13.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 345/1

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) destaca la importancia del año 2018 como el último ejercicio plenamente operativo tanto de la actual Comisión como del Parlamento Europeo. Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que elabore su programa de trabajo con ambición, aunque de manera pragmática, para poder afrontar adecuadamente los retos que entraña la posición de la Unión Europea como encrucijada de caminos. Dadas las incertidumbres relativas al brexit y los acontecimientos mundiales, se hace más necesario que nunca un debate amplio, participativo y estructurado acerca del futuro de Europa. Es importante que nos remontemos a nuestras raíces y recordemos el proyecto original y los valores y objetivos fundamentales de la Unión consagrados en los Tratados de la UE.

1.2.

Deberíamos avanzar sobre la base de los logros alcanzados hasta ahora. Sin embargo, la aparición de actitudes y movimientos nacionalistas, proteccionistas, populistas y autoritarios debería considerarse una llamada de atención clara a los dirigentes de las instituciones de la UE y de los Estados miembros para que examinen qué hay que hacer para restablecer la confianza ciudadana y salvaguardar el éxito futuro del proyecto europeo.

1.3.

A tal fin, el CESE solicita a la Comisión que se esfuerce por construir una Unión fuerte, sólida y cohesionada capaz de generar crecimiento sostenible, empleo de calidad, igualdad de oportunidades y bienestar para todos los europeos, sobre la base de una visión compartida y un discurso positivo que tengan su origen en la implicación y la participación del público. Existe una necesidad imperiosa de una Unión unida, cohesionada y basada en el compromiso de los Estados miembros con esta causa para abordar los desafíos económicos, sociales y medioambientales con los que se enfrenta la UE. La cohesión interna es también un requisito previo para que la UE asuma un protagonismo de relevancia a escala mundial en ámbitos como el comercio internacional, la seguridad, la energía, la política climática y la promoción de los derechos humanos.

1.4.

El CESE reconoce que las negociaciones del brexit harán que 2018 sea un año difícil. No obstante, es importante que la Comisión siga aplicando las medidas ya acordadas, especialmente las relacionadas con las iniciativas del mercado único. Al mismo tiempo, es necesario prepararse para el futuro a largo plazo de la Unión Europea. En este contexto, el CESE desearía remitir a las opiniones que ya ha expresado acerca del Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Asimismo, el CESE elaborará dictámenes sobre los documentos de reflexión correspondientes, motivo por el cual la presente contribución apenas abordara estas cuestiones de manera sucinta.

1.5.

Dado que existen fuertes vínculos entre la economía, el empleo, el bienestar social y el medio ambiente, el CESE pide a la Comisión que adopte un enfoque global de desarrollo sostenible en su programa de trabajo. Así pues, el CESE, inscribe su contribución conforme a los tres «pilares» de la sostenibilidad:

1.6.

El CESE subraya que estos pilares son universales, indivisibles e interdependientes. La UE ha de ser ambiciosa y aspirar a políticas e iniciativas que aporten soluciones triplemente beneficiosas tanto en términos económicos como sociales y medioambientales.

1.7.

A tal fin, el CESE insta a la Comisión a desarrollar sus políticas de un modo integral y a aplicar un planteamiento coherente y uniforme que implique a todas las partes de la Comisión y acabe con los compartimentos estancos en la formulación de políticas y de instrumentos jurídicos. Asimismo, el CESE pide a la Comisión que, en el respeto de los principios relativos a «Legislar mejor», siga elevando la calidad de los procesos de elaboración legislativa en la UE, simplificándola y aclarándola, a fin de aportar beneficios prácticos a todas las partes interesadas.

1.8.

Por otra parte, el CESE reitera su llamamiento en favor de una estrategia global que integre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en todas las políticas pertinentes de la UE, a la vez que invita a la Comisión a elaborar una visión y una estrategia a largo plazo sobre la sostenibilidad, basándose en el Dictamen del CESE «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa: una estrategia para 2050».

1.9.

El CESE subraya la importancia crucial que reviste la participación estructurada de la sociedad civil en el diseño, la aplicación y la supervisión de las políticas, los programas y otras iniciativas de la UE, con el fin de alcanzar resultados tangibles, ganarse la aceptación ciudadana y promover la cohesión en la sociedad. Los interlocutores sociales desempeñan un papel específico en la concepción y aplicación de las políticas que afectan directa o indirectamente al empleo y al mercado de trabajo.

1.10.

Aun cuando las propuestas de acción se presentan de forma más detallada en los puntos 2 al 5, el CESE resume como sigue sus prioridades políticas clave en relación con el programa de trabajo de la Comisión para 2018:

2.1.1.

El proceso del Semestre Europeo debe reforzar el papel coordinador de la Comisión a fin de garantizar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los objetivos y las recomendaciones de la Estrategia Europa 2020 y la aplicación de las reformas estructurales necesarias para un crecimiento económico sostenible a largo plazo, la creación de empleo de calidad y el progreso social. De cara al éxito de este proceso, es fundamental que los interlocutores sociales y de otras organizaciones representativas de la sociedad civil participen de manera más estrecha y hagan suyas en mayor medida la formulación y aplicación de los programas de reforma, y se debe reconocer que los interlocutores sociales tienen un papel específico que desempeñar atendiendo a sus competencias, responsabilidades y tareas exclusivas.

2.1.2.

El CESE aboga por un ajuste macroeconómico simétrico en la zona del euro, compartido tanto por los Estados miembros con déficit como por los que presentan superávit. Esto incluye una orientación presupuestaria agregada positiva para la zona del euro en su conjunto.

2.1.3.

La unión económica y monetaria es un elemento central de la integración europea. El CESE se remite a sus posiciones previas y pide iniciativas para culminar la UEM en ámbitos como el desarrollo de su gobernanza, el control democrático y el diálogo macroeconómico.

2.2.1.

Con el próximo marco financiero plurianual (MFP), la Comisión debe allanar el camino para distribuir los recursos de manera eficiente y responder a los futuros retos ocasionados por el brexit y a la necesidad de crecimiento sostenible, competitividad, innovación, empleo y cohesión social adoptando un enfoque orientado hacia el rendimiento y los resultados. El CESE pide a la Comisión que ajuste la duración de los próximos MFP al ciclo político de la Comisión y el Parlamento. Asimismo, hace un llamamiento para acometer los preparativos encaminados a la introducción de nuevas modalidades de recursos propios de la UE.

2.2.2.

El CESE acoge con satisfacción la segunda fase del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas) para el fomento de la inversión mediante la participación cada vez mayor de capital privado, junto con capital público de procedencia tanto nacional como regional. Con esta finalidad, el ámbito de actuación del FEIE deberá abarcar también otros sectores de financiación, además de los bancos.

2.2.3.

El CESE hace hincapié en que se precisa un uso eficaz y eficiente de los fondos europeos. Se debe otorgar prioridad a la inversión en innovación, espíritu empresarial, desarrollo de capacidades, políticas activas del mercado de trabajo y sistemas digitales, energéticos y de transporte, garantizando así que los fondos se asignan adecuadamente a proyectos de gran repercusión social.

2.2.4.

El CESE subraya que es necesaria una mayor ejecución de la Unión de Mercados de Capitales para mejorar el acceso a la financiación privada, con especial hincapié en las necesidades que presentan las pymes. Asimismo, hay que fomentar un mayor uso de la financiación en los mercados de capitales y mediante fondos propios.

2.2.5.

Por lo que respecta a la culminación de la Unión Bancaria, el CESE destaca que un mayor reparto del riesgo debe ir acompañado de propuestas adicionales sobre la reducción del riesgo. En futuras reformas de la regulación bancaria, la Comisión debería prestar debidamente atención a las características específicas y a las posibilidades de los bancos pequeños y no complejos.

2.2.6.

El CESE pide que se adopten medidas para frenar el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva. Hay que corregir los sesgos existentes en la actualidad que favorecen la financiación de la deuda de las empresas. En relación con el IVA, el CESE reitera su recomendación de abandonar el actual régimen transitorio y pasar a un régimen definitivo del IVA diseñado para un mercado único europeo.

2.3.1.

El CESE destaca la importancia del mercado único digital para la sociedad en su conjunto. Las competencias digitales, un entorno empresarial propicio o la confianza de los consumidores son tres de las condiciones fundamentales para hacer uso de las posibilidades que entraña la digitalización. Dado que los datos constituyen un factor de producción y una materia prima para crear valor económico añadido, la accesibilidad y la libre circulación de los datos revisten extrema importancia. Al mismo tiempo, es preciso garantizar una protección adecuada de los datos privados y comerciales prestando especial atención a los datos generados por las empresas a título individual. El CESE también insta a la Comisión a que prosiga sus esfuerzos por aumentar las capacidades y la cooperación en materia de ciberseguridad. Por otra parte, el CESE aboga por la cooperación internacional en el ámbito digital, por ejemplo en el marco de la OCDE.

2.3.2.

Debe proseguirse el desarrollo de la infraestructura digital, incluidas las conexiones inalámbricas y de banda ancha; los sistemas de transporte y energía digitales; y los edificios y las comunidades inteligentes. Es necesario impulsar como corresponde el uso de la digitalización en los sectores de la educación, la sanidad y la atención social. También hay que hacer el máximo uso de la digitalización para una mayor fluidez de los procedimientos administrativos. Se hará especial hincapié en proporcionar cobertura a zonas remotas y un acceso digital mínimo a todas las personas, además de fomentar la inclusión de los grupos vulnerables de la sociedad.

2.3.3.

Desde su inicio, el CESE ha apoyado firmemente la iniciativa de la Unión de la Energía. Pide a la Comisión que persiga la aplicación de la Estrategia de la Unión de la Energía, garantizando la existencia de una infraestructura energética adecuada y el funcionamiento correcto de unos mercados energéticos que aseguren a la ciudadanía y a las empresas la disponibilidad de energía segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente. El CESE destaca la relevancia del diálogo sobre la energía a escala de la UE, nacional y local, con la plena participación de la sociedad civil. El Comité presentará periódicamente sus opiniones sobre el estado de la Unión de la Energía y las iniciativas individuales.

2.3.4.

El transporte está estrechamente vinculado a la Unión de la Energía. Dado que el transporte constituye una de las condiciones básicas de existencia de actividades para toda la sociedad, merece un perfil destacado en el programa de trabajo de la Comisión. La principal finalidad de las medidas debe consistir en proporcionar a los ciudadanos y a las empresas una movilidad y un transporte accesibles, fluidos, seguros y respetuosos con el medio ambiente. Ello exige una importante inversión pública y privada en los sistemas de transporte y en el desarrollo de los transportes públicos. Los asuntos energéticos y climáticos relacionados con el transporte y la introducción de nuevas tecnologías no deben avanzar al margen de los problemas que plantea el mercado del transporte.

2.3.5.

Habida cuenta de la importancia horizontal que revisten los servicios de interés económico general (SIEG), el CESE pide a la Comisión que mejore las normas sobre compensación por servicio público por la prestación de SIEG y su aplicación, a fin de aportar líneas directrices y elaborar un compendio de buenas prácticas.

2.3.6.

El CESE reconoce el papel de las ciudades y las zonas rurales en el desarrollo y la cohesión económicos, sociales y territoriales. A la par que destaca el papel que desempeñan las ciudades, la UE debe seguir esforzándose en definir bien y aplicar adecuadamente la Agenda Urbana. El potencial considerable de las zonas rurales, insulares y de montaña debería utilizarse en el nuevo enfoque de la Comisión en favor de un desarrollo territorial integrado.

2.4.1.

El CESE pide a la Comisión que adopte un enfoque y una estrategia globales para el desarrollo industrial. Se debería prestar especial atención a las oportunidades y los retos planteados por las megatendencias mundiales, como los rápidos avances en la digitalización y el Internet de los objetos, la convergencia entre la industria manufacturera y el sector de servicios, y la transición hacia una economía circular e hipocarbónica.

2.4.2.

Hay que aprovechar el potencial de crecimiento que presentan los servicios, incluido el del sector del comercio minorista, protegiendo los derechos de consumidores y trabajadores, sin dejar de reconocer por ello que aún existen barreras en el mercado único.

2.4.3.

La política de innovación —también de innovación social— es crucial para la competitividad económica y la renovación, así como para asegurar beneficios para la sociedad. El CESE pide que se promuevan las redes supranacionales y las redes transversales entre las universidades, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil en el marco de Horizonte 2020. El CESE también recomienda la simplificación de las normas administrativas sobre la financiación y las ayudas estatales.

2.4.4.

Se necesita una Estrategia para una Industria 4.0 y una Sociedad 4.0 a escala de la UE que se centre en las tecnologías y las plataformas, en las normas y las arquitecturas de referencia, en las redes regionales de núcleos de innovación y, por último, en las capacidades a todos los niveles.

2.4.5.

Por lo que respecta a los retos que plantean las megatendencias mundiales en los sectores individuales, como las industrias de la automoción, del carbón y del acero, el CESE pide una gestión adecuada del cambio estructural a través de marcos de transición justos y adecuados y diálogo sectorial sobre asuntos específicos con los interlocutores sociales. Por otra parte, debe aprovecharse y sacarse el máximo partido de las oportunidades que se presentan en áreas como las industrias espacial y de defensa, garantizando al mismo tiempo unas condiciones favorables para el desarrollo de los sectores industriales en general, con buenas condiciones laborales.

2.4.6.

Se deberían dedicar esfuerzos especiales a mejorar la financiación, la innovación y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, y debe aplicarse plenamente la Small Business Act para Europa. Las políticas relativas a las pymes han de adaptarse a la medida de las diferentes necesidades que presentan las distintas modalidades de empresas, como las empresas familiares, las pequeñas empresas y microempresas tradicionales, las empresas emergentes y las emergentes en expansión, incluidas las empresas de la economía social. Asimismo, el CESE pide a la Comisión que emprenda una consulta en torno a la definición de pyme.

2.4.7.

El CESE cree que es importante hacerse una idea de conjunto de las nuevas tendencias en las pautas de producción y de consumo, como los modelos económicos colaborativos, circulares, participativos y funcionales, así como en las oportunidades de desarrollo, como la economía social. Se necesitan medidas para facilitar la introducción de estos nuevos y diversos modelos, aunque, al mismo tiempo, es preciso asegurar la igualdad de condiciones y el cumplimiento de la legislación adecuada correspondiente a fin de garantizar la protección de los ciudadanos y los consumidores, así como los derechos de los trabajadores.

2.4.8.

Teniendo en cuenta el papel específico que desempeña la economía social, el CESE pide nuevamente que se ponga en marcha un plan de acción global para la economía social, en consonancia con las conclusiones del Consejo de diciembre de 2015 sobre «La promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa».

2.4.9.

Como parte del próximo MFP, la multifuncionalidad, la diversidad de modelos agrícolas y la sostenibilidad deberán seguir desempeñando un papel central al abordar las necesidades de financiación, modernización y simplificación de la política agrícola común (PAC). Asimismo, se precisan mayores esfuerzos en la investigación y la digitalización en el sector agrícola.

2.4.10.

El CESE insta a la Comisión a pasar a una política agrícola y alimentaria más integrada, teniendo también en cuenta la necesidad de avanzar hacia una economía circular y de reducir drásticamente el desperdicio de alimentos. La Comisión también habrá de adoptar una legislación para eliminar las prácticas comerciales injustas en la cadena del suministro alimentario.

2.4.11.

A fin de permitir el desarrollo adecuado y la renovación de la industria y la agricultura, los marcos político y normativo han de proporcionar una inversión y un entorno operativo estables y previsibles, en el respeto de los principios de «Legislar mejor», para el bienestar de los ciudadanos.

2.5.1.

El CESE pide negociaciones comerciales activas y justas con socios como Japón, Mercosur y ASEAN, así como la correcta aplicación de los acuerdos ya celebrados, teniendo presentes las cuestiones que ya se han planteado en anteriores dictámenes del CESE. Al aplicar la Comunicación de la Comisión sobre «Comercio para todos», el CESE considera importante conducir las actuales negociaciones de modo equilibrado y transparente, ofreciendo ventajas para las empresas y las personas, y protegiendo las normas medioambientales, sociales, laborales, de consumo y de otro tipo, así como los servicios públicos. En resumidas cuentas, el CESE subraya la importancia de la transparencia y la participación de la sociedad civil en la negociación, aplicación y seguimiento de los acuerdos comerciales ya desde un primer momento.

2.5.2.

El CESE acoge favorablemente las mejoras aportadas al procedimiento de resolución de conflictos entre inversores y Estados mediante la introducción de un nuevo sistema que sustituye al RLIE, pero solicita a la Comisión que siga tomando medidas para que el Sistema de Tribunales de Inversiones pueda funcionar realmente como organismo judicial internacional independiente.

2.5.3.

Las negociaciones comerciales bilaterales no deberían debilitar el compromiso que la UE ha contraído con la OMC para lograr un acuerdo mundial multilateral sólido. El CESE espera un seguimiento activo de la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 en ámbitos como la agricultura y el comercio electrónico. Además, es imperativo evaluar los riesgos y las oportunidades, desde la perspectiva de la sociedad civil, a fin de determinar los pasos que se deberán seguir en las negociaciones multilaterales en curso relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) y el Acuerdo sobre Bienes Medioambientales. El CESE también pide una rápida adopción y aplicación de las reformas de la política de defensa comercial de la UE.

2.5.4.

El CESE considera importante garantizar la coherencia entre la política comercial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre cambio climático y la política de desarrollo de la UE. Con esta finalidad, deberían perseguirse unos capítulos ambiciosos sobre comercio y desarrollo sostenible, con sólidos mecanismos de supervisión por parte de la sociedad civil, para su inclusión en los acuerdos comerciales.

2.5.5.

Además, el CESE solicita que la sociedad civil supervise todos los aspectos de los acuerdos, incluidos aquellos cuyas disposiciones no contemplen específicamente ningún órgano conjunto de control con participación de la sociedad civil. La especialización del CESE confiere ventajas únicas a este tipo de actividades.

2.5.6.

Asimismo, pide que se lleven a cabo debates con la sociedad civil sobre la evaluación de impacto y la aplicación práctica del Tribunal Multilateral de Inversión que se ha propuesto.

3.1.1.

El CESE toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre un pilar europeo de derechos sociales y de la propuesta para la proclamación de dicho pilar, así como otras iniciativas afines, de carácter legislativo y no legislativo. El CESE está examinando este conjunto de medidas y emitirá sus dictámenes en su debido momento.

3.1.2.

Por el momento, el CESE se remite a su dictamen anterior sobre el pilar europeo de derechos sociales (1), en el que exponía sus objetivos generales para el desarrollo del pilar mediante una combinación de instrumentos legislativos y no legislativos relacionados con ámbitos como el futuro del trabajo, las condiciones laborales justas, el empleo, la aplicación del acervo social vigente en la UE y la inversión social. El Comité opinaba que el pilar se debería aplicar a todos los Estados miembros, sin dejar de reconocer que la zona del euro podría necesitar instrumentos o mecanismos particulares. Afirmaba que el Semestre Europeo y los Programas Nacionales de Reforma han de convertirse en los vectores principales para la aplicación y el seguimiento del pilar, y pedía que se establecieran unas referencias concretas en el marco del Semestre Europeo.

3.1.3.

Las condiciones marco en los mercados labores han de favorecer unas trayectorias profesionales nuevas y más diversas. En la vida laboral se necesitan diferentes formas de contratar trabajadores y diferentes modalidades de trabajo. Esto exige una legislación adecuada de protección del empleo para crear un marco de condiciones justas de trabajo y estimular la contratación con arreglo a todos los contratos de trabajo.

3.1.4.

A fin de dar respuesta a una demanda de capacidades y competencias en constante transformación, el CESE hace hincapié en la necesidad de mejorar el sistema educativo en el ámbito laboral, la educación y la formación profesionales, el aprendizaje permanente, así como la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional. Además, hay que fomentar las distintas vías para facilitar la transición entre un puesto de trabajo y otros, o entre el desempleo y la educación por una parte, y la vida laboral por la otra, en aras de un mercado de trabajo integrador.

3.1.5.

Reconociendo que el futuro de la Unión está estrechamente relacionado con la confianza que depositen las generaciones más jóvenes en el proyecto de la UE, el CESE subraya que la Comisión debe reforzar sus actividades a fin de abordar con eficacia las causas profundas del desempleo juvenil y la exclusión.

3.1.6.

Para impulsar el crecimiento integrador y la cohesión social, el CESE aboga por que se adopten medidas en respuesta a la necesidad de inversión social, en cuanto inversiones en capital humano y en infraestructuras y servicios sociales. Asimismo, hay que prestar asimismo mayor atención a la manera de vincular el «plan Juncker 2» a los objetivos del Paquete sobre inversión social, también a través del FEIE. Además, el CESE ha pedido un Pacto europeo de inversión social que debe apoyar las reformas sociales y la inversión social, y ayudar a lograr una convergencia económica, social y territorial renovada. El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento también debe hacer hincapié en la inversión social.

3.1.7.

El Fondo Social Europeo debe seguir siendo un componente clave de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos que preste especial atención a promover la formación y la integración laboral de grupos de población vulnerables como, por ejemplo, los jóvenes, los inmigrantes y los refugiados, así como las personas con discapacidad. La consolidación y redespliegue de los nuevos procedimientos de Erasmus deben ser más sistemáticos e integradores. El CESE también pide, una vez más, que se ofrezcan oportunidades para que todos los jóvenes puedan beneficiarse de los intercambios europeos.

3.1.8.

Aun reconociendo que las competencias relacionadas con la reducción de la pobreza recaen básicamente en los Estados miembros, el CESE señala que esta debería abordarse sistemáticamente a través del proceso del Semestre Europeo. Hay que seguir apoyando la investigación académica sobre unos «presupuestos de referencia» que permitan una vida digna, y debería haber unos indicadores comparables y comunes, por ejemplo en materia de pobreza y desigualdad, así como evaluaciones de impacto social obligatorias de todos los planes de reforma propuestos por los programas nacionales de reforma y las recomendaciones específicas por país. El CESE ha abogado también por la creación de un fondo europeo integrado para luchar contra la pobreza y la exclusión social, sobre la base de las experiencias adquiridas con la aplicación del FEAD y el FSE. Además, la Estrategia Europa 2020 debería vincularse a la aplicación de la Agenda 2030.

3.2.1.

El CESE pide a la Comisión que supervise estrechamente el cumplimiento de los valores y principios fundamentales de la UE en todos los Estados miembros y que refuerce los procedimientos para proteger y defender la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, los derechos humanos y el acceso a la justicia.

3.2.2.

La política de los consumidores es una cuestión próxima a los intereses de la ciudadanía y, por tanto, puede influir en el compromiso de las personas con el proceso de integración de la UE. El CESE pide a la Comisión que garantice que se respetan y cumplen los derechos de los consumidores en el proceso REFIT, el mundo digital y la seguridad de los productos y los servicios. La Comisión debería reforzar las medidas para eliminar la pobreza energética y de consumo, y para mejorar el acceso de todos los europeos a los alimentos y los servicios. La Comisión también debería promover los derechos de los consumidores a la información, la educación y la participación, así como su derecho a organizarse de forma que sus intereses estén representados cuando se redactan las normas que les afectan.

3.2.3.

La Comisión deberá concluir la revisión de los principales instrumentos jurídicos y no jurídicos de la política de los consumidores de la UE como una política de ciudadanía transversal y horizontal, y presentar un nuevo plan de acción para la protección y defensa de los consumidores durante los próximos diez años.

3.2.4.

El CESE pide a la Comisión que adopte todas las medidas apropiadas para luchar contra la discriminación de género en el mercado laboral, la educación y la toma de decisiones, así como contra la violencia de género. Además, el Comité pide a la Comisión que elabore una agenda para proteger a las minorías y los grupos vulnerables y para promover el pleno respeto de los derechos fundamentales y la no discriminación. La Comisión también debería intensificar los esfuerzos para desbloquear la Directiva sobre la aplicación de los principios de igualdad de trato y abordar las condiciones de los niños, las mujeres y las personas mayores en situaciones vulnerables, así como las nuevas formas de vulnerabilidad.

3.2.5.

La Comisión debería mejorar la Estrategia Europea sobre Discapacidad en consonancia con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la CNUDPD en sus políticas y programas exteriores, también a través de la creación de una tarjeta de discapacidad de la UE que sea reconocida en todos los Estados miembros. También deberían iniciarse las preparaciones para la Agenda Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2020-2030, y 2021 debería ser declarado el Año Europeo de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

3.2.6.

La accesibilidad para todos debería integrarse en todas las iniciativas del mercado único digital. A tal fin, la Comisión debería incrementar sus esfuerzos por conducir negociaciones con las otras instituciones sobre el Acta Europea de Accesibilidad. También deberían reforzarse los derechos de los pasajeros, con especial atención a las personas con discapacidad y con movilidad reducida.

3.2.7.

El CESE también anima a la Comisión a que apoye las actividades en las instituciones educativas de todos los niveles para ayudar a los estudiantes a distinguir entre noticias falsas y hechos con base científica.

3.3.1.

El CESE subraya la necesidad de ofrecer asistencia e integración a los refugiados y a los solicitantes de asilo. Aboga por una reforma eficiente del Sistema Europeo Común de Asilo que sea respetuosa de los derechos humanos y por el establecimiento de un sistema auténticamente común a todos los Estados miembros. Igualmente, recomienda que, a fin de satisfacer las necesidades reales, se lleven a cabo avances con los reasentamientos y los visados humanitarios para los refugiados. Invita a la Comisión a supervisar la aplicación del acuerdo relativo a la distribución de los refugiados entre los Estados miembros.

3.3.2.

Además, pide que se revisen los acuerdos de asociación con terceros países de tránsito y origen de flujos migratorios para que se respeten los derechos humanos y el Derecho internacional, y para desarrollar instrumentos financieros que aborden las causas profundas de la migración.

3.3.3.

