30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/1

1.

El 31 de marzo de 2010, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo regulador de la iniciativa ciudadana (3). La Propuesta se formula tras una consulta pública sobre esta materia celebrada entre el 11 de noviembre de 2009 y el 31 de enero de 2010 (4).

2.

La iniciativa ciudadana es una de las novedades introducidas en la legislación de la UE por el Tratado de Lisboa, y hace posible que un grupo de al menos un millón de ciudadanos que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros inviten a la Comisión a presentar una propuesta legislativa. La propuesta de Reglamento se basa en el artículo 11, apartado 4, del TUE y en el artículo 24, apartado 1, del TFUE, que establecen que los procedimientos y las condiciones preceptivos para la presentación de la iniciativa ciudadana se determinen con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

3.

La propuesta fue remitida al SEPD de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 el mismo día en que fue adoptada. Antes de la adopción de la propuesta, el SEPD fue consultado de manera informal. El SEPD mostró su satisfacción por esta consulta informal y le complace comprobar que la mayoría de sus observaciones se han tenido en cuenta en la propuesta final.

4.

De una manera general, el SEPD está satisfecho con el modo en que se aborda la cuestión de la protección de datos en la propuesta de Reglamento. Entrando en los detalles, el SEPD sugiere algunos ajustes. Dichos ajustes se exponen en el Capítulo II de este Dictamen.

5.

Como observación preliminar, el SEPD querría subrayar que la observancia plena de las reglas de protección de datos contribuye significativamente a la fiabilidad, la fortaleza y el éxito de este importante nuevo instrumento.

6.

De conformidad con el artículo 11, apartado 4, del TUE y con el artículo 24, apartado 1, del TFUE, la propuesta establece los procedimientos y las condiciones de la iniciativa ciudadana. La propuesta de Reglamento define el número mínimo de Estados miembros, el número mínimo de ciudadanos por Estado miembro y la edad mínima para que los ciudadanos tengan derecho a participar en una iniciativa. Además, la propuesta establece las condiciones fundamentales y de procedimiento para que la Comisión examine una iniciativa.

7.

Este Dictamen se centra exclusivamente en las disposiciones relevantes desde la perspectiva de la protección de datos. Se trata de las reglas de registro de las iniciativas ciudadanas (artículo 4), los procedimientos para la recogida de las declaraciones de apoyo (artículos 5 y 6) y los requisitos para la verificación y certificación de las declaraciones de apoyo (artículo 9). El artículo 12 de la propuesta presta una atención especial a la protección de datos. Además, el artículo 13 se ocupa de la responsabilidad de los organizadores de una iniciativa ciudadana. Procederemos ahora a analizar en detalle estas disposiciones.

8.

Antes de iniciar la recogida de declaraciones de apoyo de los firmantes, el organizador debe registrar la iniciativa ante la Comisión mediante un sistema de registro en una página web. Debe proporcionar la información contemplada en el Anexo II de la propuesta de Reglamento. Dicha información incluye datos personales del organizador, a saber, nombre completo, dirección postal y dirección de correo electrónico. De conformidad con el artículo 4, apartado 5, de la propuesta, las propuestas de iniciativas ciudadanas se publicarán en el registro. Si bien no queda totalmente claro en el texto, el SEPD asume que la dirección postal y la dirección de correo electrónico del organizador no se harán públicas a través del registro. De no ser así, el SEPD sugiere que el legislador evalúe y explique la necesidad de hacer públicos estos datos y aclare el texto del artículo 4 a este respecto.

9.

El organizador es responsable de la recogida de las necesarias declaraciones de apoyo de los firmantes a una propuesta de iniciativa ciudadana. De conformidad con el artículo 5, apartado 1, los formularios de declaración de apoyo deben ajustarse al modelo establecido en el Anexo III de la propuesta de Reglamento. Este modelo de formulario exige que el firmante proporcione determinados datos personales (evidentes), como nombre y apellido y, en el caso del formulario en papel, la firma física. A efectos de la verificación de la autenticidad de una declaración de apoyo por parte de la autoridad competente, también es necesario proporcionar otros datos: la ciudad y el país de residencia del firmante, su fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de identificación personal, tipo de número de identificación/documento de identidad y el Estado miembro que expidió dicho número/documento. El formulario incluye otros campos no obligatorios como la calle en la que vive el firmante y su dirección de correo electrónico.

10.

El SEPD considera que todos los campos de datos obligatorios del formulario son necesarios a efectos de organizar la iniciativa ciudadana y de garantizar la autenticidad de las declaraciones de apoyo, excepto el número de identificación personal. Existen diferencias entre los Estados miembros respecto a cómo se regula el uso de dicho número de identificación único. En cualquier caso, el SEPD no ve cuál es el valor añadido de la identificación personal a efectos de verificar la autenticidad de las declaraciones de apoyo. El resto de los datos solicitados ya puede considerarse suficiente a tal efecto. Por consiguiente, el SEPD recomienda que se suprima este campo de información del modelo de formulario del Anexo III.

11.

El SEPD también alberga dudas sobre la necesidad de incluir los campos de información no obligatoria en el modelo de formulario y recomienda que se supriman dichos campos del formulario del Anexo III si dicha necesidad no queda demostrada.

12.

El SEPD recomienda, además, que se incluya una declaración estándar de privacidad al final del formulario, indicando la identidad del responsable del tratamiento, los fines para los que se recoge la información, quiénes son los demás destinatarios de los datos y el período de conservación de los mismos. El artículo 10 de la Directiva 95/46/CE exige que se proporcione dicha información al interesado.

13.

El artículo 6 de la propuesta de Reglamento se ocupa de la recogida de declaraciones de apoyo por medio de sistemas a través de páginas web. El artículo 6 exige que, antes de proceder a la recogida de las declaraciones, el organizador se asegurará de que el sistema de recogida a través de páginas web dispone de características técnicas y de medios de seguridad adecuados que garanticen, inter alia, que los datos proporcionados a través de páginas web sean almacenados con seguridad «[de modo] que no puedan modificarse o utilizarse para fines distintos del referido apoyo a una iniciativa ciudadana, así como que los datos personales sean protegidos contra la destrucción accidental o ilícita, la pérdida accidental, la alteración o la difusión o acceso sin autorización» (5).

14.

El apartado 2 del artículo 6 dispone, además, que el organizador podrá pedir, en todo momento, a la correspondiente autoridad competente una certificación que acredite que el sistema de recogida a través de páginas web es conforme con tales requisitos. En cualquier caso, el organizador deberá pedir dicha certificación antes de presentar las declaraciones de apoyo para su verificación (véase el artículo 9 infra).

15.

Además, el apartado 5 del artículo 6 obliga a la Comisión a aprobar especificaciones técnicas para la aplicación de estas reglas de seguridad, de conformidad con el procedimiento de comitología contemplado en el artículo 19, apartado 2, de la propuesta.

16.

