29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/1

(1)

El Consejo Europeo de Salónica de 19 y 20 de junio de 2003 confirmó que era necesario un planteamiento coherente en la Unión Europea sobre los identificadores biométricos o datos biométricos de los documentos de nacionales de terceros países, pasaportes de ciudadanos de la Unión Europea y sistemas de información (VIS y SIS II).

(2)

Las normas mínimas de seguridad para los pasaportes se introdujeron mediante una Resolución de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, el 17 de octubre de 2000 (3). Procede ahora sustituir y modernizar dicha Resolución mediante una medida comunitaria con el fin de lograr normas armonizadas de mayor seguridad para proteger los pasaportes y documentos de viaje contra la falsificación. Al mismo tiempo deben integrarse identificadores biométricos en los pasaportes o documentos de viaje para establecer un vínculo fiable entre el documento y su titular real.

(3)

La armonización de las medidas de seguridad y la integración de identificadores biométricos constituye un importante paso en la utilización de nuevos elementos, de cara a futuros desarrollos a escala europea, para dotar de más seguridad al documento de viaje y establecer un vínculo más fiable entre el titular y el pasaporte y el documento de viaje como importante contribución para garantizar su protección contra el uso fraudulento. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y en particular las establecidas en el documento 9303, sobre documentos de viaje de lectura mecánica.

(4)

El presente Reglamento se limita a la armonización de las medidas de seguridad, entre ellos los identificadores biométricos, de pasaportes y documentos de viaje de los Estados miembros. La designación de las autoridades y organismos autorizados a tener acceso a los datos que contenga el soporte de almacenamiento de los documentos es asunto propio de la legislación nacional, sin perjuicio de las correspondientes disposiciones del derecho comunitario, la legislación de la Unión Europea y los acuerdos internacionales.

(5)

El presente Reglamento sólo debe establecer las especificaciones que no son de carácter secreto. Estas especificaciones deben complementarse con otras cuyo carácter puede permanecer secreto para evitar falsificaciones. Tales especificaciones técnicas complementarias deben adoptarse de acuerdo con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4).

(6)

La Comisión debe estar asistida por el Comité establecido por el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el que se establece un modelo uniforme de visado (5).

(7)

Para asegurar que no tengan acceso a la información mencionada más personas de las necesarias, también es esencial que cada Estado miembro designe un solo organismo responsable de la fabricación de pasaportes y documentos de viaje, que los Estados miembros serán libres de cambiar en caso necesario. Por motivos de seguridad, cada Estado miembro debe comunicar el nombre del organismo competente a la Comisión y a los otros Estados miembros.

(8)

A los datos personales que deban tratarse en el contexto de los pasaportes y documentos de viaje, se aplicará la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (6). Hay que garantizar que no se almacene en el pasaporte ningún dato más, salvo que lo disponga el presente Reglamento o su anexo o se mencione en el correspondiente documento de viaje.

(9)

De conformidad con el principio de proporcionalidad, es necesario y adecuado para la realización del objetivo básico de introducir normas comunes de seguridad e identificadores biométricos interoperables, establecer normas para todos los Estados miembros que aplican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 (7). El presente Reglamento no excede de lo necesario para lograr los objetivos perseguidos de conformidad con el párrafo tercero del artículo 5 del Tratado.

(10)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente Reglamento se basa en el acervo de Schengen en virtud de lo dispuesto en el título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del mencionado Protocolo, debe decidir dentro de un período de seis meses a partir de que el Consejo haya adoptado el presente Reglamento si lo incorpora a su legislación nacional.

(11)

El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (8). Por consiguiente, el Reino Unido no participa en su adopción y no está vinculado ni sujeto a su aplicación.

(12)

El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (9). Por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

(13)

Por lo que se refiere a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (10), que están incluidas en el ámbito mencionado en el punto B del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo (11).

(14)

Por lo que se refiere a Suiza, el presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (12), que están incluidas en el ámbito mencionado en el punto B del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el apartado 1 del artículo 4 de las Decisiones del Consejo de 25 de octubre de 2004 relativas a la firma en nombre de la Unión Europea y en nombre de la Comunidad Europea y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones de dicho Acuerdo (13),

a)

medidas y requisitos de seguridad complementarios, incluidas normas más estrictas contra la producción de documentos falsos y falsificados;

b)

especificaciones técnicas para el medio de almacenamiento de las características biométricas y su seguridad, incluida la prevención del acceso no autorizado;

c)

requisitos sobre la calidad y normas comunes sobre la imagen facial y las impresiones dactilares.

a)

la autenticidad del documento;

b)

la identidad del titular mediante características comparables accesibles directamente, cuando las leyes exijan la presentación del pasaporte o documento de viaje.

a)

en lo que respecta a la imagen facial, a más tardar 18 meses

b)

en lo que respecta a las impresiones dactilares, a más tardar 36 meses

29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/7

(1)

El Reglamento (CEE) no 2237/77 de la Comisión (2) determina el contenido de la ficha de explotación que debe utilizarse.

(2)

Los datos recogidos a efectos de dicha ficha de explotación deben tener en cuenta la evolución de la política agrícola común. El Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (3) modifica sustancialmente la manera de abonar las subvenciones a los agricultores en la Comunidad. Estas modificaciones deben reflejarse en la ficha de explotación, a fin de permitir el correcto seguimiento de la evolución de las rentas agrícolas y servir de base suficiente para analizar la economía de las explotaciones.

(3)

Es preciso adaptar la ficha de explotación tras la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

(4)

Por lo tanto, procede modificar en consecuencia el Reglamento (CEE) no 2237/77.

