida en que ello sea compatible con su gestión segura, en el Estado en que se hayan generado, se reconoce la conveniencia de que los Estados miembros celebren acuerdos entre sí para facilitar la gestión segura y eficiente de los residuos radiactivos y del combustible gastado procedentes de Estados miembros que los produzcan en pequeñas cantidades y en los que el establecimiento de instalaciones adecuadas no estaría justificado desde el punto de vista radiológico.

(16)

Los acuerdos suscritos entre un destinatario de un tercer país y un poseedor de un tercer país con arreglo al artículo 27 de la Convención conjunta podrían utilizarse a efectos de la presente Directiva.

(17)

Conviene adaptar el documento uniforme actual a afectos de la presente Directiva y habida cuenta de la experiencia adquirida. En aras de la claridad, debe imponerse la obligación de establecer el nuevo documento uniforme antes de la fecha de transposición de la presente Directiva. No obstante, si no pudiese cumplirse ese plazo, conviene prever disposiciones transitorias que permitan emplear el documento uniforme existente. Además, la existencia de normas claras sobre las lenguas que pueden utilizarse creará seguridad jurídica y evitará retrasos injustificados.

(18)

La presentación de informes periódicos de los Estados miembros a la Comisión y de esta al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo debe permitir contar con una visión de conjunto muy útil de las autorizaciones otorgadas en toda la Comunidad y ayudar a detectar las dificultades que puedan haber encontrado en la práctica los Estados miembros, así como las soluciones aplicadas.

(19)

La Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes (5), se aplica, entre otras cosas, al transporte, a la importación a la Comunidad y a la exportación a partir de ella de sustancias radiactivas, y establece un régimen de declaración y autorización de las prácticas que implican radiaciones ionizantes. Esas disposiciones afectan, pues, al ámbito cubierto por la presente Directiva.

(20)

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, es necesario, en aras de la claridad, derogar y sustituir la Directiva 92/3/Euratom. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros sobre los plazos de incorporación a la legislación nacional y de aplicación de la Directiva derogada.

(21)

De conformidad con el apartado 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (6), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

a)

el país de origen o el país de destino o cualquier país de tránsito es un Estado miembro de Comunidad, y

b)

las cantidades y la concentración del envío superen los niveles establecidos en el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 96/29/Euratom.

a)

vayan a trasladarse residuos radiactivos para ser procesados, o

b)

vaya a trasladarse otro material para recuperar los residuos radiactivos,

a)

los envíos de residuos radiactivos y combustible gastado que estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva pero que no hayan sido debidamente autorizados de conformidad con las disposiciones de esta, y

b)

los residuos que hayan sufrido contaminación radiactiva o el material que contenga una fuente radiactiva cuando estos no hayan sido declarados como residuos radiactivos por el país de origen.

1)

«residuos radiactivos»: todos los materiales radiactivos, en forma gaseosa, líquida o sólida, para los cuales los países de origen y destino o una persona física o jurídica cuya decisión sea aceptada por estos países no prevean ningún uso ulterior, y que estén sujetos a control del órgano regulador como residuos radiactivos según el marco legislativo y reglamentario de los países de origen y destino;

2)

«combustible gastado»: el combustible nuclear irradiado en el núcleo de un reactor y extraído permanentemente de este; el combustible gastado puede ser considerado como un recurso utilizable susceptible de reprocesamiento, o bien destinarse a su almacenamiento definitivo sin que se prevea ninguna utilización ulterior, en cuyo caso será tratado como residuo radiactivo;

3)

«reprocesamiento»: un proceso u operación cuyo propósito es extraer isótopos radiactivos del combustible gastado para su uso ulterior;

4)

«traslado»: el conjunto de las operaciones necesarias para desplazar residuos radiactivos o combustible gastado del país o Estado miembro de origen al país o Estado miembro de destino;

5)

«traslado intracomunitario»: el traslado en que el país de origen y el país de destino son Estados miembros;

6)

«traslado extracomunitario»: el traslado en que el país de origen, el país de destino o ambos son terceros países;