Aun cuando valora positivamente el trabajo que realiza la Comisión con los canales legales de migración por medio de las Directivas vigentes, el CESE reivindica una gobernanza a más largo plazo en relación con la migración de carácter laboral, una planificación para actualizar los canales de movilidad legales y el intercambio de información acerca de las oportunidades del mercado de trabajo. Habida cuenta de la estructura demográfica de Europa, el CESE destaca la necesidad de transformar en una oportunidad el reto de integrar a refugiados e inmigrantes en el mercado laboral. La inversión en formación y sistemas de apoyo adecuados constituirá un factor clave para facilitar la integración en el mercado de trabajo y ayudar a los inmigrantes a desarrollar todo su potencial, utilizando así sus capacidades, espíritu empresarial y dinamismo sin dejar de reconocer el valor de la diversidad y de las distintas culturas en nuestra sociedad en general.

3.3.4.

El CESE considera que 2018, como Año Europeo del Patrimonio Cultural, brinda una oportunidad única para movilizar a todas las partes interesadas para contrarrestar el populismo y el nacionalismo, y hacer llegar un discurso positivo sobre el futuro de Europa. En este contexto, también se podría concienciar mejor sobre la necesidad de un entendimiento intercultural en todo lo relacionado con los refugiados y los migrantes.

3.4.1.

El CESE pide a la Comisión que siga aplicando medidas —incluido el control efectivo de las fronteras exteriores— para proteger a los europeos de las amenazas de seguridad, como el terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia.

3.4.2.

Además, considera necesario reforzar la cooperación en defensa. Con esta finalidad, el CESE respalda la creación de una Unión Europea de Defensa y acoge favorablemente el Plan de Acción Europeo de la Defensa.

3.4.3.

Teniendo en cuenta los retos que plantea la impredecible política estadounidense y el riesgo de que crezcan el proteccionismo y el unilateralismo, el CESE exhorta a la UE a seguir trabajando en consonancia con su Estrategia Global, apoyando el multilateralismo en el marco de las Naciones Unidas y trabajando activamente en pos de la prevención de conflictos y la resolución de las crisis internacionales. Asimismo, el CESE subraya la necesidad de una mayor coordinación de los objetivos, las políticas y los medios entre los Estados miembros para permitir a la UE asumir un protagonismo más eficaz en la escena mundial.

3.4.4.

La aplicación de la Agenda 2030 deberá sentar la base de la cooperación al desarrollo de la UE. Como prueba de liderazgo, la UE debería presentar un examen voluntario de sus actividades internas y externas relativas a los ODS en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

3.4.5.

En el contexto de la política europea de vecindad, el CESE respalda la creación de una plataforma de diálogo con los interlocutores sociales con el fin de evaluar mejor el mercado laboral, y solicita a los Estados miembros de la UE que desarrollen un enfoque europeo común sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social entre la UE y los países vecinos meridionales. La política de vecindad debe establecer un vínculo claro entre la inestabilidad, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, que pueden incrementar la vulnerabilidad a la radicalización y obstaculizar el proceso de democratización.

3.4.6.

El CESE destaca el importante papel de las relaciones económicas exteriores y la diplomacia internacional para salvaguardar e incrementar la estabilidad y la seguridad. Del mismo modo, alienta a la UE a hacer pleno uso del papel que la cultura puede desempeñar en las relaciones internacionales.

4.1.

El Plan de Acción sobre la Economía Circular debería llevarse a cabo de una manera integrada y coherente, aprovechando las oportunidades que se presentan para conciliar los aspectos económicos, sociales y medioambientales. El CESE pide a la Comisión que fomente las actividades vinculadas al mercado mediante la promoción de la innovación, propiciando iniciativas vanguardistas —tanto en regiones remotas como en áreas urbanas—, potenciando su desarrollo y proporcionando un marco normativo permisivo. Asimismo, señala los vínculos existentes entre la economía circular y otros «nuevos modelos económicos».

4.2.

También se debería prestar la atención debida a la aplicación de políticas y legislación ambiental «tradicionales» que cubran la gestión de residuos y la protección del aire, el agua, el suelo y la biodiversidad. El CESE insta a la Comisión a que prosiga su trabajo como un elemento más del proceso de Revisión Ambiental Europea.

4.3.

Los objetivos en materia de energía y clima para 2030 deberían aplicarse de la manera más rentable posible. Con esa finalidad, el CESE pide a la Comisión que efectúe una evaluación completa de los actuales instrumentos políticos de bajas emisiones de carbono y garantice que las herramientas son apropiadas y se utilizan de la manera más eficiente.

4.4.

La Comisión también debería considerar las cuestiones climáticas desde el punto de vista de la «justicia climática», es decir, teniendo en cuenta ámbitos como la igualdad, los derechos humanos y la pobreza.

4.5.

La diplomacia climática sigue siendo una misión importante de la UE en la lucha contra el cambio climático. Es necesario conseguir que los países con mayores emisiones de carbono se comprometan a cumplir objetivos que sean, como mínimo, igual de ambiciosos que los de la UE. El CESE anima a la Comisión a luchar por el establecimiento a escala mundial de los precios del carbón, al objeto de crear igualdad de condiciones en relación con los competidores en terceros países.

4.6.

El CESE solicita a la Comisión que prepare una estrategia para incrementar su impronta en el clima y el medio ambiente, es decir, su impacto global positivo. Esto exige un entorno propicio a la innovación y la inversión, así como unas condiciones comerciales favorables para exportar soluciones climáticas y productos hipocarbónicos. Así es como la UE puede contribuir eficientemente a hacer frente al cambio climático y a los retos medioambientales, y tener una repercusión mucho mayor que si opera únicamente dentro de sus propias fronteras.

5.1.

El CESE recalca el papel esencial que desempeña la sociedad civil en la concepción, ejecución y seguimiento de las políticas en todas las etapas y a todos los niveles, incluido el local. Todo ello exige un cambio de cultura y un reconocimiento del valor que reviste la sociedad civil en la UE y en los Estados miembros, un valor que ya se ha consagrado en el art. 11 del TUE, donde se estipula que las instituciones de la UE habrán de promover y facilitar el diálogo civil horizontal y vertical, llevar a cabo amplios procesos de consulta y sentar las bases de las iniciativas de los ciudadanos europeos. Todos ellos son procesos complementarios que se desarrollan sin perjuicio de las consultas al CESE y el diálogo social.

5.2.

El CESE sigue muy de cerca y participa activamente en los diálogos estructurados o los foros consultivos (como la Plataforma de partes interesadas de la economía circular, el Foro Europeo de la Migración, etc.), reuniendo e implicando a las organizaciones de la sociedad civil y a otros interlocutores de las instituciones de la UE y de los Estados miembros, a la vez que pide apoyo para sus iniciativas en favor de la creación de una Plataforma por el Cambio (igualdad de género en el sector del transporte) y un foro institucional sobre la participación ciudadana (en el marco de la Iniciativa Ciudadana). A la hora de instituir plataformas como REFIT, la Comisión debe plantearse una representación por parte del CESE, de conformidad con las competencias que los Tratados confieren al Comité y, al hacerlo, garantizar que dicha representación refleja su composición en forma de tres grupos.

5.3.

Como proceso complementario a las iniciativas anteriormente mencionadas, la Comisión acaba de abrir un portal de Internet específico bajo el lema «Contribuir al proceso legislativo» para recabar opiniones de la ciudadanía y, por consiguiente, tanto de organizaciones como de particulares. El CESE recomienda a la Comisión que haga una distinción entre las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil y las de ciudadanos particulares. A tal efecto, la Comisión deberá llevar a cabo un inventariado de las partes interesadas, en colaboración con el CESE, para determinar unos grupos de destinatarios representativos y equilibrados desde el punto de vista geográfico, basándose en el Registro de Transparencia. Además, la Comisión deberá garantizar que las respuestas son ponderadas cualitativa y cuantitativamente. Por otra parte, la Comisión deberá trabajar permanentemente en mejorar la transparencia y la accesibilidad, así como la atención y la rendición de cuentas ante los participantes.

5.4.

El CESE pide a la Comisión que desarrolle un enfoque más estratégico ante estas prácticas y las estructure mejor sobre una base institucional y representativa aprovechando los recursos de los órganos consultivos representativos ya existentes tanto en la esfera europea como en los Estados miembros y las regiones. Con esta finalidad, la Comisión debería colaborar estrechamente con el CESE y solicitar un dictamen exploratorio sobre cómo organizar este diálogo civil de forma eficaz y permanente, al cual seguiría una comunicación específica por parte de la Comisión.

5.5.

El CESE hace hincapié en que es necesario mejorar la eficacia de la Iniciativa Ciudadana Europea, en línea con el anuncio de la revisión del Reglamento sobre la ICE hecho por el Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, y explorar nuevas vías, como la utilización de herramientas digitales, para incrementar la participación de los jóvenes y de las personas procedentes de grupos vulnerables, en particular.

5.6.

Por último, el CESE reconoce que la Comisión ha tenido presentes muchos elementos de la contribución del CESE al programa de trabajo para 2017. Sin embargo, también figuran cuestiones que no han sido incluidas, motivo por el cual se han recordado en el presente documento. Con respecto a la aplicación del programa de trabajo de la Comisión para 2018, el CESE está dispuesto a presentar sus observaciones y participar en los trabajos sobre iniciativas específicas en el curso del próximo año.

13.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 345/11

1.

La sociedad europea y los ciudadanos piden una UE creíble, legítima y resiliente. Durante más de una década, la UE se ha visto asediada por problemas políticos, económicos y sociales, lo que ha generado una actitud pesimista y ha sembrado incertidumbre entre los ciudadanos. La UE necesita estrategias generales para promover el bienestar de sus ciudadanos, inversiones sólidas y sostenibles, la creatividad y el espíritu empresarial, y para hacer frente a la creciente brecha entre ricos y pobres, la pobreza y la desigualdad de la riqueza. La recuperación económica actual no debe convertirse en ningún caso en una excusa para no actuar. Por el contrario, el CESE insta a encontrar un modo de avanzar reflexionado y coherente que permita reforzar la confianza y la seguridad y centrarse en resultados tangibles para los ciudadanos y en el enorme potencial de Europa.

2.

Deben evitarse las falsas expectativas. Ante todo, el objetivo debe ser una UE capaz de ofrecer una auténtica igualdad de oportunidades para todos. Los factores económicos, sociales y medioambientales están interrelacionados. Es fundamental dar al continente la posibilidad de adaptarse al profundo proceso de transformación y a la competencia feroz en todo el mundo y de configurar de manera efectiva la globalización de conformidad con los valores de la UE.

3.

El juego de «culpar a Bruselas», que muchos han jugado y siguen jugando, debe acabar. Es imprescindible un compromiso común por parte de las instituciones europeas y de una amplia gama de partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, tanto a escala nacional como de la UE. El CESE subraya que la legitimidad de las decisiones de la UE depende, en última instancia, de la calidad del proceso democrático.

4.

El camino que tenemos por delante solo puede recorrerse si se inspira en la misma percepción común de los objetivos que conformó la convicción de los padres fundadores y que se plasmó posteriormente en cualquier paso de importancia que se dio. La UE debe movilizar los instrumentos legislativos, la orientación, la financiación y la cooperación de que dispone para avanzar en todas las dimensiones deseables. El Tratado de Lisboa señala el camino.

5.

El CESE no cree que la elección entre escenarios (2) sea un buen método para fomentar una percepción común de los objetivos o definir la ruta futura. En primer lugar, la UE no parte de cero. Por consiguiente, la Comisión debería basar sus propuestas en un análisis en profundidad de la historia de la UE —sus logros y sus deficiencias— como una fuente valiosa de cara al futuro. Los compromisos asumidos por los Estados miembros en la Declaración de Roma constituyen un punto de partida positivo y saludable (3). En segundo lugar, los cinco escenarios están dirigidos a los Estados miembros, y se centran en los cambios institucionales, por lo que carecen de relevancia directa para los ciudadanos europeos. También parecen artificiales.

6.

Para el CESE, el escenario 1 —o, en su opinión, «salir del paso»— no es una opción. El escenario 5 parece atractivo a cierto número de personas, pero actualmente es poco realista. El escenario 2, que se centra exclusivamente en el mercado común, es demasiado limitado. El escenario 4 requiere un acuerdo entre 27 Estados miembros, lo cual podría dar lugar a la parálisis de la UE y promover las tendencias centrífugas, poniendo en peligro los objetivos y valores de la Unión. En el escenario 3, los mecanismos para una integración diferenciada, como la cooperación reforzada, podrían ser un instrumento útil para superar los bloqueos en ámbitos concretos y fomentar una dinámica positiva en el proceso de integración en la UE. No obstante, se trata de instrumentos para lograr objetivos políticos y no de un objetivo en sí mismo. Aunque deben recomendarse como forma de superar la parálisis o los obstáculos a aquella legislación de la UE que se considera deseable, el CESE subraya igualmente la necesidad de promover la convergencia en el seno de la Unión y combatir la fragmentación y la división. Por consiguiente, un acuerdo entre países pioneros o catalizadores siempre debe estar abierto a los que estén dispuestos, al tiempo que debe prevalecer una percepción común de los objetivos.

7.

Es preciso dotar a los temas estratégicos de una perspectiva común para evitar la amenaza de una Europa a la carta o las tendencias centrífugas. El CESE recomienda que se fijen las condiciones para un mejor reparto del poder político en todos los niveles. Todo ello depende principalmente de la voluntad política y, por ello, debería constituir una cuestión fundamental en el marco de un debate genuino sobre el futuro.

8.

Debe desaparecer la distinción tradicional entre el nivel nacional y el nivel europeo. Los retos comunes y las realidades entrecruzadas a lo ancho del continente ponen de manifiesto la necesidad de una misión común y requieren, igualmente, que se reconozca la ciudadanía europea junto con la ciudadanía nacional. La elaboración de políticas debe incluir a todos los ámbitos de la sociedad e impulsar su participación. Para obtener el apoyo de los ciudadanos es necesario compartir los objetivos y evaluar sistemáticamente a escala nacional, regional y local las repercusiones de las decisiones y las políticas.

9.

El Parlamento Europeo (PE) debe desempeñar un papel esencial a la hora de determinar la dirección del futuro de Europa. Además, existe una necesidad fundamental de promover la participación de los Parlamentos nacionales así como su interacción con el PE.

10.

Los objetivos clave deben ir acompañados de un acuerdo entre los Estados miembros sobre:

11.

Cualquiera que sea la opción que se elija para el futuro de Europa, el CESE desea una Unión Europea cohesionada y coherente. Muchas de las políticas en curso son parte de una profundización de la integración, un proceso a largo plazo que el CESE apoya plenamente. El CESE ha presentado muy recientemente observaciones detalladas y propuestas para el futuro sobre casi todas estas políticas.

12.

El mercado único, en todas sus dimensiones económicas y sociales y en el marco de un modelo de desarrollo sostenible, constituye el cemento indispensable de la integración europea y debe garantizar condiciones de competencia verdaderamente equitativas. En la misma línea, la UEM se ha considerado un paso decisivo. Sin embargo, a pesar de los impresionantes avances, su arquitectura sigue siendo frágil. La UEM se halla en el núcleo de los futuros acontecimientos en la UE; por lo tanto, profundizarla es crucial. El CESE respalda una vía gradual hacia una unión política con distintas medidas y disposiciones macroeconómicas y microeconómicas y con una fuerte dimensión social. La realización de la UEM requiere una verdadera gobernanza económica, que incluya la gestión por parte de la UE del sector financiero, reformas ordenadas en los Estados miembros afectados y planteamientos compartidos sobre las políticas del mercado laboral. La mejora de la gobernanza debe reforzar el fundamento para una mayor convergencia y la solidaridad en toda la zona del euro. Los servicios públicos en la UE, muy competentes, pueden servir de ayuda. La zona del euro debería iniciar una cooperación más estrecha en otros ámbitos.

13.

Asimismo, el CESE subraya la necesidad de una gobernanza más cohesionada, una integración más profunda y el pleno compromiso de los Estados miembros en los siguientes ámbitos:

14.

En opinión del CESE, también los asuntos sociales y la educación deben abordarse de un modo más sistemático a escala de la UE para encontrar soluciones convincentes. La seguridad social y la educación están en su mayor parte sujetas al principio de subsidiariedad, por lo que recaen en el ámbito de los procesos legislativos y decisorios nacionales, a menudo con la participación activa de los interlocutores sociales. En los asuntos sociales deben aplicarse mejor las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros. Dado el aumento de las tensiones en los mercados laborales, debido a la revolución digital, las deficiencias estructurales en los mercados de trabajo y la globalización, el CESE pide un compromiso europeo visible con el fin de impulsar una mayor convergencia sobre determinadas condiciones sociales y laborales, al tiempo que se contribuye a fomentar la creación de empleo de calidad, la movilidad justa y el compromiso positivo de los ciudadanos. Es necesario prestar una atención particular a los jóvenes y al desempleo juvenil. El papel de los interlocutores sociales, la sociedad civil en su conjunto y el diálogo social son primordiales.

15.

Se requiere una mayor convergencia económica y social en la UE, pero es preciso tener en cuenta las diferencias en las economías, culturas y tradiciones nacionales de los sistemas sociales. El CESE subraya que la UE no debe ser un observador sino asumir una responsabilidad claramente establecida. Antes de poder definir una vía de avance común, se requieren debates adecuados entre los interlocutores sociales (y otras partes interesadas). Asimismo, el CESE señala la importancia de que las directivas sociales de la UE sean implementadas de manera efectiva por los Estados miembros.

16.

La educación también está sujeta al principio de subsidiariedad. No obstante, es innegable que el futuro social y económico de Europa y la participación de los ciudadanos están estrechamente vinculados a la existencia de sistemas educativos y formativos actualizados en todos los niveles. El futuro de la generación más joven depende en gran medida de la educación. Las cualificaciones resultan clave tanto para los jóvenes como para las generaciones de más edad. Por lo tanto, la UE debe participar activamente en el proceso de modernización que ya está en marcha. Asimismo, la educación desempeña una función importante a la hora de comunicar sobre Europa: el CESE subraya la necesidad de ofrecer en las escuelas primarias y secundarias información y educación adecuadas sobre la UE, los valores europeos y la ciudadanía europea.

17.

Es necesario restablecer la libre circulación de personas en el espacio Schengen, lo que implica, por definición, que las fronteras comunes deben controlarse de modo más eficaz. De forma paralela, el lamentable aumento del terrorismo internacional (en el que se incluyen los asesinatos pero también la ciberdelincuencia) es una causa grave de incertidumbre pública que es preciso combatir. La cooperación entre las fuerzas policiales y las autoridades judiciales es más necesaria que nunca.

18.

Estos ámbitos están directamente relacionados con la política exterior y el gravísimo problema de los Estados fallidos y las guerras civiles en los países vecinos de Europa, así como con los consiguientes flujos migratorios que actualmente eclipsan el resto de cuestiones. El CESE apoya decididamente impulsar una política de migración común que otorgue protección a los refugiados de conformidad con el Derecho internacional, establecer un sistema común de asilo, combatir la migración ilegal y la trata de seres humanos y fomentar vías legales para entrar en la UE. En el mismo contexto, la UE debe establecer asociaciones adecuadas con los países vecinos y, en particular, debe relanzar una auténtica política euromediterránea.

19.

Más que nunca desde 1945, Europa se enfrenta al reto de velar por sus propios asuntos. Las relaciones con la OTAN y los Estados Unidos, y la eficaz gestión común europea de los problemas que surgen en los países vecinos de la Unión, requieren con urgencia una profundización de la Política Exterior y de Seguridad Común, de la que dependerá necesariamente la eficacia de la seguridad interior y exterior.

13.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 345/15

Ponente:

Milena ANGELOVA

1.1.

El CESE acoge con satisfacción que se declare que las pymes deben constituir el elemento central de las políticas económicas en la Unión. Valora positivamente que en la última década se haya aprobado numerosa legislación y se hayan asignado fondos considerables a apoyarlas. Sin embargo, el CESE comparte la opinión, a menudo manifestada por la comunidad de pymes, de que siguen existiendo importantes deficiencias tanto en la formulación como en la ejecución de las políticas dirigidas a estas empresas, lo que obstaculiza sustancialmente el efecto de las medidas de apoyo.

1.2.

Estudios recientes del CESE (1) han revelado que las políticas de la UE para las pymes y los mecanismos de apoyo actuales tratan las numerosas pymes de Europa como un grupo homogéneo y, lamentablemente, no hacen distinciones entre las diferentes necesidades que presentan los numerosos subgrupos de empresas que engloba la definición de pymes. Los ejemplos de mecanismos de apoyo diseñados a medida son más bien escasos. El uso de un enfoque universal en la elaboración de políticas de la Unión para las pymes es un problema crucial que impide que las políticas surtan el efecto deseado en este tipo de empresas (2). Por consiguiente, se recomienda encarecidamente «vender» mejor las políticas en materia de pymes y establecer con mayor precisión las necesidades específicas de estas empresas, en paralelo a la próxima consulta pública sobre la importancia de la definición de las pymes.

1.3.

El CESE advierte de que sigue predominando el enfoque burocrático y la complejidad de las normas administrativas en las políticas de la Unión para las pymes y en los mecanismos de apoyo actuales, pese a los constantes esfuerzos que se realizan a escala europea por minimizar la carga administrativa. Las pymes de la Unión consideran a menudo que los funcionarios responsables ignoran por completo cómo funcionan realmente sus negocios. Los mecanismos de apoyo de la Unión parecen en su mayoría inadecuados para responder a las acuciantes necesidades de soluciones rápidas, claras y eficaces de las pymes.

1.4.

El CESE expresa su preocupación por el hecho de que, dada la insuficiente comunicación, la mayoría de las pymes —principalmente las pequeñas empresas y las microempresas— no es consciente de la existencia de estos instrumentos y redes de apoyo. Este problema puede abordarse mediante mayores esfuerzos de sensibilización, un apoyo adicional que permita a más pymes acceder a la información adecuada, un mayor compromiso de los órganos oficiales con los principales intermediarios locales a escala nacional y regional especializados en trabajar con las pymes (empresarios y asociaciones de pymes, cámaras de comercio) y la prestación de apoyo sencillo y adaptado a las necesidades de las empresas. En su mayor parte, las herramientas que se ofrecen son demasiado complejas, poco claras y burocráticas en su diseño y contenido para satisfacer las necesidades de las pymes. Para afrontar este problema, el CESE insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a hacer el mejor uso posible del Semestre Europeo, aplicar de modo sistemático y generalizado el principio de asociación (3) e impulsar la participación obligatoria de las organizaciones representativas de las pymes a escala europea, nacional y regional en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas y medidas de apoyo en el ámbito de las pymes. Las recomendaciones específicas por país deberían concentrarse sistemáticamente en las políticas de apoyo a las pymes, a fin de garantizar una formulación pertinente, una aplicación efectiva y unas mediciones cualitativas y cuantitativas de los resultados.

1.5.

El CESE lamenta que el seguimiento de los avances de las políticas de la UE en materia de pymes siga estando fragmentado. Aunque las actividades empresariales de las pymes se registran exhaustivamente, no se registra el efecto de las medidas de apoyo de la Unión en estas actividades ni el grado en el que los cambios en el desarrollo de las pymes pueden atribuirse a dichas medidas. La información disponible es principalmente cuantitativa y no cualitativa, por lo que no ofrece una base para una evaluación adecuada de la eficacia y la eficiencia de las políticas y los instrumentos de apoyo (4).

1.6.

En consonancia con sus anteriores dictámenes, el CESE expresa su preocupación por que la aplicación de la «Small Business Act» para Europa está lejos de completarse (5). Los logros en los diferentes ámbitos son desiguales, con peores resultados en el emprendimiento, el mercado único y el acceso a la financiación. Las cualificaciones y la innovación y la contratación estatal y pública se han deteriorado verdaderamente desde 2008 (6). Está claro que debería alentarse a los Estados miembros a adoptar medidas pertinentes y hacer suya la «Small Business Act» a la hora de concebir y aplicar las políticas y la legislación que tengan un impacto sobre las pymes.

1.7.

1.7.1.

Las políticas de la UE en materia de pymes deberían reconocer la heterogeneidad y la diversidad de las pymes europeas y estudiar las necesidades específicas de las microempresas, las empresas familiares y «tradicionales», las empresas sociales, las profesionales liberales, los trabajadores autónomos y todos los demás subgrupos específicos que tienen formas jurídicas y modelos de operación muy distintos, con el fin de ofrecer una cartera adecuada de medidas normativas para fomentar su crecimiento.

1.7.2.

El CESE propone que la Comisión evalúe si la actual definición de «pyme» se corresponde con la heterogeneidad, las dinámicas sectoriales, las características específicas y la diversidad de estas empresas durante la última década (7). El CESE aboga por una política transversal para las pymes visible, coordinada y coherente que se base en un plan de acción plurianual.

1.7.3.

Las herramientas de apoyo a las pymes de la Unión deberían traducirse al lenguaje empresarial para cumplir su propósito de promover el crecimiento y el empleo. Para hacer frente a la excesiva complejidad detectada en los mecanismos de apoyo, es importante buscar la ayuda y el asesoramiento de organizaciones de pymes, que son las que conocen mejor sus necesidades, a fin de que las políticas de la Unión en materia de pymes hablen el idioma de los negocios. A este respecto, actualmente las pymes confían en los interlocutores sociales nacionales como un importante factor positivo para transmitir sus puntos de vista sobre la manera de mejorar las políticas de fomento de las pymes, y piden una participación más activa de los interlocutores en el programa nacional de reforma. Por consiguiente, debería reforzarse su papel, junto con el de las asociaciones de pymes, las cámaras de comercio e industria y otras organizaciones intermediarias de pymes.

1.7.4.

