30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/1

30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/2

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Visto el Informe Especial no 25/2012 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «¿Se han establecido instrumentos para controlar la eficacia del gasto del Fondo Social Europeo en los trabajadores de edad avanzada?»,

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Vista la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, y en particular su análisis de 2012 sobre las tendencias y políticas en materia de empleo para los trabajadores de edad avanzada en un periodo de recesión,

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Vista la contribución de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en relación con los grupos prioritarios, particularmente los trabajadores de edad avanzada,

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Visto el estudio elaborado en 2013 por Eurofound sobre el papel de los gobiernos y los interlocutores sociales en favor del mantenimiento de los trabajadores de edad avanzada en el mercado laboral,

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Visto la primera encuesta internacional sobre las competencias de los adultos realizada por la Comisión y la OCDE en 2013 como parte del Programa para la evaluación internacional de las competencias de los adultos (PIAAC),

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Vistos los principios rectores de los nuevos Reglamentos relativos al Fondo Social Europeo para el periodo de programación 2014-2020 aprobados por el Parlamento el 20 de noviembre de 2013,

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Vistos el artículo 48 y el artículo 119, apartado 2, de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0151/2014),

A.

Considerando que el envejecimiento de la población, el cambio de las condiciones laborales, los incentivos aún existentes a la jubilación anticipada, la crisis financiera y los cambios en los modelos de producción, así como la necesidad de una mayor competitividad, exigen una respuesta firme para permitir que los trabajadores de edad avanzada sigan en activo en el mercado laboral, incluso más allá de la edad de jubilación en caso de así desearlo;

B.

Considerando que en la Estrategia de Lisboa se define como «trabajador de edad avanzada» cualquier persona en edad de trabajar de entre 55 y 64 años;

C.

Considerando que, en 2012, la tasa de empleo en la Unión Europea de las personas de entre 55 y 64 años era inferior al 50 % (54,4 % en el caso de los hombres y 41,8 % en el de las mujeres), y en algunos Estados miembros cayó hasta situarse en torno al 30 %; que esta tendencia podría deberse a multitud de factores, como las habilidades y cualificaciones desfasadas, las actitudes de los empleadores hacia los trabajadores de edad avanzada, las dificultades para conciliar la vida profesional con la familiar o los problemas de salud;

D.

Considerando que una población activa de mayor edad y con una vida laboral más larga puede contribuir positivamente a la recuperación y al crecimiento futuro;

E.

Considerando que las personas de edad avanzada son esenciales para la transmisión de conocimientos y experiencia a las siguientes generaciones;

F.

Considerando que la Estrategia de Lisboa (1) y la Estrategia Europa 2020 (2), adoptada en 2010, por la que se establecen las estrategias de la Unión Europea en los ámbitos económico y social, incluyen planes de acción para lograr un incremento del crecimiento y del número de puestos de trabajo y fijan objetivos, particularmente en materia de empleo;

G.

Considerando que mantener la empleabilidad de los trabajadores de edad avanzada, así como lograr que un elevado porcentaje de la población siga trabajando hasta una edad avanzada es crucial para abordar los retos demográficos y alcanzar el objetivo de la UE de que el 75 % de que la población de entre 20 y 64 años tenga trabajo en 2020;

H.

Considerando que, para respaldar los cambios introducidos recientemente en los regímenes de pensiones a raíz del retraso de la edad de jubilación, es necesario adoptar medidas en el mercado laboral y en el lugar de trabajo que incentiven una mayor duración de las carreras profesionales y permitan a las personas seguir trabajando hasta la edad de jubilación;

I.

Considerando que, a raíz del actual cambio demográfico, plasmado en un incremento de la edad media de la población, las personas de entre 55 y 64 años constituirán una proporción cada vez mayor de los trabajadores en Europa;

J.

Considerando que, con los años de crisis económica y financiera, las medidas del Fondo Social Europeo (FSE) revisten más importancia que nunca al ser uno de los instrumentos de lucha contra el elevado desempleo, y que las lecciones extraídas de la aplicación de las medidas anteriores serán vitales de cara a la ejecución de los nuevos programas a partir de 2014;

K.

Considerando que el FSE, que durante el periodo de programación 2007-2013 representó el 8 % del presupuesto total de la UE, es un instrumento financiero clave destinado a ayudar a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de la política de empleo y de inclusión social de la UE, y que se necesitan datos fiables para evaluar hasta qué punto los recursos del FSE se emplean de forma eficaz;

L.

Considerando que, para el periodo comprendido entre 2007 y finales de 2013, ni los Estados miembros ni la Comisión pueden determinar cuántos trabajadores de edad avanzada adquirieron nuevas cualificaciones o encontraron o mantuvieron un empleo tras haber participado en un programa financiado por el FSE;

M.

Considerando que las medidas de aprendizaje permanente promovidas por el FSE son adecuadas en general para mantener a las personas empleadas (por ejemplo, mediante la formación o el reciclaje profesionales con miras a la empleabilidad);

N.

Considerando que los trabajadores de edad avanzada suponen menos del 5 % de los participantes en las actividades de aprendizaje permanente del FSE, lo que indica una menor participación en programas de formación pero no una falta de formación o capacitación de los mismos;

O.

Considerando que los Estados miembros designan a las autoridades de gestión para que ejecuten los programas operativos plurianuales, preparados por los Estados miembros tras mantener consultas con las partes interesadas y celebrar reuniones bilaterales con la Comisión, y adoptados finalmente en forma decisiones de la Comisión, por los que se establecen y mantienen sistemas de gestión y control financieros para llevar a cabo las tareas de programación, control, seguimiento y notificación;

P.

Considerando que, en términos generales, los programas operativos cubren diferentes grupos de personas desempleadas (los jóvenes, los trabajadores de edad avanzada, los desempleados de larga duración y las personas sin estudios, trabajo ni formación, conocidas como SETF o nini);

Q.

Considerando que la ejecución del FSE debe ajustarse al Reglamento Financiero de la UE, y en particular a los principios fundamentales de una buena gestión financiera, a saber, la economía, la eficiencia y la eficacia;

1.

Constata con preocupación que en los programas operativos no se usa de manera coherente, para el periodo 2007-2013, la definición de «trabajador de edad avanzada»; señala que muchas autoridades de gestión no usan en sus respectivos programas operativos la definición de «trabajadores de edad avanzada» en el sentido de la Estrategia de Lisboa, a saber, toda persona en edad de trabajar de entre 55 y 64 años, sino que se refieren a diferentes grupos de edad; opina que la definición de «trabajadores de edad avanzada» debe adaptarse a la edad de jubilación legal máxima de los Estados miembros correspondientes;

2.

Lamenta que no se disponga de datos completos y fiables, incluidos datos desglosados por sexo, en los que basarse para evaluar la eficacia del gasto del FSE en favor de los trabajadores de edad avanzada; considera que el uso de los créditos del FSE debe ser transparente; hace hincapié en que la información sobre los programas financiados, el logro de sus objetivos y el importe presupuestado debe estar a disposición de los ciudadanos de manera fácilmente accesible en sitios web públicos;

3.

Reconoce que, en función de sus situaciones socioeconómicas y demográficas concretas, los Estados miembros utilizan diferentes grupos de edad para definir a los trabajadores de edad avanzada; considera lamentable, no obstante, que esta definición no siempre se aplique de forma coherente en todo el proceso de programación en un mismo Estado miembro; anima, por lo tanto, a los Estados miembros a garantizar que, en el próximo periodo de programación (2014-2020), los grupos de edad utilizados en el análisis de las necesidades sean los mismos que los empleados en los programas o en las acciones y objetivos correspondientes;

4.

Subraya que la ejecución del FSE debe ser conforme con el Reglamento Financiero de la UE y, en particular, con los principios fundamentales de la buena gestión financiera, como la eficacia, que debe entenderse como la consecución de los objetivos específicos fijados y el logro de los resultados previstos;

5.

Pide a los Estados miembros que, a la hora de analizar la situación socioeconómica de los trabajadores de edad avanzada, se basen más en datos cuantitativos y cualitativos, y que establezcan una relación de causalidad mensurable entre las acciones llevadas a cabo dentro de los programas operativos y los objetivos perseguidos, lo que facilitaría la verificación de la coherencia entre las necesidades detectadas, la estrategia adoptada y los objetivos específicos fijados y permitiría adoptar decisiones bien fundadas de cara al futuro;

6.

Lamenta la poca fiabilidad y la insuficiente calidad de los datos facilitados por los Estados miembros, necesarios para evaluar la situación actual de empleo de los trabajadores de edad avanzada, valorar la evolución futura y adoptar medidas para alcanzar los objetivos establecidos; pide que se adopten medidas que motiven a los Estados miembros a transmitir datos fiables y de gran calidad;

7.

Señala que el marco reglamentario (2007-2013) prevé datos financieros únicamente en el plano de los ejes prioritarios, y que ninguno de los programas operativos objeto de examen cuenta con un eje prioritario específico para los trabajadores de edad avanzada; lamenta las dificultades constatadas para evaluar con precisión la cuantía de la financiación asignada a las acciones correspondientes, en particular respecto de los trabajadores de edad avanzada;

8.

Toma nota de que para el periodo 2007-2013 no se incluye en los programas operativos ningún componente prioritario relacionado con iniciativas para los trabajadores de edad avanzada, tales como el fomento del envejecimiento activo y la prolongación de la vida laboral, debido fundamentalmente a las interpretaciones divergentes sobre la forma que debería adoptar una prioridad de ese tipo;

9.

Opina que determinados grupos de trabajadores específicos, como quienes trabajan por turnos o en la industria pesada, necesitan programas y proyectos especialmente adaptados distintos de los aplicables a quienes realizan trabajos menos físicos, como los trabajadores en la industria o el sector de los servicios; señala, además, que debe incorporarse el género como factor político;

10.

Cree firmemente que la experiencia de los trabajadores de edad avanzada constituye un activo que debe emplearse de la mejor forma posible, no solo para que los trabajadores puedan mantenerse activos en su puesto de trabajo dentro del mercado laboral sino también para que puedan utilizar esta experiencia adquirida al cambiar de empleo;

11.

Manifiesta su preocupación ante el hecho de que, en los programas operativos, si bien se clasifica a los trabajadores de edad avanzada como grupo destinatario, no siempre constan unos indicadores o valores objetivo específicos para los mismos, lo que genera una situación en la que es difícil o incluso imposible evaluar la eficacia de las medidas para responder a las necesidades de los trabajadores de edad avanzada; observa que, cuando en los proyectos sí se incluyen indicadores, en su mayor parte se refieren a datos, como el número de participantes y resultados, en lugar de referirse a los impactos específicos;

12.

Pide a la Comisión que haga mayor hincapié en la lucha contra la discriminación por motivos de edad de los trabajadores de edad avanzada y que emplee las prerrogativas previstas en los instrumentos jurídicos vigentes para luchar contra las formas de discriminación flagrante por motivos de edad en determinados Estados miembros y en ciertos sectores económicos;

13.

Pide que las medidas no evalúen únicamente la empleabilidad, sino también los progresos en materia de habilidades (incluidas las sociales) y en el fomento de una mayor autoestima y motivación; observa que la enseñanza de las habilidades para la vida y la educación informal pueden contribuir enormemente a este respecto;

14.

Pide que se haga un seguimiento de todas las barreras que obstaculizan el envejecimiento activo y se supriman, así como que se apoye el aprendizaje permanente, en particular en lo relativo a la adquisición de nuevas cualificaciones y habilidades técnicas, como el aprendizaje de informática e idiomas; subraya que el envejecimiento activo y el aprendizaje permanente entre las mujeres y los hombres de edad avanzada deben integrarse en la vida laboral, y que estas políticas deben ser objeto de supervisión, evaluación y mejora constantes;

15.

Pide que en los nuevos programas operativos se prevea un planteamiento más uniforme para la selección de los grupos destinatarios y la utilización de los datos provenientes del mercado laboral a nivel nacional, a fin de establecer unos objetivos ambiciosos pero realistas; observa que, habida cuenta de la importancia que tendrá en el futuro el grupo cada vez mayor de los trabajadores de edad avanzada, también será necesario un diálogo sobre la priorización de los grupos destinatarios durante la elaboración de los programas operativos.

16.

Constata con preocupación que algunos de los objetivos e indicadores utilizados en los proyectos no guardan una relación directa con las intervenciones del FSE, lo que dificulta la evaluación de su rendimiento, por ejemplo determinando su éxito o fracaso respecto del logro de los objetivos macroeconómicos establecidos en los programas operativos, dado que ello sobrepasa el ámbito de las acciones del FSE, pues depende en gran medida de factores externos tales como el entorno económico, los regímenes de protección social y las condiciones para la inversión pública o privada a nivel local;

17.

Considera lamentable que en ninguno de los programas operativos se incluyan jalones a medio plazo ni se establezca la apropiada jerarquía entre los diferentes objetivos cuantificados que se han de alcanzar, lo que hubiese permitido a las autoridades de gestión aplicar lo antes posible medidas correctivas;

18.

Lamenta que, por ello, la Comisión no esté en condiciones de informar adecuadamente sobre el impacto y los resultados globales de las actividades destinadas a mejorar la situación de los trabajadores de edad avanzada en los Estados miembros y financiadas por el FSE;

19.

Manifiesta su firme convencimiento de que la Comisión debe mejorar la manera en que se evalúan los resultados de los programas operativos; apoya decididamente la introducción de un conjunto claro de datos de rendimiento normalizados (que sea fiable, verificable y oportuno) para los programas futuros, datos que, si procede, se podrían agregar a escala de la UE para el periodo de programación 2014-2020;

20.

Celebra la nueva orientación hacia los resultados de los fondos del Marco Estratégico Común en el próximo periodo de programación 2014-2020, lo que implica que cualquier actuación que se proponga debe estar fundamentada en la consecución de un objetivo específico;

21.

Insiste en que el establecimiento de prioridades claras en los nuevos programas operativos con miras a alcanzar resultados permitirá movilizar sinergias entre los distintos fondos y otras fuentes de financiación, ayudando a lograr un impacto óptimo de los objetivos propuestos tanto dentro de un mismo país como entre países;

22.

Considera necesario que, dentro de la batería de indicadores definidos, los nuevos programas operativos incorporen indicadores de alerta a nivel financiero y a nivel físico, y celebra que estos sean objeto de una especial vigilancia para que cuando se desvíen en un determinado umbral en relación con los objetivos programados haya que analizar, desde la Unidad de Evaluación y en colaboración con los Órganos Intermedios de los programas, las causas de dichas desviaciones, valorando si se deben a situaciones transitorias o a problemas de naturaleza estructural que necesiten una evaluación más pormenorizada o, incluso, una modificación del programa;

23.

Considera también necesario vigilar si se producen o no cambios en el contexto socioeconómico o en las prioridades nacionales y/o de la Unión, o problemas de puesta en marcha de los programas operativos, que requieran igualmente un análisis evaluativo y una modificación sustancial del programa;

24.

Pide que el uso sistemático de los indicadores de rendimiento pertinentes, tales como los objetivos operativos, los objetivos en materia de resultados y los objetivos específicos en materia de impacto, se incluya en la fase de establecimiento del proyecto, de manera que los programas del FSE para el periodo 2014-2020 puedan mejorar no solo la cuantía y calidad de los datos recopilados sobre los trabajadores de edad avanzada en el mercado laboral, sino también el proceso de toma de decisiones;

25.

Pide a los Estados miembros que, para el próximo periodo de programación, apliquen y complementen como corresponda los indicadores comunes previstos en el Reglamento del FSE, a fin de determinar cuántos trabajadores de edad avanzada, desglosados por sexo, han participado en proyectos con financiación del FSE centrados en la adaptación al lugar de trabajo, la adquisición de habilidades, la mejora de la situación en el mercado laboral para las personas o la búsqueda de empleo, y cuántos de ellos han adquirido nuevas cualificaciones, mejorado su situación en el mercado laboral o encontrado empleo tras haberse beneficiado de proyectos financiados por el FSE;

26.

Recuerda que, en términos generales, es necesario que los proyectos reflejen adecuadamente los objetivos de los programas operativos, con el fin de reducir el riesgo de incumplimiento del paquete de objetivos inicial; pide a las autoridades de gestión que verifiquen sistemáticamente la existencia de este vínculo con objeto de seleccionar los mejores proyectos;

27.

Anima enérgicamente a las partes interesadas a mejorar la metodología cuando proceda, a fin de pasar de un enfoque demasiado simple basado en los desembolsos o los costes reales a un enfoque integrado para obtener los mejores resultados en la gestión de los proyectos;

28.

Pide a la Comisión que examine más exhaustivamente la presentación y calidad de los datos que aportan los programas operativos, y que elabore una guía de asesoramiento operativo que se ponga a disposición de los Estados miembros;

29.

Opina que los sistemas de supervisión deben basarse en una documentación efectiva de los controles realizados sobre los programas operativos, a fin de obtener un nivel de garantía satisfactorio;

30.

Celebra que, en general, las autoridades de gestión hayan definido con claridad los datos de supervisión que necesitan; recuerda, no obstante, que los sistemas de supervisión y evaluación deben permitir que se verifiquen, de manera oportuna y periódica, los progresos realizados para cumplir los objetivos establecidos, así como reaccionar rápidamente a desviaciones importantes con respecto a los mismos;

31.

Pide que se establezcan unos requisitos reglamentarios más precisos en lo que respecta a las evaluaciones solicitadas a las autoridades de gestión, y que se defina para los programas operativos una serie mínima de cuestiones que se han de abordar en el proceso de evaluación; pide asimismo que se procure garantizar que las lecciones extraídas de la gestión de los programas se toman debidamente en cuenta al adoptarse decisiones en el futuro;

32.

Pide a la Comisión que reequilibre y refuerce gradualmente sus herramientas de gestión para pasar del simple control de la conformidad —sobre la base de los principios de legalidad/regularidad— a la medición del progreso realizado en el logro de los valores objetivo y de la eficacia de la utilización del FSE en el próximo periodo 2014-2020; recuerda que el establecimiento de un marco de rendimiento sólido, con unas metas y unos objetivos claros y mensurables que incluyan responsabilidades y resultados, es clave para maximizar el impacto en el crecimiento y el empleo, y exige unos esfuerzos comunes y equivalentes por parte de la Comisión y de los Estados miembros;

33.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de mejorar la evaluación de los resultados de los programas operativos en el periodo de programación 2014-2020, así como la inclusión, en el Reglamento del FSE, de un conjunto de indicadores comunes de rendimiento y de resultados, incluidos indicadores de resultados a largo plazo;

34.

Anima, a este respecto, a la Comisión a reforzar su colaboración con otras instituciones internacionales, como la OCDE, sobre la base de evaluaciones específicas para los grupos desfavorecidos o las categorías de trabajadores vulnerables y determinando medidas concretas para ayudar a los Estados miembros a definir mejor las prioridades, estrategias y proyectos sostenibles clave que podrán optar a la financiación del FSE para el próximo periodo 2014-2020;

35.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/8

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Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos – Programa de Estocolmo» (1),

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Visto el Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (2), presentado por el Consejo Europeo,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Constitucionales, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0153/2014),

1.

Considera que el Tratado de Lisboa y el reconocimiento del carácter legalmente vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea han supuesto mejoras significativas y han reforzado el fundamento constitucional de las instituciones de la UE y los Estados miembros para lograr el objetivo de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, pero observa que en algunos ámbitos son necesarios esfuerzos adicionales, en particular en lo relativo a su aplicación; considera que este objetivo requiere que los Tratados y el Derecho derivado se apliquen de manera uniforme en toda la UE; está de acuerdo, por lo tanto, en que deben evitarse las cláusulas de autoexclusión y los regímenes especiales, y suprimirlos cuando sea posible; pide que la Comisión y el Consejo cumplan mejor su obligación de informar al Parlamento «cumplida e inmediatamente […] en todas las fases del procedimiento» de celebración de acuerdos internacionales; lamenta los retrasos en la adaptación de los actos del antiguo tercer pilar a la nueva jerarquía de normas —actos de base, delegados y de ejecución—, de conformidad con el Tratado de Lisboa y la nueva estructura institucional;

2.

Considera que la extensión del empleo del procedimiento legislativo ordinario ha aumentado la legitimidad de la labor legislativa y la ha acercado al ciudadano al conceder al Parlamento, única institución de la UE elegida directamente, una mayor influencia; considera que en un futuro Tratado deberán eliminarse las excepciones que persisten al empleo del procedimiento legislativo ordinario;

3.

Señala que la Comisión, en su Comunicación de 20 de abril de 2010 titulada «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos — Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo» (COM(2010)0171), se manifestó en favor de «una mayor ambición a la hora de responder a las preocupaciones y aspiraciones cotidianas de los ciudadanos europeos» e hizo hincapié, asimismo, en que «la Unión debe estar en condiciones de reaccionar frente a acontecimientos imprevistos, aprovechar rápidamente las oportunidades y anticiparse y adaptarse a las tendencias futuras»;

4.

Recuerda la aplicación del procedimiento legislativo ordinario de la UE como principio que engloba el proceso decisorio en una gama de políticas más amplia relativa al ámbito de libertad, seguridad y justicia, el requisito del Tratado de que las decisiones deben tomarse «de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos» y la creciente necesidad de flexibilidad; pide a la Comisión que haga uso de su derecho a proponer legislación, respetando plenamente sus competencias con arreglo a las disposiciones de los Tratados y los principios en ellos consagrados, incluido el principio de subsidiariedad, y en estrecha colaboración con los colegisladores;

5.

Cree que el mayor grado de participación de los Parlamentos nacionales en las actividades de la Unión, consagrado en los protocolos no 1 (sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea) y no 2 (sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad) anexos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha influido positivamente en el desarrollo y el funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia en particular, no solo porque ahora es más probable que se respete el principio de subsidiariedad, sino también porque la participación más amplia y más directa de los pueblos de Europa en el proceso democrático constituye una importante contribución a la legislación y a la política europeas;

6.

Pide que se refuercen la cooperación y el diálogo entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y entre las instituciones y organismos de la UE en general y los Parlamentos nacionales para garantizar que, en la medida de lo posible, las instituciones y organismos de la UE proporcionen directamente y sin demoras a los Parlamentos nacionales información sobre iniciativas de la UE;

7.

Destaca que, incluso en ausencia de un acuerdo sobre un procedimiento electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo, los sistemas electorales se han ido aproximando gradualmente, en particular como consecuencia de la creación de partidos políticos y de fundaciones políticas a escala de la UE, de los esfuerzos encaminados a la elaboración de un estatuto europeo basado en la propuesta de la Comisión de reforma de las normas que regulan los partidos políticos europeos y en la prohibición del doble mandato, que supuso la incompatibilidad del mandato de diputado al Parlamento Europeo con el mandato de parlamentario nacional; anima a que se establezcan unos procedimientos más transparentes para la designación de candidatos, que garanticen su independencia;(split)

8.