7)

«almacenamiento definitivo»: la colocación de residuos radiactivos o combustible gastado en una instalación autorizada, sin intención de recuperarlos;

8)

«almacenamiento»: la colocación de residuos radiactivos o combustible gastado en una instalación dispuesta para su contención, con intención de recuperarlos;

9)

«poseedor»: cualquier persona física o jurídica que, antes de efectuar el traslado de residuos radiactivos o combustible gastado, sea responsable de dicho material con arreglo al Derecho nacional aplicable y tenga previsto efectuar su traslado a un destinatario;

10)

«destinatario»: la persona física o jurídica a la que se transfieren los residuos radiactivos o el combustible gastado;

11)

«país o Estado miembro de origen» y «país o Estado miembro de destino»: respectivamente, cualquier país o Estado miembro a partir del cual esté previsto iniciar o se haya iniciado un traslado, y cualquier país o Estado miembro al que esté previsto efectuar o se efectúe un traslado;

12)

«país o Estado miembro de tránsito»: cualquier país o Estado miembro distinto del país o Estado miembro de origen y del país o Estado miembro de destino, por cuyo territorio esté previsto o tenga lugar un traslado;

13)

«autoridades competentes»: todas las autoridades que, con arreglo a las disposiciones legales o reglamentarias del país de origen, de tránsito o de destino, estén habilitadas para aplicar el régimen de vigilancia y control de los traslados de residuos radiactivos y combustible gastado;

14)

«fuente sellada»: la definida en la Directiva 96/29/Euratom, incluida, en su caso, la cápsula que encierra el material radiactivo, que forma parte integrante de la fuente;

15)

«fuente en desuso»: una fuente sellada que ha dejado de utilizarse o de estar destinada para la práctica a efectos de la cual se concedió una autorización;

16)

«instalación reconocida»: una instalación situada en el territorio de un país y que ha sido autorizada por las autoridades competentes de ese país, de acuerdo con su legislación nacional, para el almacenamiento a largo plazo o definitivo de fuentes selladas, o una instalación debidamente autorizada, con arreglo a la legislación nacional, para el almacenamiento provisional de fuentes selladas;

17)

«solicitud debidamente cumplimentada»: el documento uniforme que cumple todos los requisitos a que se refiere el artículo 17.

a)

los residuos radiactivos o el combustible gastado a los que se refiera la solicitud presenten en lo esencial las mismas características físicas, químicas y radiactivas, y

b)

los traslados vayan a efectuarse del mismo poseedor al mismo destinatario con la intervención de las mismas autoridades competentes, y

c)

en el caso de los traslados que impliquen el tránsito por países terceros, dicho tránsito se efectúe por el mismo puesto fronterizo de entrada o de salida de la Comunidad y por el mismo puesto fronterizo del país o países terceros correspondientes, salvo que las autoridades competentes interesadas acuerden lo contrario.

a)

para los Estados miembros de tránsito, en la legislación nacional, comunitaria o internacional aplicable al transporte de materias radiactivas;

b)

para el Estado miembro de destino, en la legislación aplicable a la gestión de residuos radiactivos o del combustible gastado o en la legislación nacional, comunitaria o internacional aplicable al transporte de materias radiactivas.

a)

cuando el consentimiento inicial se haya referido a materias trasladadas con fines de procesamiento o reprocesamiento, si la devolución se refiere a residuos radiactivos u otros productos equivalentes a las materias originales tras el procesamiento o reprocesamiento, y si se cumple toda la normativa pertinente;

b)

en las circunstancias descritas en el artículo 12, si la devolución se lleva a cabo en las mismas condiciones y con las mismas especificaciones.

a)

informarán del traslado previsto a las autoridades competentes del país de destino y solicitarán su consentimiento, y

b)

enviarán la solicitud a que se refiere el apartado 1 a las autoridades competentes de los Estados miembros de tránsito, si los hubiere, para que puedan dar su consentimiento.