El SEPD muestra su satisfacción por el énfasis que hace el artículo 6 de la propuesta en la seguridad de los sistemas de recogida a través de páginas web. La obligación de garantizar la seguridad del tratamiento de datos es uno de los requisitos de protección de datos contemplado en el artículo 17 de la Directiva 95/46/CE. Al SEPD le complace comprobar que, como resultado de los comentarios informales del SEPD, la Comisión ha alineado el texto del artículo 6, apartado 4, de la propuesta con el texto del artículo 17, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE. Además, el SEPD se muestra satisfecho por la inclusión, en el apartado 4 del artículo 6, de la obligación de garantizar que los datos no se usarán para fines distintos del referido apoyo a la iniciativa ciudadana en cuestión. Sin embargo, el SEPD anima al legislador a incluir una obligación comparable de alcance general en el artículo 12 (véase el punto 27 infra).

17.

El SEPD alberga dudas respecto al momento de la certificación por parte de la correspondiente autoridad competente. El organizador sólo está obligado a pedir dicha certificación en última instancia, antes de presentar las declaraciones de apoyo recogidas a dicha autoridad, para su verificación. Podrá hacerlo en una fase previa. Partiendo de la hipótesis de que la certificación del sistema a través de páginas web tiene un valor añadido, el SEPD considera que la certificación debería hacerse antes de la recogida de las declaraciones, con el fin de prevenir la recogida de datos personales de al menos un millón de ciudadanos a través de un sistema que, posteriormente, puede resultar no ser suficientemente seguro. Por consiguiente, el SEPD invita al legislador a incluir esta obligación en el texto del apartado 2 del artículo 6. Por supuesto, deberá asegurarse que el procedimiento de certificación no supone una carga administrativa innecesaria para el organizador.

18.

En relación con este punto, el SEPD desea señalar el artículo 18 de la Directiva 95/46/CE, que obliga a los responsables del tratamiento a notificar una operación de tratamiento de datos a la autoridad nacional de protección de datos antes de la realización de un tratamiento, a no ser que apliquen determinadas exenciones. En la propuesta de Reglamento, no queda claro de qué forma se aplica esta obligación de notificación, sujeta a exención, a la certificación por parte de la autoridad nacional competente. Con el fin de evitar, en la medida de lo posible, cargas administrativas, el SEPD invita al legislador a aclarar la relación entre el procedimiento de notificación del artículo 18 de la Directiva 95/46/CE y el procedimiento de certificación del artículo 6 de la propuesta de Reglamento.

19.

Por lo que respecta a las reglas de aplicación de las especificaciones técnicas, el SEPD espera que se le consulte antes de que se adopten dichas reglas de aplicación, en particular teniendo en cuenta que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el resultado del Libro Verde hace referencia a varios sistemas propuestos durante la consulta pública para asegurar la autenticidad de las firmas recogidas a través de páginas web, incluyendo la posibilidad de una tarjeta inteligente de ciudadanía europea que permita la firma electrónica. Obviamente, un sistema de estas características suscita nuevas consideraciones en materia de protección de datos (6).

20.

Recogidas las firmas de apoyo necesarias, el organizador presentará las declaraciones de apoyo a las correspondientes autoridades competentes a efectos de verificación y certificación. El organizador transfiere los datos personales de los firmantes a la autoridad competente del Estado miembro que ha expedido el documento de identificación del firmante según se indique en la declaración de apoyo. En un plazo no superior a tres meses, la autoridad competente verificará, mediante «controles apropiados», las declaraciones de apoyo y entregará al organizador un certificado (7). El certificado se utilizará en el momento de presentar la iniciativa a la Comisión.

21.

El SEPD se muestra satisfecho con este sistema descentralizado, por el cual la Comisión no dispondrá de los datos personales de los firmantes, sino tan sólo de los certificados expedidos por las autoridades nacionales competentes. Este sistema reduce los riesgos de tratamiento indebido de datos personales ya que minimiza el número de destinatarios de dichos datos.

22.

En el texto no queda claro qué se entiende por «controles apropiados» de la autoridad competente. El Considerando 15 pertinente tampoco aclara esta cuestión. El SEPD se pregunta cómo controlarán las autoridades competentes la autenticidad de las declaraciones de apoyo. Está especialmente interesado en saber si las autoridades competentes serán capaces de comprobar las declaraciones que contienen la información sobre la identidad de los ciudadanos disponible en otras fuentes, como pueden ser registros nacionales o regionales. El SEPD invita al legislador a especificar esta cuestión.

23.

El artículo 12 de la propuesta de Reglamento se dedica exclusivamente a la protección de datos personales. La disposición hace hincapié en que tanto el organizador como las autoridades competentes habrán de cumplir lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y en las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la misma. En el Considerando 20 también se menciona que el Reglamento (CE) no 45/2001 es aplicable al tratamiento de datos personales que efectúe la Comisión al registrar al organizador de una iniciativa. El SEPD se muestra satisfecho con estas disposiciones.

24.

Además, la disposición establece de manera explícita que el organizador y las autoridades competentes se considerarán responsables del tratamiento de los datos a efectos del tratamiento respectivo de datos personales. El SEPD se muestra satisfecho con esta disposición. El responsable del tratamiento tiene una responsabilidad primordial de cumplimiento de las reglas de protección de datos. El artículo 12 de la propuesta evita toda duda respecto a quién debe ser considerado responsable del tratamiento.

25.

El artículo 12 también dispone los períodos máximos de conservación de los datos personales recogidos. En el caso del organizador, el plazo que se establece es de un mes después de presentar la iniciativa a la Comisión, o al menos 18 meses después de la fecha de registro de una propuesta de iniciativa. Las autoridades competentes deberán destruir los datos como muy tarde un mes después de la expedición del certificado. El SEPD se muestra satisfecho con estas limitaciones ya que aseguran el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1(e), de la Directiva 95/46/CE.

26.

El SEPD también se muestra satisfecho por el hecho de que el artículo 12 del texto reproduzca el apartado 1 del artículo 17 de la Directiva 95/46/CE sobre seguridad del tratamiento de datos. De este modo queda claro que estas obligaciones no sólo se aplican cuando se utiliza un sistema de recogida a través de páginas web (véase el punto 13 supra, entre otros), sino en todas las situaciones contempladas por la propuesta de Reglamento.

27.

Como se ha señalado en el punto 16 supra, el SEPD recomienda que el legislador incluya otro párrafo en el artículo 12 garantizando que los datos personales recogidos por el organizador (ya sea a mediante un sistema de recogida a través de páginas web o por cualquier otro medio) no se utilizan para fines distintos del referido apoyo a la iniciativa ciudadana en cuestión y, además, que los datos recibidos por la autoridad competente sólo se utilizan con el fin de verificar la autenticidad de las declaraciones de apoyo a una iniciativa ciudadana determinada.

28.