Las políticas de la Unión en materia de pymes deberían dedicar más esfuerzos a informar a las pymes —en concreto a los subgrupos más vulnerables, como las microempresas, las empresas unipersonales, las empresas tradicionales con escaso potencial innovador, las empresas ubicadas en regiones remotas, etc. (8)— sobre el apoyo existente. Las principales redes de apoyo deberían mantenerse y popularizarse, y se habría de facilitar su uso y hacerlas más accesibles a las pymes. La Comisión Europea debería analizar cuidadosamente la posibilidad de garantizar la coordinación de las redes de apoyo actuales en el marco de un sistema común de ventanilla única que respete la situación en cada Estado miembro.

1.7.5.

Es esencial la creación de una asociación sólida de múltiples partes interesadas —plataformas de pymes— con los interlocutores sociales y las partes interesadas públicas y privadas que atienden los problemas de las pymes, a escala nacional y regional. Para superar el problema de comunicación entre las pymes y los mecanismos de apoyo de la UE, es preciso reforzar la interacción con las organizaciones de pymes, que son las instituciones que mejor conocen las necesidades de estas empresas, en particular a escala nacional y regional. Esto también puede brindar un canal nuevo y eficaz para llegar a las pymes utilizando secciones locales de organizaciones de empresarios, cámaras de comercio y economía, asociaciones de pymes y organizaciones profesionales y sectoriales como intermediarios clave para popularizar y suministrar las herramientas de apoyo existentes.

1.7.6.

Los mejores resultados para las pymes se dan cuando los entes locales cooperan con organizaciones de pymes en la formulación y aplicación de las políticas. La tendencia actual a organizar la mediación principalmente en torno a los bancos no constituye la mejor opción. Los bancos deberían funcionar como intermediarios financieros, pero para todos los demás aspectos (formulación de políticas, información, promoción, etc.) las organizaciones representativas de las pymes son más adecuadas. Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que elabore medidas de apoyo a las organizaciones de pymes aplicando las políticas en materia de pymes, difundiendo información pertinente para estas empresas y proporcionándoles ayuda financiera.

1.7.7.

El CESE apoya la «Small Business Act» y pide que sus dos principios «pensar primero a pequeña escala» y «solo una vez» sean jurídicamente vinculantes. No obstante, aplicar el principio de «solo una vez» no debería perjudicar a aquellos países de acogida que verifican los requisitos profesionales y legales necesarios para llevar a cabo una actividad económica. El principio de asociación debería ampliarse a todos los procedimientos legislativos que afectaran a las pymes de forma directa o indirecta. En la práctica, es muy recomendable organizar reuniones anuales de las plataformas de pymes a escala de la UE y de los Estados miembros.

2.1.

Las políticas de la UE de apoyo a las pymes (9) son necesarias, porque, a diferencia de las pymes de otras partes del mundo, las europeas tienen que cumplir normativas nacionales y europeas que, a menudo, fueron aprobadas sin una verdadera consulta con las organizaciones que las representan, en contradicción con el enfoque de «pensar primero a pequeña escala». Esto aumenta sustancialmente el esfuerzo y los costes necesarios para hacer negocios, pese a los limitados recursos humanos y técnicos de las pymes.

2.2.

En 2008, la Comisión puso en marcha los principios de «pensar primero a pequeña escala» y «solo una vez» como paso decisivo en el fomento de la competitividad y la mejora del clima empresarial para 23 millones de pymes en Europa (10). El CESE ha apoyado firmemente esta tarea (11), pero advierte de que si la «Small Business Act» no es jurídicamente vinculante y los diferentes niveles de gobernanza —UE, Estados miembros y regiones— no están obligados a aplicarla, seguirá siendo una mera declaración política.

2.3.

La aplicación de la «Small Business Act» se evaluó y actualizó en 2011 (12), pero las conclusiones sobre su efecto real fueron poco entusiastas y pidieron realizar mayores esfuerzos (13). El CESE ha presentado reiteradamente propuestas para mejorar la eficacia de las políticas en favor de las pymes (14). En la actualidad, las pymes se ven afectadas por todas las políticas de la UE y, por consiguiente, necesitan que se formule y se aplique de modo eficaz y eficiente una política verdaderamente transversal, visible, coordinada y coherente (15).

2.4.

Las políticas en el ámbito de las pymes no tienen en cuenta las distintas necesidades que presentan las diferentes categorías de este tipo de empresas. A fin de aumentar la eficacia de su formulación y aplicación, es necesario realizar un esfuerzo sustancial de divulgación, lo que permitirá diferenciar sus destinatarios con mayor precisión y orientar y adaptar a sus necesidades específicas las soluciones que se ofrecen. Los criterios de segmentación podrían basarse no solo en el tamaño (por ejemplo, cuanto más pequeña es una empresa, más difícil le resulta, por lo general, acceder a la financiación y más asesoramiento, orientación y tutoría necesita) sino también en la ubicación (grandes ciudades frente a pequeñas ciudades y zonas rurales remotas), la fase del ciclo de vida (empresa emergente, empresa en expansión), el sector (industria, comercio, agricultura o turismo, entre otros), etc.

2.5.

Ya se ha llevado a cabo un trabajo preparatorio sustancial para revisar la «Small Business Act». El programa REFIT ha asumido la tarea de realizar tan necesarias mejoras en el marco legislativo de la Unión y reducir los obstáculos administrativos. Con los años, la cantidad de legislación de la Unión en vigor se ha incrementado hasta llegar a los 19 875 documentos (16). De ellos, 1 527 contienen disposiciones relacionadas con las pymes, que se relacionan principalmente con los siguientes ámbitos: ayudas estatales (343), competencia (293), mercado interior (217), investigación y desarrollo tecnológico (133) y presupuesto (117).

2.6.

Los recientes estudios del CESE demuestran que, pese a las numerosas iniciativas que se han puesto en marcha, las políticas de la Unión en materia de pymes necesitan una revisión sustancial para diversificar las medidas de apoyo, simplificar las normas aplicables y optimizar la comunicación y la colaboración con las pymes y sus organizaciones para poder atender eficazmente las varias y diversas necesidades de las pymes. Está creciendo considerablemente el papel de las regiones y de los territorios en la aplicación de las políticas y la legislación de la UE, en particular las que afectan a las pymes (17).

3.1.

Las pymes se enfrentan a dificultades cada vez mayores de distinta índoles:

3.2.

Las pymes conforman un grupo muy diverso y heterogéneo. Pueden diferenciarse en función de su tamaño, fase del ciclo de vida, ubicación, régimen de propiedad, sector de actividad, etc., y sus necesidades de apoyo son muy variadas y dependen de a qué subsegmento pertenezca una pyme determinada. Un grupo especial que requiere tratamiento específico lo constituyen las «empresas unipersonales» (casi el 50 % de las pymes), que están prácticamente excluidas del ámbito de aplicación de las medidas de apoyo. Con el fin de ayudar a este grupo, muy vulnerable, de pymes a trabajar y prosperar, también debería abordarse adecuadamente el problema del falso trabajo por cuenta propia.

3.3.

En este contexto, la formulación de políticas de promoción basadas únicamente en el tamaño de las empresas apoyadas puede estar obsoleta, ser demasiado general y no tener en cuenta las distintas necesidades de los diferentes grupos de pymes. En sus dictámenes, el CESE ha insistido constantemente en la necesidad de políticas de promoción de pymes en Europa mejor orientadas y más precisamente definidas (18), así como en la necesidad de revisar la definición de pymes para reflejar mejor la variedad de pymes y las diferencias entre Estados miembros (19). El CESE pide a la Comisión Europea que ponga en marcha una consulta sobre la definición de «pyme» que incluya un análisis del modo en que se aplica esta definición al llevar a la práctica medidas políticas en favor de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

3.4.1.

Los instrumentos de apoyo a las pymes deben evaluarse desde el punto de vista del efecto real que tienen en la mejora de la situación de estas empresas y del cumplimiento, en particular, de los principios establecidos en la «Small Business Act». El CESE considera necesaria una evaluación cualitativa y exhaustiva de la eficacia y la eficiencia de la inversión de los fondos de la Unión, así como mayores esfuerzos de los Estados miembros para aplicar los principios de «pensar primero a pequeña escala» y «solo una vez» a escala nacional y regional, que deberían ser obligatorios en todos los niveles (20).

3.4.2.

El principio de «pensar primero a pequeña escala» y los principios de la «Small Business Act» no están presentes explícitamente en el plan Juncker. En cierta medida, pueden vislumbrarse en los programas Horizonte 2020 y COSME, pero deberían aplicarse mejor en la práctica. El CESE invita a los responsables políticos de la UE a tener en cuenta los principios de la «Small Business Act» en todos los textos legislativos de la Unión que puedan tener impacto directo o indirecto en las pymes.

3.4.3.

El coste del crédito y el coste de la construcción y del alquiler se han reducido en los últimos años debido a la crisis. Esto, junto con algunos instrumentos específicos nuevos, crea buenas oportunidades para las empresas emergentes, pero la fase de expansión de las empresas sigue sin recibir apenas apoyo. En este sentido, el CESE acoge con satisfacción la nueva iniciativa de la Comisión para abordar este problema (21).

3.4.4.

Los préstamos bancarios continúan constituyendo la principal fuente de financiación de las pymes, pero el acceso a la financiación bancaria sigue sin resultar fácil para muchas de estas empresas, debido a los débiles balances bancarios, la falta de transmisión de la política monetaria del BCE en algunos países y los obstáculos relativamente elevados que imponen los requisitos de garantías. Cada vez es más importante la financiación basada en el mercado a través de fondos de capital privado, capital riesgo con emisión de bonos e instrumentos de capital en segmentos de mercado especializados y microfinanciación colectiva, pero la mayoría de las pymes siguen sin estar preparadas para aprovechar estas oportunidades (22). Necesitan una orientación adecuada sobre la oportunidad, información detallada y apoyo para poder explorarlas. Según el estudio del CESE, una proporción extremadamente elevada de pymes desconoce las oportunidades de apoyo a través de los programas de subvenciones de los Fondos EIE o la posibilidad de obtener financiación a través de un fondo de inversión respaldado por los fondos de la Unión Europea.

3.4.5.

Una encuesta de campo muestra que el objetivo y las prioridades de los instrumentos de apoyo no siempre coinciden con las necesidades de las pymes (23) y uno de los motivos es que no se reconocen las importantes diferencias que siguen existiendo entre los Estados miembros. Por ejemplo, son principalmente las empresas del sur de Europa las que señalan el acceso a nuevos mercados como la dificultad más importante con que se enfrentan las pymes, mientras que la mayor parte del apoyo para mejorar el acceso a los mercados, incluidos los mercados internacionales, lo reciben empresas del norte de Europa. Esto es una prueba clara de que las necesidades de las pymes son notablemente diferentes a nivel nacional, lo que suscita la pregunta de si los instrumentos paneuropeos deberían tal vez diseñarse con mayor detalle. Esta opinión también se ve plenamente respaldada en el Informe anual sobre las pymes europeas 2014-2015 (24), según el cual el grupo de países con puntuaciones más bajas proviene principalmente del sur de Europa. Estos países declaran índices extremadamente bajos de éxito de los proyectos, entre otras cosas en el componente de pymes de Horizonte 2020 (25).

3.4.6.

Lamentablemente, las grandes expectativas puestas en el papel del «representante para las pymes» se han revelado hasta el momento injustificadas. Pocos portavoces de las pymes conocen quién desempeña esta función en sus respectivos países. La mayoría de las pymes afirma que el «representante para las pymes» simplemente cumple funciones protocolarias y ceremoniales en vez de desempeñar un papel vinculado a medidas reales para promover estas empresas. Aunque el objetivo principal de esta red estriba en servir de interfaz entre la Comisión Europea y los órganos nacionales, y promover eficazmente los intereses de las pymes en el marco de los órganos nacionales y de la legislación nacional, las pymes esperan recibir asesoramiento real e información sobre las políticas de la Unión en cooperación con sus organizaciones.

3.4.7.

El fomento del emprendimiento está conectado con la creación de condiciones propicias para aumentar la proporción de empresas emergentes y nuevas empresas que sobreviven y tienen éxito, ayudar a las nuevas empresas a mejorar su competitividad y crecer con mayor rapidez y eficacia, y acelerar los procedimientos de insolvencia y el desarrollo y refuerzo de las transmisiones de empresas (26). Aunque se ha logrado mucho en términos de simplificación de la tecnología y el procedimiento de registro en la Unión, queda mucho por hacer para cumplir los objetivos segundo y tercero. Se considera que el principio de «segunda oportunidad» produce los peores resultados en todos los Estados miembros, e incluso la Comisión no otorga contratos a emprendedores que han fracasado.

3.4.8.

Además, en muchos países los procedimientos de liquidación (en caso tanto de insolvencia como de liquidación voluntaria), así como de reestructuración y herencia, presentan dificultades desde una perspectiva puramente procedimental. El CESE hace hincapié en la necesidad de simplificar y armonizar la legislación sobre insolvencia (27).

3.4.9.

La audiencia pública y los recientes estudios del CESE también ofrecían información importante sobre las principales dificultades experimentadas en los ámbitos prioritarios para las pymes europeas:

—

el número de iniciativas de exención/simplificación relacionadas con las pymes en el marco del programa REFIT es limitado;

—

sigue sin revisarse la definición obsoleta de pyme;

—

los Estados miembros aplican la prueba de las pymes de manera parcial y desigual, puesto que sigue sin ser obligatoria;

—

las consultas públicas sobre las evaluaciones de impacto y las hojas de ruta se ven obstaculizadas por un enfoque institucional burocrático y por el hecho de que no están disponibles en todos los idiomas de la Unión;

—

todas las pymes señalan la corrupción y la administración estatal ineficiente como graves problemas que tienen un efecto muy adverso en su negocio;

—

la morosidad de las administraciones públicas y los grandes clientes continúa siendo una tendencia debilitadora en algunos Estados miembros, a pesar de la introducción de requisitos más estrictos en la revisión de la Directiva sobre morosidad (28).

—

el emprendimiento sigue sin incorporarse de manera sistemática a la mayoría de los sistemas educativos nacionales de los Estados miembros;

—

la formación docente en emprendimiento es esporádica y se lleva a cabo principalmente en el marco de proyectos individuales: existen escasas iniciativas europeas en este ámbito (29);

—

los programas para jóvenes centrados en el emprendimiento, aunque tienen éxito, amenazan con desviarse de sus objetivos iniciales de fomentar el emprendimiento;

—

las campañas promocionales como la Semana Europea de las Pymes tienen un efecto escaso a la hora de animar a los participantes a plantearse seriamente ser emprendedores;

—

los costes de las empresas emergentes siguen siendo tres veces superiores al parámetro de referencia indicado.

—

no se ha culminado aún el mercado único, lo que dificulta el acceso de las pymes a los mercados, en particular en lo que se refiere a la prestación transfronteriza de servicios;

—

siguen predominando los procedimientos administrativos complicados y los elevados costes de entrega en la exportación/importación;

—

los programas de apoyo a la internacionalización de las pymes carecen de un enfoque diseñado a medida;

—

las normas y los derechos de propiedad intelectual siguen sin resultar atractivos para las pymes, debido principalmente a que sus ventajas no se les comunican adecuadamente, los costes son elevados y las normas son demasiado complicadas.

—

el modelo típico de financiación son los préstamos bancarios, seguidos —a distancia— por las subvenciones y apoyados por los instrumentos financieros;

—

las subvenciones no están orientadas al mercado ni adaptadas a subgrupos específicos de pymes, y su naturaleza normativa rara vez responde a las necesidades de estas empresas;

—

para las necesidades inmediatas de capital de explotación de las pymes son más adecuados los instrumentos financieros. Lamentablemente, solo una proporción muy modesta de las pymes está bien informada al respecto, sigue siendo infrecuente un enfoque adaptado a su aplicación, su disponibilidad depende en gran medida de la colaboración eficaz entre instituciones financieras, intermediarios y beneficiarios finales, y faltan datos y análisis sobre sus efectos reales; se precisan mayor complementariedad y sinergias entre los actuales instrumentos y los agentes regionales, nacionales y supranacionales, incluida una promoción de instrumentos financieros más eficaces como, por ejemplo, las contragarantías;

—

a pesar de los considerables progresos a la hora de ofrecer canales de financiación no crediticia innovadores (como el capital privado, el capital riesgo, etc.), estos canales siguen estando poco desarrollados en la mayor parte de los Estados miembros (30);

—

un porcentaje sustancial de las pymes duda a la hora de presentar solicitudes a los instrumentos financieros de los programas europeos, ya que «conseguir financiación parece demasiado complicado».

—

aunque Horizonte 2020 asigna financiación especial a las pymes, no puede solucionar todos sus problemas de acceso a la financiación de riesgo para la innovación, y lamentablemente hay pocos proyectos procedentes de los Estados miembros más recientes;

—

el interés de las pymes en el programa sigue siendo insuficiente debido a unas normas de admisibilidad y aplicación arduas e injustas;

—

las normas existentes pueden disuadir a las pymes de participar en consorcios viables para la ejecución de proyectos de innovación;

—

el coste para las pymes de solicitar herramientas voluntarias desarrolladas por la Comisión Europea (31) sigue siendo relativamente elevado y, por lo tanto, solo un pequeño número de empresas puede utilizarlas.

—

la información proporcionada sigue sin tener la calidad esperada;

—

la estructura, el contenido y el diseño no son muy fáciles de usar;

—

los planteamientos a la hora de facilitar información son, con frecuencia, de naturaleza burocrática;

—

las barreras lingüísticas son comunes, puesto que la información se facilita en numerosas ocasiones únicamente en inglés.

3.5.1.

Para ser coherentes, las políticas en favor de las pymes deben tener en cuenta la diversidad de estas empresas recopilando microdatos y análisis a nivel microeconómico. Esta es la única forma de entender mejor las distintas necesidades de las pymes en función de sus características particulares.

3.5.2.

En la actualidad, los mercados bancarios y de capital europeos siguen estando fragmentados. El proyecto de la Unión de Mercados de Capitales (UMC), puesto en marcha para abordar este problema, solo podrá llevarse a cabo si es coherente con otras políticas de apoyo a las pymes. Los escasos conocimientos y la exigua comprensión de los distintos instrumentos financieros entre la mayoría de las pymes limitan el desarrollo de la UMC. Por este motivo, el apoyo a las pymes debería incluir la adopción de un enfoque sostenible y a largo plazo de financiación y una mejor comprensión de los distintos instrumentos, las posibilidades de complementariedad y las ventajas y riesgos asociados a los distintos instrumentos.

3.5.3.

En la mayoría de los casos, las relaciones entre el propietario, los órganos de dirección y los trabajadores de las pymes son más próximas que en las grandes empresas, por lo que el diálogo social es una situación ventajosa para todos, ya que sienta las bases de una mano de obra comprometida y de puestos de trabajo de alta calidad. A fin de permitir que todas las partes interesadas se beneficien de esta situación y aumentar la acumulación de capital social en las pymes, debería prestarse apoyo sistemático a estas empresas, haciéndolas así conscientes de la importancia del diálogo social, la salud y la seguridad, las condiciones de trabajo, las formas innovadoras de organización laboral, los sistemas de aprendizaje basados en el trabajo y el desarrollo de capacidades. En esta tarea se revela indispensable el papel de los interlocutores sociales y las ONG.

—

evitar la sobrerregulación, proporcionando una interpretación más clara de la legislación de la UE, poniendo en marcha sistemas para resolver los litigios y aclarar las interpretaciones erróneas de esos textos y elaborando unas «notas facilitadoras para las pymes» y un vademécum que resuman y expliquen la información pertinente para estas empresas;

—

hacer obligatoria la prueba de las pymes para las nuevas propuestas legislativas y garantizar su aplicación efectiva por parte de todos los Estados miembros y, de forma sistemática, en los servicios de la Comisión (32);

—

garantizar una inclusión más eficaz de las pymes y sus organizaciones, de forma estructurada, en las evaluaciones de impacto de la nueva legislación mediante la simplificación de su formato y contenido, y la disponibilidad de información en todos los idiomas de la Unión, y evaluar el impacto en los distintos grupos de pymes;

—

llevar a cabo con carácter periódico un control completo de adecuación de la legislación de la UE a las políticas de la Unión;

—

integrar más eficazmente (y de forma obligatoria) a las organizaciones nacionales y regionales de pymes como interlocutores en el debate interinstitucional sobre la nueva legislación relevante para las pymes;

—

garantizar un seguimiento eficaz de los resultados en el marco del programa REFIT a efectos de reducción de la carga para las pymes.

—

apoyar aquellas acciones de organizaciones europeas, nacionales y regionales de pymes cuyo objetivo sea facilitar información y ofrecer formación, asesoramiento y tutoría a empresas;

—

enriquecer las herramientas existentes para apoyar el fortalecimiento de una mentalidad empresarial entre los jóvenes y velar por que los programas de apoyo se centren en el desarrollo de competencias empresariales fundamentales;

—

incluir el emprendimiento en el plan de estudios de todos los niveles educativos (33);

—

simplificar y reducir más los costes de los procedimientos de creación de empresas, facilitar el acceso a la financiación y motivar a un mayor número de personas para que desarrollen sus proyectos empresariales;

—

prever procedimientos de traspaso y liquidación de empresas y opciones de segunda oportunidad que sean simples y sencillos.

—

optimizar el funcionamiento del mercado único para evitar la sobrerregulación, la no aplicación y otras prácticas de los Estados miembros que distorsionan la competencia, sin limitar los derechos de los trabajadores y los consumidores;

—

aumentar la visibilidad de las redes existentes de apoyo a la internacionalización mediante una mejor colaboración con organizaciones de pymes a escala nacional y regional;

—

proporcionar instrumentos que ayuden a las pymes a participar en exposiciones, convenciones y ferias en el extranjero;

—

fomentar la creación de agrupaciones sectoriales nacionales y regionales de pymes con un certificado de calidad garantizada;

—

seguir reduciendo los costes de las normas y derechos de propiedad intelectual para las pymes y promover sus ventajas para la competitividad.

—

reducir los trámites, el seguimiento y el control al mínimo estrictamente necesario: aplicación obligatoria del principio «solo una vez», utilización de formularios electrónicos, simplificación de la aplicación de las normas de minimis;

—

diseñar programas de subvenciones para pymes sobre la base de cuidadosas evaluaciones de sus necesidades y evitar la práctica perjudicial de ejecutar proyectos solo con el fin de adquirir una financiación no reembolsable, sin una estrategia de desarrollo empresarial;

—

reforzar la colaboración entre el FEI, los intermediarios financieros y las organizaciones de pymes con el objetivo de diseñar instrumentos financieros muy eficaces que respondan a las necesidades de las pymes de capital circulante, préstamos y garantías, y evaluar mediante indicadores cuantitativos los efectos alcanzados;

—

establecer una cartera completa y diversificada de medidas de apoyo específicas e innovadoras que permitan responder con eficacia a las necesidades del heterogéneo grupo de pymes (34);

—

prestar apoyo a las pymes que estén dispuestas a emitir bonos e instrumentos de capital en segmentos de mercado especializados;

—

proporcionar al Mecanismo de Garantía de Préstamos del programa COSME recursos adecuados para alcanzar sus fines, teniendo en cuenta las repercusiones financieras del brexit;

—

estudiar formas de reforzar los canales de financiación innovadora no crediticia (como el capital privado, el capital riesgo, los inversores providenciales y la microfinanciación colectiva) y el uso eficaz del apoyo que prestan las instituciones de garantía.

—

suministrar herramientas que mejoren el acceso de las pymes al capital riesgo para la introducción de innovaciones;

—

apoyar la cooperación entre las pymes y las instituciones de investigación y educación y facilitar el intercambio de información entre ellas;

—

crear condiciones favorables para establecer consorcios viables en los que las pymes y sus ideas innovadoras orientadas al mercado desempeñen un papel central;

—

apoyar la competitividad de las pymes mediante orientación y tutoría para facilitar el desarrollo de capacidades, proporcionar asistencia técnica, difundir buenas prácticas e impulsar la cooperación entre las organizaciones de pymes.

—

promover las organizaciones europeas, nacionales y regionales de pymes como el «centro de gravedad» más importante adoptando estrategias que les permitan desarrollar sus capacidades y aplicando en el proceso legislativo el principio de gobernanza multinivel y multifactorial a escala europea, nacional y regional;

—

estudiar la posibilidad de crear un portal único para todas las iniciativas de apoyo a las pymes que se distinga por un diseño claro y fácil de usar, amplios contenidos digitales, escasos redireccionamientos y un lenguaje comprensible.

—

adaptar los sistemas de formación profesional a las necesidades de los mercados laborales; crear sistemas de seguimiento y previsión de las necesidades de los mercados laborales;

—

aumentar el apoyo a los Estados miembros para que faciliten la participación de las pymes en programas de aprendizaje;

—

apoyar programas de formación a corto plazo; fomentar la cooperación entre las asociaciones de empresarios y las instituciones educativas.

13.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 345/25

Ponente:

Antonello PEZZINI

Coponente:

Hannes LEO

1.1.

La economía de la UE se basa cada vez más en la creatividad y la innovación. En Europa, los sectores intensivos en los derechos de propiedad intelectual (DPI) representan el 39 % del PIB de la UE y el 26 % de sus puestos de trabajo (1). El CESE considera que las empresas deben gozar de una serie de condiciones que faciliten la innovación, la inversión y el empleo.

1.2.

Según cálculos de las Naciones Unidas (2) y la OCDE, los productos falsificados representan entre el 5 y el 7 % (ONU) o hasta el 2,5 % (OCDE) del comercio mundial. La mayor parte de los productos falsificados en Europa se fabrica fuera de la UE, pero la producción en los Estados miembros también aumenta. Internet ha simplificado considerablemente y ampliado enormemente las posibilidades de vender productos falsificados en línea, mientras que el riesgo de ser procesado sigue siendo muy bajo.

1.3.

La industria de los productos falsificados aprovecha tanto la diferencia de eficacia entre los controles aduaneros en los principales puntos de entrada como la fragmentación y disparidad de la implantación de las normas de la UE, lo que facilita la entrada en la Unión de productos que ponen en peligro la salud de los consumidores, la seguridad pública y la competitividad de las empresas.

