9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/1

9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/2

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Visto el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vistas sus resoluciones sobre anteriores informes anuales de la Comisión y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),

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Vistos el informe de la Comisión de 31 de julio de 2015 titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude — Informe anual 2014» (COM(2015)0386) y los documentos de trabajo adjuntos (SWD(2015)0151, SWD(2015)0152, SWD(2015)0153, SWD(2015)0154, SWD(2015)0155 y SWD(2015)0156),

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Visto el Informe anual de la OLAF de 2014,

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Visto el Informe de actividades de 2014 del Comité de Vigilancia de la OLAF,

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Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, junto con las respuestas de las instituciones,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2015, sobre la protección del presupuesto de la UE hasta finales de 2014 (COM(2015)0503),

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de septiembre de 2015, titulado «Combatir la corrupción en la UE: afrontar las preocupaciones de las empresas y la sociedad civil» (CCMI/132),

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Visto el informe de la Comisión, de 3 de febrero de 2014, titulado «Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2014)0038),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se establece un programa para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (programa «Hércules III») y por el que se deroga la Decisión no 804/2004/CE (1),

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Vista la propuesta Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea presentada por la Comisión el 17 de julio de 2013 (COM(2013)0534),

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Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (2),

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Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2012, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

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Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (3),

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Vistas su Resolución, de 15 de septiembre de 2011, sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción (4), su Declaración, de 18 de mayo de 2010, sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción (5), y la Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2011, titulada «Lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2011)0308),

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Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6),

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Visto el informe de 2015 sobre la brecha del IVA encargado por la Comisión Europea,

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Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión»,

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Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-105/14 — Taricco y otros,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Asuntos Constitucionales (A8-0026/2016),

A.

Considerando que los Estados miembros y la Comisión comparten la responsabilidad de ejecutar aproximadamente el 80 % del presupuesto de la Unión; que los Estados miembros son los principales responsables de la recaudación de recursos propios, en particular en forma de IVA y aranceles aduaneros;

B.

Considerando que la eficiencia del gasto público y la protección de los intereses financieros de la UE deberían ser elementos esenciales de la política de la UE para aumentar la confianza de los ciudadanos garantizando que su dinero se gasta de forma adecuada, eficiente y eficaz; que esta buena gestión financiera debería ir acompañada de una perspectiva basada en el principio «aprovechar al máximo cada euro»;

C.

Considerando que lograr unos buenos resultados implica que se evalúen periódicamente los parámetros de entrada, el rendimiento, los resultados y la incidencia a través de las auditorías de gestión;

D.

Considerando que la diversidad de los sistemas jurídicos y administrativos existentes en los Estados miembros conforma un entorno en el que es todo un reto superar las irregularidades y combatir el fraude y que es preciso, por tanto, que la Comisión trabaje por multiplicar los esfuerzos a fin de que la lucha contra el fraude y la corrupción se aplique de forma efectiva y conduzca a resultados más tangibles y satisfactorios;

E.

Considerando que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) es responsable de proteger los intereses financieros de la Unión mediante la investigación del fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal; que se creó el Comité de Vigilancia para reforzar y garantizar la independencia de la OLAF mediante el control regular de la ejecución de su función de investigación; que, en particular, el Comité de Vigilancia sigue la evolución de la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones a la vista de la información que proporcione el Director General de conformidad con el artículo 7, apartado 8 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013;

F.

Considerando que la corrupción afecta a todos los Estados miembros y cuesta alrededor de 120 000 millones de euros anuales a la economía de la UE, como se afirma en el primer informe de la Comisión dedicado a la política anticorrupción de la UE, publicado en febrero de 2014;

G.

Considerando que la corrupción puede ayudar a financiar las actividades de redes criminales o terroristas organizadas en Europa; que, además, merma la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los procesos democráticos;

H.

Considerando que la lucha contra el fraude y la corrupción contribuye a aumentar la competitividad de la Unión en la economía mundial, por no hablar de los principios éticos inherentes al Estado de Derecho de nuestra civilización;

1.

Toma nota del informe de la Comisión titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude — Informe anual 2014»; pide que la Comisión, en sus informes anuales sobre la protección de los intereses financieros de la UE (informes PIF), responda a las preguntas del Parlamento de forma más oportuna;

2.

Señala que todas las irregularidades notificadas representan un importe total de alrededor de 3 240 millones de euros; hace hincapié en que, aunque la incidencia financiera general de las irregularidades fraudulentas y no fraudulentas notificadas en 2014 es superior en un 36 % al de 2013, el número de esas mismas irregularidades aumentó un 48 %; hace hincapié en que 2 270 millones de euros de las irregularidades notificadas se referían al gasto, lo que representa un 1,8 % de los pagos totales;

3.

Destaca que, de un total de 16 473 irregularidades notificadas a la Comisión en 2014, 1 649 eran fraudulentas, lo que representaba un importe total de 538,2 millones de euros; observa que las irregularidades fraudulentas que se referían al gasto representaban 362 millones de euros, esto es, el 0,26 % de los pagos totales, y que las que se referían a los ingresos representaban 176,2 millones de euros, esto es, el 0,88 % del importe bruto de los recursos propios tradicionales (RPT) recaudado en 2014;

4.

Hace hincapié en que la incidencia financiera general de las irregularidades no fraudulentas notificadas en 2014 es superior en un 47 % al de 2013, mientras que el número de esas mismas irregularidades disminuyó un 5 %; observa igualmente que las irregularidades no fraudulentas que se referían al gasto afectaban al 1,54 % de los pagos totales y las que se referían a los ingresos afectaban al 3,66 % de los RPT recaudado en 2014;

5.

Insta a la Comisión a que asuma la plena responsabilidad de la recuperación de los fondos pagados indebidamente con cargo al presupuesto de la UE, así como de una mejor percepción de los recursos propios, y que establezca principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros con el fin de recopilar datos adecuados, comparables y fiables;

6.

Subraya que a menudo las irregularidades no fraudulentas están ligadas a un conocimiento insuficiente de normas y requisitos complejos; cree que la simplificación de las normas y los procedimientos por parte de los Estados miembros y la Comisión reducirá el número de irregularidades de este tipo; considera que la lucha contra las irregularidades, incluido el fraude, requiere una sensibilización de todos los actores institucionales a escala europea, nacional, regional y local, así como de la opinión pública; señala que la creación de una cultura de prevención y de lucha contra el fraude es clave en todas las instituciones y órganos que participan en la ejecución de los Fondos y pide a los Estados miembros que favorezcan el intercambio de buenas prácticas;

7.

Recuerda que, para asegurar una base más sostenible a las haciendas públicas, los Estados miembros se encuentran actualmente en un proceso de consolidación y moderación presupuestaria y está firmemente convencido de que todos los recursos disponibles son necesarios para invertir en los Estados miembros a fin de estimular el crecimiento económico sostenible; considera oportuno adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y poner fin a cualquier tipo de actividades fraudulentas en el ámbito de la política comercial y en relación con los créditos correspondientes conjugando la gama completa de los instrumentos políticos pertinentes (como, por ejemplo, investigaciones penales, la elaboración de modelos fiables de análisis y realizar esfuerzos para abordar las carencias y los fallos relacionados con una política deficiente de la Comisión); pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por garantizar la correcta utilización de los fondos del presupuesto de la UE para proyectos que propicien el crecimiento y la creación de empleo en Europa y el cobro de la deuda aduanera a raíz del descubrimiento de casos de fraude; subraya, en términos más generales, que la lucha contra el tráfico ilícito y los flujos financieros ilícitos debe seguir siendo una importante prioridad de la UE y de los Estados miembros;

8.

Celebra que la Comisión haya aprobado una estrategia plurianual de lucha contra el fraude que contribuye a corregir las importantes diferencias entre el número de irregularidades notificadas por los diferentes Estados miembros;

9.

Observa con preocupación que en 2014 el importe de RPT objeto de fraude fue superior en un 191 % al de 2013 y la cantidad objeto de irregularidades no fraudulentas fue superior en un 146 % al ejercicio anterior;

10.

Expresa su preocupación por el hecho de que la tasa media de recuperación de los RPT por Estado miembro para las irregularidades fraudulentas y no fraudulentas para 2014 se sitúa en un 24 %, su punto histórico más bajo; pide encarecidamente a los Estados miembros que recuperen rápidamente las cantidades debidas y, en especial, insta a aquellos Estados miembros que necesitan recuperar las mayores cantidades de dinero que mejoren su recaudación;

11.

Manifiesta su preocupación por la brecha del IVA y las pérdidas estimadas en la recaudación del IVA, que representó 168 000 millones de euros en 2013; destaca que en 13 de los 26 países de la UE analizados en 2014, la pérdida media estimada en la recaudación del IVA superaba el 15,2 %; recuerda que la Comisión no tiene acceso al intercambio de información entre los Estados miembros para prevenir y combatir el fraude en cascada; pide a todos los Estados miembros que participen en todos los ámbitos de actividad de Eurofisc a fin de facilitar el intercambio de información para contribuir a combatir el fraude; reitera que la Comisión tiene competencias para controlar y supervisar las medidas adoptadas por los Estados miembros; pide a la Comisión que haga pleno uso de sus poderes ejecutivos tanto para controlar como para ayudar a los Estados miembros a luchar contra el fraude en materia de IVA y la elusión fiscal; reconoce que desde 2013, la Comisión ha estado usando el mecanismo de reacción rápida para hacer frente al masivo y repentino fraude en materia de IVA;

12.

Alienta a la Comisión a que desarrolle un mecanismo que motive a las empresas a pagar los impuestos periódicos en lugar de evadirlos;

13.

Señala el creciente número de centros de coordinación respaldados por Eurojust y Europol; celebra los resultados de las operaciones transfronterizas Vértigo 2 y 3, y la eficaz cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales de Alemania, Polonia, los Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica, España, la República Checa y Suiza, que han llevado a la neutralización de las redes delictivas responsables de defraudar aproximadamente 320 millones de euros de ingresos fiscales, incluido el IVA;

14.

Manifiesta su preocupación por lo que respecta a los controles aduaneros y la correspondiente percepción de los impuestos que constituyen un recurso propio del presupuesto de la Unión; recuerda que las autoridades aduaneras de los Estados miembros son las que efectúan los controles para determinar si los importadores respetan la normativa sobre aranceles e importaciones, y destaca que el Tribunal de Cuentas ha detectado que la calidad de dichos controles varía entre Estados miembros; pide a la Comisión que actualice la Guía de la auditoría aduanera publicada en 2014 para colmar las carencias identificadas por el Tribunal de Cuentas, por lo que respecta, por ejemplo, a las cuestiones relativas al tratamiento de las importaciones despachadas de aduana en otros Estados miembros;

15.

Observa con preocupación que el número de irregularidades referidas al gasto notificadas como fraudulentas en 2014 solo disminuyó un 4 %, después de haber aumentado un 76 % en 2013; pide a las autoridades competentes que tomen todas las medidas necesarias para reducir el número de irregularidades fraudulentas, sin que ello vaya en detrimento de las normas de control;

16.

Manifiesta su preocupación por el aumento continuo del número de irregularidades no fraudulentas notificadas relativas a fondos de la UE gestionados directamente, tanto en lo que se refiere al número de casos como a los importes afectados; le sorprende que el número de irregularidades fraudulentas notificadas se multiplicara por cuatro en 2014 en comparación con el ejercicio anterior, y pide a la Comisión que dé explicaciones pormenorizadas y tome las medidas necesarias para hacer frente a esta tendencia;

17.

Manifiesta su preocupación, por lo tanto, de que en 2014 el sector de desarrollo rural representase la mayor cantidad de irregularidades fraudulentas notificadas, mostrando el incremento más notable en comparación con 2013; señala que el 71 % del número total de irregularidades fraudulentas notificadas en el ámbito de los recursos naturales (agricultura, desarrollo rural y pesca) se producen en Hungría, Italia, Polonia y Rumanía;

18.

Reconoce que el índice de recuperación de los Estados miembros en el caso del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) es inferior a la media general, y que, a finales de 2014, se habían recuperado menos de la mitad de las irregularidades detectadas en 2009; señala las diferencias considerables que existen entre Estados miembros en cuanto a su capacidad para recuperar sumas procedentes de pagos irregulares detectados en el marco de la política agrícola común, e insta a Bulgaria, Francia, Grecia y Eslovaquia a que mejoren significativamente sus resultados; reconoce que el mecanismo de liquidación (norma del 50/50) ofrece un importante incentivo para que los Estados miembros recuperen los pagos indebidos con arreglo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) de los beneficiarios lo más rápido posible; lamenta que 2014 fuese el tercer año consecutivo caracterizado por un crecimiento del número de casos de irregularidades fraudulentas con respecto al FEAGA y el cuarto año consecutivo caracterizado por un crecimiento del número de casos fraudulentos notificados con respecto al desarrollo rural; subraya la necesidad de que la recuperación de fondos sea más rápida;

19.

Observa que las irregularidades asociadas a la política pesquera común en 2014 volvieron a tener un nivel comparable al de 2012 después de alcanzar su punto álgido en 2013; observa que la categoría de irregularidad más frecuentemente detectada durante el periodo 2010-2014 fue la «falta de elegibilidad para recibir ayuda de la acción/proyecto» seguida de la «infracción de las normas de contratación pública»;

20.

Observa que, con respecto al periodo de programación 2007-2013 de la política de cohesión, el número de irregularidades notificadas como fraudulentas disminuyó un 5 % en 2014 en comparación con 2013, con 306 casos notificados; se muestra profundamente preocupado por el aumento, que supera los 115 millones de euros (76 %) en los importes afectados por irregularidades fraudulentas en 2014 en comparación con 2013, debido principalmente al acusado aumento (un 660 %) de los importes relativos al ámbito del Fondo de Cohesión; toma nota de que, de 74 casos de fraude probado en la política de cohesión entre 2008 y 2014, 61 (82 %) fueron notificados por tres Estados miembros: Alemania (42 casos), Polonia (11 casos) y Eslovenia (8 casos); expresa su preocupación por el hecho de que 14 Estados miembros tengan un porcentaje de fraude probado del 0 % para ese periodo de tiempo, lo que puede suscitar preguntas con respecto a la eficacia de sus sistemas de control;

21.

Muestra asimismo su preocupación por que el lapso transcurrido en el ámbito de la cohesión entre el momento en el que se produce la irregularidad, su detección y, finalmente, su notificación a la Comisión haya aumentado hasta tres años y cuatro meses; recuerda que, una vez detectada una irregularidad, se inician otros procedimientos (órdenes de ingreso, investigaciones de la OLAF, etc.); insta a la Comisión a que trabaje con los Estados miembros para mejorar la eficacia de su detección y notificación;

22.

Se felicita de la disminución general de las irregularidades notificadas en la ayuda de preadhesión; lamenta la tendencia al aumento constante de las irregularidades relativas al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) desde 2010, tanto en lo que se refiere a los importes como al número de casos, siendo Turquía el país que más contribuye a esta tendencia negativa e insta a la Comisión a hacer todo lo posible para mejorar la situación, principalmente teniendo en cuenta el proceso previsto de fortalecimiento de la cooperación entre la UE y Turquía;

23.

Observa con preocupación que, pese a las numerosas peticiones del Parlamento para que se establezcan unos principios de notificación uniformes en todos los Estados miembros, la situación sigue siento sumamente insatisfactoria y existen todavía importantes diferencias en el número de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas notificadas por los Estados miembros; considera que este problema crea una imagen distorsionada de la situación real en relación con el nivel de infracciones y la protección de los intereses financieros de la UE; insta a la Comisión a que se esfuerce seriamente en resolver el problema de los diferentes enfoques que existen en los Estados miembros para detectar las irregularidades y la falta de homogeneidad en las interpretaciones cuando se aplica el marco jurídico de la UE;

24.

Se felicita del compromiso de la Comisión de publicar bianualmente un informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE, y aguarda con interés la publicación del próximo informe para principios de 2016; pide a la Comisión que añada un capítulo sobre los resultados obtenidos por las instituciones de la UE en la lucha contra la corrupción, con un análisis más exhaustivo realizado a nivel de las instituciones europeas de las políticas aplicadas, a fin de identificar los factores decisivos inherentes, las áreas vulnerables y los factores de riesgo que propician la corrupción;

25.

Pide a la Comisión que armonice el marco de notificación de las «sospechas de fraude» y establezca normas en materia de notificación de todas las medidas judiciales emprendidas en los Estados miembros en relación con el posible uso fraudulento de los recursos de la UE, exigiendo que la notificación indique específicamente las medidas judiciales adoptadas sobre la base de las recomendaciones judiciales de la OLAF;

26.

Pide a la Comisión que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes fácilmente aplicables tomando como base los requisitos establecidos en el Programa de Estocolmo para medir el nivel de corrupción en los Estados miembros y evaluar las políticas de lucha contra la corrupción de los Estados miembros; le preocupa la fiabilidad y la calidad de los datos procedentes de los Estados miembros; pide, por lo tanto, a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar unos datos completos, exactos y fiables, teniendo en cuenta el objetivo de plena realización del sistema de auditoría única; invita a la Comisión a establecer un índice de corrupción para clasificar a los Estados miembros;

27.

Pide a la Comisión que, al realizar la evaluación anual de los resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción, proporcione a los Estados miembros indicaciones precisas para contribuir a una aplicación progresiva y constante de las obligaciones asumidas por cada Estado en la lucha contra la corrupción;

28.

Reitera su llamamiento a la Comisión para que promueva sin demora una legislación sobre el nivel mínimo de protección de los denunciantes de irregularidades en la UE; pide a las instituciones europeas que modifiquen el Reglamento para garantizar que este no solo obligue formalmente a los funcionarios a notificar las irregularidades, sino que también prevea una protección adecuada para los denunciantes de irregularidades; pide a aquellas instituciones europeas que no lo hayan hecho todavía y a otros órganos que apliquen sin demora el artículo 22, letra c), del Reglamento; pide firmemente a todas las instituciones de la UE que adopten normas internas en relación con las denuncias de infracciones por parte de sus empleados y las obligaciones de estos últimos, centradas en la protección de los denunciantes; considera que esas normas deben ampliarse de manera explícita para incluir a los denunciantes que revelen casos de fraude relacionados con acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos comerciales;

29.

Destaca la importancia del acceso a la información y de la transparencia de los grupos de presión, así como de utilizar la financiación de la UE para apoyar el trabajo de organizaciones independientes en este ámbito,

30.

Considera que el nivel de transparencia puede incrementarse a través de la creación de una «huella legislativa» para los grupos de interés de la UE, con el objetivo de pasar de un registro de la UE voluntario a uno obligatorio para todas las actividades de representación de intereses frente a cualquiera de las instituciones de la UE;

31.

Insta a la Comisión a que mantenga su política estricta de interrupción y suspensión de pagos, de conformidad con la base jurídica pertinente; se felicita de que la Comisión haya adoptado una nueva decisión sobre el mecanismo de alerta precoz; espera que la Comisión proponga la creación de un sistema global de detección y exclusión precoz; pide a la Comisión que mantenga a los Estados miembros y a las autoridades locales mejor informados sobre la aplicación de su política, sin olvidar que este proceso no debe verse perjudicado por consideraciones políticas;

32.

Pide, en consecuencia, que se aplique transversalmente el artículo 325 del TFUE en todas las políticas de la UE, y que no solo se reaccione ante los fraudes sino que se prevengan; que se respete el artículo 325 del TFUE y particularmente el apartado 5 relativo a los informes anuales, que a día de hoy llevan un año de retraso; que se simplifique, en concreto, la utilización de las subvenciones de la UE en la política de cohesión; que se sigan los procedimientos convencionales y de ratificación de los acuerdos entre la Unión y los terceros países y organizaciones terceras en materia de lucha contra el fraude a escala regional e internacional; pide que se dé seguimiento a las recomendaciones para un plan de acción incluidas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (7) y, concretamente, las recomendaciones formuladas en los apartados 130 (visibilidad de las medidas adoptadas por los Estados miembros para luchar contra el fraude y la delincuencia organizada) y 131 (plan de acción europeo para el periodo 2014-2019 destinado a erradicar la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de capitales, incisos i-xxi); pide que se faciliten los primeros resultados sobre la Directiva sobre falsificación de moneda; y que se informe más ampliamente sobre los instrumentos de lucha contra la corrupción por parte de la OLAF y sobre la coordinación de los procedimientos de recuperación por los Estados miembros de los importes percibidos de manera fraudulenta;

33.

Pide a la UE que solicite su ingreso en el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO);

34.

Celebra que en 2014 estuvieran en vigor 48 acuerdos que contemplaban la asistencia administrativa mutua en 71 países, al tiempo que se celebraban negociaciones con otros 49 países, incluidos los principales socios comerciales, como los Estados Unidos y Japón y pide que el Parlamento Europeo sea informado permanentemente sobre la evolución de estas negociaciones; destaca que para proteger los intereses financieros de la UE y combatir eficazmente el fraude la prioridad principal debe ser velar por que la legislación vigente sea aplicada y que los compromisos internacionales sean respetados por todas las partes, incluidas las disposiciones relativas a la lucha contra el fraude y la corrupción que prevén sanciones; alienta a la Comisión a que siga cooperando con otros países en relación con las medidas de lucha contra el fraude y a que establezca nuevas modalidades de cooperación administrativa; pide a la Comisión que siga incluyendo disposiciones en materia de lucha contra el fraude y la corrupción en todos los acuerdos internacionales de la UE para preparar el terreno para una cooperación reforzada en la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico y otras formas de comercio ilegal o ilícito;

35.

Acoge con satisfacción el papel central desempeñado por el programa de ayuda macrofinanciera de la UE en su función de alentar las reformas en los países que se cuentan entre los socios comerciales más próximos de la UE; pide a la Comisión que siga informando al Parlamento y a los Estados miembros con miras a garantizar que todos los fondos se invierten cumpliendo plenamente las disposiciones del Reglamento de base y en un modo coherente con la cohesión regional y la promoción de la estabilidad regional y, por ende, limitar el riesgo de utilización indebida de los préstamos reembolsables; solicita una evaluación a largo plazo de los efectos de los programas de ayuda macrofinanciera en los esfuerzos desplegados en relación con la lucha contra la corrupción y el fraude en los países beneficiarios;

36.

Pide una vez más a los tribunales de cuentas de cada uno de los Estados miembros que realicen declaraciones públicas nacionales para rendir cuentas respecto del empleo de los fondos de la UE;

37.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en sus respectivos niveles, creen bases de datos interconectadas sobre las irregularidades en el ámbito de la política de cohesión, incluidas las relacionadas con la contratación pública, que puedan servir de marco para un análisis pertinente y exhaustivo de la frecuencia, la gravedad y las causas de las irregularidades, así como de los importes relativos a las irregularidades fraudulentas; destaca la necesidad de que los Estados miembros velen por que se faciliten a la Comisión datos fiables y comparables de manera adecuada y rápida, sin que ello implique un aumento desproporcionado de la carga administrativa;

38.

Hace hincapié en la complejidad de las irregularidades; opina que la Comisión y los Estados miembros deben tomar medidas contundentes contra las irregularidades fraudulentas; considera que las irregularidades no fraudulentas se han de abordar con medidas administrativas, y en particular con unos requisitos más transparentes y sencillos, una mayor asistencia técnica por parte de la Comisión a los Estados miembros y un mejor intercambio de buenas prácticas y de las lecciones aprendidas; considera que debe armonizarse la metodología de cálculo de errores a escala de la UE y de los Estados miembros;

39.

Celebra que los controles comunitarios ex ante y ex post detecten cada vez más casos de irregularidades y considera, por tanto, que deben promoverse aún más estos controles;

40.

Pide a las autoridades pertinentes de los Estados miembros que efectúen mejores controles y utilicen toda la información disponible para evitar errores y pagos irregulares relacionados con fondos de la UE;

41.

Alienta a la Comisión a que siga mejorando su papel de supervisión mediante actividades de auditoría, control e inspección, planes de acción correctores y el envío de escritos de apercibimiento; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos y aprovechen su potencial para detectar y corregir los errores antes de solicitar el reembolso de la Comisión; subraya, a este respecto, el valor particular de las acciones encaminadas a prevenir desembolsos eliminando de este modo la necesidad de acciones subsiguientes para recuperar los fondos malversados;

42.