En el artículo 13, se dispone que los Estados miembros se asegurarán de que los organizadores, residentes o establecidos en su territorio, sean responsables, conforme a su respectivo derecho civil o penal, por toda infracción de la propuesta de Reglamento y, en particular, inter alia, por la falta de conformidad con los requisitos de los sistemas de recogida a través de páginas web o por la utilización fraudulenta de datos. En el Considerando 19, se hace referencia al Capítulo III de la Directiva 95/46/CE, que trata de recursos judiciales, responsabilidad y sanciones y dispone que este capítulo es enteramente aplicable al tratamiento de datos llevado a cabo en cumplimiento de la propuesta de Reglamento. El artículo 13 de la propuesta debe considerarse como un complemento a esto al referirse, de manera explícita, a diferencia del Capítulo III de la Directiva 95/46/CE, al derecho civil y penal de los Estados miembros. El SEPD se muestra obviamente satisfecho con esta disposición.

29.

Como se ha señalado en la introducción y como queda claro a partir del análisis del Capítulo II de este Dictamen, el SEPD se muestra satisfecho, de una manera general, por la forma en que la cuestión de la protección de datos se aborda en la propuesta de Reglamento regulador de la iniciativa ciudadana. La protección de datos se ha tenido claramente en cuenta, y la propuesta está formulada de un modo que asegura el cumplimiento de las reglas de protección de datos. El SEPD se muestra particularmente satisfecho con el artículo 12 que se dedica exclusivamente a la protección de datos y que aclara responsabilidades y períodos de conservación de datos. El SEPD querría subrayar que la observancia plena de las reglas de protección de datos contribuye significativamente a la fiabilidad, la fortaleza y el éxito de este importante nuevo instrumento. Si bien se muestra satisfecho de una manera general con la propuesta, el SEPD considera que sigue habiendo margen de mejora.

30.

El SEPD recomienda que el legislador modifique el artículo 6, de manera que el organizador esté obligado a solicitar la certificación de la seguridad del sistema de recogida a través de páginas web antes de empezar a recoger las declaraciones de apoyo. Además, dichos procedimientos de certificación no deberían constituir una carga administrativa innecesaria para el organizador. Asimismo, el SEPD recomienda que se aclare la relación entre el procedimiento de notificación del artículo 18 de la Directiva 95/46/CE y el procedimiento de certificación del artículo 6 de la propuesta de Reglamento.

31.

Con el fin de mejorar todavía más la propuesta, el SEPD recomienda que el legislador:

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C 323/6

1.

El 29 de marzo de 2010, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, por la que se deroga la Decisión marco 2004/68/JAI (3) (en adelante, «la propuesta»).

2.

La propuesta tiene por objeto derogar una Decisión marco adoptada el 22 de diciembre de 2003, debido a que se han detectado algunas deficiencias en dicha legislación. El nuevo texto reforzará la lucha relativa a los abusos contra la infancia en relación con los siguientes aspectos: la tipificación de las formas graves de abusos sexuales en relación, por ejemplo, con el turismo sexual que afecta a niños; la protección de los niños que no están acompañados, la investigación criminal y la coordinación de las acciones judiciales; los nuevos delitos en el contexto de las TI; la protección de las víctimas; y la prevención de delitos.

3.

En materia de la prevención de delitos, uno de los instrumentos será la restricción del acceso a la pornografía infantil en Internet.

4.

El SEPD ha destacado el principal objetivo de la propuesta. El SEPD no pretende cuestionar la necesidad de establecer un marco más adecuado que proporcione las medidas apropiadas para proteger a los niños contra los abusos. Sin embargo, el SEPD desea enfatizar el impacto que alguna de las medidas previstas en la propuesta, como el bloqueo de sitios web y la creación de líneas directas, pueden tener sobre los derechos fundamentales relativos a la intimidad y a la protección de datos de los particulares implicados. Por este motivo, ha decidido presentar este dictamen por iniciativa propia.

5.

Los problemas de protección de datos están relacionados con dos aspectos de la propuesta, que no son específicos de la lucha contra los abusos a los niños sino de cualquier iniciativa que tenga como fin la colaboración del sector privado en la aplicación de la ley. Los problemas ya han sido analizados por el SEPD en diversos contextos, especialmente en relación con la lucha contra los contenidos ilícitos en Internet (4).

6.

En relación con la propuesta, las dos cuestiones que se analizan se han desarrollado en el considerando 13 y en el artículo 21, y pueden describirse como sigue:

7.

La propuesta prevé dos posibles alternativas para bloquear el acceso desde el territorio de la Unión a páginas de Internet identificadas que contengan o difundan pornografía infantil: mecanismos para facilitar el bloqueo por orden de las autoridades judiciales o policiales competentes o acciones de carácter voluntario por parte de los proveedores de servicios de Internet, con el fin de bloquear páginas de Internet sobre la base de códigos de conducta o directrices.

8.

El SEPD cuestiona los criterios y las condiciones que conducen a la decisión de bloqueo ya que, si bien es cierto que podría apoyar las acciones llevadas a cabo por las autoridades policiales y judiciales dentro de un marco legal bien definido, se le plantean serias dudas en relación con la seguridad jurídica de un bloqueo impuesto por entidades privadas.

9.

En primer lugar, el SEPD cuestiona la posible supervisión de Internet que podría conducir a dicho bloqueo. La supervisión y el bloqueo pueden implicar diversas actividades, incluida la exploración de Internet, con el fin de identificar los sitios web ilícitos o sospechosos y bloquear su acceso a los usuarios finales, así como la supervisión del comportamiento en línea de los usuarios finales que intentan acceder o descargar dichos contenidos. Los instrumentos empleados son diversos e implican diferentes grados de intrusión, pero dan lugar a preguntas similares acerca del papel de los proveedores de servicios de Internet en lo que respecta al tratamiento de la información de contenidos.

10.

Dichas actividades de vigilancia tienen consecuencias sobre la protección de datos, puesto que se tratan los datos personales de diversos individuos, ya sea información sobre las víctimas, los testigos, los usuarios o los proveedores de contenidos. El SEPD ha expresado en anteriores dictámenes su preocupación respecto a la supervisión de los particulares por parte de los actores del sector privado (por ejemplo, proveedores de servicios de Internet o titulares de derechos de autor), en áreas que, en principio, son competencia de las autoridades policiales (5).

11.

El SEPD ha afirmado en varias ocasiones que «la supervisión del comportamiento de los usuarios de Internet y la recopilación de sus direcciones IP equivale a una injerencia en su derecho a que se respeten su vida privada y su correspondencia (…). Esta opinión está en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (7)». Considerando esta injerencia, son necesarias garantías más adecuadas a fin de asegurar que la supervisión y/o el bloqueo se llevará a cabo únicamente de manera muy selectiva y bajo control judicial y que se evitará el uso indebido de este mecanismo a través de las adecuadas medidas de seguridad.

12.