(5)

Teniendo en cuenta que algunos de los cambios se aplicarán a partir del año 2004, conviene que las modificaciones de la ficha de explotación sean aplicables con efectos a partir del ejercicio contable de 2004.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité comunitario de la red de información contable agrícola.

29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/20

(1)

Las normas armonizadas aplicables a la producción ecológica animal son bastante recientes y, con la evolución actual del sector, todavía no existe en el mercado una biodiversidad suficientemente amplia de animales criados según el método de producción ecológico, por lo que aún es necesario facilitar el desarrollo de la producción ecológica animal.

(2)

El Reglamento (CE) no 2277/2003 de la Comisión (2), por el que se modificaron los anexos I y II del Reglamento (CEE) no 2092/91, amplió el período transitorio para introducir animales convencionales en el sistema de producción ecológica hasta el 31 de diciembre de 2004. Sin embargo, esta ampliación del plazo se ha revelado insuficiente, en especial en el caso de la producción de aves de corral, que se desarrolla en varias etapas con participación de distintos sectores especializados.

(3)

Por consiguiente, aún se depende de animales no criados según el método de producción ecológico, lo que exige modificar en consecuencia las disposiciones sobre el origen de los animales.

(4)

Aunque ya se pueden reforzar las disposiciones sobre el origen de las pollitas destinadas a la producción de huevos, no se han armonizado aún las normas de producción aplicables a esos animales. Hasta que se establezcan estas normas, procede autorizar la introducción de pollitas destinadas a la producción de huevos, no mayores de 18 semanas y no criadas según el método de producción ecológico, en una unidad de producción animal ecológica cuando no se disponga de pollitas criadas según el método de producción ecológico, siempre que se cumplan determinadas condiciones aplicables previamente a la introducción de dichos animales en el sistema de producción ecológica.

(5)

Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) no 2092/91.

(6)

En consideración del carácter urgente de la medida por el hecho de que determinadas disposiciones sobre el origen de los animales expiran el 31 de diciembre de 2004, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del artículo 14 de Reglamento (CEE) no 2092/91.

29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/22

(1)

El apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001 prevé que, cuando la situación del mercado mundial o las necesidades específicas de determinados mercados lo requieran, podrá diferenciarse la restitución en función del destino.

(2)

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 1327/2004 de la Comisión, de 19 de julio de 2004, relativo a una licitación permanente correspondiente a la campaña de comercialización 2004/05 para determinar las exacciones reguladoras y las restituciones por exportación de azúcar blanco (2), prevé tal diferenciación mediante la exclusión de determinados destinos. Por otra parte, la fijación, bimensual o mensual según el caso, de la restitución por exportación del azúcar blanco, del azúcar en bruto sin transformar, de los jarabes y de determinados productos del sector del azúcar, prevista en los artículos 28 y 30 del Reglamento (CE) no 1260/2001, excluye algunos destinos.

(3)

El primer párrafo del apartado 11 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001 dispone que se pagará la restitución cuando se aporte la prueba de que los productos han sido exportados fuera de la Comunidad y, en el caso de una restitución diferenciada, han llegado al destino indicado en el certificado o a otro destino para el que se haya fijado una restitución.

(4)

El artículo 16 del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas (3), indica los diferentes documentos que pueden constituir la prueba del cumplimiento de las formalidades aduaneras de importación en un tercer país, en caso de diferenciación de la restitución en función del destino. De conformidad con esta disposición, la Comisión podrá decidir, en casos específicos que se determinen, que la prueba contemplada en dicho artículo se considere constituida por medio de un documento particular o por otro medio.

(5)

En el sector del azúcar, las operaciones de exportación son generalmente objeto de contratos definidos como fob en el mercado de futuros de Londres. En consecuencia, los compradores asumen en la fase fob todas las obligaciones contractuales, incluida la prueba del cumplimiento de las formalidades aduaneras, sin ser directamente los beneficiarios de la restitución a la que esta prueba da derecho. La obtención de dicha prueba para la totalidad de las cantidades exportadas puede suponer considerables dificultades administrativas en determinados países, lo que puede retrasar considerablemente o impedir el pago de la restitución para el conjunto de las cantidades efectivamente exportadas.

(6)

Para limitar las consecuencias de tales dificultades administrativas en el equilibrio del mercado del azúcar, el Reglamento (CE) no 40/2004 de la Comisión, de 9 de enero de 2004, relativo a la prueba del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación de azúcar en un tercer país, prevista en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 800/1999 (4), determina qué pruebas alternativas ofrecen las garantías para considerar que el producto ha sido importado en el tercer país.

(7)

Habida cuenta de que ante la inminencia de la fecha límite del 31 de diciembre de 2004, fecha en la que finaliza la aplicación del Reglamento (CE) no 40/2004, se constata una persistencia de las dificultades administrativas y de sus consecuencias en el mercado, conviene determinar de nuevo las pruebas de destino alternativas para las exportaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2005.

(8)

Dado que se trata de una excepción, conviene limitar la duración de su aplicación.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

a)

copia del documento de transporte;

b)

certificado de descarga del producto, expedido por un servicio oficial del tercer país de que se trate o por los servicios oficiales de un Estado miembro, establecidos en el país de destino, o por una empresa de vigilancia internacional que haya sido autorizada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 bis a 16 septies del Reglamento (CE) no 800/1999 que certifique que el producto ha salido del lugar de descarga o al menos que, a conocimiento de los servicios o empresas que expidan el certificado, el producto no ha sido cargado nuevamente con miras a su reexportación;

c)

documento bancario expedido por intermediarios autorizados, establecidos en la Comunidad, en el que se certifique que el pago correspondiente a la exportación se ha abonado en la cuenta del exportador, abierta en sus establecimientos, o la prueba del pago.