Considera que debe sensibilizarse a la opinión pública acerca de la función democrática del Parlamento y que las campañas electorales europeas deben centrarse en cuestiones verdaderamente europeas;

9.

Considera, por tanto, que en el futuro deberá reformarse el proceso electoral a fin de aumentar la legitimidad y la eficacia del Parlamento, de conformidad con los principios consagrados en los Tratados; opina que una reforma de este tipo animará a los ciudadanos europeos a participar en las elecciones europeas en su Estado miembro de residencia si no son nacionales de dicho Estado; (split)

10.

Se congratula, no obstante, del primer paso que supone la adopción de la Directiva 2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que modifica la Directiva 93/109/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (3), puesto que suaviza los requisitos que deben cumplir los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado de la Unión Europea del que no son nacionales para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo; insta a que se eliminen las barreras burocráticas que siguen oponiendo obstáculos a que participen en las elecciones europeas los ciudadanos de la UE que residen en un Estado miembros del que no son nacionales y anima a la cooperación entre los Estados miembros reitera que es necesario adoptar nuevas medidas para garantizar a todos los ciudadanos europeos el derecho a voto con independencia de su estado de residencia efectiva;

11.

Acoge favorablemente la adopción del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea (4), que otorga a los ciudadanos los mismos poderes de iniciativa política que ya disfrutan el Parlamento Europeo y el Consejo;

12.

Considera que la iniciativa ciudadana puede tener un papel clave para determinar los asuntos que conviene abordar a escala de la UE y fomenta la legitimidad del proceso de elaboración de políticas en la UE;

13.

Lamenta, no obstante, los problemas técnicos que han detectado los organizadores de iniciativas ciudadanas y pide a la Comisión que los solucione;

14.

Señala que la aplicación efectiva de la iniciativa ciudadana se ve obstaculizada por problemas técnicos pero también por problemas financieros debidos a la falta de recursos presupuestarios;

15.

Considera que la UE debe promover el máximo nivel de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos; opina que el capítulo del Programa de Estocolmo sobre la promoción de los derechos de los ciudadanos es acorde con esta ambición; señala, no obstante, que a pesar de los progresos realizados, debe reforzarse la puesta en práctica de este capítulo;

16.

Toma nota de la Comunicación de la Comisión y recuerda las posiciones adoptadas por el Parlamento sobre la creación de un nuevo marco de la UE relativo al Estado de Derecho para fortalecer la capacidad de la UE para abordar el denominado «dilema de Copenhague», consistente en que la Unión fija normas estrictas para los países candidatos, pero carece de instrumentos funcionales aplicables a los actuales Estados miembros, cuyo fin sea asegurar que todos los Estados miembros respeten los valores comunes consagrados en el artículo 2 del TUE, con vistas a la continuidad de los «criterios de Copenhague», a la espera de una modificación del Reglamento de la Agencia de los Derechos Fundamentales (5), tal y como ha solicitado el Parlamento reiteradamente;

17.

Acoge con satisfacción, en este sentido, la Comunicación de la Comisión titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158), y espera cooperar con la Comisión para la aplicación efectiva de dicho marco; subraya, no obstante, que es sigue siendo necesaria una evaluación periódica del respeto de los valores fundamentales de la UE por parte de los Estados miembros, tal y como se establece en el artículo 2 del TUE; reconoce el papel especial atribuido a las competencias y al asesoramiento de la Comisión de Venecia, y recuerda que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), las redes judiciales y otros órganos especializados independientes también deben contribuir a la evaluación de las amenazas al Estado de Derecho;

18.

Teme que la crisis económica pueda convertirse en una crisis de democracia y cree que es necesario un impulso político firme y el funcionamiento transparente de las instituciones democráticas a nivel nacional y europeo para defender los logros democráticos, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, combatir el auge del populismo en Europa y continuar fortaleciendo la ciudadanía europea expresa su preocupación ante la manifestación de intolerancia palmaria con respecto a la movilidad de los ciudadanos europeos con el objetivo de menoscabar los derechos de los trabajadores de algunos nuevos Estados miembros;

19.

Considera que debe atenderse en mayor medida a la situación particular de grupos vulnerables y reforzar la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la intolerancia religiosa, la islamofobia, el antigitanismo, la homofobia y la transfobia;

20.

Opina que es de la máxima importancia adoptar y aplicar efectivamente actos legislativos contra los delitos motivados por el odio y la incitación al odio y contra quienes los promueven, apoyan y cometen, y pide que siga desarrollándose esta legislación de acuerdo con el principio de subsidiariedad;

21.

Lamenta la falta de progresos en relación con la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos y los continuos actos racistas contra los gitanos y su discriminación en toda la UE, incluida la segregación de los niños gitanos en la educación; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por hacer respetar los derechos fundamentales y la inclusión social de los gitanos aplicando lo antes posible las recomendaciones contenidas en la Recomendación del Consejo de 9 de diciembre de 2013 relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (6); pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que apoyen económicamente a las organizaciones de gitanos y que les permitan participar en todas las políticas que les afecten;

22.

Destaca que el principio de universalidad se aplica a los derechos fundamentales y a la igualdad de trato; insta al Consejo, por consiguiente, a que adopte la propuesta de Directiva contra la discriminación; lamenta la insuficiencia de las políticas de inserción de las personas con discapacidad y que no se tengan debidamente en cuenta sus derechos;

23.

Acoge con satisfacción la adopción de la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (7), en la que se concede una atención especial a la protección de las personas grupos desfavorecidos, como las mujeres y los niños; subraya la frecuencia con la que las personas de estos grupos son víctimas de todo tipo de violencia, incluida la violencia doméstica; recomienda una investigación a fondo de estas violaciones graves de derechos humanos, así como su identificación y enjuiciamiento; celebra la adopción de la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección (8) y de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (9) (Directiva contra la trata de seres humanos); pide a los Estados miembros que transpongan y apliquen estas Directivas lo antes posible;

24.

Remite a su investigación sobre la vigilancia electrónica masiva de ciudadanos de la UE; reitera la profunda preocupación expresada en su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en la privacidad de los ciudadanos de la UE (10); considera que la vigilancia masiva presenta un serio desafío a los principios de la Unión de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales, e insiste en la organización de un control parlamentario y judicial y una seguridad adecuados y eficaces en la UE y a nivel nacional; considera esencial establecer más controles y contrapoderes, en particular mediante la adopción del marco jurídico de la UE sobre protección de datos, que debe garantizar el pleno respeto de los derechos humanos; considera que deben tomarse medidas en relación con la vigilancia que amenace la seguridad interior de la UE; pide al Consejo Europeo que aborde las recomendaciones y las peticiones incluidas en su Resolución de 12 de marzo de 2014 sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior;

25.

Considera que un proceso adecuado de rendición de cuentas es esencial para proteger y promover de forma eficaz los derechos humanos y para aplicar unas políticas de seguridad legítimas y eficaces basadas en el Estado de Derecho; pide a la Comisión que proponga un mecanismo de rendición de cuentas orientado a reforzar la capacidad de la UE y sus Estados miembros para prevenir, investigar y reparar violaciones de los derechos humanos al nivel de la UE, en particular las cometidas en el contexto de las presuntas operaciones de la CIA de transporte y detención ilegal de presos en los países europeos;

26.

Hace hincapié en que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), prevista en el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, reforzará aún más la protección de los derechos fundamentales en la Unión garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;

27.

Constata que la adhesión a dicho Convenio garantiza a los ciudadanos y a todas las personas respecto de las que la Unión tiene responsabilidades, en lo que respecta a la actuación de la Unión, una protección similar a la que ya disfrutan en el contexto de la actuación de cada uno de los Estados miembros; recuerda que esto es tanto más pertinente cuanto que los Estados miembros han transferido a la Unión competencias importantes, en especial en los ámbitos comprendidos en el espacio de libertad, seguridad y justicia;

28.

Acoge con satisfacción el proyecto de acuerdo alcanzado por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa y la UE sobre la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y espera un dictamen favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el texto acordado; pide al Parlamento y al Consejo que ratifiquen el acuerdo rápidamente una vez que el TJUE se haya pronunciado definitivamente;

29.

Muestra su satisfacción por la valiosa protección adicional que brinda la adhesión al Convenio a los ciudadanos y a las personas respecto de las que la Unión tiene responsabilidades, en particular en el contexto del espacio de libertad, seguridad y justicia; subraya la excesiva duración del plazo fijado para la conclusión de las negociaciones de adhesión y lamenta que la UE aún no se haya adherido de forma efectiva al Convenio; recuerda que la adhesión a la UE depende de la ratificación no solo de los Estados miembros, sino también de los otros Estados parte del Convenio; pide a todas las partes implicadas que procedan a la ratificación lo antes posible;

30.

Condena enérgicamente el bloqueo y los retrasos experimentados por la UE en las negociaciones de adhesión al CEDH y pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que aceleren el proceso de adhesión de la UE al CEDH y que rechacen toda tentativa futura de menoscabar el papel, las competencias y los poderes del CEDH en relación a los derechos humanos y las libertades fundamentales de ciudadanos y residentes;

31.

Pide que se adopte la revisión del Reglamento relativo al acceso público a los documentos (11) sobre la base de las propuestas del Parlamento;

32.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen herramientas específicas basadas en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para compartir buenas prácticas en el ámbito europeo en la lucha contra la discriminación;

33.

Insiste en la importancia de que se tenga en cuenta la dimensión de género en todas las estrategias de integración de las personas con discapacidad, los inmigrantes, la población romaní y otras minorías, así como las personas excluidas;

34.

Señala que el Programa de Estocolmo está destinado a facilitar la libre circulación de los ciudadanos de la UE mediante la defensa y el respeto de todos los derechos y obligaciones que se derivan del espacio europeo de justicia, y que la cooperación judicial representa el principal instrumento para alcanzar este objetivo;

35.

Reconoce que las iniciativas en el ámbito del reconocimiento mutuo de situaciones jurídicas, sentencias y documentos desempeñan un papel importante a este respecto, ya que el reconocimiento mutuo, sin modificar los sistemas jurídicos de los Estados miembros, reduce las cargas económicas y burocráticas adicionales y los obstáculos jurídicos que pesan sobre ciudadanos, familias y empresas que hacen uso de sus libertades protegidas por el Tratado, respetando el Estado de Derecho y las libertades fundamentales;

36.

Recuerda que el Programa de Estocolmo contiene una serie de iniciativas de envergadura en el ámbito del Derecho civil, como un reconocimiento más sencillo de las sentencias, la validez de los testamentos en toda la Unión, procedimientos más sencillos para la aceptación de documentos públicos, una ejecución transfronteriza más sencilla del reembolso de deudas, e iniciativas de la Unión en el ámbito de la formación jurídica;

37.

Señala que, hasta el momento, solamente se han adoptado tres documentos legislativos en este campo, a saber, la refundición de Bruselas I (12), el Reglamento sobre sucesiones (13) y el Reglamento Roma III (14), de los que solamente el tercero resulta aplicable en la actualidad, y que, aunque la Comisión ha presentado un número significativo de propuestas recogidas en el Programa de Estocolmo, varias de las propuestas principales siguen pendientes, incluidas las relativas al reconocimiento mutuo de los efectos de los documentos de estado civil y a la decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades;

38.

Considera que el reconocimiento mutuo requiere que los ciudadanos y los profesionales del ámbito jurídico confíen en las instituciones judiciales de los demás Estados miembros; destaca que la consolidación de una auténtica cultura jurídica europea que respete plenamente los principios de subsidiariedad y de independencia judicial, el establecimiento de normas comunes y la comprensión de otros ordenamientos jurídicos, en particular a través de la formación, son elementos muy importantes para sostener la confianza y el reconocimiento mutuos; señala que la confianza y el reconocimiento mutuos pueden transformar gradualmente las tradiciones nacionales del Derecho civil a través del intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros; considera que este intercambio no debe mermar el valor de las tradiciones jurídicas nacionales;

39.

Constata que las iniciativas legislativas emprendidas hasta ahora en el ámbito del Derecho civil se han concentrado en gran medida en el Derecho sustantivo; pide que en el futuro se dedique una mayor atención al Derecho procesal;

40.

Insta a la Comisión a trabajar de forma efectiva para el establecimiento de un Convenio internacional sobre sentencias, con unos objetivos similares a los del Reglamento Bruselas I;

41.

Acoge con satisfacción la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas (15); subraya la necesidad de combatir el persistente fenómeno del «techo de cristal», que sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres;

42.

Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando el reconocimiento de determinados documentos públicos y eliminando así los trámites y colmando la brecha existente entre las instituciones y los ciudadanos de la Unión;

43.

Pide a la Comisión que, en línea con anteriores compromisos y siguiendo reiteradas peticiones del Parlamento, que prosiga los planes existentes de presentación de una propuesta —con un enfoque global— de Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de los efectos de todos los certificados de estado civil en la UE, con el fin de suprimir obstáculos jurídicos y administrativos para los ciudadanos de ambos sexos y sus familias que deseen ejercer su derecho a la libre circulación, y de que ciudadanos y residentes de la UE y sus familias conserven en toda la Unión Europea derechos vinculados a los estados civiles ya reconocidos jurídicamente en varias jurisdicciones europeas;

44.

Reitera su petición relativa a la adopción de un Código europeo de Derecho internacional privado;

45.

Pide a la Comisión que continúe desarrollando el programa de e-Justicia, a fin de ofrecer a los ciudadanos un acceso directo en línea a información jurídica y a la justicia;

46.

Reconoce que hasta el momento se han producido avances en el plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos y de los acusados en procedimientos penales, como la adopción de directivas sobre el derecho a interpretación y a traducción (16) y sobre el derecho a información en los procesos penales (17) o el acuerdo de una Directiva sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales (18); pide que se transpongan oportuna y correctamente y que se facilite formación a funcionarios, jueces, fiscales y abogados defensores; reitera que estas medidas son fundamentales para el adecuado funcionamiento de la cooperación judicial en la UE, en particular por lo que se refiere a la aplicación de medidas basadas en el principio del reconocimiento mutuo, como la orden de detención europea, y que es fundamental seguir progresando en la protección de los derechos de sospechosos e imputados; toma nota de las propuestas sobre asistencia jurídica, presunción de inocencia y salvaguardias para los menores; cree firmemente que especialmente ha de garantizarse de forma efectiva la asistencia jurídica para asegurar una aplicación efectiva de la Directiva sobre el derecho de acceso a un abogado; pide un debate sobre la protección de testigos y denunciantes (whistleblowers); pide que el refuerzo de los derechos procesales de sospechosos y de acusados en procedimientos penales tenga carácter prioritario en el programa que suceda al Programa de Estocolmo y recuerda que el programa de trabajo no es exhaustivo;

47.

Lamenta que quede trabajo pendiente por realizar con respecto a la prisión preventiva, la detención gubernativa y la detención de menores, ámbitos en los que la normativa de muchos Estados miembros no respeta plenamente los derechos humanos y otras normas internacionales; reconoce la necesidad de evaluar la eficacia del trabajo no legislativo sobre las decisiones marco existentes, de reconocer ampliamente los problemas de la legislación aplicable y las prácticas en materia de prisión preventiva en toda Europa identificados como parte de la consulta de la Comisión y de comprometerse a reconsiderar el establecimiento de normas mínimas de carácter ejecutivo en materia de prisión preventiva a través de medidas legislativas; pide a la Comisión que reconsidere el establecimiento de dichas normas en materia de prisión preventiva, detención gubernativa y detención de menores a través de medidas legislativas;

48.

Cree firmemente que la coherencia de los principios aplicados al desarrollo de un espacio de justicia penal en la UE debe constituir una prioridad, y que las instituciones de la UE deben cooperar estrechamente en este ámbito, tal y como señaló el Parlamento en su Resolución, de 22 de mayo de 2012, sobre un enfoque de la UE acerca del Derecho penal (19);

49.

Opina que debe fortalecerse la confianza mutua entre los Estados miembros armonizando el respeto de los derechos fundamentales en relación con los procedimientos penales y adoptando medidas comunes para garantizar la buena administración de la justicia y de las prisiones, que a menudo son la causa de la falta de confianza entre los Estados miembros, y que no se puede avanzar en el reconocimiento mutuo y la armonización del Derecho penal de la UE si se carece de información fiable sobre la aplicación de estas normas en los Estados miembros;

50.

Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534); cree firmemente que la creación de la Fiscalía Europea constituirá un paso importante hacia un mayor desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE; acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) (COM(2013)0535);

51.

Considera que son necesarios mayores esfuerzos para aplicar el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en el ámbito de la ejecución de las sentencias penales;

52.

Considera que un sistema judicial que sea eficaz, accesible y justo y que respete los derechos fundamentales es un potente motor de la democracia, la confianza y el bienestar de los ciudadanos, así como del crecimiento económico;

53.

Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos de las instituciones de la UE y los Estados miembros por fomentar el apoyo y la cooperación universales con la Corte Penal Internacional (CPI) como medio esencial para obtener justicia para las víctimas de crímenes recogidos en el Derecho internacional y promover el respeto del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos; alienta a todos los Estados miembros a que celebren acuerdos marco con la CPI, especialmente sobre la reubicación de testigos, la libertad provisional, la reubicación de personas absueltas y el cumplimiento de las sentencias; pide a los Estados miembros que, en tanto que Estados parte del Estatuto de Roma de la CPI, garanticen que esta última cuente con los recursos necesarios para cumplir su cometido y administrar justicia de forma sólida, justa y transparente;

54.

Insiste en la necesidad de ofrecer formación adecuada a los funcionarios (policía, personal sanitario, personal de juzgados, etc.) que puedan estar en contacto con casos en que se considera que la integridad física, psicológica y sexual de una persona está en peligro, en particular casos de mujeres víctimas de la violencia de género; pide a los Estados miembros que apoyen el trabajo de la sociedad civil —en particular, las ONG, las asociaciones de mujeres y otras organizaciones de voluntarios que prestan apoyo especializado— y que colaboren con dichas organizaciones, prestando apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género;

55.

Pide a los Estados miembros que ratifiquen el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y pide a la Comisión que proponga directrices de negociación para la adhesión de la UE a dicho Convenio lo antes posible;

56.

Observa los avances realizados por los Estados miembros y la Comisión en el marco de la Estrategia de Seguridad Interior (ESI) y el ciclo político de la UE en relación con la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional, especialmente en los ámbitos siguientes: lucha antiterrorista, delincuencia organizada transnacional (incluida la delincuencia económica), ciberdelincuencia y delincuencia facilitada por la cibernética (como la pornografía infantil), protección de infraestructuras críticas y lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la radicalización de la violencia y el comercio de armas de fuego ilícitas; señala, no obstante, que son necesarios mayores progresos en todos esos ámbitos;

57.

Hace hincapié en que la trata de seres humanos es un delito grave que afecta especialmente a las mujeres y que supone una violación de los derechos humanos y de la dignidad humana que la Unión no puede tolerar; lamenta el aumento de la incidencia de la trata de personas en la UE, a pesar de la entrada en vigor de la Directiva contra la trata de seres humanos en diciembre de 2011; solicita a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para invertir esta preocupante tendencia, garantizando la elaboración y la aplicación de una estrategia europea común, coordinada y ambiciosa, así como de legislación y medidas para luchar contra el tráfico ilícito y la trata de personas y contra las redes internacionales de la delincuencia organizada en este ámbito, de conformidad con la Directiva y centrándose especialmente en las mujeres y los niños; insiste en que las medidas para combatir la trata de seres humanos, el trabajo forzado, la inmigración irregular y el tráfico ilícito deben concentrarse en las causas originarias del problema;

58.

Lamenta que los Estados miembros no aplicaran o incorporaran plenamente en los procesos decisorios nacionales el Plan de Acción 2010-2013 de la UE sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear (QBRN) (COM(2009)0273); pide, por tanto, a la UE y a sus Estados miembros que refuercen la cooperación y la coordinación regionales y europeas en el campo de la QBRN y, en este sentido, pide también al Consejo que garantice la coordinación entre las autoridades nacionales y el Coordinador de la lucha contra el terrorismo;

59.

Insta a la Comisión a que intensifique y refuerce sus acciones para proteger los intereses financieros de la Unión y a que complete la reforma pospuesta de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, incorporando íntegramente la protección de datos y los derechos de los sospechosos sobre la base de definiciones penales apropiadas;

60.

Acoge con satisfacción la propuesta de Directiva sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea (COM(2012)0085); recuerda que el decomiso de los activos de procedencia delictiva es una de las herramientas más eficaces para combatir a las organizaciones delictivas;

61.

Cree firmemente que la política de lucha antiterrorista de la UE necesita hacer frente a la radicalización de grupos y las personas en las sociedades europeas y a la tendencia evidente hacia la individualización de las actividades terroristas en nuestras sociedades; pide una mejor coordinación de todos los servicios de la UE responsables de la aplicación de las políticas de lucha contra el terrorismo de la UE, concretamente el Coordinador de la lucha contra el terrorismo, Europol, el Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI), el Grupo «Terrorismo» (Aspectos Internacionales) (COTER) y Eurojust;

62.

Lamenta que la Comunicación de la Comisión, de 10 de abril de 2013, titulada «Segundo informe sobre la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE» (COM(2013)0179) sea poco crítica con las acciones llevadas a cabo en el marco de la ESI y reafirme las mismas prioridades de la Comunicación inicial de noviembre de 2010, sin tener en cuenta, en particular, las consecuencias de la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales cuyos artículos se aplican, en su mayoría, no solo a los ciudadanos de la UE sino a todas las personas presentes en el territorio de la UE;

63.

Recuerda que el Parlamento es actualmente un agente institucional de pleno derecho en el ámbito de las políticas de seguridad, por lo que está facultado para participar activamente en la definición de los elementos y las prioridades de la ESI, así como en la evaluación de estos instrumentos, en particular mediante un control de la aplicación de la ESI que deben realizar de manera conjunta el Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales y el Consejo, en virtud de los artículos 70 y 71 del TFUE; considera que el Parlamento debe desempeñar un papel fundamental en la evaluación y la definición de las políticas internas de seguridad, ya que estas tienen una repercusión significativa en los derechos fundamentales de todas aquellas personas que residen en la UE; hace hincapié, por consiguiente, en la necesidad de garantizar que estas políticas recaigan dentro de las competencias de la única institución europea elegida directamente que es responsable del control y la supervisión democrática;

64.

Opina que una evaluación adecuada de la aplicación, los efectos y los resultados concretos de las políticas y de la legislación dentro del ámbito de la seguridad interna, un análisis de las amenazas a la seguridad a las que hay que hacer frente, la toma en consideración de los principios de proporcionalidad y necesidad y un debate democrático son requisitos previos fundamentales para una ESI efectiva;

65.