El Safer Internet Programme (Programa para una Internet más segura) ha previsto una red de líneas directas, tal como se menciona en el considerando 13 de la propuesta, sobre la que el SEPD ha emitido el dictamen arriba mencionado. Uno de los comentarios del SEPD hace referencia precisamente a las condiciones en las que la información será recogida, centralizada e intercambiada. Resulta necesario describir con precisión lo que debe considerarse contenido ilícito o nocivo, las personas que están autorizadas a recoger y conservar la información así como las garantías específicas que deben observarse.

13.

Este aspecto resulta especialmente importante si tenemos en cuenta las consecuencias asociadas a la comunicación de información. Además de la información relacionada con los niños, pueden estar en juego los datos personales de todas las personas que, de algún modo, están conectadas con la información que circula en la red, incluida, por ejemplo, la información de la persona que ha sido denunciada como sospechosa, la de un usuario de Internet o la del proveedor del contenido, pero también la información sobre la persona que ha denunciado un contenido sospechoso o sobre la víctima del abuso. Al desarrollar los procedimientos de información no deben pasarse por alto los derechos de todos estos particulares, sino que deben tenerse en cuenta, con arreglo a lo dispuesto en el marco de protección de datos vigente.

14.

Durante la fase judicial del asunto, la información recogida por estas líneas directas seguramente constituirá un elemento importante para su enjuiciamiento. En relación con los requisitos de calidad y de integridad, deben implantarse garantías adicionales que aseguren que la información que se considera prueba digital se ha recogido y conservado de manera adecuada y que, por tanto, será admitida por un tribunal.

15.

Las garantías relacionadas con la supervisión del sistema, en principio efectuada por los servicios de seguridad, son elementos decisivos en este ámbito. La transparencia y las posibilidades de reparación independiente, a disposición de los particulares, son otros de los elementos esenciales que deben integrarse en este programa.

16.

Si bien el SEPD no tiene motivos para obstaculizar el desarrollo de un marco fuerte y efectivo de lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, se insiste en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica relativa a todos los actores implicados, incluidos los proveedores de servicios de Internet y los particulares que utilizan la red.

17.

Aunque se considera una buena noticia que se mencione en la propuesta la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los usuarios finales, no basta con esto, ya que dicha mención debería incluir la obligación de que los Estados miembros garanticen procedimientos armonizados, claros y pormenorizados de lucha contra el contenido ilícito, bajo la supervisión de las autoridades públicas independientes.

—

Dictamen del SEPD, de 23 de junio de 2008, sobre la propuesta de Decisión por la que se establece un programa comunitario plurianual sobre la protección de la infancia en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación, DO C 2 de 7.1.2009, p. 2,

—

Dictamen del SEPD, de 22 de febrero de 2010, sobre las negociaciones que mantiene la Unión Europea sobre un Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA).

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C 323/9

1.

El 12 de julio de 2010, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de garantía de depósitos (refundición) (3).

2.

La propuesta fue remitida al SEPD de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 el mismo día en que fue adoptada. Antes de la adopción de la propuesta, el SEPD fue consultado de manera informal. El SEPD mostró su satisfacción por esta consulta informal y le complace comprobar que todas sus observaciones se han tenido en cuenta en la propuesta final.

3.

En este Dictamen, el SEPD analiza y explica sucintamente los aspectos de la propuesta relacionados con la protección de datos.

4.

Los Sistemas de Garantía de Depósitos (SGD) reembolsan depósitos a los depositantes hasta un cierto límite en caso de que un banco deba cerrar. El 30 de mayo de 1994, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 94/19/CE, que obliga a los Estados miembros a implantar en su territorio uno o más SGD. Poco después de que se declarara la crisis financiera en 2008, el Consejo animó a la Comisión a presentar una propuesta apropiada destinada a promover la convergencia de los SGD, al objeto de contribuir a restablecer la confianza en el sector financiero. El 11 de marzo de 2009, con carácter urgente, la Directiva 2009/14/CE modificó la Directiva 94/19/CE. La modificación más visible consistió en el aumento del nivel de cobertura de los depositantes, que pasa de 20 000 EUR a 100 000 EUR en caso de que un banco tenga que cerrar. En el punto 5 de la Exposición de Motivos de la actual propuesta, la Comisión señala que, como la Directiva 2009/14/CE no se ha implementado íntegramente aún, debe procederse a una consolidación y modificación de las Directivas 94/19/CE y 2009/14/CE a través de una refundición.

5.

El objetivo de la propuesta es la simplificación y armonización de las normas nacionales relevantes, en particular respecto al ámbito de cobertura y las disposiciones para el reembolso. Las disposiciones se modifican con el fin de introducir una nueva reducción del plazo máximo de pago a los depositantes y garantizar un mayor acceso de los SGD a información sobre sus miembros (las entidades de crédito, como pueden ser los bancos). Se introducen además diversos ajustes para lograr unos SGD saneados, fiables y con una financiación suficiente (4).

6.

La mejora del procedimiento para el reembolso a los depositantes implica un mayor tratamiento de los datos personales de los depositantes en un Estado miembro, pero también entre diferentes Estados miembros. En el apartado 7 del artículo 3 se dispone que «los Estados miembros se asegurarán de que los sistemas de garantía de depósitos reciban de sus miembros, en cualquier momento en que la soliciten, toda la información necesaria para preparar un reembolso a los depositantes». Según se desprende del artículo 12, apartado 4, de la propuesta, dicha información también podrá ser intercambiada entre los SGD en diferentes Estados miembros.

7.

En caso de que el depositante sea una persona física, la información sobre el depositante se considera datos personales en el sentido del artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE. La transferencia de dicha información entre entidades de crédito y un SGD, o entre diferentes SGD, constituye tratamiento de datos personales en el sentido del artículo 2.b) de la Directiva 95/46/CE. Las disposiciones de la Directiva 95/46/CE, implementadas en la legislación nacional relevante, son por tanto de aplicación a estas operaciones de tratamiento de datos. El SEPD comprueba con satisfacción que el considerando 29 de la propuesta confirma y subraya este aspecto.

8.

Por otra parte, al SEPD le complace comprobar que la propuesta aborda en términos sustantivos determinados elementos en relación con la protección de datos. El artículo 3, apartado 7, dispone que la información obtenida para la preparación de reembolsos sólo podrá utilizarse y no se conservará más tiempo del necesario a tal efecto. De este modo se especifica aún más el principio de limitación de fines, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Directiva 95/46/CE y la obligación de conservar los datos durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente, según lo dispuesto en el artículo 6.1.e) de la Directiva 95/46/CE.

9.