29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/24

(1)

Mediante su Decisión 2004/664/CE (3) de 24 de septiembre de 2004, el Consejo dio autorización para la firma y la aplicación provisional a partir del 1 de mayo de 2004 de un Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión Europea.

(2)

El presente Protocolo establece un nuevo contingente arancelario y modificaciones de los contingentes arancelarios existentes establecidos en el Reglamento (CE) no 747/2001.

(3)

A fin de aplicar el nuevo contingente arancelario y las modificaciones de los contingentes arancelarios existentes, es necesario modificar el Reglamento (CE) no 747/2001.

(4)

Para el año 2004, los volúmenes del nuevo contingente arancelario y los aumentos de los volúmenes de los contingentes arancelarios existentes deben calcularse proporcionalmente a los volúmenes básicos especificados en el Protocolo, teniendo en cuenta la parte del período transcurrido antes del 1 de mayo de 2004.

(5)

A fin de facilitar la gestión de determinados contingentes arancelarios existentes establecidos en el Reglamento (CE) no 747/2001, las cantidades importadas dentro del marco de dichos contingentes deben tenerse en cuenta para imputarlas a los contingentes arancelarios de conformidad con el Reglamento (CE) no 747/2001, modificado por el presente Reglamento.

(6)

Tras la adhesión de Malta y Chipre a la Unión Europea, deben eliminarse los contingentes arancelarios y las cantidades de referencia para los productos originarios de esos Estados miembros establecidos en el Reglamento (CE) no 747/2001. Por lo tanto, deben suprimirse las referencias a esos contingentes y cantidades de referencia.

(7)

Dado que el Protocolo del Acuerdo euromediterráneo entre la UE y Egipto se aplica de modo provisional desde el 1 de mayo de 2004, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de la misma fecha y entrar en vigor lo antes posible.

(8)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.

1)

El artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 1

Concesiones arancelarias otorgadas en el marco de contingentes arancelarios comunitarios o cantidades de referencia

Cuando los productos originarios de Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza y Turquía enumerados en los anexos I a IX del presente Reglamento se despachen a libre práctica en la Comunidad, podrá aplicárseles una exención o tipos reducidos de derechos de aduana dentro de los límites de los contingentes arancelarios comunitarios o en el marco de las cantidades de referencia, durante los períodos y de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.».

2)

Se suprimirá el apartado 2 del artículo 3.

3)

El anexo IV se modificará tal como se indica en el anexo del presente Reglamento.

4)

Se suprimirán los anexos X y XI.

29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/28

(1)

El 16 de octubre de 2001, el Consejo autorizó la Comisión a negociar con la Confederación Suiza un acuerdo apropiado para asegurar la adopción, por parte de la Confederación Suiza, de medidas equivalentes a las que se habrán de aplicar en la Comunidad para garantizar la imposición efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de pagos de intereses.

(2)

La aplicación de las disposiciones de la Directiva 2003/48/CE del Consejo (2) depende de la aplicación por parte de la Confederación Suiza de medidas equivalentes a las contenidas en dicha Directiva, de conformidad con un Acuerdo concluido por este país con la Comunidad.

(3)

La Comunidad ha decidido acceder a la petición de la Confederación Suiza de incluir en el Acuerdo medidas equivalentes a los regímenes previstos en la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (3), y en la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (4), en sus versiones originales.

(4)

El Acuerdo y el Memorándum de Acuerdo deben ser firmados y aprobados en nombre de la Comunidad.

(5)

Es necesario establecer un procedimiento simple y rápido para las eventuales adaptaciones de los anexos I y II del Acuerdo.

29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/50

(1)

En el apartado 2 del artículo 17 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, se establece que, bajo las condiciones contempladas en el mismo, Suiza y, en su caso, la Comunidad ejecutarán y aplicarán efectivamente este Acuerdo a partir del 1 de enero de 2005.

(2)

En virtud del apartado 1 del artículo 18, la aplicación del Acuerdo queda condicionada a la adopción y aplicación por parte de determinados territorios dependientes o asociados de los Estados miembros, así como por los Estados Unidos de América, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, respectivamente, de medidas que sean conformes o equivalentes a las previstas en la Directiva o en el Acuerdo. De conformidad con el apartado 2 del artículo 18, si las Partes Contratantes no deciden, como mínimo seis meses antes de la fecha mencionada en el apartado 2 del artículo 17 (1 de enero de 2005), que se cumplirá la condición, adoptarán de común acuerdo una nueva fecha a efectos del apartado 2 del artículo 17. Dicha decisión no ha sido tomada.

(3)

No todos los terceros países afectados estarán en condiciones de aplicar las medidas a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 antes del 1 de enero de 2005. Además, Suiza no podrá ejecutar y aplicar dicho Acuerdo hasta el 1 de julio de 2005, y ello a condición de que para entonces se hayan cumplido los requisitos constitucionales suizos. Parece que todos y cada uno de los terceros países y territorios dependientes o asociados mencionados en el apartado 1 del artículo 18 del Acuerdo también podrán cumplir las condiciones establecidas en dicho apartado para el 1 de julio de 2005.

(4)

Por consiguiente, la fecha del 1 de julio de 2005 debe adoptarse como la nueva fecha a efectos del apartado 2 del artículo 17 del Acuerdo, de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 del Acuerdo.