a)

a ningún destino situado al sur de los 60° de latitud Sur, ni

b)

a un Estado que sea parte en el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (Acuerdo ACP-CE de Cotonú), y que no sea un Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, ni

c)

a un país tercero que, a juicio de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, con arreglo a los criterios indicados en el apartado 2 del presente artículo, no posea los recursos técnicos y administrativos ni la estructura reglamentaria necesarios para gestionar con seguridad los residuos radiactivos o el combustible gastado, según lo dispuesto en la Convención conjunta. Al formarse un juicio a este respecto, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta toda la información pertinente procedente de otros Estados miembros. Los Estados miembros informarán a este respecto todos los años a la Comisión y al Comité consultivo creado en virtud del artículo 21.

a)

los nombres y direcciones de la autoridad o autoridades competentes de cada Estado miembro;

b)

las lenguas aceptables para las autoridades competentes de cada Estado miembro, y

c)

todas las condiciones generales y requisitos adicionales, si los hay, necesarios para que las autoridades competentes de cada Estado miembro autoricen un traslado.

a)

el calendario previsto para la realización de todos los traslados cubiertos por la misma solicitud;

b)

la justificación dada para incluir todos los traslados en la misma solicitud;

c)

la conveniencia de autorizar un número de traslados inferior al cubierto por la solicitud.

5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/33

(1)

El Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumanía, por otra (1), entró en vigor el 1 de febrero de 1995.

(2)

El artículo 75 del Acuerdo europeo establece que la cooperación en los ámbitos de la normalización y de los procedimientos de evaluación de la conformidad intentará lograr la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo.

(3)

La Comisión ha negociado en nombre de la Comunidad el Protocolo del Acuerdo europeo sobre evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales.

(4)

El Protocolo del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumanía, por otra, sobre evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales, rubricado en Bruselas el 18 de abril de 2006, debe ser firmado, a reserva de su posible celebración en una fecha posterior.

5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/43

(1)

El Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumanía, por otra (1), entró en vigor el 1 de febrero de 1995.

(2)

El artículo 75, apartado 2, del Acuerdo Europeo establece que la cooperación en los ámbitos de la normalización y de los procedimientos de evaluación de la conformidad intentará lograr la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo.

(3)

El artículo 110 del Acuerdo Europeo dispone que el Consejo de Asociación podrá delegar cualquiera de sus competencias en el Comité de Asociación.

(4)

El artículo 2 de la Decisión 94/907/CE, CECA, Euratom del Consejo y de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994, relativa a la celebración del Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumanía, por otra (2), establece los procedimientos comunitarios de toma de decisiones y para la presentación de la posición de la Comunidad en el Consejo de Asociación y en el Comité de Asociación.

(5)

El proyecto de Protocolo del Acuerdo Europeo sobre evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales fue firmado en Bucarest el 27 de octubre de 2006 en nombre de la Comunidad, y debe ser aprobado.

(6)

Se deben definir los procedimientos internos necesarios para el buen funcionamiento del Protocolo.

(7)

Es necesario delegar en la Comisión la facultad de realizar determinadas modificaciones técnicas en este Protocolo y adoptar determinadas decisiones para su aplicación.

a)

efectuará las notificaciones, admisiones, suspensiones y retiradas de organismos y los nombramientos del equipo o equipos mixtos de expertos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 y en el artículo 14, letra c), del Protocolo;

b)

realizará las consultas, intercambios de información, solicitudes de verificación y de participación en ejercicios de verificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 11 y 12, en el artículo 14, letras d) y e), y en las secciones III y IV de los anexos del Protocolo;

c)

en caso necesario, responderá a las solicitudes formuladas de conformidad con el artículo 11 y las secciones III y IV de los anexos del Protocolo.

a)

la modificación de los anexos con arreglo al artículo 14, letra a), del Protocolo;

b)

la adición de nuevos anexos con arreglo al artículo 14, letra b), del Protocolo;

c)

toda decisión relativa a desacuerdos sobre los resultados de las verificaciones y suspensiones, totales o parciales, de cualquier organismo notificado con arreglo al artículo 11, párrafos segundo y tercero, del Protocolo;

d)

toda medida adoptada en aplicación de las cláusulas de salvaguardia de la sección IV de los anexos del Protocolo;

e)

las medidas referentes a la verificación, suspensión o retirada de la aceptación mutua de productos industriales, con arreglo al artículo 4 del Protocolo.