En el apartado 7 del artículo 3 se señala, de manera explícita, que la información obtenida para preparar un reembolso también incluye el marcado citado en el artículo 4, apartado 2. Sobre la base de dicho artículo, las entidades de crédito están obligadas a marcar los depósitos si, por alguna razón, el depósito no fuera admisible al reembolso, por ejemplo, los depósitos que se originen en operaciones en relación con las cuales haya habido una condena penal por blanqueo de capitales, como se define en el artículo 1 apartado c) de la Directiva 91/308/CEE del Consejo (véase artículo 4 apartado 1 de la propuesta). Habida cuenta de que el propósito del intercambio de información es precisamente el reembolso del depósito, la comunicación de dicho marcado puede considerarse una medida necesaria. Por consiguiente, el SEPD considera que la transferencia de dicho marcado, cuando se consideren datos personales, es conforme con las normas de protección de datos, siempre y cuando el marcado en sí no revele más información de la necesaria. Un simple marcado señalando que el depósito no es admisible respondería a este fin. Por consiguiente, para que cumpla las reglas que se derivan de la Directiva 95/46/CE, la obligación contemplada en el artículo 4, apartado 2, de la propuesta debería aplicarse de ese modo.

10.

El artículo 3, apartado 7, de la propuesta también se ocupa de la recogida, por parte de los SGD, de la información necesaria para la realización, de forma regular, de pruebas de estrés de sus sistemas. Las entidades de crédito presentan esta información a los SGD de forma permanente. En las consultas informales, el SEPD expresó su preocupación respecto a si dicha información pudiera contener también datos personales. El SEPD expresó dudas respecto a si era realmente necesario tratar datos personales para la realización de las pruebas de estrés. La Comisión ha ajustado la propuesta en este punto y ha añadido que dicha información se hará anónima. En términos de protección de datos, significa que, considerando el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados, la información no puede relacionarse con una persona física identificada (5). El SEPD se muestra satisfecho con esta garantía.

11.

En lo que respecta también a la información recibida para la realización de pruebas de estrés, el artículo 3, apartado 7, dispone que dicha información sólo podrá utilizarse para ese fin y que no se conservará más tiempo del necesario a tales efectos. El SEPD querría puntualizar que, si la información se hace anónima, ya no entra dentro del alcance de la definición de datos personales a los que se aplican las normas contempladas en la Directiva 95/46/CE. Puede que existan razones fundadas para disponer un uso limitado de dicha información. No obstante, el SEPD querría aclarar que las normas de protección de datos no lo exigen.

12.

Con el fin de facilitar una cooperación eficaz entre los diferentes SGD, también en lo que respecta al intercambio de información mencionado en el artículo 3, apartado 7, el artículo 12, apartado 5, de la propuesta dispone que los SGD o, en su caso, las autoridades competentes, celebrarán acuerdos de cooperación por escrito. Es en dichos acuerdos donde deberá desarrollarse más detalladamente la aplicación de las normas de protección de datos. Por consiguiente, el SEPD se felicita de que se haya añadido una frase adicional en el artículo 12, apartado 5, haciendo hincapié en que «dichos acuerdos tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la Directiva 95/46/CE».

13.

El SEPD se muestra satisfecho con el modo en que se abordan los aspectos relacionados con la protección de datos en la propuesta de Directiva, y sólo querría referirse a los comentarios incluidos en los puntos 9 y 11 de este dictamen.

30.11.2010   

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C 323/11

1.

Mejorar la competencia lectora era uno de los trece objetivos establecidos en 2002 en el programa de trabajo «Educación y Formación 2010». También era uno de los cinco niveles de referencia del rendimiento medio europeo («valores de referencia europeos») establecidos por el Consejo en 2003: se pretendía, en concreto, que, para 2010, el porcentaje de jóvenes de 15 años con competencias lectoras insatisfactorias en la Unión Europea disminuyera en un 20 % como mínimo con respecto al año 2000. Por lo que respecta a las matemáticas, las ciencias y la tecnología, otro valor de referencia que había que alcanzar para 2010 era aumentar en un 15 % como mínimo el número total de licenciados en estas materias.

2.

El Consejo Europeo de marzo de 2008 reiteró su llamamiento a los Estados miembros para que redujeran de manera sustancial el número de jóvenes que no son capaces de leer correctamente y mejoraran los niveles de aprendizaje de los educandos de origen inmigrante o procedentes de colectivos desfavorecidos (3).

3.

En noviembre de 2008, el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo adoptaron unas conclusiones (4) en las que establecieron una agenda para la cooperación europea en las escuelas, y reiteraron que los progresos realizados con respecto a los objetivos fijados en materia de las competencias de lectura eran insuficientes. El Consejo convino en la necesidad de garantizar y mejorar la adquisición de capacidades en los ámbitos de la lectura y la aritmética como componentes esenciales de las competencias clave. Se invitó a los Estados miembros a que centraran la cooperación en incrementar el nivel de las competencias de lectura y aritmética y en estimular un mayor interés por las matemáticas, las ciencias y la tecnología.

4.

En sus conclusiones de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (el marco estratégico «ET 2020») (5), el Consejo reafirmó la importancia de las aptitudes de lectura, escritura y aritmética como elementos fundamentales de las competencias clave, así como la importancia de aumentar el atractivo de las matemáticas, las ciencias y la tecnología. Los nuevos valores de referencia adoptados por el Consejo en este marco estratégico persiguen la consecución de niveles adecuados en las capacidades básicas de lectura, matemáticas y ciencias; a tal fin, se hace un llamamiento para que, de aquí a 2020, se reduzca por debajo del 15 % el porcentaje de jóvenes con un bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias.

5.

El Informe conjunto de 2010 del Consejo y de la Comisión sobre la puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y formación 2010» (6) insistía en la importancia de las asociaciones entre las instituciones de enseñanza y formación y el mundo del trabajo como medio de aumentar las competencias y de comprender mejor la vida laboral y la carrera profesional. Los expertos han reconocido que los sistemas de colaboración entre las escuelas, las universidades y las empresas tienen un impacto positivo en el aprendizaje de las matemáticas, las ciencias y la tecnología.

6.

Más recientemente, en la sesión de junio de 2010 del Consejo Europeo, los Estados miembros acordaron perseguir el objetivo de mejorar los niveles de educación en el contexto de la Estrategia «Europa 2020» para el empleo y el crecimiento (7), en la cual el tema de las capacidades básicas forma parte integrante de las prioridades de «crecimiento inteligente» y «crecimiento integrador» y contribuye a iniciativas emblemáticas como la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos y la Agenda Digital.

1.

Aunque en la última década se ha observado una mejora general de los resultados de los sistemas de educación y formación en la UE, los avances han sido insuficientes para alcanzar los valores de referencia europeos fijados para 2010. De hecho, en promedio, las capacidades de lectura y matemáticas de los jóvenes de 15 años se han deteriorado en Europa. El porcentaje de alumnos con rendimientos insatisfactorios en lectura pasó del 21,3 % en 2000 al 24,1 % en 2006 (8), y, en matemáticas, el porcentaje aumentó del 20,2 % al 24 % (9). En 2006, el porcentaje de estudiantes con rendimientos insatisfactorios en ciencias en los Estados miembros alcanzó el 20,2 % en promedio (10).

2.