(5)

Debe aprobarse el Acuerdo en forma de Canje de Notas por el que se establece una nueva fecha de aplicación del Acuerdo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.

29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/55

(1)

En mayo de 2003, la Comisión aprobó la Comunicación «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar» (1). Entre toda una serie de propuestas dirigidas a reforzar los derechos de los accionistas y modernizar los consejos de administración, la Comunicación pone en marcha una iniciativa encaminada a promover un sistema normativo adecuado de remuneración de los consejeros en los Estados miembros.

(2)

La forma, la estructura y el nivel de la remuneración de los consejeros son cuestiones que competen a las empresas y a sus accionistas y deben permitir la contratación y la permanencia de aquellos consejeros que posean las cualidades necesarias para dirigir una empresa. Sin embargo, el de la remuneración es uno de los ámbitos donde existe un mayor riesgo de conflicto de intereses para los consejeros ejecutivos de las empresas y en el que se deben tener debidamente en cuenta los intereses de los accionistas. Por consiguiente, los sistemas de remuneración deben estar sujetos a unos controles de gobernanza adecuados, basados en un derecho a la información apropiado. A este respecto, es importante respetar escrupulosamente la diversidad de los sistemas de gobernanza empresarial existentes en la Comunidad, que son reflejo de los diferentes puntos de vista de los Estados miembros sobre el papel de las sociedades y de los órganos responsables de establecer la política de remuneración de los consejeros y de fijar la remuneración específica de cada administrador.

(3)

La divulgación de información exacta y puntual por parte de los emisores de valores mobiliarios contribuye a forjar una confianza duradera en los inversores y constituye un excelente instrumento para fomentar una gobernanza empresarial sana en la Comunidad. Con este fin, es importante que las sociedades con cotización en bolsa hagan gala ante sus accionistas de una transparencia adecuada para que dichos accionistas puedan expresar sus opiniones.

(4)

Al aplicar la presente Recomendación, los Estados miembros deben tener en cuenta las particularidades de los organismos de inversión colectiva de tipo societario y debe evitar las desigualdades de trato innecesarias entre organismos de inversión colectiva de naturaleza jurídica diferente. En cuanto a los organismos de inversión colectiva a tenor de la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (2), esta última prevé un conjunto de mecanismos de gobernanza específicos. Para evitar que otros organismos de inversión colectiva de tipo societario no sujetos a una armonización comunitaria sufran desigualdades de trato innecesarias, los Estados miembros deben tener en cuenta en qué medida dichos organismos están sujetos a normas de gobernanza equivalentes.

(5)

Se debe dar a los accionistas una imagen clara y completa de la política de remuneraciones de la empresa. Esa información les permitiría evaluar la filosofía retributiva de la empresa y reforzaría la obligación de esta última de rendir cuentas a sus accionistas. Dicha información tendría que incluir datos sobre las prestaciones complementarias, lo cual no debe, sin embargo, obligar a la empresa a revelar información comercialmente sensible que pueda perjudicar su posición estratégica.

(6)

Debe garantizarse asimismo un nivel de transparencia adecuado en lo que atañe a los contratos de los consejeros. A tal efecto, debe facilitarse información sobre cuestiones tales como el plazo de preaviso y las indemnizaciones en caso de despido estipuladas en sus contratos, cuestiones que están directamente ligadas a la remuneración de los consejeros.

(7)

Con el fin de proporcionar a los accionistas la oportunidad de expresar de forma eficaz sus opiniones y de darles la oportunidad de analizar la política de remuneraciones sobre la base de una información completa, sin necesidad de tener que presentar una resolución en tal sentido, dicha política debe figurar explícitamente en el orden del día de la junta general anual.

(8)

Con el fin de reforzar la obligación de rendir cuentas, la política de remuneraciones debe ser sometida a votación en la junta general anual de accionistas. Esa votación podría tener carácter consultivo, de modo que no se vean afectados los derechos de los órganos responsables de la remuneración de los consejeros. Una votación consultiva no obligaría a modificar los derechos contractuales de los consejeros ni la política de remuneraciones.

(9)

A los accionistas también se les debe proporcionar información en la que puedan basarse para pedir cuentas a los consejeros por la remuneración que perciban o hayan percibido. La divulgación de las remuneraciones percibidas por los consejeros de la empresa, tanto de los que desempeñan funciones ejecutivas como de otros consejeros no ejecutivos o supervisores, durante el ejercicio precedente es, por lo tanto, importante para que los accionistas puedan valorar la remuneración abonada a la vista de los resultados globales de la empresa.

(10)

Los sistemas de remuneración variable en virtud de los cuales se remunera a los consejeros en acciones, opciones sobre acciones o cualquier otro derecho de adquisición de acciones o en función de la cotización de las acciones, así como cualquier cambio sustancial en dichos sistemas, deben someterse a la aprobación previa de la junta general anual. La aprobación debe referirse al sistema de remuneración y a las normas aplicadas para calcular las remuneraciones individuales de acuerdo con dicho sistema, pero no a las remuneraciones percibidas por los consejeros como resultado de la aplicación del sistema.

(11)

Habida cuenta de la importancia atribuida a la remuneración de los consejeros conviene supervisar la aplicación de la presente Recomendación y, en caso de aplicación insatisfactoria, considerar otras medidas.

1.1.

Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas apropiadas para que las empresas con cotización en bolsa, con domicilio social en su territorio, consideren la presente Recomendación. No obstante, los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta las particularidades de los organismos de inversión colectiva de tipo societario dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/611/CEE. Los Estados miembros deben atender a las particularidades de los organismos de inversión colectiva de tipo societario que no estén sujetos a dichas directivas y cuyo objetivo exclusivo sea invertir el capital obtenido de los inversores en una cartera de activos, sin pretender asumir el control legal o de gestión de ninguno de los emisores de sus inversiones subyacentes.