Destaca que la ESI actual expirará en 2014; pide a la Comisión que comience a preparar una nueva ESI para el período 2015-2019 que tenga en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales en el Derecho de la Unión; pide al Consejo que tenga debidamente en cuenta las aportaciones del Parlamento para la nueva ESI antes de adoptar la nueva estrategia; toma nota de los análisis de Europol a este respecto, en particular los análisis de riesgo;

66.

Reconoce que la delincuencia transfronteriza está aumentando en la UE, por lo que hace hincapié en la importancia de que las agencias que trabajan en el ámbito de la cooperación policial y aduanera dispongan de financiación suficiente; cree que el «panorama» actual de los diferentes instrumentos, canales y herramientas para el intercambio de información policial a escala europea es complejo y fragmentario, lo que se traduce en un empleo ineficaz de los instrumentos disponibles y en un control y responsabilidad democráticos insuficientes a escala de la UE; pide una visión orientada al futuro sobre el modo de configurar y optimizar el intercambio de datos policiales en la UE, garantizando al mismo tiempo los derechos fundamentales, incluido un nivel elevado de protección de datos; señala que es necesario reforzar la confianza mutua entre las autoridades policiales para intensificar el intercambio de información;

67.

Rechaza el concepto de actuación policial preventiva sin una sospecha inicial, especialmente la propuesta de la UE relativa al registro de nombres de los pasajeros PNR y la idea de un sistema de seguimiento de la financiación del terrorismo en la UE; pide a la Comisión que anule la Directiva sobre la conservación de datos (20);

68.

Pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a crear centros de ayuda en zonas de prostitución conocidas con el fin de ofrecer a las víctimas ayuda psicológica y física inmediata;

69.

Pide a la Comisión que presente rápidamente propuestas encaminadas a incorporar al marco jurídico del Tratado de Lisboa los instrumentos existentes de cooperación policial transfronteriza adoptados con arreglo al antiguo tercer pilar, tales como la Decisión Prüm y la Iniciativa de Suecia;

70.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión del nuevo Reglamento sobre Europol sobre la base del nuevo fundamento jurídico que ofrece el Tratado de Lisboa, y confía en que este importante expediente legislativo se tramite con rapidez, en el pleno respeto de los principios del Tratado, de modo que Europol pueda cumplir más eficazmente su función en la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza;

71.

Lamenta que la UE no disponga todavía de recursos propios para prevenir catástrofes naturales o de origen humano y reaccionar ante ellas;

72.

Se congratula de la conclusión de las negociaciones sobre el conjunto de medidas relativas a la gobernanza de Schengen; pide a la Comisión que desempeñe plenamente sus funciones como coordinadora de las evaluaciones de Schengen y guardiana de los Tratados, a fin de evitar toda situación que pueda poner en peligro el funcionamiento del espacio de Schengen; recuerda que el espacio de Schengen depende de la confianza mutua y de que cada Estado miembro respete sus obligaciones, incluido el control de las fronteras exteriores, de conformidad con las disposiciones del Código de fronteras de Schengen, incluido también el uso de las tecnologías disponibles; destaca la importancia de la lucha contra el tráfico y el contrabando en las fronteras, incluido el tráfico de emigrantes; reitera su postura de que el espacio de Schengen debe ampliarse sin más dilación a Rumanía y Bulgaria;

73.

Considera que la inexistencia de controles en las fronteras interiores es uno de los mayores logros de la integración europea; solicita a la Comisión que preste especial atención a la ausencia de controles en las fronteras interiores, y rechaza firmemente todo intento de limitar la libre circulación de personas que no se ajuste al acervo;

74.

Reconoce que el espacio de Schengen es único en su género y que, hasta ahora, ha evolucionado paso a paso; opina, no obstante, que es necesaria una reflexión a largo plazo sobre su futura evolución; cree que, en el futuro, la vigilancia de las fronteras exteriores del espacio de Schengen deberá realizarse con el apoyo de una guardia europea de fronteras cuya formación debe incluir las normas en materia de derechos humanos;

75.

Acoge con satisfacción la reforma del mandato de Frontex y el acuerdo sobre Eurosur; se congratula de las nuevas normas de vigilancia de las fronteras marítimas, gracias a las cuales, salvar la vida de los emigrantes y respetar los derechos humanos de estos y de los solicitantes de asilo, incluido el principio de no devolución, son cuestiones prioritarias; recuerda que la Unión y sus Estados miembros deben respetar el Derecho internacional, el acervo y, especialmente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando intervengan en alta mar o cuando lleven a cabo la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión;

76.

Expresa su profunda tristeza y su dolor por la trágica pérdida de vidas en las fronteras de la UE, en particular en el Mediterráneo; reitera su opinión de que los ocurrido en Lampedusa debe marcar un verdadero punto de inflexión para la UE, y que la única manera de evitar otra tragedia es adoptar un enfoque coordinado basado en la solidaridad y la responsabilidad, respaldado por instrumentos comunes;

77.

Pide a la Comisión que informe sobre la situación de los centros de detención, en particular por lo que respecta al respeto de los derechos humanos, y adopte medidas relativas al funcionamiento de dichos centros en el futuro;

78.

Expresa su preocupación ante el número cada vez mayor de muertes, especialmente en el mar, y de vulneraciones de los derechos humanos durante las tentativas de los emigrantes irregulares de entrar en la UE; pide a la Comisión que informe al Parlamento antes de la celebración de un acuerdo entre Frontex y un tercer país; insiste en que tales acuerdos deben ofrecer garantías rigurosas del pleno respeto de la normativa sobre derechos humanos, también con respecto al retorno, las patrullas conjuntas y las operaciones de búsqueda y rescate o de interceptación;

79.

Recuerda la función clave que desempeñan Frontex y la Escuela Europea de Policía en la formación del personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los guardias de fronteras para que en la acción europea en materia judicial y de aplicación de la ley se respeten los derechos humanos de los inmigrantes;

80.

Hace hincapié en la petición del Consejo Europeo de que se refuerce el papel de Frontex de conformidad con el Programa de Estocolmo a fin de aumentar su capacidad para responder de manera más efectiva a unos flujos migratorios variables;

81.

Lamenta la tardía migración al Sistema de Información de Schengen II y el aumento de sus costes; acoge con satisfacción la implantación progresiva del Sistema de Información de Visados y el establecimiento de la agencia eu-LISA para la gestión operativa de ambos sistemas; subraya que estos nuevos sistemas han de superar ahora la prueba del uso cotidiano; reitera su petición de que «no deben introducirse nuevos instrumentos de gestión de fronteras ni sistemas de almacenamiento de datos a gran escala antes de que las herramientas actuales sean necesarias, plenamente operativas, seguras y fiables»; expresa su profunda preocupación por los casos señalados de piratería informática contra el Sistema de Información de Schengen, y considera que es necesario debatir la cuestión de la externalización de las actividades relativas a la gestión y el funcionamiento de los sistemas informáticos europeos de gran magnitud; pide a la Comisión que presente a tiempo las evaluaciones de estos sistemas previstos en los instrumentos jurídicos respectivos; lamenta la falta de progresos en relación con el uso seguro de documentos de filiación e identidad;

82.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en el ámbito del acervo en materia de visados, pero pide también una mejor aplicación de las normas en vigor; considera que los centros comunes de solicitud de visados han demostrado ser una herramienta útil que, en el futuro, podría convertirse en la norma; opina que un debate interinstitucional sobre los objetivos de la política común de visados debería definir las medidas que han de tomarse para seguir armonizando los procedimientos de visado, incluidas las normas comunes para la emisión de visados; pide que se concluyan nuevos acuerdos de facilitación de visados y que se supervisen y mejoren los ya existentes;

83.

Pide a los Estados miembros que aprovechen las disposiciones en vigor del Código de visados y del Código de fronteras de Schengen que permiten la expedición de visados por razones humanitarias, y que faciliten la concesión de refugio temporal a defensores de los derechos humanos que están en situación de riesgo en terceros países;

84.

Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que aumenten la movilidad de los trabajadores emitiendo visados temporales y facilitando el proceso para volver a presentar una solicitud a quienes ya están en el sistema; considera que así se incrementaría de forma eficaz la movilidad de los trabajadores al garantizar la seguridad jurídica y al aumentar la movilidad interna en la UE;

85.

Pide a la Comisión que siga mejorando los acuerdos actuales de facilitación de visados entre la Unión y sus vecinos del Este, y que trabaje por conseguir una zona donde se pueda viajar sin visado que permita el contacto entre las poblaciones;

86.

Recuerda que, en el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo destacó que «la migración bien gestionada puede ser beneficiosa para todos los interesados»; espera que se sigan realizando progresos en la adopción de legislación en el ámbito de la migración legal, y pide que se hagan mayores esfuerzos en el futuro, a la vista de los desafíos demográficos y las necesidades de la economía; cree, al mismo tiempo, que debe prestarse una mayor atención a la integración de los inmigrantes;

87.

Pide a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados miembros que sensibilicen al público en general y a los empresarios respecto del Portal de Inmigración de la UE; pide a la Comisión que supervise la transposición de la Directiva sobre la tarjeta azul e informe de su aplicación, como se prevé en la Directiva;

88.

Pide urgentemente un aumento de la transparencia, exigiendo a cada Estado miembro que informe anualmente sobre los progresos conseguidos por cada grupo minoritario específico en los sectores de la integración en el mercado laboral y de las repercusiones de la política de igualdad; anima a la Comisión Europea a presentar un «informe anual sobre las tendencias» que refleje los indicadores comparables de cohesión social acordados y fijados como objetivo, incluido el seguimiento en toda la UE de la situación de los recién llegados, los residentes de larga duración, los inmigrantes naturalizados y los hijos de inmigrantes desglosados por motivos de igualdad (etnia/raza, religión/creencias, género, edad, orientación sexual y discapacidad), con el fin de medir los progresos en materia de políticas de inclusión social a lo largo del tiempo; considera que, para tales fines, debe emplearse el Método Abierto de Coordinación;

89.

Reconoce que los últimos cambios y la agitación en el Norte de África y en Oriente Medio han intensificado la presión en las fronteras orientales y meridionales de la UE;

90.

Acoge con satisfacción la adopción del paquete de medidas en materia de asilo; pide a la Comisión que haga un seguimiento de la correcta aplicación de estas medidas en los Estados miembros a partir de la fecha de solicitud y que adopte las medidas necesarias para garantizar que las legislaciones nacionales sean acordes con la jurisprudencia; sugiere que, a partir de ahora, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) incluya esta nueva legislación en sus programas de formación;

91.

Solicita la creación de un centro de referencia en materia de género en la EASO;

92.

Lamenta la práctica continuada y sistemática de retener a los inmigrantes en centros de detención, tal y como ha destacado recientemente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; pide que se elaboren y se apliquen más alternativas a la detención, como la regularización de inmigrantes indocumentados conforme a criterios claros;

93.

Opina que, dentro del contexto del sistema de Dublín, en el futuro deberá valorarse la posibilidad de suspender las transferencias a Estados miembros sometidos a una presión considerable;

94.

Lamenta profundamente que haya fracasado el intento de aplicar los principios de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad establecidos en el artículo 80 del TFUE; cree que en el futuro será necesario adoptar medidas más eficaces y concretas, en particular para los Estados miembros que reciben más inmigrantes y más solicitudes de asilo; solicita la creación de un programa permanente de reubicación dentro de la UE coherente y voluntario para los beneficiarios de protección internacional;

95.

Cree que debe ampliarse la dimensión exterior de la política de asilo en relación con los procedimientos de reasentamiento y de entrada protegida; lamenta la participación hasta ahora limitada de los Estados miembros en el reasentamiento;

96.

Expresa su profunda preocupación por el destino de los nacionales de terceros países y los apátridas readmitidos de conformidad con los acuerdos de readmisión de la UE, incluidos los casos de detención indefinida, limbo jurídico o devolución al país de origen, y solicita que se excluyan de dichos acuerdos las cláusulas relativas a los nacionales de terceros países; destaca la importancia de aplicar las recomendaciones formuladas por la Comisión en la evaluación de los acuerdos de readmisión;

97.

Observa la importancia de reforzar la dimensión exterior de las políticas europeas en materia de libertad, seguridad y justicia, y pide que se refuerce la cooperación con los terceros países a todos los niveles en los ámbitos de la seguridad, la migración, los derechos fundamentales y la gestión de las fronteras;

98.

Señala que la Unión Europea y los Estados miembros deberían seguir integrando la inmigración en la cooperación al desarrollo e intensificando los acuerdos de asociación para promover la colaboración con los terceros países de origen y de tránsito en materia de lucha contra la trata de seres humanos, inmigración irregular, restauración de los vínculos familiares, retorno y readmisión, en el marco de los diálogos periódicos que la Unión Europea mantiene con esos Estados y de la acción del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); hace un llamamiento a la solidaridad con los terceros países vecinos de países inmersos en conflictos civiles que acogen a refugiados que tratan de escapar de los conflictos;

99.

Destaca que es necesario alentar las políticas de retorno voluntarias;

100.

Subraya que el Tratado de la Unión Europea otorga un lugar prominente a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, tanto en las políticas internas como en las políticas externas de la UE, en virtud de lo dispuesto en sus artículos 2, 3 y 21, y considera, por consiguiente, que deben fomentarse el respeto, la protección y la promoción de estos valores de forma coherente a fin de garantizar la credibilidad de la UE en el mundo; considera lamentable la persistente negativa de la Comisión a elaborar un Plan de acción de derechos humanos para promover los valores de la UE en la dimensión exterior de las políticas de libertad, seguridad y justicia, tal como se pedía en el Programa de Estocolmo;

101.

Insta a la Comisión y al SEAE a que adopten medidas concretas para garantizar una mayor coherencia y consistencia entre las políticas internas y externas de la UE;

102.

Cree firmemente que la UE y sus Estados miembros no deberían firmar acuerdos en materia de libertad, seguridad y justicia con terceros países en los que exista un grave riesgo de violación de los derechos humanos y en los que no se respete el Estado de Derecho; hace hincapié en que tales acuerdos deberían celebrarse solo tras una minuciosa evaluación de su impacto sobre los derechos humanos y deberían incluir una cláusula de suspensión relativa a los derechos humanos;

103.

Expresa su preocupación ante las crecientes exigencias impuestas a los países vecinos en relación con las políticas migratorias y de gestión de las fronteras de la UE; pide que se adopte un enfoque de cara a la migración y la gestión de las fronteras de la UE basado en los derechos humanos, de manera que se dé siempre prioridad a los derechos de los inmigrantes regulares e irregulares y otros grupos vulnerables; recuerda la aplicación extraterritorial del Convenio Europeo de Derechos Humanos en la ejecución de las políticas migratorias de la UE, como establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

104.

Pide una mayor coordinación entre los diálogos en materia de derechos humanos y las subcomisiones de justicia, libertad y seguridad instituidas mediante acuerdos con terceros países, en particular con los países incluidos en la política europea de vecindad y, de forma más general, con todos los implicados en los acuerdos de readmisión;

105.

Pide a la Comisión que proponga acciones para proteger y prestar asistencia a las mujeres víctimas de la trata de seres humanos y la explotación sexual con medidas que incluyan el desarrollo de sistemas de compensación, el retorno seguro, la ayuda a la reinserción en la sociedad de su país de origen en caso de regreso voluntario, la asistencia y ayuda durante su estancia en la UE y la cooperación con las autoridades de los países de origen para proteger a las familias de las víctimas de la trata y la explotación sexual;

106.

Considera que el proceso de elaboración de políticas debe tener el mayor nivel posible; opina que la definición de los problemas, el debate sobre las posibles soluciones y la elección entre las posibles opciones deben seguir un orden secuencial; señala que se necesita un mayor esfuerzo de investigación a escala europea, y que una cooperación más estrecha y un mejor intercambio de información entre las instituciones y agencias europeas y los Estados miembros contribuirían a mejorar la elaboración y la aplicación de la política;

107.

Lamenta que no se haya efectuado una evaluación objetiva de los avances realizados hacia la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia, así como la falta de información fiable sobre la aplicación del acervo por parte de los Estados miembros;

108.

Propone que se lleve a cabo una evaluación ex post sistemática, objetiva e independiente de la legislación y de su aplicación, que examine asimismo la necesidad permanente de legislación en este ámbito; señala, en particular, la importancia de efectuar a tal fin evaluaciones de impacto en la Comisión, el Parlamento y el Consejo, manteniendo al mismo tiempo normas elevadas y evitando una burocracia excesiva;

109.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de elaborar un cuadro de indicadores de la justicia en la UE destinado a garantizar un sistema judicial de calidad en el ámbito del Derecho civil, comercial y administrativo ya que, en última instancia, la aplicación concreta de la legislación está en manos de los tribunales;

110.

Hace hincapié en que unos sistemas judiciales de calidad pueden desempeñar un papel fundamental para restablecer la confianza, propiciar la vuelta al crecimiento y contribuir a la confianza y a la estabilidad; señala que unas resoluciones judiciales previsibles, puntuales y ejecutables son factores estructurales importantes de un entorno empresarial atractivo, tal y como señala la Comisión en su Comunicación «Cuadro de indicadores de la justicia en la UE — Una herramienta para promover una justicia efectiva y fomentar el crecimiento» (COM(2013)0160);

111.

Solicita a la Comisión que haga un mayor esfuerzo por supervisar y garantizar la aplicación de la legislación de la UE mediante medidas concretas por parte de los Estados miembros; considera que ello debe constituir un prioridad política, habida cuenta de la gran diferencia que se observa a menudo entre las políticas adoptadas a nivel europeo y su aplicación a nivel nacional; señala que cualquier planificación estratégica debe basarse en las experiencias pasadas en relación con la aplicación y que, por consiguiente, tal planificación no debe consistir únicamente en una lista de objetivos y prioridades, sino que debe prever con anticipación la evaluación de la aplicación; señala que, cuando se trata de los derechos de los ciudadanos y los residentes, ello debe hacerse desde el primer día de entrada en vigor del acto; considera que es preciso seguir trabajando para conseguir una correcta aplicación, también a través de la coordinación y la cooperación entre la Comisión, los Estados miembros y las agencias, y asistiendo a los Estados miembros mediante orientaciones, apoyo práctico e intercambio de buenas prácticas; opina que se deben determinar y abordar los motivos del incumplimiento de la legislación de la UE, en su caso a través de procedimientos de infracción;

112.

Opina que, para mejorar la calidad de la legislación de la UE en materia de libertad, seguridad y justicia, es imprescindible un esfuerzo conjunto por parte de los Estados miembros y las instituciones europeas para mejorar el intercambio de información sobre los distintos sistemas nacionales y proporcionar información jurídica precisa (sobre la legislación y las normas vigentes en los niveles nacional y regional), así como información sobre la aplicación de la legislación y las prácticas empleadas; pide una mayor coordinación interinstitucional;

113.

Lamenta que el Consejo no fomente más la participación del Parlamento en la elaboración de documentos estratégicos, como la estrategia en materia de drogas o la estrategia de seguridad interior;

114.

Considera que el desarrollo de una cultura judicial europea es un requisito fundamental para que el espacio de libertad, seguridad y justicia se convierta en una realidad para los ciudadanos a fin de garantizar una mejor aplicación del Derecho de la UE; pide, teniendo esto presente, que se haga un mayor hincapié en proporcionar formación judicial de la UE a todos los profesionales de la justicia y en la financiación necesaria para ello; señala la importancia de utilizar un enfoque ascendente en los programas de formación judicial, asegurar una mayor accesibilidad de los recursos informativos sobre Derecho europeo mediante tecnologías web (es decir, un portal de justicia en la red), mejorar el conocimiento del Derecho europeo y los conocimientos lingüísticos entre la judicatura, y establecer y mantener redes en este ámbito, así como de cualquier otra medida que facilite la cooperación judicial cotidiana para garantizar la confianza mutua y, por consiguiente, la cooperación y el reconocimiento mutuo;

115.

Opina que son necesarios la orientación, la coherencia y el establecimiento de parámetros de referencia en el espacio de libertad, seguridad y justicia; considera que tales objetivos requieren una programación adecuada elaborada en el espíritu del Tratado de Lisboa, de manera conjunta por el Parlamento, el Consejo y la Comisión;

116.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/21

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Visto el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad común,

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Vistos los artículos 2, 3, 21, 24 y 36 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vistos el título V del TUE y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el artículo 21, apartado 3, del TUE, que dispone que el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad asistirá al Consejo y a la Comisión para mantener la coherencia entre los distintos ámbitos de la acción exterior de la Unión,

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Visto el artículo 24, apartado 3, del TUE, según el cual los Estados miembros apoyarán activamente y sin reservas la política exterior y de seguridad de la Unión, con espíritu de lealtad y solidaridad mutua y respetarán la acción de la Unión en este ámbito y se abstendrán de toda acción contraria a los intereses de la Unión o que pueda perjudicar su eficacia como fuerza de cohesión en las relaciones internacionales, y el Consejo y el Alto Representante velarán por que se respeten estos principios,

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2012,

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Vistas las Conclusiones de la Conferencia Interparlamentaria sobre política exterior y de seguridad común y la política común de seguridad y defensa, de 6 de septiembre de 2013,

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Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la VP/AR al Parlamento Europeo y al Consejo, de 11 de diciembre de 2013, titulada «El enfoque integral adoptado por la UE en relación con los conflictos y las crisis exteriores» (JOIN(2013)0030),

—

Vistas su recomendación a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, al Consejo y a la Comisión, de 13 de junio de 2013, sobre la revisión de 2013 relativa a la organización y el funcionamiento del SEAE (1) y la revisión del SEAE en 2013 presentada por la Alta Representante en julio de 2013 (2),

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Vistas sus Resoluciones sobre la PESC y la PCSD, en particular su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la función de la Política Común de Seguridad y Defensa en caso de crisis provocadas por el clima y de catástrofes naturales (3),

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Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo,

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Visto el Informe de la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión sobre la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, de 15 de octubre de 2013,

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Visto el Informe del SEAE sobre la revisión de los procedimientos de gestión de crisis de la PCSD, adoptado por el Comité Político y de Seguridad (CPS) el 18 de junio de 2013,

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Vista la Carta de las Naciones Unidas,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0138/2014),

A.

Considerando que el Tratado de Lisboa y los actuales procesos de toma de decisiones ya establecen que «la Unión velará por mantener la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior y entre estos y sus demás políticas»; que este objetivo se beneficiaría de un mayor papel del Parlamento en las relaciones exteriores;

B.

Considerando que el carácter integral no solo se refiere a la aplicación conjunta de instrumentos y recursos de la UE, sino también a la responsabilidad compartida de los actores a escala de la UE y los Estados miembros, cuyas políticas, acciones y ayuda deben contribuir a lograr una acción exterior de la UE más coherente y eficaz;

C.