Reitera su petición a la Comisión de que elabore un sistema de intercambio de información entre las autoridades competentes para hacer posible un control cruzado de los registros contables relativos a las transacciones entre dos o más Estados miembros, a fin de evitar fraudes transnacionales en el ámbito de los Fondos Estructurales y de Inversión y aportar un enfoque horizontal a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea;

43.

Se felicita de que todos los servicios de la Comisión desarrollaran y aplicaran estrategias de lucha contra el fraude en 2014; pide a las agencias, a las agencias ejecutivas y a las empresas comunes de la UE que hagan lo mismo; destaca la importancia de los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude (AFCOS) en este tipo de lucha; celebra la adopción de estrategias nacionales contra el fraude por parte de Bulgaria, Grecia, Croacia, Malta y Eslovaquia, y pide a los Estados miembros afectados que presenten sus estrategias nacionales de lucha contra el fraude (NAFS) lo antes posible; pide a la Comisión que supervise atentamente la aplicación de estas estrategias;

44.

Expresa su deseo, por otra parte, de que se intensifique la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión sobre la forma en que se gestionan los fondos; solicita que el personal de los servicios encargados de la gestión de los fondos y, en particular, el de los AFCOS, reciba una formación completa a fin de que desarrollen sus propias estrategias nacionales de lucha contra el fraude;

45.

Se felicita de los resultados positivos del primer resumen anual del Programa Hércules III; expresa su preocupación por la posibilidad de que el presupuesto que se le ha reservado pueda resultar insuficiente; pide más información basada en los resultados, concretamente con respecto a la contribución de 55 conferencias y sesiones formativas a la eficacia de las acciones emprendidas por los Estados miembros para combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE;

46.

Reitera que, de conformidad con el artículo 325, apartado 2, del TFUE, «los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros»; opina que esta disposición no se cumple en la UE; considera que la Comisión debería desarrollar una política horizontal sobre la lucha contra el fraude y la corrupción; destaca que la Comisión también es responsable del uso eficaz de los fondos, y le pide por ello que establezca unas obligaciones internas de rendimiento;

47.

Considera necesaria una mayor participación de la población europea en la fase de programación y control, a través de instrumentos de información de fácil acceso, sobre todo en los casos de financiación de grandes infraestructuras; pide a la Comisión que valore la idea de un presupuesto participativo a fin de implicar a los ciudadanos en la supervisión del gasto de los fondos de la UE, y que cree un portal electrónico de denuncia de fraudes accesible;

48.

Observa que la definición, la clasificación, así como la detección y la notificación de las irregularidades siguen variando de un Estado miembro a otro y dentro de cada Estado, en particular debido a las diferencias en la definición de irregularidades; considera necesaria una mayor armonización y, en este contexto, acoge con satisfacción el Reglamento Delegado de la Comisión, de 8 de julio de 2015, sobre la notificación de irregularidades, que complementa el Reglamento sobre disposiciones comunes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan estrategias coherentes para el tratamiento de las irregularidades y la lucha contra el fraude en el ámbito de la política de cohesión; pone de relieve las medidas de prevención y correctoras tomadas por la Comisión para evitar las irregularidades fraudulentas, incluida la interrupción de 193 pagos en el marco de la política de cohesión;

49.

Recuerda que el Reglamento sobre disposiciones comunes exige que las autoridades de gestión apliquen medidas eficaces y proporcionadas contra el fraude que deben incorporarse a las estrategias nacionales contra el fraude; pide a la Comisión que refuerce su acción preventiva; acoge con satisfacción, en este sentido, la creación de un sistema de detección precoz de los riesgos y pide, en particular, que se refuercen las capacidades técnicas y administrativas de las autoridades de gestión con objeto de garantizar unos sistemas de control más sólidos que permitan reducir los riesgos de fraude y aumentar la capacidad de detección, incluso en las regiones menos desarrolladas, sin que ello imponga una carga financiera y administrativa excesiva; subraya que la prevención debe incluir una labor de formación y apoyo constante del personal de las autoridades competentes en materia de gestión y control de los fondos, así como un intercambio de información y buenas prácticas; recuerda el papel esencial de las autoridades y los interlocutores locales y regionales en la lucha contra el fraude y en pro de la transparencia y la prevención de los conflictos de interés;

50.

Aprecia la decisión de la Comisión de llevar a cabo una evaluación intermedia en 2018 con objeto de establecer si la nueva arquitectura reglamentaria de la política de cohesión impide y reduce en mayor medida el riesgo de irregularidades, incluido el fraude, y espera la presentación de información concreta sobre el impacto que las nuevas disposiciones sobre gestión y sistemas de control pueden ejercer tanto sobre el riesgo de aparición de irregularidades y fraude como sobre la aplicación de la política en general;

51.

Pide a la Comisión y al Tribunal de Cuentas que faciliten la transparencia de los datos de fiscalización mediante la publicación de información más detallada con respecto a los Estados miembros con mejores y peores resultados por ámbito político y sector, de forma que los agentes puedan determinar los ámbitos donde se necesita más ayuda y diseñar acciones en consecuencia;

52.

Celebra la declaración de la Comisión en su informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE (informe PIF), que recuerda que tanto la Directiva PIF como el Reglamento sobre la Fiscalía Europea complementarán y reforzarán «el marco jurídico impulsando decididamente la lucha contra el fraude»; reitera su opinión en cuanto a la urgente necesidad de adoptar lo antes posible la Directiva PIF, que debe incluir el IVA en su ámbito de aplicación y fijar una definición clara de los delitos que cubre, las normas mínimas en relación con las penas de reclusión máximas aplicables y normas mínimas sobre el régimen de prescripción; recuerda el asunto Taricco, en el que el Tribunal de Justicia indicó que el fraude en materia de IVA se incluye, de hecho, en la definición de fraude que afecta a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea del Convenio PIF de 1995;

53.

Destaca que el Reglamento EPPO también se debería adoptar sin demora, y pide que el Consejo explique las razones por las que las negociaciones se están retrasando;

54.

Toma nota de que el nivel de irregularidades derivado del incumplimiento de las normas sobre contratación pública sigue siendo elevado; pide a los Estados miembros que transpongan rápidamente a su legislación nacional la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (8), que hace obligatoria la contratación pública electrónica e introduce obligaciones en materia de control e información para reducir el fraude en la contratación y otras irregularidades graves; pide a la Comisión que haga obligatoria la publicación de toda la documentación relativa a los beneficiarios y, en particular, a los subcontratistas;

55.

Pide a la Comisión que aplique estrictamente las medidas relativas a la discreción y la exclusión respecto de la contratación pública, con un control adecuado de los antecedentes en todos los casos, y que aplique el criterio de exclusión con el fin de no contratar a las empresas en caso de conflicto de intereses, algo que es fundamental para proteger la credibilidad de las instituciones;

56.

Destaca que el incumplimiento de las normas sobre contratación pública fue una fuente importante de errores durante el periodo de programación 2007-2013, entre ellos, la elusión de las normas sobre contratación pública mediante la división de contratos en pequeñas licitaciones para evitar superar los umbrales y el uso de procedimientos inadecuados; señala que las nuevas directivas sobre contratación pública se han de aplicar a más tardar en abril de 2016; subraya que para reducir los casos de irregularidades es necesario que los Estados miembros apliquen correctamente las directivas; pide, por tanto, a la Comisión que establezca directrices para la debida aplicación de las directivas; pide a la Comisión que supervise más atentamente la aplicación de estas directivas; estima que la fijación de unas condiciones previas podría servir para mejorar la contratación pública; hace hincapié en la necesidad de contar con normas transparentes y accesibles;

57.

Manifiesta su preocupación por la falta de transparencia total con respecto a la financiación de grandes proyectos de infraestructura; insta a la Comisión a que considere la presentación de una propuesta que obligue a publicar todos los informes financieros y los proyectos relacionados con grandes obras públicas, incluida la documentación sobre los subcontratistas;

58.

Pide a la Comisión que publique toda la documentación relativa al proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Lyon-Turín y su financiación;

59.

Pide a la Comisión que cree una base de datos sobre irregularidades, que pueda permitir un análisis pertinente y exhaustivo de la frecuencia, la gravedad y las causas de los errores en la contratación pública; pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que desarrollen y analicen sus propias bases de datos sobre irregularidades, incluidas las relacionadas con la contratación pública, y que cooperen con la Comisión para facilitar dichos datos de tal forma y en un momento que facilite el trabajo de la Comisión;

60.

Cuestiona la naturaleza no fraudulenta del creciente número de errores graves cometidos en el contexto de los procedimientos de contratación pública y pide a la Comisión que se mantenga especialmente alerta a este respecto, no solo mediante el diálogo con los Estados miembros a fin de aplicar mejor las directivas, nuevas y en vigor, en materia de contratación pública, sino también mediante la presentación de los casos pertinentes ante la OLAF para que se analicen más a fondo;

61.

Recuerda que en situaciones de emergencia, como la utilización de los fondos para los refugiados, se registran con frecuencia excepciones a los procedimientos normales de adjudicación, recurriendo al acceso directo a los fondos; lamenta que por tal motivo se produzcan abusos; pide a la Comisión que vigile más eficazmente el recurso a tales excepciones y la extendida práctica de la fragmentación de los contratos para no superar los umbrales y evitar los procedimientos normales de adjudicación;

62.

Observa que, en su Informe Especial n.o 10/2015 titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de cohesión», el Tribunal de Cuentas analiza los procedimientos relacionados con la contratación pública; señala que el incumplimiento de las normas de contratación pública es fuente de errores, que pueden dar lugar a retrasos en la ejecución y a correcciones financieras; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las condiciones previas relativas a la aplicación efectiva de la legislación en materia de contratación pública se cumplan plenamente antes de finales de 2016; pide a los Estados miembros que garanticen una correcta y rápida transposición de las directivas de 2014 sobre contratación pública;

63.

Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que aprovechen plenamente las oportunidades que ofrecen las herramientas de las TI en la contratación pública, incluidas las herramientas de contratación electrónica, el intercambio de buenas prácticas y la calificación preventiva del riesgo; valora el instrumento web para la prevención del fraude, ARACHNE, que ha desarrollado la Comisión con objeto de detectar los proyectos con mayor riesgo sobre la base de una serie de indicadores, y pide a los Estados miembros que lo utilicen;

64.

Destaca la importancia de predicar con el ejemplo y celebra el enfoque interinstitucional para aplicar la planificación presupuestaria basada en el rendimiento; pide a la Comisión que adopte la fase de planificación, ejecución y control del marco financiero plurianual (MFP) con arreglo al principio de presupuestación basada en el rendimiento;

65.

Toma nota de la importancia de medidas nuevas y continuas para evitar las irregularidades fraudulentas, pero también reitera su petición de que se adopte una nueva metodología que se centre en el rendimiento en lugar de en la evaluación formalista de los programas, en línea con el principio de un presupuesto de la UE centrado en los resultados; pide a la Comisión que refuerce sus actividades en relación con la aplicación de los indicadores de eficiencia y eficacia en todos sus programas y no se concentre únicamente en la tasa de error; pide asimismo a la Comisión que no trabaje únicamente en las tres categorías principales, a saber: economía, eficiencia y eficacia, sino que empiece a centrarse también en el nuevo tríptico (ecología, igualdad y ética);

66.

Pide que en el proceso de selección de los proyectos que se van de financiar, dentro y fuera de la Unión, se incluyan de forma obligatoria evaluaciones ex ante del valor añadido medioambiental, económico y social así como que se publiquen y sean plenamente accesibles los resultados de estas evaluaciones;

67.

Observa que la información sobre los resultados sigue siendo débil y que es necesario evaluar periódicamente los parámetros de entrada (medios financieros, humanos, materiales, organizativos o reguladores necesarios para la ejecución de un programa), el rendimiento (los resultados concretos del programa), los resultados (los efectos inmediatos del programa) y la incidencia (los cambios a largo plazo en la sociedad);

68.

Aplaude la creación de una red de puntos de contacto nacionales en los Estados miembros y la incorporación de objetivos de lucha contra la corrupción en el proceso de gobernanza económica del Semestre Europeo;

69.

Insta a la Comisión a que publique de inmediato su evaluación relativa a todos los acuerdos con empresas tabacaleras, con miras a determinar su eficacia en la lucha contra el fraude y la falsificación que afectan a los intereses financieros de la UE, y que evalúe si la renovación de ese tipo de acuerdos es adecuada;

70.

Hace hincapié en la función del Tribunal de Cuentas, las entidades fiscalizadoras superiores, la Comisión y las autoridades de gestión en el control de la regularidad y la eficiencia del gasto público; pide al Tribunal de Cuentas y a la Comisión que continúen mejorando su cooperación con las entidades fiscalizadoras superiores en los Estados miembros para ampliar el alcance y la proporción de los fondos y proyectos auditados;

71.

Manifiesta su preocupación por las constataciones de la Defensora del Pueblo Europeo (9), quien declara que, a excepción de la DG de Salud, la Comisión no aplicó en su totalidad las normas y orientaciones de las Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de transparencia y las actividades de los grupos de presión en el sector del tabaco; opina, por lo tanto, que se ha puesto en peligro la credibilidad y la seriedad de la Comisión;

72.

Insta a todas las instituciones pertinentes de la UE a que apliquen el artículo 5, apartado 3, del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT) de conformidad con las recomendaciones incluidas en las directrices al respecto; insta a la Comisión a que publique inmediatamente los acuerdos de evaluación con las empresas tabacaleras y una evaluación de impacto sobre la aplicación del CMCT; insta a la Comisión a que garantice una transparencia total con relación a los acuerdos sobre el tabaco y su posible renovación, y exhorta a los Estados miembros a que informen periódicamente sobre los gastos incurridos en relación con los fondos recibidos como consecuencia de estos acuerdos;

73.

Celebra los buenos resultados de numerosas operaciones aduaneras conjuntas que han contado con la cooperación de la OLAF y de los Estados miembros con diversos servicios de terceros países, que han permitido la incautación, entre otros, de 1,2 millones de productos falsificados, incluidos perfumes, piezas de repuesto de vehículos, aparatos electrónicos y 130 millones de cigarrillos; subraya que el contrabando de mercancías altamente gravadas provoca importantes pérdidas de ingresos para los presupuestos de la UE y de los Estados miembros, y que se calcula que las pérdidas directas de ingresos aduaneros derivadas del contrabando de cigarrillos ascienden, por sí solas, a más de 10 000 millones de euros al año; recuerda que el tráfico de mercancías falsificadas perjudica tanto a los ingresos de la UE y de los Estados miembros como a las empresas europeas;

74.

Expresa su profunda preocupación por el aumento del contrabando, del tráfico y de otras formas de comercio ilícito e ilegal, que no solo afectan a la recaudación de derechos de aduana en los Estados miembros y, por consiguiente, al presupuesto de la UE, sino que están también estrechamente relacionados con la delincuencia organizada a nivel internacional y con peligros para los consumidores, además de afectar negativamente al funcionamiento del mercado único y socavar la igualdad de condiciones entre todas las empresas que compiten entre sí, en particular las pymes; reclama, por tanto, una mejor coordinación entre la OLAF, las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado, no solo con el fin de abordar los problemas mencionados sino también para poner cortapisas al comercio de productos que infringen la legislación de la UE en materia de propiedad intelectual;

75.

Subraya la importancia de distinguir entre medicamentos genéricos legítimos y medicamentos falsificados de forma fraudulenta, a fin de no interrumpir la producción y el comercio legítimo de medicamentos genéricos, y pide una vez más a todos los Estados miembros que ya han firmado, pero no ratificado, el Protocolo de las Naciones Unidas para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que completen cuanto antes los procesos de ratificación respectivos;

76.

Toma nota del papel de la OLAF dentro de las diferentes operaciones aduaneras conjuntas para evitar las pérdidas para el presupuesto de la Unión y pide a la OLAF que incluya en sus futuros informes anuales más información y cifras concretas acerca de su contribución a la protección de los ingresos del presupuesto de la UE;

77.

Acoge con satisfacción las reuniones interinstitucionales anuales entre el Consejo, la Comisión, el Parlamento, la OLAF y su Comité de Vigilancia; insiste en una presidencia rotatoria entre las tres instituciones europeas; pide a la Comisión que apoye la iniciativa del Parlamento, e insta al Consejo a que reconsidere su posición contraria a este respecto;

78.

Reitera su llamamiento en relación con el informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE (10) en favor de una resolución rápida de las cuestiones pendientes entre la OLAF y su Comité de Vigilancia; reitera que ni la OLAF ni su Comité de Vigilancia pueden cumplir sus obligaciones legales con eficacia en una situación como la actual, en la que la cooperación entre ambos es limitada; observa con preocupación la falta de progresos y considera, por lo tanto, que la situación actual es inaceptable; pide a la Comisión que desempeñe plenamente su papel y que trabaje de manera activa por alcanzar una solución a largo plazo que se aplique sin demora;

79.

Opina que, para ser coherente con su mandato, el Comité de Vigilancia debería contar con personal autónomo, independiente de la administración de la OLAF, y disponer de autonomía financiera; pide a la OLAF que permita al Comité de Vigilancia acceder a los documentos que este considere necesarios para cumplir su cometido de acuerdo con su mandato; insta a la Comisión a que presente una propuesta para modificar en consecuencia el Reglamento de la OLAF;

80.

Señala la discrepancia existente entre la información recopilada por la OLAF entre fuentes públicas y privadas en los Estados miembros en relación con el fraude (Informe 2014 de la OLAF) y la recuperación financiera muy irregular que recomienda la OLAF a los Estados miembros; pide a la Comisión que respalde iniciativas destinadas a aumentar el índice de recuperación en los casos de fraude;

81.

Insta a la Comisión a que sea plenamente transparente en lo relativo a todas las demandas de los fiscales nacionales para suspender la inmunidad del personal de la OLAF, así como de su director general;

82.

Acoge con satisfacción la probada eficacia de las investigaciones de la OLAF sobre el origen en lo que respecta a la admisibilidad de las medidas arancelarias preferenciales y pide a los Estados miembros que tomen en consideración sus conclusiones y adopten todas las medidas necesarias y apropiadas conforme a lo dispuesto en la legislación aduanera de la UE; pide a la Comisión que, con el fin de evitar pérdidas para el presupuesto de la UE debidas a la importación de bienes que no tienen derecho a un trato arancelario preferencial en virtud de acuerdos comerciales preferenciales, siga verificando que los Estados miembros mejoran la eficacia de sus sistemas de gestión de riesgos y sus estrategias de control sobre la base de las notificaciones de asistencia mutua; pide, asimismo, a la Comisión que respete su compromiso de llevar a cabo evaluaciones ex post de los acuerdos comerciales preferenciales que tienen un importante impacto económico, social y ambiental, incluido un sistema de información periódica por parte de los países beneficiarios sobre la gestión y el control del origen preferencial;

83.

Observa que la represión de la delincuencia en todas sus vertientes, incluidos el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales, el crimen organizado asociado y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE, es una condición sine qua non para el correcto funcionamiento de la UE; destaca la necesidad de efectuar un seguimiento sistemático de las recomendaciones de la OLAF; considera que el seguimiento de esas recomendaciones exige que la OLAF disponga de derechos procesales en las legislaciones nacionales para garantizar que las autoridades nacionales las respeten y las tengan en cuenta;

84.

Pide a la Comisión que aclare las principales razones por las que los Estados miembros no están dando seguimiento a los supuestos casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la UE que les ha presentado la OLAF;

85.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y al Comité de Vigilancia de la OLAF.

9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/15

—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH),

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),

—

Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing+5 (2000), Beijing + 10 (2005) y Beijing + 15 (2010), así como el documento final de la conferencia de examen Beijing+20,

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 26 de mayo de 2015, sobre igualdad de género en el desarrollo,

—

Vistos el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión, de 21 de septiembre de 2015, titulado «Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de mujeres y niñas a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)» (SWD(2015)0182) y las Conclusiones del Consejo, de 26 de octubre de 2015, sobre el Plan de Acción en materia de género 2016-2020,

—

Visto el artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que define «género» como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres»,

—

Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo Europeo en marzo de 2011,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, titulada «Un compromiso reforzado a favor de la igualdad entre mujeres y hombres: una carta de la mujer» (COM(2010)0078),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» («Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019») (SWD(2015)0278),

—

Visto el informe de investigación de la Comisión titulado «Evaluation of the Strengths and Weaknesses of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015» (Evaluación de las debilidades y fortalezas de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015),

—

Vista la Estrategia sobre igualdad de género 2014-2017 del Consejo de Europa,

—

Visto el estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) sobre «el avance de las mujeres en la toma de decisiones políticas: perspectivas de futuro», publicado en 2015,

—

Vistas la conclusiones y recomendaciones del estudio del EIGE titulado «Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice» (Los Parlamentos sensibles con respecto a la cuestión de género: estudio a nivel mundial de las buenas prácticas en la materia) publicado en 2011,

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Vistas sus Resoluciones de 10 de febrero de 2010 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2009 (1), de 8 de marzo de 2011 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2010 (2), de 13 de marzo de 2012 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2011 (3), así como su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 (4),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2003, sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo (5),

—

Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre la integración de la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones (6),

—

Vista su Resolución, de 22 de abril de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos de las comisiones y delegaciones (7),

—

Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en las relaciones exteriores de la UE y en la consolidación de la paz y la consolidación de los Estados (8),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre las mujeres en la toma de decisiones políticas: calidad e igualdad (9),

—

Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015 (10),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2016, sobre la nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después de 2015 (11)

—

Vista la Comunicación, de 21 de febrero de 1996, titulada «Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias» (COM(1996)0067), en la que la Comisión se comprometió a «fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las acciones y las políticas», lo que equivale al establecimiento efectivo del principio de integración de la perspectiva de género,

—

Visto el estudio titulado «Evaluación de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 como contribución al logro de los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing», publicado en 2014 por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo,

—

Visto el estudio titulado «Integración de la perspectiva de género en las comisiones y delegaciones del Parlamento Europeo», publicado en 2014 por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo,

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Visto el estudio titulado «El presupuesto de la UE para la igualdad de género», publicado en 2015 por el Departamento Temático D del Parlamento Europeo,

—

Vista la nota titulada «Orientaciones sobre el desarrollo de la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en las políticas de la mujer», publicado por ONU Mujeres en mayo de 2014,

—

Visto el documento titulado «Avances en la igualdad entre mujeres y hombres en la UE: ¿El camino equivocado?», publicado en 2014 por la Red europea de institutos políticos,

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Visto el informe anual de recursos humanos 2014 publicado por la Dirección General de Personal del Parlamento Europeo,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0034/2016),

A.

Considerando que el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece la integración de la perspectiva de género como un principio horizontal y que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece el principio de la igualdad entre hombres y mujeres como un valor de la Unión;

B.

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales contiene disposiciones específicas sobre el principio horizontal de la igualdad de género, y que el artículo 6 del TUE reconoce que la Carta tiene el mismo valor jurídico que los Tratados;

C.

Considerando que el logro de la igualdad de género es esencial para la protección de los derechos humanos, el funcionamiento de la democracia, el respeto del Estado de Derecho y el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad;

D.

Considerando que los avances en la consecución de la igualdad de género en la UE se están estancando y que, a este ritmo, tardará todavía en conseguirse;

E.

Considerando que, en el compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019, la Comisión se comprometió a proseguir las acciones de integración de la perspectiva de género, en particular a través de ejercicios de evaluación y seguimiento; que la Comisión ha rebajado su compromiso estratégico con la igualdad de género después de 2015 a un documento de trabajo de sus servicios;

F.

Considerando que el quinto objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible es la consecución de la igualdad de género de aquí a 2030;

G.

Considerando que integración de la perspectiva de género significa la integración de una perspectiva de género en todos los aspectos de las políticas de la UE —preparación, concepción, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas, medidas jurídicas y programas de gasto—, con el fin de lograr la igualdad entre mujeres y hombres (12);

H.

Considerando que la integración de la perspectiva de género debe englobar los derechos, las expectativas y el bienestar de las personas de todas las identidades de género y LGBTIQ;

I.

Considerando que la integración de la perspectiva de género debe ser un instrumento proactivo y reactivo para lograr la igualdad de género;

J.