1.2.

Los Estados miembros deben adoptar asimismo todas las medidas apropiadas para garantizar que las empresas con cotización en bolsa que no se hayan constituido en alguno de los Estados miembros, pero cuya cotización principal se produzca en un mercado regulado establecido en el territorio de un Estado miembro, consideren las disposiciones de la presente Recomendación.

1.3.

Los Estados miembros deben velar por que esta Recomendación se aplique a la remuneración de los directores de las empresas con cotización en bolsa cuando no formen parte de sus órganos de dirección, gestión o supervisión.

2.1.

«Consejero»: cualquier miembro de los órganos de dirección, gestión o supervisión de una empresa con cotización en bolsa.

2.2.

«Empresa con cotización en bolsa»: toda empresa cuyos valores se admitan a cotización en un mercado regulado con arreglo a la Directiva 2004/39/CE en uno o más Estados miembros.

3.1.

Toda empresa con cotización en bolsa debe publicar una declaración sobre su política de remuneraciones («declaración relativa a las remuneraciones») Esa declaración debe formar parte de un informe independiente sobre las remuneraciones o figurar en las cuentas anuales y en el informe anual de gestión de la empresa o en los comentarios a las cuentas anuales. La declaración relativa a las remuneraciones también debe figurar en el sitio Web de las empresas con cotización en bolsa.

3.2.

Conviene que la declaración relativa a las remuneraciones se centre sobre todo en la política de remuneración de los consejeros de la empresa en el siguiente ejercicio y, en su caso, en los años subsiguientes. También debe incluir un resumen de cómo se aplicó dicha política durante el ejercicio presupuestario precedente. Conviene que la declaración haga especial hincapié en todo cambio significativo que se haya producido en la política de remuneraciones de la empresa en relación con el ejercicio presupuestario precedente.

3.3.

La declaración relativa a las remuneraciones debe contener, como mínimo, la información siguiente:

La divulgación de esta información en la declaración relativa a las remuneraciones no debería suponer, no obstante, la revelación de información comercial sensible.

3.4.

La declaración relativa a las remuneraciones también debe resumir y explicar la política de la empresa con cotización en bolsa en lo que respecta a las condiciones contractuales de sus consejeros ejecutivos. En este capítulo debe incluirse, entre otras informaciones, la duración de sus contratos, los plazos de preaviso y otros pormenores de las disposiciones relativas a las indemnizaciones por resolución del contrato o a cualesquiera otros pagos ligados a la resolución anticipada, previstos en los contratos de los consejeros ejecutivos.

3.5.

También se debe facilitar información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones seguido para establecer la política de remuneración de los consejeros de la empresa con cotización en bolsa. Esta información debe incluir, en su caso, el mandato y la composición del comité de remuneraciones, la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva y el papel de la junta general anual de accionistas.

4.1.

Sin perjuicio del papel y de la organización de los órganos encargados de determinar la remuneración de los consejeros, la política retributiva así como cualquier modificación significativa de la misma debe figurar explícitamente en el orden del día de la junta general anual.

4.2.

Sin perjuicio del papel y de la organización de los órganos encargados de determinar la remuneración de los consejeros, la declaración relativa a las remuneraciones debe someterse a la aprobación de la junta general anual de accionistas. La votación puede tener carácter consultivo.

Sin embargo, los Estados miembros podrán condicionar la celebración de dicha votación a que la solicite un número de accionistas que representen al menos el 25 % del número total de votos de los accionistas presentes o representados en la junta general anual. Esto último, sin perjuicio, no obstante, del derecho de los accionistas a presentar una resolución de acuerdo con las disposiciones nacionales.

4.3.

Las empresas con cotización en bolsa deben poner en conocimiento de los accionistas que tengan derecho a que se les notifique la convocatoria de la junta general anual su intención de presentar en ella una resolución con el fin de aprobar la declaración relativa a las remuneraciones.

5.1.

La remuneración total y otros beneficios concedidos a cada consejero durante el ejercicio considerado deben detallarse en las cuentas anuales o en los comentarios a dichas cuentas o, en su caso, en el informe sobre las remuneraciones.

5.2.

Las cuentas anuales o los comentarios a las mismas o, en su caso, el informe sobre las remuneraciones, deben incluir, como mínimo, las informaciones a que se relacionan en los puntos 5.3 a 5.6 con respecto a todas y cada una de las personas que hayan ejercido funciones de administrador en la empresa con cotización en bolsa en algún momento del ejercicio considerado.

5.3.

Con respecto a la remuneración y otros emolumentos de los consejeros, debe facilitarse la siguiente información:

5.4.

Por lo que se refiere a las acciones, a los derechos de adquisición de opciones sobre acciones o cualquier otro sistema de incentivos basado en acciones, debe facilitarse la siguiente información:

5.5.

Con respecto a los planes de pensión complementaria, se debe facilitar la información siguiente:

5.6.

Siempre que la legislación nacional o las escrituras de constitución de la empresa con cotización en bolsa permitan tales remuneraciones, deben revelarse las cantidades que la citada empresa o cualquiera de sus filiales o empresas incluidas en las cuentas consolidadas anuales de la empresa, hayan abonado en concepto de préstamos, anticipos y garantías, incluido su saldo vivo y el tipo de interés, a cualquier persona que en algún momento del ejercicio considerado haya desempeñado funciones directivas.