1.4.

Por consiguiente, una unión aduanera interoperativa que trabaje a pleno rendimiento debe garantizar el funcionamiento eficaz del nuevo sistema introducido por el código aduanero, protegiendo así a las empresas de la competencia desleal, especialmente la que emana de la industria mundial de los productos falsificados y pirateados, no solo en beneficio de las empresas sino por la repercusión directa en la salud, la seguridad y el crecimiento económico en el mundo.

1.5.

En opinión del CESE, dado que es preciso distinguir dos tipos de falsificación —una «falsificación» como infracción de los DPI, es decir, una competencia puramente desleal que no amenaza a la seguridad y la salud públicas, y un «delito de falsificación» como acto delictivo, tal como se define en el Convenio Medicrime (3)—, erradicar la falsificación y la piratería debería ser una prioridad de la UE, no solo para garantizar el crecimiento próspero del comercio mundial sin proteccionismo sino también a causa de la profesionalización de la delincuencia organizada en el comercio de productos falsificados y pirateados y los riesgos que ello conlleva para los consumidores. Esto podría incluir unos procesos penales apropiados destinados a disuadir de cometer el «delito de falsificación».

1.6.

A fin de reducir el impacto negativo del creciente volumen de productos falsificados y pirateados en el mercado, deben adoptarse también medidas a nivel sectorial, nacional, europeo y multilateral para luchar contra:

1.7.

El CESE está convencido de que se requiere un esfuerzo conjunto por parte de todos los agentes públicos y privados para acordar y aplicar una estrategia conjunta, respaldada por un marco técnico y legislativo común adecuado, de medidas coordinadas y destinadas a evitar, detectar y combatir este fenómeno.

1.8.

No obstante, el CESE estima que la iniciativa recae principalmente en el sector privado de la UE, que engloba a los sectores y los proveedores de servicios más afectados —así como a toda la cadena de valor—, con la participación de los titulares de los derechos y las pymes, si bien la Comisión Europea, por su parte, tiene la obligación de actualizar el marco normativo de los DPI a fin de modernizar las normas actuales y adaptar las opciones del Derecho penal de que actualmente disponen la UE y sus Estados miembros. Juntos deberían imprimir un impulso firme, desde el origen y a lo largo de toda la cadena de suministro, y determinar los mecanismos interoperativos que fomentan la cooperación internacional y supervisar a proveedores y clientes para reducir al mínimo el riesgo de falsificación en la cadena de suministro.

1.9.

Según el CESE, es fundamental que el sector privado lleve a cabo una acción conjunta más decidida a fin de garantizar tanto los memorandos voluntarios de acción conjunta como las asociaciones con proveedores de sitios web, creadores de contenido, propietarios de marcas, operadores de pago por vía electrónica, anunciantes, redes publicitarias y registros de dominios de internet; este tipo de colaboraciones permite adaptarse sin demora a cambios repentinos del mercado.

1.10.

La firme promoción por parte del sector privado debe acompañarse de medidas públicas como las siguientes:

1.11.

El CESE considera que debería financiarse una campaña europea contra la falsificación, que incluya un Día Europeo contra la Falsificación y una línea telefónica directa, y en la que se destaque lo siguiente:

1.12.

El CESE considera fundamental una mayor coordinación de los distintos servicios de la Comisión Europea con las agencias europeas pertinentes y con los interlocutores de los Estados miembros. Este fin puede alcanzarse suministrando los recursos adecuados para impulsar la cooperación en toda Europa y realizando esfuerzos por establecer una verdadera cultura de la cooperación. La creación de un grupo de trabajo centralizado especializado en la falsificación, que esté en funcionamiento por un período de tiempo apropiado, ayudaría a lograr el objetivo con eficacia.

1.13.

El CESE insta al Consejo y al Parlamento Europeo, con carácter urgente, a obligar a la Comisión Europea a:

2.1.

Para definir el tema del presente dictamen se toman como referencia los conceptos sobre falsificación fijados en el Reglamento (UE) n..o 608/2013. La piratería electrónica y digital, el comercio y la difusión de programas informáticos o archivos ilegales que incumplan las leyes de propiedad intelectual relevantes quedan fuera del ámbito del presente dictamen, ya que están muy vinculados a la Agenda Digital, sobre la que el CESE ha creado un Grupo de Estudio Permanente.

2.2.

Cuantificar el fenómeno de la falsificación es una labor compleja, ya que, al igual que en todos los ámbitos de las actividades ilegales, los datos disponibles se basan excesivamente en cálculos y aproximaciones, dado que los canales de falsificación están controlados, en su mayor parte, por organizaciones delictivas que han detectado hábilmente el gran potencial de este tipo de actividad ilegal, que entraña un riesgo mínimo de ser descubiertos.

2.3.

En los últimos años los tipos de mercancías objeto de falsificación se han multiplicado hasta el punto de que no existe producto alguno en este momento que no se pueda imitar y vender: todo se copia, desde accesorios de moda a piezas mecánicas de recambio y herramientas, materiales y equipos de construcción, joyería, calzado, objetos de diseño, juguetes, cosméticos y medicamentos. Además, las mercancías falsas se muestran como un sector paralelo de pleno derecho, un competidor real al que las empresas han de enfrentarse y ante el que tienen que defender su cuota de mercado.

2.4.

La facilidad de la compra suele derivar en que los consumidores elijan productos falsificados, lo que repercute gravemente en las empresas, en particular las pymes; debido a una regulación escasa y a las dificultades para establecer un control, el comercio electrónico y las subastas en línea representan una manera segura y eficaz de crear una base de consumidores amplia y de comercializar mercancías falsificadas de bajo coste.

2.5.

La falsificación se ha convertido en uno de los principales facilitadores y financiadores de la delincuencia organizada. La participación de organizaciones delictivas ha causado un incremento drástico del nivel de profesionalidad en la industria de los productos falsificados: los delincuentes organizados han desarrollado las redes necesarias para optimizar sus resultados a escala mundial.

2.6.

La fabricación de mercancías falsificadas suele considerarse un fenómeno externo: las estadísticas aduaneras muestran sin lugar a dudas que la mayoría de países de los que provienen los productos falsificados no son miembros de la UE. China sigue siendo uno de los principales actores del sector, pese a haberse comprometido firmemente a poner coto a la falsificación.

2.7.

El auge de Internet ha creado nuevos canales de distribución de productos falsificados con un riesgo muy bajo para el vendedor, debido a las dificultades que entraña la presentación de acusaciones contra los intermediarios de la cadena de valor. Es necesario reforzar la cooperación a lo largo de toda la cadena de valor para luchar eficazmente contra el comercio de producidos falsificados en línea.

2.8.

En Europa, los sectores intensivos en DPI representan el 39 % del PIB de la UE y el 26 % de sus puestos de trabajo (5). Según estudios recientes (6), las mercancías falsificadas representan entre el 5 % y el 7 % del comercio mundial, lo que asciende a unos 600 000 millones EUR al año, mientras que la OCDE (7) sitúa el valor de las mercancías falsas importadas en el 2,5 % del comercio internacional en 2013, lo que equivale a 338 000 millones EUR, y calcula que hasta el 5 %, u 85 000 millones EUR, de las mercancías importadas a la UE son falsificadas o pirateadas, sin contar los productos fabricados y vendidos dentro de un único Estado miembro y aquellos comprados por internet y a través de las actividades económicas indirectas.

2.9.

De acuerdo con otras estadísticas internacionales de 2017 (8), se calcula que el comercio mundial de productos falsificados y pirateados asciende anualmente a entre 923 000 millones y 1,13 billones de dólares estadounidenses (USD).

2.10.

La fabricación de productos falsificados, también a gran escala, crece en los Estados miembros, ya que los falsificadores intentan sortear los controles aduaneros en las fronteras exteriores de la UE.

2.11.

La comercialización de productos falsificados y pirateados genera grandes perjuicios a la economía y facilita el desarrollo de una «economía paralela» que priva de los ingresos (9) requeridos para financiar servicios públicos básicos y supone una mayor carga fiscal para los contribuyentes, lo que deriva en la pérdida de empleos regulares.

2.12.

En la UE, la falsificación es responsable cada año de la pérdida de unos 800 000 empleos y de unos 14 300 millones EUR por ingresos fiscales no recaudados, lo que incluye el IVA y los impuestos sobre el consumo (10).

2.13.

El PE ha adoptado una serie de resoluciones sobre este asunto, en particular, la Resolución de 9 de junio de 2015 (11), en la que recomienda seguir un enfoque que reúna a todos los agentes en la lucha contra la falsificación, conciencie a los consumidores y les ofrezca más información, desarrolle nuevos modelos comerciales, mejore los mecanismos de defensa de las pymes, promueva la convergencia de intereses entre los Estados miembros y terceros países y haga mayor uso de los datos recopilados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE).

2.14.

El 19 de marzo de 2013, el Consejo adoptó una Resolución sobre un plan de acción aduanero de la UE para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual (2013 a 2017), en la que se fijan objetivos claros, se asignan recursos apropiados y se definen indicadores de resultados y rendimiento según un programa claramente definido relativo a lo siguiente:

2.15.

El 18 de mayo de 2017, las Conclusiones del Consejo sobre la determinación de las prioridades de la UE para la lucha contra la delincuencia internacional organizada y grave entre 2018 y 2021 destacaron que «los mercados delictivos son cada vez más complejos y dinámicos […]. […] Por tanto, […] debe prestarse especial atención al comercio de bienes y servicios ilícitos por internet, […] incluidas las mercancías con usurpación de marca».

3.1.

Las estadísticas aduaneras muestran de forma clara que la mayoría de países en los que se fabrican productos falsificados no son miembros de la UE, dado que entre los principales actores de la industria de la falsificación se encuentran no solo China y Hong Kong sino también otros países asiáticos especializados en sectores específicos: la India en productos farmacéuticos, Egipto en productos alimentarios y Turquía en perfumes, cosméticos y calzado, junto con Malasia, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Tailandia y Filipinas.

3.2.

En 2014 las estadísticas aduaneras de la UE pusieron de manifiesto que más del 66 % de las falsificaciones de productos textiles y prendas de vestir procedía de fuera de la UE.

3.3.

Los puntos de tránsito para el transporte de mercancías entre Asia y Europa desempeñan una función de especial importancia, ya que son zonas centralizadas para el transporte de contenedores de mercancías en una red de 3 000 zonas francas situadas en 135 países diferentes. Estas zonas se utilizan para intercambiar, documentar y volver a etiquetar el contenido de los contenedores.

3.4.

Otro factor que hay que considerar es el importante aumento de la fabricación interna de mercancías falsificadas y pirateadas en la UE, actividad que, según Europol, cada vez es más rentable para los delincuentes organizados, conlleva muchos menos riesgos y está vinculada a otros tipos de delitos, como el fraude, la falsificación de documentos, la evasión fiscal y el tráfico de personas.

3.5.

La reubicación de las instalaciones de fabricación de las mercancías falsificadas y pirateadas hacia el interior de la UE, el consiguiente descenso en los costes de transporte y en el riesgo de intercepción y el desarrollo de redes delictivas bien organizadas y dotadas de recursos adecuados parecen estar haciendo surgir un nuevo modelo: la expansión prevista de la zona franca de Tánger Med en Marruecos, a solo 15 kilómetros de la UE, podría ofrecer a las redes delictivas más oportunidades de comercializar en Europa mayores cantidades de mercancías falsificadas.

3.6.

Los países cuyas empresas se vieron más afectadas por las actividades relacionadas con la falsificación entre 2011 y 2013 son los Estados Unidos con un 20 %, Italia con un 15 %, Francia y Suiza con un 12 %, Japón y Alemania con un 8 % y el Reino Unido y Luxemburgo. Tampoco deben subestimarse las pérdidas indirectas y los costes adicionales causados por la necesidad de realizar nuevos diseños o hallar soluciones innovadoras debido a las falsificaciones.

4.1.

El CESE insta encarecidamente a los Estados miembros a que introduzcan medidas destinadas a:

4.2.

El CESE aboga por un nuevo marco de la UE para el período 2018-2021, que incluya un plan de acción coordinado y dotado de financiación completa a fin de reforzar a escala de la UE la legislación y las iniciativas contra las falsificaciones a través de medidas como las siguientes:

5.1.

Según el CESE, es fundamental garantizar una coordinación más estrecha entre los distintos servicios de la Comisión y las agencias europeas que operan en este ámbito. Este objetivo puede lograrse creando un grupo de trabajo (subordinado directamente al presidente de la Comisión) que pueda interactuar con los segmentos pertinentes del sector privado, los organismos internacionales y las autoridades competentes de los Estados miembros.

5.2.

Este grupo de trabajo sobre falsificación debería presentar un informe anual global sobre los progresos en los planos tecnológico, estructural y normativo, en particular, en el ámbito internacional.

5.3.

La Comisión Europea y las agencias europeas, especialmente OPIUE, Europol y OLAF, así como las ONG activas en la lucha contra la falsificación, deben intensificar la coordinación internacional mediante la celebración de conferencias internacionales anuales.

13.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 345/32

Ponente:

José Manuel ROCHE RAMO

Coponente:

Estelle BRENTNALL

1.1.

El sector de la industria del azúcar de remolacha de la UE se está preparando para uno de los mayores cambios de su historia: el final de las cuotas de producción el 1 de octubre de 2017. El final de las cuotas brinda diversas oportunidades a los fabricantes de azúcar de remolacha de la UE, en especial la posibilidad de producir más azúcar de uso alimentario y exportar sin restricciones. A fin de beneficiarse de estas nuevas oportunidades, el sector de la industria del azúcar de remolacha de la UE se ha empeñado a fondo para aumentar su competitividad. Sin embargo, el final de las cuotas de producción también genera riesgos adicionales y cierta incertidumbre, y podría ejercer presiones sobre el sector. La competencia se intensificará, con presiones en los precios tanto para productores como para transformadores, mientras que se espera que la isoglucosa adquiera una mayor cuota de mercado. Los fabricantes y los cultivadores de azúcar de remolacha menos competitivos de la UE podrían tener dificultades para sobrevivir en un entorno de mercado más duro y volátil. Esto podría tener graves consecuencias para los trabajadores, las empresas, los agricultores y las comunidades rurales. Es fundamental que los responsables políticos se mantengan alerta en lo que respecta al futuro del sector.

1.2.

La ayuda al almacenamiento privado de azúcar será el único instrumento específico que siga siendo opcional para apoyar al sector de la industria del azúcar de remolacha de la UE tras el final de las cuotas de producción. No obstante, en caso de una crisis de mercado en el sector del azúcar de remolacha de la UE, no está claro en qué circunstancias se podría introducir este tipo de ayuda. Hay que definir mejor las condiciones para la activación de la ayuda al almacenamiento privado a fin de adecuar el sistema a su finalidad. La Comisión Europea podría contemplar la posibilidad de definir un umbral de precio objetivo que desencadenara el proceso de toma de decisiones para la activación de la ayuda al almacenamiento privado. Esto haría que el proceso fuera menos subjetivo y fomentaría la introducción rápida y uniforme de tal ayuda en un momento de crisis. También se deberían estudiar como opción las disposiciones generales en materia de crisis, como el artículo 222 del Reglamento de la OCM única. El Comité celebra la creación del Observatorio del Mercado del Azúcar, siempre y cuando su composición sea equilibrada y sus reuniones se convoquen en el momento oportuno, en caso de que surjan dificultades en el mercado.

1.3.

La PAC deberá incluir instrumentos de mercado que apoyen la producción continua de azúcar en los Estados miembros de la UE. La industria del azúcar de remolacha de la UE contribuye de forma decisiva a la creación de empleo y a la actividad económica, así como a la competitividad de la industria de la alimentación y las bebidas. Hoy por hoy, la PAC permite a los Estados miembros conceder una ayuda asociada a los sectores o regiones en que ciertos tipos específicos de actividades agrarias o sectores agrícolas específicos que sean especialmente importantes por motivos económicos, sociales o medioambientales estén experimentando determinadas dificultades. Tal es el caso del cultivo de remolacha azucarera en las regiones vulnerables. Los pagos directos asociados deberían centrarse en reducir el riesgo de disminución o abandono de la producción de azúcar de remolacha en tales regiones, a fin de evitar la desertificación rural y preservar la biodiversidad. En el contexto de una mayor volatilidad, el apoyo directo a los agricultores debe complementarse con un mejor acceso a los instrumentos de gestión del riesgo. La interdependencia de los transformadores y los agricultores es el motivo subyacente al marco contractual específico que regula la relación entre cultivadores y transformadores en este sector.

1.4.

En caso de que se dé una evolución desfavorable en el mercado azucarero de la UE a partir del 1 de octubre de 2017, puede que se produzcan despidos. La Comisión Europea debería estudiar la idoneidad de los diferentes Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) a fin de apoyar el empleo regional o local, sobre todo en el caso de los trabajadores y los agricultores afectados por los posibles cierres de instalaciones. Puede que sea necesario hacer excepciones en relación con los criterios para la introducción de algunos de estos fondos.

1.5.

A partir del 1 de octubre de 2017, los fabricantes de azúcar de remolacha de la UE estarán obligados a notificar tanto el precio de venta de su producto principal como el precio de compra de su insumo básico. Este elevado grado de transparencia del mercado no va parejo con la transparencia en los eslabones posteriores de la cadena de suministro ni se aplica a los productores de isoglucosa. La Comisión Europea debería contemplar las recomendaciones del Grupo de Estudio sobre Mercados Agrícolas de ampliar la transparencia del mercado en los eslabones posteriores hasta los usuarios del azúcar a fin de ofrecer una mejor visión del modo en que el valor añadido se comparte a lo largo de la cadena de suministro. La transparencia del mercado, ya sea para los productores de azúcar e isoglucosa o para los consumidores de azúcar, no debe afectar a la competitividad de las empresas afectadas.

1.6.

El incremento de las exportaciones de azúcar será crucial para la industria azucarera de la UE tras el final de las cuotas. La Comisión Europea debería fomentar las exportaciones de azúcar de la UE y desafiar la imposición arbitraria de instrumentos de defensa comercial por parte de los importadores de terceros países. La Comisión Europea debería ser cauta en su proceso en pos de la liberalización del comercio en el ámbito de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio de la UE. Debería desafiar con mayor firmeza las políticas de apoyo de los principales productores y exportadores de azúcar del mundo que distorsionan el mercado, tanto en el seno de la OMC como durante las negociaciones comerciales bilaterales.

1.7.

Fomentar salidas alternativas para la remolacha azucarera -como el bioetanol, los piensos, los bioplásticos y los productos químicos de base biológica- será esencial para la futura competitividad del sector. La Comisión Europea debería mantener la limitación del 7 % para los biocarburantes que pueden contabilizarse a efectos de la consecución del objetivo del 10 % para las energías renovables en el transporte. El anexo IX a la Directiva sobre fuentes de energía renovables (2009/28/CE), en el que se clasifica la melaza como materia prima para biocarburantes avanzados, no debería modificarse. La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones deberían trabajar para fomentar y mejorar la innovación en el ámbito de otros subproductos de origen biológico. Esto podría adoptar la forma de un Fondo de Innovación de la UE, así como un programa de préstamos con bajos tipos de interés.

2.1.

La Unión Europea es el principal productor de azúcar de remolacha del mundo. De media, se produjeron 17,2 millones de toneladas al año entre 2011 y 2012 y entre 2015 y 2016. Las empresas productoras de azúcar compran alrededor de 107 millones de toneladas de remolacha azucarera al año a 137 000 cultivadores europeos. La remolacha azucarera se transforma principalmente en azúcar, aunque una cantidad considerable se transforma en otros productos, como pienso, etanol renovable y productos biológicos. Estos productos pueden desempeñar un papel importante como amortiguador en caso de exceso de oferta.

2.2.

Las fábricas de azúcar de remolacha se sitúan en su mayoría en zonas rurales caracterizadas por un nivel bajo de actividad industrial. A menudo constituyen la base económica de las regiones en las que se ubican, donde existen pocas alternativas industriales. El sector azucarero de la UE proporciona casi 28 000 empleos directos, que se concentran principalmente en las regiones productoras de remolacha azucarera más competitivas. Estos empleos tienden a ser puestos muy cualificados, y los trabajadores de la industria azucarera perciben unos salarios más altos que en la mayoría de los demás sectores agrícolas. Además del empleo directo, la actividad económica generada por la industria proporciona otros 150 000 empleos indirectos, por ejemplo, en los sectores del transporte, la logística y la construcción.

2.3.

Solo en circunstancias muy excepcionales es posible reiniciar la producción de azúcar una vez que una instalación de producción de azúcar ha sido cerrada. El motivo es que la construcción de una fábrica de azúcar conlleva unos elevados costes de inversión, normalmente del orden de varios cientos de millones de euros. En la mayoría de los casos, el cierre de una única instalación implica la pérdida permanente de una actividad industrial fundamental, lo que da lugar a la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos. La búsqueda de un puesto de trabajo industrial alternativo puede conducir al éxodo rural.

2.4.

La situación es similar para los cultivadores. La remolacha azucarera se ha de cultivar geográficamente cerca de las fábricas de transformación. Esto se debe al coste relativamente alto del transporte de la remolacha (se requieren entre seis y siete toneladas de remolacha para producir una tonelada de azúcar). Si una fábrica de azúcar de remolacha desaparece, los cultivadores pierden una vía para dar salida a su producción de remolacha azucarera. A menos que haya otra fábrica a una distancia económicamente viable, se ven obligados a pasar a otro tipo de cultivo. Esto tiene una notable repercusión negativa en la rentabilidad financiera de los agricultores afectados, muchos de los cuales habrán hecho unas inversiones sustanciales en equipos específicos, por ejemplo, para la recogida de la remolacha, que no se pueden aplicar a otros cultivos. Además, la conversión repentina a otro tipo de cultivo por parte de un gran número de agricultores puede ejercer una presión considerable sobre los mercados agrícolas locales.

2.5.

La producción de azúcar de remolacha es sostenible desde el punto de vista medioambiental. La remolacha azucarera siempre se cultiva en rotación con otros cultivos. La rotación de cultivos ayuda a conservar la fertilidad del suelo y reduce los niveles de agentes patógenos y plagas en la tierra, lo que a su vez disminuye la necesidad de usar productos fitosanitarios. El desarrollo y la difusión de buenas prácticas es un ejercicio común en las regiones productoras de remolacha de la UE. Asimismo, en este sector se promueven la cubrición del suelo y un laboreo limitado para favorecer la fertilidad y reducir la erosión. En las fábricas, el uso de energía se reduce al mínimo mediante la utilización de sistemas de producción combinada de calor y electricidad (PCCE), la recuperación de calor y la conservación del agua.

3.1.

El sector azucarero de la UE ha invertido considerablemente en mejoras técnicas y reducción de costes, así como en capital humano, investigación, educación y formación. En los últimos veintiséis años, el coste medio de producción de la UE para el azúcar de cuota ha aumentado tan solo un 0,4 % anual, frente a una tasa de inflación del 2,2 % anual. Esto se traduce en una reducción constante de los costes relativos a la inflación a lo largo de dos décadas (1). Estas mejoras han contribuido a aumentar la competitividad del sector europeo de los alimentos y las bebidas que usan azúcar.

3.1.1.

El rendimiento de la remolacha azucarera ha aumentado de manera significativa en los últimos años combinando las mejoras técnicas con una mayor variedad de semillas, y todo ello impulsado por la cooperación entre la industria, los remolacheros, la investigación y el desarrollo y el comercio de semillas. El rendimiento medio del azúcar de remolacha (toneladas de azúcar/hectárea) ha aumentado en un 2,4 % anual en los últimos veintiséis años, y se prevé que la tendencia continúe en el período posterior a 2017. El rendimiento del azúcar de la UE por hectárea es ahora superior al de Australia o la zona centro y sur de Brasil, que se encuentran entre las regiones más competitivas del mundo. Cuatro de las diez mayores empresas productoras de azúcar del mundo tienen su sede en la UE (2).

3.2.

Estas ventajas competitivas se deben en parte a la reestructuración sustancial del sector que tuvo lugar entre 2006 y 2009. A raíz de la reforma de 2006, el sector de la industria del azúcar de remolacha de la UE cerró casi la mitad de sus fábricas con la pérdida de 4,5 millones de toneladas de capacidad productiva, más de 24 000 empleos directos y 165 000 proveedores agrarios (3). Esta transformación ha hecho más sostenible económicamente el sector del azúcar de remolacha de la UE, aunque a un alto coste social. Desde la campaña de 2008-2009, el empleo se ha mantenido relativamente estable, así como el número de fábricas.

3.3.

Las sólidas relaciones entre los transformadores del azúcar y los trabajadores se han mantenido a través de un diálogo social de larga trayectoria a escala europea y nacional. El diálogo social del sector azucarero de la UE existe desde 1968 y ha sido clave para garantizar una transición adecuada desde el punto de vista social en los momentos difíciles, como tras la reforma de la política del azúcar de la UE en 2006. Al contribuir a un sentimiento de responsabilidad compartida, el diálogo social contribuye a su vez a la competitividad de la industria.

3.4.

A partir de 2017 se perseguirán mayores avances en términos de competitividad, teniendo en cuenta sobre todo que los fabricantes pueden intentar reducir los costes fijos haciendo funcionar las fábricas a plena capacidad. Esta medida podría implicar unas campañas más largas de transformación de la remolacha y, por consiguiente, mayores riesgos para los transformadores y los cultivadores como consecuencia de las incertidumbres relacionadas con la cosecha y el almacenamiento de la remolacha en invierno.

3.5.

A fin de evitar el desperdicio, los transformadores europeos del azúcar usan la totalidad de la remolacha azucarera para producir un abanico de productos además del azúcar; por ejemplo, las piedras y la tierra de la remolacha lavada se venden a la industria de la construcción, el material fibroso de la remolacha («pulpa de la remolacha») y la melaza se extraen y transforman para su uso como pienso, y la melaza y otros jarabes derivados de la producción del azúcar se pueden usar para producir etanol renovable. Cada vez más, los productores de azúcar también se están diversificando hacia la producción de ingredientes para bioproductos destinados a industrias como la de los plásticos, la textil, la farmacéutica y la química.

4.1.

Los transformadores del azúcar de remolacha y los agricultores de remolacha azucarera dependen los unos de los otros. Los agricultores dependen de las empresas de producción de azúcar para que proporcionen el capital fijo y los conocimientos técnicos necesarios para extraer el azúcar de la remolacha, y los transformadores dependen de los agricultores contratados para que les suministren el cultivo. A fin de minimizar los costes del transporte de la remolacha, los agricultores también han de ubicarse geográficamente cerca de la fábrica de azúcar a la que suministran la materia prima. Además, muchas de las grandes empresas productoras de azúcar de remolacha son cooperativas, lo que permite a los agricultores que suministran la materia prima tener una participación directa en la industria.

4.1.1.

La interdependencia de los transformadores y los agricultores requiere un marco contractual específico que equilibre los derechos y las obligaciones entre ambas partes. Las relaciones contractuales entre los agricultores de remolacha azucarera y los transformadores del azúcar después de 2017 se disponen en el artículo 125 y el anexo X del Reglamento de la OCM única. Estas normas han sido complementadas recientemente con un reglamento delegado, que permite seguir incluyendo cláusulas de reparto del valor en los contratos relativos a la remolacha con carácter voluntario (4). La mayoría de las industrias azucareras han concluido recientemente contratos en relación con la remolacha para 2017-2018 y el período posterior que incluyen algún tipo de vínculo entre los precios de la remolacha azucarera y los precios del mercado azucarero.

4.1.2.

Los fabricantes de azúcar de remolacha están obligados desde hace tiempo a informar mensualmente de los precios, la producción y las existencias, y esta obligación se mantendrá en el período posterior a las cuotas. A partir del 1 de octubre de 2017, los precios de la remolacha azucarera también tendrán que ser notificados a la Comisión Europea y publicados con carácter anual. Este grado de transparencia del mercado que caracteriza al sector de la transformación del azúcar no va parejo con la transparencia en los eslabones posteriores de la cadena de suministro ni se aplica a los productores de isoglucosa. Las pruebas sugieren que la transmisión de precios a lo largo de la cadena de suministro es baja (5) y que puede ser útil analizar la viabilidad de una mayor transparencia para los usuarios del azúcar de remolacha de la UE.

4.2.

El mercado azucarero de la UE también cuenta con refinerías activas de azúcar de caña. Las refinerías de azúcar de caña no transforman la remolacha azucarera, sino que dependen de las importaciones de azúcar de caña en bruto para su refinación. La UE permite la importación ilimitada y libre de impuestos de azúcar procedente de los países menos desarrollados, en el marco de la iniciativa «Todo menos armas» (TMA), y de aquellos países de África, del Caribe y del Pacífico que han celebrado un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la UE. Las refinerías de azúcar de caña en bruto de la UE se benefician de un acceso al mercado con franquicia de derechos en virtud de acuerdos bilaterales con los países de América Central, Colombia, Perú, Ecuador y Sudáfrica, con un volumen total que se eleva en la actualidad a 420 000 toneladas al año. La disponibilidad anual de azúcar en bruto destinado al refinado al amparo del contingente con derechos reducidos CXL, que se reparte entre Brasil, Australia, Cuba y todos los terceros países (erga omnes), representa más de 700 000 toneladas y aumentará hasta casi 800 000 toneladas en el período 2017-2018. Tanto en las negociaciones de libre comercio ya concluidas como en las que están en curso, la UE está ofreciendo acceso adicional a terceros países a su mercado azucarero.

5.1.

Desde 1968, la producción de azúcar e isoglucosa con fines alimentarios en la UE ha estado limitada mediante cuotas de producción. Las cuotas de producción dejarán de existir a partir del 1 de octubre de 2017, esto es, al inicio de la campaña 2017-2018 del azúcar de la UE. A partir de ese momento, los productores de azúcar e isoglucosa de la UE tendrán libertad para producir sin restricciones azúcar e isoglucosa con fines alimentarios. Asimismo, desaparecerá el límite máximo vigente para las exportaciones (6). En consecuencia, los operadores del sector azucarero de la UE tendrán libertad para exportar azúcar sin ninguna restricción a partir del 1 de octubre de 2017.

5.2.

Se prevé un aumento de la producción azucarera para 2017-2018. Se prevé que este incremento de la producción sea estructural. Además, se espera que la isoglucosa adquiera una mayor proporción del mercado de edulcorantes de la UE y que los fabricantes de isoglucosa produzcan «con el paso del tiempo» dos o tres millones de toneladas, muchas de las cuales podrían utilizarse en la fabricación de refrescos (7). A título comparativo, el consumo de azúcar en la UE va en ligero descenso.

5.3.

El aumento de la producción interna de azúcar y de la cuota de mercado de la isoglucosa podría afectar a los precios del azúcar blanco en la UE en el período posterior a las cuotas. En las perspectivas a medio plazo de la Comisión Europea para los mercados agrícolas entre 2016 y 2026 se sugiere que los precios del azúcar blanco en la UE se situarán debajo del umbral de referencia de 404 EUR/tonelada durante gran parte del período posterior a las cuotas, es decir, por debajo de los costes medios de la producción de azúcar y del cultivo de remolacha de azúcar.

5.3.1.

En 2015, los precios del azúcar blanco en la UE alcanzaron su nivel más bajo desde el inicio del sistema de información sobre precios en 2006 (8). Esta situación tuvo un efecto grave en los resultados financieros notificados de los productores de azúcar de la UE, muchos de los cuales no obtuvieron ningún beneficio en el ejercicio 2015-2016. Los productores italianos de azúcar se han visto sometidos a una especial presión, e incluso uno de ellos optó por no producir en la campaña 2015-2016. El único productor de azúcar de Grecia también se encuentra en una situación muy difícil.

5.4.

A partir del 1 de octubre de 2017, los productores de azúcar de la UE tendrán libertad para exportar sin restricciones. Esto puede suponer una oportunidad para aumentar los ingresos a fin de compensar la bajada de los precios del azúcar dentro de la UE. Se prevé que el consumo mundial de azúcar aumente a un ritmo que oscile entre el 1,5 y el 2 % anual (entre unos dos y tres millones de toneladas al año), por lo que debería haber suficiente demanda para el aumento de las exportaciones de azúcar de la UE.

5.4.1.

No obstante, el aumento de las exportaciones de azúcar de la UE depende de un acceso suficiente a los mercados de terceros países. En sus negociaciones sobre libre comercio, la Comisión Europea debería trabajar por abrir los mercados del azúcar de los importadores netos de azúcar, tanto reduciendo o eliminando los derechos de aduana como abriendo los contingentes arancelarios. Asimismo, debería seguir eliminando los derechos de aduana a las exportaciones de productos de la UE con alto contenido de azúcar y respaldar unas sólidas normas de origen para esos productos, a fin de garantizar que los productores de azúcar de la UE se beneficien de un aumento de las exportaciones.

5.4.2.

A veces, las exportaciones de azúcar de la UE se ven afectadas por la imposición de instrumentos de defensa comercial por parte de terceros países. La Comisión Europea debería hacer todo lo posible para luchar contra estas medidas una vez que el sector se liberalice a partir del 1 de octubre de 2017, y el sector debe ofrecer el apoyo necesario para el acuerdo de cualquier actuación.

5.5.

Tanto en las negociaciones de libre comercio ya concluidas como en las que están en curso, la UE está ofreciendo acceso a terceros países a su mercado azucarero. La apertura del mercado está exponiendo los precios del azúcar blanco de la UE a una presión a la baja y una mayor volatilidad. El actual mercado mundial es un mercado residual, sometido a dumping y muy volátil que suele comerciar incluso por debajo de los costes de producción de las industrias más eficientes del mundo. Esto se debe en gran medida a las medidas de apoyo que distorsionan el comercio de algunos de los principales productores y exportadores de azúcar, como Brasil y Tailandia. Como resultado de todo ello, la industria del azúcar de remolacha de la UE no competirá en igualdad de condiciones con los productores de azúcar de terceros países. La Comisión deberá abordar el azúcar como una cuestión delicada en sus negociaciones sobre libre comercio, manteniendo los derechos de la UE sobre este producto. Las negociaciones en curso con el Mercosur presentan un grave riesgo para el sector, toda vez que Brasil es el principal productor y exportador mundial. La Comisión debe estar preparada para desafiar a los principales países que subvencionan el azúcar en el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y durante las negociaciones comerciales.

13.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 345/37

Ponente:

Sofia BJÖRNSSON

1.1.

El CESE acoge favorablemente la Declaración de Cork 2.0 y la conferencia que dio lugar a dicha declaración en septiembre de 2016. La declaración sigue garantizando un fuerte apoyo al mantenimiento de una política rural en la UE.

1.2.

Cabe señalar que las zonas rurales de la UE no son homogéneas y que las condiciones difieren entre los Estados miembros y dentro de cada uno de ellos. El CESE considera que estas diferencias ponen de manifiesto la necesidad de un enfoque centrado y estratégico en cuanto al uso de los fondos disponibles de la UE. Esto debe basarse en las prioridades tanto de los Estados miembros como de sus regiones y, lo que es más importante, en las iniciativas de la población rural. Por otro lado, la obligación de evaluar las repercusiones de las decisiones y las estrategias políticas en las zonas rurales ofrece la posibilidad de tener en cuenta las particularidades de esas zonas.

1.3.

El desarrollo rural es una cuestión horizontal que afecta prácticamente a todos los ámbitos políticos. Es necesario aplicar una política más coherente para el desarrollo rural y regional, lo que hace necesario que los Fondos EIE (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) dispongan de una base presupuestaria sólida. El CESE observa que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), uno de los Fondos EIE, es el que aporta la mayor contribución para el desarrollo rural, y subraya que los demás Fondos EIE, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), deben aumentar su contribución.

1.4.

El margen de simplificación es grande. El CESE considera que es necesario simplificar las normas para los Fondos EIE, tanto a escala de la UE como en la aplicación de las políticas a escala nacional y regional. El sistema actual es tan complejo que algunas personas evitan solicitar ayudas.

1.5.

En varias regiones de Europa, especialmente en las zonas rurales, no existen aún soluciones estables en lo que respecta a la comunicación a través de internet. El CESE subraya que esto no es razonable. A fin de mantener su seguridad y su nivel de vida, las zonas rurales necesitan banda ancha, por ejemplo, para disponer de comunicaciones telefónicas operativas. El acceso a la banda ancha puede ser un factor que determine en qué medida los jóvenes deciden quedarse o trasladarse a otro lugar. Para las empresas y los empresarios el acceso a la banda ancha es una necesidad.

1.6.

Por su fuerte vinculación con el suelo, la agricultura reviste especial importancia en las zonas rurales. La producción agrícola es tanto un elemento indispensable de las áreas rurales que proporciona alimentos sostenibles a la sociedad como un motor para el desarrollo rural. Por consiguiente, el CESE considera apropiado que la mayor parte de la financiación del Feader se destine a la agricultura. Unas condiciones favorables para los jóvenes agricultores constituyen un requisito fundamental que garantiza la sostenibilidad de la producción agrícola a largo plazo.

1.7.

El CESE destaca que el desarrollo sostenible necesita de un entorno adecuado para la innovación.

1.8.

El CESE señala que los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus metas, así como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (COP21), son objetivos globales que abarcan el conjunto de las políticas de la UE y, en particular, la política de desarrollo rural. Los entes locales y regionales que desarrollan su actividad en las zonas rurales deben participar activamente en la puesta en práctica de estos compromisos internacionales.

2.1.

En 1996, la Comisión celebró una conferencia en Cork (Irlanda). El resultado final de esta conferencia fue la Declaración de Cork, que sentó las bases del segundo pilar de la política agrícola común (PAC) y los programas de desarrollo rural. En otoño de 2016, la Comisión organizó una nueva conferencia en Cork, durante la que se aprobó la Declaración de Cork 2.0.

2.2.

La declaración fue elaborada con un amplio consenso durante una conferencia organizada por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, que congregó a unos 340 participantes de la mayoría de los Estados miembros de la Unión (incluidos representantes del CESE), que asistieron en representación de la sociedad civil y de diversas autoridades a escala nacional, regional y de la UE. La conferencia concluyó con una declaración titulada «Una vida mejor en el medio rural», que contó con el respaldo implícito de los participantes.

2.3.

Si bien el punto de partida es la política agrícola y rural de la UE, la declaración adopta, en cierta medida, un enfoque más amplio al hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Agenda 2030) (1) y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (COP21) (2).

2.4.

Inicialmente se describen las razones que motivaron la declaración, seguidas de diez orientaciones políticas:

2.5.

La declaración adopta un enfoque amplio con respecto al desarrollo rural, y su fuerza estriba en su alcance y contenido, ya que incorpora todos los elementos indispensables para asegurar un medio rural vital y sostenible en la UE. No obstante, el CESE observa que el alcance constituye también su punto débil, puesto que genera una complejidad que no permite un enfoque a escala de la UE. Teniendo en cuenta los importantes desafíos con los que se enfrentan las zonas rurales, el CESE desea destacar la importancia de utilizar los recursos disponibles de forma focalizada para garantizar el logro de resultados concretos. Este énfasis debe basarse en las prioridades de cada Estado miembro o región y, lo que es más importante, en las iniciativas de la población rural.

2.6.

El contenido de la Declaración de Cork 2.0 es, en gran parte, similar al de la declaración de 1996, con la diferencia de que se han agregado cuestiones relacionadas con el clima y la digitalización.

2.7.

El CESE se considera a sí mismo como un elemento importante en la aplicación de la Declaración y pide a la Comisión que, en el futuro, presente informes de evolución sobre su puesta en práctica.

2.8.

Todos los países de la UE cuentan con programas nacionales o regionales de desarrollo rural, que son financiados en parte por el Feader y en parte por los presupuestos nacionales (públicos o privados). Estos programas engloban medidas destinadas a contribuir al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones (medioambiental, social y económica) y son elaborados por cada país o región y aprobados por la Comisión.

2.9.

Junto con el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el Feader forma parte de los denominados Fondos EIE (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos), para los que se han establecido normas comunes que rigen su ejecución (3). Además, cada país ha elaborado acuerdos de asociación que cubren todos los fondos e incluyen prioridades para la aplicación de las políticas. Este paso representa un avance hacia el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por consiguiente, existe una estrecha relación entre los fondos y una estrategia para la coordinación de los mismos.

2.10.

En el marco del Feader existen redes rurales tanto a escala europea (integradas en la Red Europea de Desarrollo Rural) como nacional y regional. Estas redes ofrecen una plataforma de encuentros e intercambios de experiencias y sus actividades contribuyen a mejorar las condiciones para una correcta aplicación y una eficaz consecución de los objetivos de los programas de desarrollo rural.

2.11.

El Comité de las Regiones encargó la realización de un estudio para comprobar en qué medida los Fondos EIE se destinan al desarrollo rural (4). No es de sorprender que el Feader haya resultado ser el fondo que ha destinado y destina el mayor porcentaje para este fin. El porcentaje destinado por los otros fondos es relativamente bajo o muy bajo. Puesto que el desarrollo rural es una cuestión horizontal e importante para el mantenimiento de una Unión cohesionada, el CESE opina que es preciso emprender acciones destinadas a incrementar dicho porcentaje.

2.12.

Los Fondos EIE han sido y seguirán siendo los principales instrumentos de la UE para poner en práctica las intenciones manifestadas en las declaraciones de Cork. El próximo período financiero de la UE se iniciará en 2021, y la elaboración de las medidas que se aplicarán en este período tendrá una importancia decisiva para cumplir las metas fijadas en la Declaración de Cork 2.0. Además, el CESE constata que una base presupuestaria sólida para los Fondos EIE es un requisito imprescindible para aplicar la Declaración y alcanzar los objetivos políticos.

3.1.

En el punto 1 de la Declaración se pide un mecanismo de evaluación del impacto en las zonas rurales que garantice que el potencial de estas zonas se plasme en las medidas y estrategias de la UE. Las políticas agrarias y rurales deben basarse en la identidad y el dinamismo de las zonas rurales mediante la aplicación de métodos multisectoriales, y deben tener en cuenta el valor de la sostenibilidad, la inclusión social y el desarrollo local.

3.2.

La evaluación del impacto en las zonas rurales implica que las características especiales de estas zonas se consideren de manera objetiva y sistemática. Esta evaluación puede utilizarse como herramienta para poner de manifiesto de qué manera las decisiones políticas afectan a las zonas rurales y, así, evitar un impacto negativo.

3.3.

Ese mecanismo de evaluación se ha introducido, por ejemplo, en Finlandia, el Reino Unido y Canadá. Su aplicación puede ser obligatoria o facultativa. En Irlanda del Norte, la legislación obliga desde 2016 a realizar la evaluación. Los sistemas de estos países son similares.

3.4.

Para que la evaluación surta efecto, su aplicación debe ser obligatoria. El resultado debe ser que los responsables puedan tomar sus decisiones sobre la base de información fehaciente. Una evaluación del impacto en las zonas rurales que solo concluya con un informe y una mera constatación, sin ningún impacto sobre las decisiones, carece completamente de sentido.

3.5.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que dentro de la UE y de cada Estado miembro no existe solo una zona rural, sino varias zonas rurales diferentes, cada una de ellas con sus oportunidades y realidades. Esto también debe reflejarse en la evaluación del impacto en las zonas rurales y en las políticas, tanto de la UE como de los Estados miembros, si se ha de alcanzar un desarrollo rural coronado por el éxito. Por su parte, la población rural también tiene un papel que desempeñar a la hora de construir la identidad de su región e impulsar su desarrollo, así como debatir y decidir en qué medida debe mantenerse el carácter rural.

3.6.

En el punto 8 de la Declaración se propone aprovechar el éxito de la iniciativa Leader y de su enfoque ascendente. En muchos de sus documentos, el CESE ha expresado su posición respecto de la política de cohesión de la UE, las asociaciones en el marco de la misma, el enfoque de la iniciativa Leader y el nuevo método denominado desarrollo local participativo.

3.7.

El CESE hizo suyo el análisis que la Comisión ya había realizado en su tercer informe de 2004 sobre la cohesión, cuyo objetivo consistía en lograr un desarrollo más equilibrado reduciendo las disparidades existentes, impidiendo los desequilibrios territoriales y aumentando la coherencia tanto de las políticas sectoriales como de la política regional (5).

3.8.

Sin embargo, el Comité observa que este objetivo no se ha alcanzado y que se necesita una política más coherente para las zonas rurales y el desarrollo regional.

3.9.

El CESE también acoge con satisfacción el principio de asociación como un método eficaz para favorecer la aplicación de los programas de los Fondos EIE. El principio de asociación implica la participación, además de los agentes económicos y sociales tradicionales, de organismos representantes de la sociedad civil, interlocutores medioambientales, organizaciones no gubernamentales y organismos responsables de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

3.10.

El enfoque de la iniciativa Leader constituye un instrumento de desarrollo de probada eficacia, por medio del cual las autoridades públicas y la sociedad civil participan en una asociación local. En 2011, el CESE ya había señalado que este enfoque también debería poder recibir ayudas de todos los Fondos EIE. Ha contribuido, además, a reforzar los vínculos entre las zonas urbanas y rurales (6). También puede utilizarse en los medios urbanos, pero el CESE quiere subrayar que ello no debe ir en detrimento del desarrollo rural.

3.11.

En el período de programación 2014-2020, el desarrollo local participativo (CLLD, Community-Led Local Development), basado en el enfoque de Leader, se ha convertido en un nuevo instrumento al que los cuatro Fondos EIE contribuyen conjuntamente. El desarrollo local se lleva a cabo más eficazmente por quienes conocen, viven y trabajan en su propia región.

3.12.

Al menos el 5 % de los recursos del Feader deben destinarse al desarrollo local participativo. Su configuración, que implica que al recurrir a uno de los fondos deben respetarse cuatro normativas diferentes, hace apenas posible usar este instrumento de manera racional y sencilla. Durante el próximo período de programación la Comisión debería proponer considerables simplificaciones que permitan al desarrollo local participativo alcanzar su pleno potencial como instrumento para las regiones rurales y urbanas, así como fijar un porcentaje mínimo de las ayudas destinadas a dicho enfoque.

3.13.

Factores como los servicios y el trabajo influyen en la medida en que las personas quieren o pueden seguir viviendo o instalarse en las zonas rurales. La tendencia general en la UE es que las personas emigran de las zonas rurales, lo cual genera una espiral descendente y reduce las posibilidades de alcanzar los objetivos de la Unión y de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. La evolución demográfica puede constituir un futuro reto y tanto los jóvenes como las personas de edad avanzada que habitan en zonas rurales requieren unas condiciones adecuadas que garanticen una buena calidad de vida.

3.14.

Pueden existir diferencias entre las zonas urbanas y rurales en cuanto al acceso a los servicios públicos y comerciales básicos, como escuelas, servicios sanitarios, oficinas de correos, tiendas de alimentación, transporte público y similares, lo que puede ser un factor determinante a la hora de elegir dónde vivir e instalarse. Para las familias con niños, por ejemplo, el acceso a servicios de atención infantil adecuados puede influir en las posibilidades de los padres de trabajar. En algunas partes de la UE, la disponibilidad de servicios en las zonas rurales no es, en general, tan amplia como en las zonas urbanas. La ordenación del territorio debe tener en cuenta este problema para garantizar que la calidad de vida en las zonas rurales no se vea perjudicada.

3.15.

En varios países de la UE, la tasa de desempleo es más elevada en las zonas rurales que en las urbanas. Con todo, existen grandes diferencias, como demuestran las estadísticas de Eurostat (7). Al mismo tiempo, algunas empresas manifiestan tener dificultades para conseguir mano de obra cualificada en las zonas rurales. Por lo tanto, se puede observar un desequilibrio en la oferta y la demanda en ambas direcciones. La tendencia es que los jóvenes que se trasladan a localidades con universidades y escuelas superiores en busca de formación no regresen.

3.16.

La integración de los inmigrantes —y de sus familias en particular— constituye un reto para los habitantes de las zonas rurales, y lo seguirá siendo en los próximos años. Es preciso fomentar y conservar la consideración recíproca y el respeto mutuo. Las zonas rurales podrían ofrecer buenas condiciones de vida a las familias inmigrantes. En los países con una tasa elevada tanto de inmigración (por ejemplo, de refugiados y migrantes) como de inmigración laboral encontrar empleo puede ser un reto, pero las posibilidades de contratar también son mayores.

3.17.

En la Declaración, las cuestiones relacionadas con el empleo y la formación se tratan, particularmente, en los puntos 3 y 7. Los aspectos relacionados con los servicios se abordan de modo más indirecto. El CESE observa que las iniciativas de la Unión revisten importancia directa e indirecta para el desarrollo, en especial la cuestión de la creación de puestos de trabajo mediante estímulos a las empresas. En cuanto a la disponibilidad de servicios, se trata en mayor grado de una responsabilidad que atañe a cada Estado miembro, aunque, por ejemplo, los Fondos EIE podrían servir de catalizador.

3.18.

Las zonas agrícolas y forestales ocupan aproximadamente un 85 % de la superficie de la UE, con grandes variaciones entre países y regiones. El paisaje cultivado proporciona el marco para la producción de alimentos, piensos, energía y fibra, y constituye igualmente una fuente para la conservación y producción de bienes públicos, como una rica fauna y flora. El paisaje es un factor que diferencia las zonas rurales de las urbanas y representa un aspecto único para las zonas rurales de la UE, en las que el sector agrícola, dado su fuerte vínculo con la tierra, desempeña un papel muy importante. Las cuestiones relativas a la preservación del medio rural y la gestión de los recursos naturales son aspectos que se ponen de relieve en los puntos 4 y 5 de la Declaración. Las condiciones necesarias para la explotación y la gestión sostenible son de fundamental importancia para preservar los valores intrínsecos del paisaje, la calidad del agua y la biodiversidad.

3.19.

Si bien el tema de la producción agrícola se aborda en la Declaración, principalmente de forma indirecta, el texto puede hacer llegar a la conclusión de que la producción agrícola (de alimentos) es algo que, en cierta medida, se da por sentado. Como se mencionó anteriormente, los aspectos relacionados con la preservación y la gestión del medio ambiente y los recursos naturales se ponen de relieve de forma más explícita. El CESE desea destacar que la producción agrícola no solo es un elemento esencial de las zonas rurales para satisfacer la demanda de alimentos sostenibles de sus habitantes, sino que representa un motor para el desarrollo rural. Las personas dedicadas a las actividades agrarias y forestales representan una gran parte de la población rural, generan puestos de trabajo e impulsan la demanda de servicios. En este sentido, un aspecto importante es que los nuevos agricultores, especialmente los jóvenes, tengan la posibilidad de adquirir explotaciones y ampliar sus actividades. El porcentaje de jóvenes agricultores es bajo y es preciso poner en marcha iniciativas destinadas a facilitar el relevo generacional.

3.20.

Para alcanzar una producción agrícola sostenible, es necesario integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental. En ciertos casos, la dimensión económica puede tener una importancia decisiva para la gestión, por ejemplo, cuando la cantidad de prados y pastos ricos en vegetación y flora disminuye paulatinamente debido a que la cría de ganado de pasto pierde rentabilidad, lo que, a su vez, tiene un efecto negativo en la biodiversidad. Esto demuestra que la falta de viabilidad financiera de las empresas afecta al entorno inmediato y pone de manifiesto la importancia de recompensar a los agricultores por los servicios medioambientales que prestan.

3.21.