También hay pruebas de que los resultados de los alumnos en lo tocante a las capacidades básicas se ven afectados por su entorno socioeconómico y por el nivel de estudios de sus padres. En todos los Estados miembros para los cuales se dispone de datos comparables, los resultados de los alumnos de origen inmigrante en lectura, matemáticas y ciencias son inferiores a los de los alumnos autóctonos (11).

3.

En las últimas décadas, se ha registrado en Europa una demanda creciente de recursos humanos cualificados en matemáticas, ciencias y tecnología. Aunque en este punto se ha alcanzado el valor de referencia europeo fijado para 2010, las necesidades que llevaron a establecerlo no han desaparecido. El número total de licenciados universitarios ha aumentado, en gran medida gracias a la informática y a la ampliación, pero el aumento ha sido mucho menor en matemáticas, estadísticas e ingeniería, y el número de licenciados en física ha disminuido incluso. Por otra parte, las mujeres siguen estando muy poco representadas entre los estudiantes de estas materias (12).

4.

Hay muchas iniciativas destinadas a mejorar las competencias de lectura en los Estados miembros, así como medidas nacionales, regionales y locales destinadas a mejorar tanto la disposición hacia las matemáticas y las ciencias como los resultados en dichas materias. Por otra parte, en los últimos años muchos Estados miembros han incluido en sus programas políticos temas relacionados con los resultados en matemáticas y ciencias y con las actitudes frente a estas materias. También han asignado recursos significativos a la mejora de la enseñanza de las ciencias en las escuelas. En la mayoría de los países están surgiendo, como estrategias explícitas, programas destinados a la adquisición temprana de capacidades básicas y planteamientos personalizados del aprendizaje (13).

1.

En los trabajos referentes a estas materias realizados con arreglo al método abierto de coordinación se ha puesto de manifiesto que, mediante pedagogías innovadoras y profesores bien cualificados, se puede mejorar la actitud de los alumnos hacia las matemáticas, las ciencias y la tecnología y lograr que consigan mejores resultados. Esto, a su vez, puede dar lugar a que más alumnos sigan estudiando estas materias en cursos superiores y, en último término, a que aumente el número de licenciados universitarios en matemáticas, ciencias y tecnología.

2.

El informe de la Comisión de 2007 titulado Science Education now: a renewed pedagogy for the future of Europe (La educación científica hoy: una pedagogía renovada para el futuro de Europa) (14) recomendaba que para la enseñanza científica se recurriera más a métodos basados en la indagación, que se utilizara el trabajo en red para romper el aislamiento de los profesores de ciencias, que se prestara especial atención a las actitudes de las niñas hacia las matemáticas, las ciencias y la tecnología y que las escuelas se abrieran al mundo exterior.

1.

La adquisición de las capacidades básicas — que constituyen el requisito para que todos puedan desarrollar las competencias clave mediante el aprendizaje permanente — desempeñará un papel fundamental en la mejora de la empleabilidad de los ciudadanos, la inclusión social y la realización personal. Por consiguiente, es preciso tomar medidas para combatir el bajo rendimiento educativo y la exclusión social.

2.

Un buen nivel de lectura y cálculo, junto con un dominio sólido de los principios básicos del mundo natural y de los conceptos científicos fundamentales, constituyen las bases de la adquisición de competencias clave para el aprendizaje permanente; de ahí la necesidad de ocuparse de estos temas desde una edad temprana.

3.

Las capacidades básicas de lectura y matemáticas son también los componentes en que se fundamental la competencia de «aprender a aprender»: ayudan a las personas a acceder a nuevos conocimientos y capacidades, a adquirirlos, procesarlos, asimilarlos y comunicarlos, y a convertirse en estudiantes autónomos.

4.

Ciertos datos internacionales, como los procedentes de los estudios PISA y TIMSS, permiten llegar a la conclusión de que elementos sistémicos como las diferencias entre las escuelas y las diferencias entre los entornos de origen de los alumnos (debidas, por ejemplo, a circunstancias socioeconómicas, al nivel de estudios de los padres, a la disponibilidad de equipos informáticos en casa, etc.) son factores que afectan al rendimiento en lectura, matemáticas y ciencia.

5.

Las cualificaciones y competencias y la motivación de los profesores, los responsables de los centros escolares y los formadores del profesorado son factores importantes para lograr resultados educativos de alta calidad. Por tanto, es esencial ofrecer al personal docente y a los directores de los centros escolares unos sistemas de formación inicial, de incorporación al puesto de trabajo y de desarrollo profesional continuo del más alto nivel posible, y respaldar esos sistemas con los servicios de apoyo educativo y profesional que sean necesarios.

6.

Para cumplir el nuevo y ambicioso criterio de referencia fijado en el marco estratégico «ET 2020» serán necesarias iniciativas nacionales más eficaces. La desaceleración económica, combinada con el reto demográfico, pone de relieve la urgencia de mejorar en la mayor medida posible la eficacia y la equidad de los sistemas escolares, y de seguir invirtiendo de manera eficiente en educación y formación, para responder a los desafíos socioeconómicos actuales y futuros.

1.

Establecer o seguir desarrollando planteamientos estratégicos nacionales para mejorar los resultados del alumnado en competencias de lectura, matemáticas y ciencias, prestando especial atención a los alumnos procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos.

2.

Analizar y evaluar la eficacia de los planteamientos existentes a escala nacional con el fin de seguir desarrollando una base empírica para la elaboración de políticas.

1.

Crear un grupo de expertos de alto nivel cuya tarea consistiría en analizar las investigaciones, los estudios y los informes internacionales realizados sobre las competencias de lectura, centrándose en las cuestiones señaladas en las presentes conclusiones. Dicho grupo se encargaría de examinar las formas más eficaces y eficientes de apoyar la adquisición de competencias de lectura a lo largo de todo el proceso de formación y, sobre la base de buenos ejemplos de actuación, de extraer conclusiones y formular, de aquí a mediados de 2012, propuestas destinadas a apoyar las políticas aplicadas por los Estados miembros.

2.

Como actuación consecutiva a la labor realizada por la agrupación «matemáticas, ciencia y tecnología» (MST Cluster) con arreglo al método abierto de coordinación, establecer un grupo de trabajo temático integrado por responsables políticos y expertos de los Estados miembros para apoyar los avances hacia los nuevos valores de referencia establecidos en el marco estratégico «ET 2020».

3.

Facilitar el aprendizaje inter pares y la definición y difusión de buenas prácticas entre los Estados miembros en lo que se refiere a la adquisición de las capacidades básicas, hacer un seguimiento de los avances hacia los valores de referencia fijados en el marco estratégico «ET 2020» y presentar un informe al respecto.

1.

Velar por que los Directores Generales responsables de la educación escolar se reúnan cuando corresponda para tomar nota de los avances logrados en la cooperación política europea sobre temas escolares, para alimentar la toma de decisiones a escala nacional y para debatir las prioridades de los trabajos sobre este ámbito que deban realizarse en el futuro a escala de la UE, y por que los resultados de tales debates sean objeto de una difusión general entre las partes interesadas y, cuando proceda, sean debatidos a nivel ministerial.