Considerando que la integración de la perspectiva de género no es un objetivo de las políticas en sí mismo, sino un medio esencial para lograr la igualdad de género, combinándose en todo momento con otras acciones y políticas específicas dirigidas a avanzar en este sentido;

K.

Considerando que una de las competencias de la comisión competente es contribuir a la aplicación y el desarrollo del principio de integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los sectores;

L.

Considerando que, por lo general, la mayoría de las comisiones parlamentarias atribuyen importancia a la integración de la perspectiva de género (por ejemplo, en el marco de su actividad legislativa, en sus relaciones de trabajo con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género o en la elaboración de planes de acción en materia de igualdad), mientras que otras comisiones prestan poco o ningún interés a esta cuestión;

M.

Considerando que, desde la pasada legislatura, la comisión competente ha desarrollado la práctica de realizar aportaciones específicas a los informes de otras comisiones mediante «enmiendas para la integración de la perspectiva de género»; que, según un estudio publicado en 2014 (13), el 85 % de estas enmiendas presentadas entre julio de 2011 y febrero de 2013 se han incorporado a los informes finales aprobados por las comisiones competentes para el fondo; que son necesarios más datos posteriores a febrero de 2013 para llevar a cabo una evaluación actualizada de la situación de la integración de la perspectiva de género en el Parlamento;

N.

Considerando que, a raíz de la Resolución de 2003 sobre la integración de la perspectiva de género, cada comisión parlamentaria designa a uno de sus miembros como responsable de la integración de la perspectiva de género, creando de este modo «la red de integración de la perspectiva de género»; que en las posteriores resoluciones sobre este tema se abogó por el desarrollo permanente de esta red y por el establecimiento de una red similar en las delegaciones interparlamentarias; que la red cuenta con el apoyo de una red a nivel del personal en las secretarías de las comisiones;

O.

Considerando que los miembros de la red cumplimentaron un cuestionario con el fin de evaluar la situación de la integración de la perspectiva de género en sus respectivos sectores;

P.

Considerando que el MFP (marco financiero plurianual) va acompañado de una declaración común de las tres instituciones, que acordaron que «los procedimientos presupuestarios anuales aplicados para el MFP 2014-2020 integrarán, según proceda, elementos de respuesta en materia de igualdad entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta los modos en que el marco financiero global de la Unión contribuye al de la igualdad (y garantiza la incorporación de la perspectiva de género)»; que, pese a todo, es necesario consolidar el compromiso real con la continuación de la integración de la problemática de género y el empoderamiento de las mujeres, pues la aplicación de las políticas actuales es modesta, y los recursos presupuestarios destinados específicamente a la problemática de género son insuficientes;

Q.

Considerando que en ninguna institución de la UE se ha integrado de manera coherente la perspectiva de género en la labor de presupuestación;

R.

Considerando que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) se ha creado para reforzar la promoción de la igualdad de género y contribuir a ella, incluida la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión y en las políticas nacionales resultantes; que el EIGE ha desarrollado una plataforma sobre la integración de la perspectiva de género y un glosario y un diccionario sobre la igualdad de género para apoyar a los encargados de la toma de decisiones, al personal de las instituciones de la Unión y a los organismos gubernamentales en la integración de la perspectiva de género en su labor;

S.

Considerando que la integración de la perspectiva de género implica tanto la integración de una perspectiva de género en el contenido de las diferentes políticas como el tratamiento de la cuestión de la representación de mujeres y hombres y de las personas de todas las identidades de género en las políticas en cuestión; que ambas dimensiones deben tenerse en cuenta en todas las fases del proceso de elaboración de políticas;

T.

Considerando que todas las políticas interiores y exteriores de la UE deben tener por objeto beneficiar a niños y niñas, hombres y mujeres, así como a todas las demás identidades de género por igual;

U.

Considerando que la aplicación de la integración de la perspectiva de género se cita entre las principales debilidades en la evaluación de la Comisión de la estrategia sobre igualdad de género 2010-2015;

V.

Considerando que un Parlamento sensible a la dimensión de género desempeña un papel crucial a la hora de corregir los desequilibrios entre hombres y mujeres, impulsar la igualdad de participación económica, social y política de mujeres y hombres y ampliar el marco político de la igualdad de género;

W.

Considerando que es clave formar a los diputados y al personal del Parlamento, en especial a sus cargos directivos, en materia de integración de la perspectiva de género con el fin de impulsar la perspectiva de género en todas las áreas y fases políticas;

X.

Considerando que son insuficientes los fondos y recursos humanos asignados a garantizar la realización de avances reales en la integración de la perspectiva de género en las actividades del Parlamento;

Y.

Considerando que la recogida sistemática y periódica de datos y estadísticas desglosados por género en las evaluaciones de impacto de las políticas así como en el proceso de elaboración de las mismas es indispensable para analizar los progresos en la igualdad de género; que deben realizarse más investigaciones cualitativas en el seno del Parlamento a fin de conocer la relevancia y la repercusión de las herramientas para la integración de la perspectiva de género en los resultados de las políticas, las resoluciones y los textos legislativos;

Z.

Considerando que sigue siendo escasa la representación femenina en puestos claves de toma de decisiones en los niveles político y administrativo, también dentro de los grupos políticos del Parlamento; que la mujeres suelen presidir comisiones que están menos ligadas a la asignación de recursos y a la adopción de decisiones económicas; que para mejorar la calidad de las decisiones adoptadas, el Parlamento tiene que garantizar un reparto equitativos de los puestos decisorios entre los géneros; que los hombres deben comprometerse a promover la igualdad de género en todos los ámbitos y en todos los niveles y que debe alentarse a los diputados varones para que tengan en cuenta la integración de la perspectiva de género en su labor;

AA.

Considerando que el Parlamento dispone de una estructura organizativa para promover la integración de la dimensión de género en sus actividades, y que dicha estructura debe coordinarse mejor, reforzarse y ampliarse, con una voluntad política y administrativa renovada, a fin de conseguir una mayor integración de la dimensión de género;

AB.

Considerando que es necesaria una mayor cooperación interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión en materia de integración de la dimensión de género, con el fin de garantizar que la perspectiva de género pueda incorporarse a todas las fases del ciclo de las políticas, lo que facilitaría el trabajo del propio Parlamento en pro de la integración de la perspectiva de género;

AC.

Considerando que las aportaciones de las partes interesadas externas, como las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de base de defensa de los derechos de la mujer y la igualdad de género, las instituciones internacionales, la universidad y los parlamentos nacionales, son importantes para mejorar el proceso de integración de la perspectiva de género del Parlamento y fomentar los intercambios recíprocos para promover las mejores prácticas;

AD.

Considerando que en la Resolución del Parlamento sobre la integración de la perspectiva de género, aprobada en 2007, se pedía la realización de una evaluación, cada dos años, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento;

1.

Considera que, para integrar la perspectiva de género en los procesos de las políticas, se han de considerar diferentes aspectos: el contenido de la política y la representación de género en la administración y la toma de decisiones; señala asimismo que es fundamental disponer de datos claros sobre las repercusiones de las políticas para seguir mejorando la igualdad de género;

2.

Señala que, dentro de la estructura organizativa del Parlamento, son varios los organismos responsables de la elaboración y aplicación de la integración de la perspectiva de género tanto a nivel de las políticas como en la vida laboral:

3.

Lamenta que las actividades de estos distintos organismos responsables de la integración de la perspectiva de género no se estén coordinando o integrando dentro del Parlamento o con otras instituciones (sin que exista ningún mecanismo de cooperación interinstitucional para la integración de la perspectiva de género); se compromete a establecer una cooperación eficaz entre todas las partes que participan en este marco institucional, basada en mecanismos específicos como, por ejemplo, información sobre el seguimiento y los resultados;

4.

Reitera su compromiso de adoptar y aplicar periódicamente un plan estratégico para la integración de la perspectiva de género en el Parlamento, con el objetivo global de promover la igualdad de género a través de una incorporación efectiva de esta perspectiva en las políticas y actividades, incluidas las estructuras de toma de decisiones y la administración;

5.

Pide que continúe el desarrollo de la red de integración de la perspectiva de género, con representación no solo en las comisiones sino también en las delegaciones interparlamentarias, y su plena participación en la supervisión periódica de la situación en que se encuentra la integración de la perspectiva de género en todas las políticas; señala la necesidad de una participación mayor y más activa de los diputados en la red y pide que se añada a la red a los diputados suplentes, para aumentar la participación, como ocurre en las comisiones y las delegaciones;

6.

Destaca que, según el mencionado estudio de 2014 sobre esta cuestión, la herramienta más eficaz para la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en el proceso de las políticas ha sido el uso de procedimientos en cooperación con otras comisiones; destaca la necesidad de que las demás comisiones apoyen el trabajo en pro de la integración de la perspectiva de género y la apliquen en sus actividades;

7.

Invita a los servicios competentes a seguir trabajando sobre medidas específicas para promover un equilibrio entre vida privada y vida laboral; lamenta que, entre los funcionarios del Parlamento Europeo, las mujeres sigan estando en su mayoría en el grupo de funciones de los asistentes (AST); pide que se lleve a cabo un análisis anual de la situación de la igualdad de género en el seno del Parlamento, basado en datos desglosados por género, en todos los niveles del personal y de los órganos políticos, incluidos los asistentes parlamentarios, y que esta información se haga pública;

8.

Pide que se luche contra los obstáculos estructurales y que se cree un entorno que permita a las mujeres incorporarse a puestos decisorios de todos los niveles, así como medidas para la conciliación del trabajo con la vida privada y medidas de acción positiva, de modo que aumente el número de miembros del género infrarrepresentado en los puestos dominados por mujeres u hombres; pide a los partidos políticos que asuman su responsabilidad en la promoción de mujeres, ya que la facultad de contratar, seleccionar y nombrar candidatos está en su manos;

9.

Lamenta que los objetivos de equilibrio de género en los niveles de gestión superiores e intermedios aprobados por la Mesa en 2006 (Informe Kaufmann) no se alcanzaran en el plazo fijado para 2009, y que sigan sin alcanzarse a día de hoy; señala que estos objetivos fueron confirmados posteriormente por el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad para los años siguientes; insta a que se adopten medidas eficaces, correctoras y de mayor calado para conseguir estos objetivos de igualdad de género en el plazo más breve posible;

10.

Toma nota de que el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad es el responsable de adoptar un plan de acción para el fomento de la igualdad y la diversidad en el seno del Parlamento y de garantizar su aplicación; pide al Grupo de Alto Nivel que, con la ayuda de los servicios competentes, presente una hoja de ruta completa sobre la igualdad de género en la que se indique la manera de aumentar la representación de las mujeres en los niveles de gestión superiores e intermedios para que alcance el 40 % en 2020; pide a la Dirección General de Personal y a los grupos políticos que consideren la posibilidad de proponer al mismo tiempo a una mujer y a un hombre para el puesto de jefe de unidad cuando haya puestos vacantes;

11.

Recomienda al ponente permanente sobre la integración de la perspectiva de género que, una vez creado el puesto, colabore con el Grupo de Alto Nivel para garantizar el cumplimiento de los objetivos de integración de la perspectiva de género establecidos para la Secretaría y el personal del Parlamento;

12.

Pide a los grupos políticos que consideren la posibilidad de proponer tanto a una mujer como a un hombre para el cargo de presidente en las comisiones y los grupos;

13.

Señala que es deseable una representación paritaria de ambos géneros en todas las comisiones, en la medida en que las circunstancias lo permitan; pide a los grupos políticos que consideren la posibilidad de designar a diputados del sexo menos representado en todas las comisiones, de una manera coordinada; pide a los grupos políticos que designen el mismo número de diputados que de diputadas como miembros y suplentes de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, con el fin de fomentar la participación de los hombres en la política de igualdad de género;

14.

Subraya que la práctica de utilizar enmiendas para la integración de la perspectiva de género ha demostrado ser más eficaz que las opiniones, ya que son más concisas, se pueden presentar con mayor rapidez y hacen referencia a cuestiones esenciales, específicas y delimitadas; reitera su llamamiento a la comisión competente para que incluya en el Reglamento la práctica de presentar enmiendas para la integración de la perspectiva de género, teniendo en cuenta la función específica de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en la integración de la perspectiva de género como principio horizontal; pide una cooperación más estrecha entre las comisiones y la coordinación efectiva entre la red de integración de la perspectiva de género y la comisión competente tanto a nivel político como administrativo, con el fin de aportar una importante dimensión de género a los informes; destaca la importancia del papel de los miembros de la red en cada comisión a la hora de ofrecer aportaciones eficaces por parte de la comisión competente a través de enmiendas para la integración de la perspectiva de género y opiniones, y pide una coordinación real entre los miembros responsables de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y los miembros de la red en el procedimiento de proceso de presentación de enmiendas para la integración de la perspectiva de género; reitera la necesidad de una estrecha coordinación entre la comisión competente y la secretaría de las comisiones principales en las enmiendas para la integración de la perspectiva de género y las opiniones, a fin de garantizar una programación y una planificación óptimas para su incorporación efectiva en el informe de la comisión principal;

15.

Lamenta que, a pesar de la declaración interinstitucional sobre la integración de la perspectiva de género anexa al MFP, no se haya tomado hasta la fecha ninguna medida sobre la presupuestación con perspectiva de género; subraya, en este contexto, la necesidad de controlar atentamente la manera en que se aplican los principios de la declaración conjunta en relación con los procedimientos presupuestarios anuales, y pide que se atribuya a la comisión competente un papel formal en la revisión del MFP;

16.

Subraya que la presupuestación con perspectiva de género en forma de planificación, programación y presupuestación, que contribuye al avance de la igualdad de género y a la realización de los derechos de la mujer, es uno de los principales instrumentos utilizados por los responsables de las políticas para abordar los desequilibrios de género; lamenta que el estudio sobre la presupuestación con perspectiva de género haya demostrado que esta perspectiva está lejos de incluirse en todas las políticas, a todos los niveles y en cada una de las fases del proceso de elaboración de políticas; señala que, en este contexto, es fundamental desarrollar capacidades internas en materia de presupuestación con perspectiva de género para reforzar la función de control del Parlamento Europeo en la materia; señala que las repercusiones de las decisiones sobre gastos e ingresos afectan de modo diferente a las mujeres y a los hombres y destaca que los diputados miembros de las comisiones competentes deben tomar en cuenta esta diferencia de efectos en la concepción de los presupuestos; subraya que la presupuestación con perspectiva de género favorece la rendición de cuentas y la transparencia por lo que respecta al compromiso del Parlamento con la igualdad de género;

17.

Toma nota de que la Comisión se ha comprometido a seguir integrando la perspectiva de género incorporando consideraciones al respecto en los estudios y las evaluaciones de impacto, de conformidad con los principios de la iniciativa «Legislar mejor», y de que está examinando la posibilidad de publicar un informe sobre la integración de la perspectiva de género en la Comisión en 2017;

18.

Reafirma la necesidad de una dotación de recursos suficiente también en el Parlamento, con vistas a la elaboración de evaluaciones de impacto de género y análisis basados en el género; pide a la Comisión que elabore sistemáticamente evaluaciones de impacto de género para cada nueva propuesta de legislación o actuación, sobre la base de una evaluación reforzada del impacto de dichas propuestas en los derechos fundamentales y a fin de garantizar que la UE defiende los derechos de las mujeres; destaca la necesidad de que tales análisis y la metodología de recogida de datos tomen en consideración la experiencia de las personas LGBTIQ; señala que se ha de alentar a las comisiones para que aprovechen las competencias internas así como las competencias externas de otras instituciones y organismos de los sectores público y privado que trabajan por promover la integración de la perspectiva de género;

19.

Pide al EIGE que informe periódicamente a cada comisión destacando la perspectiva de género en todos los sectores de la elaboración de políticas y que ponga a disposición los datos e instrumentos que ha desarrollado, como la plataforma sobre la integración de la perspectiva de género, en el marco de un ejercicio de creación de capacidad, dirigido también al personal y los asistentes parlamentarios; pide al Servicio de Estudios que lleve a cabo periódicamente investigaciones detalladas, cualitativas y cuantitativas, sobre los avances en materia de integración de la perspectiva de género en el Parlamento y en el funcionamiento de la estructura organizativa dedicada a ello;

20.

Lamenta que actualmente el EIGE no disponga de los recursos suficientes para llevar a cabo todo el trabajo que se le requiere, y considera necesario, por tanto, garantizar que se modifique su presupuesto con miras a adecuarlo a su amplio mandato;

21.

Toma nota de que, en las respuestas a los cuestionarios sobre el estado de la integración de la perspectiva de género en las comisiones parlamentarias, se hizo hincapié en que algunos instrumentos específicos resultan eficaces para integrar la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones, a saber:

y recomienda encarecidamente proseguir el desarrollo y la aplicación de estos instrumentos en la labor del Parlamento;

22.

Recuerda que las evaluaciones y los programas en materia de integración de la perspectiva de género también requieren que se lleve a cabo un seguimiento efectivo a fin de abordar la eficacia y los posibles problemas de cada actuación; subraya la importancia de aplicar medidas correctivas cuando sea necesario y de desarrollar la integración de la perspectiva de género cuando se detecte la falta de progreso una vez aplicadas dichas medidas;

23.

Recomienda a la Dirección General de Comunicación del Parlamento que incluya una perspectiva de género más decidida en su información sobre la elaboración de políticas en el Parlamento;

24.

Expresa su pleno apoyo al desarrollo de una formación específica y regular, que cuente con los recursos adecuados y esté adaptada a las necesidades específicas del Parlamento, dirigida al personal del Parlamento que trabaja en las diferentes políticas, con una formación más extensa para los niveles de gestión superiores e intermedios, específicamente las jefaturas de unidad; pide que puedan acceder a la formación en materia de integración de la perspectiva de género los diputados, los asistentes parlamentarios y el personal de los grupos políticos; pide que se organice formación para el liderazgo destinada a mujeres y que se ofrezca a las mujeres experiencia en los puestos de liderazgo; recomienda que las sesiones de formación incluyan información sobre las formas, múltiples e intersectoriales, de discriminación; subraya la necesidad de que todos sus servicios sean conscientes de su responsabilidad a la hora de desplegar la integración de la perspectiva de género, también los que se encargan de los recursos humanos, la seguridad y las instalaciones; propone la elaboración de directrices específicas de recursos humanos que integren realmente la perspectiva de género a fin de mejorar el bienestar de todo el personal, incluidas las personas LGBTIQ, en el lugar de trabajo;

25.

Reitera su llamamiento para que se respete el compromiso relativo a la presentación de un informe semestral sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento; es consciente del cometido que desempeña la red de integración de la perspectiva de género a la hora de evaluar la situación en que se encuentra la integración de la perspectiva de género en cada una de las políticas, y recomienda que el cuestionario que sirve de base para la realización del mencionado informe se convierta en un método de control anual;

26.

Toma nota de que, en sus respuestas a los cuestionarios, los miembros de la red respondieron en términos generales que, en su política específica, se habían tenido en cuenta las necesidades específicas de género en varias actividades, como por ejemplo informes, enmiendas sobre la igualdad de género, estudios, audiencias, misiones e intercambios de puntos de vista;

27.

Saluda las iniciativas adoptadas por varias comisiones parlamentarias en este campo; lamenta que una gran mayoría de las comisiones no haya adoptado ni debatido un plan de acción sobre la igualdad de género para su trabajo; destaca la importancia de que los organismos competentes trabajen con todas las comisiones y delegaciones para compartir mejores prácticas, también a través de la red de integración de la perspectiva de género, y establezcan un procedimiento claro, que se habrá de incorporar al Reglamento del Parlamento, para la adopción de un plan de acción en materia de género en cada comisión y delegación; recomienda que cada comisión celebre una audiencia sobre integración de la perspectiva de género en su política cada dos años, a fin de que coincida con la elaboración del informe sobre esta integración;

28.

Subraya la necesidad de analizar en profundidad el funcionamiento de la red de integración de la perspectiva de género y de encontrar formas de garantizar una participación más estrecha y una mayor sensibilización entre sus miembros; recomienda que los miembros y los suplentes de la red de integración de la perspectiva de género se comprometan con la igualdad de género aunque no sean necesariamente miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de manera que sea mayor el grupo de diputados que trabajan en la integración de la perspectiva de género; recomienda que se mantengan contactos e intercambios regulares entre la comisión competente y la red;

29.

Recomienda que la red de integración de la perspectiva de género esté copresidida por la comisión competente junto con otro miembro de la red, este último nombrado de forma rotatoria entre las diferentes comisiones, para indicar que la integración de la perspectiva de género afecta a todas las comisiones;

30.

Estima que debe crearse un organismo interno de supervisión con objeto de efectuar un seguimiento y una evaluación ex post de la aplicación de los instrumentos y las acciones; pide la formulación de descripciones de puestos de trabajo específicas para los miembros del personal responsables de la integración de la perspectiva de género en las comisiones; pide a las autoridades competentes que evalúen bianualmente los avances den la integración de la perspectiva de género en las comisiones y delegaciones;

31.

Considera que el refuerzo de las relaciones interinstitucionales mejorará el equilibrio entre hombres y mujeres en las políticas de la Unión; toma nota de que todavía no se ha establecido una cooperación estructurada sobre la perspectiva de género con otros socios institucionales, como la Comisión, el Consejo y el EIGE; pide a la Comisión que proponga un marco adecuado para el establecimiento de una cooperación interinstitucional sobre la integración de la perspectiva de género, en el que también participen otras partes interesadas en este ámbito;

32.

Pide a la Comisión que, sobre la base de los resultados de la consulta pública y de las posiciones del Parlamento y del Consejo, adopte inmediatamente una comunicación sobre una nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres después de 2015 que aborde las cuestiones de igualdad de género en consonancia con la agenda internacional;

33.

Recomienda que el Defensor del Pueblo Europeo facilite anualmente al Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad datos relacionados con las reclamaciones sobre mala administración en relación con la igualdad de género en el Parlamento Europeo, con el debido respeto a la Decisión del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones;

34.

Opina que el intercambio de mejores prácticas con otras organizaciones reforzará la creación de capacidad y la eficacia del Parlamento en la aplicación de la integración de la perspectiva de género; pide que se organice el intercambio de mejores prácticas a todos los niveles con otras instituciones y organizaciones como ONU Mujeres, el Consejo de Europa, las instituciones de la UE y las partes interesadas en la promoción de la igualdad de género, como son los organismos de defensa de la igualdad de género, los interlocutores sociales y las ONG; alienta la participación en los programas específicos de desarrollo de las capacidades de otras organizaciones internacionales, e insta a que se busque su apoyo para la organización de programas de integración de la perspectiva de género adaptados a las necesidades;

35.

Pide a la Dirección General de Personal que recurra al intercambio de buenas prácticas y asistencia técnica en materia de igualdad de género y diversidad, por ejemplo, con el Congreso de los Estados Unidos y los órganos de igualdad nacionales, para la promoción, en el futuro inmediato, de las comunidades minoritarias étnicas y raciales en los procedimientos de contratación y en los concursos de la EPSO; pide que se dedique especial atención al personal en prácticas y se elaboren iniciativas y programas destinados a promover las prácticas entre los jóvenes, en particular mujeres, de minorías raciales y étnicas infrarrepresentadas;

36.

Destaca la necesidad de mantener un diálogo abierto y constante con los Parlamentos nacionales, con vistas a mantener intercambios de opiniones regulares, intercambios de nuevas técnicas y de informar sobre evaluaciones de impacto de las políticas que permitan fomentar un enfoque compartido y seguir desarrollando las mejores prácticas en el fomento de la integración de la perspectiva de género; recomienda la organización de reuniones interparlamentarias periódicas sobre la integración de la perspectiva de género;

37.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/25

—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 8 y 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Convenio de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados,

—

Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948,

—

Vistas la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Recomendación general n.o 32 del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, de 14 de noviembre de 2014,

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

—

Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5, Beijing + 10, Beijing + 15 y Beijing + 20,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2015, titulada «Una agenda europea de migración» (COM(2015)0240),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2015, titulada «Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020)» (COM(2015)0285),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre migración, de 12 de octubre de 2015, y, en particular, el compromiso recogido en las mismas con los derechos humanos de las mujeres y las niñas,

—

Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo,

—

Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo,

—

Vista la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional,

—

Vista la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular,

—

Vista la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional,

—

Vista la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007, sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida,

—

Vistos las Conclusiones del Consejo tituladas «Plan de Acción en materia de género 2016-2020», de 26 de octubre de 2015,

—

Visto el documento de trabajo conjunto de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de marzo de 2015, sobre la aplicación de la política europea de vecindad en 2014 (SWD(2015)0076),

—

Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820 sobre las mujeres, la paz y la seguridad;

—

Vista su Resolución, de 2 de diciembre de 2015, sobre el Informe Especial de la Defensora del Pueblo Europeo relativo a su investigación de oficio OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex (1),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0024/2016),

A.