6.1.

Los sistemas en virtud de los cuales se remunera a los consejeros en acciones, opciones sobre acciones o cualquier otro derecho a adquirir acciones, o en función de la cotización de las acciones deben estar sujetos a la aprobación previa de los accionistas mediante resolución de la junta general anual. La aprobación debe referirse al sistema propiamente dicho y no a la atribución de esas remuneraciones basadas en acciones a determinados consejeros con arreglo a dicho sistema.

6.2.

La aprobación de la junta general anual de accionistas debe recabarse cuando se trate de:

6.3.

La junta general anual también debe fijar el plazo del que dispondrá el órgano responsable de la remuneración de los consejeros para concederles este tipo de remuneraciones.

6.4.

Cualquier modificación sustancial de las condiciones de estos sistemas debe estar sujeta a la aprobación previa de los accionistas mediante resolución de la junta general anual. En esos casos, se debe informar detalladamente a los accionistas de las modificaciones propuestas y de sus efectos.

6.5.

Siempre que la legislación nacional o las escrituras de constitución de la empresa con cotización en bolsa lo permitan, debe someterse a la aprobación de los accionistas todo acuerdo de remuneración en opciones con descuento que dé derecho a suscribir acciones a un precio inferior a su valor de mercado en la fecha en que se fije el precio, o a su cotización media durante un determinado número de días previos a la fecha en que se fije dicho precio.

6.6.

Los puntos 6.1 a 6.4 no deben aplicarse a los sistemas en los que puedan participar, en las mismas condiciones, los empleados de la empresa con cotización en bolsa o los de cualquiera de sus filiales y que hayan sido aprobados por la Junta.

7.1.

Antes de que se celebre la junta general anual en la que vaya a presentarse un proyecto de resolución con arreglo al punto 6.1 anterior y de acuerdo con el derecho nacional o los estatutos de la empresa con cotización en bolsa se debe hacer pública a los accionistas una nota informativa sobre la resolución.

La nota informativa debe incluir, por lo menos, el texto íntegro de los sistemas de remuneración en acciones o una descripción de sus principales términos así como la identidad de los participantes en los mismos. La nota también debe establecer la relación de esos sistemas con la política general de remuneración de los consejeros.

El proyecto de resolución debe referirse claramente al sistema propiamente dicho o a un resumen de sus condiciones principales.

7.2.

Asimismo, se debe informar a los accionistas sobre la manera en que la empresa se propone obtener las acciones necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud del sistema de incentivos. Debe aclararse, en particular, si la empresa tiene intención de adquirir las acciones necesarias en el mercado, si las tiene en tesorería o si emitirá nuevas acciones.

7.3.

La nota también debe incluir un resumen de los costes que el sistema de incentivos tendría para la empresa de cara a su aplicación.

7.4.

Dicha información puede incluirse en el sitio Web de la empresa con cotización en bolsa.

8.1.

Se invita a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para impulsar la aplicación de la presente Recomendación antes del 30 de junio de 2006 y a notificar a la Comisión las medidas adoptadas de conformidad con la misma con el fin de que la Comisión pueda supervisar detenidamente la situación y, sobre esta base, evaluar si son necesarias otras medidas.

8.2.

Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/60

(1)

La Decisión 2003/858/CE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2003, por la que se establecen las condiciones veterinarias y los requisitos de certificación aplicables a las importaciones de peces vivos y sus huevos y gametos destinados a la cría, así como de peces vivos procedentes de la acuicultura y sus productos destinados al consumo humano (2), establece las condiciones veterinarias específicas aplicables a las importaciones en la Comunidad de peces vivos y de determinados productos de la acuicultura procedentes de terceros países.

(2)

La definición de «cría» que figura en la Decisión 2003/858/CE ha llevado a diferentes interpretaciones en relación con el ámbito de la Decisión. En aras de la claridad, esta definición debe hacerse más precisa.

(3)

Los requisitos establecidos en la Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros (3), son también aplicables a los peces vivos importados para el consumo humano. En aras de la claridad, debe modificarse en consecuencia el artículo 4 de la Decisión 2003/858/CE.

(4)

Los requisitos para la importación de productos de pescado destinados a la transformación complementaria que establece la Decisión 2003/858/CE deberían aplicarse únicamente a las especies sensibles a las enfermedades enumeradas en la lista II del anexo A de la Directiva 91/67/CEE o a enfermedades que se consideran exóticas en la Comunidad. La experiencia ha mostrado que el enunciado del apartado 2 del artículo 5 no describe estos requisitos claramente, por lo que esa disposición, en aras de la claridad, debería modificarse.

(5)

El Reglamento (CE) no 282/2004 de la Comisión, de 18 de febrero de 2004, relativo al establecimiento de un documento para la declaración y el control veterinario de los animales procedentes de terceros países e introducidos en la Comunidad (4), ha sustituido a la Decisión 92/527/CE (5). En caso de que los peces vivos se destinen a la cría o repoblación, debería utilizarse el procedimiento de control establecido en el artículo 8 de la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE (6), y el Documento Veterinario Común de Entrada establecido en el Reglamento (CE) no 282/2004 debería ser cumplimentado en consecuencia por el veterinario oficial.

(6)

El Reglamento (CE) no 136/2004 de la Comisión, de 22 de enero de 2004, por el que se establecen los procedimientos de control veterinario en los puestos de inspección fronterizos de la Comunidad de los productos importados de terceros países (7), ha sustituido a la Decisión 93/13/CE (8). En caso de que determinados productos de la acuicultura se destinen a su transformación complementaria en la Comunidad, debería utilizarse el procedimiento de control establecido en el artículo 8 de la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (9), y el Documento Veterinario Común de Entrada establecido en el Reglamento (CE) no 136/2004 debería ser cumplimentado en consecuencia por el veterinario oficial.