El CESE considera que el sector agrícola es un área de desarrollo rural en la que el Feader tiene y debe tener la responsabilidad principal. La mayor parte de los fondos del Feader están destinados a actividades agrícolas, y así debe ser, por ejemplo, en forma de pagos medioambientales, desarrollo de capacidades, pagos para zonas con limitaciones naturales y ayuda a las inversiones. Otras áreas del Feader, como la energía, la banda ancha y el apoyo a la innovación, tienen efectos positivos sobre las comunidades rurales en un sentido más amplio. Al mismo tiempo, la agricultura es una actividad empresarial como cualquier otra y no se debe excluir a ese sector destinatario de las iniciativas de otros Fondos EIE.

3.22.

Los agricultores y los silvicultores de hoy en día pueden ser considerados como productores y administradores de un paisaje que han cultivado las generaciones anteriores. Para muchas personas, el paisaje rural cultivado es un factor importante para mejorar la calidad de vida, y su importancia para las actividades recreativas, la vida al aire libre y el turismo no debe ser subestimada. La característica intrínseca del paisaje y de los recursos del suelo puede crear perspectivas económicas y fuentes de ingresos de muchas maneras diferentes.

3.23.

Un desarrollo territorial más equilibrado debería incluir también la transición a sistemas alimentarios sostenibles (8). Desarrollar un enfoque integral aplicable a los sistemas alimentarios es esencial para abordar los múltiples retos económicos, medioambientales y sociales relacionados con la producción y el consumo de alimentos y garantizar la buena gobernanza de las iniciativas en un gran número de niveles y sectores. Estas iniciativas incluyen, por ejemplo, impulsar las cadenas cortas de distribución con objeto de respaldar el desarrollo rural gracias al fomento de una alimentación basada en productos sanos y frescos para los consumidores (9). Esto beneficiaría asimismo a las economías locales y la producción agrícola.

3.24.

No se puede dejar de recalcar la importancia que tiene la innovación para el desarrollo rural cuando se trata de generar nuevas ideas y llevarlas a la práctica. Las soluciones innovadoras crean las condiciones para una sociedad sostenible, de modo que, por ejemplo, las zonas rurales puedan contribuir a hacer la economía más circular y ecológica y proporcionar soluciones para mitigar el cambio climático, y sea posible producir más con menos insumos. El acceso al conocimiento y su transferencia constituyen un factor clave para poner en práctica ideas innovadoras.

3.25.

Nuevas tecnologías y formas innovadoras de producción proporcionan condiciones que contribuyen a incrementar la sostenibilidad en la producción agrícola, lo que da como resultado un mejor bienestar animal y permite, por otro lado, producir más con menos insumos, como abonos y plaguicidas. Las nuevas tecnologías y las innovaciones requieren, en muchos casos, inversiones considerables que pueden implicar un riesgo para los empresarios del sector agrícola. A menudo estos no están en condiciones de asumir los riesgos por sí solos. Para impulsar las tecnologías y metodologías que la sociedad demanda, es preciso ofrecer ayudas a la inversión, por ejemplo a través del programa de desarrollo rural. Puede producirse un conflicto inherente entre el desarrollo tecnológico de la agricultura y la oferta de empleo, ya que la creciente mecanización y el desarrollo estructural, en muchos casos, provocan pérdida de puestos de trabajo, aunque esta evolución también puede crear empleos más estables desde el punto de vista económico.

3.26.

Las estrategias para iniciativas de innovación y su aplicación deben basarse en las necesidades existentes y no en los fondos disponibles. En el punto 7 de la Declaración se destaca la necesidad de un mayor conocimiento y de innovación tecnológica y social, así como de colaboración entre los diferentes agentes para aprovechar y compartir información. En este contexto, las iniciativas de carácter comunitario, como la Asociación Europea para la Innovación en Agricultura (EIP-AGRI), pueden servir de ayuda gracias a su enfoque ascendente, que establece redes de comunicación e intercambio entre los agentes en diferentes niveles, especialmente en lo que respecta a las iniciativas empresariales. Para impulsar en mayor medida la innovación en las zonas rurales, puede resultar adecuado ofrecer ayudas a los «intermediarios de innovación».

3.27.

En la sociedad actual, el acceso a la banda ancha de alta velocidad constituye un elemento indispensable de la infraestructura y una condición necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad, tanto en zonas urbanas como rurales, además de influir en la disponibilidad de mano de obra y de puestos de trabajo. La tendencia es que cada vez más actividades se realicen en línea. Sin embargo, en varias regiones de Europa, especialmente en las zonas rurales, no existen aún soluciones estables. El CESE subraya que esto no es razonable. Los habitantes de las zonas rurales necesitan la banda ancha para mantener su seguridad (por ejemplo, comunicaciones telefónicas operativas) y su nivel de vida (por ejemplo, disfrutar de programas de televisión). El acceso a la banda ancha puede ser un factor que determine en qué medida los jóvenes deciden quedarse o trasladarse a otro lugar. La banda ancha resulta imprescindible para las empresas, ya que en la mayoría de los casos no pueden desarrollar su actividad sin una banda ancha que funcione satisfactoriamente. Como ejemplo cabe citar los medios de pago en una sociedad que cada vez usa menos el dinero en efectivo, la contabilidad, el comercio electrónico y la comunicación con los clientes. Las empresas del sector agrícola constituyen un ejemplo de un sector en el que las TIC tienen un papel cada vez más preponderante para ofrecer nueva soluciones tecnológicas.

3.28.

La necesidad y las oportunidades de la digitalización se ponen de relieve en la Declaración. En aquellos casos en los que las fuerzas del mercado no sean suficientes para la expansión de la banda ancha, como ocurre a menudo en las zonas rurales, el CESE opina que debe existir la posibilidad de conceder ayudas. El CESE considera que el FEDER debe ser la principal fuente de financiación para dar apoyo a las infraestructuras, mientras que el Feader debe utilizarse para iniciativas de menor envergadura y más específicas. A esto pueden contribuir el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, por ejemplo mediante instrumentos financieros innovadores.

3.29.

La importancia de las zonas rurales en la economía circular es considerable. En la Declaración, la economía circular se menciona en el punto 6, «Fomentar la acción por el clima», aunque la economía circular tiene otros aspectos positivos que también se destacan en el dictamen del CESE «Paquete de medidas sobre la economía circular» (10). Un ciclo sostenible entre las zonas urbanas y las zonas rurales no solo es necesario desde la perspectiva de los recursos sino que también contribuye al fortalecimiento de la agricultura y reduce las importaciones de insumos. Por consiguiente, las zonas rurales tienen un gran potencial para contribuir a una sociedad más circular, ya sea mediante su capacidad de gestionar los residuos como recursos (por ejemplo, abonos y acondicionadores del suelo) o la producción de energía renovable y biomateriales.

3.30.

Un paso hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero lo constituyen la reducción del uso de combustibles fósiles y la utilización de energías renovables. También en este punto las zonas rurales tienen un notable potencial para aportar una contribución, particularmente mediante la producción de energía solar, eólica e hidráulica, así como de bioenergía. No obstante, la producción de energía renovable puede tener un impacto significativo en los residentes y en el medio ambiente, por lo que han de tenerse en cuenta todos los aspectos del desarrollo sostenible.

3.31.

En lo que respecta al cambio climático, se trata a la vez de reducir los efectos y de adaptarse a ellos. Debido a sus grandes extensiones de tierras agrícolas y forestales, las zonas rurales tienen un gran potencial para almacenar carbono, contribuyendo así a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que la producción en sí misma las incrementa. Debe utilizarse la mejor tecnología disponible para minimizar dichas emisiones. Es necesario desarrollar las capacidades en todos los niveles, desde los productores hasta los responsables de toma de decisiones, teniendo siempre en cuenta las oportunidades de inversión.

3.32.

En conclusión, las zonas rurales tienen un gran potencial para contribuir a una sociedad sostenible y, en consecuencia, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Agenda 2030) y del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (COP21), como se expone claramente en la Declaración de Cork 2.0. Sin embargo, los retos que se plantean son grandes y se requieren inversiones, tanto en sentido literal como figurado, para poder responder a ellos.

3.33.

Al debatir la ayuda de los fondos de la UE, se subraya con frecuencia que sus políticas son complejas, tanto para los beneficiarios como para las autoridades de gestión. Esta complejidad se pone de relieve en el punto 9 de la Declaración. El CESE subraya que se precisa una simplificación, tanto a escala de la UE como en la aplicación de las políticas a escala nacional y regional. El sistema actual es tan complejo que algunas personas evitan solicitar ayudas, por lo que se pone en peligro la ejecución de las políticas y el cumplimiento de los objetivos. Para poder cumplimentar correctamente ciertos tipos de solicitudes se requiere, en principio, la ayuda de un consultor. La seguridad jurídica de los particulares debe ser un elemento preponderante.

3.34.

Para el período de programación actual 2014-2020, las normas administrativas aplicables a los Fondos EIE se han fusionado en un único Reglamento (11). Esto es, básicamente, algo positivo, ya que una mayor coordinación puede ofrecer ventajas en términos de eficacia, sobre todo para las autoridades de gestión, mientras que las ventajas para los beneficiarios individuales son probablemente menores, en especial porque no es frecuente que los mismos beneficiarios soliciten ayuda de diferentes fondos. Los beneficios pueden ser mayores para el desarrollo local participativo en aquellos países en los que este tipo de desarrollo recibe apoyo de varios fondos. Los efectos de un Reglamento común son una cuestión que puede ser necesario examinar en mayor detalle.

3.35.

La actual política de desarrollo rural financiada por el Feader se concreta a través de programas de desarrollo rural que establecen prioridades y áreas focales, lo que ha creado un sistema en el que el presupuesto para el programa es muy fragmentado, ya que las medidas, las áreas focales y las prioridades cuentan con partidas presupuestarias propias. La visión general de los programas se ha visto afectada y el modelo ha implicado una mayor carga administrativa para las autoridades, lo que a su vez merma los recursos para la aplicación de los programas y limita la posibilidad de cumplir sus objetivos.

3.36.

En el punto 10 de la Declaración se discute cómo mejorar los resultados y la rendición de cuentas. Esto sirve también de guía para la gestión presupuestaria de la Comisión, que en 2015 lanzó la Iniciativa para un presupuesto de la UE orientado a los resultados. Los ciudadanos y los contribuyentes deben poder obtener información sobre los resultados de las políticas y en qué medida estas cumplen sus objetivos.

13.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 345/45

Ponente:

Milena ANGELOVA

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) valora positivamente la aplicación del paquete de medidas relativo a los servicios de interés económico general (en lo sucesivo, SIEG), que aporta seguridad jurídica a los proveedores de servicios públicos. Este paquete alcanza un equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar el apoyo a los SIEG y el objetivo de evitar posibles distorsiones de la competencia. Sin embargo, las partes interesadas a escala regional y local, y en particular los proveedores de SIEG de titularidad pública (véase el estudio titulado «Examen de los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de la Decisión de la Comisión sobre la concesión de ayudas estatales para la prestación de servicios de interés económico general»), manifiestan su preocupación por cuestiones clave relativas a las normas vigentes que generan obstáculos innecesarios o falta de seguridad jurídica. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para mejorar la actual normativa y su aplicación sobre el terreno, proporcionar orientaciones, crear un compendio de mejores prácticas y, en caso necesario, examinar la necesidad de actualizar y modificar el paquete.

1.2.

Tras analizar las dos primeras rondas de informes de los Estados miembros sobre la aplicación del Paquete SIEG, el CESE constata con preocupación que estos no analizan la cuestión fundamental de los requisitos de compatibilidad, que se aborda en profundidad en el Marco.

1.3.

El CESE toma nota de que en la mayoría de los casos, la falta de seguridad o los considerables costes que acarrea el cumplimiento de los requisitos erigen obstáculos que impiden indebidamente a las autoridades aplicar plenamente la política sobre los SIEG. Tales obstáculos perjudican mucho a los entes regionales y locales, ya que el diálogo entre los Estados miembros y la Comisión en los expedientes sobre ayudas estatales lo entabla el gobierno central, mientras que otros niveles administrativos carecen de acceso directo a este proceso.

1.4.

El hecho de que se notifican muy pocos SIEG de alcance regional o local (según el estudio mencionado anteriormente) demuestra que la falta de canales directos con la Comisión dificulta la adecuada financiación de los servicios públicos, por lo cual las autoridades competentes se muestran más reacias a acogerse plenamente a la Decisión y a resolver dudas en cuanto a su aplicación.

1.5.

El CESE pide a la Comisión Europea que estudie las posibilidades de actualizar la Decisión y de ampliar su ámbito de aplicación, a fin de abordar los aspectos expuestos a continuación.

1.5.1.

El CESE sugiere que la Comisión elimine el umbral de exención e incluya a todos los SIEG en el ámbito de aplicación de la Decisión, independientemente del importe de la compensación anual. Un estudio detallado sobre su aplicación actual demuestra que ello reducirá la complejidad y los costes administrativos que, de lo contrario, soportarían las autoridades, en particular a escala local, sin distorsionar la competencia en modo alguno.

1.5.2.

Con un mercado laboral y una inadecuación de las capacidades siempre problemática como telón de fondo, el CESE invita a la Comisión Europea a analizar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Decisión, considerando admisibles los servicios prestados para fomentar los conocimientos y las cualificaciones de los ciudadanos y, de esta manera, a mejorar sus posibilidades de empleo.

1.5.3.

El CESE pide a la Comisión que analice detenidamente y, si fuera necesario, que modifique las disposiciones de la Decisión relacionadas principalmente con: el plazo durante el cual se ha de conservar toda la información necesaria para determinar la compatibilidad de las compensaciones concedidas; aclarar si la duración del período de atribución puede tener un efecto significativo bien en su renovación o ampliación, bien en la admisibilidad de los proveedores de servicios que cumplen la misión; establecer un método fácilmente aplicable para calcular el beneficio razonable; facilitar más aclaraciones en cuanto a la exigencia de repartir los incrementos de la eficiencia productiva con la empresa; adoptar un planteamiento más flexible cuando el importe de la compensación excesiva no supere el 10 % del importe de la compensación media anual, eximiendo de actualizar los parámetros.

1.6.

El CESE considera necesario aclarar en mayor medida las condiciones de compatibilidad con arreglo al Marco en relación con:

1.7.

El CESE señala que el Parlamento Europeo y el Consejo no han promulgado reglamentos en los que se establezcan los principios y condiciones que rigen los servicios de interés económico general, especialmente en el ámbito económico y financiero. Por consiguiente, pide a la Comisión, al Parlamento y al Consejo que estudien la forma de cumplir este mandato del artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros y de las normas del Tratado mencionadas en ese artículo.

2.1.

En su plan de acción para 2017, el CESE hizo hincapié en la importancia de los servicios de interés económico general como elemento esencial de nuestro modelo económico y social europeo, consagrado como tal en el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2.2.

El artículo 14 establece que la Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas, «velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido». Además, prevé que «el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos principios y condiciones mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio de la competencia que incumbe a los Estados miembros, dentro del respeto a los Tratados, para prestar, encargar y financiar dichos servicios. Hasta la fecha, este mandato no se ha plasmado en iniciativas legislativas concretas. En cambio, la Comisión Europea ha elaborado un conjunto de normas de amplio alcance sobre las ayudas estatales aplicables a los SIEG basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2.3.

Los requisitos de compatibilidad con las normas sobre ayudas estatales del Tratado y el artículo 106, apartado 2, del TFUE han sido controvertidos, incluso después de que el Tribunal de Primera Instancia resolviera en 1997 (1) que la compensación concedida a empresas que cumplen una misión de servicio público debería considerarse ayuda estatal. Hasta entonces, existía el consenso de que la compensación de los costes adicionales derivados de obligaciones más exigentes asociadas a los SIEG no confería ninguna ventaja. El Tribunal de Justicia se pronunció en sentido contrario en 2001 (2), al estimar que la compensación podría considerarse ayuda estatal únicamente si supera los costes adicionales soportados por el proveedor designado. Por último, en la sentencia Altmark dictada en 2003 (3) estableció los criterios que debe cumplir cualquier régimen de compensación para quedar al margen del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales.

2.4.

La Comisión Europea determina la compatibilidad de los SIEG con las normas sobre ayudas estatales, ateniéndose estrictamente a los tres requisitos preliminares de la sentencia Altmark. Esto requiere:

2.5.

En 2005, la Comisión aprobó el «paquete Monti-Kroes», actualizado en 2011 (el denominado «paquete Almunia»), que recoge las principales normas para la financiación de los SIEG: el paquete incluye una Comunicación de la Comisión (4) (en adelante, el «Marco»), que establece los requisitos de compatibilidad de los SIEG, y una Decisión de la Comisión (5), que exime de notificación a los regímenes que tienen menos probabilidades de distorsionar la competencia debido a su limitada financiación (el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Decisión fija el umbral anual en 15 millones EUR) o a que sus actividades se centran en atender necesidades sociales (es decir, hospitales; asistencia sanitaria y asistencia a largo plazo; asistencia infantil; acceso y reincorporación al mercado laboral; viviendas sociales; protección e inclusión social de grupos vulnerables; y conexiones marítimas con islas, aeropuertos y puertos con un volumen reducido de pasajeros). La Comisión declaró su intención de revisar este conjunto de normas cinco años después de su entrada en vigor.

2.6.

En el marco de su Programa para Europa, el objetivo del CESE con el presente Dictamen de iniciativa estriba en contribuir a la próxima revisión de la Comisión examinando detalladamente la experiencia relativa a la aplicación del paquete sobre los SIEG. Para ello, el CESE ha encargado un estudio sobre la aplicación de las normas relativas a los SIEG en materia de compensación pública («Examen de los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de la Decisión de la Comisión Europea sobre la concesión de ayudas estatales para la prestación de servicios de interés económico general»).

2.7.

Las compensaciones por SIEG raramente tienen efecto en términos de competencia, en la medida en que cubren los costes adicionales en que incurren los proveedores designados para desempeñar la función de servicio público encomendada. Por consiguiente, imponerles la carga derivada de la obligación de notificación de las ayudas estatales parece una modificación excesivamente rigurosa que solo estaría justificada en aquellos casos en que los demás participantes pudieran sufrir daños irrefutables. Por el contrario, aquellas conductas que menoscaban gravemente las condiciones de mercado, como el dumping por parte de terceros países, es decir ventas por debajo del precio de compra o por precios fijados a niveles más bajos que lo estipulado, no suscitan una acción adecuada por parte de la UE. Por lo tanto, ampliar el ámbito de aplicación de la Decisión que exime a los SIEG de la obligación de notificación, además de dotar de mayor seguridad jurídica y mayor flexibilidad a la aplicación de las normas, parece esencial para garantizar que las disposiciones del Tratado en favor de estos servicios esenciales se cumplen adecuadamente.

3.1.

El CESE considera que la Decisión alcanza un equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar el apoyo a los SIEG y el objetivo de evitar posibles distorsiones de la competencia. La exención de notificación reduce unos gastos administrativos y dificultades que, en caso contrario, deberían afrontar las autoridades, sobre todo de ámbito local. Dado que los SIEG que no pueden acogerse a la Decisión están sujetos a normas más estrictas, solo los casos que planteen dificultades específicas en materia de competencia deben quedar fuera de su ámbito de aplicación, en aras del objetivo de concentrar en la esfera de la UE los recursos para supervisar las ayudas estatales. La experiencia ha demostrado que la Comisión da su visto bueno a una abrumadora mayoría de los regímenes de SIEG que examina. Solo tres expedientes relativos a SIEG han desembocado en un procedimiento de investigación en profundidad con arreglo al artículo 108, apartado 2, del TFUE, desde la entrada en vigor de la Decisión de 2012 y del Marco. Así, en dos casos sobre servicios postales [SA.35608 relativo al servicio de correos en Grecia (ELTA) y SA.37977 relativo al servicio de Correos español] y otro referido a un régimen hospitalario (SA.19864 relativo a la financiación de los hospitales IRIS de la Región de Bruselas) el Tribunal de Justicia pronunció la anulación de la decisión de liquidación de la Comisión por considerar que su complejidad requería una investigación formal. En todos los expedientes examinados por la Comisión, las quejas de los competidores desempeñan un papel clave, lo cual garantiza plenamente la disciplina, sin exigirse la notificación sistemática de regímenes de SIEG. Además, la jurisprudencia y la práctica de la Comisión proporcionan suficientes orientaciones a las partes interesadas para calibrar si pueden aplicar la Decisión sin comprometer la seguridad jurídica y sin necesidad de notificar los regímenes de SIEG para garantizar la plena certeza. El CESE sugiere, por tanto, que la Comisión elimine el umbral de exención e incluya a todos los SIEG en el ámbito de aplicación de la Decisión, independientemente del importe de la compensación anual, siguiendo el ejemplo de los regímenes de compensación para el transporte de pasajeros (6).

3.2.

El establecimiento de un umbral conforme al volumen de la ayuda en cuestión, eximiendo así de la notificación, puede tener relevancia para la supervisión en la esfera europea, especialmente en aquellos casos en que la concesión de ayudas está sujeta a modalidades carentes de transparencia, como por ejemplo reducciones fiscales o exenciones, préstamos a tipo de interés reducido o garantías públicas. Además, la Decisión establece que determinadas actividades específicas pueden requerir supervisión en razón de su incidencia en la competencia, autorizando por tanto la imposición de la obligación de notificación en tales casos. De cualquier modo, mantener el umbral establecido actualmente por el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Decisión a niveles sumamente bajos impone una carga indebida a las autoridades sin que ello suponga un refuerzo de la competencia. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión que restrinja el requisito de notificación a las formas de ayuda o actividades particulares cuyas posibles distorsiones podrían justificar un análisis más pormenorizado para garantizar la igualdad de condiciones.

3.3.

El CESE invita a la Comisión Europea a analizar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Decisión para vincular los servicios admisibles con el fomento de los conocimientos y de las cualificaciones de los ciudadanos y, de esta manera, mejorar sus posibilidades de empleo. Además, es necesario aclarar las zonas grises relativas a la participación privada, para lo cual convendría proporcionar nuevas orientaciones.

3.4.

La Decisión debería garantizar la plena compatibilidad con la legislación comunitaria de mayor rango y evitar imponer una carga indebida a los entes regionales y locales. En particular, el artículo 8 exige que los Estados miembros tengan a disposición de la Comisión durante el período de atribución y durante un mínimo de diez años desde que expire dicho período toda la información necesaria para determinar la compatibilidad de las compensaciones atribuidas. Esta norma es contraria al artículo 17 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, que establece que cualquier ayuda para la que haya expirado el plazo de prescripción de diez años se considerará ayuda existente y, por lo tanto, la Comisión se abstiene de comprobar su compatibilidad, como es su práctica habitual. La conservación durante más de diez años de información que no sirve para la supervisión de las ayudas estatales representa una carga indebida para las autoridades e infringe los principios de proporcionalidad y administración adecuada consagrados en el Tratado.

3.5.

El artículo 2, apartado 2, de la Decisión parece aplicarse solo a las atribuciones concedidas por un máximo de diez años, excepto para aquellos SIEG que exijan una inversión importante que justifique un período más largo. Aunque la práctica de la Comisión con arreglo al Marco consiste en interpretar en general que esta norma impide que las atribuciones superen dicho límite de tiempo, la formulación de la Decisión podría implicar que las empresas que gestionan un servicio público durante un período más largo queden fuera de su ámbito de aplicación. Por lo tanto, el CESE solicita que la Comisión aclare si la duración del período de atribución puede tener un efecto significativo bien en su renovación o ampliación, bien en la admisibilidad de los proveedores de servicios que cumplen la misión. Esta cuestión es especialmente sensible en el caso de los proveedores de titularidad pública seleccionados por sus autoridades, ya que su único objetivo es prestar el servicio público en cuestión.

3.6.

Los artículos 5, apartado 5, 7 y 8, relativos al beneficio razonable, deberían establecer un método fácilmente aplicable para calcularlo. El planteamiento actual, al igual que el del Marco, incluye métodos como el de la tasa interna de rentabilidad que resultan demasiado complejos para un SIEG local y, por lo tanto, desalientan su uso para calcular la compensación. El establecimiento de los valores de referencia de la rentabilidad requiere costosos servicios de consultoría que quedan fuera del alcance de la mayoría de los SIEG. El CESE pide a la Comisión que aclare esta cuestión, puesto que la práctica de la Comisión respalda la comparación directa con la rentabilidad de sectores afines basándose en fuentes de datos oficiales y privados disponibles que se reconocen en general como plenamente representativas.

3.7.

Los incentivos a la eficiencia, aun a falta de toda definición, se tienen debidamente en cuenta en el artículo 5, apartado 6, de manera que se requieren aclaraciones adicionales, en particular con respecto al requisito de reparto del incremento de la eficiencia productiva entre la empresa y el Estado miembro o los usuarios. El CESE pide a la Comisión que despeje las dudas sobre la forma de interpretar este requisito.

3.8.

El artículo 6, apartado 2, de la Decisión dispone que cualquier compensación excesiva debe desencadenar una actualización de los parámetros para el futuro. No obstante, cuando el importe de la compensación no supere el 10 % del importe medio anual, podrá trasladarse al año siguiente. La plena coherencia exigiría que no se actualizasen los parámetros en este último caso, evitándose una reevaluación que entrañaría inseguridad jurídica para los proveedores designados en casos que no afectan a la competencia. El CESE recomienda que la Comisión adopte un planteamiento más flexible cuando el importe de la compensación excesiva no supere el 10 % del importe de la compensación media anual, eximiendo de actualizar los parámetros.

3.9.

Debería evitarse cualquier trato discriminatorio a los entes locales y regionales y, por tanto, a los servicios de interés económico general prestados en dichos ámbitos. Actualmente, los entes locales y regionales tienen que presentar sus solicitudes, respuestas y dudas a través del canal oficial de su Estado miembro, ya que solo estos pueden entablar con la Comisión un diálogo formal sobre las disposiciones en materia de ayudas estatales. Por lo tanto, cada Estado miembro debe tener en cuenta la información publicada a la atención de la Comisión por sus respectivos entes regionales y locales. Así, el CESE invita a la Comisión a establecer un diálogo más estructurado con los entes locales y regionales sobre los procedimientos y las cuestiones relativas a las ayudas estatales. Las normas y los requisitos sobre ayudas estatales deben adaptarse también a las necesidades específicas y los medios de que disponen los entes regionales y locales, garantizándoseles así un trato justo y equitativo en la práctica.