Considerando que, con el Tratado de Lisboa, la UE ha adquirido recientemente nuevos instrumentos de acción exterior que le permiten desarrollar una política exterior de la UE más activa, unificada y verdadera;

1.

Considera que se están llevando a cabo importantes cambios geoestratégicos, en particular debido a la aparición de un escenario internacional multipolar caracterizado por la presencia de nuevos actores con ambiciones de competir regional y globalmente, a la creciente interdependencia, al aumento de las amenazas asimétricas multidimensionales, a la reorientación de la política de seguridad de los EE.UU. hacia la región de Asia-Pacífico, a los crecientes conflictos por la energía y la seguridad de los recursos, a las consecuencias cada vez más graves del cambio climático y a una grave y duradera crisis financiera y económica mundial que afecta a todos los Estados miembros de la UE;

2.

Subraya que en un clima geopolítico de esas características la UE debe preservar y promover sus valores e intereses y su estabilidad en el escenario global, así como proteger la seguridad y la prosperidad de sus ciudadanos; subraya que esto exige un enfoque original para conformar, junto con nuestros socios estratégicos, un nuevo orden mundial multipolar incluyente, creíble, justo, cooperativo, basado en el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia y que pretenda conseguir la resolución de diferencias sin recurrir al conflicto armado;

3.

Hace hincapié en que la fuerza de la UE reside en su potencial para movilizar recursos a través de todos los instrumentos disponibles en los ámbitos de la diplomacia, la seguridad, la defensa, la economía, el comercio, el desarrollo y la acción humanitaria —en plena conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas— y que el uso de estos instrumentos en el marco de un enfoque integral le garantiza una flexibilidad única para abordar con eficacia los asuntos internacionales más difíciles y lograr sus propios objetivos políticos;

4.

Destaca la importancia de la coordinación eficaz y la coherencia en la acción exterior de la Unión Europea; coincide con la opinión de que los ámbitos relativos al desarrollo, las políticas y la seguridad son interdependientes y que el valor añadido de la UE a la hora de responder a las emergencias complejas reside en su capacidad para crear sinergias intersectoriales e interinstitucionales, con el fin de obtener resultados sostenibles sobre el terreno y lograr objetivos estratégicos a largo plazo;

5.

Subraya que el enfoque integral se considera hoy por todos los actores internacionales pertinentes (incluidos los organismos multilaterales y los Estados) la mejor manera de enmarcar una respuesta eficaz a las crisis multidimensionales y de fomentar la seguridad humana en el mundo, lo que se deriva directamente del reconocimiento desde hace mucho tiempo de que el intento de lograr la estabilidad exclusivamente por medio de un enfoque individual terminará probablemente fracasando;

6.

Recuerda, en particular, que las Naciones Unidas han desarrollado, desde 2006, el concepto de «enfoque integral» de las situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos, y que los miembros de la OTAN han adoptado, en la Cumbre de Lisboa de 2010, un nuevo concepto estratégico que insta a adoptar un enfoque integral de la gestión de las crisis;

7.

Subraya el hecho de que el Tratado de Lisboa ha establecido un marco que permite que la Unión adopte un enfoque más coherente, cohesionado e integral para garantizar la eficacia de las relaciones exteriores de la Unión, en particular mediante la creación de la figura del Alto Representante (AR) de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad —con un triple cometido, ya que también es Vicepresidente de la Comisión y Presidente del Consejo de Asuntos Exteriores—, y el establecimiento de un Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) unificador y eficaz;

8.

Lamenta que, a pesar de las innovaciones introducidas por el Tratado de Lisboa, persiste la falta de avances en la coherencia de la acción exterior de la Unión en los ámbitos relativos a la seguridad, las cuestiones humanitarias, el desarrollo, el comercio, la energía, el medio ambiente, las migraciones y otras cuestiones de alcance global; expresa su preocupación por que la Comisión a menudo adopte un enfoque restrictivo, protegiendo sus propias competencias en dichos ámbitos y minimizando las funciones de coordinación con el SEAE;

9.

Insta a los Estados miembros a que cumplan sus compromisos en virtud de los Tratados de apoyar activamente y en un espíritu de solidaridad mutua la política exterior y de seguridad de la Unión, y a que prosigan sus propias políticas en el respeto de la actuación de la Unión en este ámbito; pide a los Estados miembros que asuman un papel constructivo al promover la coordinación política estratégica a escala de la UE; destaca que la política exterior de la UE solo puede ser eficaz si los Estados miembros tienen la voluntad y capacidad para formular orientaciones políticas comunes, en particular en los organismos multilaterales, como las Naciones Unidas;

10.

Acoge con satisfacción la Comunicación conjunta «El enfoque integral adoptado por la UE en relación con los conflictos y las crisis exteriores», de 11 de diciembre de 2013; lamenta, no obstante, que se base más en procesos existentes que en un intento de explorar nuevas vías concretas para facilitar la cooperación institucional y práctica;

11.

Insiste en que el enfoque integral es responsabilidad común de todos los intervinientes de la UE en las instituciones de la UE, en sus Estados miembros o en misión en terceros países, y que, al mismo tiempo, se deben respetar plenamente las competencias específicas de cada institución o entidad;

12.

Pide un compromiso y un diálogo activos con los ciudadanos y con la sociedad civil a fin de garantizar la legitimidad y el entendimiento común del enfoque integral y de la política exterior de la UE en general;

13.

Considera que, para pasar de la teoría a la práctica en la búsqueda de un enfoque integral, es fundamental tener en cuenta los cuatro aspectos siguientes:

14.

Considera que el concepto de enfoque integral debe entenderse como el trabajo coordinado de todas las instituciones pertinentes (el SEAE y los servicios pertinentes de la Comisión, incluyendo ECHO, DEVCO, TRADE y ELARG, aunque también el Parlamento y el Consejo) en la prosecución de objetivos comunes en un marco definido y aprobado a escala de la UE y recurriendo a sus instrumentos más pertinentes, incluida la PCSD, cuando la situación de seguridad lo exija; cree que, hasta ahora, las deficiencias de carácter institucional y de procedimiento han impedido en gran medida una acción exterior coherente de la UE en la mayoría de las zonas de crisis en que esta ha actuado, lo que daña la credibilidad de la UE como actor global y promotor de seguridad;

15.

Recuerda que el Tratado de Lisboa crea el SEAE y la figura del VP/AR, con una triple función, para facilitar la unidad, la coherencia, la visibilidad y la eficacia de la acción exterior de la UE; subraya el hecho de que, hasta ahora, el potencial de esa triple función no se ha explotado plenamente; pide que el papel decisivo de coordinación que compete a la VP/AR como Vicepresidenta de la Comisión se refuerce dentro de la propia Comisión mediante el establecimiento de reuniones periódicas institucionalizadas del colegio de Comisarios del ámbito RELEX, presididas por la VP/AR y ampliadas a otros comisarios competentes; pide una reforma inmediata del SEAE basada en la revisión de 2013 y en las directrices del Parlamento, con el fin de aprovechar al máximo los escasos recursos financieros;

16.

Hace hincapié en que, si bien la cooperación resulta esencial, deben respetarse plenamente las competencias y los procedimientos de todas las instituciones y Estados miembros; pide a todos los intervinientes de la UE, por tanto, que actúen de buena fe y que hagan todo lo posible para permitir la prosecución de un enfoque integral;

17.

Considera que un enfoque integral requiere estructuras eficaces, flexibles y con capacidad de respuesta en el seno del SEAE; recuerda su opinión de que debe racionalizarse la estructura institucional del SEAE para garantizar la eficacia del proceso de toma de decisiones y del uso de sus instrumentos, incluidos los instrumentos civiles y militares de la PCSD, tal como se solicita en el informe del Parlamento de 2013 sobre esta materia;

18.

Subraya que el desarrollo del enfoque integral también debe garantizar la incorporación de la perspectiva de género y el equilibrio entre hombres y mujeres en la formulación, el desarrollo y la aplicación de todas las acciones exteriores de la Unión;

19.

Subraya la importancia del papel de mediación y diálogo en la prevención y resolución pacífica de conflictos; alaba los avances realizados por el SEAE en el refuerzo de sus capacidades de mediación y reitera su apoyo para seguir mejorando las capacidades de Europa en este ámbito; pide que la mediación se convierta en una importante característica estándar de todo enfoque integral futuro para cualquier región específica en crisis; destaca el papel del Parlamento en la elaboración y control de la política exterior común y pide al próximo Parlamento que asegure su eficacia y, sobre todo, su coherencia; señala el compromiso del Parlamento de participar activamente en las misiones de observación electoral, en la mediación y en el apoyo a la democracia; considera que la participación del Parlamento en procesos de mediación en Ucrania y en la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha demostrado el importante papel que los parlamentarios pueden desempeñar en este ámbito;

20.

Recuerda que se debe prestar una atención especial al respeto de los principios de la ayuda humanitaria (independencia, imparcialidad y neutralidad); cree que el acceso seguro a las poblaciones afectadas y la seguridad de los trabajadores humanitarios dependen sobre todo de la percepción que tengan de ellos los intervinientes influyentes en este ámbito, y que deben ser considerados como independientes de cualquier consideración política partidista; señala, sin embargo, que el servicio de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión (ECHO) forma todavía parte de la UE y, en consecuencia, está firmemente convencido de que debería hacerse más por mejorar la cooperación y coordinación entre ECHO y el SEAE;

21.

Acoge favorablemente la Comunicación conjunta «El enfoque integral adoptado por la UE en relación con los conflictos y las crisis exteriores» (JOIN(2013)0030), de 11 de diciembre de 2013, que ofrece la oportunidad de clarificar y hacer operativo este enfoque en el nuevo entorno institucional posterior a Lisboa, así como de consolidar el compromiso de la UE a favor de un marco de gran amplitud para su actividad en el ámbito de las relaciones exteriores; reconoce que la promoción y aplicación de una política tan ambiciosa presenta dificultades considerables; acoge favorablemente, en particular, la importancia que en la mencionada Comunicación conjunta se da a la conexión entre seguridad y desarrollo, que debe ser un principio básico en la aplicación del enfoque integral de la UE;

22.

Apoya firmemente la idea de una acción exterior más coherente; subraya que la UE no debe adoptar una definición restrictiva del enfoque integral; observa con agrado que la Comunicación conjunta fomenta una concepción del enfoque integral que cubra todas las etapas del ciclo del conflicto o de la crisis exterior mediante el aviso y la preparación por anticipado, la prevención de conflictos, la respuesta a la crisis y la gestión hasta la recuperación inicial, y la estabilización y consolidación de la paz para ayudar a los países a volver al camino del desarrollo sostenible y prolongado; recuerda que los objetivos de política exterior no deben colocarse en oposición a los principios del desarrollo y sobre una acción humanitaria basada en principios sólidos, ya que las tres políticas son complementarias;

23.

Recuerda que el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), y hace hincapié en el potencial de tensión entre la CPD, por un lado, y el enfoque integral de la gestión de las crisis fuera de la UE, por otro; subraya que el principal objetivo de la política de desarrollo de la UE es la erradicación de la pobreza, y que por lo tanto es esencial que los objetivos de lucha contra la pobreza no permanezcan al margen de la política exterior de la UE y que el enfoque integral no erosione el carácter civil de la cooperación al desarrollo; toma nota del hecho de que la Comunicación conjunta encomienda a la VP/AR y al Presidente de la Comisión la responsabilidad de garantizar la coherencia estratégica y operativa de las relaciones exteriores, incluido el examen de las repercusiones exteriores de las políticas interiores; pide a la VP/AR y al Presidente de la Comisión que se comprometan con esta responsabilidad;

24.

Señala que tanto el artículo 214 del TFUE como el Consenso Europeo en materia de Ayuda Humanitaria de 2008 protegen a la acción humanitaria basada en principios sólidos; pide la salvaguardia de los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia que son cruciales tanto para la eficacia de la acción humanitaria como para la seguridad de sus agentes; subraya con firmeza que la lucha contra el terrorismo y los programas de seguridad no deben mermar la capacidad de los agentes humanitarios de prestar asistencia, y que la ayuda humanitaria no debe, bajo ninguna circunstancia, utilizarse con fines políticos ni ser considerada un instrumento de gestión de crisis; señala que, para obtener acceso a las poblaciones necesitadas, la ayuda humanitaria no solo debe ser neutral, sino también ser percibida como tal; aunque reconoce que la prestación de un servicio humanitario basado en las necesidades debe gozar de cierta libertad de maniobra, pide un compromiso más amplio con los agentes de la ayuda humanitaria para definir mejor los parámetros de su relación con el enfoque integral;

25.

Expresa su opinión de que existe un fuerte vínculo entre el desarrollo y la prevención de conflictos, ya que la pobreza es a menudo la fuente principal y el resultado de los conflictos; hace hincapié en que la prevención contribuye a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible; observa con agrado que la Comunicación conjunta se centra en la prevención y pide que se mejoren los sistemas de alerta temprana de la UE; pide a la UE que siga apoyando a los países en situaciones de fragilidad a abordar las causas profundas y a establecer instituciones eficaces y responsables que presten servicios básicos y apoyen la lucha contra la pobreza; subraya la necesidad de elaborar una estrategia de la UE para los estados frágiles que integre en el sistema de la UE los principios sobre los estados frágiles del CAD de la OCDE, así como los objetivos de la Alianza con los Estados frágiles acordados en Busan en diciembre de 2011.

26.

Acoge favorablemente el compromiso con una estrategia a largo plazo expresado en la Comunicación conjunta, pues únicamente un compromiso a largo plazo y un desarrollo sostenible pueden fomentar la paz y la seguridad; pide una mejor coordinación de los objetivos a corto y a largo plazo de las políticas de la UE que respete debidamente los puntos de vista de las partes interesadas en el ámbito local;

27.

Hace hincapié en que, para ser efectivo, el enfoque integral de la UE debe basarse en la mayor medida posible en el análisis, la evaluación y la planificación conjuntos en el sistema de la UE, con una división clara de responsabilidades; señala, en este contexto, la importancia de la programación conjunta como medio para lograr la coherencia en la acción exterior;

28.

Considera que el enfoque integral debe basarse en una visión compartida por todos los intervinientes de la UE sobre el contexto estratégico en evolución en que se lleva a cabo la acción de la UE; pide, por lo tanto, un intercambio de información más regular y transparente, una política de coordinación y trabajo en equipo entre los actores de la UE en todas las fases de la acción de la UE; pide, además, que se desarrollen estructuras formales en las que pudieran tener lugar esos intercambios y en las que fuera posible emitir alertas tempranas, llevar a cabo análisis de la situación y el seguimiento de la crisis y de la fase posterior a la crisis, y con capacidad para integrar estructuras ya existentes (como la SitRoom de la Unión Europea, el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias y el sistema ARGUS); reitera la necesidad de un «Comité de Respuesta a las Crisis» en el seno del SEAE, que estaría presidido por la VP/AR y reuniría a todos los intervinientes relevantes en la gestión de crisis;

29.

Está convencido de que la prosecución de un enfoque integral también requiere mejorar la coordinación, bajo la dirección de la VP/AR, con las políticas internas de la UE que tienen una dimensión de política exterior importante, como el mercado interior, las migraciones, el medio ambiente y la energía;

30.

Pide una mejor alineación entre la política comercial y la política exterior común, también en materia de derechos humanos y desarrollo;

31.

Hace hincapié en que la mala coordinación y planificación de las políticas entre las instituciones pertinentes es en parte responsable de la deficiente ejecución de las políticas exteriores de la UE sobre el terreno; toma nota de que está mejorando desde que las delegaciones de la UE asumieron la función de coordinación sobre el terreno, aunque es necesario seguir avanzando para mejorar aún más la ejecución de las políticas exteriores de la UE sobre el terreno, en particular por lo que respecta a regiones en crisis y en relación con las actividades de la PESC;

32.

Pide el refuerzo de las capacidades de la UE para abordar desafíos globales, en particular la diplomacia en materia de clima; pide al SEAE que identifique las soluciones transaccionales de carácter político y que celebre acuerdos políticos que vinculen el clima y otros aspectos de las relaciones de la UE con los países socios; espera que, en el camino hacia la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebrará en París en 2015, el SEAE comience a utilizar su amplia red de delegaciones de la UE en todo el mundo con el fin de profundizar en el conocimiento europeo de los intereses y políticas nacionales de acción por el clima en los países socios;

33.

Subraya la determinación del Parlamento para garantizar que los instrumentos financieros exteriores de la Unión para el periodo 2014-2020 se han diseñado para facilitar la prosecución de un enfoque integral en las relaciones exteriores de la Unión, en particular, mediante la creación de instrumentos a través del nexo existente entre la prevención de conflictos, la gestión de crisis, el fomento de la paz, la cooperación al desarrollo y el fortalecimiento de alianzas estratégicas; subraya que el nuevo Instrumento de asociación también ofrece a la UE un medio para acompañar con recursos financieros las actividades de la política exterior con terceros países; destaca su determinación de ejercer plenamente su control democrático de la ejecución de estos instrumentos con objeto de asegurar que se utilizan los importantes pero limitados recursos de la Unión de una manera eficiente y rentable para la consecución de resultados; subraya el derecho del Parlamento, como parte de la revisión intermedia de los instrumentos financieros externos, a examinar la aplicación de los instrumentos y realizar los cambios necesarios;

34.

Lamenta la falta de ambición presupuestaria de la UE en el ámbito de la acción exterior para el periodo 2014-2020; pide una mejor previsión de las necesidades de financiación para la aplicación de las estrategias de la UE; lamenta que, en algunos casos, se hayan retrasado las acciones de la UE debido a cuestiones financieras; pide los problemas estructurales de este tipo queden subsanados en el futuro, en particular recurriendo a las nuevas disposiciones sobre el refuerzo de las capacidades para la participación y el despliegue en misiones civiles de estabilización (artículo 4 quater) del Instrumento de Estabilidad y Paz; recuerda asimismo la necesidad de revisar el mecanismo de financiación para las operaciones militares de la PCSD (conocido como mecanismo ATHENA), a fin de prever un reparto más adecuado y justo de los costes de las operaciones militares de la UE, permitiendo de este modo que todos los Estados miembros contribuyan mediante la generación de fuerzas o la financiación de los costes auxiliares;

35.

Recuerda a la VP/AR que el Parlamento ha revisado los instrumentos financieros exteriores de la Unión para el periodo 2014-2020 a fin de ofrecer margen para el refuerzo de la capacidad de los actores afines en el ámbito internacional, regional, gubernamental y de la sociedad civil que deseen trabajar con la Unión para alcanzar objetivos y defender al mismo tiempo nuestros valores fundamentales, como el fomento de la democracia;

36.

Acoge con satisfacción el reciente desarrollo de estrategias regionales de la UE para definir las prioridades políticas, comunicar objetivos políticos, coordinar respuestas políticas, crear asociaciones y centrarse en la aplicación de los recursos; pide la elaboración sistemática de estrategias de la UE que enmarquen y den coherencia a la acción de la UE sobre el terreno, elaboradas conjuntamente por el SEAE y por los servicios pertinentes de la Comisión (en particular DEVCO y ECHO), bajo la dirección de la VP/AR; pide a la Comisión que se implique activamente en sus ámbitos de competencia desde el mismo comienzo de esta coordinación;

37.

Insiste en que estas estrategias deben establecer claramente tanto los objetivos y las prioridades de la UE como los plazos específicos de ejecución y determinar qué instrumentos son los más adecuados para la acción (que pueden ser, entre otros, la ayuda humanitaria y al desarrollo, la acción y la mediación diplomáticas, las sanciones económicas o la PCSD); insiste en que el papel y la contribución de la PCSD deben formar parte del análisis político inicial y de la definición de objetivos políticos, lo que facilita la participación temprana de los responsables de la planificación de la PCSD y de los organismos parlamentarios pertinentes a escala nacional y europea; expresa su satisfacción, en este contexto, por la evolución positiva de un marco político para el enfoque de crisis en misiones y operaciones en el ámbito de la PCSD, y pide que ello se amplíe a todas las iniciativas de respuesta a la crisis;

38.

Acoge con satisfacción, en particular, el Marco estratégico de la UE para el Cuerno de África, cuyo objetivo es lograr la estabilidad en esta región estratégica mediante la lucha contra la piratería y sus causas subyacentes, el establecimiento de autoridades legítimas en Somalia y la promoción de la cooperación regional a través de la utilización simultánea de los instrumentos exteriores de la UE, en colaboración con los socios locales pertinentes en la materia; recuerda, no obstante, que la acción de la UE en la región se ha llevado a cabo sobre la base de las iniciativas pioneras de la PCSD (a saber EUNAVFOR Atalanta y EUTM Somalia) y, posteriormente, del recurso a otros instrumentos de la UE, por lo que el enfoque integral en el Cuerno de África es más un éxito empírico y pragmático ex-post que una estrategia bien diseñada y planificada; cree firmemente que, en el futuro, las estrategias de la UE tienen que elaborarse antes de que la UE intervenga en una región, no después;

39.

Lamenta que, aun cuando las estrategias están definidas, a menudo la UE no logra ponerlas en práctica, y en su lugar se ve obligada a tomar medidas de contingencia y de emergencia; recuerda que este ha sido el caso especialmente en la región del Sahel, para la cual se había aprobado por unanimidad un documento de estrategia de la UE muy completo y bien elaborado (Estrategia de la UE para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, de 2011) que, sin embargo, no logró una ejecución satisfactoria, lo que condujo a que la situación en Malí se deteriorara drásticamente; pide un análisis de este caso particular, así como —de una manera más general— un análisis exhaustivo de las alertas tempranas en las regiones clave inestables, con el fin de establecer iniciativas concretas de prevención de conflictos y mediación y, como resultado de ello, mejorar las medidas en la fase inicial mediante un cambio de política por el que se pase de los enfoques centrados en la reacción a un enfoque más adecuado y eficiente centrado en la prevención;

40.

Señala que numerosos conflictos actuales a escala nacional, regional e internacional también están provocados por el cambio climático y que, en consecuencia, el enfoque integral debe incorporar el concepto de seguridad humana; recuerda los estudios publicados por el PNUMA en diciembre de 2011 sobre la situación en la región del Sahel, en los que se indica que el aumento de temperaturas ha provocado escasez de agua y ha supuesto una gran presión para las poblaciones locales, en particular, cuyos medios de vida dependen de recursos naturales como la agricultura, la pesca y la ganadería, lo que ha traído consigo, en algunos casos, violencia y conflictos armados;

41.