(7)

Los procedimientos de certificación establecidos en el artículo 7 de la Decisión 2003/858/CE deberían modificarse en consecuencia, y su anexo VI debería suprimirse.

(8)

En aras de la simplificación y de la claridad, es necesario armonizar las declaraciones de los modelos de certificados establecidos en los anexos de la Decisión 2003/858/CE con las que figuran en los modelos de certificados establecidos en virtud de la Directiva 91/493/CEE. Por tanto, los anexos II, III, IV y V de la Decisión 2003/858/CE deberían modificarse en consecuencia.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1)

La letra g) del apartado 2 del artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:

2)

El artículo 4 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 4

Condiciones para la importación de peces vivos procedentes de la acuicultura destinados al consumo humano

1.   Los Estados miembros autorizarán la importación en su territorio de peces vivos procedentes de la acuicultura destinados al consumo humano inmediato o a su transformación complementaria antes del consumo humano sólo en caso de que:

3)

El apartado 2 del artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:

«2.   Los Estados miembros garantizarán que la transformación de los productos de pescado procedente de la acuicultura de especies sensibles a NHE, AIS, SHV y NHI se efectúe en centros de importación aprobados, salvo:

4)

El artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 6

Condiciones para la importación de productos de pescado procedente de la acuicultura destinados al consumo humano

Los Estados miembros autorizarán la importación en su territorio de productos de pescado procedente de la acuicultura destinados al consumo humano inmediato sólo en caso de que:

5)

El artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 7

Procedimientos de control

1.   Los peces vivos y sus huevos y gametos que se importen para cría, y los peces vivos procedentes de la acuicultura que se importen para la repoblación de pesquerías de suelta y captura serán sometidos a controles veterinarios en el puesto de inspección fronterizo del Estado miembro de llegada conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 91/496/CEE, y se cumplimentará en consecuencia el Documento Veterinario Común de Entrada establecido en el Reglamento (CE) no 282/2004.

2.   Los peces vivos procedentes de la acuicultura y sus productos que se importen para el consumo humano inmediato o para su transformación complementaria antes del consumo humano serán sometidos a controles veterinarios en el puesto de inspección fronterizo del Estado miembro de llegada conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 97/78/CE, y se cumplimentará en consecuencia el Documento Veterinario Común de Entrada establecido en el Reglamento (CE) no 136/2004.».

6)

El artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 8

Prevención de la contaminación de las aguas naturales

1.   Los Estados miembros garantizarán que los peces vivos procedentes de la acuicultura que se importen para el consumo humano no se suelten en las aguas naturales de su territorio.

2.   Los Estados miembros garantizarán que los productos de la acuicultura que se importen para el consumo humano no contaminen las aguas naturales de su territorio.

3.   Los Estados miembros garantizarán que el agua de transporte procedente de los envíos importados no contamine las aguas naturales de su territorio.».

7)

El anexo II se sustituirá por el texto del anexo I de la presente Decisión.

8)

El anexo III se sustituirá por el texto del anexo II de la presente Decisión.

9)

El anexo IV se sustituirá por el texto del anexo III de la presente Decisión.

10)

El anexo V se sustituirá por el texto del anexo IV de la presente Decisión.

11)

Se suprimirá el anexo VI.

29.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/74

(1)

A fin de facilitar los flujos de datos procedentes de la Comunidad, es conveniente que los responsables del tratamiento estén en condiciones de realizar transferencias de datos a escala mundial ateniéndose a un único conjunto de normas de protección de datos. En ausencia de una normativa internacional en esta materia, las cláusulas contractuales tipo constituyen una herramienta de gran utilidad que permite transferir datos personales desde todos los Estados miembros con arreglo a un conjunto de normas comunes. En este sentido, la Decisión 2001/497/CE de la Comisión, de 15 de junio de 2001, relativa a cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a un tercer país previstas en la Directiva 95/46/CE (2), establece un conjunto de cláusulas contractuales tipo que prevé garantías adecuadas para la transferencia de datos a terceros países.

(2)

Desde la adopción de dicha Decisión se ha adquirido una rica experiencia. Además, un consorcio de asociaciones empresariales (3) ha presentado un conjunto alternativo de cláusulas contractuales tipo, pensado para ofrecer un nivel de protección de datos equivalente al proporcionado por el conjunto de cláusulas adoptado por la Decisión 2001/497/CE, aunque utilizando mecanismos diferentes.

(3)

Dado que el uso de cláusulas contractuales tipo en las transferencias internacionales de datos tiene carácter voluntario (este tipo de cláusulas es sólo una de las distintas posibilidades recogidas en la Directiva 95/46/CE para la transferencia lícita de datos personales a terceros países), los exportadores de datos en la Comunidad y los importadores de datos en terceros países deberían poder optar por cualquiera de los conjuntos de cláusulas contractuales tipo o elegir otro fundamento jurídico para la transferencia de datos. Sin embargo, cada conjunto constituye un todo coherente, por lo que no es recomendable reconocer a los exportadores la posibilidad de modificar total o parcialmente estos conjuntos ni de combinarlos.

(4)

Las cláusulas contractuales tipo propuestas por las asociaciones empresariales tienen por objeto potenciar el uso de cláusulas contractuales entre los operadores, por ejemplo flexibilizando los requisitos en materia de auditoría o precisando las normas que regulan el derecho de acceso.