5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/45

(1)

Los requisitos normalizados del Reglamento no 107 de la CEPE/ONU, sobre disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de categoría M2 o M3 en lo que respecta a sus características generales de construcción, tienen por objeto eliminar las barreras técnicas al comercio de vehículos de motor entre las Partes contratantes, al tiempo que garantizan un alto nivel de seguridad en el funcionamiento de los vehículos.

(2)

Por ello, la Comisión considera que el Reglamento no 107 debe entrar a formar parte del sistema comunitario de homologación de vehículos de motor.

5.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/46

(1)

En la Decisión 90/424/CEE del Consejo se contempla la posibilidad de una participación financiera de la Comunidad en la erradicación y vigilancia de enfermedades animales, así como en los controles relativos a la prevención de las zoonosis.

(2)

En el Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (2), se prevén programas anuales para la erradicación y el seguimiento de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en animales de las especies bovina, ovina y caprina.

(3)

Los Estados miembros han presentado programas de erradicación y seguimiento de determinadas enfermedades animales, de prevención de zoonosis y de erradicación y seguimiento de las EET en sus territorios.

(4)

Tras examinar los programas, se comprobó que cumplen la normativa veterinaria comunitaria pertinente y, concretamente, los criterios comunitarios relativos a la erradicación de tales enfermedades, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 90/638/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, por la que se establecen los criterios comunitarios aplicables a las medidas de erradicación y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales (3).

(5)

Estos programas figuran en la lista de programas establecida en la Decisión 2006/687/CE de la Comisión, de 12 de octubre de 2006, sobre los programas de erradicación y vigilancia de determinadas enfermedades animales, prevención de las zoonosis y vigilancia de las EET, y los programas de erradicación de la EEB y la tembladera, que pueden recibir una contribución financiera de la Comunidad en 2007 (4).

(6)

Dada la importancia de estos programas para la consecución de los objetivos comunitarios en materia de sanidad animal y salud pública, así como la obligatoriedad de la aplicación de los programas de EET en todos los Estados miembros, conviene fijar la participación financiera de la Comunidad adecuada para reembolsar a los Estados miembros en cuestión los gastos relacionados con las medidas contempladas en la presente Decisión, hasta un importe máximo determinado para cada programa.

(7)

Con vistas a una mejor gestión, un uso más eficiente de los fondos comunitarios y una mejor transparencia, es preciso determinar asimismo para cada programa, según proceda, los importes máximos que se reembolsarán a los Estados miembros por determinados gastos de elementos como las diversas pruebas y vacunas utilizadas en los Estados miembros y como indemnización a los propietarios por las pérdidas debidas al sacrificio o destrucción de los animales.

(8)

De acuerdo con el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (5), los programas de erradicación y vigilancia de las enfermedades animales se financian con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola. A efectos de control financiero serán aplicables los artículos 9, 36 y 37 de dicho Reglamento.

(9)

La presencia de rabia en un territorio rodeado por la Unión Europea constituiría una fuente permanente de reinfección para las zonas circundantes. En consecuencia, en lugar de establecer una zona de vacunación protectora en torno a dicho territorio, que tendría que mantenerse de forma indefinida, es preferible erradicar la rabia.

(10)

La participación financiera de la Comunidad debe supeditarse a la condición de que las medidas previstas se lleven a cabo con diligencia y de que las autoridades competentes faciliten toda la información necesaria dentro de los plazos fijados en la presente Decisión.