Está convencido de que, cuando las crisis no se pueden evitar, la UE debe ser capaz, con rapidez y eficacia, de desplegar los medios civiles y militares adecuados, así como movilizar instrumentos complementarios de la UE para todo tipo de operación de gestión de crisis, incluidos los casos de crisis humanitarias; pide la aplicación de los artículos pertinentes de los Tratados en materia de respuesta rápida, en especial el artículo 44 del TUE; subraya, en este contexto, la necesidad de contar con expertos políticos y de seguridad en las delegaciones de la UE pertinentes;

42.

Insiste en que la UE debe ser capaz de consolidar la paz y la estabilidad a largo plazo; pide que se definan con mucha antelación estrategias de transición claras entre los instrumentos de respuesta ante crisis a corto plazo (sobre todo los instrumentos diplomáticos, la PCSD, los instrumentos de ECHO y el nuevo Instrumento de Estabilidad y Paz) y los instrumentos posteriores a la crisis (especialmente el Instrumento de Estabilidad y Paz y la ayuda al desarrollo), con el fin de mantener el progreso logrado en el terreno; acoge con satisfacción —como un importante primer paso— la cooperación eficaz entre el SEAE y la Comisión en el apoyo a la misión de la PCSD en Mali, y la consideración, en una fase temprana, de una estrategia de salida para la EUTM Mali;

43.

Pide a la UE que siga avanzando para actuar como un todo a nivel de cada país, con un claro reparto de responsabilidades y bajo la dirección de un jefe de delegación, responsable de la ejecución de la política exterior de la UE en el país, y que materialice una coordinación a nivel local con los Estados miembros y con el gobierno y la sociedad civil del país de acogida, así como con otros socios internacionales; pide a los Estados miembros que se comprometan a llevar a cabo una acción unificada de la UE en terceros países y que garanticen la debida concertación de la coordinación y articulación de las acciones sobre el terreno con las instituciones de la UE, en particular con la Comisión y el SEAE; lamenta, en este sentido, que la actuación autónoma por parte de los Estados miembros en terceros países, especialmente en sociedades que salen de un conflicto y en fase de democratización, sin la articulación adecuada entre ellos y la delegación de la UE sobre el terreno, haya resultado perjudicial para los objetivos e intereses de la UE, así como para su credibilidad frente a esos terceros países y otros socios internacionales;

44.

Subraya que, para el éxito de un enfoque integral, también se requiere el desarrollo de asociaciones exteriores a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros, con el objetivo de incluir a otros socios internacionales y multilaterales, socios estratégicos, países de acogida, organizaciones regionales, actores de la sociedad civil y el sector privado, salvaguardando la autonomía en la toma de decisiones de la UE;

45.

Insta a la UE a que asegure una participación eficaz de la UE en los trabajos de la AGNU, haciendo uso de todas las competencias que le concede su estatuto de organización de integración regional;

46.

Reitera que, de conformidad con los objetivos del Tratado de Lisboa de mejorar la política exterior de la UE y su papel en favor de la paz mundial, la asignación a la UE de un puesto permanente en un Consejo de Seguridad ampliado sigue siendo un objetivo a largo plazo de la Unión; pide a la VP/AR que tome la iniciativa para elaborar una posición común de los Estados miembros a tal efecto; sugiere, al objeto de alcanzar dicho objetivo en el futuro, trabajar en la coordinación previa de las posiciones en el Consejo de la UE sobre la incorporación de nuevos miembros al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como sobre la reforma de su sistema de toma de decisiones para avanzar hacia la posible introducción de mayorías supercualificadas;

47.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/28

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Vistas sus resoluciones sobre anteriores informes anuales de la Comisión y de la Oficina para la Lucha contra el Fraude (OLAF),

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Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 24 de julio de 2013, titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude — Informe anual 2012» (COM(2013)0548)), incluidos sus anexos (SWD(2013)0283, SWD(2013)0284, SWD(2013)0285, SWD(2013)0286 y SWD(2013)0287),

—

Visto el informe de la OLAF — Informe anual 2012,

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Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2012, junto con las respuestas de las instituciones (1),

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Vista la propuesta de Reglamento relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de julio de 2013 titulada «Mejorar la gobernanza de la OLAF y reforzar las garantías procedimentales en las investigaciones: un enfoque gradual para la creación de la Fiscalía Europea» (COM(2013)0533),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de julio de 2013, titulada «Protección mejorada de los intereses financieros de la Unión: Creación de la Fiscalía Europea y reforma de Eurojust» (COM(2013)0532),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de mayo de 2011, sobre la protección de los intereses financieros de la UE a través del Derecho penal y de las investigaciones administrativas. Una política integrada para salvaguardar el dinero de los contribuyentes (COM(2011)0293,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de junio de 2011, sobre la estrategia de la Comisión contra el fraude (COM(2011)0376),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, titulada «Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal» (COM(2012)0722),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de septiembre de 2013, sobre la protección del presupuesto de la Unión Europea para terminar 2012 (COM(2013)0682),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, titulada «Aplicación de correcciones financieras netas a las cifras de los Estados miembros en el ámbito de la Política Agrícola y la Política de Cohesión» (COM(2013)0934),

—

Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE (COM(2014)0038),

—

Vista la Directiva 2013/43/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude (2),

—

Vista la Directiva 2013/42/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA (3),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

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Visto el Reglamento (UE) no 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se establece un programa para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (programa «Hércules III») y por el que se deroga la Decisión no 804/2004/CE (4),

—

Vista la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (5),

—

Visto el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo (6),

—

Visto e1 Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (7),

—

Visto el Dictamen no 1/2014 del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre las prioridades de la política de investigación de la OLAF,

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Visto el Reglamento (CE, Euratom,) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (8),

—

Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre el Informe anual 2011 sobre la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude (9),

—

Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2011, sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción (10),

—

Vistas su Declaración, de 18 de mayo de 2010, sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción (11), y la Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2011 titulada «Lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2011)0308),

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (12)),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe del Comité de Control Presupuestario (A7-0195/2014),

A.

Considerando que, según las estimaciones de la Comisión, cada año deja de recaudarse en la UE un billón de euros debido al fraude, la evasión y la elusión fiscales y la planificación fiscal agresiva, lo que supone un coste aproximado de 2 000 euros anuales por cada ciudadano de la Unión;

B.

Considerando que la protección de los intereses financieros de la UE es un elemento fundamental de la agenda política de la Unión para consolidar e incrementar la confianza de los ciudadanos y garantizar que el dinero de los mismos se utiliza correctamente;

C.

Considerando que el Tratado de Lisboa reforzó considerablemente los instrumentos para actuar en favor de la protección de los intereses financieros de la UE y obliga tanto a la UE como a sus Estados miembros a combatir todas las formas de actividad ilegal que afecten a los intereses financieros de la UE;

D.

Considerando que la amplia diversidad de sistemas y tradiciones jurídicas de la UE convierte la protección de los intereses financieros de la Unión contra el fraude y contra cualquier otra actividad ilegal en un reto urgente especialmente exigente e ineludible;

E.

Considerando que para proteger los intereses financieros de la Unión y de lucha contra el fraude es necesario un enfoque integrado que incluya estrategias de lucha contra el fraude y la corrupción mediante acciones legales eficaces, coherentes y equivalentes en todo el territorio de la Unión; considerando que la UE y los Estados miembros comparten esta responsabilidad y que, especialmente en tiempos de restricciones presupuestarias, es fundamental que exista una estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros;

F.

Considerando que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tiene la responsabilidad de proteger los intereses financieros de la Unión investigando los casos de fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilegal, y que su Comité de Vigilancia se creó con el fin de reforzar y garantizar la independencia de la OLAF mediante un seguimiento periódico del ejercicio de su función investigadora;

G.

Considerando que los Estados miembros son los principales responsables de la ejecución de aproximadamente el 80 % del presupuesto de la UE;

H.

Considerando que los Estados miembros son responsables del cálculo de la base armonizada del IVA, del cambio del tipo aplicado al IVA y del cobro de los recursos propios y que estos tres elementos tienen un impacto en el presupuesto de la Unión;

I.

Considerando que, a petición del Parlamento Europeo, la Comisión ha adoptado recientemente una serie de medidas importantes en materia de lucha contra el fraude;

J.

Considerando que la magnitud del fraude y la evasión fiscal, en todas sus formas, y de la corrupción en la UE socava la confianza de los ciudadanos en la Unión; considerando que se necesitan más garantías de integridad y transparencia en relación con el gasto público;

1.

Hace hincapié en que la Comisión y los Estados miembros deben hacer todo cuanto esté en sus manos para luchar contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; señala que una cooperación y coordinación estrechas entre la Comisión y los Estados miembros son fundamentales para garantizar la protección eficaz de los intereses financieros de la Unión y que, por lo tanto, se debe reforzar este tipo de cooperación y coordinación con carácter prioritario y hacerlas lo más eficaces posibles; recuerda que la protección de los intereses financieros de la Unión requiere el mismo nivel de vigilancia, tanto por lo que respecta a los recursos como a los gastos;

2.

Recuerda que el fraude es un comportamiento irregular voluntario que constituye, en ciertos casos, una infracción penal y que el hecho de no respetar una norma constituye una irregularidad; lamenta que el informe de la Comisión no aborde el fraude en profundidad y trate muy exhaustivamente las irregularidades; recuerda que el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se refiere al fraude y no a las irregularidades y pide que se haga una distinción entre fraudes y errores o irregularidades;

3.

Toma nota del informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude — Informe anual 2012» («el Informe anual de la Comisión»); destaca que, a petición del Parlamento Europeo, el informe pone de relieve dos elementos nuevos:

4.

Pide a la Comisión que, en el momento de iniciar el procedimiento para la presentación del informe anual sobre el PIF, presente al Parlamento un informe sobre el seguimiento y la aplicación que ha dado a las recomendaciones aprobadas por el PE sobre el informe PIF del año precedente, y que dé una explicación razonada sobre aquellas demandas que no ha tenido en cuenta o no ha podido llevar a cabo; en el mismo sentido, solicita a la OLAF que realice el mismo ejercicio para las medidas que hayan sido solicitadas por el Parlamento en el mismo informe.

5.

Acoge con satisfacción las principales iniciativas emprendidas por la Comisión, a petición del Parlamento Europeo, para la elaboración de una nueva normativa europea en materia de política de lucha contra el fraude y, en particular, la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, con el fin de aclarar y armonizar la legislación penal de los Estados miembros en relación con los delitos relacionados con el presupuesto de la UE (COM(2012)0363), la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534) y la propuesta de Reglamento sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) (COM(2013)0535), así como la modificación del Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y al refuerzo de los derechos procesales de las personas afectadas por una investigación de la OLAF; reconoce la importancia de calibrar bien y evaluar exhaustivamente estos actos legislativos; pide al Consejo que se tome el tiempo necesario y no concluya las negociaciones de forma apresurada, con el fin de desarrollar un marco jurídico europeo sólido y fortalecer el aspecto institucional de la protección de los intereses financieros de la Unión existente; hace hincapié en que debe evitarse una transición prematura hacia el procedimiento de cooperación reforzada; acoge también con satisfacción el plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, y la reforma del sistema del IVA en la Unión, iniciados ambos en 2011;

6.

Señala que en 2012 el número de irregularidades fraudulentas ha sido prácticamente igual al de 2011, con 1 231 irregularidades denunciadas como fraudulentas, si bien su impacto financiero se ha reducido ligeramente hasta un total de 392 millones de euros; señala la prevalencia del fraude en los ámbitos de la política de cohesión y la agricultura (en particular, en los sectores del desarrollo rural y la pesca), que siguen siendo los dos grandes sectores problemáticos, con un impacto financiero estimado, respectivamente, en 279 millones y 143 millones de euros; subraya, no obstante, que por lo general, el número de irregularidades fraudulentas notificadas y los importes correspondientes entran dentro de la definición más amplia de fraude y que no debe considerarse que dan la medida de los niveles de fraude; pide que se haga una distinción clara entre fraude, error e irregularidad en el informe anual de 2013 sobre «Protección de los intereses financieros de la Unión — Lucha contra el fraude»;

7.

Señala que, en 2012, las irregularidades no fraudulentas notificadas a la Comisión aumentaron aproximadamente un 6 % en comparación con 2011, con un impacto financiero correspondiente a unos 2 900 millones de euros (más del doble que en 2011, en particular, en los ámbitos de la política de cohesión y los gastos directos); observa con preocupación que este aumento refleja principalmente el efecto de las irregularidades relativas a grandes cantidades, pero también se debe a las irregularidades sistemáticas notificadas en el momento de cierre de los programas;

8.

Observa que, en 2012, las medidas correctivas adoptadas por la Comisión respecto de los Estados miembros han aumentado de manera significativa — sobre todo en el ámbito de la política de cohesión — por un valor de 3 700 millones de euros, lo que también se debe al cierre del periodo de programación 2000-2006;

9.

Señala que las recomendaciones de la Comisión destinadas a los Estados miembros en 2011 — en particular, a propósito de las irregularidades fraudulentas y no fraudulentas señaladas, la recuperación de los importes irregulares, el control del resultado de las investigaciones penales y la mejora de sus estadísticas sobre el fraude — eran apropiadas en su conjunto, y lamenta que algunas recomendaciones no se hayan tenido plenamente en cuenta; pide a los Estados miembros que den seguimiento a las recomendaciones de la Comisión formuladas en 2011 y 2012, que garanticen un seguimiento exhaustivo de las recomendaciones formuladas en su informe de 2012 y que proporcionen una explicación razonada para aquellos casos en los que no han sido capaces de poner en práctica dichas recomendaciones;

10.

Propone estudiar la creación de un cuerpo de funcionarios aduaneros europeos especializados en la lucha contra el fraude, que apoye a las autoridades aduaneras nacionales;

11.

Reconoce que, en el ámbito de los recursos propios tradicionales, la cantidad que se debe recuperar a consecuencia de casos de fraude y otras irregularidades detectados en 2012 llegó a los 444 millones de euros de los cuales 208 millones ya han sido recuperados por los Estados miembros; señala que en 2012 se recuperaron otros 83 millones de euros relacionados con casos detectados entre 1989 y 2011;

12.

Lamenta que los ingresos por recursos propios hayan dejado de ser la principal fuente de ingresos del presupuesto de la UE, ya que solo constituyen el 20 %, de modo que la correcta recaudación del IVA y de los aranceles aduaneros tienen un impacto directo no sólo para la economía de los Estados miembros y el presupuesto de la Unión Europea sino también para los contribuyentes europeos; recuerda que, según las estimaciones de la Comisión, cada año 1 000 billones de euros dejan de recaudarse en la UE debido a la evasión y el fraude fiscal, lo que supone un coste aproximado de 2 000 euros anuales por cada ciudadano de la UE;

13.

Acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión para reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscales; insiste en que tanto la Comisión como los Estados miembros deben seguir concediendo prioridad absoluta a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, para lo que es necesario elaborar una estrategia de cooperación y coordinación reforzada y pluridimensional entre los Estados miembros y con la Comisión que permita una mejor utilización de los instrumentos existentes, la consolidación de la legislación existente, la adopción de las propuestas pendientes y la cooperación administrativa; señala que la cooperación reforzada de las autoridades tributarias, policiales y judiciales dentro de un mismo país también es fundamental; pide que se preste especial atención al desarrollo de mecanismos de prevención y de detección precoz, a la evaluación de los resultados, a la mejora de los sistemas de recaudación de ingresos y a una mayor y más eficaz vigilancia del tránsito aduanero, que sigue siendo uno de los ámbitos con mayor índice de corrupción sistémica en Europa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sean también más activos a escala internacional con el fin de establecer normas de cooperación basadas principalmente en los principios de transparencia, buena gobernanza e intercambio de información;

14.

Pide a la Comisión que realice periódicamente un análisis comparativo de las diferencias en el rendimiento de los sistemas nacionales de recaudación de los recursos propios tradicionales, incluyendo la identificación y difusión de las mejores prácticas en materia de eficiencia del proceso de recuperación en todos los Estados miembros y proponga en su caso las medidas necesarias correspondientes;

15.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que, por lo que se refiere a los ingresos por recursos propios tradicionales, el número de irregularidades no fraudulentas notificadas en 2012 se ha mantenido estable, pero que su importe total es un 20 % superior a la media para el período 2008-2012;

16.

Pide que se complete el análisis de la brecha entre el nivel de los ingresos teóricos y los ingresos reales recaudados en concepto de IVA y que dicho análisis se incluya en el informe de la Comisión para tener una mejor visión general del déficit para las finanzas de la Unión; recuerda que la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida debe ser un objetivo permanente de la Comisión y los Estados miembros;

17.

Manifiesta su satisfacción por el hecho de que el 98 % de los recursos propios tradicionales se recaudan normalmente, pero insta a la Comisión a que continúe sus esfuerzos por el 2 % restante sujeto a fraude e irregularidades;

18.

Señala que los organismos policiales han observado un mayor abuso del Sistema Informatizado para la Circulación y el Control de los Impuestos Especiales (EMCS) por parte de los grupos delictivos; considera que existe una falta de controles físicos de los bienes que se transportan en el marco del EMCS; hace hincapié en que una inversión adicional en controles puede dar lugar a un aumento de la recaudación de impuestos y a una mayor prevención de la evasión fiscal; señala además que, de conformidad con el artículo 21, apartado 3, y con el artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2008/118/CE, las autoridades competentes del Estado miembro de expedición y del Estado miembro de recepción verificarán por vía electrónica los datos del borrador de documento administrativo electrónico y de la notificación de recepción; cree firmemente que deben establecerse criterios conforme a los cuales las instituciones competentes de los Estados miembros controlen físicamente los productos sujetos a impuestos especiales listos para envío y/o recibidos;

19.

Entiende que el aumento de las inspecciones también podría tener la ventaja añadida de eliminar los negocios o empresas pantalla creados por delincuentes únicamente para facilitar el fraude; observa que, hasta la fecha, son las propias empresas las que confirman la información relativa a la expedición y recepción de mercancías sujetas a impuestos especiales en el EMCS; pide a la Comisión que tome la iniciativa para hacer más estrictos los derechos de acceso al EMCS con el fin de incluir un historial completo de cumplimiento antes de comerciar para poder conferir a las empresas el estatus de «operador económico habilitado» («empresa fiable»), a fin de que solo estas empresas puedan utilizar directamente el EMCS; pide a la Comisión que presente los resultados de los estudios en curso sobre la necesidad de modificar la Directiva 2008/118/CE;

20.

Pide que los controles de verificación llevados a cabo por los Estados miembros a las personas y empresas que solicitan la inclusión en el registro sean más rigurosos y exhaustivos; entiende que es fácil declarar erróneamente las mercancías para evadir los impuestos especiales; pide, a este respecto, un mayor grado de cooperación con las autoridades tributarias;

21.

Considera que los plazos permitidos para la circulación de productos sujetos a impuestos especiales entre depósitos autorizados son exageradamente largos; entiende que dichos plazos permiten múltiples movimientos en la misma declaración y su desvío antes de que se introduzca la fecha de entrega en el sistema; pide que el expedidor informe inmediatamente de los cambios a la institución competente del Estado miembro de destino declarado y de nuevo destino; pide, además, que el plazo máximo permitido para presentar la notificación de recepción de los bienes sujetos a impuestos especiales sea de un día hábil y que la duración del trayecto se calcule y se fije para cada entrega de conformidad con el tipo de medio de transporte utilizado y la distancia entre los lugares de expedición y destino;

22.

Considera que las garantías exigidas para establecer depósitos fiscales son demasiado bajas en comparación con el valor de las mercancías sujetas a impuestos especiales; cree que debe existir una variable dependiente del tipo de mercancías y del nivel de comercio que se produce en realidad;

23.

Expresa su preocupación por el hecho de que los Estados miembros hayan aplicado sus propios sistemas EMCS sobre la base de unos requisitos definidos en términos generales por la Comisión; pide a la Comisión, a este respecto, que tome la iniciativa de establecer un sistema más uniforme en toda la UE;

24.

Toma nota de que, según el nuevo estudio publicado en 2013 sobre la brecha del IVA, financiado por la Comisión en el marco de sus trabajos para reformar el sistema del IVA en Europa y reprimir la evasión fiscal, en 2011 se perdieron 193 000 millones de euros en concepto de ingresos por IVA (1,5 % del PIB), debido a la falta de cumplimiento o a la no recuperación; señala, no obstante, que la brecha del IVA no se debe solo al fraude, sino también a las quiebras y la insolvencia, a los errores estadísticos, a la morosidad y a la evasión de impuestos, entre otros factores; añade que, en este contexto, resulta evidente que la lucha eficaz contra la brecha del IVA requiere un enfoque multidisciplinario y concertado; destaca la importancia de poner en práctica nuevas estrategias y de hacer un uso más eficaz de las estructuras de la UE existentes para combatir más intensamente el fraude en materia de IVA;

25.

Acoge con satisfacción el hecho de que la reforma del IVA puesta en marcha en diciembre de 2011 ya haya proporcionado herramientas importantes para una mejor protección contra el fraude en materia de IVA; se congratula, en este sentido, de la adopción en julio de 2013 de las Directivas sobre el mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA y sobre la aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y pide a los Estados miembros su rápida aplicación;

26.

Opina asimismo que es apropiado hacer hincapié en la necesidad de simplificar el sistema del IVA para las empresas en toda la Unión Europea; acoge con satisfacción, en este sentido, las nuevas medidas para facilitar la facturación electrónica y las disposiciones especiales para las pequeñas empresas que entraron en vigor en 2013, y espera la aplicación de un formulario de declaración de IVA estándar para toda la UE; espera que la ventanilla única que estará operativa para los servicios electrónicos y las empresas de telecomunicaciones en 2015 favorezca el cumplimiento y simplifique los procedimientos en materia de IVA para las empresas;

27.

Pide a los Estados miembros que reformen sus sistemas tributarios nacionales para hacerlos más simples, justos y eficientes, con el fin de facilitar el cumplimiento, prevenir, disuadir y sancionar el fraude y la evasión, y mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos; pide asimismo a los Estados miembros que tengan en cuenta las recomendaciones específicas por país formuladas por la Comisión en 2013; acoge con satisfacción el reiterado llamamiento de la Comisión a los Estados miembros para que amplíen las bases imponibles nacionales y limiten las exenciones y reducciones fiscales, lo que no solo permitirá que los Estados miembros simplifiquen los sistemas tributarios, sino también evitará aumentos en los tipos normales del IVA;

28.

Hace hincapié en que, de hecho, el número de irregularidades fraudulentas en 2012 y su impacto se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles que el año anterior;

29.