2.

Fomentar la creación de oportunidades para que los Estados miembros elaboren proyectos piloto comunes que tengan por objeto mejorar las capacidades básicas de todos los jóvenes mediante planteamientos innovadores. Estos proyectos se organizarían con carácter voluntario, sobre la base de criterios definidos de común acuerdo, estarían sujetos a una evaluación conjunta y se llevarían a cabo utilizando los instrumentos de la UE ya existentes.

3.

Utilizar, para fomentar los objetivos mencionados, todos los instrumentos pertinentes, entre ellos los que forman parte del método abierto de coordinación, el Programa de Aprendizaje Permanente, el séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico y, de conformidad con las prioridades nacionales, los Fondos Estructurales Europeos.

30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/15

—

el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 2 de julio de 2010 sobre los desafíos para el patrimonio cinematográfico europeo de la era analógica a la digital (Segundo informe de aplicación de la Recomendación sobre el patrimonio cinematográfico) (1),

—

la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Una Agenda Digital para Europa» (2), particularmente donde afirma que es necesario apoyar la digitalización de los cines a fin de proteger la diversidad cultural,

—

el Libro Verde de la Comisión de 27 de abril de 2010 titulado «Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas» (3),

—

la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 20 de octubre de 2005 (4).

—

la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre las oportunidades y los retos del cine europeo en la era digital (5).

—

las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades de distribución para las películas, también en los cines que proyectan películas de arte y ensayo y en los situados en zonas menos pobladas, contribuyendo así a los objetivos europeos y nacionales relativos a la promoción y al acceso a obras europeas, la promoción de la diversidad cultural y lingüística y la cohesión social,

—

el mercado europeo de la exhibición de películas está fragmentado, y esto supone cierto número de retos que pueden tener un impacto sobre la definición y la aplicación de planes para la transición al cine digital a nivel nacional o a escala europea,

—

la digitalización de los cines genera costes importantes para los exhibidores, mientras que algunos distribuidores pueden beneficiarse del ahorro que les supondrá el menor coste de las copias digitales. Para paliar esta asimetría, el mercado ha establecido modelos de financiación para la digitalización de cines mediante fondos privados, como los llamados «modelos VPF» (6). Sin embargo estos modelos no siempre resultan adecuados para los cines pequeños, especialmente los cines de pantalla única, los que exhiben películas de arte y ensayo o películas clásicas y los cines que exhiben películas de repertorio. Por lo tanto, estos cines pueden encontrar mayores problemas financieros en la obtención del equipo de proyección digital, aunque cumplen un papel social y cultural significativo, por ejemplo en zonas poco pobladas donde los acontecimientos culturales son escasos.

—

la proyección digital permite un uso más flexible y menos costoso de las distintas versiones lingüísticas (incluidos los subtítulos y el doblaje) y de las técnicas de descripción de audio, contribuyendo por ello a unos mejores acceso y circulación de las obras, también las de países o regiones de ámbito lingüístico limitado,

—

la digitalización de los cines ofrece oportunidades sin precedentes para el cine europeo pero puede suponer una reestructuración del mercado, lo que tendría un impacto desproporcionado en los cines anteriormente mencionados y por ello amenazaría con obstaculizar la diversidad de las películas difundidas y el acceso a la producción cinematográfica para una parte de la población. Esto podría también socavar la cohesión social en la medida en que en algunas regiones los cines desempeñan un papel importante como lugares de intercambio y reunión de la población. Por último, podría implicar costes sociales, particularmente los relativos al empleo en industrias técnicas y en el sector de las salas cinematográficas,

—

la digitalización de los cines también brinda oportunidades en materia de fomento del patrimonio cinematográfico europeo y el acceso a este. Así pues, será necesario establecer las medidas adecuadas a distintos niveles para aprovechar al máximo estas oportunidades, también a efectos educativos,

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para facilitar tanto como sea posible la transición a la proyección digital, es necesario hacer posibles la agrupación y la flexibilidad de las fuentes de financiación, tanto de origen privado como público, de origen local, nacional o europeo, para permitir que los diversos tipos de cines obtengan un apoyo adaptado específicamente a su situación respectiva.

—

la digitalización de un cine también requiere una serie de equipos y de aparatos además del propio equipo de proyección (servidor, sonido, pantalla, ajuste de la cabina de proyección, etc.),

—

la vida útil de este equipo es hasta ahora desconocida, lo que plantea interrogantes sobre los gastos de mantenimiento y la financiación de su adaptación o sustitución a medio y largo plazo, incluida la posible migración de producciones digitales a formatos nuevos.

—

la transición al cine digital es urgente y necesaria. Las políticas públicas podrían apoyar esta transición teniendo en cuenta los siguientes objetivos de interés general:

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aplicar el plan de acción para la transición a la proyección digital en las salas cinematográficas europeas tal como se indica en la comunicación sobre las oportunidades y los retos del cine europeo en la era digital y, en particular:

—

estudiar la necesidad de apoyar la digitalización de los cines, teniendo en cuenta los objetivos de interés general antes mencionados,

—

estudiar en este contexto, y de acuerdo con las normas europeas sobre competencia, la aplicación de planes de apoyo para la digitalización del cine en una óptica de complementariedad con la financiación privada. Estos planes deberían tener en cuenta las especificidades de cada Estado miembro. Las posibilidades podrían incluir:

—

considerar el interés de que se supedite la ayuda estatal para las películas a la producción de un patrón digital, de forma que crezca la oferta global de obras europeas digitalizadas,

—

estudiar en qué medida podrían utilizarse los fondos estructurales de la Unión Europea para financiar proyectos de digitalización y, en su caso, iniciativas de aprendizaje.

—

sigan reflexionando, teniendo en cuenta las normas ISO existentes en materia de proyección cinematográfica digital, en cómo obtener los resultados necesarios y adecuados en cuanto a calidad de proyección y circulación de películas para satisfacer las demandas respectivas; esto deberá hacerse de conformidad con el principio de neutralidad tecnológica,

—

tengan en cuenta que las tecnologías están en un estado de cambio y renovación constantes, y que los aspectos relativos a la financiación de la proyección digital no estarán limitados al período actual de transición,

—

garanticen, en la medida de lo posible y en relación con las normas sobre competencia, que los mecanismos de financiación, tanto privados como públicos, para la digitalización de cines, no coarten por sus modalidades de aplicación la libertad de programación de los exhibidores,

—

fomenten el establecimiento de programas de reconversión profesional y de formación en materia de tecnologías digitales, particularmente para los propietarios de cines y los distribuidores, sobre todo en materia de proyección, de nuevos modelos empresariales para el cine digital, de comercialización de repertorios alternativos y de mantenimiento técnico,

—

estudien las posibilidades de facilitar el acceso al crédito a los exhibidores de películas y demás empresas implicadas en la transición a la proyección digital, particularmente a través del Banco Europeo de Inversiones cuando pueda contemplarse esta posibilidad.