Considerando el número sin precedentes, y que no deja de aumentar, de hombres, mujeres y niños que buscan protección internacional en la UE como consecuencia de los conflictos en curso, la inestabilidad regional y las violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia de género y el uso de la violación como arma de guerra;

B.

Considerando que se registra una gran diferencia en cuanto al género entre los solicitantes de asilo en la Unión Europea; que, por término medio, las mujeres constituyen un tercio de los solicitantes de asilo; que desde principios de 2015 hasta el mes de noviembre de ese año cerca de 900 000 personas atravesaron el Mediterráneo y llegaron a las costas europeas, y que las mujeres y los niños representan el 38 % del total; que el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) ha informado de que, en enero de 2016, el 55 % de la personas que llegaban a Grecia para pedir asilo en la UE eran mujeres y niños; que ya han perdido la vida demasiadas personas en este viaje de la esperanza y que muchas de ellas eran mujeres;

C.

Considerando que las mujeres y las personas LGBTI sufren formas específicas de persecución por motivos de género, circunstancia que con excesiva frecuencia se sigue pasando por alto en los procedimientos de asilo;

D.

Considerando que la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad no ha logrado su principal objetivo de proteger a las mujeres y aumentar, de forma considerable, su participación en los procesos políticos y de adopción de decisiones;

E.

Considerando que, según las estimaciones del ACNUR, alrededor de 20 000 mujeres y niñas procedentes de países que practican la mutilación genital femenina solicitan cada año asilo en los Estados miembros de la UE; que un número significativo de mujeres que presentan una solicitud de asilo lo hacen por miedo a la mutilación genital femenina,

F.

Considerando que la ACNUR ha calculado que 71 % de las solicitantes de asilo en la UE originarias de países en los que se practica la mutilación genital femenina han sido víctimas esta práctica; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado resoluciones para paralizar la expulsión de las niñas en peligro de ser sometidas a la mutilación genital, ante el riesgo de que su salud física y psicológica sufriera un daño irreparable;

G.

Considerando que las mujeres y niñas que solicitan asilo tienen necesidades específicas de protección y plantean preocupaciones distintas de las de los hombres, lo que requiere tener en cuenta la perspectiva de género y atender a cada situación individual en la aplicación de todas las políticas y procedimientos de asilo, incluida la evaluación de los solicitudes de asilo; que las solicitudes de asilo en casos de violencia deben ser tratadas de manera que se proteja a las mujeres de la victimización secundaria durante el procedimiento de asilo;

H.

Considerando que el proceso de integración y los derechos de mujeres y niñas se resienten cuando su estatuto jurídico depende de su cónyuge;

I.

Considerando que los actos pertinentes que conforman el Sistema Europeo Común de Asilo deben transponerse y aplicarse de conformidad con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y otros instrumentos en la materia;

J.

Considerando que el trato que reciben las mujeres y las niñas solicitantes de asilo varía enormemente de un Estado miembro a otro y que siguen registrándose graves deficiencias;

K.

Considerando que las refugiadas y las solicitantes de asilo son objeto con frecuencia de múltiples formas de discriminación y son más vulnerables a la violencia sexual y de género en sus países de origen y en los países de tránsito y de destino; que son especialmente vulnerables las mujeres y niñas no acompañadas, las mujeres cabeza de familia y las mujeres embarazadas, así como las personas con discapacidad y de edad avanzada;

L.

Considerando que las mujeres refugiadas no solo deben hacer frente a las amenazas a su seguridad personal (largas y peligrosas jornadas de viaje hacia el exilio, acoso, indiferencia oficial y, con frecuencia, abuso sexual y violencia, incluso una vez que han alcanzado un lugar aparentemente seguro, con la consecuente estigmatización social), sino que además deben encargarse de la seguridad física, el bienestar y la supervivencia de sus familias;

M.

Considerando que muchos de los refugiados que han llegado a Europa viven en condiciones precarias en campamentos o en la calle, y que las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables;

N.

Considerando que las redes delictivas se están aprovechando de la inexistencia de vías seguras de llegada a la UE para los solicitantes de asilo y los refugiados, de la inestabilidad regional, de los conflictos, así como de la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas que intentan huir, para explotarlas mediante la trata de seres humanos y la explotación sexual;

O.

Considerando que las mujeres víctimas de violencia y trata están más expuestas al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual;

P.

Considerando que la Oficina del ACNUR ha informado de casos de violencia y abusos, incluida la violencia sexual, contra las mujeres y los niños refugiados durante su desplazamiento y en los centros de acogida en la UE, que están saturados;

Q.

Considerando que las mujeres y niñas que buscan refugio en la UE suelen huir de regímenes que oprimen a las mujeres, que no reconocen la igualdad entre mujeres y hombres, y que toleran la violencia contra las mujeres, el abuso y los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

R.

Considerando que muy a menudo los centros de acogida no disponen en su interior de espacios adecuados para las madres que se alojan en ellos y que deben cuidar de sus hijos; que, además, las estructuras de asistencia jurídica no proporcionan un apoyo adecuado a la hora de ofrecer información y prestar ayuda para encontrar a otros familiares;

S.

Considerando que en instalaciones de recepción y de tránsito de la Unión Europea no se satisfacen las necesidades más básicas para prevenir la violencia de género, como son los baños, duchas y dormitorios separados para las mujeres;

T.

Considerando que las niñas que huyen de los conflictos y la persecución se enfrentan a un mayor riesgo de ser víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados, de violaciones, de abusos sexuales y físicos y de la prostitución;

U.

Considerando que separar a los miembros de una misma familia, incluso cuando están internados, expone a las mujeres y a los niños a mayores riesgos;

V.

Considerando que la reagrupación familiar, pese a tratarse de un derecho humano fundamental, sufre retrasos sistemáticos o incluso se deniega, y que las mujeres y los niños son los que más sufren en estos casos;

W.

Considerando que las mujeres a menudo se ven obligadas a aceptar trabajos en negro y en condiciones degradantes para permanecer en el país al que llegan;

X.

Considerando que la Plataforma de Acción de Beijing puso de relieve la necesidad de reforzar la participación de las mujeres en la resolución de conflictos en los niveles decisorios y la necesidad de que las mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas participen de manera adecuada en las decisiones que les afectan;

Y.

Considerando que el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.o 5 consiste en lograr la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres para 2030;

1.

Estima que, para mejorar la seguridad y la protección de las mujeres y niñas refugiadas, es necesario abrir vías seguras y legales hacia la UE para las mujeres que huyen de los conflictos y las persecuciones, y que se debe tomar en consideración el género; pone de relieve, en particular, que deberían ser más los Estados miembros que participan en los programas de reasentamiento de la UE; considera que la legislación y las políticas relativas a la migración irregular no deberían impedir el acceso a los procedimientos de asilo de la UE; destaca que el derecho de asilo está consagrado en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;

2.

Recalca la necesidad apremiante de abrir de inmediato vías seguras y legales para los solicitantes de asilo, con objeto de evitar las redes de contrabando y de permitir que las mujeres, los niños, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad tengan cada vez menos dificultades para encontrar refugio sin poner en peligro sus vidas; muestra su profunda preocupación por las muertes, devoluciones forzosas y las graves violaciones de derechos humanos en las fronteras externas de la UE; considera que deben repartirse las responsabilidades, los costes y los beneficios entre los 28 Estados miembros y no solamente entre los países de llegada; lamenta la falta de solidaridad entre los Estados miembros de la UE;

3.

Destaca la importancia de que las mujeres refugiadas sean inscritas individualmente y reciban la documentación pertinente para garantizar su seguridad personal, libertad de circulación y acceso a los servicios de primera necesidad, como requiere el ACNUR;

4.

Subraya que los comités de coordinación y cualquier otra forma de representación de los refugiados, tanto en entornos urbanos y rurales como en los campamentos, incluidas las zonas de retorno, deberían respetar el principio de paridad de género en su composición para garantizar el respeto de los derechos y las necesidades de las mujeres refugiadas y demandantes de asilo;

5.

Reitera su llamamiento a los Estados miembros y a la Unión Europea para que firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul);

6.

Pide a todos los Estados miembros que, en colaboración con la UE y en todas las fases del proceso de asilo, garanticen asesoramiento especializado en materia de traumas y atención psicológica para las mujeres que han sido víctimas de ataques por razón de género, con la intervención directa de mujeres cualificadas que sean especialistas en la materia;

7.

Expresa su gran preocupación ante la información que indica que mujeres y niños recurren al sexo poder sobrevivir y pagar a los traficantes y, de este modo, proseguir su viaje y solicitar asilo en la UE; insiste en destacar que unas rutas seguras y legales hacia Europa son fundamentales para prevenir eficazmente esta realidad;

8.

Insta a la UE a incluir la perspectiva de género cuando cree el mecanismo de denuncia ante el agente de derechos fundamentales de Frontex y a dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Frontex, los Estados miembros y funcionarios de terceros países en la cooperación con Frontex, tal y como pidió recientemente el Parlamento en su Resolución, de 2 de diciembre de 2015, sobre el Informe Especial de la Defensora del Pueblo Europeo relativo a su investigación de oficio OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex;

9.

Pide medidas específicas para garantizar la plena integración de las refugiadas y solicitantes de asilo, evitando toda forma de explotación, abusos, violencia y trata;

10.

Pone de relieve que todas las políticas y medidas de migración y asilo de la UE deberían tener en cuenta el género en su concepción, ejecución y evaluación;

11.

Pide que, en el marco de una reforma más amplia de las políticas de migración y asilo, se adopte un nuevo conjunto global de directrices en materia de género a escala de la UE que tengan plenamente en cuenta la dimensión social, cultural y política de la persecución y que incluyan medidas de acogida e integración;

12.

Subraya que, incluso en los países considerados seguros, las mujeres pueden sufrir persecución por razón de género, y que las personas LGBTI también pueden sufrir abusos, por lo que tienen motivos legítimos para pedir protección; pide a todos los Estados miembros que adopten procedimientos en materia de asilo y que se esfuercen por elaborar programas de formación que sean sensibles a las necesidades de las mujeres con múltiples identidades marginadas, incluidas las mujeres LGBTI; insta a todos los Estados miembros a que luchen contra los estereotipos sobre el comportamiento o las características de las mujeres LGBTI y a que apliquen plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales por lo que respecta a las solicitudes de asilo; destaca la necesidad de centros de acogida sensibles a las personas LGBTI en todos los Estados miembros; recalca que la violencia contra las personas LGBTI es común en los centros de acogida;

13.

Pone de relieve que las formas de violencia y discriminación por razón de sexo —por ejemplo, la violación y la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia doméstica, los denominados crímenes de honor y la discriminación por razón del sexo amparada por los Estados— constituyen persecución y deben ser motivos válidos para pedir asilo en la UE, lo que debe reflejarse en unas nuevas directrices en materia de género;

14.

Pide a la Comisión que recopile estadísticas exhaustivas en el ámbito de la migración y la protección internacional con vistas a añadir más categorías de datos desglosados por género, en particular en relación con las fases del proceso de asilo posteriores a la adopción de una decisión inicial;

15.

Insta a la Comisión a que elabore directrices interpretativas sobre la mutilación genital femenina que tengan plenamente en cuenta las directrices en materia de persecución de género y la nota orientación relativa a la mutilación genital femenina del ACNUR, y a que defina claramente las obligaciones de los Estados miembros, prestando especial atención a la identificación de las solicitantes de asilo vulnerables y a la comunicación con ellas; subraya que las mujeres que han sobrevivido a una mutilación genital femenina pueden tener dificultades para hablar del trauma que les ha ocasionado; pide a los Estados miembros que tomen medidas para garantizar que todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la mutilación genital femenina, puedan reconocerse como forma de persecución y, por tanto, que sus víctimas puedan acogerse a la protección que ofrece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, cumpliendo lo establecido en el artículo 60 del Convenio de Estambul;

16.

Pide a los Estados miembros que velen por que los procedimientos de asilo en las fronteras respeten las Directrices del ACNUR relativas a la Protección Internacional, en particular en lo que atañe a la persecución por motivos de género, y las Directrices del ACNUR sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o identidad de género, en las que se exponen claramente las obligaciones de los Estados miembros;

17.

Pide a la Comisión que, habida cuenta de la situación expuesta, revise el incremento de la financiación y la cobertura de los programas Daphne y Odysseus y evalúe la posibilidad de adaptar estos programas al contexto actual con el fin de proteger a las mujeres refugiadas;

18.

Toma nota de la propuesta de la Comisión de establecer una lista común a la UE de países de origen seguros; pide que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que este enfoque sea conforme con el principio de no devolución y no se debiliten los derechos de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables; pide que se aplique la diferenciación de género; considera que en ningún caso la lista de países de origen seguros debería abocar a un trato procedimental menos favorable para las mujeres cuyas solicitudes de asilo se basan en el temor a la violencia por razón de género o en haberla sufrido; destaca la necesidad de evitar decisiones apresuradas que no tomen debidamente en cuenta el peligro, incluso de muerte, que para las víctimas de violencia de género tienen la denegación de su solicitud y la obligación de retornar a su país;

19.

Pide a todos los Estados miembros que adopten unos enfoques más objetivos y más sensibles a las cuestiones de género en la evaluación de la credibilidad y que se refuerce la formación sobre esta evaluación que reciben los responsables de la toma de decisiones de modo que se tenga en cuenta la dimensión de género; pone de relieve que las evaluaciones de credibilidad no pueden ser en ningún caso completamente rigurosas, y que no se deberían utilizar como única base para denegar una solicitud de asilo; recomienda que al evaluar las solicitudes de asilo presentadas por mujeres se tengan en cuenta los perfiles culturales, sociales y psicológicos, incluidos el origen cultural, la educación, los traumas, los temores, la vergüenza y las desigualdades culturales entre hombres y mujeres;

20.

Pide a los Estados miembros que expongan los motivos de las decisiones positivas en materia de concesión de asilo con el fin de ofrecer datos útiles sobre la consideración prestada a la violencia de género, y que garanticen la transparencia respecto de los motivos para conceder el asilo en virtud del Convenio;

21.

Insta a los Estados miembros a que proporcionen información a las mujeres sobre el procedimiento de asilo y los derechos y los servicios específicos para las mujeres que piden asilo; destaca que el derecho de las mujeres a presentar solicitudes de asilo independientes de las de sus cónyuges es fundamental para su empoderamiento y para el principio de no devolución; insta a los Estados miembros a que informen a todas las mujeres de su derecho a presentar una solicitud de asilo independiente, de manera que las mujeres puedan solicitar asilo o mantener su estatuto de refugiadas o de solicitantes de asilo con independencia de la situación de los demás miembros de su familia;

22.

Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, así como la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos;

23.

Considera que debería intervenirse rápidamente en el plano de la ayuda humanitaria siempre que haya sospechas de violencia de género, habida cuenta de la elevadísima exposición a formas de violencia física y psíquica de los grupos vulnerables, como las mujeres o los niños en rutas migratorias ilegales en las que se les niega todo derecho;

24.

Pone de relieve que las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a la explotación por parte de los traficantes de personas; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que refuercen su cooperación en materia policial y judicial, incluyendo a Europol, Frontex, Eurojust y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), a fin de combatir eficazmente la trata y el tráfico de migrantes;

25.

Destaca la importancia crucial de prestar servicios de atención a los niños y a las personas a cargo durante los exámenes y las entrevistas de los procedimientos de asilo, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en la presentación de solicitudes de asilo;

26.

Insta a los Estados miembros a informar debidamente a las mujeres solicitantes de asilo de sus derechos y, en particular, del derecho a solicitar una intérprete y una entrevistadora de sexo femenino y a tener una entrevista individual sin presencia de terceros; insta a los Estados miembros a que impartan a entrevistadores e intérpretes una formación completa y obligatoria sobre la violencia sexual, las situaciones traumáticas y los procesos de memoria; insta a los Estados miembros a garantizar que se respeten estos derechos; insta a los Estados miembros a cumplir el artículo 15, apartado 3, de la Directiva sobre procedimientos de asilo;

27.

Señala con preocupación que muchos de quienes tramitan solicitudes de asilo en la UE no están familiarizados con la mutilación genital femenina; pide a los Estados miembros que trabajen a escala nacional con sus autoridades competentes en materia de asilo a fin de establecer procedimientos más adecuados para ayudar y asistir a las mujeres y las niñas que han sufrido o corren el riesgo de sufrir la mutilación genital femenina;

28.

Insta a todos los Estados miembros a facilitar información actualizada y accesible sobre el procedimiento de asilo en lo que atañe a los derechos y las prestaciones específicas para las mujeres solicitantes de asilo;

29.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen el pleno acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto seguro, y a que asignen urgentemente más recursos a la atención médica;

30.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garantice la protección y asistencia de las mujeres durante su estancia en campos de refugiados, en los controles fronterizos y, evidentemente, tras su entrada en la UE;

31.

Insta a todos los Estados miembros a que firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y a que apliquen su artículo 59, que dispone claramente que las Partes deben adoptar las medidas necesarias para suspender los procedimientos de expulsión o conceder un permiso de residencia separado, en caso de disolución del matrimonio, a las migrantes cuyo estatuto de residente dependa del de su cónyuge;

32.

Pide que, a fin de evitar la explotación, reducir la vulnerabilidad y alcanzar una mayor igualdad, se conceda a las mujeres migrantes y a las solicitantes de asilo un estatuto jurídico independiente del de sus cónyuges;

33.

Subraya que las mujeres y las niñas migrantes que carecen de documentación deben gozar de pleno acceso a sus derechos básicos fundamentales y que han de crearse canales para la migración legal;

34.

Subraya la necesidad de que los procedimientos de reagrupación familiar garanticen los derechos individuales de las mujeres y niñas que se reúnen con sus familias en la UE, a fin de que, para acceder a la sanidad, la educación o el trabajo, no tengan que depender de una posible relación abusiva con el miembro masculino de la familia;

35.

Condena firmemente el uso de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra; considera que se ha de prestar especial atención a las mujeres y las niñas migrantes que han sufrido abusos en conflictos garantizándoles acceso a ayuda médica y psicológica;

36.

Acoge con satisfacción el desarrollo de un nuevo módulo de formación sobre género, identidad de género y orientación sexual de la EASO; pide la plena incorporación de la perspectiva de género y de la presupuestación con perspectiva de género en el trabajo de la EASO mediante puntos de contacto para cuestiones de género y una relación oficial con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE); solicita que la información sobre los países de origen aborde también la situación de las mujeres, tanto jurídica como de hecho, incluida información sobre la persecución o a la amenaza de persecución por actores no estatales;

37.

Anima a todos los Estados miembros a que hagan pleno uso del Reglamento de Dublín para garantizar que las familias puedan reagruparse y que sus solicitudes de asilo sean tramitadas por las mismas autoridades;

38.

Pide que no se produzcan más internamientos de niños en la UE y que los padres puedan vivir con sus hijos en centros adaptados y dignos mientras esperan la decisión sobre su solicitud de asilo;

39.

Subraya que el internamiento de solicitantes de asilo debe evitarse, que solo puede aplicarse cuando persiga un fin legítimo y se considere necesario y proporcionado en cada caso concreto, y que de ningún modo está justificado en el caso de menores de 18 años; considera que el respeto del derecho a solicitar asilo implica la adopción de condiciones de acogida abiertas y humanas, lo que incluye un trato que garantice la seguridad, la dignidad y el respeto de los derechos humanos; destaca la necesidad de desarrollar alternativas al internamiento, incluidos enfoques centrados en compromisos, que respondan a las necesidades de los grupos vulnerables;

40.

Pone de relieve que muchas solicitantes de asilo y refugiadas han sido víctimas de una violencia extrema y que el internamiento puede exacerbar sus traumas; destaca que la detención de solicitantes de asilo por mera conveniencia administrativa vulnera el derecho a la libertad consagrado en el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide que se ponga fin inmediatamente, en todos los Estados miembros, al internamiento de niños y de mujeres embarazadas o lactantes o que han sido víctimas de violaciones, de violencia sexual o de trata de personas, y que se les preste apoyo psicológico adecuado;

41.

Insta a todos los Estados miembros a que reduzcan los plazos máximos de duración del internamiento previo a la expulsión por debajo del límite estipulado en la Directiva sobre el retorno; considera que la detención prolongada afecta de forma desproporcionada a los grupos vulnerables;

42.

Insta a que las solicitantes de asilo internadas que hayan sido víctimas de abusos sexuales reciban atención y asesoramiento médicos apropiados, también en caso de quedar embarazadas, y a que se les preste la atención sanitaria física y psicológica y el apoyo y asistencia jurídicos necesarios; exige que la Comisión y los Estados miembros adopten medidas inmediatas para garantizar que las condiciones de acogida, tránsito e internamiento sean seguras, humanitarias y adecuadas, con instalaciones sanitarias y alojamientos separados para mujeres y familias; señala que la entrega de artículos de higiene a todas las mujeres y niñas debe ser una práctica estandarizada en los programas de asistencia;

43.

Señala que la participación directa e indirecta de las mujeres refugiadas en la gestión del reparto de alimentos y otros productos garantizará que estos sean distribuidos y controlados directamente por las mujeres adultas de las familias, asegurando un reparto equitativo de los mismos;

44.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que equipen los centros de acogida de refugiados y solicitantes de asilo con espacios adecuados para la alimentación y el cuidado de los hijos;

45.

Pide a los Estados miembros que apliquen o refuercen los mecanismos de control de los centros de acogida saturados de la UE, en los que no se respetan necesariamente criterios adecuados para mitigar la violencia de género, con el fin de evitar que las vejaciones que sufren mujeres y niños se produzcan también en el país de llegada;

46.

Destaca que en los procedimientos de acogida ha de darse prioridad a las necesidades de las personas vulnerables como las mujeres víctimas de la violencia y las niñas, en particular las que no están acompañadas;

47.

Destaca la importancia de dotar a las estructuras de acogida de una asistencia jurídica adecuada para las mujeres con el fin de garantizarles un apoyo útil en términos de información y de ayuda a la búsqueda de familiares;

48.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para impedir que se imponga a mujeres y muchachas que han obtenido el estatuto de refugiadas el matrimonio forzoso con hombres que pretenden asegurarse un acceso seguro y que de otro modo no tendrían derecho a él;

49.

Destaca la urgente necesidad de realizar investigaciones independientes sobre todas las denuncias, en especial de abusos sexuales y violencia de género, en los centros de detención de inmigrantes o en las fronteras, así como de garantizar el acceso a los periodistas y las organizaciones pertinentes de la sociedad civil;

50.

Considera que, cuando se interna a mujeres solicitantes de asilo, hacen falta instalaciones y materiales para cubrir las necesidades de higiene específicas de las mujeres, se debe promover el empleo de guardias y vigilantes de sexo femenino, y todos los miembros del personal que trabajen con las mujeres internadas deben recibir formación sobre las necesidades específicas por motivo de género y sobre los derechos humanos de las mujeres;

51.

Estima que las solicitantes de asilo internadas que denuncien malos tratos deben recibir inmediatamente protección, apoyo y asesoramiento, y sus denuncias deberán ser investigadas por autoridades competentes independientes, con pleno respeto del principio de confidencialidad, incluso cuando las mujeres estén internadas junto con sus cónyuges, sus parejas u otros familiares; considera que las medidas de protección deben tener en cuenta específicamente el riesgo de represalias;

52.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que trabajen junto con la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos para aliviar la difícil situación de los refugiados que sobreviven en condiciones precarias, especialmente en lo que respecta a las mujeres y niñas vulnerables;

53.