(5)

Por otra parte, el conjunto que ahora se presenta contiene, como alternativa al sistema de responsabilidad solidaria previsto en la Decisión 2001/497/CE, un régimen de responsabilidad basado en la obligación de diligencia debida, en virtud del cual el exportador y el importador de datos responderían ante los interesados por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales respectivas. El exportador es asimismo responsable si no realiza esfuerzos razonables para determinar si el importador es capaz de cumplir las obligaciones jurídicas que le incumben en virtud de las cláusulas (culpa in eligendo), pudiendo el interesado emprender acciones contra el exportador de datos a este respecto. El cumplimiento de la letra b) de la cláusula I del nuevo conjunto de cláusulas contractuales tipo reviste particular importancia a este respecto, sobre todo a la vista de la posibilidad que se reconoce al exportador de datos de efectuar auditorías en las instalaciones del importador de datos o de exigir pruebas que demuestren que dispone de suficientes recursos financieros para cumplir sus responsabilidades.

(6)

En cuanto al ejercicio de los derechos de tercero beneficiario por parte de los interesados, se prevé una mayor intervención del exportador de datos en la resolución de las reclamación de los interesados, estando aquél obligado a ponerse en contacto con el importador de datos y, en su caso, a hacerle cumplir el contrato en el plazo normal de un mes. Si el exportador de datos se niega a esto último y persiste el incumplimiento por parte del importador, el interesado podrá invocar las cláusulas contra el importador de datos y, llegado el caso, demandarlo ante los tribunales de un Estado miembro. Esta aceptación de la jurisdicción y el acuerdo de acatar la decisión de un tribunal o de una autoridad de protección de datos competentes debería entenderse sin perjuicio de cualquier derecho procesal de los importadores de datos establecidos en terceros países, por ejemplo en materia de apelación.

(7)

No obstante, a fin de evitar los abusos a que pudiera dar lugar esta mayor flexibilidad, conviene reconocer a las autoridades de protección de datos la facultad de prohibir o suspender más fácilmente las transferencias de datos basadas en el nuevo conjunto de cláusulas contractuales tipo cuando el exportador de datos rehúse tomar medidas apropiadas contra el importador de datos para hacerle cumplir las obligaciones contractuales o este último se niegue a cooperar de buena fe con las autoridades de control competentes en materia de protección de datos.

(8)

El uso de cláusulas contractuales tipo se hace sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva 95/46/CE o con la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (4), en especial en lo tocante al envío de comunicaciones comerciales con fines de marketing directo a los ciudadanos de la Unión Europea.

(9)

A la vista de todo lo dicho, las garantías contenidas en las cláusulas contractuales tipo presentadas pueden considerarse suficientes en el sentido del apartado 2 del artículo 26 de la Directiva 95/46/CE.

(10)

El Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, creado en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, ha emitido un dictamen (5) sobre el nivel de protección que ofrecen las cláusulas contractuales tipo que aquí se presentan. Este dictamen se ha tenido en cuenta.

(11)

Con objeto de valorar el funcionamiento de las modificaciones de la Decisión 2001/497/CE, conviene que la Comisión las evalúe tres años después de su notificación a los Estados miembros.

(12)

La Decisión 2001/497/CE debería modificarse en consecuencia.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 95/46/CE.

1)

En el artículo 1 se añadirá el párrafo siguiente:

«Los responsables del tratamiento podrán optar por uno de los conjuntos —I o II— recogidos en el anexo. Sin embargo, no podrán modificar las cláusulas ni combinar elementos de distintas cláusulas ni los conjuntos.»

2)

Los apartados 2 y 3 del artículo 4 se sustituirán por el texto siguiente:

«2.   A efectos del apartado 1, cuando el responsable del tratamiento ofrezca garantías suficientes derivadas de las cláusulas contractuales tipo contenidas en el conjunto II del anexo, las autoridades competentes responsables de la protección de datos podrán ejercer sus facultades para prohibir o suspender los flujos de datos en cualquiera de los siguientes casos:

A efectos del párrafo anterior, la negativa de mala fe o la negativa a ejecutar el contrato por parte del importador de datos no incluirá los supuestos en que la cooperación o la ejecución entraría en conflicto con las obligaciones impuestas por la legislación nacional aplicable al importador de datos que no vayan más allá de lo que es necesario en una sociedad democrática para la salvaguarda de uno de los intereses enumerados en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE, por ejemplo las sanciones reconocidas con arreglo a instrumentos nacionales o internacionales o las obligaciones de declaración en materia fiscal o las impuestas por la lucha contra el blanqueo de dinero.

A efectos de la letra a) del primer párrafo, la cooperación podrá concretarse, por ejemplo, en la puesta a disposición por parte del importador de sus instalaciones de tratamiento de datos a efectos de auditoría o en la obligación de seguir los consejos de la autoridad de control en materia de protección de datos en la Comunidad.

3.   La prohibición o suspensión con arreglo a los apartados 1 y 2 se levantará tan pronto como desaparezcan las razones para dicha prohibición o suspensión.

4.   Cuando los Estados miembros adopten medidas de conformidad con los apartados 1, 2 y 3, informarán inmediatamente a la Comisión, que remitirá la información a los demás Estados miembros.».

3)

En el artículo 5, la primera frase se sustituirá por el texto siguiente:

«La Comisión evaluará el funcionamiento de la presente Decisión basándose en la información disponible tres años después de su notificación y de la notificación de cualquier modificación de la misma a los Estados miembros.».

4)

El anexo quedará modificado como sigue: