2.10.2017   

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C 330/1

2.10.2017   

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C 330/2

2.10.2017   

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C 330/2

—

Que se anule la sentencia del Tribunal General de 23 de marzo de 2017 en el asunto T-239/15.

—

Que se condene en costas a la parte demandada en primera instancia.

2.10.2017   

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C 330/3

2.10.2017   

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C 330/4

1)

El artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 (1) (en especial, en lo que atañe a la prohibición —establecida en las letras b) y d)— de que un operador interno participe en licitaciones extra moenia o extraterritoriales), ¿debe aplicarse también a las adjudicaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento?

2)

¿Cabe calificar, en abstracto, de «operador interno» —en el sentido del citado Reglamento y eventualmente por analogía con la jurisprudencia desarrollada sobre la figura de «in house providing» [contratación interna]— a una persona jurídica de Derecho público a la que la autoridad estatal ha adjudicado directamente el servicio de transporte local, cuando dicha persona jurídica está vinculada directamente a la autoridad estatal desde el punto de vista de organización y control, y su capital social pertenece al propio Estado (total o parcialmente, y en este último caso junto con otros entes públicos)?

3)

En una adjudicación directa de servicios comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, el hecho de que, tras la adjudicación, la referida autoridad estatal cree un ente público administrativo dotado de facultades de organización de los servicios de que se trata (manteniendo, sin embargo, el Estado la potestad exclusiva de disponer del título de concesión) —ente que no ejerce ningún «control análogo» sobre el adjudicatario directo de los servicios—, ¿constituye una circunstancia susceptible de excluir dicha adjudicación del régimen del artículo 5, apartado 2, del Reglamento?

4)

La expiración original de una adjudicación directa una vez transcurrido el plazo de treinta años que finaliza el 3 de diciembre de 2039 [y que empezó a correr a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1370/2007], ¿supone en cualquier caso la disconformidad de la adjudicación con los principios establecidos en el artículo 5 en relación con el artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento, o debe considerarse subsanada tal irregularidad de manera automática, a todos los efectos jurídicos, por reducción implícita «ex lege» (artículo 8, apartado 3, párrafo segundo) a ese plazo de treinta años?

2.10.2017   

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C 330/5

1)

El artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 (1) (en especial, en lo que atañe a la prohibición —establecida en las letras b) y d)— de que un operador interno participe en licitaciones extra moenia o extraterritoriales), ¿debe aplicarse también a las adjudicaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento?

2)

¿Cabe calificar, en abstracto, de «operador interno» —en el sentido del citado Reglamento y eventualmente por analogía con la jurisprudencia desarrollada sobre la figura de «in house providing» [contratación interna]— a una persona jurídica de Derecho público a la que la autoridad estatal ha adjudicado directamente el servicio de transporte local, cuando dicha persona jurídica está vinculada directamente a la autoridad estatal desde el punto de vista de organización y control, y su capital social pertenece al propio Estado (total o parcialmente, y en este último caso junto con otros entes públicos)?

3)

En una adjudicación directa de servicios comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, el hecho de que, tras la adjudicación, la referida autoridad estatal cree un ente público administrativo dotado de facultades de organización de los servicios de que se trata (manteniendo, sin embargo, el Estado la potestad exclusiva de disponer del título de concesión) —ente que no ejerce ningún «control análogo» sobre el adjudicatario directo de los servicios—, ¿constituye una circunstancia susceptible de excluir dicha adjudicación del régimen del artículo 5, apartado 2, del Reglamento?

4)

La expiración original de una adjudicación directa una vez transcurrido el plazo de treinta años que finaliza el 3 de diciembre de 2039 [y que empezó a correr a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1370/2007], ¿supone en cualquier caso la disconformidad de la adjudicación con los principios establecidos en el artículo 5 en relación con el artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento, o debe considerarse subsanada tal irregularidad de manera automática, a todos los efectos jurídicos, por reducción implícita «ex lege» (artículo 8, apartado 3, párrafo segundo) a ese plazo de treinta años?

2.10.2017   

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C 330/5

1)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios así como los principios de no discriminación, transparencia, libre competencia, proporcionalidad y coherencia, en el sentido de que se opone a una normativa como la contenida en el artículo 1, apartado 653, de la Ley de estabilidad de 2015 y en su legislación de desarrollo que prevé un modelo de concesionario único exclusivo para el servicio del juego de la lotería y no para otros juegos, pronósticos y apuestas?

2)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión y, en particular, el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios y la Directiva 2014/23/UE, (1) así como los principios de no discriminación, transparencia, libre competencia, proporcionalidad y coherencia, en el sentido de que se opone a un anuncio de licitación que prevé una puja de salida muy superior e injustificada con respecto a los requisitos de capacidad económica, financiera, técnica y organizativa del tipo de los previstos en el pliego de condiciones en los apartados 5.3, 5.4, 11, 12.4 y 15.3 de la licitación para la adjudicación de la concesión del juego de la lotería?

3)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión y, en particular, el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios y la Directiva 2014/23/UE, así como los principios de no discriminación, transparencia, libre competencia, proporcionalidad y coherencia, en el sentido de que se opone a una normativa que impone una alternativa de hecho entre ser beneficiario de una nueva concesión o seguir prestando libremente los distintos servicios de apuestas de forma transfronteriza, como la que se deriva de la cláusula 30 del modelo de contrato, de modo que la decisión de participar en la licitación para la adjudicación de la nueva concesión entrañaría renunciar a la actividad transfronteriza, a pesar de que el Tribunal de Justicia ha reconocido en diversas ocasiones la legalidad de dicha actividad?

2.10.2017   

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C 330/6

1.

¿Se oponen el artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 22 y 23 del Reglamento (UE) n.o 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), (1) a la normativa nacional de un Estado miembro en virtud de la cual las empresas de autobuses de línea que atraviesen una frontera interior Schengen resultan obligadas a controlar la documentación de sus pasajeros antes de cruzar la frontera interior, a fin de prevenir el transporte de extranjeros sin pasaporte y sin permiso de residencia al territorio de la República Federal de Alemania?

En particular:

2.

¿Autorizan los artículos 22 y 23 del Código de fronteras Schengen una normativa nacional que prevé, a efectos del cumplimiento de la obligación, la adopción de una orden de prohibición con apercibimiento de imposición de multa coercitiva contra una empresa de autobuses cuando, debido a la falta de inspecciones, han sido transportados al territorio de la República Federal de Alemania extranjeros sin pasaporte ni permiso de residencia?

2.10.2017   

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C 330/7

1)

¿El artículo 32 del Reglamento (UE) n.o 2016/399, (1) de 9 de marzo de 2016, que dispone que, cuando se restablezcan los controles en las fronteras interiores se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones pertinentes del título II (sobre las fronteras exteriores), debe interpretarse en el sentido de que los controles restablecidos en una frontera interior por un Estado miembro son equiparables a los controles efectuados en una frontera exterior cuando ésta es cruzada por un nacional de un tercer país, que carece del derecho de entrada?

2)

En esas mismas circunstancias de restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, ¿dicho Reglamento y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, (2) permiten aplicar al caso de un nacional de un tercer país que cruza una frontera en la que se han restablecido los controles la facultad contemplada en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva, que ofrece a los Estados miembros la posibilidad de continuar aplicando en sus fronteras exteriores procedimientos de retorno simplificados de Derecho interno?

3)

En caso de respuesta afirmativa a esta última cuestión, ¿las disposiciones del artículo 2, apartado 2, letra a), y del artículo 4, apartado 4, de la Directiva se oponen a una norma nacional que, como el artículo L. 621 2 del code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Código de entrada y estancia de extranjeros y derecho de asilo), castiga con pena de prisión la entrada ilegal en el territorio nacional de un nacional de un tercer país para quien no ha finalizado aún el procedimiento de retorno establecido en dicha Directiva?

2.10.2017   

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C 330/8

1)

¿Comprende el concepto de «enseñanza escolar o universitaria» utilizado en el artículo 132, apartado 1, letras i) y j), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) la enseñanza en autoescuelas para la obtención de permisos de conducción de las categorías B y C1?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿El reconocimiento de la demandante como «organismo que tiene fines comparables» a los efectos del artículo 132, apartado 1, letra i), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, puede derivarse de las disposiciones legales sobre el examen de profesores de autoescuela y la expedición de los permisos de instructor de autoescuela y de autoescuela que se recogen en la Ley alemana de autoescuelas de 25 de agosto de 1969 (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), modificada por última vez por la Ley de 28 de noviembre de 2016 (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722), y del interés general en la formación de conductores seguros, responsables y con conciencia medioambiental?

3)

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:

¿Exige el concepto de «clases dadas a título particular por docentes» que utiliza el artículo 132, apartado 1, letra j), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, que el sujeto pasivo sea un empresario individual?

4)

En caso de respuesta negativa a las cuestiones segunda y tercera:

¿Imparte un docente «clases a título particular» en el sentido del artículo 132, apartado 1, letra j), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, siempre que actúe por su propia cuenta y bajo su propia responsabilidad, o la característica «docente que imparte clases a título particular» implica además otros requisitos?

2.10.2017   

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C 330/9

1)

¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, (1) por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en el sentido de que la persona a que allí se alude, que ejerce una actividad asalariada, no está sujeta a la legislación del Estado miembro en que la empresa que la emplea está establecida si, de conformidad con la legislación mencionada en el artículo 1, letra l), del Reglamento de base, dicha persona no poseía la condición de asegurada en dicho Estado miembro inmediatamente antes de su contratación?

2)

En caso de que proceda responder negativamente a la primera cuestión prejudicial, ¿es lícito que, al interpretar el contenido y el sentido del concepto de «sujeto» que utilizan el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 987/2009 y el artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, el tribunal nacional tenga en cuenta de qué Estado miembro es nacional la persona si la persona que ejerce una actividad asalariada únicamente estaba sujeta a la legislación nacional en virtud de su nacionalidad?

3)

En caso de que también proceda responder negativamente a la segunda cuestión prejudicial, ¿puede el tribunal nacional, al aplicar el concepto mencionado en la segunda cuestión prejudicial, tener en cuenta la residencia habitual y permanente de la persona que ejerce una actividad asalariada en el sentido del artículo 1, letra j), del Reglamento n.o 883/2004?

4)

En caso de que también proceda responder negativamente a la tercera cuestión prejudicial, ¿qué elementos de interpretación debe considerar el tribunal nacional al determinar el contenido del concepto de «sujeto a la legislación» que utilizan el artículo 12, apartado 1, del Reglamento de base y el artículo 14, apartado 1, del Reglamento [n.o 987/2009] para aplicar dichas disposiciones de forma acorde con su sentido preciso?

2.10.2017   

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C 330/9

1)

¿Constituyen la atención y asistencia de urgencia a pacientes en una ambulancia de emergencia por un técnico en transporte y emergencias sanitarias/socorrista y la atención y asistencia a pacientes en una ambulancia dedicada al transporte de pacientes por un socorrista/auxiliar de transporte sanitario «servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos laborales» en el sentido del artículo 10, letra h), de la Directiva 2014/24/UE, (1) comprendidos en los códigos CPV [75252000-7] (Servicios de rescate) y 85143000-3 (Servicios de ambulancia)?

2)

¿Puede interpretarse el artículo 10, letra h), de la Directiva 2014/24/UE en el sentido de que son «organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro», en particular, aquellas organizaciones asistenciales reconocidas con arreglo al Derecho nacional como organizaciones de protección civil y defensa civil?

3)

¿Son «organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro» en el sentido del artículo 10, letra h), de la Directiva 2014/24/UE aquellas cuyo propósito consista en el cumplimiento de funciones de interés general, que actúen sin ánimo de lucro y que reinviertan los posibles beneficios con el fin de cumplir el propósito de la organización?

4)

¿Constituye el transporte de un paciente en una ambulancia, asistido por un socorrista/auxiliar de transporte sanitario («transporte especial de enfermos») un «transporte en ambulancia de pacientes» a efectos del artículo 10, letra h), de la Directiva 2014/24/UE, no comprendido en la excepción y sujeto a la Directiva 2014/24/UE?

2.10.2017   

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C 330/11

—

Anule la Decisión de la Comisión ARES (2017) 2484833 de 16 de mayo de 2017.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la incompleta relación de los hechos relevantes para la Decisión.

2.

Segundo motivo, basado en que la valoración de los hechos contradice otros informes.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de audiencia.

2.10.2017   

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C 330/11

—

Anule la resolución impugnada en la medida en que declaró la nulidad de la Marca de la Unión n.o 11508967 por carecer de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, en lo que respecta a los siguientes servicios comprendidos en la clase 36 «Operaciones financieras; Información financiera; Administración financiera; Financiación (Servicios de); Análisis financiero; Constitución o inversión de capitales; Consultoría financiera; Patrocinio financiero; Negocios financieros (préstamos); Evaluaciones financieras (seguros, bancos, inmuebles); Constitución y colocación de fondos; Descuento de facturas [factoraje]; Emisión de bonos de valor; Cotizaciones en bolsa; Corretaje en bolsa; Operaciones monetarias; Operaciones de cambio; Estimaciones y peritajes fiscales; Negocios inmobiliarios; Fondos de previsión (Servicios de); Banca directa; Emisión de cheques de viaje o tarjetas de crédito; Tasaciones inmobiliarias».

—

Condene a la sociedad Raizers, recurrente en la acción de nulidad, a cargar con sus propias costas y con las de la sociedad Raise Conseil, incluidos los gastos de representación.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

2.10.2017   

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C 330/12

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG.

—

Condene a in-edit Sàrl a cargar con sus costas en caso de que intervenga ante el Tribunal.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

2.10.2017   

ES

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C 330/13

—

Anule la decisión de la Junta Única de Resolución de 7 de junio de 2017 (SRB/EES/2017/08) en relación con la adopción de un dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español SA., y de la decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por la que aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español SA;

—

Condene a la parte demandada a reparar el daño y los perjuicios derivados de la pérdida de valor que experimentaron las acciones del Banco Popular Español, S.A., de las que es titular Comercial Vascongada Recalde, SA., tomando como referencia para la indemnización la diferencia entre el valor de las acciones a fecha de 6 de junio de 2017, es decir, 133 385,04 euros, más los intereses que puedan corresponder.

1.

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 18.1.a) y 18.4.c) del Reglamento (UE) no 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de junio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco del Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el reglamento (UE) no 1093/2010 (1), en la medida en que el Banco Popular no se encontraba en la situación de «graves dificultades» que estos preceptos describen.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 10.10, 10.11 y 21.2.b) del Reglamento no 806/2014, en la medida en que sí existían medidas alternativas a la Resolución del Banco Popular.

2.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 330/13

—

Anule la decisión de la Junta Única de Resolución de 7 de junio de 2017 (SRB/EES/2017/08) en relación con la adopción de un dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español SA., y de la decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por la que aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español SA;

—

Condene a la parte demandada a reparar el daño y los perjuicios derivados de la pérdida de valor que experimentaron las acciones del Banco Popular Español, S.A., de las que son titulares los demandantes, tomando como referencia para la indemnización la diferencia entre el valor de las acciones a fecha de 6 de junio de 2017, es decir, 9 212,34 euros, más los intereses que puedan corresponder.

2.10.2017   

ES

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C 330/14

—

Anule la Decisión de la Junta Única de Resolución de 7 de junio de 2017 (SRB/EES/2017/08);

—

Condene a la demandada al pago de las costas procesales.

2.10.2017   

ES

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C 330/14

—

Anule, íntegra o parcialmente, la decisión de la Comisión de 27 de marzo de 2017 (SA.38825) Ayuda estatal — Italia, supuesta ayuda estatal concedida a los proveedores privados de servicios sociosanitarios.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE y en el error cometido por la Comisión al considerar justificada la exclusión selectiva de las entidades públicas proveedoras de servicios sociosanitarios de las prestaciones económicas por maternidad del INPS (Instituto Nacional de Previsión Social) y del reembolso de los gastos por ausencia de los trabajadores que prestan asistencia a familiares con una discapacidad grave.

2.

Segundo motivo, basado en el origen estatal de la ayuda, por considerar la demandante que los fondos destinados a cubrir los costes que tienen para las empresas privadas las prestaciones económicas por maternidad y los gastos generados por la ausencia de los trabajadores que prestan asistencia a familiares con una discapacidad grave son financiados por el INPS y, en consecuencia, por el Estado italiano mediante recursos estatales.

3.

Tercer motivo, basado en el hecho de que, a juicio de la demandante, tales medidas favorecen a las empresas privadas, al concederles una ventaja en relación con las entidades públicas que prestan los mismos servicios, que deben soportar la totalidad de los costes relativos a los períodos de ausencia por maternidad y asistencia a familiares con una discapacidad grave, lo cual tiene importantes repercusiones económicas.

4.

Cuarto motivo, basado en el hecho de que, en opinión de la demandante, las medidas controvertidas tienen incidencia en los intercambios entre Estados miembros, puesto que otorgan ventaja a los grupos multinacionales y a las empresas italianas con participación en su capital de empresas extranjeras que invierten con ánimo de lucro en Italia, mientras que penalizan a las entidades públicas de dimensiones reducidas que operan sin ánimo de lucro, alterando de este modo la estructura de los costes salariales.

2.10.2017   

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C 330/15

—

Se anule la Decisión (SRB/EES/2017/08) de la Junta Única de Resolución en su sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A.;

—

Se anule la Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español, S.A.;

—

Se condene en costas a la parte demandada y a los intervinientes en poyo total o parcial de sus pretensiones.

1.

Primer motivo, basado en la falta o insuficiencia de motivación de la decisión impugnada, con la consiguiente infracción de los artículos 41.2 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2.

Segundo motivo, basado la infracción del artículo 20.1 del Reglamento (EU) 806/2014 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 15 de julio de 2014, por no haberse realizado una valoración razonable, prudente y realista del activo y pasivo del Banco Popular por una persona independiente con anterioridad a la decisión de resolución.

3.

Violación del artículo 18.1.a) en relación con el artículo 18.4.c) del Reglamento (EU) 806/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, en la medida en que las decisiones recurridas acuerdan la resolución del Banco Popular cuando, a 6 de junio de 2017, esta entidad bancaria no tenía problemas de solvencia y sus problemas de liquidez eran temporales.

4.

Violación del artículo 18.1.b) del Reglamento (EU) 806/2014, en la medida en que las decisiones recurridas acuerdan la resolución del Banco Popular, cuando existían perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado pudieran impedir si inviabilidad en un plazo de tiempo razonable.

5.

Violación del artículo 14.2 del Reglamento (EU) 806/2014, puesto que no se ha tratado de minimizar el coste de la resolución y evitar la destrucción de riqueza, que no sea necesaria para alcanzar los objetivos de la resolución.

6.

Infracción del artículo 22 del reglamento (EU) 806/2014, al no ponderar las decisiones impugnadas y adoptar los instrumentos de resolución alternativos a la venta del negocio, previstos en su apartado 2, conforme a las circunstancias del apartado 3.

7.

Infracción del artículo 15.1.g) del Reglamento (EU) 806/2014, en la medida en que los accionistas deberían percibir más que lo que percibirían en caso de concurso.

8.

Infracción del artículo 29 del Reglamento (UE) 806/2014.

9.

Vulneración del derecho de propiedad y, por consiguiente, del artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

10.

Vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva, dada la indefensión de los accionistas.

11.

Violación del derecho de los accionistas y demás titulares de valores incluidos en el ámbito de aplicación de la acción de amortización y conversión a ser oídos antes de tomar la medida individual de amortización de su patrimonio que le afecta desfavorablemente.

2.10.2017   

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C 330/16

—

Anule la decisión de la Junta Única de Resolución, de 7 de junio de 2017 número SRB/EES/2017/08 destinada al FROB aprobando un plan de restructuración con respecto al Banco Popular Español;

—

Anule la Decisión de la Comisión Europea 2017/1246 de 7 de junio de 2017 respaldando el plan de resolución del Banco Popular Español; y

—

En virtud de lo dispuesto en el artículo 340 del TFUE declare la responsabilidad extracontractual de la JUR y la Comisión Europea y ordene la reparación del daño causado al demandante.

2.10.2017   

ES

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C 330/17

—

Anule la decisión de la Junta Única de Resolución, de 7 de junio de 2017 número SRB/EES/2017/08 destinada al FROB aprobando un plan de restructuración con respecto al Banco Popular Español;

—

Anule la Decisión de la Comisión Europea 2017/1246 de 7 de junio de 2017 respaldando el plan de resolución del Banco Popular Español; y

—

En virtud de lo dispuesto en el artículo 340 del TFUE declare la responsabilidad extracontractual de la JUR y la Comisión Europea y ordene la reparación del daño causado al demandante.

2.10.2017   

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C 330/18

—

Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 24 de mayo de 2017.

—

Condene en costas a la parte recurrida.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

—

Infracción del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 y vulneración del principio de autonomía.

—

Violación de los principios de seguridad jurídica, comercio legítimo y buena administración.