Pide a los Estados miembros que elaboren y apliquen medidas específicas que faciliten la participación de las refugiadas y solicitantes de asilo en el mercado laboral, incluidos cursos de idiomas, el aprendizaje permanente y la formación; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen el derecho de las niñas refugiadas al acceso a la educación obligatoria; destaca la importancia de la educación informal y no oficial y de los intercambios culturales para integrar y empoderar a las niñas y las jóvenes; subraya la importancia de un mayor acceso a la educación superior para las mujeres refugiadas; aboga por unos procedimientos sólidos y transparentes en materia de reconocimiento de las titulaciones obtenidas en el extranjero;

54.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fondos y otros recursos a disposición de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos que prestan asistencia, fomentan la inclusión y supervisan la situación de los refugiados y de los solicitantes de asilo en la UE, en particular por lo que se refiere a eliminar las barreras y las vulnerabilidades que afectan a mujeres y niñas;

55.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que a las mujeres que fueran personalidades destacadas en sus países de origen y que ahora son refugiadas por haber sufrido persecución en ellos se les garantice poder proseguir de forma segura en la Unión con sus actividades políticas y sociales en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género;

56.

Destaca la importancia fundamental de unos servicios de atención a niños y a otras personas dependientes que sean accesibles y de calidad y permitan la emancipación económica y social de las mujeres refugiadas;

57.

Anima a los Estados miembros a que recurran a los Fondos Estructurales y de Inversión, además del Fondo de Asilo, Migración e Integración, para promover la integración de los refugiados en el mercado laboral, poniendo un énfasis especial en la atención a los niños;

58.

Pide unos procedimientos de reagrupación familiar más rápidos y eficaces y la recopilación de datos desglosados por género sobre las decisiones relativas a la reagrupación familiar; destaca la importancia del acceso a la justicia gratuita en los casos de reagrupación familiar;

59.

Considera que el reconocimiento mutuo de las decisiones positivas en materia de concesión de asilo generaría mejores oportunidades de empleo, integración y reagrupación familiar;

60.

Subraya que los países de acogida deben garantizar el pleno acceso al derecho a una educación pública gratuita y de calidad, a los servicios de atención sanitaria, en particular a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a un empleo acorde con las necesidades y capacidades de las refugiadas y a un alojamiento que cubra las necesidades de las mujeres y las niñas refugiadas; pone de relieve que las políticas de bienestar son fundamentales para la integración;

61.

Pide unos programas globales y adecuadamente financiados que aborden las necesidades sanitarias por cubrir de las refugiadas a corto y largo plazo, incluida la atención psicosociológica o de tratamiento de traumas;

62.

Destaca la importante contribución que pueden aportar las empresas sociales y los modelos empresariales alternativos, como las mutuas y las cooperativas, a la hora de empoderar e integrar a las refugiadas en los mercados laborales, así como en las esferas sociales y culturales;

63.

Alienta el intercambio entre los Estados miembros de mejores prácticas relacionadas con la contribución de las organizaciones de base comunitaria y con la participación directa de los propios refugiados en la defensa de los puntos de vista de las refugiadas y solicitantes de asilo ante los responsables políticos;

64.

Considera que las autoridades regionales y locales desempeñan un papel fundamental para la integración de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, en particular por lo que se refiere a su inserción en el mundo del trabajo; anima asimismo a estas autoridades a que fomenten el diálogo y el contacto entre mujeres refugiadas y mujeres autóctonas;

65.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al ACNUR.

9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/35

—

Visto el Acuerdo contra el Contrabando y la Falsificación y Exención General de Responsabilidad, de 9 de julio de 2004, entre Philip Morris Internacional (PMI) y filiales, la Unión Europea y sus Estados miembros,

—

Vista la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (1),

—

Vistos el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco («el CMCT de la OMS») y el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, aprobado en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el CMCT de la OMS mediante la Decisión FCTC/COP5(1), de 12 de noviembre de 2012,

—

Vista la propuesta de Decisión del Consejo, presentada por la Comisión el 4 de mayo de 2015, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, por lo que respecta a las disposiciones del Protocolo que entran en el ámbito de aplicación del título V de la parte III del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (COM(2015)0193),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de febrero de 2016, titulado «Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States» (Evaluación técnica de laexperiencia en la aplicación del Acuerdo contra el Contrabando y la Falsificación y Exención General de Responsabilidad, de 9 de julio de 2004, entre Philip Morris International y filiales, la Unión y sus Estados miembros) (SWD(2016)0044),

—

Vista su Resolución, de 11 de octubre de 2007, sobre las repercusiones del acuerdo celebrado entre la Comunidad, los Estados miembros y Philip Morris sobre el refuerzo de la lucha contra el fraude y el contrabando de cigarrillos y los progresos en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el Régimen de Tránsito Comunitario (2),

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre el proceso de consulta sobre el acuerdo sobre el tabaco (acuerdo PMI) (O-000010/2016 — B8-0109/2016),

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la protección de los intereses financieros de la Unión es una de las prioridades clave de la Comisión y que el comercio ilícito de productos del tabaco, en particular el tráfico de cigarrillos de contrabando y falsificados, tiene un coste anual para los presupuestos nacionales y de la Unión de más de 10 000 millones de euros en pérdidas de ingresos públicos, según estimaciones prudentes;

B.

Considerando que el comercio ilícito es un delito grave que contribuye a la financiación de otras actividades delictivas organizadas internacionales, incluidos la trata de personas y el tráfico de drogas y armas, y, en algunos casos, de grupos terroristas;

C.

Considerando que el objetivo primordial del acuerdo PMI es reducir la hegemonía del contrabando de productos PMI en el mercado ilegal de tabaco de la Unión;

D.

Considerando que el acuerdo PMI expirará el 9 de julio de 2016;

E.

Considerando que, según la evaluación técnica del acuerdo PMI efectuada por la Comisión, este objetivo se ha cumplido, pero se ponen en cuestión las causas de este resultado, y se indica que la reducción del contrabando de productos PMI no se ha traducido en una disminución global del número de productos ilegales en el mercado de la Unión;

F.

Considerando que el acuerdo PMI ha reportado beneficios económicos a los ingresos públicos por importe de aproximadamente 1 000 millones de dólares estadounidenses en pagos anuales y 68,2 millones de euros en pagos relacionados con incautaciones, divididos entre la Comisión (aproximadamente un 10 %) y los Estados miembros (aproximadamente un 90 %); que no existen datos acerca de cómo han gastado los Estados miembros los ingresos recibidos en el marco del acuerdo;

G.

Considerando que, desde que se firmó el acuerdo actual, se han producido cambios significativos tanto en el marco jurídico como en el mercado del comercio ilícito de tabaco, en particular una mayor presencia de cigarrillos sin marca, a los que con frecuencia se denomina «cigarrillos baratos y sin marca (cheap whites)», y el desarrollo de un nuevo ámbito de venta de nicotina líquida para cigarrillos electrónicos;

H.

Considerando que los casos C-358/14 Polonia contra el Parlamento y el Consejo, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited y C-547/14 Philip Morris Brands SARL y otros, que cuestionan la Directiva 2014/40/UE, están pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y deben ser retirados lo antes posible por los fabricantes de tabaco en cuestión;

I.

Considerando que la Comisión se ha comprometido a ratificar el Protocolo del CMCT de la OMS con objeto de combatir el comercio ilícito de productos del tabaco, lo que supone un paso importante a fin de reforzar el marco jurídico para la lucha contra el comercio ilícito de productos del tabaco; que la Comisión se ha comprometido a invitar a terceros países a ratificar el Protocolo;

J.

Considerando que el contrabando de tabaco socava las políticas de salud pública de la Unión e implica que los productos ilícitos del tabaco están disponibles en múltiples lugares —también para los jóvenes— con un descuento ilegal considerable; que, además de fabricarse e importarse ilegalmente los cigarrillos falsificados, estos contienen ingredientes desconocidos, por lo que constituyen un grave riesgo para la salud;

1.

Acoge con satisfacción el Protocolo del CMCT de la OMS para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, y pide que se completen cuanto antes los procesos de ratificación;

2.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de ratificar el Protocolo, así como su compromiso de invitar a los Estados miembros y a terceros países a ratificarlo; indica que hasta la fecha quince países, incluidos cinco Estados miembros de la UE, han ratificado el Protocolo, y que la Unión se dispone a hacerlo ahora;

3.

Insta a la Comisión a que persiga una rápida ratificación del Protocolo; considera, sin embargo, que la renovación del acuerdo enviaría un mensaje dañino y contraproducente a terceros países al hacerles creer que la Unión mantiene una interacción indebida con la industria tabacalera aunque el Protocolo prohíba claramente dicha interacción;

4.

Manifiesta su opinión de que la renovación del acuerdo PMI pueda ser incompatible con las obligaciones de la Unión con arreglo al artículo 5, párrafo 3, del CMCT de la OMS, lo que podría perjudicar la reputación de la Unión como líder mundial del control del tabaco;

5.

Apunta que, de conformidad con las Directrices para la aplicación del artículo 5, párrafo 3, del CMCT de la OMS, «existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública»;

6.

Celebra la adopción de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (Directiva sobre los productos del tabaco); insiste en que la Directiva sobre los productos del tabaco ya prevé la obligación jurídica de las empresas tabacaleras de implantar y mantener un sistema de seguimiento y localización, que debe estar operativo para los cigarrillos y productos del tabaco para liar, a partir del 20 de mayo de 2019, y para otros productos del tabaco, a partir del 20 de mayo de 2024;

7.

Destaca que la Comisión debe adoptar medidas inmediatas para garantizar la plena transposición de la Directiva sobre productos del tabaco en todos los Estados miembros; toma nota de que diversos Estados miembros han comunicado de manera informal a la Comisión que el proceso de transposición de la Directiva ha concluido; insta a la Comisión a que facilite información exhaustiva sobre la situación de la transposición tras la expiración del plazo límite de 20 de mayo de 2016;

8.

Recuerda que, en mayo de 2015, la Comisión prometió presentar su evaluación sobre el acuerdo con PMI lo antes posible; destaca que la Comisión aplazó varias veces la publicación de la evaluación y que esta se publicó finalmente el 24 de febrero de 2016, un día antes de un debate sobre la cuestión en el Pleno del Parlamento; cree firmemente que este retraso en la publicación constituye un grave incumplimiento por parte de la Comisión de sus obligaciones de transparencia, tanto ante el Parlamento como ante los ciudadanos de la Unión, que debilita la capacidad del Parlamento de expresar oportunamente su opinión sobre este complejo y delicado asunto;

9.

Toma nota de la conclusión de la Comisión según la cual el acuerdo PMI ha cumplido efectivamente su objetivo de reducir la hegemonía del contrabando de productos PMI en el mercado ilegal de tabaco de la Unión, como lo demuestra la caída de cerca de un 85 % en el total de cigarrillos PMI auténticos decomisados por los Estados miembros entre 2006 y 2014; señala, no obstante, que la Comisión pone en duda la relación causa-efecto de estos resultados, y destaca también que la reducción del contrabando de cigarrillos PMI no se ha traducido en una reducción general del número de productos ilícitos en el mercado de la Unión; observa asimismo que el contrabando de productos de grandes fabricantes objeto de tráfico ilícito se ha ido sustituyendo de manera creciente por el contrabando de otros productos, como los cigarrillos baratos y sin marca producidos por lo general en terceros países;

10.

Expresa su profunda inquietud ante el hecho de que, como se indica en los acuerdos sobre el tabaco, el presupuesto de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) esté parcialmente financiado mediante pagos anuales de la industria del tabaco, habida cuenta de que ello puede generar un cierto conflicto de intereses;

11.

Hace hincapié en que, cuando se concluyó por primera vez en 2004, el acuerdo PMI fue un instrumento innovador en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, pero subraya que desde entonces el mercado y el marco regulador han experimentado cambios sustanciales; destaca que el acuerdo no aborda características importantes del actual comercio ilícito de tabaco, en particular el elevado porcentaje de este comercio constituido hoy en día por cigarrillos baratos y sin marca; opina, por tanto, que todos los elementos que abarca el acuerdo con PMI quedarán cubiertos por el nuevo marco jurídico que constituyen la Directiva sobre productos del tabaco y el Protocolo del CMCT de la OMS;

12.

Concluye, por tanto, que no conviene renovar, prolongar ni renegociar el acuerdo con PMI; pide a la Comisión que no lo renueve, prolongue ni renegocie después de su actual fecha de vencimiento;

13.

Insta a la Comisión a que ponga en marcha, a escala de la Unión y antes de que venza el acuerdo PMI, todas las medidas necesarias para el seguimiento y la localización de los productos del tabaco PMI, y a que emprenda acciones jurídicas ante las incautaciones ilegales de productos de este fabricante hasta que sean plenamente aplicables todas las disposiciones de la Directiva sobre productos del tabaco, con el fin de evitar cualquier vacío normativo entre el momento en que expire el acuerdo PMI y la entrada en vigor de la Directiva sobre productos del tabaco y el Convenio marco para el control del tabaco;

14.

Pide a PMI que siga aplicando las disposiciones sobre diligencia debida y sobre seguimiento y localización («conozca a su cliente») contenidas en el actual acuerdo, independientemente de si se renueva o no;

15.

Manifiesta su preocupación por que los cuatro acuerdos con fabricantes de tabaco no tratan la cuestión de los cigarrillos baratos y sin marca (cheap whites); insta, por lo tanto, a la Comisión a que presente un plan de acción en el que establezca nuevas medidas para solucionar urgentemente este problema;

16.

Pide a la Comisión que presente un nuevo reglamento adicional por el que se cree un sistema independiente de seguimiento y localización y se apliquen disposiciones en materia de diligencia debida («conozca a su cliente») al tabaco de liar, a los filtros y a los papeles utilizados por la industria del tabaco, como instrumento adicional para luchar contra el contrabando y las falsificaciones;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/38

—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Kazajistán, incluidas las de 18 de abril de 2013 (1), 15 de marzo de 2012 (2), 22 de noviembre de 2012 que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones sobre un Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada UE-Kazajistán (3); 15 de diciembre de 2011, sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la Estrategia de la UE para Asia Central (4); y 17 de septiembre de 2009, sobre el caso de Yevgeny Zhovtis en Kazajistán (5),

—

Vistas las observaciones formuladas por la vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini a raíz de la firma del Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada UE-Kazajistán, de 21 de diciembre de 2015,

—

Vista la séptima ronda del diálogo anual sobre derechos humanos entre la Unión y Kazajistán, celebrada el 26 de noviembre de 2015 en Astana,

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Vistas las conclusiones del Consejo de 22 de junio de 2015 sobre la Estrategia de la Unión para Asia Central,

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Visto el cuarto informe de evolución, de 13 de enero de 2015, sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión para Asia Central adoptada en 2007,

—

Visto el informe, presentado el 16 de junio de 2015, del relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, a raíz de su misión a Kazajistán,

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Visto el Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada firmado el 21 de diciembre de 2015,

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Visto el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

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Visto el artículo 20 de la Constitución de Kazajistán,

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Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que, el 21 de diciembre de 2015, la Unión y Kazajistán firmaron un Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada destinado a ofrecer un marco amplio para un diálogo político y una cooperación reforzados en materia de justicia y asuntos de interior, y en muchos otros ámbitos; y que este acuerdo hace especial hincapié en la democracia y el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el desarrollo sostenible y la cooperación con la sociedad civil;

B.

Considerando que Kazajistán es un actor relevante en la escena internacional y que desempeña un papel importante en el desarrollo político y socioeconómico y en la seguridad de toda la región; que Kazajistán ha desempeñado un papel positivo en Asia Central, esforzándose por desarrollar buenas relaciones de vecindad con los países fronterizos, reanudar la cooperación regional y resolver todas las cuestiones bilaterales de manera pacífica; y que la Unión tiene un interés vital en intensificar la cooperación política, económica y en materia de seguridad con la región de Asia Central a través de una relación sólida, abierta y estratégica entre la Unión y Kazajistán;

C.

Considerando que los Parlamentos de los 28 Estados miembros de la Unión y el Parlamento Europeo deberán ratificar el Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada; que este acuerdo no solo fortalecerá el diálogo político entre la Unión y Kazajistán y servirá para fomentar el comercio y las inversiones entre ambos, sino que también hace especial hincapié en las obligaciones internacionales; y que puede reconocerse que durante las negociaciones del acuerdo se han producido mejoras en cuanto a la participación de la sociedad civil a través de medidas adoptadas para incluirla en el proceso de elaboración de políticas públicas;

D.

Considerando que la situación general en relación con la libertad de expresión se ha deteriorado en los últimos años; que en diciembre de 2015 las autoridades detuvieron a Guzia Baidalinova, periodista y propietaria de Nakanune.kz, sitio web de información, en relación con un caso penal a las que se acusaba de publicar deliberadamente información falsa; que se manifestaron preocupaciones a raíz de la detención de Guzia Baidalinova acerca del acoso a los medios de comunicación independientes en Kazajistán; y que el 29 de febrero de 2016 un tribunal absolvió a la periodista Yulia Kozlova, que escribe para Nakanune.kz;

E.

Considerando que hay una investigación penal en curso contra Seitkazy Matayev, presidente del National Press Club y del sindicato de periodistas, acusado de apropiación indebida de millones de tengues kazajos procedentes de los fondos públicos; que, el 22 de febrero de 2016, fueron detenidos Seytkazy Matayev, que niega las acusaciones, y su hijo Aset Matayev, director de la agencia de noticias independiente KazTag; y que Aset Matayev fue liberado tras ser interrogado;

F.

Considerando que el 22 de enero de 2016 un tribunal condenó a Ermek Narymbayev y Serikzhan Mambetalin, blogueros detenidos en octubre de 2015 acusados de incitar a la discordia nacional, a tres y dos años de cárcel respectivamente; y que el bloguero Bolatbek Blyalov fue condenado a arresto domiciliario restringido;

G.

Considerando que las autoridades kazajas han clausurado medios de comunicación independientes y de la oposición, como Assandi Times y Pravdivaya, además de las revistas ADAM Bol y ADAM; y que, a finales de 2012, las autoridades kazajas demandaron a medios de comunicación independientes y de la oposición, en especial los periódicos Golos Respubliki y Vzglyad, además de sus periódicos y sitios web asociados, y los portales de televisión por internet K+ y Stan.TV;

H.

Considerando que, en octubre de 2014, un tribunal de Almaty impuso una multa de 34 millones de tengues kazajos a Havas Worldwide Kazakhstan;

I.

Considerando que el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) es una importante herramienta de financiación destinada a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y fomentar la democratización tanto en el país como en la región;

J.

Considerando que, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (ILGA), las personas LGBTI en Kazajistán deben hacer frente a desafíos jurídicos y una discriminación que son ajenas a los residentes que no se inscriben en este grupo de personas; y que en Kazajistán las actividades sexuales entre personas del mismo sexo, ya sea masculino o femenino, son legales, pero que las parejas del mismo sexo y los hogares encabezados por parejas del mismo sexo no pueden optar a la misma protección jurídica de la que disfrutan las parejas casadas de diferente sexo;

K.

Considerando que el 20 de marzo de 2016 Kazajistán celebrará elecciones legislativas anticipadas, las cuales, para ser consideradas libres y justas, deberían ir precedidas por la garantía de la libertad de expresión en la sociedad y por la posibilidad de registrar partidos políticos de manera fácil y transparente; y que según el informe final de la misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 3 de abril de 2012, las elecciones de ese mismo año se vieron desvirtuadas por irregularidades significativas (6);

L.

Considerando que el 1 de enero de 2015 entraron en vigor un nuevo Código Penal, un nuevo Código de Infracciones Administrativas y un nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal;

M.

Considerando que Kazajistán se encuentra en la posición 160 entre los 180 países incluidos en el índice de libertad de prensa 2015 de Reporteros Sin Fronteras;

N.

Considerando que la Unión ha colaborado repetidamente con Kazajistán en su proceso de adhesión a la OMC, que ha desembocado en la culminación de las negociaciones para adherirse a esta organización; y que es importante que Kazajistán respete el Estado de Derecho, cumpla sus obligaciones internacionales y garantice la seguridad jurídica a las empresas de carácter internacional que operan en el país, así como la protección de sus inversiones;

O.

Considerando que la cooperación para el desarrollo con Kazajistán se centra en reforzar la capacidad de la administración regional y local, apoyar las reformas del sector judicial y mejorar la capacidad del sector público para introducir reformas sociales y económicas;

1.

Subraya la importancia de las relaciones entre la Unión y Kazajistán y del fortalecimiento de la cooperación económica y política en todos los ámbitos; pone de relieve el gran interés de la Unión en mantener una relación sostenible con Kazajistán por lo que a la cooperación política y económica se refiere;

2.

Expresa su preocupación ante el clima que afecta a los medios de comunicación y a la libertad de expresión en Kazajistán; manifiesta su profunda preocupación por la presión sobre los medios de comunicación independientes y las posibles repercusiones negativas del nuevo proyecto de ley sobre la financiación de las organizaciones de la sociedad civil; señala que la libertad de expresión para los medios de comunicación independientes, blogueros y ciudadanos es un valor universal que no se puede negociar;

3.

Lamenta el bloqueo indiscriminado de medios de información, redes sociales y otros sitios web sobre la base de que ofrecen contenidos ilícitos, y pide a las autoridades kazajas que garanticen que cualquier medida para limitar el acceso a los recursos de internet se base en la ley; expresa su preocupación por las enmiendas a la Ley de comunicaciones aprobadas en 2014;

4.

Expresa su profunda preocupación por la falta de respeto y la violación de los derechos de los prisioneros en el sistema penitenciario de Kazajistán; está preocupado por el bienestar físico y mental de los prisioneros Vladimir Kozlov, Vadim Kuramshin (galardonado con el Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux en 2013) y Aron Atabek, que fueron condenados por motivos políticos, y solicita que se les brinde acceso inmediato a la asistencia médica que necesitan y que se les permita recibir visitas periódicamente, en particular por parte de familiares, representantes legales y representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los derechos de los prisioneros;

5.

Reconoce el «programa de los 100 pasos» como un intento de abordar reformas urgentes en Kazajistán; pide a Kazajistán que aplique el mecanismo nacional de prevención de la tortura y entable un debate sobre los nuevos códigos penales;

6.

Hace hincapié en que unas relaciones políticas y económicas más profundas con la Unión, como las que se prevén en el Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada firmado recientemente, deben basarse en valores compartidos y corresponderse con un compromiso activo y concreto de Kazajistán de llevar a cabo reformas políticas y democráticas derivadas de sus obligaciones y compromisos internacionales;

7.

Celebra la puesta en libertad, desde el último diálogo en materia de derechos humanos, de varios defensores de los derechos humanos y laborales que habían sido encarcelados;

8.

Subraya que la lucha legítima contra el terrorismo y el extremismo no debería usarse como una excusa para prohibir la actividad de oposición, obstaculizar la libertad de expresión ni menoscabar la independencia del poder judicial;

9.

Pide que se revisen los artículos del Código Penal que pueden utilizarse para criminalizar comportamientos legítimos protegidos por la legislación en materia de derechos humanos, en especial, su artículo 174 sobre incitación a la «discordia social, nacional, racial, religiosa, de clanes o de clases»;

10.

Pide a las autoridades kazajas que revoquen las condenas de blogueros, entre ellos, Ermek Narymbayev, Serikzhan Mambetalin y Bolatbek Blyalov; pide la liberación de Guzia Baidalinova; pide que cese el acoso contra Seitkazy y Aset Matayev; señala, en este sentido, que los casos en los que estén implicados periodistas deben ser públicos y que no debe producirse acoso durante los procesos;

11.

Pide la puesta en libertad del líder de la oposición Vladimir Kozlov, actualmente retenido en condiciones estrictas de encarcelamiento, en espera de una revisión independiente e imparcial de su caso;

12.

Expresa su profunda preocupación por la legislación sobre las ONG, que pone en peligro la existencia y la independencia de estas en Kazajistán; insta a las autoridades kazajas a que garanticen, en todas las circunstancias, que todos los defensores de los derechos humanos y las ONG del país podrán llevar a cabo sus actividades legítimas en este ámbito sin miedo a represalias, y sin restricciones;

13.

Acoge favorablemente la aspiración de Kazajistán de participar activamente como mediador o facilitador en los problemas internacionales de seguridad de la región en sentido amplio; insta a las autoridades kazajas a cumplir los compromisos internacionales que han suscrito, incluido el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial;

14.

Saluda los diálogos periódicos entre la Unión y Kazajistán sobre derechos humanos; subraya la importancia de los diálogos en materia de derechos humanos entre las autoridades de la Unión y de Kazajistán; pide que se fortalezcan estos diálogos a fin de lograr que conduzcan a la creación de un foro en el que pueda abordarse abiertamente cualquier cuestión; destaca que estos diálogos deben ser eficaces y orientarse a los resultados;

15.

Pide a la Unión y, en especial, al Servicio Europeo de Acción Exterior, que sigan de cerca la evolución de Kazajistán, que transmitan sus preocupaciones a las autoridades kazajas de ser necesario, que ofrezcan asistencia y que informen periódicamente al Parlamento; pide a la Delegación de la Unión en Astana que siga desempeñando un papel activo en el seguimiento de la situación y que plantee la cuestión de la libertad de expresión en todas las reuniones bilaterales pertinentes con Kazajistán;

16.

Insta a las autoridades kazajas a que apliquen plenamente las recomendaciones de la OSCE/Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos antes de las próximas elecciones legislativas, y que adopte medidas concretas para aplicar las recomendaciones formuladas por el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; recuerda a Kazajistán sus aspiraciones de convertirse en candidato a un puesto no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2017-2018;

17.

Pide a las autoridades kazajas que se comprometan con los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados recientemente en el ámbito internacional;

18.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la Unión para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y al Gobierno y al Parlamento de Kazajistán.

9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/42

—

Vistas sus Resoluciones anteriores relativas a Egipto, en particular las de 17 de diciembre de 2015 (1) y de 15 de enero de 2015 (2),

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Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE de 21 de agosto de 2013 y de 10 de febrero de 2014 sobre Egipto,

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Visto el Acuerdo de Asociación UE-Egipto,

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Vistas las directrices de la UE sobre la pena de muerte, sobre la tortura, sobre la libertad de expresión y sobre los defensores de los derechos humanos,

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Vista la respuesta de 27 de octubre de 2015 de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) a la pregunta escrita E-010476/2015 sobre el apoyo militar de la UE y los Estados miembros a Egipto,

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Vista la Constitución de Egipto y, en particular, sus artículos 52 (sobre la tortura) y 93 (sobre el carácter vinculante del Derecho internacional humanitario),

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Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de los que Egipto es parte,

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Vista la declaración de la comisión egipcia para los derechos humanos y las libertades, que ha denunciado la desaparición de 1 700 personas en manos de las fuerzas estatales de seguridad en 2015,

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Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que, según información disponible, Giulio Regeni, un estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge italiano de 28 años de edad, desapareció el 25 de enero de 2016 después de haber salido de su casa en El Cairo; que su cuerpo fue hallado el 3 de febrero de 2016 cerca de una carretera en la periferia de El Cairo;

B.

Considerando que las autoridades egipcias ordenaron realizar la autopsia antes de la repatriación de su cadáver a Italia, donde investigadores italianos realizaron su propia autopsia, cuyos resultados aún no se han hecho públicos; considerando que las autoridades egipcias han asegurado que no tienen nada que esconder sobre este homicidio, que están igualmente interesadas en conocer la verdad y que están dispuestas a cooperar plenamente con sus homólogos italianos en la investigación en curso;

C.

Considerando que, de acuerdo con los informes de los medios de comunicación y del embajador italiano en El Cairo, el Sr. Regeni recibió una brutal paliza y fue sometido a múltiples formas de tortura; que el ministro italiano del Interior señaló que el cuerpo presentaba signos de «algo inhumano, como si fuera un animal, una violencia inaceptable»;

D.

Considerando que el Sr. Regeni estaba realizando una investigación en El Cairo sobre el desarrollo de sindicatos independientes en el Egipto post-Mubarak y post-Morsi y mantenía contactos con opositores al gobierno;

E.

Considerando que el caso de Giulio Regeni es uno más de una larga lista de desapariciones forzadas que vienen ocurriendo en Egipto desde julio de 2013; que esas desapariciones permanecen impunes;

F.

Considerando que el actual Gobierno de Egipto ha llevado a cabo una campaña a gran escala de detenciones arbitrarias de personas críticas al gobierno, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros de movimientos políticos y sociales; que, de acuerdo con las autoridades egipcias, han sido detenidas más de 22 000 personas desde julio de 2013;

G.

Considerando que las autoridades han amenazado con cerrar el Centro El Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia y la Tortura a consecuencia de acusaciones falsas sobre violaciones relacionadas con la salud; que el papel del Centro ha sido decisivo en el tratamiento de víctimas de violencia y tortura, y ha proporcionado información esencial sobre las torturas, los asesinatos y las peores formas de abusos de personas bajo custodia;

H.

Considerando que Egipto es un socio estratégico de la Unión Europea desde hace mucho tiempo; que el nivel de compromiso de la UE con Egipto debe basarse en los incentivos, siguiendo el principio «más por más» de la política europea de vecindad, y depende de los avances en la reforma de las instituciones democráticas y en relación con el Estado de Derecho y los derechos humanos; que el 21 de agosto de 2013 el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE encargó a la VP/AR la revisión de la ayuda de la Unión a Egipto; que el Consejo de Asuntos Exteriores decidió que la cooperación de la Unión con Egipto se reajustaría de acuerdo con los acontecimientos que se produjeran sobre el terreno;

I.

Considerando que, en sus Conclusiones de 21 de agosto de 2013, el Consejo de Asuntos Exteriores declaraba que «los Estados miembros han acordado suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier material que pueda utilizarse para la represión interna y reevaluar las licencias de exportación de los equipos cubiertos por la Posición Común 2008/944/PESC, así como revisar su asistencia de seguridad a Egipto»; que dichas Conclusiones fueron reafirmadas por el Consejo de Asuntos Exteriores en febrero de 2014; que la VP/AR confirmó en su respuesta del 27 de octubre de 2015 a la pregunta escrita E-010476/2015 que esas conclusiones constituían «un compromiso político contra cualquier apoyo militar a Egipto»;

J.

Considerando que la Constitución egipcia adoptada en 2014 consagra derechos y libertades fundamentales;

K.

Considerando que Egipto se enfrenta al terrorismo de varias organizaciones yihadistas activas en el país, en particular en el Sinaí, y que tienen vínculos con el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas activas en la crisis de Libia; que el actual conflicto en Libia repercute directamente en la seguridad de Egipto; que la actual crisis es fuente de gran preocupación en la Unión Europea y, en particular, en Italia;

1.

Condena enérgicamente la tortura y el asesinato en circunstancias sospechosas del ciudadano de la UE Giulio Regeni, y expresa su profunda solidaridad y transmite su pésame a la familia;

2.

Pide a las autoridades egipcias que faciliten a las autoridades italianas todos los documentos y la información necesarios para permitir una investigación conjunta rápida, transparente e imparcial del caso del Sr. Regeni, de conformidad con las obligaciones internacionales, y que hagan todo cuanto obre en su poder para llevar cuanto antes a los autores del crimen ante la justicia;

3.

Subraya con grave preocupación que el caso de Giulio Regeni no es un incidente aislado, sino que se integra en un contexto de torturas, muertes bajo custodia y desapariciones forzosas registradas en todo el territorio egipcio en los últimos años, en clara violación del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Egipto, que establece que las relaciones entre la UE y Egipto deben basarse en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que constituye un elemento esencial del Acuerdo; pide, por consiguiente, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros que planteen a las autoridades egipcias la práctica rutinaria de las desapariciones forzosas y de la tortura y que haga presión en favor de una verdadera reforma del aparato de seguridad y del poder judicial de Egipto;

4.

Manifiesta su profunda preocupación por la amenaza inminente de cierre forzoso del Centro El Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia y la Tortura; pide la rápida retirada de la orden de cierre administrativo;

5.

Expresa su condena por el acoso continuo a la comisión egipcia para los derechos humanos y las libertades por su presunto papel en la campaña «Stop Enforced Disappearance» (No a las desapariciones forzadas) en Egipto;

6.

Recuerda a las autoridades egipcias sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales, y les pide que otorguen prioridad a la protección y la promoción de los derechos humanos, y que aseguren la rendición de cuentas por los casos de violación de dichos derechos; pide, una vez más, la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas y condenadas tan solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluidos los defensores de los derechos humanos, los profesionales de los medios de comunicación y los blogueros; pide a las autoridades egipcias que garanticen el derecho a un juicio justo de conformidad con las normas internacionales;

7.

Pide al Gobierno de Egipto que garantice que las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y los sindicatos independientes puedan actuar libremente en el país, sin interferencias ni intimidaciones por parte del gobierno; pide a las autoridades de Egipto que deroguen la prohibición de viajar impuesta a un número de destacados defensores de los derechos humanos egipcios;

8.

Confía en que la nueva Constitución aprobada el 14 y el 15 de enero de 2014, en particular sus artículos 52, 73 y 93, representen un paso adelante clave en la transición del país a la democracia;

9.

Toma nota de la formación de una nueva Asamblea Popular, y le pide que revise con carácter de urgencia la represiva Ley de manifestaciones de noviembre de 2013, que se ha empleado para reprimir todas las formas de disidencia pacífica, así como la Ley de reuniones de 1914; pide asimismo la revisión de cualquier otro acto legislativo represivo que se haya adoptado vulnerando la Constitución egipcia, incluidas la Ley sobre atentados terroristas y la Ley de organizaciones terroristas, que podrían utilizarse indebidamente para la represión interna en lugar de para mejorar la seguridad colectiva; destaca su disposición, en colaboración con las autoridades del país, a analizar la posibilidad de desarrollar un programa de creación de capacidades para el Parlamento egipcio;

10.

Insiste en que solamente mediante la construcción de una sociedad realmente plural, respetuosa de la diversidad de opiniones y de estilos de vida, pueden asegurarse la estabilidad y seguridad a largo plazo, y pide a las autoridades egipcias que se comprometan con un diálogo en favor de la reconciliación en el que converjan todas las fuerzas no violentas, incluidos los islamistas no violentos, al objeto de recuperar la confianza en la política y la economía en un proceso político integrador;

11.

Pone de relieve la importancia que atribuye la Unión a la cooperación con Egipto como un vecino y socio importante, y el papel de dicho país a la hora de garantizar la estabilidad en la región; comparte la preocupación del pueblo egipcio por los desafíos económicos, políticos y para la seguridad a los que se enfrentan su país y la región; condena los atentados terroristas de los que han sido víctimas civiles y militares egipcios;

12.

Pide a la UE, en particular a la VP/AR y a la Delegación de la UE en El Cairo, que vele por establecer contactos periódicos con defensores de los derechos humanos y otras voces disidentes, a fin de apoyar a quienes están en situación de riesgo o detenidos, y que realice un seguimiento exhaustivo de sus juicios;

13.

Insta a los Estados miembros a que se adhieran plenamente a las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de agosto de 2013 relativas a la exportación de tecnología y equipos militares y la cooperación en materia de seguridad; pide que se suspendan las exportaciones de equipos de vigilancia cuando existan pruebas de que dichos equipos se utilizan en casos de violaciones de los derechos humanos; pide a la VP/AR que informe sobre la situación actual de la cooperación militar y en materia de seguridad entre los Estados miembros y Egipto, y que elabore una hoja de ruta en estrecha consulta con el Parlamento Europeo en la que se definan las medidas concretas que deban adoptar las autoridades egipcias para mejorar significativamente la situación de los derechos humanos y lograr una reforma judicial global antes de que se tome en consideración una reevaluación de las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de agosto de 2013;

14.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente y al Gobierno de la República Árabe de Egipto y a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/45

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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la República Democrática del Congo (RDC), y en particular las de 9 de julio de 2015 (1) y 17 de diciembre de 2015 (2),

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Visto el comunicado de prensa conjunto, de 16 de febrero de 2016, de la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Internacional de la Francofonía sobre la necesidad de un diálogo político integrador en la RDC, así como su compromiso de apoyar a las partes interesadas congoleñas en la tarea de consolidar la democracia en el país,

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Vista la declaración local de la Unión, de 19 de noviembre de 2015, a raíz de la iniciativa de diálogo nacional en la RDC,

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Vista la declaración, de 9 de noviembre de 2015, del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre la situación en la RDC,

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Vista la declaración local de la Unión, de 21 de octubre de 2015, sobre la situación de los derechos humanos en la RDC,

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Vista la declaración, de 12 de octubre de 2015, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la renuncia del jefe de la Comisión Electoral en la RDC,

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Vistos las Resoluciones del CSNU sobre la RDC, y en particular la Resolución 2198 (2015) sobre la renovación del régimen de sanciones a la RDC y el mandato del Grupo de expertos y la Resolución 2211 (2013) por la que se renueva el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO),

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Visto el comunicado de prensa conjunto, de 2 de septiembre de 2015, del equipo de enviados internacionales y representantes para la región de los Grandes Lagos sobre las elecciones en la RDC,

—

Vistos el informe anual, de 27 de julio de 2015, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sobre la situación de los derechos humanos, y las actividades de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCNUDH) en la RDC,

—

Vista la declaración, de 25 de enero de 2015, de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, a raíz de la aprobación de la nueva ley electoral en la RDC,

—

Visto el informe, de 12 de enero de 2015, del Grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre la RDC,

—

Vistas las Declaraciones de Nairobi de diciembre de 2013,

—

Visto el Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región, firmado en Adís Abeba en febrero de 2013,

—

Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de junio de 1981,

—

Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

—

Vista la Constitución congoleña de 18 de febrero de 2006,

—

Visto el Acuerdo de Cotonú,

—

Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que las próximas elecciones presidenciales y legislativas fijadas para noviembre de 2016 podrían representar una nueva oportunidad para llevar a cabo una transición democrática en el poder;

B.

Considerando que el cargo presidencial en la RDC está limitado constitucionalmente a dos mandatos;

C.

Considerando que el presidente Joseph Kabila, que ocupa el poder desde 2001, ha sido acusado por sus oponentes de utilizar medios administrativos y técnicos para intentar posponer las elecciones y mantenerse en el poder más allá del final de su mandato, y que aún no ha declarado públicamente que está dispuesto a dejar el cargo presidencial al final de su mandato; considerando que esta situación ha agudizado las tensiones políticas y causado malestar social y actos de violencia en todo el país;

D.

Considerando que se se han expresado dudas sobre la independencia y la imparcialidad de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI);

E.

Considerando que, desde enero de 2015, funcionarios de seguridad e inteligencia congoleños han reprimido a activistas pacíficos, dirigentes políticos y otras personas que se oponen a los intentos de permitir que el presidente Kabila modifique la Constitución para permanecer en el poder más allá del límite constitucional de dos mandatos; que grupos de defensa de los derechos humanos informan continuamente sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión y reunión en la RDC, en particular en lo que se refiere al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y al aumento del número de juicios por motivos políticos; que el pasado año la MONUSCO registró más de 260 casos de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las elecciones, en particular contra los oponentes políticos, la sociedad civil y los periodistas; y que la OCNUDH en la RDC ha declarado que, desde principios de 2016, ha documentado más de 400 casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellos 52 detenciones;

F.

Considerando que en junio de 2015 el presidente Kabila anunció el inicio de un diálogo nacional, y que los preparativos formales para emprender dicho diálogo no han empezado todavía porque dos grandes grupos de la oposición han declinado participar, dado que consideran que la iniciativa es una táctica dilatoria;

G.

Considerando que, en septiembre de 2015, siete destacadas personalidades políticas fueron expulsadas de la coalición en el poder en la RDC por haber firmado una carta en la que instaban al presidente Kabila a respetar la Constitución y no aferrarse al poder después de la expiración de su mandato; y que, también en septiembre, se produjeron violentos enfrentamientos en Kinshasa cuando una concentración que se oponía a cualquier oferta para establecer un tercer mandato anticonstitucional fue violentamente atacada;

H.

Considerando que, entre las personas detenidas arbitrariamente, se encuentran Fred Bauma e Yves Makwambala, dos activistas defensores de los derechos humanos del movimiento Filimbi detenidos por participar en un seminario cuya finalidad era animar a la juventud congoleña a ejercer sus deberes cívicos de forma pacífica y responsable; que se encuentran desde hace once meses en régimen de privación de libertad, y que el Parlamento Europeo ya solicitó su liberación en su Resolución de 9 de julio de 2015;

I.

Considerando que los líderes de los principales partidos de la oposición en el Congo, organizaciones no gubernamentales y movimientos juveniles partidarios de la democracia hicieron un llamamiento a los ciudadanos congoleños para que el 16 de febrero de 2016 abandonaran sus lugares de trabajo y las escuelas y permanecieran en sus casas para participar en una huelga general conocida como «Ville Morte» («Día de la ciudad muerta»), con el fin de recordar a las víctimas mortales de la marcha de 16 de febrero de 1992 en favor de la democracia y protestar por los retrasos en la organización de las elecciones presidenciales y la presunta vulneración de la Constitución por parte del Gobierno;

J.

Considerando que el 16 de febrero de 2016, o en torno a esa fecha, fueron detenidos ocho jóvenes activistas y al menos 30 políticos partidarios de la oposición en relación con esta huelga nacional, mientras que otros activistas recibían mensajes de texto amenazantes enviados desde números de teléfono desconocidos y el ministro de Empleo Willy Makiashi prohibía a los funcionarios que participaran en la huelga; que seis miembros del movimiento LUCHA fueron condenados a seis meses de cárcel, y que los comerciantes y los funcionarios que respetaron el «Día de la ciudad muerta» vieron cerradas sus tiendas o sufrieron sanciones disciplinarias;

K.

Considerando que la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Internacional de la Francofonía pusieron de relieve conjuntamente la importancia del diálogo y de la búsqueda entre los actores políticos de un acuerdo que respete la democracia y el Estado de Derecho, e instaron a todos los actores políticos congoleños a que hicieran extensiva su plena cooperación a los mediadores nombrados por la comunidad internacional;

L.

Considerando que la situación se ve agravada por la persistencia y la consolidación de la impunidad en la RDC; y que la situación de la seguridad en la RDC sigue deteriorándose, en particular en la parte oriental del país, debido a la violencia provocada por más de 30 grupos armados extranjeros y nacionales, con continuas denuncias de violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional, incluidos ataques dirigidos específicamente contra los civiles, violencia sexual y de género generalizada, reclutamiento sistemático y abuso de menores por parte de grupos armados y ejecuciones extrajudiciales;

M.

Considerando que recientemente se ha producido un deterioro en la situación de la libertad de los medios de comunicación en la RDC; que funcionarios gubernamentales han bloqueado la libertad de expresión cerrando medios de comunicación (concretamente aquellos que emitían mensajes sobre las protestas), servicios de mensajes de texto e Internet; que en febrero de 2016 el Gobierno clausuró dos canales privados de televisión en Lubumbashi; que en su último informe anual, publicado en noviembre de 2015, «Journalist in Danger», la organización asociada a Reporteros sin Fronteras, elaboró una relación de 72 casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación en la RDC y reveló que el 60 % de los casos de violaciones de la libertad de prensa los habían perpetrado agentes militares o de los servicios de seguridad, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) o la policía, y que fue suspendida la retransmisión de las emisiones de Radio France Internationale coincidiendo con la protesta del «Día de la ciudad muerta»;

N.

Considerando que, en el período 2014-2020, el programa indicativo nacional para la RDC, financiado con 620 millones EUR procedentes del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo, otorgó prioridad al fortalecimiento de la gobernanza y el Estado de Derecho, incluida la reforma del sistema judicial, la policía y el ejército;

1.

Pide a las autoridades de la RDC que se comprometan expresamente a respetar la Constitución y a garantizar la pronta celebración de elecciones antes de que finalice 2016, en plena conformidad con la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, así como a garantizar un entorno propicio para unas elecciones transparentes, creíbles e integradoras; subraya que el éxito de la celebración de elecciones será esencial para la estabilidad y el desarrollo del país a largo plazo;

2.

Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación de la seguridad y los derechos humanos en la RDC y, en particular, por las continuas informaciones sobre un aumento de la violencia política y las graves restricciones e intimidaciones a las que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, los oponentes políticos y los periodistas antes del inicio del próximo ciclo electoral; insiste en la responsabilidad del Gobierno en la tarea de evitar un agravamiento de la actual crisis política o una exacerbación de la violencia y de garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos;

3.

Condena firmemente todo uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y desarmados; recuerda que la libertad de expresión, de asociación y de reunión constituyen la base de una vida democrática y política dinámica; condena enérgicamente el aumento de las restricciones del espacio democrático y la represión dirigida específicamente contra los miembros de la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación; pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, entre ellos Yves Makwambala, Fred Bauma y otros activistas y simpatizantes de Filimbi y de LUCHA, así como del Defensor de los derechos humanos Christopher Ngoyi;

4.

Considera que la lucha contra la impunidad es un requisito indispensable para restablecer la paz en la RDC; pide que el Gobierno de la RDC inicie una investigación completa, exhaustiva y transparente, junto con los socios internacionales, sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas electorales y que identifique cualquier otra acción ilegal o negación de derechos y libertades; insta a que se tomen medidas para garantizar que los autores de violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violencia sexual contra las mujeres, junto con los responsables de reclutar a niños soldados sean denunciados, identificados, juzgados y castigados de conformidad con el Derecho penal nacional e internacional;

5.

Pide a la VP/AR y a los Estados miembros que hagan pleno uso de todos los instrumentos políticos, incluidas las recomendaciones formuladas en el informe final de la misión de observación electoral de la Unión de 2011 y en el informe de la misión de seguimiento que tuvo lugar en 2014, y de la presión política al más alto nivel para evitar la propagación de la violencia electoral en la RDC y una mayor desestabilización de la región de los Grandes Lagos;

6.

Toma nota de la voluntad de la Unión y de la comunidad internacional de apoyar el proceso electoral congoleño a condición de que se publique un calendario electoral válido y se respeten las disposiciones constitucionales; considera que este apoyo debe centrarse en el registro de los votantes, la formación y la securización de las elecciones; insiste en que el carácter y la importancia del apoyo de la Unión al proceso electoral en la RDC deben depender de los avances efectuados en la aplicación de las recomendaciones de las misiones de observación electoral de 2011 y 2014, y en particular de las garantías de independencia de la CENI, la revisión del censo electoral, los requisitos presupuestarios y el respeto del marco temporal constitucional;

7.

Pide a las autoridades congoleñas que ratifiquen cuanto antes la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza;

8.

Destaca el papel fundamental de la Unión Africana (UA) en la prevención de una crisis política en África Central y pide a los Estados miembros de la UA, en particular a Sudáfrica, que se comprometan a respetar la constitución de la RDC; insta a la UE a que utilice todos sus instrumentos económicos y diplomáticos, en particular la firma de los próximos acuerdos de asociación económica, para alcanzar este objetivo;

9.

Recuerda que la plena participación de la oposición, la sociedad civil independiente y expertos electorales en la CENI es un factor importante para garantizar la legitimidad del proceso electoral; recuerda que la CENI debe ser una institución imparcial; destaca que las autoridades deben poner a disposición de la CENI los recursos financieros necesarios para permitir un proceso completo y transparente;

10.

Pide a la VP/AR que intensifique el diálogo con las autoridades de la DCR en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, con el fin de obtener una aclaración definitiva con respecto al proceso electoral; recuerda que, en virtud del Acuerdo de Cotonú, la RDC se ha comprometido a respetar los principios de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, que comprenden la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, la buena gobernanza y la transparencia de los cargos políticos; insta al Gobierno de la RDC a respetar estas disposiciones de acuerdo con los artículos 11, letra b), 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú y, si no lo hiciera, pide a la Comisión que inicie el procedimiento pertinente de conformidad con los artículos 8, 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú;

11.

Pide a la Unión que considere la imposición de sanciones específicas a los responsables de la violenta represión de la RDC, como la prohibición de viajar y la congelación de activos, a fin de contribuir a evitar nuevos actos de violencia;

12.

Insta a la Delegación de la Unión a que vigile los acontecimientos y utilice todas las herramientas e instrumentos adecuados, incluido el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, para apoyar a los defensores de los derechos humanos y a los movimientos en favor de la democracia;

13.