4.1.

El Marco establece de forma detallada los distintos requisitos para garantizar la compatibilidad de conformidad con el artículo 106, apartado 2, del TFUE y la jurisprudencia que lo interpreta. Aunque explica pormenorizadamente los criterios que aplica la Comisión, a menudo adopta una postura demasiado cauta que genera dificultades innecesarias y cierto grado de inseguridad. La práctica de la Comisión demuestra que, en muchos ámbitos, estos escollos se han superado aplicando una interpretación pragmática del Marco. La referencia específica a estas soluciones aumentaría la seguridad jurídica y reforzaría de manera eficaz la igualdad de trato, ateniéndose al mismo tiempo al principio de que cada caso debe examinarse con arreglo a sus propias especificidades. Por lo tanto, el CESE recomienda que la Comisión especifique más las formas alternativas de cumplir el requisito que ya se utilizan ampliamente en la práctica. Esta aclaración disiparía muchas de las dudas que asaltan actualmente a los entes locales y a los proveedores.

4.2.

Con arreglo al Tratado, definir y encomendar una función de servicio público son competencias que incumben fundamentalmente a los Estados miembros. Por lo tanto, las referencias del punto 13 del Marco a los requisitos que deben cumplir los servicios públicos solo pueden servir de orientación útil. Sin embargo, la inclusión de estas referencias puede suscitar preocupaciones legítimas sobre una posible limitación de las competencias de los Estados miembros. Así, corresponde a los Estados miembros decidir, en aras del interés público, los niveles de calidad, seguridad, asequibilidad, igualdad de trato, fomento del acceso universal y promoción de los derechos del usuario que debe cumplir cada servicio básico, independientemente de que esté asegurado por el mercado o encomendado en forma de servicio público. Los Estados miembros también están facultados para decidir, en consecuencia, si para garantizar estos niveles se requiere un SIEG o servicio público. Las condiciones del mercado, aunque son muy importantes, no pueden anular o restringir la facultad de las autoridades para defender el interés público. Por lo tanto, el CESE sugiere que la Comisión se limite aquí a remitirse a su Comunicación orientativa, que circunscribe el ámbito de su evaluación a la comprobación de la posible existencia de errores manifiestos, algo que en última instancia recae en el ámbito de competencias del Tribunal de Justicia.

4.3.

El punto 14 del Marco impone indebidamente condiciones a las prerrogativas de los Estados miembros para atribuir una función de servicio público al exigirles que celebren consultas públicas para tener en cuenta los intereses de usuarios y proveedores, invadiendo así competencias nacionales que no incumben a la Comisión. Dado que las autoridades siempre prestan la debida atención a los intereses de las partes interesadas, obligarlas a justificar la necesidad de encomendar una función de servicio público y a celebrar consultas públicas, o a introducir instrumentos alternativos, difícilmente encaja con las disposiciones y principios del Tratado. La práctica de la Comisión demuestra que presta escasa atención a esta norma, especialmente si los Estados miembros se topan con obstáculos para aplicarla. Por lo tanto, el CESE propone que la Comisión modifique este punto para evitar requisitos obligatorios que puedan interferir con procedimientos legislativos nacionales, suscitando problemas injustificados.

4.4.

El requisito establecido en el punto 19 del Marco de que las atribuciones respeten las normas de la Unión sobre contratación pública no tiene en cuenta que el Derecho derivado en este ámbito experimentó una profunda revisión a raíz de la publicación en 2014 del paquete en materia de contratación. La Directiva sobre contratación pública solo se aplica, de conformidad con su artículo 1, apartado 2, a las adquisiciones por poderes adjudicadores y no puede imponer un régimen vinculante a los SIEG ya que se refieren a tareas ejecutadas por empresas en nombre de la autoridad otorgante. Por lo tanto, cualquier requisito impuesto por la legislación sobre contratación pública sería contrario a la Directiva que la regula. El paquete sobre contratación pública de 2014 también introduce por primera vez normas sobre las concesiones. Sin embargo, sería sumamente equívoco inferir que los SIEG pueden acogerse a este régimen: las concesiones implican que las empresas asumen todo el riesgo una vez que se ha procedido a la adjudicación, en marcado contraste con los SIEG, donde las autoridades asumen los costes adicionales que entraña la prestación del servicio, minimizando así el riesgo. Solo cuando la autoridad decide dispensar un trato de favor a un SIEG se aplicaría este régimen, aunque en estos casos no habría elementos de ayuda, porque el proveedor designado asumiría todo el riesgo. Por lo tanto, no se aplicarían normas de contratación pública ni de concesión a los SIEG. Desde el punto de vista jurídico, el Marco solo puede hacer un llamamiento a los Estados miembros a que apliquen, cuando proceda, los principios de transparencia e igualdad de trato al seleccionar proveedores, en particular privados, sin que ello suponga una obligación vinculante. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión que revise el punto 19 del Marco para tener debidamente en cuenta los nuevos requisitos legales relativos a la contratación pública y las concesiones.

4.5.

Aunque el punto 22 del Marco establece que la compensación puede basarse en los ingresos y gastos previstos o en los que se incurra realmente, con demasiada frecuencia la práctica de la Comisión exige establecer los importes de compensación ex ante. Este método de cálculo, que impide a las autoridades compensar ex post en función del coste neto efectivo, parece una injerencia indebida que podría suscitar problemas irresolubles, puesto que, si el importe ex ante no cubre el coste neto, el proveedor acusaría un déficit de financiación sistemático. Además, si la autoridad proporciona apoyo adicional para colmar esta brecha, podría en principio ser sancionada por incumplir las condiciones establecidas en la decisión de autorización. La práctica de la Comisión ha pasado por alto en gran medida esta incoherencia, salvo si un demandante plantea la cuestión. Aunque parece conveniente establecer la metodología de cálculo de la compensación ex ante, los consiguientes importes provisionales no deberían tener carácter vinculante. Solo una vez que están disponibles los resultados anuales puede calcularse el coste neto y la compensación correspondiente. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión que vele por la plena coherencia y el cumplimiento del segundo criterio Altmark vinculando la metodología ex ante con el máximo recurso al cálculo del coste neto ex post, salvo que la autoridad prefiera determinar la compensación en el momento de la atribución.

4.6.

El método del coste evitado neto para el cálculo de la compensación se basa en la presunción de que, a falta de una obligación de servicio público, el proveedor designado degradaría sus actividades y aspiraría a maximizar los ingresos. El método convencional del coste evitado neto llevaría al proveedor a interrumpir todas las actividades que generasen pérdidas. La diferencia entre esta hipótesis de contraste y los resultados reales del proveedor de servicios determina el importe de la compensación. La Comisión ha defendido recientemente el planteamiento del coste de rentabilidad, en el que la hipótesis de contraste sería la interrupción de las actividades que impiden a la empresa maximizar sus resultados. Así, la compensación cubre no solo los costes adicionales del SIEG, sino también las actividades menos eficientes, aunque sean rentables. Para ajustar los pagos compensatorios, la Comisión exige que se deduzcan de la compensación las ventajas de mercado no sustanciales disfrutadas por el proveedor. La preferencia por este último planteamiento da lugar a divergencias de facto en la aplicación de un principio único, comprometiendo así la seguridad jurídica. El CESE recomienda que la Comisión respalde ambos planteamientos y proporcione más orientaciones al respecto en el Marco, que actualmente apenas contiene indicaciones sobre la forma de establecer las hipótesis de contraste pertinentes.

4.7.

El método de asignación de costes parece el más adecuado para la mayoría de los SIEG, puesto que su cálculo se basa en la diferencia entre los costes de cumplimiento de la obligación de servicio público y los correspondientes ingresos. Sin embargo, los Estados miembros que quieran utilizar este método deberán justificar las razones para descartar el método del coste evitado neto, que de lo contrario se considera obligatorio. Puesto que el método del coste evitado neto entraña un análisis complejo y costoso, al exigir a menudo servicios de consultoría externos, el CESE recomienda que la Comisión reconozca este método como plenamente válido, en pie de igualdad con el método del coste evitado neto, excepto para actividades específicas como los servicios postales respecto de las cuales se considera obligatorio, con arreglo a la tercera Directiva postal.

4.8.

El punto 32 del Marco, relativo a los ingresos, incluye acertadamente los beneficios excesivos generados por derechos especiales o exclusivos. Sin embargo, en la práctica reciente se han incluido beneficios resultantes de la prestación universal aunque no se deriven de estos derechos, dando así lugar a evaluaciones equívocas. Cabe destacar que la cobertura universal entraña una desventaja, porque el proveedor designado está obligado a dar servicio a un determinado territorio independientemente de los costes incurridos. Así, si el proveedor ejecutara este servicio de manera rentable, se infringirían los principios del Tratado en caso de que su excedente financiase con carácter obligatorio otras obligaciones de servicio público generadoras de pérdidas. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión que aclare este punto y que establezca una distinción entre, por una parte, aquellos derechos especiales o exclusivos que supongan una ventaja —cuyos beneficios deben tenerse en cuenta en la financiación de las obligaciones de servicio público— y, por otra, la cobertura universal que supone una desventaja para el proveedor designado.

4.9.

Los beneficios razonables previstos en el Marco plantean algunas cuestiones que deben aclararse. Aunque el Marco aboga por utilizar tasas internas de rentabilidad, reconoce la dificultad inherente de aplicar este método. Así, en la práctica, la Comisión compara empresas del mismo sector o de un sector relacionado utilizando criterios de rentabilidad estándar como la rentabilidad de las ventas o la rentabilidad de los recursos propios. Sin embargo, la falta de seguridad sobre este aspecto a menudo conduce a resultados divergentes. Por lo tanto, el CESE sugiere que la Comisión reconozca todos los criterios de rentabilidad estándares y bien establecidos en lugar de imponer la obligatoriedad de uno determinado. El CESE pide a la Comisión que aclare las normas de rentabilidad y que permita el uso de varias normas distintas en lugar de imponer una determinada a los Estados miembros.

4.10.

El coeficiente de rendimiento obligatorio con arreglo a los puntos 39 a 46 del Marco está resultando una carga enorme tanto para las partes interesadas como para las autoridades. Puesto que el Marco no aporta ninguna idea sobre cómo calcular los incentivos de eficiencia, la práctica de la Comisión da lugar a evaluaciones muy divergentes, poniendo así en entredicho los principios de seguridad jurídica e igualdad de trato. Por todo ello, el CESE pide a la Comisión que aclare en mayor medida las formas alternativas de calcular estos incentivos, cuyo uso no debería ser obligatorio teniendo en cuenta la complejidad que ello entraña.

13.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 345/52

1.1.

La digitalización y la robotización en el ámbito de la movilidad de las personas y el transporte de mercancías ofrecen varias ventajas potenciales a la sociedad como, una mayor accesibilidad y comodidad para los pasajeros, eficiencia y productividad en el plano logístico, una mejora de la seguridad vial y menos emisiones. Al mismo tiempo, suscitan preocupación cuestiones como la seguridad, la protección, la privacidad, la mano de obra y el medio ambiente.

1.2.

Si bien la tecnología ofrece infinitas oportunidades, el progreso no debe venir impulsado exclusivamente por la tecnología, sino aspirar a crear valor añadido para la sociedad. Por tanto, el debate político —junto con la adecuada participación de la sociedad civil en los procesos de planificación del transporte, sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas— es necesario.

1.3.

La realización del transporte digital requiere soluciones para los cuellos de botella existentes, así como inversiones integradas en toda la red RTE-T en los sistemas de transporte, energía y telecomunicaciones, incluido el despliegue de los sistemas 5G. Los instrumentos de financiación de la UE, como el Mecanismo «Conectar Europa», el FEIE y Horizonte 2020, deberían apoyar estas iniciativas.

1.4.

La digitalización y la robotización del transporte brindan nuevas oportunidades empresariales a los sectores de la fabricación y los servicios, incluidas las pymes, y podrían constituir un ámbito de ventaja competitiva para la UE. Para este fin, el CESE aboga por un entorno empresarial alentador y propicio, con la apertura a nuevos tipos de modelos de negocio y el fomento del desarrollo de plataformas digitales europeas.

1.5.

La digitalización y la robotización del transporte traerán consigo cambios profundos en la naturaleza del trabajo y la demanda de capacidades. El CESE destaca la importancia de afrontar estos cambios estructurales potenciando una transición justa y fluida y abordando el déficit de capacidades, además de supervisar adecuadamente los avances. El diálogo social con la información y la consulta de los trabajadores desempeñan un papel fundamental en el proceso de transición. Los Estados miembros también deben adaptar sus sistemas educativos para responder a la nueva demanda de capacidades.

1.6.

La digitalización y la robotización del transporte requieren la disponibilidad y accesibilidad adecuadas de los datos, y que estos fluyan libremente. Al mismo tiempo, debe garantizarse una protección adecuada de los datos. También es necesario aumentar las capacidades en materia de ciberseguridad y hacer frente a los problemas de responsabilidad para responder a las últimas novedades.

1.7.

El CESE subraya el carácter intermodal del transporte digital, que constituye un aspecto fundamental de la estrategia de transporte de la UE. También implica estrechos vínculos con otros ámbitos políticos, como los relacionados con el mercado único digital, la energía, el desarrollo industrial, la innovación y las capacidades. Dado que los objetivos y requisitos de la mitigación del cambio climático figuran entre los motores del transporte digital, también existe un estrecho vínculo con la sostenibilidad medioambiental.

2.1.

La digitalización se está generalizando en todos los ámbitos de la economía y la sociedad (el transporte es un sector que se suele citar como ejemplo). El presente dictamen de iniciativa tiene por objeto examinar los avances y las implicaciones de la digitalización y la robotización del transporte desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, incluidas las empresas, los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos en general, y exponer los puntos de vista del CESE sobre cómo deben tenerse en cuenta estos avances en la formulación de políticas de la UE, con el fin de aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos de manera adecuada.

2.2.

Ya se están operando muchos cambios en los mercados, así como en distintos ámbitos políticos a nivel nacional y europeo. El CESE también ha abordado este tema en sus dictámenes relativos, por ejemplo, al futuro de la industria del automóvil (1) y la Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (STI-C) (2), así como la Inteligencia artificial (3).

2.3.

La digitalización del transporte adopta varias formas. En la actualidad, los vehículos, aeronaves y buques ya utilizan información digital de muchas maneras, como las tecnologías y los servicios que apoyan la conducción de automóviles, el control del tráfico ferroviario, la aviación y la gestión del transporte marítimo. La digitalización de la información sobre pasajeros y mercancías es otro ámbito de aplicación cotidiana. En tercer lugar, habitualmente se utilizan robots para las operaciones en las terminales en el ámbito de la logística del transporte de mercancías.

2.4.

Además, la automatización y la robotización brindan nuevas oportunidades para el transporte de mercancías y personas, así como para diversos tipos de seguimiento y vigilancia. Los robots virtuales, es decir, los robots de software, desempeñan un papel fundamental en este contexto, al facilitar un mayor uso y conexión de distintos sistemas de información, lo que les permite funcionar como una unidad interoperable.

2.5.

Para automatizar el transporte es necesario desarrollar medios de transporte en relación con su interacción con seres humanos, así como con infraestructuras y otros sistemas externos. Los vehículos, buques y sistemas aéreos sin conductor, no tripulados y totalmente autónomos, es decir, que funcionan de manera independiente, constituyen la etapa final de esta evolución.

2.6.

En la actualidad, varios fabricantes de automóviles están desarrollando y probando automóviles sin conductor. Ya se han introducido trenes de metro sin conductor en muchas ciudades y se están probando autobuses y convoyes de camiones sin conductor. El uso de sistemas de aeronaves no tripuladas o drones está aumentando rápidamente, e incluso se están desarrollando buques autónomos y controlados a distancia. Además de los vehículos, aeronaves y buques, se están explorando nuevos tipos de soluciones de infraestructuras y sistemas de control del tráfico.

2.7.

Aunque se están dando pasos hacia el transporte autónomo y no tripulado, las estructuras básicas siguen basándose en personas como principales actores. Queda por ver cuáles serán las implicaciones más significativas cuando el transporte totalmente autónomo y no tripulado sea una realidad. Varían considerablemente los pronósticos sobre el momento en que esto sucederá. Sin embargo, es importante prepararse para el futuro y tomar las decisiones necesarias con suficiente antelación.

2.8.

La digitalización también permite a los pasajeros y otros usuarios del transporte recurrir a un nuevo tipo de «movilidad como servicio» (en lo sucesivo, «MaaS», por sus siglas en inglés), concepto basado en las plataformas digitales.

2.9.

El actual desarrollo de la MaaS pretende satisfacer mejor la demanda del mercado combinando los sistemas de reserva, compra y pago de las cadenas de transporte y proporcionando información en tiempo real sobre los horarios y las condiciones meteorológicas y de tráfico, así como sobre la capacidad y las soluciones de transporte disponibles. Así pues, la movilidad como servicio es la interfaz de transporte digitalizada del usuario. Al mismo tiempo, pretende optimizar el uso de la capacidad de transporte.

2.10.

El rápido desarrollo de tecnologías como los macrodatos, la computación en nube, las redes móviles 5G, los sensores, la robótica y la inteligencia digital —especialmente con su capacidad de aprendizaje, como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo— son los principales facilitadores de la evolución del transporte digital y automatizado.

2.11.

Sin embargo, es evidente que no se puede avanzar con éxito si el progreso viene impulsado exclusivamente por la tecnología. Lo ideal es que el desarrollo se base en la demanda de la sociedad. Por otro lado, a los ciudadanos a menudo les cuesta ver las oportunidades que ofrecen los nuevos avances.

3.1.

El desarrollo digital crea condiciones para la intermodalidad y contribuye así al enfoque sistémico del transporte. También significa que el sistema de transporte tiene varios elementos nuevos, además de la infraestructura tradicional.

3.2.

Sin embargo, las carreteras, los ferrocarriles, los puertos y los aeropuertos siguen constituyendo la base del sistema. Además de estos elementos básicos, es necesaria una infraestructura digital avanzada, que abarque sistemas de cartografía y posicionamiento, distintos tipos de sensores para la generación de datos, hardware y software para el tratamiento de datos, y conexiones móviles y de banda ancha para la distribución de datos. Los sistemas automatizados de gestión y control del tráfico también forman parte de la infraestructura digital.

3.3.

Puesto que la infraestructura digital y digitalizada requiere electricidad, y teniendo en cuenta la interacción entre las redes eléctricas inteligentes y los vehículos eléctricos, la infraestructura eléctrica es también un elemento clave del sistema de transporte. Por último, son necesarios nuevos servicios e infraestructuras para permitir el acceso a la información del tráfico, así como la reserva y el pago de los servicios de movilidad. Por consiguiente, el sistema, desde la infraestructura física a los servicios de transporte físico, está vinculado por distintos tipos de elementos digitales.

3.4.

A pesar de los rápidos avances, siguen existiendo diferentes cuellos de botella que impiden el progreso hacia sistemas digitales de transporte que, por consiguiente, han de solucionarse. Entre ellos, cabe mencionar las carencias en materia de disponibilidad y accesibilidad de datos, la falta de conexiones de internet rápidas, y las limitaciones técnicas relacionadas con los sensores y el posicionamiento en tiempo real.

3.5.

El CESE aboga por que se hagan inversiones en tecnología e infraestructuras que puedan servir de base para el transporte digital, en particular los sistemas de gestión y control del tráfico: la Investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo (SESAR, por sus siglas en inglés) y el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS, por sus siglas en inglés) son proyectos que ya se encuentran en una fase madura, pero que carecen de recursos financieros sustanciales. El sistema de gestión e información del tráfico marítimo (VTMIS, por sus siglas en inglés) y los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (C-ITS, por sus siglas en inglés) necesitan seguir desarrollándose. Además, las conexiones 5G deberán estar disponibles en todas la red básica de la RTE-T. Los instrumentos de financiación de la UE, como el Mecanismo «Conectar Europa», el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y Horizonte 2020, deberían apoyar estas iniciativas.

3.6.

La interoperabilidad de los sistemas digitales también es necesaria para posibilitar la conectividad transfronteriza a nivel nacional e internacional. La UE debe esforzarse por ser el precursor y el impulsor de normas en este ámbito.

3.7.

El CESE destaca que la digitalización no elimina la necesidad de inversiones en infraestructura básica de transporte, aunque optimiza el uso de la capacidad existente. Además, durante el período de transición, los vehículos y buques parcialmente automatizados y totalmente autónomos circularán juntos, lo que debe tenerse en cuenta en las infraestructuras viales y marítimas. También están surgiendo nuevos desafíos en la aviación debido al despliegue de drones.

3.8.

El CESE alienta el desarrollo de sistemas de gestión del tráfico y normas comunes para los drones a nivel europeo e internacional en la ICAO. Además, es necesario elaborar normas en la OMI para poder desarrollar e implantar el transporte marítimo autónomo y controlado a distancia, incluso en los puertos.

4.1.

La digitalización y la robotización generan una mayor eficiencia, productividad y seguridad para el transporte de mercancías y la logística. También surgen nuevas oportunidades de negocio para los sectores de fabricación y servicios con respecto a la automatización y la robótica, los servicios para la movilidad de los ciudadanos, las soluciones para una logística más eficiente o la digitalización de todo el sistema de transporte. Esto es válido tanto para grandes empresas como para pequeñas y medianas empresas, incluidas las emergentes.

4.2.

Teniendo en cuenta que las empresas de la UE son líderes en muchos ámbitos relacionados con el transporte digital, es una esfera en la que podría desarrollarse una ventaja competitiva. Están sucediendo muchas cosas fuera de la UE con respecto al desarrollo del transporte digital y autónomo; la UE también tiene que intensificar sus esfuerzos en los ámbitos de innovación, infraestructuras y realización del mercado único, incluida la adaptación del marco jurídico a las nuevas condiciones de funcionamiento.

4.3.

También es necesaria una apertura al desarrollo y la introducción de nuevos tipos de modelos empresariales, basados en plataformas digitales. A fin de reforzar la creación de plataformas europeas, debe velarse por que se instauren y propicien las actuales condiciones y que el marco regulador garantice a las empresas una igualdad de condiciones.

4.4.

La digitalización y la robotización del transporte se basan principalmente en la gestión de datos, al igual que cualquier otro sector. Desde el punto de vista empresarial, los datos pueden considerarse un factor de producción o una materia prima que debe transformarse y refinarse para crear valor añadido. Para ello, resulta esencial el libre flujo de los datos. Por consiguiente, el CESE pide soluciones eficaces que eliminen los problemas asociados a la accesibilidad, interoperabilidad y transferencia de datos, asegurando al mismo tiempo una protección y privacidad adecuadas.

4.5.

El CESE considera importante abrir y facilitar el acceso de todos los usuarios a la masa de datos relacionados con el transporte y la infraestructura, generados por el sector público. Además, se necesitan aclaraciones y normas para la gestión de datos no personales, en concreto los datos generados por sensores y dispositivos inteligentes. Al evaluar las cuestiones de accesibilidad y reutilización de datos, es conveniente señalar que, en general, no son los propios datos los que aportan una ventaja competitiva, sino las herramientas, los recursos de innovación y la posición de mercado para refinarlos.

4.6.

Para desarrollar y adquirir experiencia en transporte digital y autónomo, debe facilitarse la experimentación y el ensayo de nuevas tecnologías y conceptos, lo que exige una innovación funcional y ecosistemas de empresas, bancos de ensayos adecuados y un marco regulador propicio. El CESE pide a las autoridades que adopten un enfoque que estimule la innovación, en lugar de aplicar normas y requisitos detallados, que obstaculizan el desarrollo.

5.1.

Las implicaciones de la digitalización y la robotización del transporte para la mano de obra son, evidentemente, las mismas que en otros ámbitos. Los nuevos conceptos y procesos pueden provocar pérdidas de puestos de trabajo, mientras que los nuevos productos y servicios pueden generar otros nuevos.

5.2.

Puede que los cambios más significativos se den en el propio sector del transporte y la logística, pero las implicaciones para el empleo también pueden observarse en los sectores de fabricación conexos, así como en las cadenas de suministro y las agrupaciones regionales.

5.3.

Con la implantación del transporte no tripulado, la demanda de personal de transporte disminuirá. Lo mismo sucede con las implicaciones del creciente uso de la robótica para el trabajo físico en las operaciones en las terminales. Algunos de los empleos pueden sustituirse por tareas de control y seguimiento, pero con el tiempo también puede que disminuyan estas tareas. Al mismo tiempo, pueden crearse nuevos puestos de trabajo en otros sectores, especialmente en los sectores relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, los servicios digitales, la electrónica y la robótica. Además, aunque el trabajo físico y las tareas rutinarias disminuyan, adquiere importancia el papel de la resolución de problemas y las tareas creativas.

5.4.

El cambio de tareas también supone un cambio considerable en la demanda de capacidades por parte del mercado. Hay una creciente demanda de profesionales cibernéticos altamente cualificados, como desarrolladores de software. Por otro lado, hay una creciente necesidad de capacidades prácticas asociadas al uso de la robótica y la actuación en sistemas de cooperación entre humanos y robots. Además, aumentará la importancia de los profesionales con competencias de base amplia.

5.5.

El CESE destaca la importancia de afrontar estos cambios estructurales de manera adecuada, elaborando estrategias sobre cómo garantizar una transición justa y fluida, reducir los efectos sociales negativos y responder al déficit de capacidades, todo ello combinado con un adecuado seguimiento de los avances. El diálogo social con la información y la consulta de los trabajadores desempeñan en todos los niveles un papel fundamental en el proceso de transición.

5.6.