Observa que, de media, se tardan dos años y siete meses en detectar una práctica fraudulenta desde que se inicia; observa, además, que antes de notificarse la irregularidad a la Comisión transcurren otros siete u ocho meses; muestra su preocupación por el hecho de que las directrices sobre los plazos de notificación de irregularidades fraudulentas u otras irregularidades por parte de los Estados miembros a la OLAF, si es que existen dichas directrices en los Estados miembros, no solo difieren entre ellos, sino también entre ámbitos políticos; espera que la Comisión elabore unas directrices europeas amplias para la notificación a la OLAF de irregularidades fraudulentas u otras irregularidades; recuerda que el personal de las instituciones europeas tiene la obligación de revelar a la OLAF, sin demora y sin que pueda exigírsele responsabilidad debido a esta revelación, los fraudes de los que tenga conocimiento en el marco de su función;

30.

Señala que, por lo que se refiere a los ingresos, el número de casos de fraude notificados en 2012 es un 20 % más bajo que el promedio de los años 2008 a 2012; acoge con satisfacción el hecho de que los análisis llevados a cabo por la Comisión muestran una clara tendencia a la disminución del número de casos de fraude durante dicho período;

31.

Señala que, por lo que se refiere a los gastos, el aumento en el número de irregularidades notificadas como fraudulentas es escaso en número y en valor y que se trata de modos operativos ya identificados; destaca que, en el período 2008-2012, solo el 5 % de los casos notificados constituía verdaderamente un fraude; señala que, al igual que en años anteriores, la mayoría de las irregularidades fraudulentas se detectaron en el ámbito de la política de cohesión: el 50 % del total y el 63 % de los importes correspondientes; subraya que, de las 1 194 irregularidades notificadas como fraudulentas, 9 se refieren a casos de corrupción y que todos los casos se detectaron en el ámbito de la política de cohesión; muestra su preocupación por el hecho de que la incidencia de dichos casos va en aumento; subraya su inquietud por la evolución hacia formas de fraude más simples que, probablemente, reflejan intentos fraudulentos debido a la crisis económica por parte de beneficiarios que, en circunstancias normales, no hubieran cometido una infracción; considera que estas tendencias deben vigilarse y estudiarse en los años venideros;

32.

Pide que los casos de corrupción que afecten a los intereses financieros de la UE se consideren un fraude a efectos de la aplicación del artículo 325, apartado 5, del TFUE y se incluyan en el informe anual de la Comisión Europea sobre «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude»;

33.

Señala que, por lo que se refiere a los recursos naturales (agricultura, desarrollo rural y pesca), las irregularidades notificadas como fraudulentas en 2012 aumentaron en casi un 50 % en comparación con 2011, debido a la comunicación por parte de un solo país de 56 casos, todos ellos con el mismo modo operativo, vinculados a la misma investigación y relativos exclusivamente al Fondo Europeo Agrícola de Garantía; observa que la proporción de fraude comprobado en la agricultura es ligeramente superior a la media global: alrededor del 6 % del total de casos notificados durante el período 2008-2012;

34.

Reconoce que, en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, los Estados miembros recuperaron 169,4 millones de euros reclamados a los beneficiarios durante el ejercicio 2012, aunque a finales de dicho ejercicio quedaban por recuperar 1 216,8 millones de euros; toma nota de que la tasa de recuperación del 43 % se ve considerablemente afectada por las bajas tasas de recuperación (por debajo del 30 %) de seis Estados miembros (13); pide a estos Estados miembros que adopten las medidas oportunas para que la tasa de recuperación sea más elevada;

35.

Reconoce que la política de cohesión ha resultado ser, desde hace varios ejercicios, el sector más crítico, en particular la política de desarrollo regional, pero que, al menos, el número de irregularidades notificadas como fraudulentas se mantuvo estable durante los últimos tres años; observa que la proporción de fraude comprobado es inferior a la media: alrededor del 4 % durante el período 2008-2012; celebra que los esfuerzos realizados por la Comisión en los últimos años ante las autoridades nacionales para sensibilizar a este sector contra el fraude parecen haber dado sus frutos y que la legislación de la Unión ha contribuido en un 59 % a la detección de las irregularidades fraudulentas; pide a la Comisión que intensifique y consolide su estrategia conjunta de lucha contra el fraude iniciada en 2008; se congratula asimismo de la reducción de los plazos de comunicación de los fraudes después de su detección;

36.

Lamenta, sin embargo, la falta de información sobre las cantidades que deben recuperarse y las tasas de recuperación relacionadas con la política de cohesión para el ejercicio 2012; pide a la Comisión que facilite información detallada al respecto en su futuro informe anual;

37.

Acoge con satisfacción la disminución constante desde hace tres años del número de irregularidades notificadas en el marco de la ayuda de preadhesión y señala que los doce nuevos Estados miembros han dejado poco a poco el sistema y que la ayuda de preadhesión está prácticamente cerrada; señala, no obstante, un aumento significativo de los importes debido a dos casos denunciados por un Estado; añade, con respecto al período de programación actual, que las irregularidades fraudulentas relacionadas con el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) mostraron una ligera disminución, probablemente debido a la demora en su aplicación;

38.

Subraya que los enfoques de los Estados miembros en el ámbito del fraude son cada vez más divergentes, sobre todo debido a las diferencias legales y de organización existentes, tanto entre Estados miembros como dentro de su administración, así como debido a los diferentes enfoques utilizados para la detección del fraude; está muy preocupado por el hecho de que, en los casos de irregularidades fraudulentas, algunos Estados miembros se limitan a aplicar correcciones financieras en lugar de investigar la posible infracción penal; hace hincapié en que la ausencia de investigación de las infracciones penales podría fomentar los comportamientos fraudulentos, socavando así la lucha contra el fraude y los defraudadores; pide a los Estados miembros en cuestión que inviertan más recursos en la lucha contra el fraude, incluso mediante procedimientos penales; pide a la Comisión que siga de cerca el funcionamiento y la eficacia de los sistemas de vigilancia y control vigentes en los Estados miembros y destaca que es importante que la Comisión establezca unos principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros; pide a los Estados miembros que pongan en práctica las recomendaciones de la Comisión, en particular en lo que respecta a la detección temprana, la simplificación de las normas y la comunicación rápida;

39.

Señala, además, que los Estados miembros siguen sin transmitir los datos a tiempo o suministran datos imprecisos; recuerda, además, que los Estados miembros utilizan distintas definiciones para tipos similares de delitos y no recaban datos estadísticos similares y pormenorizados siguiendo criterios comunes, lo que dificulta la recopilación de estadísticas fiables y comparables a escala de la UE, impidiendo la comparación y una evaluación objetiva por países de la magnitud del fraude; lamenta de nuevo que, como consecuencia, el Parlamento, la Comisión y la OLAF no pueden desempeñar adecuadamente su tarea de evaluar la magnitud total real de las irregularidades y el fraude en los distintos Estados miembros y formular recomendaciones; lamenta que esta situación impida identificar y sancionar a los Estados miembros con mayores niveles de irregularidades y fraude, como ha solicitado repetidamente el Parlamento; señala que la Comisión pidió a los Estados miembros que mejoraran sus estadísticas de fraude y se comprometió a hacer un mayor hincapié en la cuestión; subraya la importancia de que la Comisión establezca unos principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros a fin de garantizar que los datos recogidos sean comparables, fiables y suficientes; pide, por lo tanto, a la Comisión que informe al Parlamento sobre las medidas emprendidas para establecer un mayor grado de uniformidad y comparabilidad entre los datos estadísticos recopilados a nivel nacional; insta a los Estados miembros a que presenten de manera oportuna información exhaustiva que refleje adecuadamente el nivel real de fraude; pide al Tribunal de Cuentas que dé seguimiento a sus anteriores informes especiales sobre la actuación de la OLAF con el fin de determinar los efectos de la reorganización;

40.

Subraya el hecho de que una mayor transparencia que permita un control adecuado es la clave para detectar mecanismos de fraude; recuerda que, en años anteriores, el Parlamento instó a la Comisión a que adoptara medidas para garantizar un control unificado de la transparencia de todos los beneficiarios de los fondos de la UE en todos los Estados miembros, publicando en la página web de la Comisión una lista de todos los beneficiarios, independientemente del administrador de los fondos y sobre la base de categorías normalizadas de información que deben proporcionar todos los Estados miembros en al menos una lengua de trabajo de la Unión; pide a los Estados miembros que cooperen con la Comisión y que faciliten a esta información completa y fiable sobre los beneficiarios de los fondos de la UE gestionados por los Estados miembros; lamenta que esta medida no se haya aplicado y pide a la Comisión que la aplique urgentemente;

41.

Señala que, en 2012, la OLAF formuló 54 recomendaciones de acción judicial que se enviaron a las autoridades nacionales y recomendó la recuperación de aproximadamente 284 000 000 euros; lamenta la falta de información sobre el número de procedimientos judiciales iniciados y las cantidades realmente recuperadas sobre la base de las recomendaciones de la OLAF, así como sobre el índice de condenas en los casos relacionados con delitos perjudiciales para el presupuesto de la Unión; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que garanticen la aplicación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas tan pronto como los casos hayan sido investigados por la OLAF;

42.

Está seriamente preocupado, sin embargo, por el hecho de que, en algunas ocasiones, la OLAF desestimó casos y los devolvió a las direcciones generales para que tomasen medidas oportunas, incluso aunque estas últimas carezcan de competencias de investigación;

43.

Se congratula de que por fin se haya aprobado la modificación de las normas que regulan el funcionamiento de la OLAF y acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar la gobernanza de la OLAF y reforzar las garantías procedimentales en las investigaciones: un enfoque gradual para la creación de la Fiscalía Europea»; toma nota de los efectos iniciales de la reorganización y reestructuración de los procedimientos de investigación de la OLAF que tiene por objeto una clarificación de los derechos procesales de las personas objeto de una investigación, una mejora de la cooperación y el diálogo con los socios de la OLAF, procedimientos de investigación más eficientes y una disminución de los plazos de tramitación de las actividades de investigación, en particular, en la etapa de selección de los expedientes; toma nota, no obstante, de que el 1 de febrero de 2012 se abrieron simultáneamente 421 casos y se cerraron posteriormente durante 2012, la mayoría de ellos sin recomendaciones; señala, además, que en 2012 se cerraron muchos casos con una antigüedad superior a 24 meses en los que puede que no se hayan formulado recomendaciones en el momento de su archivo; observa, por otro lado, que este efecto circunstancial es responsable de la reducción de la duración media de las investigaciones;

44.

Señala que desde 2012 la OLAF ha establecido las prioridades de la política de investigación con carácter anual con el fin de mejorar su procedimiento de selección de investigaciones; observa cambios significativos entre las prioridades de la política de investigación seleccionadas en 2012, 2013 y 2014 y, por lo tanto, muestra su preocupación por el riesgo de falta de coherencia en el procedimiento general de selección de investigaciones; considera que las futuras prioridades de la política de investigación siempre deben someterse a una evaluación exhaustiva basada en necesidades concretas, indicadores medibles y la experiencia adquirida con anteriores prioridades; pide a la OLAF que facilite información detallada sobre la forma en que decide las prioridades de la política de investigación;

45.

Toma nota del informe anual de la OLAF para el año 2012 y de que en este periodo la OLAF abrió 431 investigaciones y 287 casos de coordinación, cerró 465 casos, envió a las autoridades nacionales 54 recomendaciones para actuación judicial y recomendó la recuperación de casi 284 millones de euros (165,8 millones de euros de los ingresos y 118,2 millones de euros de los gastos), y

46.

Toma nota del Dictamen no 1/2014 del Comité de Vigilancia sobre las prioridades de la política de investigación de la OLAF y respalda sus recomendaciones, especialmente con respecto al establecimiento de directrices sobre la aplicación de indicadores financieros como criterio de proporcionalidad que ofrecería a la unidad responsable de la selección de casos una orientación más clara al respecto; espera, además, que la futura evolución de las prioridades de la política de investigación incluya un diálogo periódico entre el Director General de la OLAF y los directores generales cuyos ámbitos políticos están englobados en las prioridades y sus indicadores financieros;

47.

Toma nota de las observaciones del Comité de Vigilancia respecto a la política de minimis de la OLAF; recuerda que la política de minimis no es el único criterio para la selección de casos y que su objetivo es asegurar que la OLAF concentre sus esfuerzos y recursos en los casos más graves y complejos y que se asignen recursos humanos con el fin de maximizar la recuperación de las cantidades indebidamente gastadas del presupuesto de la UE; pide al Director General que tenga en cuenta las opiniones del Comité de Vigilancia al revisar la política de minimis de la OLAF; espera que se le informe debidamente sobre la decisión del Director General al respecto;

48.

Pide una mejora de la gobernanza de la OLAF a través de la revisión y consolidación continuas de los principales procedimientos de investigación; señala en este contexto la particular importancia que el Parlamento Europeo concede al control del cumplimiento de las garantías procesales y de los derechos fundamentales de las personas afectadas por una investigación;

49.

Acoge con satisfacción todas las iniciativas de la Comisión destinadas a luchar contra el fraude de manera más eficaz, con acciones innovadoras en relación con las sanciones, que complementen los esfuerzos orientados a la prevención y detección; considera que la introducción de cláusulas contra el fraude en los acuerdos internacionales, en la cooperación administrativa y en el ámbito de la contratación pública, constituye un importante paso en la defensa de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra la corrupción;

50.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1848/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, los Estados miembros deben facilitar información sobre la apertura o desistimiento de cualquier procedimiento destinado a imponer sanciones administrativas o penales relacionadas con las irregularidades notificadas, así como de los principales resultados de tales procedimientos; recuerda, además, que esta información debe indicar también el tipo de sanciones aplicadas o si las respectivas sanciones se refieren a la aplicación de la legislación de la UE o nacional, incluida una referencia a las normas de la Unión o nacionales en que se establecen las sanciones; pide que se le informe de forma pormenorizada mediante un análisis completo sobre los informes recibidos con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1848/2006 de la Comisión; señala que los Estados miembros deben introducir procedimientos de seguimiento contra el fraude y que las estadísticas relativas a los casos penales y su resultado son incompletas, lo que dificulta la evaluación de la investigación del fraude y los procesos judiciales en los Estados miembros así como la eficacia de las futuras políticas básicas;

51.

Acoge con satisfacción la publicación por la Comisión, en febrero de 2014, del primer informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE, que señala que la corrupción afecta a todos los Estados miembros de maneras muy diferentes y tiene un coste para la economía de la UE de alrededor de 120 000 millones de euros al año; acoge asimismo con satisfacción todas las sugerencias para intensificar los intercambios de buenas prácticas actuales y determinar las nuevas acciones pertinentes que deben adoptarse en el ámbito de la UE; subraya, en este contexto, que los ciudadanos europeos exigen garantías de integridad y transparencia totales en el gasto público especialmente ante los actuales desafíos económicos con la crisis económica y financiera como telón de fondo; está de acuerdo con la Comisión en que los resultados de las iniciativas adoptadas son muy desiguales y que debe hacerse más para prevenir y castigar la corrupción; lamenta, sin embargo, que el contenido del informe presente una visión global limitada de la corrupción en la UE; pide que se realicen esfuerzos adicionales a la altura de los desafíos sociales y económicos para prevenir y sancionar de manera eficiente la corrupción que afecta gravemente a la economía y al modelo social europeos y a los ingresos fiscales de los Estados miembros, y socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones;

52.

Pide al Tribunal de Cuentas Europeo que estudie y proponga recomendaciones desde su perspectiva y experiencia a través de la presentación de uno o varios informes sobre los principales problemas identificados por la Comisión en su informe sobre la corrupción, teniendo en cuenta, en particular, los resultados de los informes por país;

53.

Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento relativo a la creación de la Fiscalía Europea; subraya la necesidad de establecer un sistema coherente y complementario en materia de protección de los intereses financieros de la UE; alienta a la Comisión a que defina con precisión las funciones y los respectivos ámbitos de actividades de la futura Fiscalía Europea, Eurojust y la OLAF;

54.

Acoge con satisfacción la publicación, a raíz de la solicitud del Parlamento, del estudio de la Comisión sobre la identificación y reducción de la corrupción en la contratación pública en la UE, que desarrolla una metodología para medir los costes de la corrupción en la contratación pública en relación con los fondos de la UE; señala que los costes directos globales de la corrupción en la contratación pública en 2010 se estiman en entre 1 400 y 2 200 millones de euros para los cinco sectores estudiados en ocho Estados miembros (14); subraya el hecho de que el estudio recomendaba, entre otras cosas, una mayor transparencia en la contratación pública, una mejora de la auditoría y de los mecanismos de evaluación, el desarrollo de un sistema de recopilación central de datos de contratación pública, una actualización de la base de datos Tenders Electronic Daily (TED) y el refuerzo de la protección de los denunciantes; pide a la Comisión que facilite información sobre las políticas y medidas aplicadas para responder a estas recomendaciones;

55.

Señala que, según estimaciones oficiales, los Estados miembros de la UE perdieron más de 11 000 millones de euros al año en ingresos fiscales debido al contrabando de cigarrillos en beneficio de redes de delincuencia organizada, e insiste en que deben restablecerse los niveles de recursos y especialización aplicados a este ámbito en el pasado dentro de la OLAF; apoya firmemente a la Comisión y a la OLAF en la aplicación del plan de acción de lucha contra el contrabando de cigarrillos; pide, en este sentido, una mejor cooperación entre la OLAF y Europol;

56.

Considera indispensable que se desarrolle la red de agentes de enlace dentro de la OLAF en lo relativo a los principales países que pueden verse afectados por el contrabando;

57.

Pide que se le informe de la evolución de los debates sobre la posible renegociación de los acuerdos existentes y pide que se realice un estudio independiente sobre los acuerdos con la industria del tabaco para cuantificar el impacto del comercio ilícito de tabaco en los recursos propios y que se considere la posible ampliación de los acuerdos existentes a otros fabricantes además de los ya existentes, con el fin de garantizar una mejor trazabilidad de los productos desde la fase de producción hasta la distribución;

58.

Acoge favorablemente la adopción del Reglamento relativo al programa Hércules III para el período financiero 2014-2020; observa que, con un presupuesto de más de 104 millones de euros, el programa facilitará cofinanciación, entre otras cosas, para equipos de escaneo para la detección de mercancías de contrabando en camiones y sistemas de reconocimiento automático de código de contenedor y del número de matrícula para reforzar la lucha contra el contrabando y la falsificación; lamenta la falta de transparencia observada durante la aplicación del programa Hércules II en la compra y utilización de equipos técnicos por los beneficiarios y recuerda que la situación llevó al Parlamento a poner en reserva una cantidad determinada de créditos de la OLAF con cargo al presupuesto de la Unión de 2013 y 2014 a la espera de recibir información adecuada sobre este asunto; pide a la OLAF que siga facilitando información que incluya detalles del estado actual y la incidencia de los equipos financiados y que demuestre una mayor transparencia en la aplicación de Hércules III;

59.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité de Vigilancia de la OLAF y a la OLAF.

30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/39

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irán, en particular las de 10 de marzo de 2011 sobre la posición de la UE con respecto a Irán (1), de 17 de noviembre de 2011 sobre los recientes casos de violaciones de los derechos humanos en Irán (2), de 2 de febrero de 2012 sobre Irán y su programa nuclear (3), y de 14 de junio de 2012 sobre la situación de las minorías étnicas en Irán (4),

—

Vista la declaración conjunta realizada por la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamed Javad Zarif, el 24 de noviembre de 2013 en Ginebra, así como la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de 12 de enero de 2014,

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Vistas las conclusiones del Consejo de 15 de octubre de 2012 y 16 de diciembre de 2013, así como la modificación de las medidas restrictivas en vigor contra Irán, con arreglo a lo decidido por el Consejo en su reunión de 20 de enero de 2014,

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 21 de marzo de 2011, en las que anuncia la aplicación de medidas restrictivas contra los responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Irán,

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Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de 19 de septiembre de 2013 sobre la liberación de Nasrin Sotoudeh y otros presos de conciencia en Irán,

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Vistos el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, de 4 de octubre de 2013, su reciente declaración, de 22 de enero de 2014, en la que advierte del marcado aumento de ahorcamientos en Irán, y el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 10 de septiembre de 2013, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán (5),

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Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre una Estrategia de libertad digital en la política exterior de la UE (6),

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Vista la Declaración sobre los Criterios para Elecciones Libres y Justas, aprobada por unanimidad el 26 de marzo de 1994 por la Unión Interparlamentaria, de la que es miembro el Parlamento iraní,

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Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2013, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán (7), que «expresa profunda preocupación por las graves y repetidas violaciones de los derechos humanos en la República Islámica del Irán», entre las que también se incluye el recurso arbitrario, frecuente y continuo a la pena de muerte,

—

Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2013, sobre un mundo contra la violencia y el extremismo violento (8),

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Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que el 24 de noviembre de 2013 la Vicepresidenta/Alta Representante, Catherine Ashton, y los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Tres más Tres firmaron en Ginebra un acuerdo interino con la República Islámica de Irán (en lo sucesivo Irán) sobre la cuestión nuclear (que se detalla en el Plan de Acción Conjunto); que el 10 de enero de 2014, el Grupo de los Tres más Tres llegó a un acuerdo sobre las modalidades de aplicación del Plan de Acción Conjunto; que el periodo de seis meses para la aplicación del Plan de Acción Conjunto es fundamental y exige una acción simultánea y recíproca de ambas partes;

B.

Considerando que las elecciones presidenciales no se celebraron conforme a las normas democráticas que aprecia la UE; que, no obstante, el Presidente Hasán Ruhaní ha mostrado disposición a que las relaciones entre Irán y Occidente sean más abiertas y constructivas; que, además del acuerdo nuclear, la UE e Irán deben debatir varios temas, entre ellos los derechos humanos y la seguridad regional;

C.

Considerando que los compromisos asumidos en el Plan de Acción Conjunto son solo el primer paso hacia una solución más completa de la cuestión nuclear iraní, y que su objetivo es reducir las tensiones inmediatas y así dar más tiempo y margen para encontrar una solución diplomática global; que las actividades nucleares iraníes contravenían anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

D.

Considerando que la evolución política interna en Irán y el acuerdo interino alcanzado sobre la cuestión nuclear ofrecen una oportunidad única tanto para la realización de posibles reformas dentro de Irán como para la mejora de las relaciones exteriores con la UE;

E.

Considerando que las negociaciones sobre un acuerdo comercial y de cooperación global y sobre un acuerdo de diálogo político entre la UE e Irán comenzaron en 2002; que este proceso se interrumpió en 2005 a causa de las revelaciones sobre las actividades nucleares clandestinas de Irán y el rechazo del país a cooperar plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA);

F.

Considerando que la situación de los derechos humanos en Irán se sigue caracterizando por la violación continua y sistemática de los derechos fundamentales;

G.

Considerando que Irán tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, que incluye más de 7 millones de niños menores de 6 años;

H.