Pide que se vuelva a designar a un relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la RDC;

14.

Recuerda que la paz y la seguridad son condiciones previas para que se celebren elecciones con éxito; señala, a este respecto, la renovación del mandato de la MONUSCO, y pide que se refuercen sus competencias en el ámbito de la protección civil en el contexto electoral;

15.

Reitera su profunda preocupación por la alarmante situación humanitaria en la RDC, en particular debido a los violentos conflictos armados en las provincias orientales del país; pide a la Unión y a sus Estados miembros que mantengan su apoyo a la población de la RDC con miras a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y abordar las consecuencias de los desplazamientos, la inseguridad alimentaria, las epidemias y las catástrofes naturales;

16.

Condena los continuos actos de violencia sexual en el Congo oriental; constata que en los últimos meses las autoridades congoleñas han celebrado 20 juicios sobre la violencia sexual en el Congo oriental, en los que han sido condenados a 19 oficiales del ejército, y que aún queda mucho por hacer; alienta encarecidamente a las autoridades congoleñas a que prosigan su lucha contra la impunidad investigando los casos de violencia sexual y persiguiendo penalmente a los autores;

17.

Acoge con satisfacción la decisión de las autoridades congoleñas de revisar los casos de adopción bloqueados desde el 25 de septiembre de 2013; toma nota de los trabajos de la Comisión Interministerial congoleña sobre la expedición esporádica de permisos de salida de niños adoptados; pide a la Comisión Interministerial que prosiga su labor con diligencia y de forma coherente en un ambiente sosegado; pide a la delegación de la Unión y a los Estados miembros que supervisen de cerca la situación;

18.

Pide a la Unión Africana y a la Unión Europea que garanticen un diálogo permanente entre los países de la región de los Grandes Lagos para prevenir una mayor desestabilización;

19.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al Presidente, al Primer Ministro y al Parlamento de la RDC, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/50

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2014, titulada «Hacia una economía de los datos próspera» (COM(2014)0442),

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Vista la pregunta a la Comisión sobre la iniciativa «Hacia una economía de los datos próspera» (O-000021/2016 — B8-0116/2016),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

—

Vistos el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre la liberación del potencial de la computación en la nube en Europa (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la tasa de crecimiento del mercado de los macrodatos hasta 2017 será seis veces mayor que la del mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en general; que, según las previsiones mundiales del informe de International Data Corporation’s Worldwide Big Data Technology and Services para el período 2013-2017, dicho mercado alcanzará un importe global de 50 000 millones EUR, y que, según la asociación Big Data Value Partnership, puede generar 3,75 millones de puestos de trabajo para 2017;

B.

Considerando que el volumen de datos está aumentando a un ritmo sin precedentes, por lo que para 2020 habrá 16 billones de gigabytes de datos, lo que corresponde a una tasa de crecimiento anual del 236 % en la generación de datos;

C.

Considerando que las decisiones basadas en conocimientos generados por macrodatos pueden aportar un aumento significativo de la productividad y la competitividad, y que los beneficios de una economía de los datos podrían redundará en un crecimiento adicional del 1,9 % del PIB para 2020;

D.

Considerando que el desarrollo de los macrodatos es una parte integral de un nuevo mercado digital que debería garantizar el desarrollo de modelos empresariales innovadores y competitivos, al tiempo que se respeta el marco de la Unión en materia de protección de los datos de carácter personal, dado que los macrodatos pueden entrañar importantes riesgos y desafíos, especialmente para los derechos fundamentales (en particular, para la protección de la vida privada y los datos personales);

E.

Considerando que una futura economía de los datos próspera puede representar una oportunidad para el crecimiento y el empleo, lo cual incluye la posibilidad de desarrollar nuevos modelos de negocios y servicios y mejorar la productividad; considerando, asimismo, que es imprescindible conseguir un equilibrio justo que permita establecer un marco de crecimiento económico adecuado a fin de mantener la confianza al tiempo que se salvaguardan y protegen los derechos de los consumidores mediante el ejercicio de un control eficaz, el desarrollo de un sistema de evaluación y la formulación de las respuestas adecuadas, en caso necesario adoptando las correspondientes medidas legislativas;

F.

Considerando que los macrodatos brindan también oportunidades a los consumidores (por ejemplo, en términos de comodidad, eficiencia y ahorros), a las empresas (industria 4.0), a las administraciones públicas (administración electrónica), al sector de la vivienda (ciudades inteligentes), a la ciencia, a la medicina (sanidad en línea), a los sistemas de respuesta a las catástrofes y a la lucha contra la delincuencia;

1.

Espera que los beneficios de una economía de los datos a escala nacional y europea repercutan en la sociedad y en todo tipo de empresas de la cadena de valor; considera que la creación de una economía de los datos ocupa un lugar central en la estrategia del mercado único digital y aprecia su potencial para ayudar a Europa a recuperar la competitividad en sectores avanzados y para acelerar la recuperación económica del continente, las inversiones en favor del crecimiento y los procesos innovadores en todos los sectores, todo lo cual solo será posible si se crean el entorno empresarial adecuado y los medios para activar la transformación digital y si las tecnologías de que se trata respetan el marco jurídico de la Unión sobre la protección de los datos de carácter personal para hacer frente a los riesgos y los desafíos que entrañan dichas tecnologías, en particular para los derechos fundamentales y especialmente para la protección de la vida privada y de los datos de carácter personal;

2.

Destaca que la economía de los datos requiere cualificaciones de alto nivel y se espera que en los próximos años genere un número considerable de empleos en Europa;

3.

Reconoce los beneficios sociales y económicos asociados al uso integrado de los datos en todos los sectores de la economía y todos los ámbitos de la investigación en Europa, y destaca la importancia de la transparencia en lo que se refiere al valor y al uso de los datos recogidos, así como a sus normas de gestión y sus métodos de recogida y tratamiento; destaca que las personas deben tener derechos de acceso actualizados y pertinentes a información sobre el procesamiento de datos; destaca, en este mismo contexto, la necesidad de recabar estadísticas precisas sobre el nivel de concienciación de los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas; subraya que la digitalización de la economía es un importante motor para el desarrollo en el sector de los macrodatos, y exige, por tanto, la adopción de un planteamiento transversal que garantice el crecimiento de la economía de los datos;

4.

Considera que los datos son un activo valioso para las empresas y que podría incrementarse en gran medida su valor mediante el desarrollo de sistemas innovadores e inteligentes que permitan integrar los datos pertenecientes a las empresas con los datos abiertos; pide que se organicen iniciativas para concienciar a las pymes del valor de sus datos y sobre cómo utilizarlos para desarrollar nuevos modelos de negocio con el fin de impulsar el crecimiento y situar a las pymes como uno de los principales actores en el ámbito de los macrodatos;

5.

Subraya que el tratamiento de determinados tipos de datos, y en particular los datos de carácter personal, inciden en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión en materia de protección de datos; insta, en este mismo contexto, a una pronta adopción del paquete de medidas sobre la protección de datos;

6.

Señala que la protección de datos y las oportunidades derivadas del empleo integrado de los datos no se excluyen mutuamente, dado que el uso inteligente de dichas oportunidades puede garantizar la compatibilidad con la protección de datos; considera que tanto las políticas públicas como los modelos comerciales deben centrarse en generar confianza en estas tecnologías, dado que la falta de confianza puede obstaculizar en gran medida el crecimiento y la innovación en el sector digital; considera extremadamente necesario establecer un marco jurídico uniforme orientado al futuro para la protección de datos de carácter personal, con el fin de fomentar el crecimiento y la innovación, al tiempo que reconoce el carácter abierto y global de Internet; reconoce que la legislación en materia de protección de datos es neutra desde un punto de vista técnico y que ya se aplica en su totalidad a actividades de macrodatos que operan en la Unión, por lo que debe respetarse plenamente; insta a que la política pública incluya los conceptos de vida privada «por diseño» y de vida privada «por defecto» en la generación de datos y en el ciclo analítico, aprovechando al mismo tiempo todas las oportunidades para fomentar el desarrollo del potencial de los macrodatos;

7.

Considera esencial que se establezca un marco regulador para gestionar los retos económicos, tecnológicos, sociales y culturales de la economía de los datos, como el acceso, el control y la titularidad, especialmente en el ámbito de los datos públicos; considera que la seguridad y la protección de los datos de carácter personal constituyen la base fundamental del crecimiento del sector; destaca que la búsqueda de sinergias entre los macrodatos, la protección de datos, la seguridad de los datos y los datos abiertos constituye la base de una nueva era digital en Europa; pide que se aborden los siguientes desafíos: la titularidad, la posesión, la gestión, el acceso y la seguridad de los datos; la interoperabilidad, la limitación y el almacenamiento; las restricciones en la utilización y la reutilización de los datos a escala europea; los obstáculos a la innovación del capital intelectual; la accesibilidad y las infraestructuras; la adopción de normas transparentes para el transporte y el establecimiento de mecanismos transfronterizos, y, si procede, la creación, la difusión, el acceso y la disponibilidad de datos abiertos para las administraciones públicas y los proveedores de servicios;

8.

Señala que el éxito de la economía de los datos depende de un ecosistema de TIC más amplio que comprenda la Internet de los objetos (IoT) para la obtención de datos, las redes de banda ancha de alta velocidad para su transmisión y la computación en nube para su tratamiento, así como el personal capacitado, el acceso a los datos y la interoperabilidad; señala que este sector requiere enormes inversiones en el desarrollo de la nube, la supercomputación y la banda ancha de alta velocidad, requisitos necesarios para una economía digital satisfactoria; pide una mejora del marco y el entorno regulador tanto en el sector público como en el sector privado; recuerda la conveniencia de que las inversiones del sector privado en las infraestructuras de las redes mantengan su importancia crucial en el futuro; alienta, en este mismo contexto, a la Comisión y a los Estados miembros a que estimulen las inversiones en las infraestructuras de las redes mediante un marco regulador positivo, y a que continúen apoyando las infraestructuras de banda ancha por medio de los programas vigentes, como el Mecanismo «Conectar Europa», el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el Fondo de Cohesión, si bien únicamente en aquellos ámbitos en los que se hayan detectado deficiencias del mercado;

9.

Expresa su preocupación por el hecho de que la brecha digital, la falta de inversiones y las carencias en la normalización técnica y en una legislación sobre la protección de datos con visión de futuro pueden provocar el retraso tecnológico y económico de Europa en el desarrollo de la economía de los datos;

10.

Reconoce la importancia de la interoperabilidad y de las normas para fomentar la competitividad en el sector de las TIC, así como de la función proactiva que desempeña la Comisión en la asignación de mandatos a los organismos de normalización; pide a la Comisión que elabore una estrategia armonizada sobre macrodatos dirigida a detectar los vacíos normativos del sector europeo de los macrodatos, en particular con respecto a las pymes y a los principales sectores de la economía europea; apoya el desarrollo de normas impulsadas por el mercado, voluntarias, técnicamente neutras, transparentes y compatibles a nivel internacional, que sean pertinentes para el mercado;

11.

Considera que el programa ISA2 brinda la oportunidad de desarrollar normas de interoperabilidad aplicables a la gestión de macrodatos en las administraciones públicas y entre estas y las empresas y los ciudadanos.

12.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de elaborar una iniciativa sobre el flujo libre de datos; acoge con satisfacción el anuncio de una iniciativa europea de «libre circulación de datos» destinada a suprimir los actuales obstáculos al desarrollo del mercado único de datos; pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis amplio y transparente de la creación de la economía de los datos con el fin de anticipar las necesidades en cuanto a las tecnologías requeridas y suprimir los obstáculos a la innovación en Europa; pide que esta iniciativa aborde los siguientes desafíos: la seguridad de los datos, la interoperabilidad, la propiedad de los datos, la limitación y el almacenamiento, las restricciones en el uso y la reutilización de los datos en toda Europa, la transparencia en las normas relativas a la transmisión, los mecanismos transfronterizos y el intercambio de datos abiertos entre las administraciones, las empresas y la sociedad civil;

13.

Señala que el éxito de los macrodatos depende de un ecosistema de TIC más amplio que comprenda la Internet de los objetos (IoT) para la obtención de datos, las redes de banda ancha para su transmisión y la computación en nube para su tratamiento;

14.

Considera que la Unión debe facilitar procedimientos para la asignación de subvenciones y aumentar la financiación destinada a la investigación y la innovación en relación con el uso integrado de los datos, la innovación digital y el desarrollo del mercado en ámbitos que aportan un valor añadido a los ciudadanos, la sociedad y la economía, así como promover efectivamente el acceso al mercado de productos y servicios innovadores; considera, en este mismo contexto, que es necesario crear una hoja de ruta europea conjunta entre los Estado miembros y la UE con un horizonte a medio-largo plazo y con un marco de financiación estable que permita avanzar hacia la investigación electrónica; considera que el software libre puede desempeñar un papel importante para lograr estos objetivos;

15.

Reconoce las iniciativas de la Comisión dirigidas a crear cooperaciones público-privadas (CPP) basadas en el desarrollo de la economía de los datos, dado que la cooperación entre los sectores público y privado es fundamental para detectar las barreras al desarrollo de las tecnologías necesarias; reconoce que la Comisión y el sector de los datos europeo se han comprometido a invertir 2 500 millones EUR en una CPP con el fin de reforzar este sector y situar a Europa en la vanguardia de la carrera mundial de los datos potenciando al máximo la economía digital; señala que el acceso a portales abiertos de datos y a infraestructuras electrónicas de investigación tiene el potencial de reducir las desventajas que puedan sufrir los investigadores y las pymes que trabajan u operan en regiones remotas;

16.

Acoge favorablemente la creación de espacios de innovación —esto es, de sectores en los que exista previamente una concentración de empresas y competencias susceptible de reforzarse—, de modo que pueda experimentarse con tecnologías relacionadas con los datos dentro de agrupaciones innovadoras que generen ecosistemas y proyectos de plataformas industriales intersectoriales para conseguir el funcionamiento en red de la economía real y digital; destaca que estos espacios deben actuar como incubadoras de empresas, enseñándoles a traducir el uso de los datos en oportunidades empresariales y apoyando el crecimiento y la internacionalización de las pymes y las empresas emergentes innovadoras; pide que se intensifiquen las asociaciones entre empresas, universidades y centros de investigación con el fin de promover el desarrollo de la innovación en el sector de los macrodatos; recuerda, en este mismo contexto, las inversiones realizadas en iniciativas como la Gran Coalición para el Empleo Digital y la Semana europea de la capacitación digital;

17.

Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan un marco regulador moderno y con visión de futuro que estimule y amplíe la inversión en las infraestructuras de red necesarias para las exigencias futuras de una economía digital y conectada, así como a que adopten medidas que permitan el desarrollo de la Internet de los objetos (IoT) y garanticen capacidades y velocidades de datos adecuadas, la expansión de la tecnología móvil y el fomento del despliegue de IPv6;

18.

Destaca la necesidad de reforzar la coordinación con miras a aplicar el principio de apertura a las normas y la interoperabilidad en los sistemas y las plataformas de colaboración;

19.

Pide a la Comisión que adopte políticas que supriman las barreras excesivas en los sectores innovadores, que incentive la inversión en I+D y la normalización europea y que dé una respuesta al actual problema de las infracciones de patentes esenciales; considera necesario garantizar un equilibrio adecuado entre quienes invierten en actividades de investigación e innovación para el desarrollo de tales patentes esenciales y quienes se benefician de su existencia; subraya que las patentes esenciales son un elemento importante del proceso de normalización y un componente del modelo de negocio de numerosas empresas europeas del sector de las TIC; pide que se adopten medidas dirigidas a mantener un sistema de normalización de alta calidad que pueda atraer las mejores aportaciones tecnológicas, aportar aplicaciones y servicios digitales interoperables e innovadores y permitir acuerdos de licencia de patentes en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias; considera necesario un nuevo esfuerzo para facilitar el acceso y la supresión de las barreras digitales para las personas con discapacidad;

20.

Considera que, con miras a sacar el máximo partido a la innovación en el ámbito de los macrodatos, el principio de «innovación responsable» formulado en el programa Horizonte 2020 debería orientar la búsqueda de oportunidades —en particular, con respecto a las pymes— para acelerar el acceso al mercado;

21.

Pide a la Comisión que garantice las inversiones en infraestructuras y el desarrollo de los servicios en nube en Europa con visión de futuro mediante una mejora de la seguridad jurídica sobre las obligaciones y responsabilidades de todas las partes, garantizando el cumplimiento de medidas comunes de seguridad y protección de datos, permitiendo que los datos puedan cruzar las fronteras y fomentando un entorno empresarial adecuado para el desarrollo de un mercado eficiente, abierto y global;

22.

Considera que los macrodatos disponen de potencial para potenciar la productividad económica y mejorar los servicios públicos y para los consumidores; reconoce que los macrodatos pueden aportar más oportunidades comerciales y una mayor disponibilidad de conocimientos y de capital, siempre que los gobiernos y las partes interesadas colaboren de forma constructiva; subraya, no obstante, que la actual fragmentación del mercado único está socavando el desarrollo de la economía de los datos, de los macrodatos, de la computación en nube, de la Internet de los objetos (IoT) y de otras tecnologías de datos;

23.

Considera que, entre los principales obstáculos tecnológicos para el desarrollo de una economía de los datos, cabe señalar la falta de interoperabilidad y de un marco común para los interfaces que facilite la transmisión de datos entre captores y máquinas y la comunicación entre los entornos virtuales y físicos, la insuficiente disponibilidad de datos abiertos y la falta de condiciones en el mercado que permitan a los empresarios innovar y crecer; pide a la Comisión que fomente la investigación común para abordar estas cuestiones;

24.

Pide a la Comisión que aliente y fomente la investigación conjunta orientada a la elaboración de un marco común para los interfaces que permita reducir las normas redundantes y garantizar la interoperabilidad técnica y semántica con el fin de establecer un proceso de elaboración normativa impulsado por las necesidades de los consumidores y las empresas;

25.

Acoge con satisfacción el anuncio de una iniciativa europea de «libre circulación de datos» destinada a suprimir los actuales obstáculos al mercado único de datos;

26.

Solicita un entorno regulador con visión de futuro y capacidad de adaptación a la naturaleza cambiante del mercado, que sea técnicamente neutral y estimule la creación de empresas emergentes y la entrada en el mercado de nuevos operadores, de forma que garantice la igualdad de condiciones y una competencia equitativa, evite la imposición de una carga reguladora excesiva y asegure el pleno respeto de las normas que regulan la protección de los datos y de la vida privada; celebra, a tal fin, la intención de la Comisión de revisar la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas; señala que las medidas reguladoras deben basarse en el mercado; considera que una situación de igualdad de condiciones debería permitir a todos los operadores, grandes y pequeños, invertir, innovar y competir en beneficio de los usuarios finales europeos en términos de posibilidades de elección y asequibilidad;

27.

Destaca la importancia de los datos abiertos como excelente materia prima para el desarrollo de servicios y productos de información con valor añadido; subraya que los datos generados por instituciones públicas y programas europeos de investigación financiados con fondos públicos, como Copernicus y Galileo, deberían estar disponibles para los ciudadanos europeos en un marco de acceso abierto y ser accesibles a las administraciones públicas y a las empresas privadas, con el fin de mejorar la calidad de sus servicios, respetando los derechos de propiedad intelectual en vigor;

28.

Señala que la consolidación de una economía de los datos más competitiva e innovadora requiere facilitar el acceso a un mayor volumen de datos, por lo que debería alentarse a las plataformas en línea a que publiquen sus conjuntos de datos en régimen abierto y de forma anónima y agregada, cumpliendo debidamente las normas que regulan la protección de datos;

29.

Considera necesario desplegar esfuerzos adicionales para anonimizar y seudonimizar los datos como una condición indispensable para desarrollar la innovación creativa en este sector y un paso importante para reducir los obstáculos al acceso de las empresas emergentes y las pymes al mercado; considera que la asimilación de las tecnologías, incluida la extracción de textos y datos, constituirá un factor importante para obtener valor añadido de los conjuntos de datos abiertos; señala, sin embargo, que conviene distinguir con claridad entre el tratamiento de los datos personales y de otros tipos de datos, y que es necesario definir soluciones técnicas que mejoren la protección del derecho a la vida privada sobre la base del concepto de «protección por diseño»;

30.

Destaca que los proveedores de servicios de macrodatos deben respetar, en el tratamiento de los datos personales, todos los principios establecidos en la legislación de la Unión en materia de protección de datos, como la imparcialidad y la legalidad, la limitación de los fines, la base jurídica para el tratamiento, el consentimiento, la proporcionalidad, la exactitud y los períodos limitados de conservación de los datos; recuerda, en este mismo contexto, el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la vida privada y la competitividad en la era de los macrodatos;

31.

Reconoce la necesidad de desarrollar una base sólida de proveedores de servicios, promover los beneficios y los activos que genera para la economía y la sociedad un uso integrado de los datos y fomentar la confianza de las pymes en las tecnologías relacionadas con los macrodatos; reconoce la necesidad de respaldar la aplicación generalizada de los servicios de macrodatos con miras a mejorar la eficiencia de varios sectores económicos y apoyar a los nuevos proveedores de servicios; pide que se creen servicios centralizados que ayuden a las pymes a utilizar mejor sus propios datos y los datos públicos dentro del respeto de la legislación de la Unión en materia de protección de datos;

32.

Lamenta que numerosas ideas y oportunidades se estén perdiendo o llevando a la práctica fuera de Europa debido a problemas de escalabilidad causados por obstáculos como las cargas administrativas excesivas o las dificultades de acceso a la financiación, todo lo cual afecta negativamente a la competitividad europea; pide que se facilite el acceso al capital privado mediante incentivos adecuados, y que se redoblen los esfuerzos dirigidos a abordar los retos que plantean las diferentes normativas nacionales, administrativas, reguladoras y fiscales; pide que se fomente el desarrollo de ecosistemas que pongan en contacto a los centros públicos y privados que aportan tecnología e infraestructuras con las empresas emergentes que aportan ideas de aplicación;

33.

Recuerda que solo el 1,7 % de las empresas aprovechan plenamente las tecnologías digitales avanzadas, a pesar de los beneficios que pueden aportar las herramientas digitales en todos los sectores económicos; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que inicien una estrategia de emprendimiento digital;

34.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que creen centros de la economía digital europea que contemplen la utilización de los macrodatos y de otras tecnologías de datos por parte de los empresarios, las pymes y las empresas innovadoras y que cuenten con la participación de investigadores y de la economía en términos más generales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la creación de espacios y agrupaciones de innovación con el fin de contribuir al desarrollo de las competencias y de convertir el capital intelectual en una ventaja competitiva, así como de entender mejor las perspectivas y las limitaciones de la tecnología de los macrodatos;

35.

Pide a la Unión y a los Estados miembros que mejoren sus esfuerzos coordinados en los establecimientos escolares y educativos por convertir las TIC en un campo profesional atractivo, especialmente para las mujeres y las niñas; considera que estos esfuerzos deberían incluir medidas dirigidas a fomentar una mentalidad más emprendedora y facilitar el acceso al emprendimiento en el sector de los macrodatos mediante la creación de nuevas empresas emergentes en dicho sector, de modo que se generen más oportunidades de empleo; recuerda la importancia de adoptar un enfoque multidisciplinario en la formación de profesionales y la creación de equipos;

36.

Pide que se adopten iniciativas y se recomienden modelos de financiación que fomenten el aprendizaje permanente y medidas personalizadas para todos los interesados, incluidas las personas de más edad, y que se facilite el acceso a la formación para ampliar las competencias de los profesionales en el ámbito de las TIC y el tratamiento de datos, con el fin de ampliar el número de profesionales con competencias digitales; pide que se refuerce la posición que ocupan en la formación continua los programas de transformación digital de las empresas y que se diseñen programas de liderazgo electrónico; destaca la necesidad de facilitar la circulación de trabajadores capacitados en toda la Unión y de adoptar medidas dirigidas a afrontar la escasez de competencias, incluidas medidas específicas para atraer talento;

37.

Respalda las iniciativas orientadas a incluir asignaturas relacionadas con la programación y la manipulación de datos en los planes de estudios nacionales; destaca las múltiples ventajas del software libre en la educación, y reclama un planteamiento específico que asegure que los nuevos planes de estudio motiven a los niños a descubrir sus talentos y a participar en la ciencia y la codificación de datos;

38.

