12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/1

1.

celebra el gran éxito de la política europea de investigación desplegada a través de los programas marco sucesivos hasta la iniciativa Horizonte 2020, que es el más importante programa integrado de investigación del mundo, basado en la excelencia científica y la aceleración de la innovación;

2.

recuerda que Horizonte 2020 es el principal instrumento de apoyo al desarrollo de la investigación e innovación (en lo sucesivo, «I+i») europea dentro de la estrategia global Europa 2020 y al servicio de la realización del Espacio Europeo de Investigación (en lo sucesivo, EEI);

3.

insiste en la pertinencia de la Estrategia Europa 2020, que propone un enfoque consolidado del «triángulo del conocimiento» (investigación, formación e innovación), ya que siguen siendo fundamentales el cambio del espíritu de aprendizaje y el aumento del nivel de formación para todos así como impulsar la colaboración entre las universidades y las empresas; sugiere, por otra parte, que se busque una mayor articulación y complementariedad con los programas Erasmus+ e Interreg, incluido el programa Interreg Europa, consagrado a la cooperación interregional; subraya que la consecución del EEI debe perseguirse y pasa por el logro de objetivos múltiples, entre los cuales destaca la excelencia científica como componente esencial e indispensable, aunque no exclusivo;

4.

destaca la actualidad de los objetivos del EEI y el interés en proseguir su realización, especialmente en el ámbito del desarrollo de la cooperación transnacional, la movilidad del conocimiento, un mercado de trabajo armonizado de los investigadores e innovadores, la igualdad entre hombres y mujeres o el acceso a la información y la ciencia;

5.

sugiere, con el fin de impulsar el apoyo al proyecto de construcción de una sociedad del conocimiento en Europa, que se identifique el talento europeo y se realice seguimiento de la carrera de los investigadores; plantear itinerarios europeos para los investigadores que les permitan enlazar programas de apoyo a su carrera investigadora en su transición; y reforzar la incorporación de investigadores en el ámbito empresarial;

6.

se niega a limitar exclusivamente el debate presupuestario al programa marco. En función de los métodos de evaluación, la parte de la política de cohesión dedicada a la investigación y la innovación varía entre 43 000 y 110 000 millones EUR, sin contar las contribuciones importantes de otras políticas sectoriales y del plan Juncker;

7.

hace un llamamiento para que se vuelva a otorgar prioridad absoluta a la innovación e investigación en el marco del debate sobre el futuro de Europa y las prioridades expuestas en la Declaración de Roma (1), se refuerce la gobernanza transversal de las cuestiones de investigación, innovación y formación dentro de la Unión, y se aumente el esfuerzo presupuestario global de la UE dedicado a la I+i a través de todas estas políticas dentro del actual marco financiero plurianual (MFP) y del próximo. En este contexto general y en consonancia con el proyecto de informe del Parlamento Europeo (2) y el informe del Grupo de Alto Nivel de expertos independientes sobre la maximización de la repercusión de los programas de investigación e innovación de la UE (Informe Lamy) (3), el presupuesto del programa marco debería ascender considerablemente para mantener la dinámica de crecimiento del programa marco actual (4). En cualquier caso, el necesario impulso de la I+i no deberá redundar en detrimento de la política de cohesión, que sigue siendo el principal instrumento de financiación de la UE para lograr la cohesión económica y social y la convergencia entre sus territorios. Deberá movilizarse y combinarse todo el potencial de los instrumentos de las políticas de cohesión y de la I+i para impulsar el desarrollo regional;

8.

pide una nueva ambición colectiva que no solo se refiera a la excelencia científica en Europa sino a la excelencia científica y la capacidad de innovación de toda Europa, movilizando todo el potencial de todos sus territorios, contribuyendo al refuerzo de sus capacidades y promoviendo la innovación abierta y colaborativa;

9.

considera que esta ambición es aún más necesaria en el contexto de una globalización cuyos efectos quedan por controlar, en particular a escala local y regional, y frente a la que la investigación y la innovación son factores de resiliencia, de alto valor añadido y de competitividad sostenible;

10.

pretende promover un planteamiento global de la financiación europea, nacional y regional, sin el cual esta ambición y el debate presupuestario europeo carecerían de sentido; recuerda la importancia del objetivo de dedicar el 3 % del PIB a la I+i pública y privada fijado para todos los Estados miembros en la Estrategia Europa 2020, estancado en un 2,03 % desde 2015 y socavado, entre otras cosas, por la disminución de los créditos en muchos Estados miembros. Para ello, considera esencial seguir reforzando los sistemas de I+i, teniendo en cuenta el contexto de cada país y de cada región, a través de una mayor coordinación de las políticas a escala europea e impulsando las reformas necesarias a nivel nacional y regional, en particular, a través del Semestre Europeo y las estrategias de especialización inteligente;

11.

considera necesario aclarar el debate sobre las sinergias y propone cinco principios operativos que podrían compartir la Unión, los Estados miembros, las regiones y las ciudades, a saber:

12.

recuerda que el valor añadido europeo del programa marco se basa, en primer lugar, en su dimensión colectiva y colaborativa y en su contribución a la creación de redes de investigadores y ecosistemas de innovación. Esta dimensión debe seguir prevaleciendo sobre el apoyo a proyectos individuales;

13.

expresa su preocupación por la reducción del porcentaje medio de éxito en las convocatorias de propuestas, inferior al del programa marco anterior, lo cual obstaculiza gravemente su difusión en los territorios. La necesaria competencia, propia de un planteamiento de excelencia, no debe dar lugar a una exclusión y una concentración excesiva;

14.

afirma que es imprescindible mantener la apertura del programa marco para garantizar su difusión en toda Europa, en sus territorios y entre sus ciudadanos; incita a innovar más en las herramientas del programa marco a fin de conciliar excelencia, inclusión y participación;

15.

recuerda la importancia de mantener un equilibrio entre investigación fundamental e investigación próxima a la comercialización, así como entre investigación libre e investigación en respuesta a cuestiones planteadas por la sociedad y los agentes económicos, con el fin de apuntar tanto a la innovación incremental como a la innovación de ruptura, pudiendo ambas crear empleos y actividades nuevos;

16.

toma nota de que actualmente se concede prioridad a los proyectos con un alto nivel de preparación tecnológica, que favorecen la innovación incremental al animar a los investigadores a centrarse en ideas maduras que puedan introducirse en el mercado en poco tiempo. Hace hincapié, asimismo, en que el apoyo a los proyectos que se encuentran en los niveles iniciales de preparación tecnológica también es importante para llevar más innovación al mercado. Destaca la importancia de las innovaciones radicales basadas en los proyectos con un nivel de preparación tecnológica inferior y que permiten introducir rápidamente nuevos productos y servicios en el mercado. En cualquier caso, ayudar a las pymes a llegar al mercado y crear puestos de trabajo sostenibles deberían ser prioridades clave de la política de innovación. Esta misión debería encomendarse a un consejo europeo de la innovación;

17.

pide que se tengan más en cuenta todas las formas de excelencia e innovación, y recuerda que la innovación no tecnológica y la innovación social requieren nuevos conocimientos que pueden estructurar nuevos ámbitos de excelencia;

18.

considera necesario reconocer plenamente la innovación social, que significa tener ideas innovadoras (productos, servicios y modelos) para responder a las necesidades de la sociedad en sentido amplio;

19.

hace hincapié en que la investigación y la innovación no están destinadas exclusivamente a las empresas, sino que también conciernen a las políticas públicas, la salud, la cultura y la vida comunitaria, así como la economía social y los nuevos modelos económicos, que contribuyen a la creación de nuevas asociaciones, nuevas actividades y nuevas relaciones sociales. Por lo tanto, la explotación de los resultados de la innovación debe centrarse no solo en el concepto de un producto con valor económico en el mercado, sino también en el concepto de un servicio con valor social para los ciudadanos;

20.

subraya que el término excelencia se utiliza para calificar realidades muy dispares; propone distinguir los siguientes retos que debe contribuir a afrontar el programa marco:

21.

en la evaluación del impacto de los proyectos, tanto en la fase ex ante en el caso de las propuestas, como en la fase ex post en el caso de los proyectos concedidos, sugiere tener en cuenta lo siguiente:

22.

sugiere, con el fin de promover la excelencia en todas sus formas, reforzar el papel de los territorios en el futuro programa marco, en su calidad de:

23.

pide que se introduzcan dos nuevos retos sociales al objeto de desarrollar la producción científica de excelencia en relación con los importantes desafíos que se plantean para el futuro de las sociedades europeas:

24.

recomienda reforzar el lugar que ocupan en los retos sociales la interdisciplinariedad y las ciencias humanas y sociales, así como la asunción de riesgos, para hacer emerger ideas y soluciones nuevas, en particular mediante la introducción de convocatorias para proyectos en blanco;

25.

anima a la adopción de un nuevo enfoque complementario basado en las misiones, para realizar con éxito exploraciones y grandes proyectos, y en enfoques transversales tomando como modelo las ciudades inteligentes, las cuestiones medioambientales o las cuestiones marinas y marítimas; reitera, a tal fin, su petición de que se adopte para el próximo programa marco un objetivo del 10 % de los proyectos con un impacto significativo en la investigación marina y marítima (5);

26.

manifiesta su sorpresa por el hecho de que no se aprovechen suficientemente muchas de las posibilidades que brindan los reglamentos actuales y propone varios ejes de mejora:

27.

pide a la Comisión que presente los elementos de evaluación que permitan justificar el elevado nivel de financiación de las grandes empresas en el marco de Horizonte 2020, aun cuando sus gastos en I+i han crecido poco, y que proponga, por consiguiente, otras opciones para el próximo programa marco;

28.

insiste en la necesidad de financiar actividades de investigación mediante subvenciones; lamenta la tendencia a sustituir las subvenciones por préstamos pero reconoce que los proyectos de alto nivel de madurez tecnológica, próximos a las actividades de mercado, deben poder recurrir a ellas, entre otros instrumentos;

29.

considera que el desarrollo de instrumentos financieros al servicio de los objetivos del programa marco solo se justifica en caso de que permitan cubrir, en asociación con las instituciones financieras, riesgos elevados para los que exista una deficiencia del mercado, siguiendo el modelo, por ejemplo, de la oferta InnovFin; lamenta la escasa movilización actual del Plan Juncker para ampliar la cobertura de este tipo de riesgos;

30.

llama la atención sobre la necesidad de mejorar la financiación de proyectos de innovación para las pymes, con foco en los programas Industria 4.0, como una mejor forma de vertebrar el tejido industrial de la UE, que genere además una demanda tecnológica interna que favorezca el desarrollo europeo;

31.

constata que la excelencia científica forma parte integrante de los polos y ecosistemas de innovación. La mayoría de los beneficiarios de Horizonte 2020 (universidades, organismos de investigación, pymes, organizaciones de la sociedad civil) tienen un anclaje profundo en sus territorios y la calidad de los territorios contribuye a la calidad de la ciencia. Esta realidad debe reconocerse plenamente en el programa marco;

32.

recuerda que la dimensión territorial debe tenerse sistemáticamente en cuenta en el diseño de todas las políticas, ya que las estrategias de especialización inteligente (RIS3) aportan recursos a los agentes científicos y a las empresas y crean valor tanto para los territorios como para los ciudadanos;

33.

alega que las regiones adoptaron y desarrollaron las RIS3 con el objetivo de estructurar la inversión en investigación e innovación al servicio del desarrollo económico, en complementariedad con otras regiones, y que el hecho de combinar inversiones territoriales y europeas en el marco de proyectos estructurales en ámbitos de especialización inteligente aumenta el impacto del programa marco, evitando financiar proyectos desconectados de las realidades locales;

34.

afirma que el programa marco debe fomentar el refuerzo de las capacidades de I+i en los territorios, ayudarles a dar pasos hacia la excelencia, particularmente en los ámbitos de la especialización inteligente, y reforzar la capacidad de todas las regiones para participar en Horizonte 2020 contribuyendo con proyectos de calidad;

35.

hace hincapié en la importancia de las ciudades como centros de innovación, que desempeñan un papel central en la construcción de la excelencia; destaca asimismo que una concentración excesiva de la ciencia en los centros de innovación es un obstáculo a la búsqueda de un efecto multiplicador en todo el tejido económico y social y que es necesario movilizar las bolsas de excelencia alejadas de los centros principales; recuerda el papel esencial desempeñado por la política regional en este contexto;

36.

propone una nueva asociación para la excelencia de la I+i en Europa entre la UE, los Estados miembros, las ciudades y las regiones centrada en una gobernanza multinivel reforzada, el respeto del principio de subsidiariedad y una cultura común de la innovación abierta y de la valorización de las iniciativas sobre el terreno partiendo de un enfoque de abajo arriba;

37.

pide una mayor contribución del programa marco al refuerzo de los polos y ecosistemas territoriales de innovación, más apoyo a las redes de transferencia de tecnología, así como la creación de una nueva acción «conexiones territoriales» para otorgar un reconocimiento y financiar mediante el programa marco las redes territoriales de excelencia siguiendo el ejemplo de la iniciativa Vanguard;

38.

pide a las regiones pioneras que formen consorcios europeos para propiciar innovaciones revolucionarias en toda Europa. El proceso de crear valor añadido de la UE pasa fundamentalmente por determinar las oportunidades de colaboración, cartografiar los componentes de la cadena de valor y acotar las principales partes interesadas y las capacidades a través de la especialización inteligente;

39.

lamenta que, a mitad de período, el programa Horizonte 2020 sufra un déficit de participación de los países de la EU-13  (6) , y subraya las disparidades de participación a nivel regional y local; recuerda la importancia de la movilización del programa marco, y no solo de la política de cohesión, en todos los territorios de la Unión para apoyar las mejores actividades pioneras de la excelencia y permitirles adherirse a las colaboraciones europeas;

40.

desea que el programa «Difundir la excelencia y ampliar la participación» de Horizonte 2020 continúe y se amplíe siguiendo esta perspectiva. Pide que se adopte un enfoque específico para las regiones muy retrasadas en materia de I+i situadas en países que no pueden acogerse a este programa, como es el caso de la mayoría de las regiones ultraperiféricas, sin perder de vista el criterio fundamental de la excelencia. Subraya la escasa proporción de recursos de Horizonte 2020 movilizada para este programa (1 %), observa la ausencia de una evolución significativa en el acceso al programa marco, y manifiesta su sorpresa por el hecho de que los países que son los principales beneficiarios de Horizonte 2020 también sean los que más se benefician de este programa. Considera que esta situación merma la legitimidad del programa marco y pide que se adopten nuevas iniciativas;

41.

propone un enfoque político integrado de la senda hacia la excelencia, que se aplicaría sobre la base de un plan de coordinación específico para cada país y cada región con vistas a acometer las reformas necesarias, la construcción de centros de excelencia inclusivos, la lucha contra la fuga de cerebros y la participación de pleno derecho en las redes europeas de investigación. Este plan de coordinación sería cofinanciado por fondos regionales, nacionales y europeos, entre ellos, Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

42.

propone, a tal efecto, reforzar el acceso a las colaboraciones europeas:

43.

insiste firmemente en que, en consonancia con los valores de la Unión, la colaboración inscrita en las redes prevalece sobre la competencia dentro del programa marco, y destaca la importancia de tales redes como crisoles de proyectos y excelencia;

44.

destaca, a este respecto, la pertinencia del programa «Regiones del conocimiento» integrado en el 7.o programa marco, que permitía interacciones exitosas con la política regional, contribuyendo a entablar colaboraciones duraderas entre los agentes del triángulo del conocimiento en los territorios, implicar al sector privado (en particular, pymes) en los proyectos del programa marco, apoyar la cooperación transnacional entre los ecosistemas innovadores e integrar a los agentes locales y regionales en el EEI;

45.

pide la instauración de una política ambiciosa de desarrollo de estas redes de colaboración:

46.

recuerda que la iniciativa Horizonte 2020 brinda muchas posibilidades para apoyar estas iniciativas, se plantea dudas sobre su modesta asignación y movilización, y pide un recurso más intenso a las acciones de coordinación y apoyo (CSA); alienta a un mayor reconocimiento de las iniciativas innovadoras apoyadas por los territorios a través del programa marco. Pide asimismo que se refuerce el apoyo a la cooperación interregional en torno a las RIS3, tanto en el marco de Horizonte 2020 como de la política de cohesión;

47.

observa que la participación de los territorios en la ejecución de la iniciativa Horizonte 2020 ha aumentado desde su inicio, pues cada vez más regiones actúan como socios de instrumentos de programación conjunta, como las acciones ERA-NET Cofund, las acciones Marie Skłodowska-Curie COFUND y las asociaciones público-privadas de investigación e innovación, como la iniciativa Clean Sky;

48.

aspira al desarrollo de estas acciones construidas conjuntamente, solicita que se simplifiquen y se armonicen las normas de aplicación y se facilite, por ejemplo, con el acuerdo de los Estados miembros, la participación de las regiones en iniciativas de programación conjunta (artículo 185);

49.

solicita continuar con la simplificación administrativa en la tramitación de las ayudas; continuar y extender la centralización de las subvenciones y apoyos en un portal único de acceso de información; la información sobre los programas, todos los trámites y la plataforma de gestión de ayudas del Portal del Participante deberían estar a disposición en todos los idiomas oficiales de la UE, con el fin de facilitar el acceso a los participantes;

50.

fomenta los mecanismos de concesión de un complemento («top-up») comunitario al programa marco para apoyar iniciativas de excelencia procedentes de los territorios y que movilicen una financiación significativa y diversificada;

51.

considera que la experiencia de las estrategias de especialización inteligente y de su aplicación resulta muy útil para gestionar el programa Horizonte 2020 y el futuro programa marco y para definir los programas de trabajo que establecen los temas admisibles para su financiación; pide a las autoridades que participan en esta programación que asocien en mayor medida a los territorios en este proceso, al objeto de reforzar la coherencia con respecto a las necesidades del terreno;

52.

considera fundamental que los diferentes retos del programa Horizonte 2020 tengan en cuenta el impacto socio económico en las regiones desde el diseño, planificación e identificación de las áreas de financiación de este programa, de manera que su elección contribuya de manera efectiva a la mejora de la calidad de vida de todas las regiones europeas;

53.

pide que se revise el conjunto de dispositivos del programa marco a la luz de los principios de subsidiariedad y complementariedad para reforzar la articulación entre los diferentes agentes desde el punto de vista no solo de la financiación conjunta, sino también de una nueva distribución de las funciones, concentrando la acción del programa marco sobre las cuestiones que tengan un valor añadido europeo;

54.

propone hacer evolucionar el «sello de excelencia», que se concede a las mejores candidaturas no seleccionadas en el marco del instrumento para pymes, con el fin de que se convierta en un auténtico dispositivo asociativo gestionado conjuntamente por la UE y las regiones para articular lo mejor posible su acción antes y después de presentarse las candidaturas. Estos principios se aplican a las otras medidas contempladas por el sello de excelencia, como las acciones Marie Skłodowska-Curie y las subvenciones del Consejo Europeo de Investigación, así como a todos los demás proyectos que propicien sinergias;

55.

destaca el papel de los territorios como bancos de pruebas y «primeros usuarios» (early adopters) a través de la contratación pública; pide que se flexibilice el marco regulador de estas actividades y se simplifique el mecanismo de apoyo a la contratación pública innovadora, actualmente infrautilizado y cuyas normas no han sido suficientemente asimiladas por las autoridades adjudicadoras;

56.

reitera la importancia de adoptar un enfoque exhaustivo con respecto a la innovación, incremental y de ruptura, tecnológica y no tecnológica, innovación por el diseño y los usos, innovación social, innovación abierta y colaborativa; recuerda que los centros y ecosistemas inscritos en los territorios son los principales agentes de las acciones de innovación, transferencia y valorización; pide a la Comisión que, en el marco de la creación del Consejo Europeo de la Innovación, tenga en cuenta el papel que desempeñan los territorios a escala local respecto de estas cuestiones y les asocie a las futuras misiones de dicho Consejo;

57.

propone introducir en el próximo programa marco una nueva estructuración del instrumento para las pymes, cuyas condiciones de programación y ejecución asocien a los territorios en las fases previas y posteriores, con vistas a lograr una mejor articulación de dicho instrumento con las especializaciones inteligentes y la financiación local y a atenuar el efecto disuasorio debido a su escaso porcentaje de éxito;

58.

se opone a cualquier idea de transferir parte de los fondos de la política de cohesión hacia acciones del programa marco para financiar automáticamente más proyectos o apoyar los «excelentes proyectos rechazados»; pretende defender la autonomía de las políticas regionales y hacer prevalecer el enfoque propuesto de construcción conjunta y de refuerzo de la complementariedad y cooperación;

59.

insiste en la necesidad de tener en cuenta desde la fase de construcción de los proyectos los retos que plantean los efectos multiplicadores, así como la difusión y apropiación de los resultados; observa las limitaciones de los efectos reales de los proyectos en estos ámbitos; apoya, por consiguiente, el desarrollo de programas europeos y locales destinados específicamente a estas actividades; pide que se haga participar más a los territorios en la explotación y la difusión de los resultados de los proyectos del programa marco;

60.

apoya también el desarrollo de las herramientas concebidas para pasar de la prueba de concepto al mercado, como el proyecto piloto «Vía rápida hacia la innovación» o la estructuración de nuevos sectores industriales a través de la iniciativa InnoSup y su componente «Proyectos facilitados por agrupamientos de empresas en favor de nuevas cadenas de valor industriales» («Cluster facilitated projects for new industrial value chains») y pide su ampliación;

61.

debería desarrollarse una combinación de instrumentos de apoyo para agrupaciones consagradas a grupos de empresas en lugar de empresas individuales para favorecer enfoques intersectoriales y asociaciones colaborativas de la UE. Además, el papel que pueden desempeñar las agrupaciones como puentes entre los actores dentro y fuera de las regiones y como canales de apoyo empresarial a las pymes debe verse reflejado en las políticas de la UE;

62.

solicita a la Comisión una evaluación sobre el impacto de las reformas introducidas en 2013 para favorecer las sinergias entre H2020 y Fondos ESI;

63.

lamenta que las industrias emergentes no figuren en un lugar bastante prominente del segundo pilar y que no se apoyen suficientemente las redes de excelencia de los polos y ecosistemas de innovación orientados hacia la industria del futuro, como la iniciativa Vanguard; manifiesta su alarma por las persistentes dificultades encontradas para financiar proyectos piloto industriales e instalaciones de demostración de gran escala; pide a la Comisión que aumente desde ahora las dotaciones y prevea nuevas acciones sobre estos puntos;

64.

propone elaborar un programa de apoyo a las infraestructuras de demostración para favorecer la creación de redes de centros de ensayo, demostradores y proyectos piloto, siguiendo el ejemplo de las redes de infraestructuras de investigación;

65.

constata que, en una época en la que la noción de progreso se cuestiona y debate, la relación entre la ciencia y la sociedad debe colocarse en el centro de la reflexión sobre el futuro de la política europea de I+i, tratándose ya sea de las orientaciones de la investigación, de las condiciones de ejecución de los proyectos científicos o de opciones de desarrollo de nuevos usos sociales y técnicos de la ciencia;

66.

sugiere, en consecuencia, a la vez promover la confianza en la ciencia y en el progreso y fomentar un enfoque de desarrollo sostenible; propone, a este respecto, defender el principio de precaución, que es un principio de cautela que exige tener plenamente en cuenta los riesgos al realizar cualquier acción;

67.

destaca el enorme desafío que representa actualmente la ciencia abierta (Open Science) a través del libre acceso a los resultados de la investigación y las publicaciones, la disponibilidad de información fiable y pluralista para el público en general y el debate con los ciudadanos y las partes interesadas;

68.

considera que entre la ciencia libre y la ciencia finalizada debe existir un espacio de diálogo entre los agentes científicos y económicos, pero también con la sociedad civil, para intercambiar y construir juntos las nuevas grandes cuestiones científicas, respetando la independencia de cada parte;

69.

hace hincapié en la urgente necesidad de promover la ciencia, la tecnología y el conjunto de las profesiones correspondientes, incluidas las industriales, entre los jóvenes y sus familias, atendiendo en especial al fomento de la vocación científico-tecnológica en las mujeres;

70.

lamenta la escasa dotación del programa «Ciencia para y con la sociedad», su fragmentación y, por consiguiente, su limitado impacto; hace un llamamiento a otorgar prioridad a acciones con valor añadido europeo, que se desarrollen en el marco de una auténtica colaboración con las partes interesadas, los Estados miembros, las regiones y las ciudades;

71.

defiende el principio de una ciencia abierta, pero desea conservar la especificidad del programa marco, incluso en el contexto de la salida del Reino Unido de la UE. Espera que esta salida no conduzca a una reducción de los recursos asignados al programa marco, y propone que esta cuestión se trate de manera coherente en el ámbito de la negociación global con el Reino Unido;

72.

pide que se refuerce la cooperación internacional en el ámbito del programa marco, con los interlocutores asociados y los países emergentes, pero también en el marco de la política de vecindad o de las cuencas marítimas como el Mediterráneo.

12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/10

1.

celebra la iniciativa de la Comisión Europea de asociar el Comité Europeo de las Regiones al ejercicio de prospectiva relativo a la PAC después de 2020 y observa que la agricultura, la alimentación y los territorios rurales se enfrentan a grandes desafíos, que hacen esencial reformar la PAC;

2.

destaca que la PAC ha jugado, y debe seguir jugando, un papel fundamental en la construcción europea; los objetivos recogidos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea siguen plenamente vigentes en el marco del proceso de revisión en el que nos encontramos;

3.

señala que el sector agrícola es el segundo mayor sector de empleo industrial en la UE, pues emplea a 22 millones de agricultores y 44 millones de personas en el resto de la cadena agroalimentaria, suministrando a más de 500 millones de europeos alimentos de la mejor calidad a precios asequibles; la incidencia de la agricultura en el empleo es aún más grande si se tienen en cuenta la producción, reparación y comercialización de maquinaria agrícola así como la producción y comercialización de los insumos agrícolas;

4.

pide que se haga de la PAC una política agrícola justa, sostenible, solidaria y de calidad al servicio de los agricultores, los territorios, los consumidores y los ciudadanos; considera que solo una política agrícola y alimentaria europea fuerte y común puede garantizar la seguridad alimentaria europea y el dinamismo de los territorios rurales;

5.

señala que los agricultores y los ganaderos son los principales protagonistas y destinatarios de la PAC. Sin su concurso no es posible aplicar las medidas con las que pretendemos alcanzar los objetivos deseados. La PAC debe tener presente su papel y su implicación, en particular la necesidad de que las explotaciones agrícolas y ganaderas sean sostenibles económicamente para que puedan ser un medio digno de vida, manteniendo un medio rural vivo con un adecuado nivel de empleo;

6.

considera que en la confección de la futura PAC deberá contarse con los consumidores europeos. La divulgación de los beneficios de la PAC, la seguridad alimentaria y la protección del medioambiente son retos que deberían compartir los consumidores europeos;

7.

cree que, para hacer de la agricultura una profesión atractiva y garantizar la seguridad y calidad de la agricultura europea, unos mercados regulados permitirían remunerar mejor a los agricultores, por medio de medidas e instrumentos de gestión públicos y privados que estabilizan los precios agrícolas e impiden las prácticas comerciales desleales; asimismo, que es necesario reforzar la posición de los agricultores frente a los demás agentes del sector;

8.

reconoce que la legitimidad económica, social, medioambiental, territorial e internacional de la PAC condicionan su supervivencia. El sector agrícola europeo atesora importantes cualidades que constituyen la base de su competitividad: capacidad de innovación, logística e infraestructura sólidas, gran diversidad, importantes características naturales y culturales de las zonas agrícolas, numerosas empresas familiares y espíritu empresarial muy desarrollado, así como unos productos que respetan unas estrictas normas medioambientales y sanitarias. Todas estas cualidades ofrecen potencial y deben ser explotadas mejor mediante una PAC orientada a reforzar aún más la agricultura y las zonas rurales;

9.

está convencido de que es urgente reformar la PAC para hacerla más acorde con las expectativas de los ciudadanos y legitimar su presupuesto en un contexto en el que, en una situación de recursos presupuestarios constantes, estará en el punto de mira de muchos;

10.

está convencido de que el éxito de la PAC se basa en la unidad y que en el futuro no debería evolucionar hacia una renacionalización, esperando que se refuercen las regiones, de conformidad con el principio de subsidiariedad; la PAC, manteniendo su carácter de política común, ha de ser flexible para tener en cuenta las distintas realidades, en particular de las regiones mediterráneas y ultraperiféricas;

11.

llama la atención de la Comisión Europea sobre la creciente sensibilización de los consumidores, como demuestra también el aumento de la demanda, respecto de aquellos alimentos de producción local de calidad y a un precio justo que acatan las normas de bienestar animal, tienen un alto valor medioambiental y social y generan empleo y valor añadido;

12.

considera que la trazabilidad alimentaria de los modos de producción, que es una garantía de seguridad para los consumidores y los productores, debe reforzarse y apoyarse;

13.

la falta de atractivo económico de la profesión de agricultor en muchos ámbitos productivos y subsectoriales, que agrava una pirámide de edades, es muy desfavorable para la renovación generacional (1); considera que la escasez de jóvenes que se dedican a la agricultura supone una amenaza para preservar la agricultura familiar europea y la vitalidad de las zonas rurales; por lo tanto, juzga esencial aplicar medidas de apoyo a la entrada de jóvenes agricultores en el sector;

14.

observa que la PAC, a pesar de disponer de un presupuesto importante, va acompañada de una fuerte disminución del empleo agrícola (el número de explotaciones europeas se redujo en un 20 % entre 2007 y 2013); observa que el presupuesto de la PAC ha disminuido en porcentaje en los últimos 30 años, pasando del 75 % al 40 % del presupuesto de la UE;

15.

recuerda que la PAC debe promover la producción agrícola, tal como prevé el Tratado, dando los medios a los agricultores para obtener sus rentas esencialmente a través del mercado, con un coste razonable y justificado para los ciudadanos y consumidores europeos; destaca que numerosos estudios han demostrado que la PAC ha ayudado a concentrar la producción agrícola en determinadas regiones en detrimento de otras, incumpliendo así el objetivo europeo de cohesión territorial;

16.

considera que la PAC debe reflejar las diferentes situaciones agroclimáticas de Europa, en especial las de las zonas desfavorecidas, como la agricultura de pastos en colina y la agricultura de montaña, las de la cuenca mediterránea, las regiones árticas y las regiones ultraperiféricas; la PAC debe tener en cuenta sus funciones de protección del territorio y de las tierras, apoyo al mantenimiento de las comunidades rurales y sus valores culturales, así como su papel en el mantenimiento de un sistema social activo en dichas regiones;

17.

recuerda que, a pesar de las advertencias del Tribunal de Cuentas Europeo, el reparto de la ayuda pública sigue siendo muy desigual entre explotaciones y entre Estados miembros; observa que la asignación de los pagos directos sobre la base de la superficie ha conducido a una gran concentración de las tierras agrícolas y de los pagos directos, mientras que estos deberían más tener en cuenta los diferentes modelos agrícolas, el nivel de renta, el valor añadido producido y los empleos ocupados, así como velar por mantener la agricultura en todos los territorios;

18.

toma nota de que gran número de agricultores disponen de una renta muy baja, inferior al umbral de pobreza, lo que incumple el objetivo del Tratado de Roma de «garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola» (artículo 39), y que es necesario proteger los ingresos agrícolas (precios, ayudas directas);

19.

considera que los apoyos de la PAC deberían destinarse únicamente a los productores que verdaderamente ejercen la actividad agraria, y que no se apoye a explotaciones inactivas en las que la renta agraria es insignificante para sus titulares;

20.

señala que los agricultores se ven obligados con demasiada frecuencia a vender sus productos a precios inferiores al coste de producción, arrastrados por una espiral de descenso de costes y de precios;

21.

apoya las conclusiones del Grupo operativo de la Comisión Europea para los mercados agrícolas, de noviembre de 2016, y pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para luchar contra las prácticas comerciales desleales;

22.

señala que la exportación de los recursos genéticos de la UE, y de razas animales en particular, contribuye a la erosión genética de importantes razas autóctonas, sobre todo en terceros países, a la vez que contradice el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.o 15 de las Naciones Unidas, encaminado a la conservación de la biodiversidad y, particularmente, de los recursos genéticos con repercusiones para la seguridad alimentaria;

23.

considera que la regulación de los mercados, como ha demostrado el estudio del CDR sobre el programa de responsabilización de los mercados en el sector lácteo, es más eficaz y menos costosa para muchos sectores que la activación de medidas de crisis a posteriori y permitiría utilizar mejor el presupuesto de la PAC;

24.

considera que los regímenes de seguros de renta podrían beneficiar más a las compañías de seguros que a los agricultores y salir caros al contribuyente en caso de caída importante de los precios, sin contrarrestar su volatilidad; desea que se lleve a cabo un estudio y una evaluación del régimen de seguros establecido en Estados Unidos; asimismo, debería estudiarse el caso concreto de las regiones ultraperiféricas, habida cuenta de las condiciones de mercado particulares;

25.

considera que es necesario contar con un marco legislativo claro y estable que garantice a los agricultores y ganaderos la necesaria seguridad jurídica para poder adoptar decisiones empresariales a medio y largo plazo;

26.

subraya que la UE, que se ha convertido en el primer importador y exportador de alimentos mundial, ha aumentado su dependencia de terceros países y desarrollado una política comercial contraria a sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;

27.

observa que una parte creciente de los productos agrícolas que antes se producían en Europa se importa de países con bajos costes de mano de obra, lo que constituye una desventaja competitiva importante respecto del precio de los productos producidos en la UE;

28.

señala también los aspectos positivos que las exportaciones de la UE revisten para la economía, cuando se trata de productos agrícolas y alimenticios de alto valor añadido que generan ingresos y empleo en el sector agrícola y agroalimentario europeo;

29.

señala que las cooperativas, las organizaciones de productores y determinadas formas de integración de productores pueden desempeñar un papel fundamental en los sectores agroalimentarios al permitir a los agricultores concentrar la oferta, reducir los costes, prestar una serie de servicios y reforzar su posición en la cadena alimentaria;

30.

constata que las exportaciones europeas de excedentes (leche en polvo, pollo, concentrado de tomate, etc.) a precios inferiores al coste de producción europeos y a los costes de producción africanos reducen la capacidad productiva de los países africanos y favorecen la emigración de los habitantes del campo, a pesar del compromiso contraído por la UE, en su «política de coherencia en favor del desarrollo», de tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015; asimismo, señala que la Unión Europea es el mayor importador de alimentos de los países en desarrollo, creando empleo en el sector agroalimentario de dichos países; no obstante, constata que las importaciones europeas (frutas, hortalizas, cordero, etc.) a precios inferiores al coste de producción europeo reducen la capacidad productiva en la UE y pueden implicar riesgos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria;

31.

observa que los precios agrícolas europeos están cada vez más vinculados al precio más bajo del mercado mundial, y que los agricultores europeos soportan una mayor competencia, a pesar de que deben cumplir unas normas medioambientales y sanitarias más estrictas;

32.

hace hincapié en que una parte importante del valor añadido del trabajo de producción agrícola ha sido captado en fases anteriores y posteriores, dado que la posición de los productores agrícolas respecto de la industria agroalimentaria y el sector de la distribución es demasiado débil; una mejor concertación dentro de la cadena, entre el sector agrícola, la industria agroalimentaria y el sector comercial, debe llevar a un mejor reparto de los márgenes;

33.

constata que las zonas rurales se están quedando rezagadas respecto de las urbanas y que esta brecha es especialmente preocupante, ya que se está agravando, en especial bajo el efecto de la aceleración del desarrollo de las grandes ciudades y capitales (2);

34.

lamenta la desaparición acelerada de la biodiversidad agrícola y silvestre, que pone en peligro la resiliencia de nuestros sistemas agrícolas y nuestros espacios naturales;

35.

manifiesta su preocupación por que la erosión y la degradación del suelo provocadas por unas prácticas agrícolas muy poco sostenibles pongan en peligro su fertilidad, y que la creciente alteración artificial de los suelos agrícolas conduzca a la desaparición de espacios necesarios para la seguridad alimentaria europea;

36.

señala la contaminación agrícola de determinados acuíferos y ríos, así como su explotación para el riego en ocasiones excesiva;

37.

destaca que el cambio climático está produciendo ya efectos agrícolas importantes, que hacen que resulte tanto más urgente reorientar los modos de producción;

38.

subraya la necesidad de invertir en la innovación digital que pueda generar un impactos positivo respecto de la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la eficiencia de los recursos, la reducción de los residuos, los circuitos cortos, etc.; al mismo tiempo, destaca que es imprescindible examinar meticulosamente sus repercusiones económicas y sociales para la agricultura familiar, y manifiesta su preocupación por el uso potencial de los «macrodatos» por empresas privadas, lo cual plantea el riesgo de que las explotaciones agrícolas acaben bajo tutela técnica y financiera;

39.

observa que la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea puede conducir a una disminución de los recursos destinados a la PAC, así como a una pérdida de mercados de la UE en el Reino Unido; pide al Reino Unido y a la UE que mantengan una cooperación comercial estrecha en materia agraria y alimentaria;

40.

recuerda que la parte del presupuesto de la UE dedicada a la agricultura, pese a estar fijada en solo el 0,70 % del PIB europeo en 2014, solo permite apoyar una auténtica política europea común de importancia estratégica para la seguridad alimentaria, pero que en lo que respecta al desarrollo rural y al segundo pilar los recursos no alcanzan un nivel suficiente en un determinado número de ámbitos, siendo necesaria la consideración de los nuevos objetivos de la PAC en el nuevo presupuesto;

41.

rechaza la idea de una cofinanciación del primer pilar de la PAC, que pondría en tela de juicio el hecho de que la PAC es la única política integrada de la UE, renacionalizaría de hecho la PAC y discriminaría a las agriculturas de los Estados más pobres de la UE cuya tasa de dependencia de la financiación de la UE es mayor;

42.

observa que el coste para la sanidad pública de algunos regímenes alimentarios que favorecen la obesidad, la diabetes, etc., y de determinadas prácticas agrarias (consumo excesivo de antibióticos en algunas explotaciones, mezclas de plaguicidas, etc.) es mucho más alto que el presupuesto de la PAC; pide que se realice una coordinación más estrecha de las políticas agrarias y alimentarias;

43.

recomienda informar y favorecer el consumo de alimentos que forman parte de dietas saludables como la mediterránea, con programas específicos de apoyo al vino, las frutas, hortalizas y apicultura, reforzando la calidad y el valor añadido de las producciones;

44.

recuerda las características específicas de las regiones ultraperiféricas (RUP) y teniendo en cuenta que no es concebible la transposición del modelo agrícola europeo a las RUP, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite expresamente al Consejo la adopción de disposiciones específicas destinadas a adaptar la legislación de la UE, incluida la PAC, en su aplicación a las regiones ultraperiféricas. En este marco, la PAC posterior a 2020 deberá mantener un trato diferenciado para las RUP, encarnado en las necesarias adaptaciones del Feader, POSEI, las ayudas estatales y otros instrumentos que se instituyan;

45.

propone que la futura política agrícola europea después de 2020 se centre en los siguientes objetivos ampliamente compartidos:

46.

señala que la PAC es compleja, lo que hace difícil e incluso arriesgado para los empresarios individuales y los agricultores solicitar una subvención. Es ineludible simplificarla para que siga gozando de aceptación y siendo atractiva. Es conveniente simplificar y acelerar el proceso, en particular para las transacciones de poco valor, así como racionalizar las cargas administrativas;

47.

manifiesta su deseo de que el presupuesto de la PAC se mantenga a un nivel suficientemente importante, en consonancia con los principios establecidos en los Tratados europeos y a la altura de su condición de única política integrada de la Unión Europea, para las necesidades de la agricultura europea, las zonas rurales y sus comunidades, así como para responder a las demandas que la sociedad plantea;

48.

señala que la agricultura puede hacer frente a muchos de los retos mencionados (clima, energía, producción de alimentos, biodiversidad). Sin embargo, es necesario apoyar financieramente las iniciativas técnicas y las soluciones innovadores de carácter empresarial o cooperativo, a fin de acelerar la transición;

49.

llama la atención sobre la necesidad, por lo que se refiere a los pagos directos y los pagos por superficie, de concentrar los recursos principalmente en las pequeñas explotaciones y las explotaciones familiares, dando prioridad a las soluciones financieras para las grandes explotaciones afectadas por la limitación de las ayudas;

50.

pide a la Comisión Europea que realice una evaluación precisa de los resultados de la PAC actual en términos de consecución de los objetivos que le asignan los Tratados europeos en materia de renta agraria y estabilización de los mercados;

51.

recomienda luchar contra la volatilidad de los precios agrícolas, proporcionar a los agricultores perspectivas de ingresos a través del mercado y hacer que los sectores alimentarios sean más equitativos (3);

52.

pide que se siga manteniendo el tratamiento otorgado para la agricultura de las regiones ultraperiféricas, conforme al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a través del régimen POSEI, tal como la propia Comisión Europea reconoce en su informe COM(2016) 797 al Parlamento Europeo y al Consejo de 15 de diciembre de 2016;

53.

pide que se refuerce el apoyo a la viticultura, la olivicultura y la ganadería en terrenos muy inclinados o de montaña, y en las zonas desfavorecidas con bajos rendimientos y las regiones ultraperiféricas, así como el apoyo a los modos de gestión agrícola que contribuyen al aumento de la biodiversidad de los pastos y pastizales de montaña;

54.

pide a la UE que utilice toda su influencia como primer importador y exportador mundial de alimentos para modificar las normas del comercio agrícola internacional (OMC, 1994) en el sentido de unas relaciones comerciales más justas y solidarias; constata que la volatilidad de los precios es un desafío para la agricultura europea e insta a la Comisión Europea a que examine medidas para mitigar los riesgos derivados de una mayor exposición al mercado mundial;

55.

opina que un enfoque de la renta agrícola más orientado al mercado que las subvenciones puede reforzar el reconocimiento económico de la profesión de agricultor, así como su atractivo; recomienda, a tal fin, que la UE regule sus mercados agrícolas para evitar carencias o excedentes y estabilizar los precios agrícolas a un nivel satisfactorio;

56.

propone instaurar un ahorro de precaución anual, aplazado cada año si no se utiliza en su totalidad (4);

57.

pide a la UE que garantice condiciones equitativas en los acuerdos comerciales y las asociaciones bilaterales concluidos con terceros países; asocia, a tal fin, el deber de poner fin a las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios a precios inferiores a los costes medios de producción europeos con el derecho a proteger la producción europea de importaciones a muy bajo precio que menoscaban su capacidad de producción o no se ajustan a las normas de producción europeas;

58.

subraya la importancia de las cadenas de suministro cortas locales y regionales, tanto por su mayor sostenibilidad medioambiental en términos de menor contaminación producida por los medios de transporte, como por su fomento de una agricultura que exalta la calidad típica, la tradición y el patrimonio económico y cultural;

59.

pide a la UE que revise los capítulos agrarios de los acuerdos bilaterales de «libre» comercio o de «asociación» económica con terceros países, dotados de medios adecuados y que den prioridad a la agricultura familiar intensiva en empleo centrada, sobre todo, en los mercados locales y regionales, así como a los circuitos cortos; pide a la UE que refleje adecuadamente los intereses del sector agrícola de la UE en los acuerdos comerciales y que minimice las amenazas para la producción europea; pide a la UE que refleje adecuadamente los intereses del sector agrícola de la UE en los acuerdos comerciales y que minimice las amenazas para la producción europea, estableciendo una lista estratégica de productos que puedan resultar vulnerables a la presión excesiva; solicita que los productos que puedan ser sensibles a la liberalización sean objeto de un adecuado trato especial y diferenciado en los acuerdos comerciales;

60.

sugiere una revisión del Derecho europeo de la competencia que permita a todos los agentes de un sector, incluidos los consumidores y los poderes públicos, decidir una distribución justa del valor añadido y los márgenes en toda la cadena de valor, y que permita a los agricultores avanzar hacia una posición más equitativa en la cadena alimentaria, y fortalecer su posición en el mercado;

61.

solicita una revisión del Derecho europeo en materia de adjudicación de contratos públicos en el sector de la restauración colectiva, de forma que se incluya una cláusula relativa a la producción local de los alimentos, y pide un mayor intercambio de buenas prácticas entre los entes locales y regionales a fin de favorecer una alimentación y un mercado locales para una producción agrícola ecológica y una transformación artesanal generadoras de empleo en las zonas rurales;

62.

pide que la investigación financiada por el presupuesto europeo y el BEI en materia agrícola y rural se oriente en particular a:

63.

preconiza que se pase de los pagos directos por hectárea a los pagos directos por hectárea limitados y modulados por activo agrícola, entendido como un agricultor activo, a fin de:

64.

aboga por reforzar gradualmente, en el marco de la ecologización, las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente mediante:

65.

recomienda que, a fin de respetar los derechos de los trabajadores agrícolas, se disminuyan los futuros pagos directos a las explotaciones agrícolas que no respeten las normas sociales vigentes en sus Estados miembros;

66.

pide el reforzamiento del segundo pilar de la PAC y un aumento del presupuesto dedicado al desarrollo rural; solicita una mayor subsidiariedad para que los Estados miembros puedan transferir fondos del primer al segundo pilar;

67.

llama la atención sobre la importante contribución al logro de los objetivos de la PAC a nivel local y regional obtenida gracias al enfoque denominado de «desarrollo local participativo» (DLP) y al enfoque Leader y, por lo tanto, recomienda dedicar, en el marco de los programas nacionales y regionales de aplicación de la PAC, hasta un 20 % de los recursos previstos para la aplicación del segundo pilar;

68.

reitera que deberían concederse nuevas competencias a los Estados miembros y las regiones para regular las tierras agrícolas y establecer restricciones en la materia, en particular para luchar contra la concentración y el acaparamiento de tierras en Europa, que constituyen un freno para los jóvenes agricultores recién llegados al sector (5);

69.

pide que se reserve una cuota suficiente de fondos para el desarrollo de las regiones rurales potenciando el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) a fin de garantizar el desarrollo armonioso e integrado de estas regiones —también por medio de infraestructuras locales—, y apoyando a las pymes, la renovación de los pueblos y una diversificación de la economía más amplia;

70.

recomienda a la UE que se preste una especial atención a las regiones ultraperiféricas, en las que el sector agrario es fundamental para la creación de empleo y riqueza, así como para el fomento del desarrollo de la industria agroalimentaria, la investigación y la innovación, la protección de espacios ordenados de calidad y su promoción, así como la lucha contra el cambio climático;

71.

propone que los fondos del segundo pilar se orienten de forma prioritaria a:

72.

propone pasar de una lógica de «ventanilla» a otra de «contrato» entre determinados tipos de empresas, sectores y territorios; a partir de un número reducido de objetivos (calidad, productividad y sostenibilidad), propone apoyar proyectos de innovación concebidos para este fin y que sean capaces de incidir positivamente en el empleo;

73.

propone aumentar el apoyo financiero de la UE al desarrollo rural, que se ha reducido significativamente en comparación con el anterior período de programación, manteniendo suficientes fondos disponibles del primer pilar;

74.

propone brindar un amplio y firme apoyo a la inversión sostenible para mantener las explotaciones agrícolas familiares, sobre todo en los ámbitos de la producción, distribución y diversificación;

75.

recomienda la adopción de una estrategia rural para que todas las políticas europeas contribuyan más a la innovación y la colaboración y al desarrollo de las zonas rurales en consonancia con los objetivos de cohesión territorial (6);

76.

propone simplificar la integración de los recursos de los distintos fondos que financian el desarrollo rural no agrícola para apoyar:

77.

asimismo, aboga por usar el amplio potencial de las zonas agrícolas y forestales, en especial las zonas periurbanas, en favor de objetivos económicos, medioambientales, climáticos, energéticos y recreativos, por ejemplo, la producción local de alimentos y energía y el turismo rural. Ello hace necesario que la PAC se centre no solo en los agricultores. Las iniciativas Leader son y deben seguir siendo una oportunidad de colaboración e innovación para los agentes rurales y periurbanos;

78.

pide una evaluación rigurosa de los Fondos Estructurales en apoyo del desarrollo de las zonas rurales y la promoción de políticas globales para potenciar dichas zonas mejorando la conectividad, tanto en el ámbito del transporte como de la banda ancha digital, en equilibrio con la protección medioambiental, mediante la aplicación del «test rural», tal como se recomienda en la Declaración de Cork 2.0 (7);

79.

destaca que un desarrollo territorial equilibrado presupone un nivel adecuado de apoyo a las zonas rurales y periurbanas y zonas con desventajas (por ejemplo, zonas de montaña u otras zonas caracterizadas por desafíos naturales o demográficos), a fin de facilitarles las inversiones necesarias en crecimiento, empleo, inclusión social y sostenibilidad medioambiental;

80.

pide que se mejoren los vínculos entre las zonas rurales y urbanas para implicar plenamente a las ciudades y municipios rurales más pequeños, al objeto de evitar que las políticas de la UE alimenten una relación de competencia entre las dimensiones urbana, costera y rural;

81.

acoge favorablemente la iniciativa de «pueblos inteligentes» de la Comisión Europea así como la contribución del Parlamento Europeo al éxito del proceso, y propone ampliar este concepto a los «territorios rurales inteligentes»; solicita, además, poder desempeñar el papel más amplio posible en los debates relativos al desarrollo de un marco de actuación local y regional en relación con esta iniciativa;

82.

insiste en la necesidad de proseguir la armonización de las normas de funcionamiento de los Fondos Estructurales a través de un marco estratégico común, con el fin de facilitar la programación y la gestión del desarrollo rural y fomentar los enfoques integrados y anclados en el territorio (8);

83.

propone que se refuerce el enfoque del fondo principal a fin de armonizar la ejecución de los proyectos financiados con cargo a varios fondos;

84.

sugiere entablar un debate sobre el acercamiento de los distintos fondos que intervienen en materia de desarrollo regional no agrícola.

12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/20

1.

acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión Europea de contribuir de manera activa y constructiva a los objetivos estratégicos de la Agenda 2030, sentando las bases para afrontar una serie de desafíos fundamentales e integrados de alcance mundial;

2.

toma nota de que el documento de orientación, adoptado por la Comisión Europea el 22 de noviembre de 2016 en forma de Comunicación, propone una estrategia centrada en el desarrollo sostenible muy ambiciosa y de amplio alcance;

3.

toma nota del compromiso de la Comisión de integrar la Agenda con la Estrategia Europa 2020 y, por tanto, con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; dada la complejidad y la multitud de marcos de referencia diferentes, subraya la necesidad de coherencia política, de integración y de un marco de gobernanza coherente;

4.

destaca que, para lograr estos resultados, es esencial que participen en los procesos de toma de decisiones todos los niveles de gobierno, en particular los entes locales y regionales;

5.

observa que, dado que las políticas de la Unión Europea (UE) deben respetar el principio de subsidiariedad, los objetivos de sostenibilidad están directamente relacionados con las responsabilidades, competencias y funciones de los niveles subnacionales de gobierno;

6.

reitera que los entes territoriales (regiones, provincias, condados y distritos, áreas metropolitanas, pequeñas ciudades y municipios) son verdaderos responsables políticos, que tendrán que definir los niveles y métodos de gobierno más adecuados para vincular los objetivos de la UE y de las Naciones Unidas a los de las comunidades locales;

7.

recuerda que, entre los diecisiete objetivos, hay dos respecto de los cuales los entes locales ejercen funciones esenciales para su logro: los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 10 y 11. El primero tiene por objeto reducir las disparidades entre los territorios, mientras que el segundo cubre funciones fundamentales en relación con la planificación urbana, el transporte, el bienestar social y pautas de vida inspiradas en el modelo de la sostenibilidad;

8.

destaca, en este contexto, que la Comunicación no tiene en cuenta la necesidad de evaluar los avances en la consecución de los ODS no solo a escala de las Naciones Unidas, a nivel europeo y nacional, sino también subnacional; pide, por consiguiente, a la Comisión Europea que tenga en cuenta esta dimensión a la hora de seguir desarrollando los indicadores utilizados para medir los progresos y que incorpore los conocimientos técnicos y las redes existentes a nivel local;

9.

reitera que ello se completa con las prioridades derivadas del ejercicio integrado de las competencias que afectan de forma transversal a otros objetivos estratégicos, como la Agenda Urbana, la inclusión social, las políticas de la UE sobre el clima y la energía, la reducción de las emisiones, la reducción del riesgo de catástrofes, las políticas medioambientales y la economía circular, la movilidad, la especialización inteligente, las ciudades inteligentes (territorio inteligente), objeto de la Cumbre de Bratislava y del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía;

10.

recomienda que se aproveche la revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) para superponer la estrategia de la Agenda 2030 a la de Europa 2020, revisando las orientaciones clave para centrarlas rápidamente en los nuevos ODS;

11.

reconoce el esfuerzo realizado mediante el documento de trabajo Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SWD (2016) 390 final), que acompaña la Comunicación, en el que se propone integrar la Estrategia Europa 2020 con los objetivos de la Agenda 2030, para valorizar las relaciones entre los tres pilares, las siete iniciativas emblemáticas y los cinco objetivos vinculados a las prioridades de la Estrategia Europa 2020, así como las correspondientes a los once objetivos temáticos propuestos para los fondos de cohesión (FC);

12.

en todo caso, recuerda que todos los objetivos propuestos en la Comunicación de la Comisión sobre el futuro sostenible requieren, para su realización, su desarrollo a escala territorial; a este respecto, recomienda la apropiación local de los objetivos de la Agenda 2030, ya que es la única manera de que tengan un impacto concreto y duradero en la vida de las personas;

13.

se muestra de acuerdo en que la complejidad de los diferentes niveles de gobierno requiere una actuación de dirección y control, que enriquezca el proceso de toma de decisiones mediante la evaluación de las políticas y las innovaciones de las estructuras institucionales (medición de los efectos);

14.

considera que algunas de las vinculaciones entre las prioridades de la Comisión y los ODS se establecen en ámbitos significativos para el sistema de entes locales y regionales. Así sucede, ante todo, con la prioridad laboral, en la medida en que afecta a las competencias objeto del ODS 4 (formación y educación), respecto de las cuales el sistema de entes locales y regionales ejerce competencias importantes, sobre todo en lo que respecta a los costes de transición hacia una Europa sostenible;

15.

expresa el deseo de que el Plan de Inversiones de la Comisión Europea englobe también las infraestructuras materiales e inmateriales que son competencia de los entes locales y regionales (protección social, redes informativas, redes para la movilidad, energéticas y de telecomunicaciones, eliminación de residuos, gestión integrada del agua, etc.) y que en muchos casos convergen con distintos ODS (entre ellos, los ODS 8, 9, 12 y 13);

16.

recuerda que la prioridad 3 de la Comisión Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva se superpone con distintos ODS en un ámbito de interés para los entes locales y regionales. Este es el caso de los ODS 5, 7 y 13, para los que los entes locales y regionales son tanto destinatarios como agentes de las políticas destinadas a luchar contra el cambio climático, así como a garantizar un suministro de energía sostenible y abierto a todos y a proteger los derechos sociales, área en la que los servicios prestados a nivel local son esenciales;

17.

destaca que la prioridad 7, que se propone crear un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua, abarca políticas de igualdad de género en las que los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel significativo, plenamente convergente con el ODS 5 y acorde con la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas;

18.

insiste en que la resiliencia ante las catástrofes es uno de los aspectos clave del desarrollo sostenible y pide a las instituciones de la Unión Europea que velen por que este principio sea uno de los pilares centrales de las futuras medidas de desarrollo sostenible en Europa (1);

19.

destaca que la prioridad 8, que tiene por objeto afrontar el fenómeno de importancia trascendental y global de las migraciones, está plenamente en línea con los ODS 1 y 10, que afectan de forma transversal a las competencias de los entes locales y regionales, a menudo sometidas a una gran presión por la necesidad de gestionar flujos de extraordinaria magnitud;

20.

señala que existe el riesgo de que las acciones emprendidas para alcanzar los ODS no siempre puedan inscribirse en un marco de políticas integradas, a diferencia de lo que ocurre con las políticas de cohesión; por lo tanto, es fundamental establecer prioridades que tengan en cuenta las exigencias más urgentes en una perspectiva dinámica centrada en lograr todos los ODS a largo plazo; por consiguiente, es indispensable tener en cuenta la propuesta del CDR sobre la necesidad de aprobar un «código de conducta» para la participación de los entes locales y regionales;

21.

subraya que los objetivos requieren un equilibrio entre las exigencias actuales y las de las generaciones futuras, además de un equilibrio entre las necesidades de los diferentes niveles de gobierno, que es esencial para reducir la carga de los costes de transición para los entes locales y regionales. Si tales costes son insostenibles, ello puede poner en riesgo la aceptación pública y la aplicación efectiva de las medidas en cuestión, socavando en particular la capacidad de las zonas más marginales (zonas interiores) para contribuir a la sostenibilidad global y, de manera más general, a la durabilidad de los ODS;

22.

señala el desfase temporal entre las medidas de la UE (2020), mencionadas en la Comunicación, y la Agenda 2030 y confía en que se prevean instrumentos económicos y financieros de ayuda adicionales a la redefinición de los objetivos durante todo el período de referencia y compatibles con los de la Agenda;

23.

lamenta que la Comunicación no recoja un análisis de los posibles riesgos en la fase de ejecución de los 17 ODS, que podría ser de gran ayuda para dotar a los entes locales y regionales de los instrumentos adecuados para resolver los problemas de aplicación de las políticas vinculadas a los objetivos. Un instrumento indispensable es adaptar al marco local todos los indicadores con el fin de permitir un seguimiento constante de la evolución de las disparidades por medio de indicadores alternativos al PIB como, por ejemplo, indicadores cualitativos capaces de medir la equidad del desarrollo y el progreso social de los territorios;

24.

subraya que la puesta en práctica de un subconjunto de objetivos confiados al nivel de los entes locales y regionales debe ir acompañada de la dotación de recursos adecuados. Esos recursos pueden poderse a disposición mediante transferencias nacionales específicas, pero también mediante una mayor responsabilización financiera a escala local;

25.

estima que es necesario fomentar plataformas e iniciativas que permitan el intercambio de buenas prácticas entre los entes locales y regionales, así como utilizar las ya establecidas por organismos internacionales como la plataforma Live del PNUD, Sustainable Development Knowledge Platform, y evitar que se use la Agenda como una ocasión para recentralizar las políticas. A este respecto, se espera con interés la puesta en marcha de la «plataforma multilateral» que anuncia la Comisión Europea para facilitar el desarrollo a nivel territorial de los elementos universales que figuran en la Agenda, pero, sobre todo, para fomentar el intercambio de buenas prácticas y compartir los progresos realizados por los territorios europeos más dinámicos; confía en ser asociado a esta plataforma de manera adecuada atendiendo a su función institucional como asamblea representativa de los entes locales y regionales;

26.

reconoce que la mejora de las perspectivas de vida en la UE depende, además de la capacidad para reforzar la cohesión económica, social y territorial, del bienestar y la seguridad en las zonas fuera de sus fronteras. A este respecto y en consonancia con las nuevas orientaciones formuladas en la Comunicación sobre un «nuevo consenso europeo en materia de desarrollo», insta a reforzar las acciones de cooperación descentralizada y a promover el desarrollo de los terceros países, fomentado el uso de las plataformas de información y debate sobre temas de desarrollo a disposición de los entes locales y regionales: ARLEM, Corleap, Conferencia bienal sobre la cooperación descentralizada y Atlas de la cooperación descentralizada, que permiten a los países socios reunirse, dialogar e intercambiar buenas prácticas;

27.

comparte la posición de la Comisión Europea en favor de la Agenda Urbana de la UE adoptada en 2016 dentro del Pacto de Ámsterdam, que se pondrá en práctica conjuntamente con los entes locales y regionales para cubrir todos los aspectos del desarrollo sostenible, así como para contribuir a la aplicación de la «nueva agenda urbana mundial»;

28.

estima necesario que las estrategias para un desarrollo urbano sostenible y para la cooperación horizontal y vertical en un sistema de gobernanza participativa tengan en cuenta la diversidad de las ciudades y la importancia de la innovación social y la planificación orientada al futuro, mediante un planteamiento integrado y coordinado, en particular para afrontar los importantes retos existentes con el fin de mejorar la calidad de vida en las ciudades;

29.

defiende que el análisis de la Agenda 2030 y de sus objetivos sea coherente con el modelo de desarrollo europeo, que está estructurado en torno a los sistemas productivos locales (clusters), constituidos principalmente por pymes. En este sentido, espera que los modelos de desarrollo presten especial atención a los centros urbanos de menor tamaño, dado que el desarrollo territorial excesivamente concentrado puede provocar la trampa del subdesarrollo que, a su vez, puede generar nuevos procesos de marginación y declive demográfico;

30.

valora positivamente que en el documento se indique que las dimensiones del desarrollo sostenible (social, medioambiental y económica) son los pilares en los que deben converger las orientaciones políticas de la Comisión para dar soluciones a los ODS y a las trece políticas sectoriales adoptadas dentro del marco financiero 2014-2020. No obstante, considera que, a la luz de los nuevos retos mundiales, es necesario reforzar el desarrollo local añadiendo la dimensión territorial;

31.

destaca la necesidad de otorgar a los entes locales y regionales la función de agentes de las políticas, dada su proximidad a los ciudadanos y su capacidad de contribuir a reavivar el consenso respecto de las instituciones europeas y el proyecto de integración. La gobernanza multinivel representa la solución óptima para las políticas que se orientan a construir un futuro sostenible y se centran en integrar las diez prioridades de la Comisión, los once objetivos temáticos del Fondo de Cohesión y los diecisiete ODS de la Agenda 2030;

32.

reitera que, a fin de abordar la complejidad del desarrollo sostenible y luchar contra «las pobrezas», los mejores métodos no son las políticas y programas de arriba abajo, gestionados de forma centralizada, sino que hay que conferir a los entes locales y regionales la responsabilidad y la autonomía necesarias para dar las respuestas adecuadas a las principales cuestiones sociales;

33.

destaca la necesidad de reforzar las políticas consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE con una planificación sostenible de la política social en la que participen todos los niveles de gobierno, porque esta es la única forma de garantizar el acceso de todos a los servicios básicos y de aportar soluciones a las nuevas exigencias que plantea el cambio demográfico con políticas locales destinadas a facilitar el envejecimiento activo y saludable;

34.

llama la atención de la Comisión Europea sobre la necesidad de llevar a cabo políticas que tengan como objetivo promover la salud de las personas como prioridad para la inclusión social, con el fin de mejorar las condiciones de vida en las zonas urbanas y periurbanas, garantizar el acceso a los servicios públicos y a las actividades de ocio y deporte, también para las personas con discapacidad, y promover la asistencia sanitaria preventiva para toda la población, incluidas las personas de edad avanzada, los migrantes y otros grupos en riesgo de pobreza y exclusión social, y anima a los Estados miembros y a los entes locales y regionales a hacer lo mismo;

35.

considera que el potencial de la economía social reside en la creación de empleo y la lucha contra el desempleo de los jóvenes y las mujeres, por lo que estima esencial que la Agenda llame la atención sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) y la necesidad de que los jóvenes empaticen con el espíritu empresarial. Además, la nueva estrategia debe abordar, con un enfoque transversal, las distintas dimensiones de la sostenibilidad y las nuevas perspectivas que ofrece la creatividad;

36.

considera necesario integrar la cultura en la Agenda 2030, indicando claramente el papel que desempeña desde el punto de vista del desarrollo sostenible y para la creación de nuevos puestos de trabajo por medio de la construcción de ideales europeos comunes para difundir en el mundo las aspiraciones y los principios de la democracia, la justicia social y la solidaridad. La cultura contribuye de forma eficaz a las estrategias de desarrollo integrador, y repercute profundamente en los ODS, al mejorar los sistemas educativos, luchar contra la exclusión social y la pobreza, eliminar las causas de las desigualdades, facilitar la igualdad de oportunidades y anular las disparidades generacionales y demográficas;

37.

señala que cuestiones aparentemente globales como el cambio climático, la reducción de las emisiones de CO2, el ahorro energético, la producción de energía de fuentes renovables, la protección de la biodiversidad, la reducción de la explotación de los recursos, el transporte integrado y la economía circular están condicionadas, en realidad, por políticas y acciones locales. Por este motivo, recomienda que se preste especial atención a la producción respetuosa con el medio ambiente;

38.

considera necesario, dada la amplia gama de sectores afectados, adoptar un enfoque integrado y cooperativo entre la gobernanza multinivel y las partes interesadas en materia de medio ambiente. A este respecto, el concepto de cohesión tiende puentes entre la eficacia económica, la cohesión social, el desarrollo cultural y el equilibrio medioambiental, situando el desarrollo sostenible en el centro de la formulación de las políticas;

39.

comparte la opinión de que las actividades humanas y el cambio climático están aumentando cada vez más las presiones sobre los ecosistemas marinos. A este respecto, se ponen de relieve las actuaciones de la Comisión Europea para conseguir océanos seguros, limpios y gestionados de manera sostenible, a la vez que se sigue respaldando la aplicación de la agenda en favor del «crecimiento azul», que tiene por objeto aprovechar el potencial de los océanos y mares de Europa para crear puestos de trabajo, valor económico y sostenibilidad. Reitera, además, que la innovación en la economía azul puede contribuir a garantizar un uso eficiente y sostenible de valiosos recursos marinos (2);

40.

recomienda a todas las instituciones que se comprometan a reducir al mínimo el desperdicio de alimentos y a recuperar los residuos, estimulando las inversiones y el empleo en el contexto más amplio de la economía verde. La UE debe comprometerse a apoyar claramente la voluntad de abandonar el modelo económico lineal para reforzar el de la economía circular, como ya destacó el Comité de las Regiones en sus dictámenes: «Hacia una economía circular: revisión de la legislación de la UE en materia de residuos», «Propuestas legislativas por las que se modifican las Directivas sobre residuos» y «Un plan de acción de la UE para la economía circular»;

41.

señala que los modelos de desarrollo, condicionados por los nuevos factores competitivos, entre ellos las redes que permiten interconectar una cantidad infinita de datos con un número ilimitado de usuarios, presentan una clara divergencia entre la necesidad de las empresas de reducir los plazos de comercialización y los plazos de los procesos de construcción del consenso y los procedimientos burocráticos. Los entes locales y regionales tienen la dimensión adecuada para acelerar el proceso de toma de decisiones de la política con los plazos que los mercados imponen;

42.

pide un apoyo real para los modelos de desarrollo y, en particular, el respaldo a las redes intangibles que condicionan, facilitando el acceso a un número infinito de datos, los nuevos factores competitivos locales y la transición a los nuevos paradigmas de producción;

43.

considera que no puede postergarse la evolución de las estrategias de aplicación de las políticas estructurales con el fin de incluir entre los pilares del desarrollo la transformación radical del modelo de producción, en particular mediante el uso de incentivos para fomentar la producción sostenible, hasta que las innovaciones permitan que sea económicamente viable la transición a la economía circular. Es evidente que estas políticas, además de contribuir a superar los nuevos retos complejos que plantean los procesos de globalización, constituyen una clara respuesta al arbitraje entre las demandas sociales que contraponen medio ambiente y trabajo;

44.

reconoce que la globalización, impulsada principalmente por una mayor movilidad de las personas, las mercancías y los datos, actúa intensificando la competencia internacional no solo entre empresas sino también entre territorios. Por lo tanto, es necesario actuar con resolución sobre los factores que constituyen la base de la competitividad territorial, como el capital social e institucional, las infraestructuras y la innovación, a fin de reactivar las economías europeas;

45.

reitera que los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en la relación entre las asociaciones público-privadas, dado que pueden reconocer la heterogeneidad de las formas de desarrollo que pueden fomentar inversiones orientadas a valorizar los recursos endógenos que posee cada territorio;

46.

lamenta que en la Comunicación de la Comisión Europea no aparezca en absoluto el concepto de «capital territorial», tal como fue elaborado por la OCDE en 2001 y recogido por la Comisión en 2005. Cabe recordar que dicho concepto comprende un conjunto de activos localizados de tipo natural, humano, artificial, organizativo, relacional y cognitivo, que constituyen el potencial competitivo de un territorio;

47.

señala que la crisis y los efectos de la globalización han influido de manera profunda en las relaciones que garantizaban la cohesión dentro de los territorios, dando lugar a fracturas (entre la ciudad y el campo; el centro y la periferia) y modificando las dinámicas de construcción social. En esta óptica, debe asumirse la carga de convertir los antiguos modelos de política territorial, caracterizados por enfoques funcionalistas que consideran el territorio como un simple espacio, a aquellos de matriz neoinstitucional que, en cambio, otorgan al territorio la función de un agente colectivo;

48.

reconoce que el «Pacto de Ámsterdam» coloca en el centro de un interés creciente el papel de las políticas «urbanas» destinadas a aplicar acciones orientadas a fomentar la cohesión social y el desarrollo económico, con la convicción de que las ciudades pueden contribuir positivamente a los procesos de innovación;

49.

hace hincapié en que los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en la protección y el desarrollo del tejido urbano, los territorios rurales y el patrimonio común y pueden contribuir a lo que en la Agenda 2030 se define como «un mundo transformado», mediante una actitud proactiva y el compromiso de:

50.

reitera que los entes locales y regionales son instituciones capaces de desarrollar formas de democracia participativa, en particular con la inclusión de las mujeres, jóvenes, personas de edad avanzada y minorías, como base para diseñar y ejecutar estrategias integradas de desarrollo económico a nivel local;

51.

aboga por un enfoque de abajo arriba y crear un marco jurídico adecuado con la asignación de recursos suficientes. Este nuevo sistema solo se implantará con éxito si se procede a una descentralización cada vez más profunda en los distintos países de la Unión. Los gobiernos nacionales deberían:

52.

reitera la exigencia de que los niveles nacionales de gobierno cuenten con los entes locales y regionales, en su caso mediante un enfoque ascendente, para elaborar los planes de acción territoriales dirigidos a alcanzar los ODS, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles, sobre la base del principio de que «nadie debe quedarse atrás» y de la eficiencia del gasto;

53.

se muestra convencido de que, con el fin de que las políticas y los acuerdos mundiales puedan beneficiarse plenamente de los compromisos y experiencias a nivel local, los entes locales y regionales deben ser un componente del diálogo estructurado y formar parte integrante de la gobernanza, y no ser una simple parte interesada. Los esfuerzos de los entes locales y regionales por organizar y producir aportaciones fundamentadas deben reconocerse como parte del proceso de toma de decisiones, mediante acciones como:

54.

pide que los niveles europeo y nacional prevean recursos para la evaluación ex ante y ex post de las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible. Ello implica un esfuerzo para mejorar la coordinación de todas las políticas aplicadas tanto por la UE como por los Estados miembros y los entes locales y regionales;

55.

pide a la Comisión que utilice el PNR —que ya ha sido formalmente incluido en la programación del Fondo de Cohesión—de manera aún más estratégica y funcional, utilizando con un criterio funcional los instrumentos ya adoptados en la acción para apoyar el desarrollo sostenible. Ello permitiría que en el marco del Semestre Europeo se tengan en cuenta no solo las intervenciones de reforma programadas y comunicadas a escala nacional en favor de los ODS, sino también las de la dimensión local y regional;

56.

recomienda que los niveles de gobierno europeos e internacionales puedan asumir la coordinación del complejo sistema de relaciones mundiales, controlando los focos de tensión regionales, acompañando las transformaciones y la reestructuración del marco institucional y productivo heredado del pasado siglo, así como dotando a los agentes locales con la cualificación necesaria para transformar la fragilidad de los equilibrios geoeconómicos en oportunidades de desarrollo que reactiven la competitividad de los sistemas productivos locales en el mercado mundial.

12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/27

1.

reconoce que la Comunicación constituye un elemento importante de una reforma más amplia de la política de la UE. Tiene el valor añadido de proponer medidas concretas para completar las orientaciones estratégicas del Consejo de 2014, en las que los dirigentes europeos acordaron ofrecer una vía para el desarrollo futuro de políticas en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior, incluida la inmigración y el asilo, en los próximos años;

2.

considera que, en una cuestión tan delicada y estratégica, los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea deberían seguir configurando una estrategia para la región, en el marco de sus relaciones con la Unión Europea y, por consiguiente, una verdadera política migratoria y asumir la consiguiente responsabilidad política en cuanto a su aplicación en interés de los pueblos de Europa, teniendo en cuenta al mismo tiempo las características específicas de los Estados miembros, las características específicas de los países de origen y los derechos de los migrantes de conformidad con los acuerdos internacionales y europeos;

3.

reconoce que las políticas en materia de migración y desarrollo están íntimamente relacionadas. La cooperación internacional, nacional, regional y local es crucial para que se haga realidad una política migratoria europea común y para que se cumpla la Agenda Europea de Migración;

4.

aboga por la adopción de un enfoque integral a la gestión de la migración, que permita una gestión más descentralizada y eficiente de los movimientos migratorios. Esta gestión descentralizada garantizará la igualdad de trato y los derechos;

5.

subraya la enorme importancia de reducir el número de migrantes que mueren en el mar en su intento por llegar a Europa y la necesidad de proseguir e intensificar los esfuerzos para salvar a las personas en peligro; expresa su profunda tristeza por los centenares de vidas que ya se han perdido y recomienda a todos los países y organizaciones implicados que traten de prevenir esta tragedia humana (1); reitera que el desarrollo de vías adicionales seguras y accesibles para la migración a la UE, tales como los visados humanitarios, los reasentamientos y la reunificación familiar ampliada, deben formar parte de los esfuerzos por desarrollar una política de migración global y humana;

6.

celebra las medidas suplementarias aportadas por la Comunicación conjunta para reforzar las iniciativas en toda la ruta migratoria del Mediterráneo Central, en particular en Libia y sus alrededores. Teniendo en cuenta el elevado número de vidas perdidas en el mar y a lo largo de la ruta migratoria del Mediterráneo Central, la cuestión de gestionar flujos y salvar vidas sigue siendo una prioridad absoluta;

7.

considera que la gobernanza multinivel es un elemento imprescindible para lograr resultados óptimos. En este contexto, es esencial que la UE y las autoridades nacionales y subnacionales trabajen en estrecha cooperación con los entes locales y regionales en los países de tránsito y con la sociedad civil, las asociaciones de inmigrantes y las comunidades locales en los países de acogida, y sean receptivas a sus aportaciones;

8.

subraya que el éxito de estas acciones exige una estrecha cooperación con los socios pertinentes en los países situados a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central y esfuerzos concertados por parte de las instituciones de la UE y los Estados miembros, así como la cooperación con organizaciones internacionales, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Advierte que algunas de las acciones propuestas solo podrán aplicarse con éxito si la situación sobre el terreno lo permite. Estas acciones deberían considerarse complementarias del importante número de iniciativas ya ejecutadas por la UE y sus Estados miembros, especialmente en el marco de la Agenda Europea de Migración y el programa de Asociación en Materia de Migración (2);

9.

desea expresar su agradecimiento por los esfuerzos realizados por Italia, Malta, Grecia, Chipre, Francia, España y Portugal, que ya han conectado sus centros de coordinación nacionales de Eurosur para la vigilancia fronteriza a la red del Mediterráneo «Seahorse»;

10.

recuerda que la ruta del Mediterráneo Central se ha convertido en la ruta principal para los migrantes y refugiados que intentan llegar a Europa. En 2016 fueron detectadas en esta ruta más de 180 000 personas, de las cuales la inmensa mayoría alcanzó el continente europeo a través de Italia. Casi el 90 % de las personas que utilizan esta ruta salen de Libia, donde la inestable situación política y económica ofrece a los traficantes de personas la oportunidad de ampliar sus actividades; destaca la apremiante necesidad de reducir el número de travesías y de tratar de evitar que zarpen ilegalmente lanchas y botes con rumbo a la UE. Subraya la importancia de las medidas preventivas en todos los niveles de gobierno;

11.

toma nota de que los traficantes y tratantes contribuyen de por sí a la inestabilidad en Libia por sus actos y violaciones de los derechos humanos, aumentando la vulnerabilidad de los migrantes. La búsqueda de una solución duradera para los desafíos de la gobernanza y la seguridad en Libia sigue siendo una prioridad fundamental para la Unión Europea, sus Estados miembros y sus socios internacionales, ya que es un requisito previo para la gestión sostenible de la situación actual;

12.

señala que la mayoría de los inmigrantes en Libia son nacionales de terceros países, y la mayor parte de ellos procede de países del África subsahariana. Por consiguiente, un enfoque eficaz también debe tomar en consideración medidas orientadas al sur de Libia;

13.

subraya el valor añadido de las medidas anunciadas en la Comunicación: ampliación de los programas de formación para la guardia costera libia, garantizar fuentes de financiación sostenibles para cubrir las necesidades de formación en el futuro, medidas firmes para mejorar la lucha contra los traficantes y tratantes y proporcionar incentivos para que Túnez, Argelia y Egipto participen en la red del Mediterráneo «Seahorse» para asegurar la adhesión a nivel subregional; destaca que en todas estas actividades la prioridad clave debe ser restaurar el respeto de los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho en beneficio de los migrantes y de la población local;

14.

reitera la necesidad de un compromiso serio con las autoridades libias para garantizar la mejora de las condiciones en los centros para inmigrantes, prestando especial atención a las personas vulnerables y los menores y asegurando una estrecha colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como un control efectivo de las normas por parte de estos organismos;

15.

acoge con satisfacción la intensificación de los trabajos y el compromiso de los municipios libios para fomentar medios de vida alternativos y apoyar la resiliencia de las comunidades locales que alberguen migrantes, pero también la cooperación técnica para que los municipios libios puedan definir estrategias de desarrollo para sus territorios y mejorar los servicios de apoyo a su población;

16.

subraya la necesidad de una estrategia de cooperación a medio y largo plazo, a fin de respaldar y apoyar a las autoridades locales y nacionales libias en el desarrollo de sus capacidades en materia de gestión del territorio;

17.

anima a fomentar la cooperación transfronteriza, el diálogo y el intercambio de información entre Libia y los países vecinos del Sur, en particular aprovechando todo el potencial de la red de servicios de inteligencia de Frontex en África;

18.

señala que, al emprenderse acciones conjuntas con Libia, es preciso minimizar el riesgo de que otras rutas puedan abrirse en los países vecinos; por este motivo, acoge con satisfacción la adopción de un enfoque regional integral gracias a una mayor cooperación con Egipto, Túnez y Argelia y a la intensificación del diálogo y la cooperación operativa sobre migración con estos países. Estos precisan más apoyo para poder desarrollar sus propios sistemas operativos de asilo y asistir a las personas necesitadas de protección internacional;

19.

teniendo en cuenta los diferentes proyectos y programas de la UE en la región, centrados en cuestiones interrelacionadas, es imprescindible coordinar estas iniciativas para asegurar su eficacia por lo que se refiere a la realización de los objetivos mencionados anteriormente;

20.

observa que, hasta el momento, la respuesta común de la UE a la migración irregular ha tomado la forma de enfoques centrados en la seguridad a nivel estatal principalmente orientados a combatir el tráfico de personas mediante la colaboración con las autoridades estatales;

21.

pide que se preste más atención a las distintas economías políticas locales implicadas en la migración irregular. Entre los agentes implicados se cuentan las empresas de transporte que facilitan la circulación irregular de los migrantes, las poblaciones locales que proporcionan alimentos y alojamiento para ganarse la vida, las fuerzas de seguridad locales que aumentan sus ingresos a través del soborno y los impuestos de circulación, las élites políticas que utilizan los recursos financieros obtenidos facilitando la migración irregular para el clientelismo político y ganar influencia, grupos armados que aprovechan el tráfico y la explotación de seres humanos para reforzar su posición, etc.; conocer a los diferentes actores y entender su relación con la gobernanza local y la dinámica de estabilidad o conflicto es un requisito previo para lograr una gestión eficaz de la migración, como también lo es garantizar su participación en el debate en torno a las estrategias de estabilización y construcción de un futuro para el país;

22.

por lo tanto, acoge con satisfacción la propuesta de reforzar el apoyo socioeconómico a los municipios que se encuentran a lo largo de la ruta migratoria y asociarlos en la aplicación de estrategias que hagan posible que las poblaciones locales disfruten de mejores condiciones de vida y, por lo tanto, de mejores perspectivas de futuro en su territorio;

23.

hace hincapié en que unas políticas de migración bien diseñadas podrían contribuir a crear medios de subsistencia alternativos e instituciones de mayor calidad a largo plazo, dando así respuesta desde dentro a algunas de las causas profundas de la migración. Para garantizar la elaboración de políticas de tal eficacia, es preciso adaptar las políticas actuales de migración al hecho de que los problemas de gobernanza y estabilidad están en la raíz de la migración irregular subsahariana;

24.

reitera que las rutas de migración irregular atraviesan muchos países de la región en los que las autoridades estatales son débiles o inexistentes. Libia es un caso claro en este sentido. Diversos informes han demostrado que los ingresos procedentes del tráfico y la trata capacitan a fuerzas armadas irregulares que operan como autoridades de facto sobre el terreno, lo que les permite actuar como perturbadores en los procesos de resolución de conflictos de más amplitud. Incluso allí donde hay autoridades estatales formales, la colaboración con estos actores en la lucha contra la migración irregular es una empresa intrínsecamente política que puede acabar consolidando los intereses de los traficantes y las fuerzas armadas irregulares alineados al gobierno. En un contexto de soberanía fragmentada no hay interlocutores neutrales;

25.

hace hincapié en que el cambio climático y las catástrofes naturales pueden ser factores que conducen a la migración y el desplazamiento de personas. Además, pide que se invierta en desarrollar la resiliencia frente a las catástrofes como medida preventiva para hacer frente a las causas originarias de la migración;

26.

alienta a proseguir los esfuerzos para establecer una cooperación sistemática con las autoridades libias, prestando especial atención a la gestión de las fronteras, la lucha contra la migración irregular y la respuesta en relación con los derechos humanos y las necesidades de los migrantes en Libia, incluido el desarrollo, en cooperación con la sociedad civil, de alternativas a la detención de migrantes, que únicamente debería utilizarse como último recurso y solo en condiciones que respeten el Derecho internacional humanitario y las normas en materia de derechos humanos. La formación y el apoyo logístico sobre estos temas deberían constituir un elemento importante de los programas de desarrollo de capacidades financiados por la UE;

27.

sugiere que se estudie junto con el ACNUR la posibilidad de adoptar medidas concretas para el reasentamiento de los migrantes que necesitan protección internacional desde Libia a los Estados miembros de la UE y otros países socios internacionales;

28.

pide que se refuerce la iniciativa piloto destinada a estabilizar a las comunidades en las zonas afectadas por los desplazamientos internos y de tránsito de migrantes, incluida la cooperación en la definición de estrategias para sus territorios cuyo objetivo sea dignificar las condiciones del país como espacio de vida para las poblaciones, por ejemplo mediante la creación de oportunidades laborales para las personas que necesitan protección, lo que tendría la ventaja añadida de facilitar su aceptación por parte de las comunidades de acogida, así como la cooperación para mejorar los servicios y equipamientos públicos de apoyo a la población, entre otros aspectos;

29.

aboga por potenciar el retorno voluntario asistido en curso desde Libia a los países de origen, cuando la situación sobre el terreno lo permita y en coordinación con los socios internacionales, en particular la OIM;

30.

acoge con satisfacción el reconocimiento de los entes locales y regionales como agentes importantes a la hora de solucionar y gestionar las cuestiones de migración, salvar vidas y luchar contra la delincuencia;

31.

reitera que las ciudades son agentes de primer orden en el contexto de la migración global, además de ser también las más directamente afectadas por sus consecuencias negativas. Los entes locales tienen la responsabilidad inmediata de las condiciones de vida, los logros y retos de los inmigrantes. Los entes locales pueden tener éxito allí donde muchos gobiernos nacionales penan por conseguirlo o incluso fracasan (3);

32.

subraya el papel de los entes locales de los países de origen, tránsito y destino en la política de migración, especialmente en relación con la integración y la cohesión social. Los entes locales se hallan claramente en primera línea a la hora de hacer frente a los retos de la migración, habida cuenta de su mandato, su presencia sobre el terreno y su experiencia a la hora de gestionar la realidad cotidiana de sociedades cada vez más diversificadas; en cualquier caso, la migración es una responsabilidad común y una cuestión que se gestiona a cualquier nivel, ya sea de la UE, nacional, regional o local. Sin embargo, es importante tener en cuenta al mismo tiempo las condiciones locales y regionales para garantizar la mejor acogida de migrantes —y la más sostenible— y, de ese modo, también el éxito de la integración;

33.

considera que la UE debería aprovechar el potencial y experiencia de las regiones que componen su frontera marítima sur —tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico—, como puentes privilegiados para el desarrollo de relaciones mutuamente beneficiosas con los países terceros;

34.

subraya la necesidad de reforzar las comunidades locales en Libia, en consonancia con la Declaración de Malta sobre los aspectos exteriores de la migración adoptada por los miembros del Consejo Europeo (4), y respalda por consiguiente proyectos como la iniciativa de Nicosia; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión Europea que, en cooperación con el CDR y las asociaciones de gobierno local y regional, exploren las posibilidades que se ofrecen para emprender proyectos similares en otros países;

35.

reconoce el valor añadido de la iniciativa de Nicosia como un proyecto de desarrollo de capacidades en apoyo de los municipios libios que se lleva a cabo en asociación con los entes locales y regionales europeos y con la ayuda financiera de la Comisión Europea. Recuerda que esta iniciativa debe ser reforzada de tal manera que sus actuaciones puedan ser más eficaces y obtener mejores resultados, teniendo en cuenta, no obstante, la necesidad de mantenerse alerta ante el complejo contexto relativo a la cuestión de la legitimidad en Libia y de seguir a la escucha de cualquier posible implicación política;

36.

admite que la capacidad de los entes locales a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central no está bien desarrollada. El problema se complica cuando se intenta responder a necesidades diferentes, especialmente en un clima de fragilidad económica. Los entes locales deben disponer de los instrumentos que les permitan evaluar las necesidades más urgentes de los diferentes grupos de migrantes, en particular los menores no acompañados, los adolescentes y las mujeres;

37.

hace hincapié en la necesidad de prestar mayor atención a la protección de los niños. Durante los tres últimos meses se ha registrado un número récord de víctimas mortales de refugiados y migrantes en el Mediterráneo Central, incluidos unos 190 niños. Nos sumamos al llamamiento de Unicef a la UE y sus Estados miembros a que se comprometan a proteger a los niños refugiados y migrantes, especialmente a los no acompañados, de la explotación, la violencia y el tráfico de menores, y a reforzar los programas de protección de la infancia en Libia;

38.

aclara que la ayuda de la UE para el desarrollo de las capacidades de los entes locales no solo implica aumentar sus capacidades técnicas, sino también garantizar que se cubren de forma eficiente las necesidades y servicios básicos. Hay datos empíricos que muestran que la gestión descentralizada de los servicios sociales y los bienes públicos ofrece la mayor garantía de una relación coste-eficacia óptima en la planificación y ejecución de las políticas de desarrollo;

39.

aboga por que se fomenten los programas de descentralización y gobernanza local, en consonancia con las estrategias nacionales de reducción de la pobreza;

40.

insiste en que la coherencia e interacción entre las políticas nacionales y las iniciativas locales de migración para la prestación de servicios, la protección y la inclusión social de los migrantes, en la medida en que tengan derecho a la protección internacional, es un ámbito que merece más atención. Como mínimo, los gobiernos locales necesitan la autoridad y los recursos para responder adecuadamente a las necesidades de los migrantes en las comunidades que se encuentran bajo su jurisdicción. Idealmente, deberían estar en condiciones de funcionar en un entorno político global que favorezca un enfoque integrador, allí donde se den las condiciones adecuadas;

41.

observa que Libia ha experimentado turbulencias de carácter político y social a lo largo de los últimos seis años, después y a causa de los acontecimientos de la «primavera árabe». La crisis global en la que Libia se encuentra desde 2014 ha provocado el caos total y un fuerte deterioro de las condiciones de vida en todo su territorio. La casi ausencia del Estado y los recursos muy limitados de que disponen los ayuntamientos han hecho que la debilidad institucional sea un obstáculo considerable para la estabilidad y el desarrollo. Al mismo tiempo, el país ha optado por reformas que establecen un sistema descentralizado de gobernanza con la aprobación de su Ley 59 (sobre el gobierno local) en 2012 que, a pesar de la inestabilidad en el país, sigue siendo un punto de referencia en las reuniones de todos los partidos políticos libios, independientemente de su filiación política;

42.

hace hincapié en que muchos jóvenes procedentes de las ciudades libias han entrado en el «negocio de la migración», ya que se trata de una fuente de ingresos muy lucrativa. A los jóvenes que han participado en conflictos armados y en las actividades de las milicias resulta particularmente difícil integrarlos. Las organizaciones sociales tradicionales (tribus, familias, escuelas e instituciones) tienen dificultades a la hora de entendérselas con la juventud. Las drogas y la delincuencia están muy extendidas. La ausencia de políticas específicas de juventud ha agravado la situación de los jóvenes;

43.

pone de relieve que los municipios pueden desempeñar un papel importante, no solo en Libia sino en los distintos países a lo largo de la ruta del Mediterráneo. En tanto que agentes institucionales y legítimos responsables de las cuestiones locales, les corresponde contribuir de forma importante a la estabilización. El desarrollo económico local, la coordinación con los agentes de la seguridad y unas políticas de juventud y migración eficaces constituyen los pilares en los que debe apoyarse esta función. No obstante, los gobiernos locales necesitan mucha ayuda para poder asumir estas responsabilidades;

44.

aboga por programas que contribuyan a reforzar, capacitar y hacer más eficaz la gobernanza local en Libia y otros países del Mediterráneo Central prestando atención a las tres dimensiones de la gobernanza local: gestión, prestación de servicios y participación. También deben hacerse esfuerzos para mejorar las perspectivas económicas locales, la vida social y la inclusión política de los jóvenes con un nivel educativo elevado en las zonas rurales, ciudades y pueblos, con vistas a reducir los factores que conducen a la radicalización y la migración;

45.

subraya que es posible generar una tracción a nivel local para mejorar la gobernanza pese a la falta de capacidad de facto de los gobiernos locales en estos momentos, y defiende la necesidad fundamental de apoyar la gobernanza local, ya que ello promoverá inevitablemente la estabilización y creará las condiciones necesarias para la reconstrucción futura, uno de los requisitos para una gestión eficaz y sostenible de la migración en Libia;

46.

subraya la importancia de la participación de las mujeres y los jóvenes, algo que debería seguir siendo crucial en las diversas actividades de apoyo, en particular a través de la implicación activa de las organizaciones de la sociedad civil y los políticos independientes;

47.

insiste en el valor añadido de los objetivos concretos a la hora de limitar los efectos negativos de las distintas formas de migración, desplazamiento e inestabilidad, para lo que conviene aumentar el atractivo económico de las zonas y actividades rurales a fin de apoyar a los municipios en su nuevo mandato de ejecutar las medidas de descentralización;

48.

reconoce que la tragedia comienza en los países de origen, y no en el mar. Por lo tanto, alienta a la UE a contribuir al desarrollo económico local en los países situados a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central mediante el apoyo a los municipios en su función de agentes de desarrollo local y permitiendo la participación de los jóvenes y las mujeres en los asuntos locales y las actividades socioeconómicas;

49.

se ofrece para seguir apoyando el diseño y la aplicación de la política de migración de la UE, aprovechando asimismo los conocimientos y la experiencia de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM).

12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/32

1.

acoge favorablemente la Comunicación conjunta sobre la gobernanza de los océanos, adoptada el 10 de noviembre de 2016 por la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad;

2.

respalda las acciones propuestas con el fin de garantizar que los océanos sean seguros y que estén protegidos, limpios y gestionados de forma sostenible;

3.

está de acuerdo con el objetivo de velar por que la UE sea un protagonista de peso en la escena mundial, capaz de establecer una agenda que permita mejorar la gobernanza de los océanos sobre la base de un enfoque internacional, transversal y reglamentado; esta generación de iniciativa por parte de la UE tendrá como fin último la consecución de un estándar internacional en las condiciones sociales, económicas y ambientales aplicables en las actividades relacionadas con el mar, una igualdad de condiciones (level playing field) que sirva para una adecuada sostenibilidad de los océanos y un fortalecimiento de la competitividad de los actores europeos que en ellos interactúan;

4.

apoya plenamente las recientes conclusiones del Consejo (1), que abogan por un enfoque más coherente entre los aspectos internos y externos de la gobernanza de los océanos, incluidas las sinergias entre la UE, los Estados miembros y las estrategias regionales;

5.

recuerda, en particular, sus dictámenes anteriores sobre la Comunicación de la Comisión «Una política marítima integrada para una mejor gobernanza del Mediterráneo» (2), un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas (3), desarrollar el potencial de la energía oceánica (4) y mejorar la protección del medio marino (5);

6.

hace hincapié en el papel de liderazgo de la Unión Europea en la gobernanza marítima, cuyo objetivo consiste en aplicar, en beneficio de las costas y los mares de Europa, el marco político y reglamentario más completo del mundo; un marco que reconozca la función de los entes locales y regionales, de las comunidades costeras y de los agentes económicos y sociales para garantizar que los factores económicos, medioambientales, climáticos y sociales se abordan debidamente mediante un modelo de gobernanza exhaustivo y multinivel;

7.

considera, no obstante, que la gobernanza de los océanos se ve afectada por lo que se conoce como la «tragedia de los bienes comunes». Si bien existe una serie de acuerdos generales a escala mundial o de carácter marítimo como, por ejemplo, la CNUDM, y otros acuerdos especializados, especialmente en el marco de la OMI, se observa un grado considerable de fragmentación. En este contexto, el papel de la UE consiste al mismo tiempo en predicar con el ejemplo y ofrecer incentivos para que los socios no pertenecientes a la UE adopten los elevados estándares de la política marina de la UE. Tales incentivos, incluida la creación de capacidades, podrían incluirse en los acuerdos internacionales de comercio y los programas de desarrollo que la UE negocia con terceros países;

8.

señala que la UE y los Estados miembros tienen competencias concurrentes en el ámbito de las relaciones internacionales, también en lo que respecta a los asuntos marinos. A este respecto, es necesario fomentar una coordinación muy estrecha entre los distintos niveles de gobierno y garantizar que las posiciones nacionales y de la UE en los foros internacionales son objeto de una evaluación del impacto territorial para que se tengan plenamente en cuenta los intereses de los entes locales y regionales competentes;

9.

subraya que muchas de las cuestiones relacionadas con la gobernanza de los océanos tienen una dimensión inevitablemente local, que guarda relación con la extracción de recursos, las ventajas económicas para las zonas costeras, las comunidades pesqueras y los puertos o la repercusión medioambiental en las costas y los mares de Europa. Las políticas medioambientales y climáticas, así como las decisiones económicas, que conciernen a los océanos en otras regiones del mundo, afectan a los entes locales y regionales de la UE. Esto exige unas inversiones significativas en la ordenación del espacio marítimo y el apoyo a la gobernanza a escala local o regional;

10.

subraya que la política marina guarda una relación directa con la política costera económica, medioambiental o de ordenación del espacio marítimo. La manera en que los entes locales y regionales gestionan sus políticas costeras tendrá un efecto directo en las actividades en alta mar. En lo que respecta, por ejemplo, a los parques eólicos, las actividades en alta mar se han percibido como una solución fácil para las actividades costeras a las que se opone resistencia;

11.

hace hincapié en que los entes locales y regionales tienen competencias y experiencias positivas en la gestión en una serie de ámbitos como la pesca, el marisqueo y la acuicultura; las subvenciones (por ejemplo, para las flotas no eficientes), las políticas económicas y medioambientales (por ejemplo, la basura marina) y las inspecciones (por ejemplo, la inspección de vehículos), que tienen una repercusión positiva o negativa en otros territorios fuera de la UE. Asimismo, suelen formar parte de las autoridades portuarias;

12.

recuerda la reciente labor de investigación llevada a cabo por el CDR (6) y la OCDE (7) en relación con la economía de los océanos y la economía azul; insiste, de acuerdo con el programa «Legislar mejor», en que es necesario llevar a cabo evaluaciones de impacto previas, también del impacto territorial, con el fin de definir las posibles amenazas procedentes de todos los sectores, las posibles medidas de mitigación y las consecuencias socioeconómicas previstas, antes de introducir nueva legislación, autorizar nuevas tecnologías extractivas o establecer nuevas zonas de protección marina;

13.

recuerda los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas suscritos por todos los Estados miembros de la UE y de las Naciones Unidas. La gobernanza de los océanos no solo atañe al objetivo sostenible n.o 14 sobre la vida submarina y el n.o 13 sobre la acción por el clima, sino también al objetivo n.o 11 sobre las ciudades y comunidades sostenibles. El Comité acoge con satisfacción el plan de la Comisión de integrar estos objetivos en distintas políticas de la UE (8), ya que puede constituir una buena base para fomentar un entendimiento común a escala internacional que vaya más allá de las soluciones sectoriales para la gobernanza sostenible de los océanos;

14.

considera, por el contrario, que el acceso al mercado único de la UE de productos y materias primas extraídas de los océanos procedentes de terceros países debería estar supeditado a una convergencia progresiva de estos países hacia las normas más exigentes de la UE, por ejemplo, la prohibición de los descartes en el mar;

15.

considera que los tres ámbitos prioritarios, desglosados en catorce acciones, expuestas en la Comunicación conjunta, conforman una base pertinente para emprender nuevas medidas a nivel internacional y de la UE en relación con la gobernanza de los océanos. La Comunicación está relacionada principalmente con el componente internacional de la política marítima, pero se percibe una dimensión local y regional en lo que se refiere tanto a la competencia y la repercusión territorial directa como el grado de especialización y dependencia de los océanos;

16.

señala, en cuanto a la acción 1, relativa a cubrir los vacíos existentes en el marco de gobernanza internacional de los océanos con el fin de mejorar el marco jurídico y crear una igualdad de condiciones, que ya existe un amplio marco jurídico a nivel internacional, que abarca los límites marinos, la navegación, la condición de archipiélago y los regímenes de tránsito, las zonas económicas exclusivas, la jurisdicción de la plataforma continental, la explotación minera de los fondos marinos, el régimen de explotación, la protección del medio marino, la investigación científica y la resolución de litigios; recuerda, a este respecto, que deben tenerse en cuenta las fronteras administrativas existentes y las especificidades culturales y tradicionales de las comunidades locales y regionales europeas con el fin de configurar la política de gobernanza de los océanos;

17.

considera que las políticas de la UE ya son eficaces en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la reglamentación de la pesca, la ordenación del espacio marítimo y las estrategias macrorregionales. La planificación global constituye en algunos Estados miembros un importante instrumento político para la ordenación física del suelo y el agua en el ámbito local. Los entes locales ya son responsables en la actualidad de la ordenación de zonas costeras y aguas territoriales. En cuanto herramienta, la planificación global no puede verse afectada negativamente por la administración o el marco jurídico que propone la Comisión. El principal problema a nivel de la UE y, en particular, a nivel mundial, es la falta de control y de una aplicación estricta. Por tanto, al predicar con el ejemplo, la UE está en condiciones de introducir requisitos de reciprocidad y ofrecer incentivos a la hora de negociar nuevas normas internacionales con terceras partes y organizaciones. Esta iniciativa mundial destinada a hacer cumplir estas normas es necesaria para garantizar la igualdad de condiciones entre todos los países, regiones y operadores económicos;

18.

está de acuerdo, en cuanto a la acción 2, en que fomentar la gestión regional de la pesca y la cooperación en zonas oceánicas clave con el objetivo de solventar las deficiencias regionales en materia de gobernanza mejorará la situación de la pesca en la UE y ayudará a otras partes interesadas a alcanzar los elevados estándares que se aplican actualmente en la UE;

19.

expresa su preocupación por la posibilidad de que las orientaciones de la Comisión sobre la explotación minera de los fondos marinos tengan un efecto disuasorio a la hora de centrarse en los planes de eficiencia de los recursos de la UE, tanto más cuanto que la tecnología para la explotación de los recursos naturales aún no se ha probado y podría dañar el medio natural. Pide que se coordinen las negociaciones de los Estados miembros en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos;

20.

recomienda, a este respecto, que la UE haga campaña y ofrezca incentivos para que otros países y organizaciones adopten el sistema europeo de tarjetas amarillas y rojas como modelo para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada a escala mundial y, en particular, para que establezcan listas negras y prohíban las exportaciones en caso de incumplimiento de las normas. Pide que se aceleren los planes actuales para una herramienta electrónica de gestión de los certificados de captura. Estas medidas darían un impulso a la industria en aquellas regiones que aplican las disposiciones de manera estricta;

21.

considera que la acción 3 relativa a mejorar la coordinación y la cooperación entre organizaciones internacionales y poner en marcha asociaciones de los océanos para gestionarlos beneficiará a los centros marítimos regionales mediante una mayor exposición a escala internacional;

22.

considera que los centros locales y regionales de competitividad y excelencia, especialmente en las zonas con una marcada dimensión marítima, incluidas las regiones ultraperiféricas, pueden desempeñar un papel decisivo, por lo que requieren ayuda financiera para desarrollar equipos internacionales de investigación y plataformas de transferencia de tecnología capaces de contribuir a los trabajos de la UE en materia de gobernanza de los océanos;

23.

se opone a la idea de crear nuevas normas y organizaciones internacionales desde cero. Coincide con la Comisión en que es más sensato mejorar la gobernanza y el sistema de cumplimiento actuales centrando la atención en las ineficiencias y reforzando la coordinación internacional. En este sentido, es importante garantizar, antes de emprender nuevas medidas en un marco específico (por ejemplo, la prospección petrolífera), que se entiendan adecuadamente las repercusiones que tendrán en otros ámbitos políticos y sectores (como la pesca);

24.

recomienda, en lo que respecta a la gestión de la biodiversidad biológica en las zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional, que la UE mejore la coordinación con la AESM (9) y la AECP, y que asocie estrechamente a las regiones europeas en las medidas de coordinación y la consulta de las regiones europeas limítrofes;

25.

considera que la gobernanza de los océanos forma parte de la gobernanza multinivel de la UE y, por tanto, requiere la puesta en común de recursos nacionales y de la UE para la creación de capacidades, la inspección, el cumplimiento, la disuasión y el enjuiciamiento de todo aquel que viole los marcos jurídicos existentes. Para ello, es necesaria la participación de los entes locales y regionales competentes en lo que respecta a la acción 4 relativa a crear capacidades, ya que las regiones costeras y marítimas obtendrán numerosas ventajas directas en el plano técnico y administrativo;

26.

subraya que la acción 5 relativa a garantizar la seguridad y la protección de los mares y los océanos no solo es fundamental para la gente de mar, las empresas y los operadores portuarios, sino que constituye un elemento clave en la lucha contra el trabajo forzado y la trata de seres humanos. La UE debe continuar siendo la jurisdicción más avanzada en este ámbito, con el arsenal jurídico más completo en materia de seguridad y protección de los mares y puertos, y seguir ejerciendo su considerable influencia a nivel internacional para fomentar la conclusión de acuerdos de reciprocidad en otras partes del mundo;

27.

considera que la cooperación entre las autoridades nacionales y Frontex, la AESM y la AECP debe dar lugar a una capacidad de vigilancia marítima conjunta, para lo cual la UE deberá proporcionar, en su caso, buques y tecnologías avanzadas que contribuyan a una vigilancia efectiva;

28.

considera, en cuanto a la acción 6, que es indispensable aplicar el Acuerdo de París sobre cambio climático (COP 21) de las Naciones Unidas a fin de mitigar el impacto perjudicial del cambio climático en los océanos, las costas y los ecosistemas, y abordar los costes futuros del calentamiento del planeta y la subida del nivel de los océanos. Los objetivos climáticos mundiales exigen medidas de adaptación a nivel local, ya que la mayoría de las repercusiones climáticas se dejan sentir a ese nivel. Así pues, como afirmó recientemente el CDR (10), los entes locales y regionales están llamados a desempeñar un papel decisivo en la preparación y la aplicación de marcos de adaptación nacionales, europeos e internacionales que aborden las consecuencias del cambio climático para los océanos del planeta. A este respecto, es necesario proporcionar una ayuda específica en materia de capacidades y recursos financieros a todas las regiones, incluidas las ultraperiféricas habida cuenta de su posicionamiento estratégico en los océanos Atlántico e Índico y en el mar Caribe. Asimismo, para cumplir con el Acuerdo de París es imprescindible no solo incorporar medidas de adaptación al cambio climático en la gestión marítima, sino también dejar una parte importante de los combustibles fósiles existentes bajo tierra. En este sentido, considera que para ser coherente, la acción 6 debe reforzarse incluyendo una línea de trabajo para prevenir nuevas prospecciones petrolíferas en zonas sensibles de los mares europeos;

29.

subraya que la acción 7, relativa a combatir la pesca ilegal y reforzar la gestión sostenible de los recursos alimenticios de los océanos a escala mundial, beneficia directamente a la industria pesquera de la UE. Esto no solo supone reforzar las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) existentes y garantizar su plena operatividad, sino también otorgar un mandato más adecuado a la Comisión Europea para negociar y prestar apoyo a estas organizaciones;

30.

está de acuerdo, conforme a la acción 8, en que deberían suprimirse gradualmente las subvenciones a la pesca perjudiciales para el medio ambiente tanto en la UE como en terceros países. Deben concebirse incentivos apropiados y medidas paliativas para garantizar la viabilidad de las comunidades que dependen en gran medida de la pesca, tanto dentro como fuera de la UE;

31.

considera que la acción 9, relativa a luchar contra la basura marina y el «mar de plástico», constituye una de las iniciativas más importantes de esta propuesta y que, además, beneficia directamente al turismo y a la pesca. Si los seres humanos seguimos arrojando plástico a la naturaleza al ritmo que lo hacemos en la actualidad, en 2050 habrá en los mares más plástico que peces. Las actuales competencias de los entes locales y regionales en materia de gestión y prevención de residuos pueden contribuir de manera decisiva. Los entes locales desempeñan un importante papel con su capacidad para recuperar energía mediante la incineración de sus plásticos. Hoy en día, se sigue vertiendo el 28 % de los residuos en la UE. Un marco medioambiental de la UE eficaz en materia de prevención, incluida una posible prohibición de los microplásticos en toda la UE, pasa por una aplicación adecuada de las normas a nivel local y regional, así como el mantenimiento de las inversiones en tecnologías más limpias y, en particular, el desarrollo de políticas especialmente adaptadas a los niveles local y regional en materia de prevención de la basura marina. Para ello, es necesario seguir avanzando hacia el establecimiento de un régimen común, no solo para las instalaciones portuarias receptoras, sino también para las tasas aplicables a los desechos generados por buques y los residuos de carga, a fin de disuadir la descarga de desechos y residuos antes de llegar a puerto. Si bien los entes regionales y locales europeos figuran entre los principales emisores de basura y plásticos en el medio marino, también se ven afectados por los desechos procedentes de fuera de la UE, razón por la cual la cooperación internacional se considera esencial;

32.

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea de luchar contra la contaminación de los océanos y la basura marina en particular, pero señala que se trata de un primer paso para alcanzar el objetivo de unos océanos más limpios y que la UE y los Estados miembros pueden mostrar el camino adoptando un plan conjunto para la eliminación definitiva de las sustancias peligrosas en el mar, como las municiones, los productos químicos y el material nuclear. Por consiguiente, el Comité destaca a este respecto la importancia de proyectos piloto que puedan desarrollar y poner de relieve las capacidades y la tecnología de Europa, así como su compromiso con la paz. Estos proyectos pueden constituir una fuente tanto de exportación de tecnología como de conocimientos técnicos, que pueden hacerse valer ante terceros países y organizaciones para animarles a introducir políticas similares en otros ámbitos;

33.

considera que dicho plan conjunto sobre la contaminación de los océanos también puede aportar beneficios tangibles para las regiones y comunidades marítimas, no solo de manera directa, en términos de conocimientos técnicos, experiencia y un aumento de las capacidades de protección civil en materia de búsqueda, salvamento y recuperación, sino también, de manera más general, en forma de un aumento consiguiente de los ingresos procedentes del turismo y la pesca, un mayor desarrollo económico y un medio ambiente más limpio y beneficios para la salud, no solo en las zonas costeras de Europa, sino también en las regiones adyacentes y el ecosistema oceánico en su conjunto;

34.

observa que la acción 10, relativa a fomentar la ordenación del espacio marítimo (OEM) a escala mundial, que prevé la posible elaboración de directrices internacionales de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO sobre la OEM, está en consonancia con dictámenes anteriores del CDR en los que se destacan las políticas avanzadas de la UE en materia de OEM y la contribución de los entes locales y regionales. Esto también representa para las empresas de la UE una oportunidad de prestar sus servicios y productos afines en todo el mundo;

35.

suscribe, en este contexto, la acción 11, que tiene por objeto alcanzar el objetivo mundial de proteger el 10 % de las zonas marinas y costeras y promover la gestión eficaz de las zonas marinas protegidas (ZMP), a fin de crear «parques oceánicos» de manera efectiva. Algunos estudios actuales sobre proyectos similares en Australia ponen de manifiesto los beneficios para el turismo y la pesca en regiones vecinas, que pueden reproducirse en otras regiones y también en partes del litoral europeo. Destaca, a este respecto, la importancia de asociar a las partes interesadas a nivel local y de poner a su disposición los medios necesarios para determinar y gestionar las ZMP. Sin duda, unas ZMP sin recursos suficientes o una disponibilidad limitada de datos científicos pueden constituir un obstáculo considerable para el desarrollo económico sostenible en lo que se refiere, por ejemplo, a la energía marina y los puertos;

36.

considera, en lo que respecta a la acción 12, que una estrategia coherente de la UE sobre observación de los océanos, obtención de datos y contabilidad marina impulsará los servicios de datos y la observación. En este sentido, es necesario integrar las plataformas existentes de la UE e internacionales para cartografiar los océanos y los fondos marinos, como Emodnet o el programa Copernicus de observación de los océanos, y hacer que sean interoperables. Deben fomentarse iniciativas como la IPBES (una plataforma mundial y un organismo intergubernamental abierto a todos los países miembros de las Naciones Unidas al objeto de reforzar el vínculo entre la ciencia, la política y los conocimientos locales en el marco de la toma de decisiones relacionadas con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos), en particular, el desarrollo de nuevas herramientas como una IPBES nórdica, la iniciativa MAES (cartografía y evaluación de los ecosistemas y sus servicios) de la UE y Esmeralda (reforzar la cartografía de los servicios ecosistémicos para la elaboración de políticas y la toma de decisiones);

37.

considera que la combinación de diferentes bases de datos, existentes y futuras, establece un corpus interdisciplinario de conocimientos y datos sobre el medio marino, que abarca numerosos ámbitos, como la protección del medio ambiente, la pesca y la acuicultura, la intervención en caso de catástrofe, los servicios de primera intervención y salvamento, el control fronterizo y el seguimiento de los flujos migratorios, o los transportes. El CESE no considera necesaria la creación de nuevas bases de datos, y cree que las bases de datos ya existentes pueden coordinarse de modo que beneficien a los Estados miembros;

38.

hace hincapié en que disponer de bases de datos y recopilaciones compatibles, redundantes y coincidentes en materia de conocimiento del medio marino y de cartografía oceánica requiere más sinergias, no solo entre las diferentes instituciones de la UE y las instituciones nacionales competentes, sino también con otros Estados miembros y organizaciones internacionales, ya que los datos comunes deben constituir el punto de partida para el desarrollo de respuestas comunes y transoceánicas;

39.

insiste en que la tarea de adquirir conocimientos sobre el medio marino no debe incumbir únicamente al sector público; el sector privado, las empresas pesqueras y de transporte marítimo de mercancías, de ingeniería marítima, de telecomunicaciones, de biotecnología y de prospección marina de gas y petróleo pueden desempeñar un papel fundamental almacenando y difundiendo los datos medioambientales que recaban en el transcurso de sus propias actividades en el mar. La UE y otras instancias internacionales deben incentivar y facilitar este proceso para que no suponga una carga innecesaria;

40.

reitera su llamamiento a la Comisión Europea para que fomente las mejores prácticas para el recurso a las asociaciones público-privadas en la economía azul (11). Para ello, debería tenerse en cuenta el potencial de las pequeñas y medianas empresas y la capacidad administrativa limitada de algunas de las autoridades nacionales pertinentes;

41.

llama la atención sobre las repercusiones territoriales asimétricas de muchos de los retos que afrontan nuestros océanos, para lo cual los entes locales y regionales deben poder disponer de datos sobre el medio marino, fáciles de obtener y utilizar, relativos a múltiples políticas;

42.

pide, conforme a sus dictámenes anteriores sobre el crecimiento azul (12), que se refuerce la inversión en ciencia e innovación «azules» (acción 13) y destaca, a este respecto, la importancia de la formación y las capacidades profesionales para la gente de mar, que deben desarrollarse en estrecha cooperación con las industrias marinas;

43.

apoya el desarrollo de la investigación, la innovación y las asociaciones científicas internacionales sobre océanos, que deberían concebirse para estimular a las regiones que invierten en investigación e innovación marinas (acción 14). A este respecto, las políticas y los programas europeos como Horizonte 2020, así como el FEMP, el programa LIFE, el MCE y el FEDER, pueden aprovecharse para desarrollar las asociaciones de investigación e innovación en materia de océanos, también con terceros países;

44.

reconoce el importante papel que puede jugar la Estrategia de Crecimiento Azul en este ámbito, y hace un llamamiento a la impulsión de iniciativas estratégicas a nivel local y regional, a la difusión de buenas prácticas y proyectos exitosos y a su aplicación en otras regiones, con especial focalización en la investigación e innovación aplicada a los ámbitos de las actividades marítimas y costeras;

45.

considera que la gobernanza de los océanos afecta a los entes locales y regionales de una manera muy asimétrica, planteando retos que a menudo no pueden afrontar al no disponer de los medios necesarios. Al mismo tiempo, los cambios aportados a los marcos normativos, la pesca o la explotación de los recursos naturales en otras regiones del mundo pueden tener repercusiones económicas o sociales directas en las comunidades costeras europeas y en aquellas zonas que dependen en gran medida de las actividades relacionadas con el mar;

46.

considera, no obstante, que los entes locales y regionales de Europa están llamados a desempeñar un papel proactivo introduciendo políticas sostenibles para impedir la sobrepesca y la contaminación marina, contribuyendo a la gobernanza multinivel de la UE y abogando por que la UE y sus Estados miembros, que tienen jurisdicción sobre más del 10 % de los océanos, prediquen con el ejemplo en las negociaciones internacionales relacionadas con los océanos;

47.

solicita, conforme al actual Acuerdo interinstitucional y el paquete «Legislar mejor», que la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el CDR organicen de manera conjunta un diálogo estructurado, de carácter periódico, sobre la gobernanza de los océanos, para desarrollar conjuntamente nuevas iniciativas políticas relacionadas con el ámbito marino, con la contribución activa de representantes de las regiones y comunidades costeras y marítimas afectadas de la UE, en particular, las regiones insulares, aisladas y ultraperiféricas, o sus representantes con un mandato directo; dicho diálogo podría abarcar los foros de partes interesadas existentes para las diferentes estrategias macrorregionales de la UE relacionadas con el mar e incluir a los representantes de las OROP.

12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/38

1.

Más de un tercio de los ciudadanos de la UE vive y trabaja en las regiones fronterizas de Europa. Estas fronteras influyen, directa e indirectamente, en sus vidas. La cooperación transfronteriza ha demostrado ser la herramienta más eficaz para superar el efecto de ruptura y división de las fronteras, integrando las zonas fronterizas y aumentando la calidad de vida de los ciudadanos de las regiones fronterizas.

2.

La cooperación territorial europea desempeña un papel importante a la hora de eliminar los obstáculos fronterizos e impulsar la cooperación transfronteriza. En el período 2014-2020 se invertirán más de 10 000 millones EUR en la cooperación interregional, de los que cerca de 6 600 millones EUR se destinarán a las regiones transfronterizas.

3.

Los proyectos Interreg A han obtenido numerosos resultados tangibles para muchos ciudadanos europeos en zonas muy diversas de toda la UE. En los programas de cooperación transfronteriza (1), los proyectos interpersonales y a pequeña escala constituyen un instrumento importante y de gran éxito, concebidos para impulsar la convergencia de las regiones fronterizas e iniciar contactos básicos entre las personas.

4.

Se pueden definir los proyectos interpersonales y a pequeña escala atendiendo a su tamaño, duración y contenido. Normalmente, los proyectos a pequeña escala tienen un tamaño menor que los grandes proyectos ordinarios [por ejemplo, un presupuesto máximo de 100 000 EUR (2)]. Ocasionalmente de duración limitada, su principal objetivo es la financiación de iniciativas con impacto local en muchos ámbitos diferentes de la cooperación transfronteriza, con el fin de apoyar los objetivos temáticos principales de los programas de la UE (como el fomento de la confianza, la creación de condiciones marco favorables y de un enfoque ascendente, así como la creación de nuevas asociaciones). Los proyectos interpersonales son proyectos a pequeña escala que se centran principalmente en promover los contactos y la interacción entre las personas a ambos lados de la frontera. Generalmente, tienen un presupuesto menor y una duración limitada. Las actividades de estos proyectos se desarrollan en zonas geográficas más pequeñas (normalmente, a nivel regional europeo) y sus enfoques tienen por lo general una base local.

5.

Los proyectos interpersonales y a pequeña escala se llevan a cabo en una amplia variedad de ámbitos, como la cultura (por ejemplo, el aprendizaje de la lengua del país vecino), el deporte, el turismo, la educación y la formación profesional, la economía, la ciencia, la protección medioambiental y la ecología, la atención sanitaria, el transporte y las pequeñas infraestructuras (brechas transfronterizas), la cooperación administrativa, las actividades promocionales, etc.

6.

A los proyectos interpersonales y a pequeña escala puede acceder una amplia variedad de beneficiarios, como los ayuntamientos, las ONG (existen numerosos tipos de asociaciones, plataformas, redes, fundaciones, iglesias, etc.), las instituciones educativas (escuelas, centros de formación profesional y universidades) o las instituciones de investigación y apoyo empresarial, entre otros.

7.

Estos proyectos han recibido el apoyo de varias generaciones de programas de cooperación transfronteriza. En la actualidad, los proyectos interpersonales y a pequeña escala en diecinueve programas de cooperación transfronteriza (aproximadamente un tercio de los mismos) se financian principalmente mediante un fondo para proyectos pequeños o algún instrumento similar (a veces denominado microproyecto, fondo de disposición o proyecto marco de apoyo a los proyectos e iniciativas a menor escala). Estos fondos para proyectos pequeños suelen tener la forma de «proyecto central» bajo el que se aplican varios proyectos a menor escala.

8.

Por lo general, la financiación ha sido más bien reducida: desde un 1,5 % hasta un 20 % de la dotación de los programas (menor en los Estados miembros más antiguos de la UE, mientras que la demanda ha sido mucho mayor en los nuevos Estados miembros nuevos y en las «antiguas» fronteras exteriores).

9.

Los estudios independientes que tratan sobre la cooperación transfronteriza y todas las evaluaciones de Interreg (3) hasta hoy confirman que, en los programas de Interreg A, los mejores resultados cualitativos no se obtienen fundamentalmente a través de los proyectos emblemáticos, sino que el éxito viene determinado por la variedad de proyectos verdaderamente transfronterizos que abordan necesidades regionales específicas involucrando directamente a los ciudadanos, los entes locales y las organizaciones de la sociedad civil. Con bastante frecuencia, la gestión de estos programas de Interreg A (los subprogramas) está descentralizada. Desde el comienzo de Interreg (1990), los programas que han arrojado los mejores resultados en las evaluaciones han sido generalmente los programas gestionados de forma descentralizada, muchos de los cuales incluyen apoyo a proyectos interpersonales y a pequeña escala.

10.

A pesar de su impacto positivo, estos proyectos se enfrentan a algunas dificultades de gran calado: no están asentados en los reglamentos y los grandes proyectos suelen tener preferencia para las autoridades de gestión debido a que tienen mejor relación coste-eficacia (los proyectos interpersonales tienen un coste de administración mayor) y un impacto mensurable. También es difícil vincular los efectos genéricos de estos proyectos a indicadores relacionados con la Estrategia Europa 2020 centrada en el empleo y el crecimiento (falta de metodología y de indicadores de evaluación adecuados).

11.

El objetivo principal del presente Dictamen es ofrecer una lista basada en hechos de los beneficios y del valor añadido de estos proyectos y de su aplicación descentralizada por medio de las eurorregiones y otras estructuras similares como las AECT; ofrecer recomendaciones para su mayor simplificación y, por último, presentar propuestas específicas para los futuros programas de cooperación transfronteriza, contribuyendo así al debate sobre el futuro de la política de cohesión después de 2020.

12.

considera que, por lo general, los proyectos interpersonales y a pequeña escala tienen un gran valor añadido europeo y contribuyen de manera considerable al objetivo global de los programas de cooperación transfronteriza superando los obstáculos fronterizos e integrando las zonas fronterizas y a sus ciudadanos. Cabe destacar los siguientes beneficios específicos de tales proyectos:

13.

no obstante, ve ventajas en las asociaciones extensas en los casos en que el tamaño de los territorios que pueden acogerse a la financiación de los programas de cooperación transfronteriza sea mayor, aunque también es consciente de su posible repercusión negativa: resulta más difícil que los programas reflejen las necesidades específicas de diferentes partes de un territorio grande; existe una tendencia a apoyar proyectos de mayor tamaño, y este apoyo es cada vez menos accesible para los agentes locales o regionales;

14.

considera que la gestión descentralizada de tales programas, por ejemplo mediante la promoción de programas subordinados y haciendo posible también la financiación de proyectos interpersonales y a pequeña escala, constituye la mejor solución para esta tendencia y permitiría mantener a estos programas más cerca de los ciudadanos;

15.

señala que gestionar de forma descentralizada los fondos para proyectos pequeños (o instrumentos similares para financiar los proyectos interpersonales y a pequeña escala) ofrece las ventajas siguientes:

16.

es consciente de que este enfoque puede traducirse en costes administrativos comparativamente más elevados; cabe destacar que, además de la administración corriente del proyecto, tienen lugar otras muchas actividades (por ejemplo, concienciación, asesoramiento para la preparación, aplicación y contabilidad, etc.). Sin esta gestión descentralizada y este enfoque ascendente, resulta más difícil llevar a cabo este tipo de proyectos;

17.

señala que la mejor manera de conseguir las ventajas de la aplicación descentralizada de los proyectos interpersonales y a pequeña escala es haciendo participar a las eurorregiones y otras estructuras transfronterizas similares (4), que también pueden adoptar la forma jurídica de una AECT, muy adecuadas para esta función;

18.

recomienda que, para garantizar una aplicación correcta, estas estructuras han de tener una experiencia considerable en la cooperación transfronteriza a nivel local y regional, y deben:

19.

hace hincapié en que, para conservar tanto el valor añadido de los proyectos interpersonales y a pequeña escala como su gestión descentralizada, estos proyectos y procedimientos deben ser muy simples;

20.

señala que el CDR se pronunció al respecto en el Dictamen sobre la «Simplificación de los Fondos EIE desde el punto de vista de los entes locales y regionales» (7). Para los proyectos interpersonales y a pequeña escala resultan incluso más pertinentes las recomendaciones relativas a la cooperación transfronteriza, como excluir la cooperación territorial europea del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales o un enfoque más flexible al aplicar los objetivos temáticos de la Estrategia Europa 2020;

21.

indica que son necesarios procedimientos más sencillos y proporcionales a las cuantías correspondientes, tanto para la gestión de estos proyectos (administración, gestión financiera, mecanismos de control, etc.), como para los grupos objetivo (reducción de las cargas administrativas, información previa orientada al objetivo, aplicación del principio de «solo una vez» (8)). Estos procedimientos más sencillos deben aplicarse en todas las fases del ciclo del proyecto;

22.

considera necesario, durante el control, la supervisión y la auditoría, centrarse más en el contenido y en los resultados, y no simplemente en los procesos;

23.

pide a todos los niveles de gestión compartida que permitan y utilicen opciones adecuadas de costes simplificados como el enfoque principal de los proyectos interpersonales y a pequeña escala; a pesar del control necesario de la financiación pública, el CDR pide que se promueva el uso del principio de «solo una vez», cantidades fijas, tarifas planas y declaraciones simplificadas de costes (por ejemplo, costes unitarios estándar) en lo relativo a la contabilidad de estos proyectos;

24.

opina que, habida cuenta de la actual situación en la UE (aumento del nacionalismo, retirada del Reino Unido de la UE, crisis migratoria, dificultades económicas y monetarias), es evidente que cada vez resulta más necesario comunicar los beneficios específicos y el valor añadido de la acción de la UE. La cooperación transfronteriza y, en particular, los proyectos interpersonales y a pequeña escala forman parte de los ejemplos más tangibles de dichos beneficios específicos y valor añadido en la vida diaria de los ciudadanos. Aquí los fondos de la UE tienen claros efectos positivos en la vida real, las perspectivas y las percepciones de los ciudadanos de la Unión;

25.

propone que todos los agentes se esfuercen por aumentar la visibilidad de los resultados y beneficios de estos proyectos, no tanto en las regiones fronterizas, donde son más evidentes, sino al nivel nacional (Estados miembros) y europeo (instituciones de la UE) donde se adoptan las decisiones sobre la política de cohesión. El presente Dictamen, junto con un folleto que recoge ejemplos de proyectos específicos, pretende contribuir a esta labor. El Día de la Cooperación Europea también puede facilitar la comunicación de estos resultados;

26.

reconoce la importancia de aplicar una metodología específica para evaluar los fondos para proyectos pequeños (y otros instrumentos similares) que apoyan los proyectos interpersonales y a pequeña escala. Dado el carácter «genérico» de los proyectos interpersonales, es evidente que los indicadores de resultados comunes no son adecuados para esta evaluación (por ejemplo, para medir el nivel de confianza o superar los prejuicios). Aquí se sugiere que el simple hecho de que tenga lugar una cooperación transfronteriza entre ciudadanos e instituciones de regiones fronterizas es un resultado positivo en sí mismo (al igual que el incremento del número de estudiantes que estudian en el extranjero gracias al programa Erasmus). El número de ciudadanos participantes y agentes que cooperan debería ser suficiente. Los proyectos a pequeña escala deberán contribuir a los indicadores de la prioridad de inversión correspondiente, aunque también en aquellos proyectos que no son puramente interpersonales debe tenerse en cuenta el factor de los agentes que cooperan y el número de personas que participan activamente en la cooperación transfronteriza, puesto que aumenta la capacidad de estos agentes para desarrollar en mayor medida esta cooperación en el futuro. Amplía el ámbito de actuación de las operaciones dirigidas por la Unión con un enfoque de base local y centrado en los ciudadanos, que se convierten en agentes comprometidos para construir más Europa sobre el terreno. Con frecuencia, las competencias profesionales e interculturales adquiridas por los miembros de los equipos de los proyectos transfronterizos tienen más valor que el resultado del proyecto en sí (inversión a pequeña escala);

27.

recomienda que los proyectos interpersonales y a pequeña escala estén asentados en los reglamentos que rigen el apoyo de la UE a la cooperación transfronteriza como un instrumento legítimo en los programas de cooperación transfronteriza, y pide a la Comisión que incluya las disposiciones necesarias en la propuesta para la próxima generación de reglamentos;

28.

recomienda, además, que la Comisión fomente que los proyectos interpersonales y a pequeña escala formen parte de los programas de cooperación transfronteriza, en particular cuando exista una demanda de proyectos de este tipo a nivel local y regional; deben garantizarse dotaciones suficientes para satisfacer esta demanda ascendente; asimismo, ha de prestarse una atención especial a las fronteras que se vean afectadas por la retirada del Reino Unido de la UE (9), donde deberán encontrarse soluciones para continuar la cooperación con los entes locales y regionales del Reino Unido y otros agentes;

29.

señala que pueden obtenerse los beneficios completos de estos proyectos mediante la gestión descentralizada, ya sea por medio de fondos para pequeños proyectos, cualquier instrumento similar o directamente con comités ejecutivos sobre el terreno; es fundamental que cada región fronteriza pueda seguir utilizando sus instrumentos y procedimientos actuales que hayan mostrado ser eficaces durante muchos años, garantizando la continuidad de su financiación con el objetivo global de mantener los programas cerca de los ciudadanos;

30.

recomienda que las eurorregiones u otras estructuras similares y las AECT sean el marco que garantice la aplicación descentralizada de los proyectos interpersonales y a pequeña escala, asegurando su continuidad y teniendo en cuenta las funciones ya existentes de tales estructuras (por ejemplo, los «proyectos centrales») que hayan demostrado ser útiles; en las zonas fronterizas donde no estén presentes estas estructuras, se fomentará su creación o deberán encontrarse otras soluciones adecuadas que respeten lo máximo posible los principios mencionados anteriormente;

31.

hace hincapié en que, con el fin de conservar el valor añadido y los beneficios de los proyectos interpersonales y a pequeña escala, tanto estos proyectos como su gestión deben mantenerse tan simples como sea posible. Debe prestarse una mayor atención al contenido que a los procedimientos, y deben tener preferencia las opciones de costes simplificadas;

32.

señala que, a menudo, los proyectos interpersonales reúnen a socios de los servicios públicos o semipúblicos y atenúan el efecto que provocan las diferencias en la reglamentación y la financiación entre organizaciones de diferentes Estados miembros. Sin embargo, más allá de la financiación temporal de los proyectos, los proyectos interpersonales de éxito deberían poder continuar con el apoyo de los fondos estructurales. En el próximo período de programación deberán realizarse mayores esfuerzos para permitir a los legisladores nacionales sacar partido de las experiencias transfronterizas. Los Estados miembros deberían comprometerse en un pacto transfronterizo para atenuar los efectos que para las fronteras se derivan de las reglamentaciones y financiaciones nacionales;

33.

pide a los Estados miembros, a la Comisión y al Parlamento Europeo que tengan en cuenta estas recomendaciones específicas y que incluyan todas las normas necesarias para aplicarlas a la hora de elaborar propuestas legislativas para la próxima generación de programas de cooperación transfronteriza, instituir estos programas y durante su correcta ejecución. Ello garantizará que los beneficios de la integración europea se hacen notar con fuerza entre los ciudadanos de las regiones fronterizas de Europa.

12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/43

1.

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión» como desarrollo y ampliación de la Small Business Act; pide, al mismo tiempo, a la Comisión que mantenga la homogeneidad de la Small Business Act;

2.

comparte las preocupaciones expresadas en la Comunicación sobre el impacto negativo de la fragmentación aún excesiva del mercado único (también del mercado único digital) en el potencial de crecimiento de las empresas emergentes y en expansión;

3.

reitera que apoya firmemente las medidas destinadas a impulsar el espíritu empresarial innovador y eliminar los obstáculos que limitan sus posibilidades de desarrollo;

4.

señala que las empresas emergentes y en expansión tienden a adoptar modalidades de empleo flexibles, como el teletrabajo, los horarios de trabajo flexibles, el trabajo a través de empresas de trabajo temporal y la cesión temporal de trabajadores, la subcontratación y el trabajo compartido. Cuando se presenta como una verdadera opción para el trabajador, estas modalidades de empleo pueden repercutir positivamente a la hora de lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, y de ayudar a combatir el desempleo de larga duración;

5.

subraya que la colaboración entre autoridades públicas a escala europea, nacional, regional y local reviste la máxima importancia para crear condiciones favorables a la expansión de las empresas emergentes;

6.

pide a la Comisión que adopte iniciativas para animar a los Estados miembros a que, en todos los niveles de la formación, tanto empresarial como de otro tipo, tengan más en cuenta los aspectos de la creatividad, el espíritu empresarial, la economía y las finanzas;

7.

destaca la influencia de los resultados alcanzados por las regiones y ciudades para impulsar un crecimiento de la economía mundial basado en la innovación, ya que tienen capacidad para adaptarse con flexibilidad a las cambiantes condiciones del mercado, de la tecnología y de la cultura;

8.

hace hincapié en que el apoyo de los agentes innovadores, cuya dinámica de crecimiento es particularmente elevada, influye en otros operadores del mercado. Junto con la actual orientación hacia la economía circular, la economía social y la economía colaborativa (1), las sinergias entre las medidas de apoyo y la asistencia jurídica contribuirán al desarrollo de la sociedad en su conjunto;

9.

destaca que serán cruciales aquellas medidas que refuercen la conexión entre las estrategias sectoriales y creen un vínculo entre ciencia, empresas y autoridades públicas de todos los niveles que permita alcanzar objetivos comunes;

10.

hace hincapié en que las diferencias y constantes cambios en las legislaciones de los Estados miembros de la UE constituyen uno de los principales obstáculos a la expansión de las empresas emergentes europeas (2);

11.

pide a la Comisión que se esfuerce por crear definiciones precisas de «empresa emergente» y «empresa en expansión» y por simplificar la normativa referente a las pymes;

12.

apoya el método analítico creado en el marco del programa Horizonte 2020 (relativo a la posibilidad de hacer uso del asesoramiento de expertos) y la labor del Observatorio Europeo de Agrupaciones y Cambio Industrial;

13.

propone que, tras tres ciclos de ensayo, se evalúen los instrumentos y las medidas, no solo para recoger datos reveladores sobre las empresas emergentes y en expansión sino también para completar las investigaciones con aspectos cualitativos que faciliten detectar los problemas;

14.

acoge con satisfacción el hecho de que, en consonancia con las prioridades políticas de la Comisión en el contexto de la Estrategia para el Mercado Único, las acciones del programa COSME estén, en gran medida, dirigidas a apoyar a las empresas emergentes y en expansión;

15.

expresa su preocupación por que las medidas destinadas a reducir la fragmentación de los sistemas fiscales, en particular los sistemas del IVA, progresen lentamente en los 28 Estados miembros. La fragmentación dificulta el crecimiento y el comercio transfronterizo de las pymes, en particular, de las empresas emergentes;

16.

propone a la Comisión que apoye a las empresas emergentes facilitándoles recursos adicionales para la elaboración y subsiguiente aplicación de las políticas en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual;

17.

llama la atención sobre el problema de los procedimientos ineficientes y excesivamente largos que se aplican en los Estados miembros de la UE en caso de quiebra, lo que tiene como consecuencia que muchos empresarios honrados pero sobreendeudados no puedan gozar de una segunda oportunidad;

18.

acoge con satisfacción la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la Directiva 2012/30/UE, de 22 de noviembre de 2016 [COM (2016) 723], que aspira a reducir las trabas más importantes que se derivan de las diferencias existentes entre los marcos de insolvencia y reestructuración de los Estados miembros y obstaculizan la libre circulación de capitales; expresa, no obstante, su preocupación por que la propuesta se limite a aspectos financieros, considerando a los trabajadores empleados en empresas como acreedores, al igual que un banco o cualquier otro poseedor de capital, y al rescate de una empresa únicamente como una reorganización financiera de las partes interesadas;

19.

opina que la Comisión argumenta de forma convincente el valor añadido resultante de la aplicación de las soluciones legislativas propuestas a escala de la UE y constata, por consiguiente, que la propuesta de Directiva respeta el principio de subsidiariedad; por la misma razón, considera que la propuesta de Directiva respeta igualmente el principio de proporcionalidad;

20.

no obstante, expresa su preocupación por que, a causa de la actual ausencia de armonización de los sistemas jurídicos de los Estados miembros en materia de insolvencia, este instrumento jurídico no contribuya de forma decisiva a que un mayor número de empresas emergentes pueda subsistir más de dos o tres años en el mercado;

21.

recuerda la adopción el 20 de mayo de 2015 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea del Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia en los distintos Estados miembros y apoya el enfoque de que los procedimientos de insolvencia deben dejar de considerarse en términos de liquidación para pasar a verse como instrumentos que garantizan la preservación de los recursos de la empresa —incluido el derecho al trabajo de sus empleados—, y, en la medida de lo posible, la supervivencia de la empresa. Aplaude también el establecimiento, antes de junio de 2019, de un sistema digital interconectado de «registros de insolvencia» en cada Estado miembro y accesible gratuitamente, a través del Portal Europeo de Justicia en línea. Llama la atención, sin embargo, sobre la necesidad de prestar un apoyo adicional en la formación específica de jueces y la profesionalización de los administradores concursales designados en el procedimiento;

22.

acoge con satisfacción la Resolución Legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos del mercado monetario [COM(2013) 615] y la propuesta de establecimiento de una nueva categoría de fondos del mercado monetario (FMM), a saber, el FMM de valor liquidativo de baja volatilidad, diseñado específicamente para aplicarse a las pequeñas empresas en la economía real;

23.

pide a las autoridades nacionales, regionales y locales que lancen las siguientes iniciativas o participen activamente en ellas:

24.

considera necesario facilitar las actividades de las pequeñas y medianas empresas emergentes en el mercado único, en particular estableciendo valores límite apropiados para eximirlas en la esfera de los Estados miembros de las exigencias relativas a la reorganización o la reinscripción;

25.

pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para establecer las bases de un «visado» para empresas emergentes y de un elenco de requisitos que permitan una contratación segura y ventajosa de capital humano cualificado procedente de terceros países, lo que podría contribuir al desarrollo de la economía de la Unión Europea;

26.

se congratula por los esfuerzos de la Comisión por mejorar las posibilidades de acceso, en el sector de la contratación pública, para las empresas emergentes y en expansión; subraya, además, la necesidad de supervisar de cerca la transposición y aplicación de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación en la esfera de los Estados miembros para garantizar que estos aprovechan plenamente las disposiciones en vigor con el fin de mejorar las posibilidades de acceso a la contratación pública por parte de las pymes;

27.

acoge favorablemente la propuesta de establecer agentes de innovación para construir redes de compradores interesados en la contratación pública de innovación, vincularlos a empresas innovadoras y ayudar a estas a acceder a la financiación de riesgo;

28.

elogia las modificaciones propuestas al programa Horizonte 2020 en apoyo de un enfoque «de abajo arriba» y multisectorial, así como las innovaciones radicales que tienen una pertinencia social fundamental y un gran potencial de crecimiento;

29.

acoge con satisfacción el refuerzo de la Red Europea para las Empresas (EEN), que ampliará su gama de servicios de asesoramiento con consejeros de expansión y proporcionará información sobre las normas nacionales y europeas, las oportunidades de financiación, la captación de socios y el acceso a la contratación pública transfronteriza;

30.

subraya la importancia de reforzar los vínculos de cooperación con las oficinas regionales de la Red Europea para las Empresas que cooperen en mayor medida con los viveros de empresas, los aceleradores de empresas emergentes y los parques científicos y tecnológicos locales, ya que estas instituciones, por su proximidad a las nuevas empresas, conocen bien sus problemas y necesidades reales;

31.

destaca que la intención anunciada por la Comisión de intensificar las medidas destinadas a crear vínculos entre las agrupaciones y los ecosistemas empresariales locales y regionales —en particular, poniendo en contacto a inversores y grandes empresas y creando redes de responsables locales— también debería englobar la vinculación de las empresas emergentes con las instituciones científicas en su calidad de potenciales proveedores de soluciones innovadoras, tecnológicas y no tecnológicas;

32.

solicita a la Comisión el establecimiento de medidas de apoyo encaminadas a la creación de viveros de empresas innovadoras que ayuden y acompañen al emprendedor en las fases iniciales de la empresa reforzando sus capacidades de gestión empresarial, facilitando líneas de financiación alternativa, consecución de contratos con empresas tractoras (elevator pitch), apoyo a su internacionalización, etc.;

33.

llama la atención sobre la creciente brecha tecnológica entre las regiones urbanas, por un lado, y las regiones menos desarrolladas y periféricas, por otro. En este contexto, propone a la Comisión que se tomen las medidas oportunas para crear redes entre las regiones avanzadas y las regiones predominantemente agrícolas;

34.

aunque todavía queda mucho por hacer, se congratula de los avances que en materia de emprendimiento se están produciendo en las regiones menos desarrolladas, y propone a la Comisión que continúe apoyando las iniciativas en vigor destinadas a fomentar el espíritu emprendedor en ellas, y que estudie la posibilidad de emprender otras nuevas, como un instrumento específico para la creación de redes de proyectos;

35.

subraya que sería sumamente deseable adoptar medidas adicionales para reforzar el trabajo en red entre los operadores, de modo que se impulse el espíritu empresarial en los sectores económicos tradicionales, incluido el sector de la artesanía y de las industrias culturales y creativas, en las regiones rurales y periféricas y en las zonas periurbanas;

36.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer una plataforma de contacto para que las empresas emergentes conecten con socios potenciales (junto con las plataformas existentes, públicas y privadas). Este instrumento reforzaría la ampliación de la red de ecosistemas y agrupaciones empresariales en Europa;

37.

acoge favorablemente la orientación que la Comisión prevé adoptar en este ámbito (articulada en las iniciativas «Coalición por las capacidades y los empleos digitales», «Plan de cooperación sectorial sobre capacidades» y «herramienta de macrodatos»);

38.

apoya la iniciativa de ampliar el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores a incubadoras de empresas y empresarios de los mercados internacionales;

39.

expresa su preocupación por que en la Comunicación, que aborda problemas de excepcional amplitud, se haga referencia de modo demasiado superficial a las iniciativas previstas y se mencione una mera selección de las acciones futuras; por ejemplo, no se ofrece información sobre el programa relativo a los centros de innovación digital y apenas se hace una breve alusión a la propuesta de instituir un Consejo Europeo de la Innovación, sin definir sus funciones;

40.

pide a la Comisión que facilite información más detallada sobre las competencias previstas y el fundamento jurídico de este Consejo;

41.

constata que un factor determinante para la calidad del trabajo del Consejo Europeo de la Innovación consistirá en garantizar, en su composición, una representación adecuada del mundo empresarial, de la comunidad científica y de los poderes públicos;

42.

anima a la Comisión a que analice en qué medida puede apoyarse a los entes territoriales para formar órganos compuestos por representantes empresariales con probada experiencia para prestar apoyo sistemático al desarrollo del emprendimiento, así como a las empresas emergentes y en expansión en sus territorios respectivos;

43.

destaca el papel clave que los entes locales y regionales, la comunidad académica y los propios empresarios (es decir, la denominada «triple hélice») desempeñan, y seguirán desempeñando en el futuro, a la hora de fomentar el espíritu empresarial, crear una cultura de la ciencia y la innovación en las regiones europeas y desarrollar sólidos ecosistemas empresariales regionales;

44.

pide a la Comisión que haga participar a los entes locales y regionales en la revisión cruzada prevista de todas las normas y prácticas de los Estados miembros en relación con las empresas emergentes y en expansión. Los entes locales y regionales son las instituciones más próximas a los empresarios locales, por lo que sería útil aprovechar sus amplios conocimientos del entorno empresarial local;

45.

considera que con el mercado único digital la competencia cobrará una nueva dimensión y que cada región deberá confrontarse con otras regiones europeas que se benefician de las mismas bases jurídicas. Se trata, pues, de una ocasión para las empresas emergentes que hasta ahora no han tenido muchas oportunidades para internacionalizarse y acceder a nuevos mercados transfronterizos;

46.

subraya que las empresas emergentes y en expansión utilizan soluciones innovadoras y atípicas, por lo que sus efectos pueden preverse solo de forma limitada, lo que, a su vez, dificulta el acceso a la financiación proveniente de los programas ordinarios;

47.

recomienda a la Comisión que agilice el sistema de financiación para garantizar una mayor flexibilidad a las ideas innovadoras y animar a las entidades responsables de la distribución de los fondos europeos a prestar más atención a la selección de expertos;

48.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de crear un fondo de fondos paneuropeo de capital riesgo, que podría contribuir a reducir la fragmentación del mercado de capital riesgo en la UE;

49.

propone que se analicen las posibilidades de movilizar capital riesgo local en los entes territoriales;

50.

pide a la Comisión que fomente la diversidad de las fuentes de financiación; en efecto, los fondos procedentes del capital riesgo, el capital privado y los inversores providenciales (business angels) siguen estando poco desarrollados en Europa;

51.

respalda firmemente la propuesta de incrementar el presupuesto para el programa COSME y —a condición de que no se retiren fondos del Mecanismo «Conectar Europa» ni del Programa Horizonte 2020— en principio también para el FEIE, lo que proporciona financiación adicional para aquellas pymes que se encuentran en la fase de inicio o de expansión. en particular, considera útil favorecer la integración y la asociación entre las pymes y las empresas emergentes;

52.

acoge con satisfacción las medidas previstas por la Comisión para crear incentivos adicionales a la financiación de capital riesgo, por ejemplo, permitiendo a los particulares o los entes territoriales beneficiarse de garantías públicas para sus fondos de inversión cuando se financien mediante endeudamiento, ya que esto puede aumentar la participación en el capital y la inversión en obligaciones de empresas emergentes y en expansión;

53.

se muestra en favor de un programa a escala de la UE consagrado a la ayuda no financiera para las empresas emergentes y en expansión que facilite el acceso a nuevos mercados y la creación de nuevos empleos y contribuya al desarrollo de la innovación en la UE;

54.

considera necesario potenciar un ecosistema inversor europeo estructurado con medidas de apoyo económico y fiscal que atraigan e incentiven la inversión privada en empresas innovadoras, con el fin de que puedan desarrollarse y crecer en las mejores condiciones económico financieras y alcanzar un alto grado de competitividad. Para ello, resulta de especial importancia reforzar los instrumentos de financiación alternativa (capital riesgo, préstamos participativos, garantías, etc.). En este sentido, se impone una verdadera simplificación de los mecanismos de puesta en marcha de los instrumentos financieros cofinanciados con Fondos Estructurales;

55.

llama la atención sobre el rápido progreso de plataformas de microfinanciación colectiva como fuente alternativa de financiación para soluciones innovadoras de empresas emergentes;

56.

pide a la Comisión que analice las posibilidades y los riesgos de la microfinanciación colectiva para la sociedad europea, en especial aquellos riesgos que tienen un impacto directo en los microinversores, ya que, en comparación con los inversores profesionales, podrían no disponer del mismo acceso a la información y estar peor preparados para afrontar este tipo de operaciones;

57.

señala que un marco jurídico adecuado para el funcionamiento de las plataformas de microfinanciación en la UE permitiría aprovechar plenamente el potencial de esta fuente de financiación. Las normas para la protección de los intereses de los inversores deberían ser parte integrante de este marco jurídico;

58.

apoya el refuerzo de la iniciativa Startup Europe y su extensión más allá del sector de las TIC y las ciberempresas emergentes. En este contexto, se recomienda una mayor simplificación, a fin de orientar con mayor facilidad y más eficazmente a las empresas emergentes que deseen acceder a las numerosas posibilidades ofrecidas por los programas europeos;

59.

pide a la Comisión Europea que adopte una estrategia para las iniciativas empresariales innovadoras con un componente social que tengan un impacto en la calidad de vida, que tome como base los ámbitos de especial interés ya existentes (economía de los mayores, emprendimiento social, modelo de la triple hélice), para fomentar así, mediante incentivos, la participación desde la base y la creatividad social;

60.

subraya el potencial que encierra la cooperación de las empresas emergentes y en expansión con las grandes empresas. Se trata de aprovechar las prácticas de eficacia probada de las regiones de la UE donde la cooperación entre empresas de diferentes tamaños y procedencias crea sinergias;

61.

acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de poner en marcha una «plataforma de retos de la innovación social» para afrontar los retos sociales, y

62.

llama la atención sobre el valor añadido que se podría obtener de vincular esta plataforma con un sistema de contratación pública, lo que tendría una repercusión positiva en la dinámica del crecimiento de las empresas sociales. Sin embargo, sería necesario aumentar la flexibilidad del sistema para garantizar una solución creativa al problema, es decir, privilegiar las soluciones más adecuadas para los beneficiarios finales, y no una solución previsible a la luz de los indicadores fijados.

12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/51

1.

subraya que las pymes, dado que son el principal motor de Europa para la generación de crecimiento y empleo, necesitan un entorno reglamentario simple, claro, coherente y jurídicamente estable, así como un entorno económico basado en un nivel suficiente de capacidades de inversión públicas y privadas;

2.

señala que el cumplimiento de la legislación en ámbitos como la fiscalidad o las obligaciones de información tiene una repercusión desproporcionada para las pymes con respecto a las grandes empresas;

3.

por lo tanto, hace hincapié en la necesidad de hacer que el entorno reglamentario europeo sea más favorable para las pymes suprimiendo los obstáculos a la creación de empresas y al crecimiento en todos los niveles;

4.

reconoce los progresos alcanzados gracias a la «Small Business Act» para Europa (SBA) de 2008 (1), la revisión de la SBA de 2011 (2), y el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 de 2013 (3);

5.

reafirma su apoyo a la intención de la Comisión de reducir la carga que suponen el registro y las obligaciones de notificación del IVA como parte de la Estrategia para el Mercado Único, tal y como señaló en su Dictamen «Mejorar el mercado único» (4); sin embargo, lamenta que los representantes regionales y locales no hayan sido consultados formalmente para garantizar que sus preocupaciones, por ejemplo, las relativas a las pymes de las regiones transfronterizas, son tenidas plenamente en cuenta;

6.

subraya que sigue siendo necesario que la política europea para las pymes cuente con una estrategia coherente, visible y actualizada, orientada hacia los resultados y la aplicación, que se fundamente en iniciativas anteriores y las refuerce, al mismo tiempo que integra el principio de «pensar primero a pequeña escala» en todas las políticas y todos los niveles de gobernanza;

7.

por consiguiente, reitera su llamamiento en favor de la revisión y consolidación de la «Small Business Act» y de que se otorgue un papel más destacado a las regiones y ciudades en la aplicación de los principios de la SBA; reafirma su compromiso para promover la aplicación de la SBA por medio de su iniciativa Región Emprendedora Europea (REE);

8.

toma nota de que la red de representantes de las pymes actúa como principal interfaz entre la Comisión Europea y los responsables políticos nacionales; pide a la Comisión que incluya sistemática y formalmente a representantes de las pymes regionales y locales en esta red;

9.

reconoce que la UE cuenta con un entorno normativo generalmente propicio para las empresas; señala, no obstante, que persisten diferencias en cuanto a los plazos, los costes y el número de trámites necesarios para crear una empresa; pide a los Estados miembros que, en el respeto del principio de subsidiariedad y una vez verificada la adecuación, adapten sus normas respectivas con las de los modelos que obtienen mejores resultados; señala que las buenas prácticas —entre otras, por ejemplo, la Iniciativa Lisboa, que permite crear una empresa en 36 minutos— pueden servir de fuente de inspiración en este sentido;

10.

señala el papel de las agrupaciones empresariales a la hora de ayudar a las pequeñas empresas a crecer a través de ensayos y análisis de mercado, generación de innovación y cualificación, y recomienda que se ofrezca apoyo específico a estas actividades mediante programas como COSME;

11.

destaca los resultados del seminario organizado por la Comisión ECON sobre el tema «Normativa inteligente — Crecimiento inteligente» en Seggauberg, Estiria, y el posterior diálogo con los ciudadanos, que puso de manifiesto la necesidad de alcanzar resultados concretos mediante enfoques nuevos e innovadores;

12.

subraya la importancia de incorporar el principio de «pensar primero a pequeña escala» en las políticas de la UE y en todo el proceso de toma de decisiones; pide que se ponderen los criterios de evaluación de impacto para hacerlos más favorables a las pymes y que se tenga en cuenta el impacto territorial de las normas de forma más sistemática;

13.

hace hincapié en que el solapamiento y las normas contradictorias de las distintas políticas de la UE —política regional, ayudas estatales, contratación pública, protección del medio ambiente, tensiones entre el apoyo a las agrupaciones de empresas y las normas de competencia y cumplimiento— afectan de manera desproporcionada a las pymes;

14.

expresa su preocupación por los cuellos de botella derivados de la incoherencia de los requisitos y las definiciones contradictorias en las políticas sectoriales de la UE, como los conjuntos de normas diferentes sobre contratación pública, política de competencia y política regional (5), o las divergencias en las definiciones de innovación en la política de competencia y en la política regional (6);

15.

está convencido de que la carga que suponen los requisitos de información para las pymes no puede abordarse mediante la simplificación de un único acto legislativo; insta, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten un enfoque holístico, basado en una evaluación exhaustiva de todos los requisitos de información que deben satisfacer las pymes;

16.

sugiere que se exploren diferentes alternativas para aligerar la carga de las pymes a través de medidas como el establecimiento de un umbral por debajo del cual las empresas han de facilitar menos información, la limitación del número de cuestionarios obligatorios, así como evitando la creación de nuevos cuestionarios mediante la incorporación, por ejemplo, de información estadística a los que ya existen;

17.

celebra que en la nueva generación de acuerdos de libre comercio de la UE se dediquen capítulos específicos a las pymes, para facilitarles en particular el acceso a otro mercado, sobre todo por medio de una mayor seguridad jurídica, la reducción o supresión de las barreras no arancelarias, la ampliación de los criterios de adjudicación al mejor postor y el refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y se remite a su Dictamen sobre la ATCI de 12 de febrero de 2015;

18.

acoge con satisfacción los esfuerzos encaminados a reducir la carga que pesa sobre las pymes en el marco del programa «Legislar mejor», el programa REFIT y el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación (AII);

19.

reitera su preocupación, manifestada en su Dictamen sobre el programa REFIT (7), por el hecho de que los representantes elegidos de los entes locales y regionales, así como el CDR en su calidad de representante institucional, no hayan sido incluidos en el Acuerdo interinstitucional, a pesar del peso y el mandato que les confiere el Tratado de Lisboa;

20.

acoge con satisfacción la integración de los principios de mejora de la legislación en todo el ciclo político y la ampliación de las evaluaciones de impacto al Parlamento y al Consejo; lamenta que el Acuerdo interinstitucional no incluya el compromiso del Consejo y el Parlamento de realizar de forma sistemática evaluaciones de impacto;

21.

subraya que la introducción de modificaciones o normas adicionales en las fases posteriores del proceso legislativo o en la fase de transposición de las directivas de la UE por los Estados miembros debe ir de la mano con un compromiso para llevar a cabo evaluaciones de impacto, a fin de evitar la sobrerregulación y asegurarse de que el componente REFIT de una determinada norma no quede diluido;

22.

reconoce la importancia de consultar con las partes interesadas al elaborar las propuestas legislativas; señala, no obstante, que una vez celebradas las consultas, los participantes pueden quedar preguntándose en qué medida sus preocupaciones han sido tomadas en consideración; sugiere que los representantes locales y regionales participen en los comités de evaluación de impacto (CEI) a fin de permitirles llevar a cabo un examen adicional de las propuestas de la Comisión;

23.

subraya que el papel institucional del CDR en la Plataforma REFIT no debe confundirse con el de otras partes interesadas; considera, por consiguiente, que debe darse a los representantes de las comisiones del CDR la posibilidad de asistir al representante del CDR en la Plataforma participando en las reuniones sobre asuntos relacionados con sus ámbitos de competencia respectivos;

24.

se compromete a integrar los principios de mejora de la legislación en su propio trabajo aprovechando los conocimientos especializados de las comisiones temáticas pertinentes cuando emita dictámenes sobre expedientes que afecten a las pymes;

25.

toma nota de que el trabajo de la Plataforma REFIT se centra principalmente en cuestiones específicas de la legislación de la UE que pueden mejorarse sin introducir cambios fundamentales en un acto jurídico en su totalidad; considera que esta perspectiva estricta debe complementarse con un enfoque más ambicioso encaminado a aportar mejoras estructurales al marco reglamentario de la UE a medio plazo;

26.

considera que algunas de las prioridades específicas en materia de normativa inteligente para las pymes son su acceso a la contratación pública y las normas sobre fiscalidad e IVA; a su juicio, también está claro que es preciso actuar en lo que se refiere en el acceso de las pymes al mercado único, su acceso a la financiación, el apoyo a las pymes de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y el establecimiento de un mejor equilibrio entre las necesidades de las pymes y las de la protección de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente;

27.

se congratula de la simplificación del Derecho europeo de contratación pública mediante las nuevas directivas en materia de contratación y el documento europeo único de contratación (8); insta a los Estados miembros a que garanticen la plena aplicación y la correcta ejecución del sistema simplificado de normas del Derecho europeo de contratación pública;