(11)

Es preciso aclarar el tipo de conversión de las solicitudes de pago presentadas en monedas nacionales, tal como se definen en el artículo 1, letra d), del Reglamento (CE) no 2799/98 del Consejo, de 15 de diciembre de 1998, por el que se establece el régimen agromonetario del euro (6).

(12)

La aprobación de algunos de estos programas no debe prejuzgar una eventual decisión de la Comisión sobre normas de erradicación de dichas enfermedades, basada en dictámenes científicos.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

490 000 EUR para la República Checa;

b)

850 000 EUR para Alemania;

c)

925 000 EUR para Estonia;

d)

1 200 000 EUR para Letonia;

e)

1 850 000 EUR para Hungría;

f)

185 000 EUR para Austria;

g)

4 850 000 EUR para Polonia;

h)

375 000 EUR para Eslovenia;

i)

500 000 EUR para Eslovaquia;

j)

112 000 EUR para Finlandia.

a)

para los programas mencionados en el apartado 2, letras c) y d), 0,5 EUR por la compra de cada dosis de vacuna; y

b)

para los demás programas mencionados en los apartados 2 y 3, 0,3 EUR por la compra de cada dosis de vacuna.

a)

3 500 000 EUR para España;

b)

1 100 000 EUR para Irlanda;

c)

2 000 000 EUR para Italia;

d)

95 000 EUR para Chipre;

e)

1 600 000 EUR para Portugal;

f)

1 100 000 EUR para el Reino Unido.

a)

:

prueba de rosa de Bengala

:

0,2 EUR por prueba;

b)

:

prueba SAT (de aglutinación sérica)

:

0,2 EUR por prueba;

c)

:

prueba de fijación del complemento

:

0,4 EUR por prueba;

d)

:

prueba ELISA

:

1 EUR por prueba;

e)

:

adquisición de una dosis de vacuna

:

0,5 EUR por dosis.

a)

3 000 000 EUR para España;

b)

2 500 000 EUR para Italia;

c)

1 100 000 EUR para Polonia;

d)

450 000 EUR para Portugal.

a)

:

prueba de la tuberculina

:

0,8 EUR por prueba;

b)

:

prueba del interferón γ

:

5 EUR por prueba.

a)

20 000 EUR para Estonia;

b)

400 000 EUR para Italia;

c)

35 000 EUR para Letonia;

d)

135 000 EUR para Lituania;

e)

2 300 000 EUR para Polonia;

f)

225 000 EUR para Portugal.

a)

:

prueba ELISA

:

0,5 EUR por prueba;

b)

:

prueba de inmunodifusión en gel de agar

:

0,5 EUR por prueba.

a)

5 000 000 EUR para España;

b)

200 000 EUR para Francia;

c)

4 000 000 EUR para Italia;

d)

120 000 EUR para Chipre;

e)

1 600 000 EUR para Portugal.

a)

:

prueba de rosa de Bengala

:

0,2 EUR por prueba;

b)

:

prueba de fijación del complemento

:

0,4 EUR por prueba;

c)

:

adquisición de una dosis de vacuna

:

0,1 EUR por dosis.

a)

4 900 000 EUR para España;

b)

160 000 EUR para Francia;

c)

1 300 000 EUR para Italia;

d)

600 000 EUR para Portugal.

a)

:

prueba ELISA

:

2,5 EUR por prueba;

b)

:

adquisición de una dosis de vacuna

:

0,5 EUR por dosis.

a)

660 000 EUR para Bélgica;

b)

330 000 EUR para la República Checa;

c)

250 000 EUR para Dinamarca;

d)

175 000 EUR para Alemania;

e)

27 000 EUR para Estonia;

f)

60 000 EUR para Grecia;

g)

2 000 000 EUR para España;

h)

875 000 EUR para Francia;

i)

175 000 EUR para Irlanda;

j)

320 000 EUR para Italia;

k)

40 000 EUR para Chipre;

l)

60 000 EUR para Letonia;

m)

60 000 EUR para Hungría;

n)

1 350 000 EUR para los Países Bajos;

o)

80 000 EUR para Austria;

p)

2 000 000 EUR para Polonia;

q)