Considera que la Unión y los Estados miembros deberían redoblar sus esfuerzos para evitar la fuga de expertos altamente formados y cualificados a otras regiones fuera de Europa;

39.

Pide que se apoye el desarrollo de herramientas para la interfaz de usuario que permitan a los usuarios no especializados de las pymes desarrollar nuevos modelos comerciales impulsados por los datos;

40.

Pide que se estimulen las iniciativas de sensibilización y las iniciativas dirigidas a fomentar el debate público en los Estados miembros y a escala europea e internacional sobre los beneficios y el valor de las tecnologías digitales, especialmente entre aquellos grupos sociales que todavía no tienen acceso a dichas tecnologías o están poco familiarizadas con ellas; pide que se organicen iniciativas que habiliten a los ciudadanos con respecto al uso y el valor de sus datos, en particular con miras a desarrollar nuevos servicios innovadores, y que los sensibilicen acerca de los beneficios y el valor que los macrodatos ofrecen a la sociedad;

41.

Señala que el análisis de los macrodatos puede acelerar significativamente el desarrollo de servicios públicos innovadores basados en el uso de datos abiertos de las administraciones y en la reutilización de la información del sector público; celebra, por tanto, las oportunidades que ofrecen las infraestructuras digitales y la utilización integrada de los datos para fomentar la participación y la implicación ciudadanas por medio de varias formas de gobernanza y democracia electrónicas;

42.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a acelerar las acciones destinadas al desarrollo de la gobernanza electrónica: reconoce, en particular, el valor de la Internet de los objetos (IoT) y pide a la Comisión que coordine el marco del mercado único digital con los objetivos actuales de la Estrategia Europa 2020; destaca la necesidad de analizar de forma detallada las ventajas que ofrecen la economía compartida y la participación integradora de la sociedad civil y los ciudadanos;

43.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

9.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 50/57

—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Eritrea, en particular las de 7 de febrero de 2002 (1), 18 de noviembre de 2004 (2) y 15 de septiembre de 2011 (3) sobre la situación de los derechos humanos en dicho país, incluido el caso de Dawit Isaak,

—

Vistas las Resoluciones 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011) y 2244 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por las que se prorroga el embargo de armas a Eritrea hasta el 15 de noviembre de 2016, y el informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, de 19 de octubre de 2015,

—

Visto el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos el 19 de junio de 2015 por la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, Sheila B. Keetharuth,

—

Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE (el Acuerdo de Cotonú), revisado en 2005 y 2010, del que Eritrea es signatario,

—

Vista la Decisión del Consejo 2010/127/PESC, de 1 de marzo de 2010, sobre medidas restrictivas contra Eritrea (4), modificada por la Decisión del Consejo 2010/414/PESC, de 26 de julio de 2010 (5), y modificada ulteriormente por la Decisión del Consejo 2012/632/PESC, de 15 de octubre de 2012 (6),

—

Vistas las conclusiones del Grupo de Trabajo A sobre Control Democrático de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2015,

—

Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre los presos políticos en Eritrea, de 18 de septiembre de 2014,

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Visto el Informe del SEAE sobre la asociación entre Eritrea y la Unión, de 2015,

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Visto el Informe de ONU Mujeres sobre el Gobierno del Estado de Eritrea, de junio de 2014,

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Visto el Programa indicativo nacional para Eritrea en el marco del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo, de 3 de febrero de 2016,

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Vista la declaración a los medios de comunicación de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Eritrea, de 8 de junio de 2015,

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Vista la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

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Vistas las declaraciones de 23 de noviembre de 2011 y 25 de junio de 2013 de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea,

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Visto su debate celebrado el 27 de mayo de 2015 sobre la ayuda al desarrollo de la Unión en favor de Eritrea en vista de las violaciones corroboradas de los derechos humanos,

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Vista la Constitución de Eritrea adoptada en 1997, que garantiza las libertades civiles, incluida la libertad religiosa,

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Vistos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo n.o 29 sobre el trabajo forzoso, n.o 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, y n.o 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

—

Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981,

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

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Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

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Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Unión ha apoyado a Eritrea desde su independencia de Etiopía en 1993; que la promesa inicial en relación con la democracia y el Estado de Derecho tras la independencia del país ha sido obstaculizada por el Gobierno de Eritrea con el pretexto de la defensa nacional y del servicio nacional; que las elecciones presidenciales previstas para 1997 no se celebraron nunca, y que la Constitución ratificada ese mismo año no se ha aplicado jamás; que todavía deben celebrarse las elecciones regionales de 2009; y que, incluso antes de que la Asamblea Nacional fuera disuelta en 2002, las leyes se aprobaban por decreto gubernamental;

B.

Considerando que la independencia de Eritrea de Etiopía en 1993 generó expectativas en la comunidad internacional y entre el pueblo de Eritrea en el sentido de que ayudaría a este último a construir un país que respetase los derechos humanos y exento de represión; y que este no ha sido el caso sino que se ha registrado un recrudecimiento de la represión y un aumento de las violaciones de los derechos humanos;

C.

Considerando que en el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas se señala que Eritrea registra uno de los peores resultados del mundo en materia de derechos humanos, con violaciones rutinarias de los derechos humanos que están al orden del día, y que en los últimos años no se ha registrado mejora alguna; que numerosos jóvenes han abandonado el país para escapar del Gobierno represivo y del servicio militar obligatorio, que frecuentemente comienza a una edad muy temprana; que el periodo establecido de dieciocho meses de duración para el servicio militar a menudo no se respeta, y que la mayoría de los eritreos prestan dicho servicio con carácter indefinido; así como que un servicio militar obligatorio de esta duración obstaculiza el potencial de crecimiento económico del país; que un incremento del salario percibido durante la prestación del servicio nacional no tiene sentido ya que la reciente devaluación del nafka y las restricciones bancarias han provocado la situación de escasez que se registra en el país en la actualidad; que muchos reclutas son utilizados como mano de obra y se les asignan tareas civiles; que la mayoría de las personas que prestan el servicio militar se encuentran en una situación de esclavitud, ya que todo trabajo, solicitud de empleo y la posibilidad de tener una vida familiar están sometidos a controles; y que la libertad de culto, la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión no están garantizadas;

D.

Considerando que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Eritrea concluyó que las violaciones en los ámbitos de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura (incluidas las torturas sexuales y la esclavitud sexual), el servicio nacional como forma de esclavitud, los trabajos forzosos y la política de disparar a matar en la frontera pueden constituir crímenes contra la humanidad;

E.

Considerando que Human Rights Watch subraya que en Eritrea no existe la libertad de religión; que el Gobierno acosa duramente a los ciudadanos que practican religiones distintas a las cuatro reconocidas oficialmente; y que, incluso en el caso de las religiones reconocidas, el Gobierno interfiere en la práctica religiosa de los ciudadanos;

F.

Considerando que las actividades homosexuales son ilegales en Eritrea, y que el Gobierno rechaza aplicar la legislación contra la discriminación para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI);

G.

Considerando que la discriminación y la violencia contra las mujeres están presentes en todos los ámbitos de la sociedad eritrea; que las mujeres no solamente corren un alto riesgo de ser objeto de violencia sexual en el ejército y en los campamentos de adiestramiento militar sino, también, en la sociedad en general, donde la violencia contra las mujeres es perpetrada en una atmósfera de impunidad; que se estima que un 89 % de las niñas eritreas han sufrido mutilación genital; que en marzo de 2007 el Gobierno proclamó que la mutilación genital femenina era un delito, prohibiendo su práctica e impulsando programas educativos que desalentaban su práctica durante ese año; y que las mujeres pueden perder su derecho a los cupones de comida o el acceso a la tierra;

H.

Considerando que un número muy importante de eritreos son arrestados por una serie de motivos injustificables, como la expresión de puntos de vista independientes, o sin justificación explícita, por periodos de tiempo no especificados; que los detenidos, incluidos los niños, son sometidos en unas condiciones extremadamente duras que en algunos casos equivalen a tortura o suponen la negación de atención médica; que las detenidas son custodiadas con frecuencia por hombres, lo que aumenta el riesgo de violencia sexual y de género; y que, según el índice de Freedom House (informe 2015), en Eritrea continúa registrándose uno de los entornos más represivos en lo que se refiere a los medios de comunicación y que este país recibió la puntuación más baja posible, ya que fue clasificado como el «peor de los peores»; así como que registra uno de los índices de acceso a internet más bajos del mundo (solamente un 1 %);

I.

Considerando que el comunicado dado a conocer en Bruselas el 18 de septiembre de 2014 por el portavoz del SEAE expresaba la preocupación por la detención de un grupo de once parlamentarios y miembros destacados del Frente Popular por la Democracia y la Justicia (FPDJ) desde el 18 de septiembre de 2001 sin cargos, juicio o la posibilidad de ver a un abogado, así como por la detención ilegal desde el 23 de septiembre de 2001 de diez periodistas independientes, entre ellos Dawit Isaak, ciudadano sueco y único preso de conciencia europeo; y que el patriarca Abune Antonios permanece incomunicado y bajo arresto domiciliario desde enero de 2006;

J.

Considerando que en el país no hay libertad de prensa, puesto que los medios de comunicación independientes están prohibidos en Eritrea, y que el país ocupa el último lugar, de los 170-180 evaluados, según el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras desde hace ocho años consecutivos;

K.

Considerando que Eritrea ocupaba el puesto 186 entre los 188 países que figuraban en el Índice de Desarrollo Humano de 2015, según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2015;

L.

Considerando que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea señala tres focos fundamentales de preocupación, a saber, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a una vivienda digna; el tráfico ilícito y la trata de seres humanos; y el creciente número de menores no acompañados que forman parte de las más de 5 000 personas que huyen del país cada mes;

M.

Considerando que el 26 de junio de 2015 cientos de refugiados eritreos se manifestaron frente a la sede de la Unión Africana para pedir que la organización regional ejerciese presión para que se lleven a cabo reformas democráticas en Eritrea; y que los manifestantes acusaron a Isaias Afewerki, presidente de Eritrea desde hace años, de ser un dictador, e instaron a la Unión Africana a que adopte medidas;

N.

Considerando que en noviembre de 2015 las Naciones Unidas advirtieron de una grave sequía en el Cuerno de África como consecuencia del patrón actual de El Niño; que las Naciones Unidas declararon en diciembre de 2015 que esta sequía es la más grave que jamás se haya registrado en la región, ya que ha reducido las cosechas entre el 50 % y el 90 %; y que, en consecuencia, Eritrea es uno de los países que se enfrentará al reto importante de garantizar la seguridad alimentaria de su población;

O.

Considerando que, en total contradicción con la realidad de la sequía, el presidente de Eritrea ha desestimado los temores de una crisis alimentaria y ha afirmado que el país no tendrá que hacer frente a ninguna crisis, a pesar de la reducción de la producción agrícola;

P.

Considerando que la Unión es un socio importante para Eritrea en términos de ayuda y asistencia al desarrollo;

Q.

Considerando que el Gobierno de Eritrea suspendió unilateralmente la ayuda en 2011 y que no reconoce públicamente su colaboración y asociación con la Unión; y que Eritrea no permite a los diputados al Parlamento Europeo la posibilidad de visitar Eritrea libremente y sin controles;

R.

Considerando que la pérdida de los medios de subsistencia anima a las mujeres y niños a abandonar el país; que en 2015 los eritreos que abandonaron su país representaban el cuarto grupo más numeroso de personas que realizaban el peligroso viaje a Europa (tras los sirios, iraquíes y afganos), y que sufren un calvario en manos de personas sin escrúpulos para realizar la peligrosa travesía del Mediterráneo; y que, por consiguiente, la situación en Eritrea afecta directamente a Europa, ya que, si los derechos humanos se respetasen y protegiesen en el país y la gente pudiese vivir allí sin miedo, los eritreos podrían volver a su patria;

S.

Considerando que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 400 000 eritreos, es decir, el 9 % de la población total, han huido; que la ACNUR calcula en unos 5 000 el número de eritreos que abandonan el país cada mes debido, en gran medida, a la persistencia de las graves violaciones de los derechos humanos; y que en 2015 el 69 % de las solicitudes de asilo de eritreos se saldaron con la concesión del estatuto de refugiado en la Unión, mientras que un 27 % adicional de los solicitantes se beneficiaron de una protección subsidiaria, lo que demuestra la gravedad de las persecuciones en Eritrea;

T.

Considerando que la trata de seres humanos con la petición de rescate, que incluye la práctica de graves torturas en el Sinaí, está en el origen de muchos asesinatos y desapariciones de refugiados eritreos que han sido secuestrados, mientras que los supervivientes, seriamente traumatizados, reciben escasa o nula ayuda; que la impunidad es total, pues los responsables no han sido llevados ante la justicia; y que se debe prestar una atención especial a los menores no acompañados víctimas de la trata de seres humanos, ya que necesitan asistencia y apoyo específicos debido a su situación de especial vulnerabilidad;

U.

Considerando que el 22 de febrero de 2016 el programa en el ámbito de la seguridad de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo inició con carácter oficial, en Adís Abeba (Etiopía), un informe del estudio sobre el contrabando y la trata de seres humanos en la ruta del Cuerno de África al Mediterráneo central;

V.

Considerando que Eritrea apoya el Proceso de Jartum (iniciativa de la Unión y de la Unión Africana lanzada el 28 de noviembre de 2014 con el fin de abordar la cuestión de la migración y el tráfico de seres humanos), que abarca la realización de proyectos concretos, entre ellos la creación de capacidades en relación con el poder judicial y la sensibilización;

W.

Considerando las sanciones que la Unión impuso inicialmente a Eritrea en marzo de 2010 a fin de que se aplicase la Resolución 1907 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que estas incluían un embargo de armas, restricciones de viaje y la congelación de activos de aquellas personas que constituyan una amenaza para la paz y la reconciliación nacional;

X.

Considerando que la Unión tiene un interés particular en que Eritrea se estabilice, ya que la situación actual está obligando a huir a un porcentaje considerable de la población y miles de personas están perdiendo sus vidas como resultado de actividades delictivas como el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos;

Y.

Considerando que el régimen extiende su control totalitario a la diáspora eritrea, extorsionando a sus miembros para que pongan fondos a disposición a través de un impuesto del 2 % sobre los ingresos de los expatriados, espiándolos y acusando de supuestos comportamientos impropios a sus familiares residentes en Eritrea; que el 28 de enero de 2016 el ministro de Desarrollo Nacional de Eritrea y el jefe de la Delegación de la Unión en el país firmaron en Asmara el Programa indicativo nacional en el marco del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo (FED), por un importe de 200 millones de euros durante los próximos cinco años; y que las acciones emprendidas deben centrarse en las energías renovables, la gobernanza y la gestión de las finanzas públicas, en particular en el sector energético;

Z.

Considerando que el 13 de noviembre de 2015 la Comisión de Desarrollo del Parlamento pidió a la Comisión y al SEAE que tuvieran en cuenta las conclusiones remitidas al Comité del FED sobre el Programa indicativo nacional para Eritrea, en las que se hacía referencia a la magnitud y gravedad de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen eritreo, la falta de fiabilidad del régimen como socio en materia de cooperación para el desarrollo, la corrupción generalizada y la ausencia prácticamente absoluta de transparencia en la gestión financiera pública del país, y el riesgo de que se registrasen abusos en relación con los fondos del FED destinados a tareas de gestión de la migración; que la Comisión de Desarrollo pidió al Comité del FED que no aprobase el Programa indicativo nacional a la espera de un nuevo debate; y que la posición del Parlamento fue ignorada;

AA.

Considerando que el FPDJ ha creado mecanismos de control y vigilancia sobre las comunidades de refugiados y la diáspora a través de las embajadas, que están involucradas en su extorsión mediante impuestos y contribuciones «voluntarias» exigidas a la diáspora a cambio de servicios, tales como documentos de identificación, pasaportes, partidas de nacimiento y documentos esenciales de los que dependen los refugiados; que estas prácticas contravienen el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas; que los dirigentes de la organización juvenil del FPDJ en los Países Bajos han iniciado campañas judiciales contra intelectuales, medios de comunicación e instituciones gubernamentales neerlandeses, con el apoyo de los dirigentes políticos de Asmara, presumiblemente para silenciar a los críticos del régimen; y que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos también ha sido objeto de amenazas;

1.

Toma nota con gran preocupación de que persiste la deplorable situación en materia de derechos humanos y la total ausencia del Estado de Derecho y de libertad en los medios de información en Eritrea;

2.

Hace hincapié en que es prioritario abordar el déficit en materia de justicia, gobernanza democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho poniendo fin a un régimen autoritario basado en el temor a detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, torturas y otras violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir crímenes contra la humanidad;

3.

Insta al Gobierno de Eritrea a que ponga fin al sistema de servicio militar por tiempo indefinido mediante la desmovilización de los llamados a filas que hayan completado su servicio obligatorio de dieciocho meses y a la conclusión efectiva de la práctica de utilizarlos para trabajos forzosos tras dicho período, así como a que posibilite la objeción de conciencia, y a que ponga fin a la práctica obligatoria de que todos los escolares deban pasar el último año de su escolaridad en un campo de entrenamiento militar; pide al Gobierno de Eritrea que garantice que nadie sea sometido a entrenamiento militar antes de cumplir los dieciocho años de edad y que ningún ciudadano sea movilizado después de la edad normal de reclutamiento; toma nota de que las autoridades eritreas recordaron en febrero de 2016 que el Acuerdo con la Unión no implicaría ninguna reforma de la política eritrea en materia de servicio militar;

4.

Opina que el Comité del FED debería haber tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Desarrollo en el sentido de no aprobar el Programa indicativo nacional y de entablar nuevas conversaciones; considera que la decisión de aprobar el Programa indicativo nacional para Eritrea, pese a la oposición del Parlamento, revela un déficit democrático y menoscaba gravemente la función del Parlamento de garantizar la aplicación efectiva de los objetivos de desarrollo de la Unión; pide, a este respecto, que se otorguen al Parlamento competencias de control sobre el FED sobre la base de un acuerdo interinstitucional de carácter vinculante de conformidad con el artículo 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; destaca que la Comisión debería enviar automáticamente las conclusiones sobre los proyectos de documentos de programación de la Comisión de Desarrollo a las representaciones permanentes de los Estados miembros;

5.

Toma nota de la asignación de 200 millones de euros durante los próximos seis años en favor del Programa indicativo nacional en el marco del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo con el fin de promover la reducción de la pobreza y el desarrollo socioeconómico, abordar las causas económicas y políticas fundamentales de la migración, y financiar proyectos relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética y la gobernanza económica; recuerda que esta dotación es complementaria a otros ámbitos de cooperación, como el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);

6.

Pide a la Comisión que vele por que los fondos asignados no beneficien al Gobierno de Eritrea sino que se destinen estrictamente para satisfacer las necesidades de la población de Eritrea en materia de desarrollo, democracia, derechos humanos, buena gobernanza y seguridad, libertad de expresión, prensa y reunión; insta a la Unión a que garantice la condicionalidad de la ayuda acordada recientemente y a que vele, también, por que el Programa indicativo nacional apoye a Eritrea a reorientar su política energética de manera importante a fin de que la energía sea accesible para todos, en particular en las zonas rurales, que siguen sin tener electricidad; considera, además, que el componente relativo a la gobernanza del Programa indicativo nacional debe centrarse especialmente en aplicar las recomendaciones del examen periódico universal sobre los derechos humanos dirigido por las Naciones Unidas;

7.

Recuerda que un menor no acompañado es, ante todo, un niño que está potencialmente en peligro, y que la protección de los menores, y no las políticas de inmigración, deben ser el principio rector para los Estados miembros y la Unión al tratar con menores de edad no acompañados con el fin de respetar el principio básico del interés superior del niño; recuerda que, sin excepción, cualquier persona menor de dieciocho años debe ser considerada como un niño y, por consiguiente, como un menor; recuerda que, en el caso de los menores no acompañados, en particular las niñas, el peligro a tener problemas y dificultades es dos veces mayor que en el del resto de menores;

8.

Hace un llamamiento a la comunidad internacional y a los socios de Eritrea en el ámbito del desarrollo para que intervengan ante esta situación y ejerzan presión sobre el Gobierno de Eritrea para que permita la ayuda exterior en apoyo de las comunidades vulnerables antes de que se agrave la crisis; insta a la Unión a que adopte medidas urgentes y eficaces para ayudar al pueblo eritreo a mejorar su resistencia frente a El Niño a fin de garantizar la seguridad alimentaria, el acceso al agua y el saneamiento;

9.

Expresa su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en el país; reitera su llamamiento a las autoridades de Eritrea para que liberen inmediata e incondicionalmente a los parlamentarios, periodistas (incluido el ciudadano sueco Dawit Isaak, del que no se ha vuelto a oír desde 2005), presos políticos y presos de conciencia;

10.

Anima a la Comisión a que busque garantías claras por parte del Gobierno de Eritrea de que va a poner en práctica reformas democráticas y garantizar el respeto de los derechos humanos, incluida la aplicación de las recomendaciones formuladas por la 18.a sesión del Grupo de Trabajo sobre el examen periódico universal, que aceptó el 7 de febrero de 2014; pide al Gobierno que permita el acceso al país a los expertos independientes de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, incluida la relatora especial de las Naciones Unidas, y que permita a la Comisión de Investigación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Eritrea el pleno ejercicio de su mandato y que coopere con la misma, también en lo que respecta a las cuestiones relativas a las finanzas públicas;

11.

Recuerda que la libertad de religión es un derecho fundamental y condena enérgicamente toda violencia o discriminación por motivos de religión;

12.

Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Gobierno eritreo para luchar contra la mutilación genital femenina; pide al Gobierno que mejore, en términos generales, la promoción y la protección de los derechos de las mujeres, también mediante la adopción de medidas adicionales para combatir prácticas perniciosas como los matrimonios infantiles, precoces y forzados, y que ponga fin a la impunidad en los casos de violencia sexual; pide al Gobierno de Eritrea que respete los hogares con mujeres solteras como cabeza de familia y que vele por que reciban ayuda y protección;

13.

Condena el uso por parte del Gobierno de Eritrea del «impuesto de la diáspora», que se recauda mediante extorsión y otros medios ilegales entre los eritreos residentes fuera del país y que se utiliza, infringiendo las resoluciones de Naciones Unidas, para financiar grupos armados en países vecinos y, con ello, desestabilizar la región; insta al Gobierno a que ponga fin a la política de «culpabilidad por asociación» que se aplica a familiares de quienes eluden el servicio nacional, huyen de Eritrea o no pagan el impuesto del 2 % sobre los ingresos que aplica el Gobierno a los expatriados eritreos;

14.

Pide a Eritrea que firme, ratifique y aplique con carácter inmediato la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que respete plenamente sus obligaciones en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, tratados en los que se prohíbe la tortura; observa con preocupación que los agentes públicos y privados, incluidas empresas, están muy limitados por el control ejercido por el Gobierno; reconoce que la falta de una gestión de las finanzas públicas, incluida la ausencia de un presupuesto nacional, imposibilita el control presupuestario, y que el carácter fungible de los recursos financieros como consecuencia de los controles que realiza el Gobierno sobre el Banco Nacional puede fomentar compras de efectos militares y contribuir, así, al terrorismo y a la desestabilización en la región;

15.

Insta a todas las empresas de carácter internacional que invierten en Eritrea a que operen respetando la plena aplicación de los derechos humanos y a que no causen ningún daño;

16.

Exhorta a los Estados miembros de la Unión a que investiguen el papel del FPDJ y de sus diversas ramificaciones, incluida la rama juvenil, y a que prohíban toda forma de asociación y actividad que respalde directamente la práctica de controles y la vigilancia en Europa, socave los principios democráticos y el Estado de Derecho y cree modelos de intimidación y extorsión; insta a los Estados miembros a actuar para poner fin al impuesto sobre la diáspora e investigar las transacciones financieras ligadas a cualquier otra «contribución» aplicada por asociaciones vinculadas al Gobierno de Eritrea en el extranjero y a proteger plenamente el derecho de asilo de todos los refugiados eritreos en Europa;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al Consejo de la Unión Africana, a la Comunidad del África Oriental, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a las autoridades eritreas.