30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/18

30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/19

30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/20

La acción «asociaciones de intercambio transatlántico» (TEP, Transatlantic Exchange Partnerships) apoya a los consorcios de instituciones de educación superior y de formación UE-Canadá para que realicen programas conjuntos de estudio y formación y pongan en práctica la movilidad de estudiantes y profesorado. El apoyo ofrecido incluye ayudas a la administración, becas para estudiantes y personal docente y administrativo. La duración máxima de los proyectos de esta acción será de 36 meses.

Estas acciones se describen detalladamente en la sección 5 de la guía del programa.

La acción «asociaciones de títulos transatlánticos» (TDP, Transatlantic Degree Partnerships) apoya el desarrollo y la aplicación de programas duales o dobles, o de titulaciones conjuntas e incluye ayudas a la administración, becas para estudiantes y personal docente y administrativo. La duración máxima de los proyectos de esta acción será de 48 meses.

Estas acciones se describen detalladamente en la sección 6 de la guía del programa.

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural

UE-CANADÁ Convocatoria 2011

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 — BOUR 02/17

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Programa de cooperación UE-Canadá en materia de educación superior, formación y juventud

International Academic Mobility

Learning Branch

Human Resources and Skills Development Canada

200 Montcalm Street, Tower 2, Ground Floor

Gatineau, Québec

K1A OJ9

CANADA

30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/23

30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/24

—

el nombre, la dirección postal, la dirección de correo electrónico, los números de teléfono y de fax y la persona de contacto;

—

el volumen total de negocios durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010;

—

las actividades precisas de la empresa relacionadas con el producto afectado;

—

el volumen en toneladas y el valor en euros de las importaciones y reventas del producto importado originario de Belarús y Rusia efectuadas en el mercado de la Unión durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010;

—

los nombres y las actividades exactas de todas las empresas vinculadas (3) que participan en la producción y/o la venta del producto afectado;

—

cualquier otra información pertinente que pudiera ayudar a la Comisión a seleccionar la muestra.

i)

La información especificada en el punto 5, letra a), inciso i), deberá obrar en poder de la Comisión dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, ya que la Comisión tiene intención de consultar a las partes interesadas que hayan manifestado su disposición a ser incluidas en la selección final de la muestra dentro de los veintiún días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ii)

Cualquier otra información pertinente para la selección de la muestra, tal como se menciona en el punto 5, letra a), inciso ii), deberá obrar en poder de la Comisión en el plazo de veintiún días a partir de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

iii)

Las respuestas al cuestionario de las partes incluidas en la muestra deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de notificación de su inclusión en la muestra.

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

30.11.2010   

ES

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C 323/28

1.

El 18 de noviembre de 2010, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Shell Brazil Holding BV (Reino Unido) perteneciente al grupo Shell («Shell») y Cosan SA Indústria e Comércio (Brasil) perteneciente al grupo Cosan («Cosan») adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de JV CO (Brasil) mediante adquisición de acciones en una empresa en participación de nueva creación.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.5846 — Shell/Cosan/JV, a la siguiente dirección:

30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/29

1.

El 17 de noviembre de 2010, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual Mitsui Renewable Energy Europe Limited («Mitsui Renewable», Reino Unido), bajo el control de Mitsui Group («Mitsui», Japón), y FCC Energía, SA («FCCE», España), bajo el control de Fomento de Construcciones y Contratas, SA («FCC Group», España), adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de Guzmán Energía, SL, («Guzmán», España), mediante adquisición de acciones en una empresa en participación existente.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Guzmán desarrollará sus actividades de generación de energía termosolar en España.

4.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

5.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman, a la siguiente dirección:

30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/30

1.

El 23 de noviembre de 2010, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG («Brose», Alemania), perteneciente al grupo Brose, y SEW-Eurodrive GmbH & Co KG («SEW», Alemania) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de una empresa en participación de nueva creación.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV, a la siguiente dirección:

30.11.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 323/31

Clase 1.1.

Carne fresca (y despojos)

a)

Peso: El peso de las canales será menor de 16 Kg, para las procedentes de corderos macho, y menor de 14 Kg. para las procedentes de corderos hembra.

b)

Grado de engrasamiento: entre Poco Cubierto (2) y Cubierto (3), [Reglamento (CE) no 1249/2008]

c)

Color entre rosa y rosa pálido

d)

Conformación: Clase «O» (Menos Buena) y superiores [Reglamento (CE) no 1249/2008]

e)

Sin defectos en el faenado y exentas de hematomas

f)

Características de la grasa:

—

Carne de color rosa a rosa pálido.

—

Características organolépticas: posee una excelente textura muy agradable al paladar y un moderado nivel de infiltración de grasa intramuscular. La carne es de gran terneza y poco engrasada. El aroma, bouquet y jugosidad, como consecuencia de la buena distribución y calidad de la grasa, son excelentes.

a)

Sistema de Explotación.

Los corderos permanecerán lactando junto a sus madres en régimen extensivo, pudiéndose complementar su lactancia con concentrados compuestos fundamentalmente por cereales y leguminosas hasta el destete.

El acabado de los animales destinados a sacrificio se realizará exclusivamente en estabulación a base de concentrados y paja de cereales.

La edad de sacrificio para los corderos nunca será superior a 100 días.

b)

Las características raciales de los progenitores de los corderos de la IGP Cordero de Extremadura son:

—

En la Historia Universal de la Primitiva y Milagrosa Imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe, 1743, encontramos referencias de los gustos gastronómicos del Emperador Carlos V:

«Ya retirado a nuestro Monasterio de Yufte, le vifitaba el Prior una vez todos los mefes, por el afecto grande que le profe fiempre efta Cafa: y porque Fu Cefarca Mageftad guftaba de los carneros que le cebaban en ella …»

—

En la Guía del buen comer español, 1952, de Dionisio Pérez, el famoso doctor Thebusse, identifica la cocina extremeña y destaca dos platos, que califica como majestuosos: La caldereta de los pastores y el pollo caminero.

—

Caracterización de la calidad de la canal de los corderos con D. E. «Cordero de Extremadura» y «Cordero Manchego» (Alonso, I.; Sánchez, C.; Pardos, J. F.; Pardos, J. J.; Delfa, R.; Sierrra, I.; Fisher, A., 1999).

—

Identificación y adecuación de la calidad y la composición de la carne de diferentes tipos ovinos europeos. Adaptación a las preferencias de los consumidores. Proyecto FAIR3-CT96-1768 «OVAX» (Sañudo, C y col., 1999).

—

Evaluación de los caracteres cuantitativos y cualitativos de las canales de corderos obtenidas en distintos sistemas de explotación. (Maria de la Montaña López Parra.,2006)