Considerando que Irán sigue negándose a cooperar con varios órganos de las Naciones Unidas en lo tocante a los derechos humanos, por ejemplo al denegar el visado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán e impedirle cumplir su mandato de manera independiente;

1.

Se felicita del acuerdo interino firmado en Ginebra entre el Grupo de los Tres más Tres e Irán sobre el programa nuclear iraní; considera vital que todas las partes sigan participando de forma constructiva en el proceso de negociación, con objeto de que el acuerdo global definitivo pueda celebrarse dentro del plazo acordado;

2.

Destaca que no puede haber ninguna alternativa a una solución pacífica negociada que aborde las preocupaciones de la comunidad internacional en cuanto al carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní y las cuestiones sensibles para Irán tanto desde el punto de vista regional como en materia de seguridad;

3.

Se felicita de las decisiones tomadas por el Consejo en su reunión de 20 de enero de 2014 con vistas a la aplicación del Plan de Acción Conjunto, en particular de las medidas relativas a la reducción parcial de las sanciones; destaca la importancia crucial de supervisar de forma fiable la aplicación por parte de Irán de sus compromisos con arreglo al Plan de Acción Conjunto; cree que, una vez que se alcance un acuerdo global que garantice la naturaleza exclusivamente pacífica del programa nuclear iraní, deberían eliminarse de manera progresiva las sanciones contra Irán relacionadas con las actividades nucleares;

4.

Destaca que el establecimiento de relaciones más constructivas con Irán depende de los avances del país en cuanto a la plena aplicación de sus compromisos con arreglo al Plan de Acción Conjunto; espera que los avances en cuanto a la aplicación del Plan de Acción Conjunto y a las negociaciones del Acuerdo de Ginebra allanen el camino para el establecimiento de unas relaciones más constructivas entre la UE e Irán, en particular en lo que se refiere a cuestiones de interés regional como pueden ser la guerra civil en Siria y la lucha contra todas las formas de terrorismo y sus causas, además de a ámbitos como el desarrollo económico, los acuerdos comerciales, el Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos;

5.

Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que emprenda todos los preparativos necesarios para la apertura de una delegación de la Unión en Teherán a finales de 2014 a más tardar; cree firmemente que sería un instrumento eficaz para influir en las políticas iraníes, que además brindaría apoyo al diálogo sobre cuestiones como los derechos humanos y de las minorías;

6.

Pide al Consejo que, siempre y cuando se produzcan progresos sustanciales en las negociaciones sobre la cuestión nuclear, entable un debate sobre las medidas específicas que podrían dar lugar a una mejora de las relaciones bilaterales entre la UE e Irán, incluidos un posible futuro marco contractual para estas relaciones y el desarrollo de la cooperación sectorial, centrándose por ejemplo en el ámbito de la lucha contra los estupefacientes (asegurando al mismo tiempo que los sospechosos reciban un juicio imparcial y no sean condenados a pena de muerte), la cooperación medioambiental, la transferencia de tecnología, el desarrollo y la planificación de infraestructuras, la educación y la cultura, la protección y la salud infantiles, y las iniciativas conjuntas para promover y proteger los derechos humanos; está preocupado por el posible brote de enfermedades infecciosas como la poliomielitis y el sarampión, en especial entre los niños, e insta a la UE a facilitar el acceso a los medicamentos pertinentes, que serían difíciles de obtener de otro modo debido a las sanciones;

7.

Observa con especial preocupación el empeoramiento de la situación medioambiental en Irán, en particular en relación con la escasez de agua, la desertificación y la contaminación del aire, e invita a la UE a facilitar la cooperación entre centros de investigación, organizaciones medioambientales y ciudades europeas e iraníes;

8.

Señala la importancia que tiene el comercio con Irán para muchas medianas empresas europeas, y subraya que este comercio debería contribuir positivamente a la aplicación del Plan de Acción Conjunto;

9.

Pide a la Comisión y al SEAE que, mientras tanto, utilicen todos los instrumentos de que dispone la UE para llevar a cabo una acción concertada que permita capacitar y desarrollar la sociedad civil iraní, aumentar los intercambios de estudiantes, artistas y otros visitantes, así como los intercambios culturales y académicos, y promover la participación de los jóvenes y el compromiso cívico; pide, en este sentido, un mayor intercambio y cooperación entre el SEAE y las ramas pertinentes de la Comisión, como la Dirección General de Desarrollo y Cooperación — EuropeAid;

10.

Pide que la UE siga una política más independiente con respecto a Irán, en coordinación al mismo tiempo con los aliados y socios;

11.

Considera que Irán debería ejercer su considerable influencia sobre Siria para poner fin a la sangrienta guerra civil, y pide a los dirigentes iraníes que adopten un papel constructivo en las iniciativas internacionales destinadas a encontrar una solución a la crisis siria; opina que Irán debería participar en todos los debates a tal fin, siempre y cuando se muestre comprometido en la búsqueda de una solución diplomática a las crisis en Siria y en la región;

12.

Considera que la intensificación del compromiso entre la UE e Irán sobre la base de una aplicación creíble del Plan de Acción Conjunto y, en el futuro, del acuerdo global definitivo, podría ser beneficiosa para la estabilización de la situación en Oriente Próximo; insta a la UE, en particular, a que facilite el diálogo entre Irán y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo;

13.

Opina que la UE, los EE. UU. e Irán deberían ampliar su cooperación en Afganistán, en particular respecto a la cuestión del tráfico de drogas y los asuntos humanitarios, como la protección de los refugiados, con vistas a proteger los avances en materia de derechos humanos para que se pueda dar al conflicto una solución pacífica y duradera; recuerda que Irán acoge aproximadamente a 3 millones de refugiados afganos, y pide a Irán, a los organismos de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que velen por el respeto de sus derechos básicos;

14.

Se felicita de la liberación de varios presos de conciencia en Irán, entre ellos el abogado especializado en derechos humanos y premio Sájarov Nasrin Sotoudeh, y pide a las autoridades iraníes que liberen a todos los defensores de los derechos humanos, presos políticos, sindicalistas y activistas laborales encarcelados, así como a los detenidos tras las elecciones presidenciales de 2009; toma nota, con interés, de la iniciativa de Hasán Ruhaní de redactar una Carta de los Derechos de los Ciudadanos; expresa, no obstante, su profunda y persistente preocupación por la situación de los derechos humanos en Irán, en particular por las denuncias generalizadas de casos de tortura, juicios injustos, también de abogados y defensores de los derechos humanos, e impunidad de las violaciones de los derechos humanos; manifiesta su alarma por el elevado número de ejecuciones en 2013 y 2014, incluso de menores; observa que la mayoría de las ejecuciones de 2013 se llevaron a cabo durante los últimos cinco meses del año; condena las restricciones a las libertades de información, asociación, expresión, reunión, religión, cátedra, enseñanza y circulación, así como la represión y la discriminación por motivos de religión, credo, etnia, género u orientación sexual que siguen existiendo, por ejemplo contra la comunidad bahaí, los cristianos, los apóstatas y los conversos;

15.

Opina que la Carta de los Derechos de los Ciudadanos debería cumplir plenamente las obligaciones internacionales de Irán, en particular en lo relativo a la no discriminación y el derecho a la vida, reforzando la prohibición de la tortura, velando por la plena libertad de religión y conciencia y garantizando la libertad de expresión, que actualmente está restringida por una disposición vagamente formulada sobre el «delito relacionado con la seguridad nacional»;

16.

Pide, por lo tanto, a la UE que incluya los derechos humanos en todos los ámbitos en sus relaciones con Irán; opina que el futuro marco político de las relaciones bilaterales UE-Irán debería prever un diálogo integrador de alto nivel con Irán en materia de derechos humanos; pide a la UE que entable con Irán un diálogo en materia de derechos humanos que incluya el poder judicial y las fuerzas seguridad y unos parámetros claramente definidos que permitan evaluar los progresos realizados; pide a la UE que respalde plenamente la labor del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, y pide a Irán que le conceda un visado de entrada inmediato e incondicional; anima a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Navi Pillay a aceptar la invitación de las autoridades iraníes para visitar el país; pide a Irán que declare una moratoria de la pena de muerte;

17.

Destaca que toda futura delegación del Parlamento Europeo a Irán debería asumir el compromiso de reunirse con miembros de la oposición política y activistas de la sociedad civil, así como de tener acceso a los presos políticos;

18.

Destaca la importancia de crear un entorno favorable para el correcto funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, incluido un marco jurídico reformado; pide a la UE que haga el mayor uso posible a nivel mundial de las Directrices de la UE sobre derechos humanos, incluidas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos, de la nueva flexibilidad que ofrece la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) 2014-2020, y del potencial de la Dotación Europea para la Democracia recientemente creada por la UE y los Estados miembros, a fin de prestar apoyo a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil iraníes;

19.

Se suma al llamamiento urgente de 772 periodistas iraníes al Presidente de Irán para que cumpla su promesa y permita la reapertura de la Asociación de Periodistas Iraníes;

20.

Insta a la UE a que examine la posibilidad de ofrecer, junto con organizaciones internacionales, asistencia técnica a Irán para ayudar en la reforma del Código Penal que prevé actualmente el Parlamento iraní; expresa, en particular, su preocupación por la imposibilidad de los detenidos de acceder a un abogado durante los interrogatorios, por las graves acusaciones de abusos cometidos antes de la acusación y durante la detención preventiva, y por los juicios a civiles ante tribunales revolucionarios; destaca que la independencia de injerencias políticas y la garantía de un juicio imparcial son condiciones fundamentales para elaborar un código penal moderno y esenciales para abordar las cuestiones de derechos humanos;

21.

Pide a Irán que colabore con los organismos internacionales de derechos humanos y sus propias ONG respondiendo a las recomendaciones de las Naciones Unidas y del examen periódico universal y permitiendo a las organizaciones internacionales de derechos humanos que lleven a cabo sus misiones;

22.

Opina que la cuestión de los derechos de la mujer debería, sin excepción, seguir siendo objeto de especial atención en todo diálogo entre la UE e Irán; considera que, pese a los progresos que ya se han realizado, la situación de la mujer en Irán se sigue viendo ensombrecida por una discriminación inaceptable, en especial en las cuestiones jurídicas y en lo que se refiere al Derecho de familia y a su participación en la vida económica y política;

23.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y Parlamento de la República Islámica de Irán.

30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/43

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Visto el artículo 215 del TFUE,

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Vista la propuesta de Recomendación de Guy Verhofstadt y Kristiina Ojuland, en nombre del Grupo ALDE, destinada al Consejo sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Serguéi Magnitski (B7-0473/2013),

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Vista su Recomendación, de 2 de febrero de 2012, destinada al Consejo sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas (1),

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Vista su Recomendación, de 23 de octubre de 2012, destinada al Consejo sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Magnitski (2),

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Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) Catherine Ashton, de 20 de marzo de 2013, sobre el caso Magnitski en la Federación de Rusia,

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Vista la declaración del portavoz de la VP/AR Catherine Ashton, de 12 de julio de 2013, sobre el caso de Serguéi Magnitski,

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Vista la Resolución y la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 28 de enero de 2014, sobre el rechazo de la impunidad para los asesinos de Serguéi Magnitski,

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Vistas las decisiones de los Estados Unidos de imponer restricciones de viaje a algunos funcionarios implicados en el caso Serguéi Magnitski y las intenciones similares en otros países,

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Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto (3),

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Visto el artículo 121, apartado 3, de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0215/2014),

A.

Considerando que la detención y el posterior fallecimiento en prisión de Serguéi Magnitski representan un caso bien documentado y significativo de desprecio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Rusia, han arrojado dudas sobre la independencia y la imparcialidad de sus instituciones judiciales y sirve de recordatorio de las numerosas carencias documentadas en materia de respeto del Estado de Derecho en Rusia;

B.

Considerando que dos investigaciones independientes, efectuadas por la Comisión pública de supervisión del respeto de los derechos humanos en los centros de detención de Moscú y por el Consejo presidencial ruso de desarrollo de la sociedad civil y los derechos humanos, pusieron de manifiesto que Serguéi Magnitski fue sometido a condiciones inhumanas, a un desamparo deliberado y a tortura;

C.

Considerando que, como miembro de varias organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y las Naciones Unidas, Rusia se ha comprometido a proteger y promover los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, y que la Unión Europea ha ofrecido reiteradamente asistencia y asesoramiento adicionales a Rusia para ayudarla a modernizar y respetar su ordenamiento constitucional y jurídico, en consonancia con las normas del Consejo de Europa;

D.

Considerando que cada vez es más necesario que la UE adopte una política de cara a Rusia firme, coherente y global, sostenida por todos los Estados miembros, en la que el apoyo y la asistencia se vean respaldados por una crítica firme y justa, que incluya sanciones y medidas restrictivas cuando sea necesario;

E.

Considerando que, aunque las restricciones en materia de visados y demás medidas restrictivas no son per se sanciones judiciales tradicionales, sí constituyen una señal política de la preocupación de la UE destinada a un público más amplio, por lo que siguen siendo una herramienta de política exterior necesaria y legítima;

F.

Considerando que la Alta Representante no ha incluido este asunto en el orden del día del Consejo de Asuntos Exteriores y que no se ha dado ningún seguimiento oficial a la recomendación del Parlamento Europeo de 26 de octubre de 2012;

1.

Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, y, para información, a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Duma y al Gobierno de Rusia.

30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/46

—

Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular sus artículos 21 y 34,

—

Vista la propuesta de recomendación al Consejo sobre el 69o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas presentada por Alexander Graf Lambsdorff, en nombre del Grupo ALDE (B7-0014/2014),

—

Visto el 68o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

—

Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 11 de junio de 2013, sobre el 68o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1),

—

Vistas las prioridades de la UE para el 68o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptadas por el Consejo el 24 de junio de 2013 (2),

—

Vistas la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de mayo de 2011, sobre la participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones Unidas (3) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de mayo de 2011, sobre la UE como actor global: su papel en organizaciones multilaterales (4),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad (5),

—

Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización (6);

—

Vistas la Resolución 2106 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 de junio de 2013, sobre el incremento de los esfuerzos contra la impunidad de los autores de delitos de violencia sexual, así como las resoluciones anteriores sobre este tema (7),

—

Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 18 de abril de 2013, sobre el principio de las Naciones Unidas de «Responsabilidad de Proteger» (8),

—

Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre la corrupción en los sectores público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países (9),

—

Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, sobre el 22o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (10),

—

Vistos el artículo 121, apartado 3, y el artículo 97 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0250/2014),

A.

Considerando que el compromiso con un multilateralismo efectivo, centrado en las Naciones Unidas, constituye un elemento intrínseco de la política exterior de la Unión, basado en la creencia de que se requiere un sistema multilateral para alcanzar objetivos comunes y abordar crisis, desafíos y amenazas a escala mundial;

B.

Considerando que la UE y sus Estados miembros son el mayor contribuyente al sistema de las Naciones Unidas (presupuesto ordinario, programas y fondos de las Naciones Unidas, y presupuesto para el mantenimiento de la paz);

C.

Considerando que una colaboración sólida y estable entre la Unión Europea y las Naciones Unidas es fundamental para la labor de esta organización en el marco de los tres pilares —paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo— y también para el protagonismo de la UE en la escena mundial;

D.

Considerando que los derechos humanos y la democracia son valores en los que se basa la UE y principios y objetivos de la acción exterior europea; considerando que el respeto por la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, así como su promoción y salvaguardia, constituyen las bases de la unidad y la integridad europeas;

E.

Considerando que, según el informe del Banco Mundial titulado «Turn Down the Heat» («Bajemos la temperatura»), las trayectorias de emisiones actuales provocarán probablemente un calentamiento de 2 oC en un plazo de veinte a treinta años y un calentamiento de 4 oC para 2100 »; que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha invitado a los jefes de Estado a asistir a la Cumbre sobre el Clima que se celebrará en septiembre de 2014 con el fin de asumir compromisos claros en favor de nuevas medidas relacionadas con el cambio climático;

F.

Considerando que, como mayor donante mundial, la UE apoya los esfuerzos redoblados para cumplir el plazo de 2015 para la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como un enfoque conjunto con miras a la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible;

G.

Considerando que la prioridad temática del 58o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer serán los retos y logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas;

H.

Considerando que la corrupción en los sectores público y privado provoca y agrava las desigualdades y la discriminación en lo que se refiere al disfrute equitativo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que está demostrado que los actos de corrupción y las violaciones de los derechos humanos están asociados al abuso de poder, la falta de responsabilidad y diversas formas de discriminación;

I.

Considerando que el desarrollo del principio de la «Responsabilidad de Proteger» es un paso importante para anticipar, prevenir y responder al genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad; que este principio debe aplicarse con tanta coherencia y uniformidad como sea posible;

J.

Considerando que tanto la ratificación de las enmiendas de Kampala por parte de los Estados como la concesión a la Corte Penal Internacional de competencia en relación con el crimen de agresión contribuirán a acabar con la impunidad de los autores de este crimen;

K.

Considerando que, en los casos en que se aplica el principio de la «Responsabilidad de Proteger», es de suma importancia mantener la distinción de mandatos entre agentes militares y humanitarios, con el fin de garantizar la percepción de la neutralidad e imparcialidad de todos los actores humanitarios y evitar poner en peligro la prestación eficaz de ayuda y asistencia;

1.

Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

a)

que promueva activamente el seguimiento y aplicación específicos de la Declaración de la Reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional, de 24 de septiembre de 2012, y que explore hasta qué punto puede vincularse el Estado de Derecho con las reflexiones en curso sobre los ODM para después de 2015;

b)

que potencie los esfuerzos internacionales para que todos los derechos humanos acordados en convenciones de las Naciones Unidas se consideren universales, indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí, así como para garantizar que estén siendo respetados efectivamente; que fomente la incorporación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los aspectos del trabajo de las Naciones Unidas;

c)

que intente consolidar el proceso de Examen Periódico Universal (EPU) incorporando las recomendaciones en los diálogos bilaterales y multilaterales con los miembros de las Naciones Unidas, en particular, en sus diálogos en materia de derechos humanos; que fomente un entorno que permita que las ONG aporten sus contribuciones en las diferentes fases del proceso de EPU;

d)

que promueva una amplia contribución de la sociedad civil a los diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, también en las distintas fases del proceso de EPU; que, con el fin de contrarrestar las presiones e incluso las represalias, y supervisando estrechamente al mismo tiempo los posibles casos dentro de las ONG y la sociedad civil, ofrezca apoyo al desarrollo de capacidades de las instituciones de derechos humanos;

e)

que reitere su pleno apoyo a la Corte Penal Internacional y que se mantenga atento por lo que se refiere a cualquier intento de socavar la legitimidad, universalidad e integridad del sistema del Estatuto de Roma; que se esfuerce activamente para que los Estados que todavía no se han adherido a este sistema lo firmen y ratifiquen rápidamente; que milite por la ratificación de las enmiendas de Kampala de 2010 sobre el crimen de agresión por todos los Estados miembros;

f)

que milite activamente por la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional por todos los miembros de las Naciones Unidas; que redoble sus esfuerzos por concluir las negociaciones relativas a un convenio exhaustivo sobre terrorismo internacional; que apoye la creación de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre delitos financieros, corrupción y derechos humanos;

g)

que pida a los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas que hagan de la plena transparencia en la elaboración de informes corporativos y de la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales, los paraísos fiscales, los flujos financieros ilícitos y las estructuras tributarias perniciosas una prioridad absoluta de las agendas de las instituciones financieras y de desarrollo internacionales;

h)

que destaque que los beneficios del desarrollo no serán sostenibles sin una buena gobernanza, unas instituciones responsables y democráticas y el Estado de Derecho; que garantice, por tanto, que el nuevo marco refleja un claro compromiso con la gobernanza democrática;

i)

que promueva la prevención de atrocidades y otras violaciones graves transformando el ACNUR en un mecanismo de alerta temprana y prevención, y no manteniéndolo como un organismo puramente reactivo a fin de evitar una nueva escalada de violaciones de los derechos humanos;

j)

que introduzca iniciativas temáticas concretas, promoviendo la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y adoptando medidas pertinentes que aborden preocupaciones clave en materia de derechos humanos, incluidos los esfuerzos en pro de la abolición de la pena de muerte y la protección de los derechos de las personas en situaciones vulnerables, como los niños, las mujeres, las personas LGBTI o los indígenas;

k)

que condene los abusos sistemáticos de los derechos humanos en la República Islámica de Irán;

l)

que reitere la importancia de luchar contra la tortura y otras formas de malos tratos y la prioridad que otorga la UE a esta cuestión, especialmente en relación con los niños; que renueve el mandato del Relator Especial por otros tres años, y que garantice un seguimiento efectivo de las resoluciones sobre la tortura; que dé muestras de un compromiso común para erradicar la tortura y apoyar a las víctimas, sobre todo manteniendo o, en su caso, iniciando la contribución al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y al Fondo Especial creado por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura;

m)

que siga luchando contra la aplicación de la pena de muerte y apoye firmemente la moratoria como un paso hacia la abolición; que siga impulsando la abolición en todo el mundo; que pida encarecidamente a los países que siguen aplicando la pena capital que publiquen cifras claras y precisas sobre el número de sentencias y ejecuciones;

n)

que exprese su preocupación ante el reciente incremento de leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia contra las personas a causa de su orientación sexual y su identidad de género; que aliente un estrecho seguimiento de la situación en Nigeria y Uganda, donde las nuevas leyes amenazan gravemente la libertad de las minorías sexuales; que reafirme su apoyo a la continua labor del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de lucha contra estas leyes y prácticas discriminatorias, así como, de forma más general, al trabajo de las Naciones Unidas sobre esta cuestión; que recomiende la participación activa en la lucha contra los intentos de socavar estos derechos;

o)

que apoye los esfuerzos internacionales para promover una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de las aeronaves no tripuladas armadas en consonancia con el marco jurídico internacional establecido; que siga apoyando las investigaciones sobre asesinatos selectivos y dé seguimiento a las recomendaciones de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre la lucha contra el terrorismo;

p)

que, con el fin de dotar a las Naciones Unidas de instrumentos de distensión más eficientes, apoye las misiones de implantación de la paz y de mantenimiento de la paz aportando, en su caso, una mayor asistencia de la UE (técnica o financiera, equipos o fuerzas de la UE);

q)

que garantice que los mandatos de mantenimiento de la paz reflejen las necesidades a largo plazo para el desarrollo estatal e institucional y el apoyo a la democracia, concentrándose en un enfoque integral que permita llegar a las raíces de los conflictos y la fragilidad estatal;

r)

que coopere en el fortalecimiento del papel y la capacidad de las organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos, la gestión de crisis civiles y militares, y la resolución de conflictos;

s)

que exija a todas las partes en un conflicto armado que respeten sus obligaciones con arreglo al Derecho internacional, incluido el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria;