450 000 EUR para Portugal;

r)

205 000 EUR para Eslovaquia.

a)

:

prueba bacteriológica

:

5 EUR por prueba;

b)

:

adquisición de una dosis de vacuna

:

0,05 EUR por dosis.

a)

la peste porcina clásica presentados por Alemania, Francia, Luxemburgo, Eslovenia y Eslovaquia para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007;

b)

la peste porcina clásica y la peste porcina africana presentado por Italia para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.

a)

800 000 EUR para Alemania;

b)

500 000 EUR para Francia;

c)

140 000 EUR para Italia;

d)

35 000 EUR para Luxemburgo;

e)

25 000 EUR para Eslovenia;

f)

400 000 EUR para Eslovaquia.

a)

:

prueba ELISA

:

2,5 EUR por prueba;

b)

:

adquisición de una dosis de vacuna

:

0,5 EUR por dosis.

a)

250 000 EUR para Bélgica;

b)

350 000 EUR para España.

a)

66 000 EUR para Bélgica;

b)

74 000 EUR para la República Checa;

c)

160 000 EUR para Dinamarca;

d)

243 000 EUR para Alemania;

e)

40 000 EUR para Estonia;

f)

42 000 EUR para Grecia;

g)

82 000 EUR para España;

h)

280 000 EUR para Francia;

i)

59 000 EUR para Irlanda;

j)

510 000 EUR para Italia;

k)

15 000 EUR para Chipre;

l)

15 000 EUR para Letonia;

m)

12 000 EUR para Lituania;

n)

10 000 EUR para Luxemburgo;

o)

110 000 EUR para Hungría;

p)

5 000 EUR para Malta;

q)

126 000 EUR para los Países Bajos;

r)

42 000 EUR para Austria;

s)

87 000 EUR para Polonia;

t)

121 000 EUR para Portugal;

u)

32 000 EUR para Eslovenia;

v)

21 000 EUR para Eslovaquia;

w)

27 000 EUR para Finlandia;

x)

130 000 EUR para Suecia;

y)

275 000 EUR para el Reino Unido.

a)

prueba ELISA

1 EUR por prueba;

b)

prueba de inmunodifusión en gel de agar:

1,2 EUR por prueba;

c)

prueba de inhibición de la hemaglutinación para H5/H7:

12 EUR por prueba;

d)

prueba de aislamiento del virus:

30 EUR por prueba;

e)

Prueba PCR

15 EUR por prueba.

a)

2 084 000 EUR para Bélgica;

b)

1 059 000 EUR para la República Checa;

c)

1 680 000 EUR para Dinamarca;

d)

11 307 000 EUR para Alemania;

e)

233 000 EUR para Estonia;

f)

1 827 000 EUR para Grecia;

g)

10 237 000 EUR para España;

h)

24 815 000 EUR para Francia;

i)

6 755 000 EUR para Irlanda;

j)

3 375 000 EUR para Italia;

k)

348 000 EUR para Chipre;

l)

312 000 EUR para Letonia;

m)

645 000 EUR para Lituania;

n)

146 000 EUR para Luxemburgo;

o)

784 000 EUR para Hungría;

p)

90 000 EUR para Malta;

q)

5 112 000 EUR para los Países Bajos;

r)

1 759 000 EUR para Austria;

s)

3 744 000 EUR para Polonia;

t)

2 115 000 EUR para Portugal;

u)

308 000 EUR para Eslovenia;

v)

1 088 000 EUR para Eslovaquia;

w)

839 000 EUR para Finlandia;

x)

2 020 000 EUR para Suecia;

y)

6 781 000 EUR para el Reino Unido.

a)

6 EUR por prueba, para las pruebas realizadas en los animales de la especie bovina según lo dispuesto en el anexo III del Reglamento (CE) no 999/2001;

b)

30 EUR por prueba, para las pruebas realizadas en los animales de las especies ovina y caprina según lo dispuesto en el anexo III del Reglamento (CE) no 999/2001;

c)