Hay necesidades, tanto inmediatas como a largo plazo, de educación y formación. Los Estados miembros desempeñan un papel decisivo en la respuesta a la demanda de nuevas capacidades mediante la adaptación de sus sistemas educativos. Además, deberían compartirse las buenas prácticas a escala europea. Es necesario prestar una gran atención a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, teniendo en cuenta que la demanda para crear nuevas soluciones requiere también amplias competencias con educación en arte y ciencias sociales.

6.1.

Al parecer, los ciudadanos desconocen en gran medida los tipos de oportunidades que ofrecen la digitalización y la robotización, como la accesibilidad y conveniencia de la movilidad, mientras que la percepción de la seguridad, protección y privacidad figuran entre sus principales preocupaciones. Es necesario un mayor conocimiento y comunicación sobre sus ventajas e inconvenientes, junto con la adecuada participación de la sociedad civil en los procesos de planificación del transporte a escala local, sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas.

6.2.

La automatización avanzada evidentemente aumenta la seguridad del transporte debido a la disminución de los errores humanos. Por otro lado, pueden surgir nuevos riesgos para la seguridad debido a las limitaciones de capacidad de reconocimiento de formas de los sensores, los fallos potenciales de los dispositivos, los cortes de internet y nuevos tipos de errores humanos como los errores informáticos. Sin embargo, el efecto neto se valora como claramente positivo.

6.3.

Puesto que están surgiendo preocupaciones crecientes con respecto a la ciberseguridad, esta será uno de los principales elementos de la seguridad del transporte. La ciberseguridad afecta a vehículos, aeronaves y buques, pero también a las infraestructuras que los apoyan, gestionan y controlan.

6.4.

La introducción e implantación del transporte autónomo y no tripulado también plantea la cuestión de las normas de tráfico, especialmente de las relacionadas con los aspectos éticos. Puesto que el transporte es una función transfronteriza, las normas de tráfico deben armonizarse en el mercado interior, con el objetivo de proceder después a la armonización a nivel internacional.

6.5.

Con un transporte totalmente autónomo, también surgen nuevas cuestionen relativas a las responsabilidades. Esto también se refleja en el desarrollo de los sistemas de seguros. La dificultad principal puede ser la determinación fáctica de la responsabilidad en caso de accidente, teniendo en cuenta el papel de los sistemas digitales y la intervención de varios actores, como los fabricantes y propietarios de los vehículos y los gestores de la infraestructura. Esto puede requerir un mayor almacenamiento de datos para determinar las circunstancias del accidente. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión que investigue posibles marcos y requisitos de recopilación de datos a efectos de responsabilidad, teniendo presente la necesidad de privacidad.

6.6.

En cuando a la privacidad y las crecientes necesidades de datos, a las personas les preocupa ser vigiladas constantemente. El uso del reconocimiento de formas también plantea preocupaciones en materia de privacidad. Respecto a la protección de los datos personales, en 2018 se aplicará el Reglamento general de protección de datos (RGPD) con el objetivo de proporcionar un único conjunto de normas para toda la UE. El CESE ha llamado la atención sobre la importancia de la privacidad y la protección de datos en sus anteriores dictámenes y subraya que los datos deben utilizarse solo para fines relacionados con el funcionamiento del sistema y no conservarse para otros fines.

7.1.

Los efectos del transporte relacionados con el clima y el medio ambiente dependen de muchos factores. La mejora de la eficiencia energética de los vehículos, aeronaves y buques es una de las principales medidas para reducir las emisiones. La eficiencia energética generalmente va de la mano de la automatización del funcionamiento y los sistemas de control.

7.2.

La sustitución de los combustibles fósiles por combustibles de bajas emisiones de carbono, electricidad o hidrógeno es un medio fundamental para reducir las emisiones. Aunque es un proceso separado, la implantación de vehículos eléctricos y redes eléctricas inteligentes está estrechamente conectada a la automatización del transporte.

7.3.

Las medidas que aumentan el flujo del tráfico también tienen un importante papel que desempeñar en la reducción de las emisiones. La digitalización y la automatización permiten un transporte fluido y cadenas de transporte multimodal eficientes, lo que implica una mayor eficacia del transporte, mayor eficiencia energética, menor consumo de combustible y menos emisiones. Para ello, son sumamente importantes unas infraestructuras de alta calidad y cruces fronterizos fluidos. Además, la utilización del suelo y la planificación urbana tienen un efecto en la necesidad y el flujo de tráfico.

7.4.

Los efectos medioambientales no solo están relacionados con el propio transporte, sino también con el ciclo de vida de los vehículos, aeronaves y buques desde la fabricación hasta el fin de vida útil. La relocalización de la producción y la implantación del enfoque de economía circular son fenómenos que contribuyen a reducir los efectos del ciclo de vida.

7.5.

El transporte autónomo puede dar lugar a un mayor uso de automóviles privados debido a una mayor comodidad para los pasajeros. Por otro lado, se supone que los sistemas de vehículos compartidos y el recurso al transporte público harán que disminuya la cantidad de automóviles particulares. Por consiguiente, las preferencias del consumidor desempeñan un papel decisivo en el futuro de la movilidad. Pueden estar influidas por la oferta de servicios de planificación de viajes de fácil acceso que animen a las personas a elegir opciones más respetuosas con el medio ambiente. Unos adecuados incentivos en la fijación de los precios también pueden influir en el comportamiento de los consumidores.

13.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 345/58

Ponente:

Miguel Ángel CABRA DE LUNA

1.1.

La economía social (ES) es un actor relevante que contribuye a alcanzar los objetivos de todas las políticas europeas que tienen una dimensión exterior: política exterior y de seguridad, comercial, vecindad, cambio climático, cooperación al desarrollo y desarrollo sostenible. Sin embargo, la falta de un entorno regulatorio adecuado, tanto a nivel europeo como nacional, impide que dicho sector desarrolle todo su potencial y maximice su impacto.

1.2.

Por su parte el Instrumento de Colaboración (1) para la cooperación con terceros países, orientado a países desarrollados y en desarrollo, puede constituir una oportunidad para la ES de la Unión Europea (UE) en su proceso de internacionalización, incentivando la competitividad, la innovación y la investigación.

1.3.

La UE desempeña un relevante papel en la lucha por erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo económico y social a nivel mundial, que se refleja en la Agenda Post 2015 de la UE y en la aceptación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

1.4.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la importancia que el Consejo otorga en la Agenda Post 2015 a «la economía social para la creación de empleo y el desarrollo sostenible», que abre nuevas perspectivas para el impulso de la economía social en su dimensión exterior (punto 43 de la Agenda Post 2015), si bien lamenta que la Comisión no haya incluido a la ES en su propuesta de nuevo consenso en materia de desarrollo.

1.5.

Los éxitos empresariales observables en diferentes países externos a la UE permiten constatar que la ES, en sus diversas manifestaciones empresariales, está presente de forma destacada en la vida cotidiana y en la actividad productiva de amplias regiones de África, América y Asia, y contribuye decisivamente a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas.

1.6.

Entre las variadas formas empresariales de la ES presentes en las mencionadas regiones, destaca el liderazgo, entre otras, de las cooperativas y mutuas, muy numerosas y activas en la producción agrícola, las finanzas y micro finanzas, el abastecimiento de agua limpia, la vivienda, la inserción laboral de personas con discapacidad, la reducción del trabajo informal mediante iniciativas de emprendimiento colectivo de la economía social, la inserción laboral de los jóvenes y la emancipación de la mujer, que desempeña un papel cada vez más significativo en la actividad productiva de cooperativas y mutuas.

1.7.

Junto a las cooperativas, las sociedades de asistencia mutua y otras empresas similares de la ES de base asociativa, destaca la importante función de las entidades no lucrativas, asociaciones y fundaciones popularizadas con el nombre de ONG, todas ellas parte integrante de la ES en el ámbito del tercer sector de acción social, que gestionan servicios de asistencia social, de salud, de educación y otros, e incluso fomentan iniciativas de emprendimiento bajo formas de ES entre la población local.

1.8.

La Comisión ha reconocido la importante función que pueden desempeñar las empresas de la ES (EES) en el desarrollo de la economía circular, a la que pueden aportar una «contribución esencial» (2). En Europa existen numerosos casos de buenas prácticas en este campo, en el que las empresas de la ES pueden desempeñar un relevante papel en las inversiones previstas en el Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) en energías renovables en África. Las EES contribuyen de forma destacada a un crecimiento económico sostenible, reduciendo sus impactos medioambientales negativos.

1.9.

Los instrumentos financieros tradicionales no funcionan para las EES, sin perjuicio de la acción de la banca ética, que necesitan instrumentos específicamente adaptados. Por ello, el CESE lamenta que, a pesar del indudable protagonismo en el proceso de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de su presencia socioeconómica, las EES no están contempladas, de manera sistemática, como un actor específicamente reconocido en los programas de fomento de la internacionalización y promoción empresarial en el exterior, así como de la cooperación al desarrollo de la UE. Tampoco el PEIE ni el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) consideran ninguna línea de financiación específica para las EES.

1.10.

Por ejemplo, la renovación del Acuerdo de Asociación de Cotonú (AAC) afectará a más de 100 países de África, Caribe y Pacífico (ACP), con una población total de 1 500 millones de personas. La renovación del AAC se producirá en 2020 y las negociaciones deben comenzar a más tardar en agosto de 2018. Resulta sorprendente que en la citada Comunicación, basada en la Agenda 2030 de la ONU y en la Estrategia Global de la UE sobre política exterior y de seguridad, no se mencione entre los agentes no estatales participantes en la asociación a la economía social, que queda subsumida en la genérica «sociedad civil, los agentes de los ámbitos económico y social y el sector privado» (punto 4.3.3 de la Comunicación).

1.11.

La política comercial es uno de los pilares de la acción exterior de la UE. La sociedad civil organizada participa en los distintos acuerdos de la UE con otros países o regiones del mundo (comerciales, de asociación, de partenariado económico) a través de Comités Consultivos Mixtos (CCM) y grupos consultivos internos (GCI) que establecen dichos acuerdos. El CESE recomienda que la presencia de la ES, que ya participa en varios de ellos, se generalice y sea un componente fijo en todos ellos.

1.12.

Tanto el FEDS como el BEI deben colaborar en el establecimiento de un ecosistema financiero específico de las EES, tal y como reclama el Dictamen del CESE (3). Además, los programas de asistencia técnica y de cooperación al desarrollo del PEIE deben contemplar el impulso de plataformas digitales cooperativas. La economía digital abre nuevos espacios de actuación y desarrollo para las EES. Así, la economía colaborativa permite crear plataformas not-for-profit (platform cooperativism) y desarrollar actividades de gran interés para la dimensión exterior de la economía social como la producción colaborativa, las finanzas colaborativas (crowfunding o peer-to-peer lending), la gobernanza colaborativa o el aprendizaje colaborativo (learning). En este último caso el aprendizaje a través de plataformas cooperativas puede ser importante para la formación in situ de emprendedores de la ES en los países vecinos y del Sur, fortaleciendo el capital humano estructurante en dichos países.

1.13.

El CESE respalda la Recomendación del Grupo Europeo Consultivo de Empresas Sociales (GECES) para que se refuerce el papel de las EES en la política exterior de la UE. En este sentido, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) deben coordinar sus políticas e iniciativas para:

1.14.

La Comisión y la ES deben favorecer la implicación del G20 y G7 en la promoción de políticas específicas de apoyo a la ES (como se expone en el Marco Empresarial Integrador del G20), que reflejen las diferencias de valores, principios y razones de ser de esas organizaciones (Recomendación n..o 12 del GECES).

1.15.

A través de la diplomacia económica debe promoverse el papel de la ES en los foros internacionales (UNTFSSE, ILGSSE, G20, G7, OIT, etc.) y la colaboración con las organizaciones financieras internacionales.

1.16.

La UE debe asegurar que, en la negociación de los acuerdos comerciales, las EES no queden discriminadas respecto a otras empresas, eliminándose las barreras no arancelarias que, de facto, establecen dicha discriminación.

1.17.

Tanto el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) como otros instrumentos financieros deben contribuir de manera sistemática a la promoción de la ES, bien en las negociaciones de adhesión de países candidatos al ingreso en la UE, como con otros países vecinos, beneficiarios de acuerdos privilegiados.

1.18.

La Comisión debe consolidar su papel de liderazgo en la cooperación internacional y en el impulso y reconocimiento de las EES como un actor clave del sector privado para alcanzar los ODS y como parte de la agenda exterior de la UE. Para ello deberán coordinarse las actividades de los diferentes departamentos de la Comisión y del SEAE y establecer programas de acción conjunta de cooperación al desarrollo con otras instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y otras entidades públicas y privadas en busca de inversiones multilaterales incluso locales, creando incentivos para que estas vías de financiación funcionen. Las EES deben formar parte de la «diplomacia económica» de la UE de una forma urgente, efectiva y generalizada. La Comisión ha de reforzar los lazos de cooperación en el ámbito de la ES con las organizaciones internacionales (ONU, OIT, OCDE, etc.).

1.19.

La Comisión debe incluir de forma expresa al sector de la ES como actor empresarial de la UE en las iniciativas de acceso a terceros mercados y en todos los programas de cooperación al desarrollo y en la implementación de la Agenda Post 2015, estableciendo indicadores y objetivos específicos para las cooperativas y otras empresas similares de la ES. En concreto, es importante que la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores incluyan expresamente a la ES como uno de los agentes no estatales en el próximo AAC y establezcan en el PEIE y en el FEDS líneas de financiación específica para las EES.

1.20.

Para contribuir al seguimiento y revisión de los ODS, el ejercicio debe de incluir un informe periódico sobre las políticas de asociación entre los Estados y otras autoridades públicas y la ES, incluidas las cooperativas, que son medios cruciales de implementación de los ODS. Asimismo, los Estados deberían ser alentados a producir datos y estadísticas.

1.21.

La Comisión debe facilitar la inclusión de la ES en el diálogo estructurado que promoverá con el sector privado europeo y africano, en el marco de una plataforma de empresas sostenibles para África.

1.22.

La Comisión debe impulsar el apoyo preferente a las EES vinculadas a la economía circular, con notables éxitos en Europa, y que pueden ser actores significativos del crecimiento sostenible en los países externos a Europa, creando numerosos empleos de jóvenes y mujeres en los ámbitos locales.

1.23.

La Comisión y los Estados miembros deben promover la participación, consulta y coordinación de su acción empresarial en el exterior y de cooperación al desarrollo con las entidades representativas de la ES, europeas y nacionales, también de los países socios, así como con aquellas organizaciones internacionales de la ES que integran a países Norte-Sur y Sur-Sur. El CESE reitera su petición (4) de crear un Foro Europeo de la Sociedad Civil en favor del Desarrollo Sostenible para promover y supervisar la aplicación de la Agenda 2030, siendo agentes principales el Consejo, la Comisión, el Parlamento, las entidades representativas de la ES europea y el resto de la sociedad civil.

1.24.

Los programas de asistencia técnica y de desarrollo de la Comisión deben contemplar la participación de las redes y de las organizaciones representativas de la ES como intermediarios y actores estratégicos en la implementación de los programas de inversión y cooperación en los países vecinos y en desarrollo y apoyar a los gobiernos para que promuevan un entorno institucional favorable a las EES. El Mediterráneo Sur y los Balcanes son una prioridad ineludible.

1.25.

La Comisión y el SEAE deben promover en los terceros países un proceso de identificación de las diferentes clases de EES, así como el establecimiento de un marco jurídico adecuado que permita visualizar el conjunto de EES. Tratándose de un proceso complejo y a medio/largo plazo, debe hacerse hincapié en las cooperativas y en las mutuas, que son agentes extendidos en todo el mundo, con escenarios jurídicos definidos, con presencia destacada en todas las ramas de la actividad productiva y con un sistema de valores y de gobernanza inspirador del conjunto de la ES, que permite identificarlas como la columna vertebral de la misma.

1.26.

A los efectos pretendidos con este Dictamen, el CESE anima a la Comisión Europea a implementar con celeridad su compromiso de potenciar la sensibilización interservicios en materia de economía social a través de la realización de briefings internos dirigidos a las direcciones Generales relevantes y a las delegaciones de la Unión Europea en terceros países.

2.1.

La Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE considera sus dos primeras prioridades la seguridad de la UE y la inversión en la resiliencia de los Estados y las sociedades situados al Este de Europa y el Sur, hacia África Central. En la implementación de dichas prioridades y de la Política Europea de Vecindad (PEV), la ES puede desempeñar relevantes funciones en el impulso de procesos de desarrollo inclusivo y de crecimiento sostenible.

2.2.

La PEV, con países del Este y del Sur de Europa, y su instrumento financiero, el IEV, constituyen una pieza clave para el impulso de las relaciones con los 16 países a los que se aplica, 6 del Este y 10 del Mediterráneo Sur, a partir de los 15 400 millones EUR destinados por la UE para su desarrollo en el período 2014-2020.

2.3.

El PEIE, a través del FEDS, promoverá en África y los países vecinos de la UE inversiones por importe de entre 44 000 y 88 000 millones EUR, entre 2016 y 2020, contemplándose como contrapartes elegibles para los proyectos de inversión a organismos del sector público e inversores del sector privado.

2.4.

El comercio internacional es uno de los pilares de la nueva Estrategia Europea 2020 para lograr una Unión más competitiva y ecológica. Los Acuerdos de Libre Comercio e Inversión impulsados desde la UE pueden contribuir a un mayor dinamismo del crecimiento económico en la UE, si se considera que el 90 % del futuro crecimiento mundial se producirá fuera de Europa. La UE debería asegurar que en la negociación de los acuerdos comerciales las empresas de la ES no queden discriminadas respecto a otras empresas eliminándose las barreras no arancelarias que, de facto, establecen dicha discriminación. La ES europea debe utilizar dichos acuerdos para impulsar la internacionalización de sus empresas, tanto en el ámbito de los países vecinos del Este y del Sur de Europa como en el resto del mundo.

2.5.

La UE desempeña una relevante función en la lucha para erradicar la pobreza y para impulsar el desarrollo económico y social a nivel mundial. La ayuda oficial al desarrollo que ofrece la UE y los Estados miembros ascendió a 68 000 millones EUR en 2015 (5) y supera el 50 % del resto de donantes del mundo.

2.6.

El Consejo, en su reunión del 26 de mayo de 2015, aprobó la posición de la UE ante la nueva Agenda para el desarrollo después de 2015 (Una nueva asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015). Dicha Agenda Post 2015 fue defendida por la UE en la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2015, que aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En dicha Agenda Post 2015 el Consejo destaca «la importancia de las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las empresas de la economía social para la creación de empleo y desarrollo sostenible», (punto 43).

3.1.

Las EES están integradas por una gran pluralidad de actores que poseen un núcleo identitario común, con unos principios y valores de comportamiento que las caracteriza como entidades de carácter libre y voluntario, con sistemas de gobernanza democráticos y participativos, creadas desde la sociedad civil con el objetivo prioritario de satisfacer y resolver con criterios solidarios las necesidades de las personas y de los grupos sociales en que se integran, antes que de retribuir a inversores de capital (6). Como botón de muestra cabe citar que la Unesco ha reconocido a las cooperativas alemanas como patrimonio inmaterial de la humanidad.

3.2.

Los actores que integran la ES están bien delimitados y perimetrados por las instituciones de la UE, además de por sus propios protagonistas y por la literatura científica. Destacan la Resolución del Parlamento Europeo sobre economía social (2008/2250(INI)) de 25 de enero de 2009, el Manual de cuentas satélite de las empresas de la economía social: cooperativas y mutuas, promovido por la Comisión Europea (2006); los dictámenes del CESE (7) y el Informe de dicho Comité sobre La economía social en la Unión Europea  (8). Todos ellos son coincidentes al identificar el sector de la ES, integrado por una pluralidad de empresas y entidades «basadas en la primacía de las personas sobre el capital que incluyen formas organizativas como cooperativas, mutuas, fundaciones y asociaciones, así como nuevas formas de empresas sociales» (Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2015 sobre «La promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa») (9).

4.1.

La ES puede desempeñar un papel muy relevante en la acción exterior de la UE. La historia de la ES es una historia de éxitos, no solo en Europa, sino en numerosos países vecinos del Sur y en amplias regiones africanas. Así lo ha puesto de manifiesto la OIT en su Recomendación 193 de 20 de junio de 2002 sobre la promoción de las cooperativas al considerarlas como uno de los pilares del desarrollo económico y social y que, por sus valores y sistemas de gobernanza, promueven la más completa participación de toda la población en dicho desarrollo, fortaleciendo la estabilidad, confianza y cohesión social.

4.2.

La Comisión y el Consejo han puesto de relieve en diversas ocasiones la importancia de las cooperativas y de la ES en la acción exterior de la UE. Así, la Comunicación de la Comisión de 12 de septiembre de 2012 («Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores») subraya el papel de las cooperativas como «actor relevante de la sociedad civil […] particularmente activas en el fomento del espíritu empresarial y en la creación de empleo mediante la movilización de las comunidades de base». Por su parte, en la Agenda Post 2015, el Consejo otorga a la ES un significativo papel para la creación de empleo y el desarrollo sostenible (punto 43 de la Agenda Post 2015).

4.3.

La Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE considera sus dos primeras prioridades la seguridad de la UE y la inversión en la resiliencia de los Estados y las sociedades situadas al Este de Europa y al Sur, hacia África Central.

4.4.

La PEV constituye una pieza clave para asegurar las prioridades establecidas en la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. Esta Estrategia considera que una de las prioridades de la acción exterior consiste en invertir en la resiliencia de los Estados y las sociedades situadas al Este de Europa y al Sur, hacia África Central, tanto para países de dentro como de fuera de la PEV.

4.5.

La consolidación de Estados resilientes en el entorno europeo, prioridad de la acción exterior de la UE, no puede asegurarse sin sociedades fuertes, cohesionadas y resistentes. La ES, basada en empresas creadas por personas y para las personas, constituye una expresión vibrante de la sociedad civil. Las EES son fruto de iniciativas ciudadanas de emprendimiento colectivo que integran objetivos económicos y sociales en un proyecto común, que convierte a las personas en responsables y protagonistas de sus propios destinos, y les permite mejorar sus condiciones de vida y alimentar esperanzas en el futuro. Esta es la mejor garantía para consolidar Estados resilientes en el Este de Europa y en el Sur, en otros países dentro y fuera de la PEV, como señala la Estrategia Global sobre Política Exterior y Seguridad de la UE. Y es la mejor garantía para hacer sostenible y asegurar el éxito a largo plazo de la primera de las cinco grandes prioridades de la acción exterior de la UE, la seguridad de nuestra casa común, Europa y por ende para evitar los procesos de radicalización.

4.6.

Finalmente, la dimensión exterior de la ES puede ser de enorme utilidad para generar empleo con derechos en países con altos porcentajes de economía sumergida o en países en transición de su modelo económico. También para evitar el cierre de empresas por la vía de hacerse cargo de las mismas los trabajadores, bajo una forma jurídica y organizativa cooperativa.

5.1.

La política comercial es uno de los pilares de la Acción Exterior de la UE. La sociedad civil organizada participa en los distintos acuerdos de la UE con otros países o regiones del mundo (comerciales, de asociación, de partenariado económico) a través de CCM y GCI que establecen dichos acuerdos. El CESE recomienda que la presencia de la ES, que ya participa en varios de ellos, se generalice y sea un componente fijo en todos ellos, y propone que ello sirva para aprovechar la experiencia de la ES, dentro de los capítulos de desarrollo sostenible de dichos acuerdos, para la creación de empresas con los valores y características propios de la ES. Y que las organizaciones de la ES se integren regularmente en la composición de los GCI de la sociedad civil previstos por dichos capítulos y en las misiones empresariales promovidas por la Comisión en terceros países.

5.2.

La presencia de la ES en los CCM y GCI puede contribuir a estrechar el conocimiento, los lazos y la cooperación de la ES entre diversas regiones. Como ya sucede, por ejemplo, entre la ES de la UE con sus correspondientes contrapartes en América Latina y la ribera sur del Mediterráneo.

5.3.

La PEV, que a través de su IEV, destina 15 400 millones EUR en el período 2014-2016 para la consecución de sus objetivos. El PEIE (10) que ofrece un marco global para aumentar la inversión en África y en los países vecinos de la UE, puede ser un instrumento adecuado para promover la economía social en esas áreas geográficas.

5.4.

En noviembre de 2017 se celebrará la 5..a Cumbre África-UE que reformulará y profundizará la asociación África-UE (11). La Comisión debe facilitar la inclusión de la ES en el diálogo estructurado que promoverá con el sector privado europeo y africano en el marco de una plataforma de empresas sostenibles para África.

5.5.

La Comisión ha reconocido la importante función que pueden desempeñar las EES en el desarrollo de la economía circular, a la que pueden aportar una «contribución esencial» (12). En Europa existen numerosos casos de buenas prácticas en este campo, sobre todo en el ámbito de las energías renovables.

5.6.

Por sus características y valores las EES pueden desempeñar un relevante papel en las inversiones previstas en el PEIE en energías renovables en África, a partir de las ventajas competitivas que se derivan de una mejor gestión de los recursos, las materias primas y la vinculación al territorio, permitiendo crear nuevos empleos en el ámbito local, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres. El apoyo preferente a las EES vinculadas a la economía circular facilitará que el crecimiento económico sea más sostenible, reduciendo su impacto medioambiental negativo a través de una mejora de la gestión de los recursos y de la reducción de las extracciones y la contaminación.

5.7.

El Instrumento de Colaboración (13) para la cooperación con terceros países, orientado a países desarrollados y en desarrollo, puede constituir una oportunidad para la ES de la UE en su proceso de internacionalización, incentivando la competitividad, la innovación y la investigación.

5.8.

Como ha sido señalado con reiteración, la lógica del mercado financiero no está concebida para apoyar el desarrollo de las EES. Los instrumentos financieros tradicionales no funcionan para las EES, que necesitan instrumentos específicamente adaptados. Por ello, el verdadero potencial de las EES solo puede hacerse realidad si el acceso a la financiación se integra en un ecosistema financiero adaptado y totalmente integrado (14).