t)

que garantice que el marco de desarrollo posterior a 2015 promueva la paz sostenible haciendo frente a los principales factores del conflicto a fin de crear unas condiciones propicias para el desarrollo y la realización de los derechos;

u)

que se concentre en acabar con el terrorismo, tanto el terrorismo de Estado como de otro tipo;

v)

que garantice que la conferencia de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo, que no se celebró en 2012 como se decidió en la Conferencia de examen del TNP de 2010, se celebre en 2014;

w)

que apoye las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las armas de uranio empobrecido y desarrolle una posición común de la UE que refleje mejor los repetidos llamamientos del Parlamento a favor de una moratoria mundial preventiva y el desarrollo de un consenso mundial sobre los posibles riesgos para la salud de los civiles, la compleja carga de gestión después del conflicto y los costes financieros asociados a su uso;

x)

que garantice que el proceso de revisión de 2015 de la arquitectura de consolidación de la paz de las Naciones Unidas fomente el principio de la «Responsabilidad de Proteger» y el papel de la mujer en la consolidación de la paz;

y)

que encamine sus esfuerzos en favor de la conversión de la «Responsabilidad de Proteger» en norma internacional, conservando al mismo tiempo el difícil equilibrio entre el papel de los Estados afectados y de la comunidad internacional, y manteniendo como principios esenciales la prevención de conflictos y la utilización de la fuerza armada como último recurso;

z)

que garantice, a este respecto, que la responsabilidad para prevenir y detener el genocidio y las atrocidades masivas recae principalmente en el Estado interesado, aunque cabe señalar el papel que puede desempeñar la comunidad internacional, que sustituye a la invocación de la soberanía;

aa)

que promueva el concepto clave de que la prevención requiere un reparto de responsabilidades y el fomento de la colaboración entre los Estados afectados y la comunidad internacional;

ab)

que garantice, en cooperación con todos los socios internacionales, la plena adecuación y la coherencia de posibles nuevos avances del concepto de la «Responsabilidad de Proteger» con el Derecho internacional humanitario;

ac)

que trabaje en pro de la inclusión de la protección de los civiles en los mandatos de las misiones de mantenimiento de la paz realizadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas;

ad)

que reitere su compromiso con la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad (11), que reconocen el impacto desproporcionado de la guerra sobre las mujeres, pero también el papel decisivo que desempeñan en la gestión y resolución de conflictos y en el establecimiento de una paz duradera;

ae)

que apoye y promueva firmemente la plena aplicación de la Resolución 2106 de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la impunidad en materia de violencia sexual relacionada con conflictos, y que garantice la consolidación de más medidas de responsabilización y medidas preventivas, medidas preventivas en relación con los delitos y abusos sexuales, y el apoyo a las víctimas de tales delitos y abusos;

af)

que dé prioridad al objetivo de acabar con los matrimonios de menores;

ag)

que garantice la representatividad de las mujeres en todas las fases de los procesos de paz y su participación en la diplomacia preventiva, la alerta rápida y el control de la seguridad, así como en comisiones de investigación en situaciones de posconflicto;

ah)

que garantice una atención prioritaria a la educación de las niñas;

ai)

que participe activamente en las 58a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a fin de no socavar el acervo de la Plataforma de Acción de Pekín de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, el acceso a la educación y a la asistencia sanitaria como un derecho humano básico; que condene categóricamente la violencia sexual contra la mujer como táctica de guerra, incluidos delitos como las violaciones en masa, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la persecución de género, incluida la mutilación genital femenina, la trata, los matrimonios precoces y forzados, los asesinatos por cuestiones de honor y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; que firme el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica;

aj)

que pida a los Estados miembros que ratifiquen el tercer Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que permitirá a los niños presentar sus quejas ante la Comisión;

ak)

que reconozca que se han hecho progresos importantes y sustanciales hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; que haga el mejor uso posible de la fase preparatoria previa a la Cumbre de septiembre de 2015 sobre el programa para después de 2015, a fin de garantizar la coherencia y la coordinación entre los Estados miembros de la UE con respecto a puntos centrales y objetivos que la UE desea promover, con el fin de evitar la incoherencia y la ilegibilidad derivadas de una lista de objetivos demasiado amplia; que haga hincapié en que es necesario prestar especial atención a las necesidades de los países menos desarrollados, así como de los países en situaciones de conflicto o posconflicto; que se asegure de que los países en desarrollo hacen suyos estos objetivos;

al)

que destaque que se deben redoblar los esfuerzos globales a fin de lograr los ODM durante el tiempo restante antes del plazo de 2015 y centrarlos en los ámbitos en los que el proceso lleve más retraso;

am)

que garantice que la erradicación de la pobreza siga siendo una prioridad en el nuevo marco único e integrado, junto con la lucha contra la desigualdad, el fomento del desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la igualdad de género;

an)

que trabaje con vistas a la adopción de un marco único, amplio e integrado para los ODM para después de 2015, con unos puntos de referencia claros que incorporen las principales cuestiones de desarrollo y sostenibilidad; que vele por que este marco tenga un carácter universal y global y promueva la prosperidad, los derechos humanos y el bienestar para todos;

ao)

que siga un enfoque basado en los derechos humanos y garantice que, en su carácter universal, estos sean parte central del marco posterior a 2015;

ap)

que solicite un enfoque internacional coherente y amplio de la financiación después de 2015, abordando de forma previsible todas las dimensiones del desarrollo sostenible y, en consonancia con las conclusiones del Consejo de diciembre de 2013, siga fomentando dentro del sistema de las Naciones Unidas reflexiones en torno a fuentes alternativas de financiación y a otras formas de aplicación de la ayuda, especialmente medios de inversión privada y no financieros;

aq)

que garantice que los objetivos nuevos y ambiciosos estén respaldados por una financiación del desarrollo igual de ambiciosa e innovadora;

ar)

que, habida cuenta de que las cuestiones medioambientales y de desarrollo tienden a abordarse por separado a escala mundial, busque otras formas de evitar esta división y crear enlaces entre estos ámbitos que guardan una estrecha relación, también desde un punto de vista institucional;

as)

que recuerde el compromiso contraído por los países desarrollados en la 16a Conferencia de las Partes en Cancún (2010) de proporcionar 100 000 millones de dólares estadounidenses anuales en concepto de financiación «nueva y adicional» hasta el año 2020, a fin de abordar las necesidades impuestas por el cambio climático en los países en desarrollo; que señale que esta financiación debe garantizar una distribución equilibrada entre la adaptación y la mitigación;

at)

que adopte todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para aplicar plenamente las recomendaciones de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (12) con el fin de garantizar que los ciudadanos tengan los mismos derechos en línea y fuera de línea, y, en particular, la revisión de los procedimientos, prácticas y legislación, así como el establecimiento de mecanismos de supervisión independientes y eficaces, destacando al mismo tiempo la importancia de la protección de datos;

au)

que, con objeto de reafirmar el compromiso de la UE sobre esta materia a escala mundial, promueva activamente el seguimiento específico de la resolución por parte de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas;

av)

que promueva activamente la rápida firma y ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos los Estados miembros de la UE, con el fin de permitir que la comunidad internacional haga frente con eficacia a los efectos negativos de la falta de transparencia y del comercio mal regulado de armas y municiones convencionales y tecnologías peligrosas, que fomentan conflictos armados en todo el mundo y se utilizan para violar los derechos humanos; que implique a otros Estados, organizaciones regionales e internacionales y miembros de la sociedad civil interesados con el fin de promover, a este respecto, una nueva ampliación del ámbito de aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas;

aw)

que apoye activamente una reforma general del sistema de las Naciones Unidas, y, en particular, de su Consejo de Seguridad, con el fin de reforzar su legitimidad, representación regional, responsabilidad y eficacia; que trabaje para alcanzar el objetivo a largo plazo de la UE de tener un escaño en un Consejo de Seguridad ampliado;

ax)

que garantice la coherencia y eficacia de la UE como agente global, con el fin de actuar de manera rápida y global y de enviar un «mensaje con una sola voz», mejorando la coordinación de las posiciones de los Estados miembros y la cooperación entre el SEAE y los Estados miembros; que, a este respecto, aliente al SEAE, en particular a través de las delegaciones de la UE en Nueva York y Ginebra, a que se esfuerce por potenciar la coherencia de la UE;

ay)

que apoye el papel de los parlamentos y las asambleas regionales en el sistema de las Naciones Unidas y el parlamentarismo mundial;

az)

que continúe la fructífera cooperación a favor del multilateralismo y de la gobernanza mundial y destaque la importancia de la asociación estratégica entre la UE y el PNUD, que en febrero de 2014 cumplirá una década;

ba)

que difunda que 2015 será el Año Europeo del Desarrollo, lo cual creará un impulso nunca visto para mejorar los conocimientos de población europea sobre los desafíos a escala mundial y la importancia de los nuevos objetivos de desarrollo que se han de convenir;

bb)

que señale que sigue habiendo retos globales y se espera que estos aumenten, y que el cambio climático y el deterioro medioambiental amenazan con revertir los avances logrados en la consecución de los ODM; que, por consiguiente, fomente nuevas medidas en relación con el cambio climático en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2014 con el fin de sentar unos cimientos firmes que sirvan de fundamento para celebrar unas negociaciones fructíferas y alcanzar progresos sostenidos hacia la reducción de emisiones y la consolidación de las estrategias de adaptación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que se celebrará en 2015; que dé ejemplo y adopte un marco de política climática ambicioso y vinculante con objetivos con antelación suficiente a la Cumbre, con objeto de ejercer una influencia positiva en las negociaciones;

bc)

que participe activamente en el debate sobre el concepto «refugiado climático», incluida una posible definición jurídica del mismo en el Derecho internacional o en algún acuerdo internacional jurídicamente vinculante;

bd)

que, con ocasión de la celebración de la Tercera Conferencia Internacional en septiembre de 2014, reitere el apoyo de la UE a los pequeños Estados insulares en desarrollo;

be)

que trabaje en pro de lograr una solución política sostenible para Siria que ponga fin a la violencia y promover una transición democrática que satisfaga las aspiraciones legítimas del pueblo sirio; que apoye la plena aplicación de las conclusiones de la Conferencia de Ginebra I y, teniendo en cuenta la importancia de la Conferencia de Ginebra II como único foro que permite mantener negociaciones directas de paz y de transición democrática entre las partes en el conflicto, dé continuidad al proceso de Ginebra II;

bf)

que trabaje en pro de la inclusión de todas las partes pertinentes, mundiales y regionales, en la Conferencia de Ginebra II, reconociendo que muchas partes diferentes desempeñan un papel decisivo en la crisis siria;

bg)

que convoque una conferencia internacional sobre la crisis de los refugiados sirios centrada en la dimensión humanitaria, dando prioridad al apoyo a los países de acogida en la región y reforzando la participación de la UE en los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto;

bh)

que se esfuerce urgentemente por lograr la rápida aplicación de la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en Siria, de manera que se facilite por fin un acceso seguro, inmediato y sin trabas a todas las personas necesitadas, también más allá de las líneas del conflicto y las fronteras; que se asegure de que la retirada, el traslado y la destrucción de las armas químicas halladas en Siria se lleven a cabo de forma totalmente transparente;

bi)

que fomente la cooperación internacional en lo que atañe a la destrucción de las armas químicas de Siria y pida la plena aplicación de la decisión del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de 27 de septiembre de 2013;

bj)

que apoye todos los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional en Siria y promueva activamente la remisión por el Consejo de Seguridad de la situación en Siria a la Corte Penal Internacional;

bk)

que anime a todas las partes a respetar el acuerdo de cese de hostilidades (alto el fuego) firmado el 23 de enero de 2014, incluidas las disposiciones que exigen que las partes en el conflicto se abstengan de atacar a civiles y garanticen un acceso seguro de los trabajadores humanitarios a las zonas de Sudán del Sur afectadas por el conflicto; que haga hincapié en que este acuerdo es tan solo el primer paso hacia la paz y la reconciliación habida cuenta de la situación en Sudán del Sur, incluida la lucha política por el liderazgo en el país, que ha provocado crecientes enfrentamientos étnicos y el desplazamiento de más de 650 000 personas;

bl)

que apoye el programa de construcción del Estado para Sudán del Sur, así como un proceso de reconciliación y paz auténtico e inclusivo que garantice una estabilidad duradera; que ofrezca asistencia para hacer frente a la corrupción, que supone un obstáculo para las perspectivas de establecer una democracia libre y justa y para la estabilidad, el desarrollo sostenible y el crecimiento económico;

bm)

que condene los abusos y violaciones generalizados de los derechos humanos cometidos; que acoja con satisfacción y apoye los esfuerzos del Representante Especial de la UE para el Cuerno de África, Alexander Rondos, de la Representante Especial de las Naciones Unidas, Hilde Johnson, y de la Unión Africana, así como el fortalecimiento de la capacidad de investigación en el ámbito de los derechos humanos de la Misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur;

bn)

que condene los ataques a los trabajadores e instalaciones de ayuda humanitaria, la interferencia en las actividades de socorro y el saqueo de suministros a gran escala que se han producido en Sudán del Sur y que perjudican seriamente los esfuerzos por alcanzar a la población civil necesitada;

bo)

que haga un llamamiento para que una comisión de investigación internacional independiente investigue todas las presuntas violaciones de los derechos humanos internacionales y del Derecho humanitario cometidas desde el estallido del conflicto; que insista en la necesidad de que los responsables rindan cuentas;

bp)

que garantice una buena cooperación y complementariedad de los esfuerzos internacionales necesarios para estabilizar la República Centroafricana y trabaje en pro de la adopción de un amplio enfoque de esta crisis polifacética; que apoye el proceso de transición política y contribuya a establecer unas instituciones democráticas operativas y capaces de luchar contra las violaciones de los derechos humanos, proteger a los ciudadanos, poner fin a la violencia y calmar las tensiones sectarias en el país; que siga proporcionando la ayuda financiera necesaria para crear un desarrollo económico viable; que encabece los esfuerzos destinados a responder a esta crisis humanitaria sin precedentes aportando una ayuda financiera suficiente;

bq)

que apoye los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, en particular la Unión Africana, las Naciones Unidas, Francia y las autoridades centroafricanas, para estabilizar el país; que aplique sin demora la decisión de la UE, de 20 de enero de 2014, por la que se establece EUFOR RCA y acelere los procedimientos para desplegar las fuerzas sobre el terreno;

br)

que apoye el proceso de negociación en curso y los intentos actuales por encontrar soluciones al conflicto, respaldando al mismo tiempo el proceso de reconciliación palestino, con el fin de reunir a los palestinos que viven en Cisjordania, en Jerusalén Este y en la Franja de Gaza;

bs)

que garantice que la Asamblea General de las Naciones Unidas proporciona, en cooperación con la Unión Europea y los EE.UU., todos los instrumentos necesarios para asegurar que una solución basada en dos Estados, partiendo de las fronteras de 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados y con el Estado de Israel con fronteras seguras y reconocidas y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo y viable, que vivan uno junto al otro en condiciones de paz y seguridad, es sostenible y eficaz;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación a la Vicepresidenta/Alta Representante, al Representante Especial de la UE sobre Derechos Humanos y al Consejo y, para información, a la Comisión.

30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/54

—

Vistos los artículos 2 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y todos los instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

—

Visto el Protocolo no 29, anejo al Tratado de Lisboa, sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 11,

—

Vistas las directrices de la UE sobre derechos humanos,

—

Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia, adoptados por el Consejo el 25 de junio de 2012 (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2007, titulada «Comunicar sobre Europa en asociación» (COM(2007)0568), y la propuesta de la Comisión de 3 de octubre de 2007 relativo a un Acuerdo interinstitucional titulado «Comunicar sobre Europa en asociación» (COM(2007)0569),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre el servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual (2),

—

Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (3),

—

Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre las dimensiones culturales de las acciones exteriores de la UE (4),

—

Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre una Estrategia de libertad digital en la política exterior de la UE (5),

—

Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la libertad de prensa y de los medios de comunicación en el mundo (6),

—

Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2013, sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad común (7),

—

Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto (8),

—

Vista la Carta Europea para la Libertad de Prensa,

—

Vistas sus Resoluciones de 22 de noviembre de 2012 sobre la ampliación: políticas, criterios e intereses estratégicos de la UE (9); de 12 de diciembre de 2013 sobre el informe 2013 relativo a los progresos realizados por Albania (10); de 6 de febrero de 2014 sobre el Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Bosnia y Herzegovina (11); de 6 de febrero de 2014 sobre el Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia (12); de 16 de enero de 2014 sobre el Informe de situación 2012 sobre Islandia y las perspectivas tras las elecciones (13); de 16 de enero de 2014 sobre el proceso de integración europea de Kosovo (14); de 6 de febrero de 2014 sobre el Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Montenegro (15); de 16 de enero de 2014 sobre el Informe 2013 relativo a los progresos realizados por Serbia (16), de 12 de marzo de 2014 sobre el Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía (17); de 23 de octubre de 2013 sobre la política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento Europeo sobre los informes de 2012 (18); de 23 de mayo de 2013 sobre la recuperación de los activos de los países de la Primavera Árabe en proceso de transición (19); de 14 de marzo de 2013 sobre las relaciones UE-China (20); y de 13 de diciembre de 2012 que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones del nuevo acuerdo entre la UE y Rusia (21),

—

Visto el artículo 97 de su Reglamento,

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Vista la Recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0248/2014),

A.

Considerando que la comunicación audiovisual europea independiente ofrece a los ciudadanos (europeos y de todo el mundo) una visión conjunta, apoya los valores consagrados en los Tratados de la UE, como los derechos humanos y las libertades fundamentales (entre ellas la libertad de expresión) y promueve el pluralismo, el pensamiento independiente, la diversidad cultural, la pluralidad de opiniones y el valor fundamental de fomentar la resolución de conflictos de forma no violenta, la tolerancia y el respeto, tanto dentro de la UE como en el contexto de sus relaciones exteriores;

B.

Considerando que cualquier amenaza a la independencia de los medios de comunicación, ya sea mediante la interferencia gubernamental, la intimidación de periodistas, la falta de transparencia en las estructuras de propiedad o los intereses comerciales superiores, altera la situación general de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en cualquier país;

C.

Considerando que los Gobiernos tienen la responsabilidad primordial de garantizar y proteger la libertad de expresión y de los medios de comunicación, sin perjuicio del papel supervisor de la UE en la aplicación del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE cuando los Estados miembros aplican el Derecho de la UE; y que en el Derecho de la UE, en particular, en el Protocolo no 29 anejo al Tratado de la UE, se dispone que el sistema de radiodifusión pública en los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo mediático;

D.

Considerando que la radioteledifusión, complementada cada vez más por los servicios de los medios de comunicación en línea, constituye un medio eficiente en términos de costes de llegar al público en Europa y terceros países, y constituye la fuente principal de información para la mayoría de ciudadanos de la UE y de otros países;

E.

Considerando que las nuevas plataformas digitales y de medios de comunicación en línea han contribuido a potenciar la diversidad y el pluralismo y revisten una importancia especial en los países en los que el acceso a las fuentes de información más tradicionales está limitado;

F.

Considerando que la comunicación audiovisual europea a escala internacional puede desempeñar un papel importante a la hora de transmitir los valores de la democracia, la libertad de los medios de comunicación y los derechos humanos en todo el mundo, de explicar las distintas percepciones nacionales, de comunicar las políticas europeas, de definir una verdadera perspectiva europea y de proporcionar a las audiencias información fiable y de gran calidad, especialmente mediante un compromiso firme e inquebrantable con la objetividad periodística;

G.

Considerando que servirse de la comunicación audiovisual para la democratización y la defensa de los derechos humanos en terceros países no es un objetivo explícito de la política de la UE en relación con los medios de comunicación;

H.

Considerando que existe la necesidad de establecer una estrategia de comunicación audiovisual europea coherente en las relaciones exteriores de la UE a fin de promover los valores que sustentan la UE y sus objetivos como actor global, así como de dar forma a los debates y generar el entendimiento de las cuestiones de política exterior;

I.

Considerando que la financiación inicial de la «Radio Europea para Belarús» y el apoyo continuo basado en proyectos de los medios audiovisuales independientes en terceros países son buenos ejemplos de la promoción de la libertad de expresión y de otros derechos y libertades fundamentales en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC);

J.

Considerando que la creación de un servicio europeo de radio a escala mundial podría resultar muy útil como instrumento global para las relaciones exteriores de la UE y para promover los derechos humanos y los valores democráticos universales; que el uso de las tecnologías en línea puede facilitar dicha iniciativa;

K.

Considerando que la UE apoya el canal internacional de noticias Euronews, que emite en 13 idiomas y es comprendido por el 53 % de la población mundial, se distribuye a 410 millones de hogares en 155 países, tiene cobertura mundial por satélite, es el canal con mayor audiencia potencial de Europa y de los canales informativos no árabes que emiten en países árabes y del África subsahariana, y es accesible en todo el mundo gratuitamente a través de diversos dispositivos móviles;

L.

Considerando que la UE tiene un contrato de servicios con Euronews desde 2005, con una financiación de base de 5 millones de euros anuales, para producir y emitir una serie de programas sobre asuntos de interés europeo; considerando que en 2007 y 2009 se firmaron otros dos contratos de servicios, por valor de 5 millones de euros anuales durante cinco años, para la emisión de Euronews en árabe y en farsi, respectivamente; que en diciembre de 2010 la UE y Euronews firmaron un acuerdo marco de cooperación plurianual; que la contribución financiera de la Comisión a Euronews para el año 2013 se determinó mediante la Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2013 relativa a la adopción del programa modificado de trabajo en el ámbito de la comunicación para el año 2013 y que sirve como decisión de financiación (C(2013)2631); que los ingresos estimados de Euronews para 2014 se componen de derechos de licencia de los accionistas (9 %), beneficios comerciales (49 %) y financiación de la Comisión y de sus diversas direcciones generales (42 %);

M.

Considerando que la independencia editorial frente a cualquier injerencia política, junto con la imparcialidad, la diversidad y el respeto a los espectadores, constituye un elemento fundamental de la declaración de compromiso anual de Euronews con los espectadores (22);

N.

Considerando que la Comisión llevó a cabo en 2009 una evaluación del contrato básico de Euronews, que confirmó la condición exclusiva y eficaz en términos de costes de Euronews como proveedor de noticias paneuropeo que llega a más espectadores en Europa que sus canales informativos internacionales rivales (23);

1.

Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior:

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior y, para información, a los Estados miembros.

30.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/59

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Vista la demanda presentada el 21 de noviembre de 2013 y comunicada en el Pleno del 21 de noviembre de 2013 de Mario Borghezio de amparo de su inmunidad en relación con la investigación del Tribunal de Milán de la que es objeto (ref. 47917/13),