50 EUR por prueba, para las pruebas realizadas en los cérvidos según lo dispuesto en el anexo III del Reglamento (CE) no 999/2001;

d)

145 EUR por prueba, para las pruebas discriminatorias moleculares primarias, como se contempla en el anexo X, capítulo C, punto 3.2, letra c), inciso i) del Reglamento (CE) no 999/2001.

a)

50 000 EUR para Bélgica;

b)

750 000 EUR para la República Checa;

c)

51 000 EUR para Dinamarca;

d)

500 000 EUR para Alemania;

e)

98 000 EUR para Estonia;

f)

750 000 EUR para Grecia;

g)

713 000 EUR para España;

h)

50 000 EUR para Francia;

i)

800 000 EUR para Irlanda;

j)

150 000 EUR para Italia;

l)

100 000 EUR para Luxemburgo;

m)

60 000 EUR para los Países Bajos;

n)

48 000 EUR para Austria;

o)

328 000 EUR para Polonia;

p)

305 000 EUR para Portugal;

q)

25 000 EUR para Eslovenia;

r)

250 000 EUR para Eslovaquia;

s)

25 000 EUR para Finlandia;

t)

347 000 EUR para el Reino Unido.

a)

99 000 EUR para Bélgica;

b)

107 000 EUR para la República Checa;

c)

927 000 EUR para Alemania;

d)

13 000 EUR para Estonia;

e)

1 306 000 EUR para Grecia;

f)

5 374 000 EUR para España;

g)

8 862 000 EUR para Francia;

h)

629 000 EUR para Irlanda;

i)

3 076 000 EUR para Italia;

j)

2 200 000 EUR para Chipre;

k)

28 000 EUR para Luxemburgo;

l)

332 000 EUR para Hungría;

m)

543 000 EUR para los Países Bajos;

n)

14 000 EUR para Austria;

o)

716 000 EUR para Portugal;

p)

83 000 EUR para Eslovenia;

q)

279 000 EUR para Eslovaquia;

r)

11 000 EUR para Finlandia;

s)

6 000 EUR para Suecia;

t)

9 178 000 EUR para el Reino Unido.

a)

en el caso de animales bovinos se aplicará un máximo de 300 EUR por animal;

b)

en el caso de ovejas y cabras se aplicará un máximo de 35 EUR por animal;

c)

en el caso de aves de corral de cría se aplicará un máximo de 2,5 EUR por animal.

a)

el Estado miembro correspondiente habrá puesto en vigor a más tardar el 1 de enero de 2007 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la aplicación del programa;

b)

envío de la primera evaluación financiera y técnica del programa a más tardar el 1 de junio de 2007, de acuerdo con el artículo 24, apartado 7, de la Decisión 90/424/CEE;

c)

para los programas mencionados en los artículos 1 a 11, envío de un informe intermedio relativo a los primeros seis meses del programa, en el plazo máximo de cuatro semanas tras el final del periodo correspondiente de aplicación;

d)

para los programas mencionados en el artículo 12, los Estados miembros comunicarán cada tres meses a la Comisión, antes del final del mes siguiente, los resultados positivos y negativos de las investigaciones que hayan constatado durante su vigilancia de las aves de corral y silvestres.

e)

para los programas mencionados en los artículos 13 a 15, envío a la Comisión de un informe mensual sobre el progreso del programa de seguimiento de las EET y los costes a que ha hecho frente el Estado miembro; dicho informe se presentará en el plazo máximo de cuatro semanas tras el final del mes de notificación;

f)

envío, a más tardar el 1 de junio de 2008, de un informe final sobre la ejecución técnica del programa, con los justificantes de los gastos del Estado miembro y de los resultados obtenidos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007;

g)

el detalle de los gastos del Estado miembro a que hacen referencia las letras d) y e) se presentará en un formulario, según el cuadro que figura en los anexos I y II;

h)

aplicación diligente del programa;

i)

no presentación pasada o futura de ninguna solicitud de contribución comunitaria para estas medidas.